Durante la noche del pasado 17 de febrero arribaron a las puertas del Palacio Nacional en la CDMX aproximadamente 400 personas desplazadas del estado de Guerrero, entre estas, se calculan unos 40 niños menores de 8 años.  Las familias desplazadas montaron un campamento con la intención de solicitar audiencia con Andrés Manuel López Obrador; después de 13 días de intentar ser escuchados, el viernes 1 de marzo un representante del Gobierno Federal acudió al campamento para escuchar las demandas, mismas que se reducen a una sola, poder vivir dignamente en su comunidad.

De acuerdo con los testimonios de los desplazados; el 11 de noviembre del 2018 a la 1 de la tarde, aproximadamente 3000 hombres fuertemente armados vestidos de comunitarios arribaron a 9 comunidades. A punta de pistola tomaron el territorio y despojaron a los pobladores de todo, desde una gallina, hasta su propia casa.

Desde el 11 de noviembre del 2018, las familias desplazas se refugiaron en la cabecera municipal de Chichihualco Guerrero, lugar en donde solicitaron apoyo y solución al conflicto. Después de 3 meses de esperar y de no recibir ayuda alguna del gobernador de estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, los desplazados decidieron marchar hacia la CDMX.

Según explica uno de los desplazados, el problema de la violencia y ahora el desplazamiento de las comunidades en Guerrero tiene más de tres años. En un inicio se decía que el aumento de la violencia era por:

“… el control del territorio, trasiego de drogas y el control del campesino para ocuparlos como sembradores, pero desgraciadamente no es así… es un problema fuerte, es un problema nacional…por que vienen de intereses fuertes, por que son zonas mineras extranjeras quienes han estado ocupando a la delincuencia organizada para poder desplazar gente, para poder quedarse con propiedades y seguir extendiéndose”.

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Esta mañana nuestro compañero, comunicador popular, defensor de la tierra y el pueblo, Samir Flores Soberanes fue asesinado a las afueras de su casa en la comunidad de Amilcingo, Morelos. Estos hechos se dan en el contexto previo a la “consulta” ilegítima para aprobar la termoeléctrica que se pretende imponer en la comunidad de Huexca.

Samir, padre de 4 hijos, fue uno de los principales promotores de la resistencia contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) durante 9 años de lucha. Fue defensor de la escuela comunitaria, miembro del Comité de Padres de Familia, Delegado del CNI y fundador de la Radio Amiltzinko.

Exigimos que se siga una línea de investigación sobre el asesinato de Samir, por su labor como activista y responsabilizamos al Estado mexicano por las declaraciones recientes de López Obrador anulando a los opositores a los proyectos. Dichas declaraciones en la práctica, confrontan a sectores de la población e impulsan los ataques en contra de los luchadores sociales en tiempos en que la represión por medio de la violencia se ha intensificado. También denunciamos las falsas consultas a los pueblos originarios y la implementación de los proyectos de muerte que detonan esta violencia.

En este contexto debemos resaltar el caso de Jesús Javier Ramos Arreola, de San Rafael, Tlalmanalco, Estado de México, opositor al proyecto del NAICM quien fue asesinado de un tiro en la cabeza al abrir la puerta de su domicilio semanas antes de una consulta efectuada desde el poder ejecutivo. Otros casos recientes como las ejecuciones de: Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez, activistas de Amatán, Chiapas; Rafael Murúa de Radio Kashana en Santa Rosalia Sonora; Gustavo Cruz Mendoza comunicador de Santiago Jocotepec, Oaxaca; Noel Castillo Aguilar defensor originario de Barra de la Cruz, Oaxaca; y la desaparición de Sergio Rivera Hernández defensor del territorio Nahua en la Sierra Negra de Puebla.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de febrero de 2019

Urgimos atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán 

• Exigimos al Estado mexicano implementar medidas cautelares de la CIDH y cumplir las recomendaciones de la CNDH

Las organizaciones civiles abajo firmantes exigimos la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, 5 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles del municipio de Chalchihuitán y una comunidad de Chenalhó, Chiapas, México.[1]

Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar No. 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: “Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.[2]

Las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue “insuficiente, inoportuna e inadecuada”.

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Foto: Comunidad zapatista en Aldama. @Luis Aguilar (Tragameluz)

Colectivo RZ, 9 de febrero, 2019.

