Ayer, 8 de enero, se realizó una marcha en Chile por la Machi Francisca Linconao y los 11 peñis procesados por la reapertura del caso Luchsinger Mackay. En estos momentos se lleva a cabo en tribunales de Temuco la audiencia de revisión de medidas cautelares, en donde la fiscalía podría solicitar la prisión preventiva.

Escucha aquí:

La Red de Medios de los Pueblos, instancia que reúne a diversos medios y comunicadores autónomos e independientes en Chile, viene a expresar su solidaridad con la Comunicadora Daniela Salazar, quien ejerciendo el derecho a comunicar e informar estuvo realizando una cobertura informativa el 6 de junio de 2017 en una ocupación pacífica de la CONADI para visibilizar la tortura ejercida a niños y niñas en territorio mapuche Lavkenche, la comunidad Ayin Mapu del Lov Huentelolen.

Producto de esta cobertura informativa Daniela Salazar, fue formalizada este miercoles 3 de enero a las 10 de la mañana en el Tribunal de Garantía de Cañete, en conjunto con 24 personas detenidas, entre ellos padres y madres mapuche de niños y niñas violentadas, acusándolas de daños en las oficinas de la CONADI por 12 millones de pesos que fueron realizadas, durante un violento desalojo, por FFEE de Carabineros.

Como Red de Medios de los Pueblos creemos que:

1. El Gobierno -sea cual sea su parcela política-, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Policiales deben respetar el ejercicio del derecho a la comunicación, sea este realizado por comunicadores sociales, periodistas, o encargados de comunicaciones de las diversas organizaciones sociales, territoriales y mapuche.

2. Los tribunales de garantía deben resguardar el derecho a comunicar de manera libre y sin restricciones los hechos o situaciones que suceden en el Wallmapu, sobretodo bajo el actual contexto de ocupación y represión policial desarrollada hacia las comunidades mapuche por los Estados Chileno y Argentino.

3. Las denuncias de tortura hacia niños y niñas, no pueden ser ocultadas reprimiendo y judicializando a las madres y lamgen denunciantes de la comunidad Ayin mapu, del Lov Huentelolen; ni mucho menos silenciar el trabajo periodístico y comunicacional desarrollado por Daniela Salazar para evidenciar estos atropellos hacia los derechos de la infancia mapuche.

4. La libertad de expresión es uno de los pilares para la convivencia democrática de cualquier sociedad y por lo tanto, no aceptaremos que se intente silenciar, vía la judicialización de la protesta y de la comunicación social y popular, la diversas palabras, imágenes y voces comunitarias y territoriales que Daniela Salazar -a través de su valiente trabajo- ha logrado visibilizar, rompiendo el cerco comunicacional impuesto por la elite política, las empresas y los medios tradicionales en el Wallmapu.

5. Finalmente hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional de comunicadores sociales y populares, periodistas, colectivos, radios, televisoras y organizaciones sociales, territoriales y mapuche para realizar cobertura de este caso que atenta directamente al derecho a la comunicación y la libertad de expresión de hechos tan graves como la tortura hacia la infancia mapuche,

¡Por el derecho a informar y comunicar libremente!

¡No a la criminalización de comunicadores sociales y populares!

¡Termino al cerco informativo y mediático!

¡No más violaciones a los derechos humanos de la infancia mapuche!

RED DE MEDIOS DE LOS PUEBLOS

Jueves, 4 de enero de 2018

Luego de que fuerzas de seguridad desalojaran el jueves pasado a la comunidad mapuche que reclama sus tierras en la zona del Lago Mascardi, se produjo hoy un nuevo cruce que terminó con dos heridos y un muerto.

Imagen: Gentileza Diario Río Negro

El día en que comenzó el velatorio de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido tras una represión de Gendarmería en Chubut, un integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu murió en la ciudad de Bariloche tras ser baleado por las fuerzas de seguridad federales que la perseguían desde el jueves pasado. Ese día, varios miembros de esa comunidad huyeron del desalojo y represión desatado en un predio lindero al Lago Mascardi. La víctima es Rafael Nahuel, de 27 años, quien falleció de un disparo en el estómago. Otros dos integrantes de esa comunidad, un hombre y una mujer, fueron heridos con balas de plomo y trasladados al Hospital Ramón Carrillo, de esa ciudad.

