Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO MARCOS AGUILAR ROJAS COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN

Denunciamos con indignación, rabia y profunda preocupación el asesinato del compañero Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, así como las lesiones por arma de fuego infligidas a su hermano Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena. El ataque fue perpetrado este 26 de noviembre de 2025 por los agresores Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Victor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez y Abraham Pérez, todos ellos vinculados a los caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero, Jalisco, quienes huyeron en un automóvil gris en dirección a Villa Guerrero o Mezquitic.

El cobarde ataque ocurrió en el predio comunal El Caracol, territorio que la comunidad de Azqueltán ha defendido colectivamente frente a los intentos de despojo de estas mismas personas, quienes han actuado amparados por la impunidad sistemática que les otorgan el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado de Jalisco. Estas instituciones, una y otra vez, han protegido a quienes violentan, amenazan y atacan a la comunidad indígena, profundizando la violencia con su omisión, su silencio y su complicidad.

Responsabilizamos al gobierno federal por negar el reconocimiento agrario de la comunidad indígena de Azqueltán; al gobierno del estado de Jalisco por la impunidad que garantiza a los criminales que históricamente han atacado a la comunidad; y directamente a los asesinos Manuel y Esteban Aguilar Herrera y Victor Hugo Pérez cuyos actos forman parte de una estrategia permanente de despojo y agresión contra los pueblos originarios.

Hoy, como Congreso Nacional Indígena, decimos claro y fuerte: la violencia contra Azqueltán no es un hecho aislado, sino parte de un patrón nacional mediante el cual el poder —sea gubernamental, económico o criminal— ataca a las comunidades indígenas cuando defienden su territorio y su vida. No aceptaremos que el asesinato de nuestro compañero quede impune, ni permitiremos que la dignidad de Azqueltán sea pisoteada por los intereses de caciques, empresas, gobiernos o delincuencia organizada.

Exigimos justicia plena, castigo inmediato a los responsables materiales e intelectuales, y garantías reales de seguridad para la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán.

Desde la rabia y dolor que hacemos propia abrazamos a la comunidad y a su familia.

¡Nunca más un México sin nosotros!
Congreso Nacional Indígena

Texto y fotos: Rocío Heredia | Avispa Midia

En conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, defensoras, periodistas, profesoras, estudiantes, activistas y mujeres diversas se dieron cita la tarde del miércoles (25) en la Antimonumenta -ubicada a un costado de la Fuente de las 8 Regiones- para exigir justicia frente a la violencia de género en Oaxaca.

Minutos antes de las 5pm, un contingente integrado por mujeres de todas las edades avanzó sobre la Calzada Porfirio Díaz con dirección al parque El Llano. Con megáfonos, bocinas, micrófonos y sobre todo sus potentes voces coreando consignas y cantos anti-patriarcales, explayaron una particular algarabía que al unísono exigía una cosa: alto a la violencia contra las mujeres en Oaxaca.

En el mítin, protagonizado por diversas voces a lo largo de la manifestación, prevaleció un señalamiento: “van tres años de terror y violencia del gobierno jarista”, haciendo referencia a la gestión del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Algunas organizaciones feministas en Oaxaca se han dado a la tarea de llevar un conteo de feminicidios en el estado. En el sexenio de Alejandro Murat contabilizaron 715 feminicidios, mientras que del 1 de diciembre del 2022 a la fecha, periodo correspondiente a lo que va de la gestión de Salomón Jara, se han registrado 285 muertes violentas de mujeres: 81 oaxaqueñas asesinadas en lo que va de este año 2025.

El pasado 5 de septiembre del 2023, con absurdo uso de la fuerza, el gobierno de la Ciudad de México reprimió a quienes, de manera solidaria, se hicieron presentes en la alcaldía de Xochimilco en apoyo a la compañera Hortensia Telésforo, criminalizada por participar en la recuperación de la biblioteca comunitaria de San Gregorio Atlapulco, hoy convertida en Tlamachtiloyan (Casa del pueblo). Un grupo de choque con palos, armas punzocortantes y de fuego, agredieron indiscriminadamente a quienes asistieron a la manifestación, 5 compañeras y compañeros fueron desaparecidos por horas y posteriormente presentados en el Ministerio Público para fabricarles delitos, más tarde la represión se agravó en las instalaciones de la fiscalía de Tlalpan donde fueron golpeados brutalmente más de una veintena de personas.

Esta violencia es la verdadera cara de este gobierno.

Desde entonces no han cesado las amenazas y el asedio a nuestras y nuestros compañeros, ensañándose particularmente con nuestro hermano Max Emiliano Negrete, quien ha demostrado ser congruente con sus principios en defensa de su pueblo y por ello ha sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones a través de perfiles falsos en redes sociales.