Hoy, 9 de febrero, se cumplen 24 años del arranque de una persecución contra integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional planificada por el entonces presidente Ernesto Zedillo y su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Aunque el gobierno se encontraba en negociaciones con el EZLN, se giraron órdenes de aprehensión y se movilizó al ejército para aniquilar a las comunidades zapatistas y encarcelar a su dirigencia. La traición de febrero fracasó, pero decenas de comunidades vivieron semanas de desplazamiento forzado y dolor. A estas violaciones siguieron años de ataques por parte de grupos paramilitares que resultaron en masacres como la de Acteal o El Bosque (Unión Progreso y Chavajeval), así como en el encarcelamiento de habitantes de comunidades en lucha.

Las caravanas civiles de observación que se movilizaron en días posteriores a la traición recopilaron testimonios sobre graves violaciones a derechos humanos. Una imagen en particular vuelve a nuestra memoria. Una comunidad zapatista en mitad de las cañadas de Chiapas. Las casas destruidas y abandonadas. Algunas personas acercándose con cautela a rendir testimonio. Una escuela a la que acudían niñas y niños zapatistas hecha jirones. El aula despedazada. Los libros rotos y orinados por soldados. Los cerdos hozando en el muladar. Moctezuma Barragán, uno de los principales responsables de esa barbarie, encabeza hoy la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al día siguiente del intento de aniquilación, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondió con un comunicado en el que podía leerse: “Usted se está equivocando demasiado, con la decisión que ha tomado en contra de nosotros, usted cree que matando a los zapatistas de Chiapas o matando al subcomandante Marcos puede acabar con esta lucha, no señor Zedillo, la lucha zapatista está en todo México, Zapata no ha muerto, vive y vivirá siempre.”

En días recientes (6 de febrero, 2019), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó un Informe de la Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo”, con sede en Oventik, Chiapas, que documenta violaciones a derechos humanos de población perteneciente a pueblos originarios en los municipios de Aldama y Chenalhó. El informe habla de 25 personas asesinadas y 14 personas heridas. También presenta 4 videos con testimonios de bases de apoyo zapatistas sobre la situación actual.

La organización autónoma zapatista avanza. La violencia gubernamental continúa.

Reproducimos aquí la denuncia de la JBG y los videos:

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Ciudad de México, 30 de enero de 2019

Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero

Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas

Titular de la Unidad de Derechos Humanos y Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Aaron Mastache

PRESENTE

Reciba un saludo cordial de las organizaciones de derechos humanos, colectivos, personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas que firman la presente carta.

El motivo de ésta es para manifestar nuestra preocupación ante la poca atención en el discurso del actual gobierno sobre la crisis que afrontan las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el ejercicio de sus derechos. Esto, sin darle la debida importancia al papel fundamental de estos colectivos en el fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y la construcción de paz, tal como lo han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de forma conjunta(1).

En la actualidad, México es uno de los Estados más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos(2) y el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión(3), siendo insuficientes las actuales políticas de protección, que a más de seis años de ser implementadas, no han logrado contrarrestar las causas estructurales de violencia y agresiones contra ambas poblaciones, siendo reflejo de eso los más de 48 periodistas y 190(4) personas defensoras asesinadas en los últimos seis años, incluyendo a seis personas beneficiarias del actual Mecanismo de Protección. Lo anterior da cuenta de las limitaciones del modelo y de la necesidad de fortalecer las políticas existentes como el Mecanismo Federal, así como encauzar los esfuerzos hacia la discusión y construcción de una Política Pública Integral de Protección que atienda a las necesidades de ambas poblaciones y garantice el derecho a defender derechos humanos, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión acorde a los estándares más altos en la materia.

Para ello, esta Política Pública Integral tiene que reconocer la interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que las personas de estos colectivos puedan ejercer de forma libre y segura sus labores de defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Siendo esencial que esta política no sólo identifique a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Periodistas como objetos de protección sino como sujetos de derecho. Además debe garantizar que el Estado, con una perspectiva de género, interseccional y un enfoque integral, cumpla con sus obligaciones de:

1. Respetar los derechos de las personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
2. Prevenir violaciones a los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas debidas a su labor.
3. Proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas cuando se encuentran frente a una situación de riesgo debidas a su labor.
4. Investigar, juzgar, sancionar, reparar y dar garantías de no repetición a las violaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Para la construcción de esta Política Pública Integral, exhortamos a convocar una discusión amplia e incluyente que garantice la participación de todas las ramas del poder público, en todos los niveles de gobierno, así como de organismos autónomos, y personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Lo anterior cobra vital importancia considerando el contexto actual en las Américas, de cierre de espacios democráticos y de políticas restrictivas para el derecho a defender y el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, siendo la coyuntura actual una oportunidad para que México pueda convertirse en un referente a nivel internacional en la adopción de Políticas Públicas Integrales de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas.