La muerte de Nahuel provocó la reacción de centenares de personas que se congregaron frente a las oficinas de Parques Nacionales, bajo cuya órbita se encuentra el predio que la comunidad reivindica como ancestral. Durante la protesta hubo algunos incidentes. También hubo manifestaciones en la catedral local, donde la policía montó un fuerte operativo.

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Carlos Aznárez – Resumen Latinoamericano, 26 noviembre 2017

Un nuevo comunero mapuche asesinado. Se llama Rafael Nahuel y su nombre se suma al de Santiago Maldonado y una larga lista de luchadores y luchadoras marcados a fuego por el Sistema. Esta vez no podrá haber pistas falsas ni ocultamiento durante meses de lo sucedido. Los uniformados que operaron a las órdenes del juez lo hicieron a la luz del día. Pertenecen al temible grupo de la Prefectura Naval, los Albatros, que durante la dictadura militar y en otros episodios ligados al golpismo que sufrió Argentina durante décadas, actuaban con total impunidad cazando y asesinando militantes políticos. Como ahora, exactamente como ahora, en que las órdenes las reciben de un gobierno que se dice “democrático” y poco a poco va instalando una auténtica dictadura militar. Para ello cuenta con prefectos, gendarmes, policías de distintos uniformes y también con la complicidad de muchos y muchas que llegado el momento de repudiarlos, los votan. O sea, impunidad para sus crímenes con aval “popular”, que es lo peor que le puede suceder a un pueblo.

Lo que está ocurriendo en el sur, en la Patagonia mapuche es muy grave. Léase que no escribo “argentina” cuando me refiero a ese territorio, porque fueron los antecesores de estos que gobiernan actualmente, los que les arrebataron esas tierras ancestrales a sus legítimos dueños, el pueblo mapuche. En realidad, es un calco de lo que ocurre en casi todo el continente que en sus mejores momentos (cuando no habían llegado “ellos”) se denominaba Abya Yala.
Son precisamente en esas tierras en disputa, donde el gobierno de los ricos, el de Macri, en el plano político y Patricia Bullrich (la ministra de Seguridad) en el quehacer represivo cotidiano, desea asegurar una paz de los cementerios para que sus amigos que hoy las poseen, los Benetton, los Lewis y una larga lista de terratenientes millonarios puedan seguir usufructuando de las mismas. Esos mismos y siniestros personajes que nucleados en la Cámara de Comercio o en la Sociedad Rural de Bariloche, Rio Negro o Neuquén, salían a festejar el asesinato de Nahuel al grito de “un indio menos”. Claro que Macri podrá argumentar que el problema no comenzó con él, sino que fueron todos los gobiernos que le precedieron los que abrieron el camino de entregar la Patagonia a las trasnacionales y al latifundismo, es cierto, pero es el actual presidente el que hoy ha decidido aplicar un plan de exterminio contra los auténticos y originarios habitantes de esas tierras. Desde que llegó a la Casa Rosada, puso a rodar la data de que en el sur “operan grupos terroristas”, potenció el nombre de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en grados superlativos, imaginó junto a su ministra de Seguridad que allí también hay “gente de las FARC, los Montoneros y hasta de ETA”. Suena imbécil pero hay muchos que por desgracia, lo creen de la A a la Z porque “lo dice la tele”. Armaron entonces toda una ensalada de siglas con el único objetivo de generar el clima en la población de que “a esos indios hay que matarlos a todos”, como suele leerse en las redes o en los foros de los medios hegemónicos. Medios estos que ayudan a poner en la superficie este tipo de conjeturas y mentiras, y que luego cuando ocurre un crimen como el actual, son los que titulan “mapuche muerto en un enfrentamiento” e insultan el sentido común, apuntando que “se resistió con piedras”, pero no remarcan que el joven mapuche fue ametrallado.

Para “pacificar a estos salvajes”, como en algún momento de nuestra historia sentenció y llevó a la práctica el genocida general Julio A.Roca entra en juego la idea de Bullrich de militarizar ese territorio, igual que lo viene haciendo durante todo su mandato Michelle Bachelet en Chile. Quien hoy quiera recorrer esa zona a ambos lados de la Cordillera se encontrará con cientos de gendarmes, prefectos, policías, carabineros, y hasta soldados israelíes (que vienen a vacacionar al sur del mundo para descansar de sus continuas masacres del pueblo palestino). No olvidar que al Estado terrorista sionista, siempre, desde Teodoro Herzl en adelante, le interesó la Patagonia como objetivo de vida futura. Es lógico, allí hay agua, hay minerales, hay excelente explotación turística, y hasta petróleo.