Si fueron capaces de repetir uno de los momentos más lamentables de la historia de México: el halconazo, sabemos que son capaces de cualquier cosa, el uso de grupos de choque por parte de la Alcaldía de Xochimilco es una práctica criminal recurrente que debe parar.

Ante las reiteradas y cobardes amenazas a en contra de Max Emiliano Negrete, integrante de la Asamblea General Permanente del pueblo de San Gregorio Atlapulco, comunicador comunitario y defensor del agua, la vida y la autonomía, como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio hacemos directamente responsables a los tres niveles de gobierno, particularmente al gobierno de la Ciudad de México de cualquier altercado a la integridad de nuestro compañero.

Son ya responsables de mantenerlo en un estado de alerta por las amenazas.

Como Asamblea respaldamos su labor en defensa de la vida y la autonomía y hacemos saber a los malos gobiernos que:

MAX EMILIANO NEGRETE NO ESTÁ SOLO

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

EL AGUA ES EL COMÚN DE LOS PUEBLOS

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

Foto de portada: Cuartoscuro

Mientras la COP30 promete soluciones climáticas, mujeres indígenas de Brasil denuncian la cumbre como una farsa que excluye sus voces y encubre la violencia y el despojo en sus territorios. Su lucha por la demarcación “ahora” se revela como la verdadera clave para la justicia climática.

Por Rocío Heredia | Avispa Midia
^{Portada: Celebración del octavo aniversario de autogobierno y control territorial de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán}

La Comunidad Indígena Autónoma Tepehuana-Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque en el que personas armadas violentaron, robaron e intentaron desalojar a comuneros que trabajaban la tierra. Se trata de un hecho ocurrido cinco días antes de su 12°aniversario como territorio autónomo, celebrado el pasado 9 de noviembre.

Bajo la advertencia de “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños”, comuneros de Azqueltán fueron víctimas de un nuevo ataque por parte de sujetos auto-identificados como “pequeños propietarios”, informaron a través de un comunicado. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre cuando personas armadas que viajaban en una camioneta Ram color gris, amenazaron de muerte, robaron e intentaron desalojar a comuneros que se encontraban trabajando en dos predios comunales distintos: El Sabino Quemado y Cuenca del Mosco.

Integrantes de esta comunidad responsabilizan -por presuntamente ordenar estos actos ilegales- a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco. Así mismo exigen al Gobierno de ese estado y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de sus terrenos comunales.

Azqueltán se encuentra en alerta permanente, emitiendo un llamando de solidaridad a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, colectivos y pueblos originarios a resonar su voz para demostrar que sus integrantes no están solos.

Ataques pasados

En septiembre del 2018, en Azqueltán fue realizada una segunda misión de observación en la que se determinó una falta de definición agraria, que da lugar a la incertidumbre jurídica que por años ha aquejado a los pobladores indígenas. Se identificó también un ambiente de impunidad al no haberse investigado -hasta ese entonces-, las agresiones e intentos de homicidio señalados en las carpetas 46/2018, 329/2017 y 484/2018.

Palabra de Xinich por la Masacre de Viejo Velasco a 19 años de la profunda impunidad del Estado mexicano

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2025

PRONUNCIAMIENTO

MASACRE VIEJO VELASCO A 19 AÑOS DE LA PROFUNDA IMPUNIDAD DEL ESTADO MEXICANO

El día de hoy cumple 19 años de la masacre de nuestros hermanos de viejo Velasco en la selva lacandona, en la impunidad y en el olvido 13 de noviembre 2006.

Asesinaron a María Nuñez González, embarazada, Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez, y otros dos hermanos, a los 5 años fueron encontrados sus restos óseos en medio de la selva Lacandona.

Petrona fue secuestrada y arrastrada en plena selva hasta llegar a la comunidad de Nueva Palestina. El gobierno del Estado en ese entonces Pablo Salazar Mendiguchía, liberó ordenes de aprehensión culpándola de matar a sus propios hermanos indígenas de Viejo Velasco.  

Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán: siguen desaparecidos, hasta este momento 19 años en la búsqueda de justicia y verdad y la aparición con vida a estos hermanos. ¿Dónde están estos dos hermanos? 

Estamos reunidos nuevamente con nuestros pueblos y familiares sobrevivientes de esta cruel masacre de la comunidad de viejo Velasco, para recordar y honrar la memoria de las víctimas masacrados desaparecidos hace 19 años en la comunidad conocido como VIEJO VELASCO.   

Como el día de hoy 13 de noviembre, del año 2006 las montañas de la Selva Lacandona presencio la matanza y derrame de sangre de los hermanos y hermanas indígenas de Viejo Velasco por el despojo de la tierra y el territorio. Nada ha cambiado, sigue habiendo tantos muertos y desaparecidos.