Ante lo anteriormente expuesto, les queremos solicitar:

1. Establecer los lineamientos para la construcción de una política pública integral para personas defensoras y periodistas dentro de la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
2. Reconocer y promover públicamente en todos los niveles de Gobierno la labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
3. Reforzar la capacidad técnica y operativa del Mecanismo Federal de Protección, a través del aumento de personal en la Secretaría Ejecutiva Nacional, capacitación de las y los funcionarios y mayor coordinación con las entidades federativas.
4. Realizar Foros regionales para la discusión y construcción de una Política Pública Integral,  participativa e incluyente.
5. Observar y atender las diferentes iniciativas legislativas encaminadas a construir una política pública Integral para ambas poblaciones, que varias organizaciones han presentado para su discusión y enriquecimiento en la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Gobernación y Población.

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El Frente por la libertad de expresión y la protesta social (FLEPS), es un espacio en el cual convergen organizaciones como son: Article 19 Mx, CDH Victoria, Centro Prodh, CEPAD, Cencos, Causa, Marabunta, Propuesta Cívica, Serapaz, Red TDT y Resonar. Como parte de su labor en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la protesta,  presentaron  “El sexenio de la resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018″; material  en el que se  documentan  seis años de violaciones a los derechos humanos, de detenciones arbitrarias y de legislaciones contra la protesta;  pero que  también, dedica un espacio  importante, a los rostros de la resistencia.

Escucha audio de la presentación.

Descargar el informe

http://libertadyprotesta.org/wp-content/uploads/2018/12/el_sexenio_de_la_resistencia_sexenio_2012-2018_fleps.pdf

CDMX 17/12/2018

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EL GOBIERNO FEDERAL HA GENERADO UNA CRISIS HUMANITARIA EN LA FRONTERA NORTE DEL PAÍS

El gobierno mexicano ha violado sus compromisos internacionales de no devolución.

Ciudad de México a 27 de noviembre de 2018.- La ineficiente gestión migratoria del Gobierno de Enrique Peña Nieto, sustentada en un enfoque de seguridad nacional, basada en detenciones arbitrarias sin control judicial y deportaciones realizadas en la opacidad viola los compromisos internacionales que México ha adoptado.

Esto ha generado que las personas sean devueltas a sus países donde su vida e integridad corre peligro sin haberse respetado el debido proceso y los compromisos de no devolución suscritos por México. También ha provocado que miles de personas estén atravesando viviendo una precaria situación, se encuentren sin documentación alguna y en grave riesgo de ser deportadas a sus países de origen.
Desde el 31 de octubre se solicitó, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, la intervención del Gobierno Federal ante lo que se perfilaba como una situación de emergencia humanitaria y de protección de derechos.
Como lo han venido denunciando las organizaciones de manera reiterada, esta omisión del Gobierno Federal genera que toda la responsabilidad de proveer ayuda humanitaria recaiga en los gobiernos municipales y estatales poniéndo en riesgo la vida y la integridad de las personas en movilidad.

La omisión del Gobierno Federal, ante la falta de acciones que atiendan de manera eficaz la emergencia humanitaria, atenta contra los tratados y compromisos internacionales que México ha asumido. Por lo anterior, exhortamos a las autoridades federales, estatales y municipales a actuar bajo el principio de respeto a los derechos humanos, protección y no discriminación de las personas migrantes.
Ante la ineficiente y negligente intervención del gobierno Mexicano exigimos:

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Salida del estadio de Querétaro rumbo a Guadalajara el pasado domingo 11 de Noviembre.

Entrevista a coordinador hondureño

Costa de Chiapas,

8 y 9 de Noviembre de 2018

Las más de dos mil personas que conforman el tercer grupo de este Éxodo Migrante comenzaron desde el 8 de Noviembre a acelerar su paso por tierras chiapanecas. En tan solo dos días transitaron del Municipio de Mapastepec, Chiapas hasta Matías Romero, Oaxaca en donde lograron unirse en la tarde de hoy al segundo grupo que está conformado por alrededor de mil quinientas personas. El grueso de este grupo son personas de origen salvadoreño, pero también se encuentran personas guatemaltecas, hondureñas, nicaragüenses y hemos conocido casos de personas mexicanas que se han unido en el camino por el sur del país.