De allí que no asombre lo que ahora está ocurriendo. El plan imperial y de la oligarquía local, al igual que lo que ocurre con los palestinos o con los zapatistas, consiste en expulsar de sus tierras a los Mapuche, ponerlos en la mira de la criminalización constante, difamarlos, estigmatizarlos y luego comenzar a cazarlos como animales. Y a todo aquel que los apoye o se solidarice, también meterle el terror o la muerte en la piel, como ocurriera con Santiago. Coincidentemente con esos operativos de guerra contra un enemigo construido desde los medios, también el Gobierno desarrolla otra tarea “necesaria” para sus fines. Amedrentar a la población en general, golpearla con medidas de capitalismo salvaje, que desde que Macri llegara al poder se vienen aplicando un día sí y otro también: despidos, cierre de fábricas, inflación galopante, eliminación de conquistas sociales logradas a fuerza de lucha, impunidad y puerta abierta de las cárceles para los genocidas de la dictadura militar, apagón informativo para que las medidas neoliberales se deslicen sin oposición, cooptación de dirigentes sindicales y persecución a sus pares que no bajan los brazos, ataques judiciales y encarcelamiento de luchadores y luchadoras, aprietes a la luz del día para lograr que quienes deberían convocar a la movilización pacten bajar su discurso y propongan “asegurar la gobernabilidad”.

Son mil y uno los ataques a las posibilidades de reacción popular, pero sin embargo no pueden ni podrán ocultar lo que se ha hecho evidente.Este Gobierno es parte fundamental de la escalada imperialista en Sudamérica, responde al FMI y al Banco Mundial, y como tal busca amordazar con hambre y represión la respuesta de un pueblo que hasta en las peores circunstancias dio muestras claras de resistencia y lucha. De eso se trata, de que las calles, las plazas y los confines más remotos de este país, muestren el repudio al terror, a los crímenes contra el pueblo mapuche, a las políticas de exterminio social contra el resto de la población. Si no se hace ahora, ellos seguirán ganando terreno y después no servirá de nada quejarse del estado de destrucción social al que se ha conducido al país. Ya se vivió con la dictadura, con Menem y con De la Rúa. Es cuestión de autodefensa no permitir que se repita.

Comunicado Público

Comunidades Mapuche-Tehuelche
Puelmapu, 11 agosto del 2017

 Nosotros, las comunidades Mapuche-Tehuelche: VUELTA DEL RIO (Cushamen), SANTA ROSA LELEKE (Cushamen), LOF CAYUN (Lago Puelo), LOF CAÑIO (Buenos Aires Chico), LOF ÑIRIPIL (Buenos Aires Chico), ÑAMKULAWEN LOF (Comodoro Rivadavia), NEWEN MULFUÑ (Pico Truncado), CALFU NAO (Trelew), nos solidarizamos con los familiares de Santiago Maldonado desaparecido en un contexto de represión a una comunidad mapuche, y exigimos su aparición con vida a todas las autoridades políticas, judiciales y demás fuerza represivas responsables y cómplices de que esta situación haya llegado a las instancias actuales.

Nosotros, comunidades Mapuche-Tehuelche repudiamos enérgicamente el accionar represivo del estado en sus distintas instancias, una vez más, en contra del Pueblo Mapuche, la criminalización de la protesta social y el nulo valor que la vida tiene para el gobierno. Somos conscientes que un hecho como este se puede repetir y que ninguno de nosotros está –y nunca estuvo exento a sufrir el autoritarismo y arbitrariedad estatal. Ante esto nos preguntamos: ¿A cambio y en pos de qué intereses mezquinos y egoístas desaparece una persona? Nos preguntamos: ¿En nombre y justificación de qué, como parte de los Pueblos Originarios de este país, tendríamos que aceptar que nos nieguen y atenten en contra de la defensa de nuestras vidas, de nuestros territorios y de nuestras subsistencias?