Seguimos viviendo la injustica con nuestros pueblos el despojo de nuestros tierras y territorio. Seguimos viendo tantos y tantos muertos de nuestros hermanos y hermanas por alzar su voz ante el crimen organizado.  dentro de los mismo que gobierna llamado cuarta transformación, son los mismos asesinos del pasado y presente que gobiernan solo cambiaron de color guinda Se hacen llamar ahora humanismo.  Es la misma manada de Delincuentes criminales dentro de llamada 4t. 

ESTA MASACRE NO SE OLVIDA, HOY ESTAMOS REUNIDOS EN ESTE FORO DE MEMORIA HISTORICA, NI PERDON, NI OLVIDO. RENDIMOS HOMENAJE A NUESTROS HERMANOS MASACRADOS Y DESAPARECIDOS SEGUIR EXIGIENDO JUSTICIA, VERDAD Y LA APARICIÓN CON VIDA A ANTONIO PEÑATE LÓPEZ Y MARIANO PÉREZ GUZMÁN, ESTAMOS EXIGINDO JUSTICIA Y VERDAD.

Pronunciamiento Conjunto:
19 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco

Selva Lacandona, Chiapas, México, 13 de noviembre de 2025

Pronunciamiento Conjunto

19 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas

• A 19 años de la masacre de Viejo Velasco, el gobierno de México mantiene en total impunidad, el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada); la privación ilegal de la libertad y tortura de una discapacitada, que desembocó en su posterior fallecimiento, y dos desapariciones forzadas de adultos mayores.
• Lejos de la justicia, éste es otro más de los casos de grave violación a los derechos humanos individuales y colectivos más elementales, alimentado por la falta de respuesta institucional. 

La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada “Comunidad Lacandona”) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles, algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.

De acuerdo con investigaciones realizadas por CDLI-XI’NICH’, apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integramos entonces la MISION CIVIL DE OBSERVACIÖN, los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: Ar-15 y AK-47. Así también, se documentó la presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social. 

Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada, María Núñez González); la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e  integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas, identificados como dos de los ancianos desaparecidos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, mismos que fueron entregados a sus familiares, cuatro años después.

A 19 años ya de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño. 

Durante todo este tiempo, la fiscalía general del estado de Chiapas (FGE) nunca ha realizado una investigación completa y efectiva de estos hechos; mientras el gobierno federal y la CNDH han guardado total silencio al respecto, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.

Pronunciamiento
¡Exigimos justicia, protección a la vida y paz
en los territorios indígenas de Michoacán!

A Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de México

A Alfredo Ramírez Bedolla
Gobernador de Michoacán

A Carlos Torres Piña
Fiscalía de Michoacán

A las comunidades indígenas de México

A las comunidades p’urhépechas

A la prensa nacional e internacional

A los medios alternativos de comunicación

A los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales

Los hechos de violencia son una constante en los territorios indígenas en Michoacán desde hace varios años. El clima de inseguridad se ha incrementado y se hace presente todos los días de distintas formas (desapariciones, secuestros, asaltos, incursiones armadas, entre otros actos criminales) atentando contra la vida comunal y la de sus miembros. Todas ellas forman parte del clima de terror impuestos por distintos actores que disputan los bienes naturales y los patrimonios bioculturales vitales de las comunidades, así despojan y rompen el tejido social y las formas colectivas de sostenimiento de la vida.

El pasado miércoles 15 de octubre de 2025, varias personas fueron privadas de su libertad en una de las carreteras de la Meseta P’urhépecha Charapan-Ocumicho, después de realizar sus labores de camino a las localidades donde residen. Fueron interceptadas por un grupo armado y llevadas a un cerro. Algunas lograron escapar de sus raptores, otros pagaron el rescate según los testimonios y denunciaron los hechos. Sobre una persona no se tiene conocimiento de su paradero.

Las políticas de seguridad y los dispositivos de fuerza para prevenir los delitos son insuficientes para cumplir con su mandato gubernamental de proteger a los habitantes. Este clima de terror es insoportable, priva la incertidumbre y el desamparo.

Exigimos contundentemente:

• La localización con vida de la persona que se desconoce su paradero.
• Protección a las personas que lograron escapar y denunciar los hechos.
• Agilidad y transparencia en el proceso.
• Detención de los responsables.
• Justicia para las víctimas y garantías de no repetición.
• Y, por supuesto, una política de Seguridad Nacional Otra que en verdad sea efectiva y eficiente para las comunidades, pueblos y sociedad.

¡Exigimos justicia, protección a la vida y paz en los territorios indígenas de
Michoacán, de México y del mundo!

Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias
Planeta Tierra, 22 de octubre de 2025

Allanamiento a la vivienda de la Directora del Frayba

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de julio de 2025
Boletín No. 05

• En riesgo a la vida e integridad de personas defensoras en el estado “más seguro de México”.
• En menos de 10 meses 2 hallanamientos contra integrantes del Frayba.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su profunda preocupación ante el allanamiento a la vivienda de nuestra Directora, Dora Roblero, ocurrido la noche del 22 de julio de 2025 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Este hecho no es aislado. Tal como lo documentamos en nuestro informe más reciente “Chiapas, en la espiral de la violencia armada criminal y criminal”, la situación de riesgo para quienes defendemos los derechos humanos en la entidad se ha recrudecido. En menos de diez meses, este sería el segundo allanamiento contra un integrante del Frayba, en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática denunciados ante instancias del gobierno federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó al Frayba las Medidas Cautelares MC-5210.

Cabe señalar que Dora Roblero fue recientemente ratificada como Directora del Frayba por su Consejo Directivo el pasado 4 de julio, en el mismo contexto en el que se perpetra este acto violento como una medida represiva en torno a la continuidad política de este Centro.

El allanamiento ocurrió aproximadamente a las 19:52 hrs., cuando una vecina advirtió que la puerta de entrada de la casa de Dora Roblero estaba abierta, tras recibir el aviso, Dora les solicitó encendieran la luz de la sala y cerraran la puerta, al hacer este hecho se percataron de un ruido en la planta alta, por lo que procedieron a cerrar inmediatamente la puerta y retirarse del lugar, acto seguido arribaron para acompañar integrantes del equipo Frayba, quienes llegaron al domicilio a las 20:30 hrs.

A su llegada, constataron varios signos de irrupción: las lámparas de la calle no funcionaban, pese a estar activadas por sensores de movimiento, la chapa de la puerta principal estaba forzada, una silla había sido desplazada hacia la cocina, la puerta del traspatio carecía de pasador, una ventana del segundo piso se encontraba abierta de par en par, un frasco de champú estaba tirado en la regadera.

Ante la gravedad de lo observado, a las 21:30 horas se activó el botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, la respuesta institucional fue negligente y evasiva. A las 21:39 hrs., un agente estatal se comunicó únicamente para preguntar sobre las medidas cautelares, sin ofrecer respaldo ni canalizar acción alguna. Dora señaló que jamás recibió los números de contacto de los agentes responsables de los rondines en su domicilio. Como única sugerencia, el agente le indicó que marcara al 911.

La desprotección continuó. A las 22:02 PM, una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar con cuatro elementos, quienes se limitaron a levantar una entrevista sin diligencia alguna. A las 22:40 hrs., llegaron cuatro agentes de la Guardia Estatal, sin que se activara un protocolo adecuado de protección, retirándose del lugar a las 23.00 hrs.

Ante estos hechos realizamos la denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos, por los delitos de allanamiento y los que resulten con el número R.A. 0958-078-0305-2025. Es claro que la justicia no vendrá del gobierno mexicano, así lo demuestra los casos de impunidad que se mantienen como una loza inquebrantable como es el caso de Simón Pedro o el caso del Padre Marcelo.

Este acto constituye una grave violación a los derechos humanos y al marco de protección internacional, pues transgrede las medidas cautelares dictadas por la CIDH, que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Más aún, representa una agresión directa contra Dora Roblero, el Frayba como institución y quienes les integran, una clara represalia por su labor de defensa y denuncia ante las múltiples violencias que se ejercen en Chiapas.

En el Frayba hemos documentado este hecho como parte de una serie de agresiones que evidencian el grave deterioro en la garantía de derechos humanos en México, especialmente para quienes luchan por la justicia desde los territorios.

La omisión, descoordinación y falta de voluntad institucional es parte de una política sistemática de desprotección que expone constantemente a quienes defienden la vida y el territorio, en contradicción con el discurso oficial del gobierno estatal, que prioriza la propaganda y el control poblacional por encima de la garantía de derechos, vaciando de contenido conceptos de paz y justicia, utilizándolos de una manera publicitaria y trivial.  

Exigimos al Estado mexicano: Que garantice plenamente y de manera inmediata la seguridad integral de Dora Roblero y del equipo del Frayba; que se investigue con seriedad y sin dilación el allanamiento ocurrido; que se cumpla cabalmente con las medidas cautelares dictadas por la CIDH; se ponga fin a las omisiones y simulaciones institucionales que vulneran los derechos de quienes defienden la vida y la dignidad. Convocamos a personas, organizaciones y colectivas solidarias a manifestarse frente a esta violencia directa y estructural promovida por los gobiernos federal y estatal; en estos momentos obscuros es vital defender y proteger la vida de quienes luchan por los derechos humanos, de la tierra y el territorio en Chiapas.

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