Constatamos en estos dos días que el Estado mexicano continua apostando por una estrategia de, disuasión y desgaste para que las personas migrantes desistan en su caminar. Este 9 de Noviembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó distintos operativos de detención en la entrada al Estado de Oaxaca –a la altura del municipio de Tapanatepec- , con el uso de violencia y en momentos de ausencia de organizaciones observadoras de Derechos Humanos y de la CNDH. Estos operativos dejaron un saldo de aproximadamente 30 personas detenidas, incluyendo familias completas y menores de edad. Asimismo, hay una intención, que a primera vista luce contradictoria, de forzar la aceleración de la movilidad de los grupos con la acción de Policía Federal, INM (incluyendo el Grupo Beta) y otras entidades federales y estatales de conseguir aventones para las personas migrantes.

Sin embargo, estos transportes más adelante son parados y registrados por las mismas entidades para presionar, asustar y en algunos casos detener a las y los migrantes. A esta situación se suma una constante falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno para la atención humanitaria integral que se mantiene desde que el primer grupo del Éxodo tránsito por el sur del país. La asistencia humanitaria está supeditada a la voluntad política y a los recursos de los ayuntamientos municipales, sin articulación y apoyo de los otros dos niveles. Esto se evidencia en las diferencias entre los municipios que se ven gradualmente sobrepasados en temas como atención médica, alimentación y sanidad de los espacios en donde son alojadas las personas migrantes. En este último tema, extendemos nuestra preocupación sobre los lugares que son determinados para alojar a las personas, ya que en Mapastepec y Arriaga fueron asignadas unidades deportivas aisladas de las áreas urbanas que ponen en mayor vulnerabilidad a las personas, sobre todo a quienes optan voluntariamente por el retorno, pues quedan aisladas y desprotegidas en estos espacios luego de que el grupo reactiva su camino.

Hacemos un llamado enérgico a la acción institucional rápida e integral con las personas que solicitan el retorno voluntario y el refugio, ya que al hacer sus solicitudes no reciben información sobre sus procedimientos y están expuestas a largos tiempos de traslado y con ausencia de atención.

Por otro lado, organizaciones que somos parte del Grupo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en Chiapas mantenemos nuestra presencia en el punto fronterizo de Ciudad Hidalgo y en la ruta hacia la ciudad de Tapachula. En la zona se mantiene el dispositivo de seguridad fronteriza desplegado hace unas semanas para la disuasión y detención de personas migrantes. Si bien el 8 de Noviembre fueron desmanteladas las vallas y barricadas que rodeaban el punto de internación migratoria, continúa la fuerte presencia de la Policía Federal y Estatal, Gendarmería, SEMAR e INM.

Asimismo, pudimos observar personas detenidas en camionetas del INM. En Tapachula seguimos atentas a la situación de las personas que fueron desalojadas de la extensión de la Estación Migratoria, la Feria  mesoamericana, y de personas migrantes que se encuentran en situación de calle en varios parques y zonas céntricas de la ciudad a la espera del avance de sus procedimientos de reconocimiento de su condición de refugiadas y otros procesos de su derecho a la protección internacional.

Por último, compartimos que el día de hoy realizamos el relevo con organizaciones de la sociedad civil en Oaxaca que seguirán la labor de monitoreo y observación de Derechos Humanos de los grupos del Éxodo Migrante, que están prontos a internarse en una de las regiones más peligrosas para las personas migrantes, como quedó  constatado con el paso del primer grupo migrante por municipios de Veracruz y Puebla. 

Una vez más reconocemos el apoyo y solidaridad comunitaria y de diversos grupos religiosos hacia las y los migrantes, que aunque vaya mermando por las propias condiciones locales de pobreza y desigualdad, sigue siendo una fuente de esperanza y fuerzas para las personas en su tránsito por el sur de México. 

Firman: Iniciativas para el Desarrollo Humano, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, A.C., American Friends Service Committee Oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C., Formación y Capacitación A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Médicos del Mundo Francia y España, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Servicio Pastoral a Migrantes San Martín de Porres, Centro de Derechos Humanos Tepeyac A.C. y Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C