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Por Diana Lenton – Revista Anfibia

A pesar del maltrato recibido durante siglos, no hay constancia, hasta hoy, de la existencia de un proyecto secesionista, y mucho menos, violento, entre los líderes mapuche, tal como dijeron algunos funcionarios. La especialista Diana Lenton explica la historia y desanda las mentiras difundidas ante la desaparición de Santiago Maldonado, la falaz vinculación con grupos extranjeros que coloca a ciudadanos argentinos como un “otro externo”, y cómo se elude la responsabilidad del Estado y se criminaliza a los indígenas.

Fotos: Marcelo Martínez

En los últimos días una serie de hechos puso en las portadas de los medios y en las bocas de varios funcionarios de gobierno el llamado “conflicto mapuche” en la Patagonia. Un conflicto que algunos de ellos prefirieron titular como “guerrillas mapuches” o “terrorismo mapuche”. El provecho político reside en la escalada, y entonces, a medida que pasan las horas, el titular es cada vez más el “terrorismo”, sin ninguna otra consideración.

La cuestión gira en torno a las características atribuidas al preso político mapuche Facundo Jones Huala, su familia y su comunidad, y a las organizaciones con las cuales se lo relaciona. El conflicto en sí no es nuevo aunque tuviera una extraordinaria difusión en las últimas semanas, estimulada por la coyuntura electoral. Hasta la desaparición de Santiago Maldonado, un joven bonaerense adherente a la causa mapuche, en el contexto de una de tantas represiones ilegales y violentas encaradas por las fuerzas armadas en el territorio mapuche.

En este punto no quiero ceder a la tentación de demorarme en la vergonzosa cobertura que los medios vienen haciendo de esta cuestión. Desde el “descubrimiento” que hizo Clarín en enero de este año, de Facundo Jones Huala como “el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, en una nota plagada de errores acerca del origen y la biografía del protagonista, de las características de las organizaciones e inclusive de los datos concretos de las supuestas “víctimas” del peligroso terrorista. Hasta la participación decisiva del mismo diario y otros en la viralización de las acusaciones del Gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien llegó a la irresponsabilidad de acusar al Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, de actuar en “connivencia con delincuentes” a raíz de su decisión de no hacer lugar al pedido de extradición de Jones Huala a Chile, en noviembre de 2016.

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Resumen Latinoamericano / Víctor Quilaqueo, CEPPAS-GT / 10 de agosto de 2017

La desaparición de Santiago Maldonado en Argentina es un hecho gravísimo para todos los movimientos sociales en América Latina.

Al momento de escribir estas líneas sigue sin conocerse el paradero de Santiago Maldonado, activista de 28 años que fue detenido por fuerzas de seguridad del estado en Argentina, y del cual no se han tenido noticias.

Fue detenido y golpeado por un grupo policial en el marco de un allanamiento a la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, en la patagonia argentina, el martes 1 de agosto. Desde ese día no se sabe más de él.

Su familia, amigas, amigos, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones políticas han hecho un llamado incesante para que el gobierno argentino responda por su paradero. Las respuestas aparte de escasas, buscan ocultar, ensuciar y criminalizar a las víctimas.

El contexto de su detención y desaparición sería muy extenso de resumir en estas letras, pero es una muestra precisa de la connivencia entre poderes estatales, fuerzas represivas en actividad permanente e intereses de privados en relación con la posesión de tierras. En efecto, Santiago fue apresado en un operativo policial en contra de una comunidad mapuche que lleva adelante un proceso de recuperación territorial que va en contra de los intereses del grupo transnacional Benetton. Esa mañana la soberanía estatal argentina se vistió con los colores corporativos de una empresa de ropa y moda.*

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MANIFIESTO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA EL PUEBLO MAPUCHE

Ante el asesinato de Luis Marileo Cariqueo (24 años) y Patricio González Guajardo (23 años), el brutal allanamiento policial que sufrieron niños y niñas de la Escuela G-816 de Temucuicui (Región de la Araucanía, Chile) el día 14 de junio de 2017 y frente a la violencia policial sistemática contra comunidades mapuche que impulsan procesos de recuperación y defensa territorial, los profesores y profesoras, estudiantes, activistas, profesionales e integrantes de organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto internacional venimos a expresar lo siguiente:

1. Rechazamos enérgicamente que el crimen de Luis Marileo y Patricio González sea calificado como acción de “legítima defensa” frente a supuestos actos “delictuales” o “terroristas” mapuche. El asesinato debe ser contextualizado en la incapacidad que el Estado chileno, la clase política y los gobiernos democráticos han tenido en generar las condiciones para una resolución política a las legítimas demandas del pueblo mapuche por recuperar su territorio y derecho a la autodeterminación. De igual forma, la llamada “legítima defensa” y “paz” que pregonan organizaciones de latifundistas en la Región de la Araucanía, lo que busca es cercenar derechos al pueblo mapuche y acentuar la violencia contra líderes, comunidades y organizaciones que protagonizan procesos de reclamación territorial en el marco de la construcción de autonomías y reparaciones históricas frente al despojo.
2. Repudiamos con indignación la violencia policial que sufrieron los niños y niñas de la Escuela G-816 de Temucuicui, quienes producto de los gases lacrimógenos expulsados por Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, debieron huir del lugar asfixiados y atemorizados. Estos acontecimientos no constituyen efectos colaterales del actuar policial, por el contrario, son parte de una estrategia política estatal que mediante la violencia focalizada hacia niños, jóvenes, mujeres y ancianos, pretende infundir terror y desmovilizar a actores que son fundamentales para la reproducción y proyección autónoma de la vida social, política y cultural mapuche.

Esta estrategia de golpear, amedrentar y violentar a niños y niñas, es común en el despliegue de las Guerras de Baja Intensidad (GBI), pero también representa la continuidad de los castigos, la violencia simbólica y los secuestros vividos por generaciones mapuche en las escuelas misionales, estatales e internados durante el siglo XX, como parte de una política estatal de exterminio legitimada en las ideas de “progreso” y “civilización”. La continuidad de esta violencia en nuestros días, justificada en discursos de seguridad nacional, no hace más que aumentar la rabia acumulada producto de una historia larga de violencia y despojos coloniales.

3. Los asesinatos de Alex Lemún (2002), Julio Huentecura (2004), Zenón Díaz Necul (2005), José Huenante (2005), Matías Catrileo (2008), Jaime Mendoza Collío (2009), Rodrigo Melinao Lican (2013), Macarena Valdés (2016) Luis Marileo y Patricio González (2017), así como la sistemática criminalización y violación de los derechos humanos mapuche durante el contexto democrático post-dictatorial chileno, no constituyen eventos aislados. Se explican por un Estado de Ocupación Colonial que se forjó a raíz de la ocupación militar de la Araucanía y la violenta colonización de la Fütawillimapu en los siglos XIX y XX. Esta estructura colonial profunda, instalada en la organización política del Estado, los procesos territoriales, la economía, la desigualdad estructural en Chile y enquistada en las prácticas cotidianas mediadas por el racismo, en el actual contexto neoliberal se agrava con la violencia que el capital extractivo (forestal, minero, acuícola, hidroeléctrico, etc.) y la economía de activos ejerce sobre el territorio histórico mapuche, las vidas humanas y no humanas que en éste habitan. Es por ello que la defensa mapuche del territorio, es ante todo una defensa y lucha por la vida de todas y todos.
4. La violencia que vive el pueblo mapuche en la actualidad, al no restringirse a una coyuntura exclusiva de los gobiernos democráticos, sino a un problema histórico de profunda complejidad que permea distintos campos de la vida, entre ellos la academia, los trabajadores, los estudiantes, pobladores, inmigrantes y organizaciones sociales diversas, requiere de pronunciamientos y alianzas para generar un cambio estructural de las relaciones de poder en Chile.
5. Consideramos que las posibilidades de resolución del conflicto que el Estado y el gran capital mantiene con el pueblo mapuche, necesariamente deberán considerar la complejidad y magnitud de los procesos históricos, socioeconómicos, políticos e ideológicos que connotan el Estado de Ocupación Colonial. Para ello, el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, la restitución territorial, el freno al capital extractivo, la desmilitarización de las comunidades, la libertad a los presos políticos, el cese a la criminalización, así como la justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y el presente contra el pueblo mapuche, debieran situarse como parte de una plataforma básica desde la cual establecer una negociación política.

Junio de 2017

La werkén Ingrid Conejeros participó de un Trawún realizado en la ciudad de Castro en Chiloé, en el cual entregó información sobre el estado de salud de la Machi Francisca Linconao, el proceso judicial que enfrentan las 11 personas que están siendo imputadas por el caso Luchsinger Mackay y para entregar un mensaje que la lamgen le encomendó llevar a las diversas comunidades a través de una carta escrita a mano.

Por Dafne Moncada – Resumen Latinoamericano/Mapuexpress