Fotografia: Violeta Sánchez

Al Ejecutivo Federal,

  A partir del trabajo que realizamos con pueblos y comunidades indígenas y equiparables, y del actual monitoreo que estamos llevando a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria, organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestra ​profunda preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda gen​erar en las comunidades durante las siguientes semanas y meses, y pedimos que se abra un ​espacio de diálogo para construir propuestas que atiendan sus condiciones y necesidades.

Los pueblos y comunidades indígenas y equiparables han sido históricamente olvidados por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a la salud; frente a la presente pandemia, se encuentran en especial vulnerabilidad. A la falta de infraestructura, personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma ​la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades; así como, en este contexto, la falta de un monitoreo y seguimiento adecuado a los migrantes que regresan a sus comunidades, en cuidado de su dignidad.

Igual de preocupante es el tema de la ​vulnerabilidad económica de la mayoría de las personas en las comunidades La falta de acceso a fuentes de empleo digno en las comunidades las hace dependientes del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes en Estados Unidos. En el contexto actual de crisis económica mundial, tanto las fuentes de ingreso local como las remesas se encuentran en riesgo de disminuir fuertemente, sin que exista un programa para ​garantizar un ingreso básico​.

En relación al ​abasto alimentario​, si bien existen comunidades que cuentan con sus propios sistemas de producción, circulación y almacenaje de productos para autoconsumo, hay otras en las que lo producido es insuficiente y dependen de la compra de granos básicos en esta temporada del año en la que están iniciando su nuevo ciclo de siembra. La ​seguridad alimentaria de estas comunidades se encuentra en riesgo ante la caída de sus ingresos y la alza de los precios en los insumos de la canasta básica, así como la ruptura de cadenas productivas y comerciales.

Por otra parte, las comunidades se enfrentan a una ​capacidad reducida para la defensa de sus territorios y del medio ambiente​, pues sus espacios para la toma de decisiones comunitarias están restringidos y el acceso a las instituciones de impartición de justicia se encuentra limitado. Por ello, está cobrando cada vez mayor atención a nivel local e internacional la exigencia de una ​moratoria a todos los proyectos de infraestructura a gran escala que están afectando o puedan afectar territorios indígenas sin su consentimiento​, con potenciales impactos adversos en los derechos humanos (1).

  Particularmente, en el contexto de incremento a la violencia contra las mujeres que está ocurriendo durante esta emergencia sanitaria, nos preocupa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuviera los recursos para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs).

La actual crisis de salud presenta ​retos importantes en materia de atención a los pueblos y comunidades indígenas y equiparables​, que pueden ser prevenidos y superados si el Estado, en todos sus niveles, adopta ​mejores acciones dirigidas a esta población en materia de salud, economía, alimentación, agua, saneamiento, atención a las conflictividades y a la seguridad​, sin menoscabo de su libre determinación y autonomía.

Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos al poder ejecutivo federal:

  Establecer un mecanismo de atención integral inmediata a comunidades indígenas para la prevención y atención de riesgos por Covid-19, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil;

Atender de manera adecuada y suficiente a migrantes que regresan a sus comunidades, incluyendo el establecimiento de protocolos y espacios-albergues acondicionados para la cuarentena, brindándoles información en su lengua materna sobre los cuidados y medidas de seguridad que deben tener al llegar a sus hogares;

Implementar un ​apoyo monetario, directo, mensual y no condicionado, o renta básica por lo menos durante los tres meses que durará la crisis más inmediata, con posibilidad de extenderlo a cinco meses;

Asignar ​recursos suficientes para atender la violencia de género en esta emergencia sanitaria;

Reconocer el ​papel fundamental que desempeñan las ​personas defensoras de derechos humanos​ contra el abuso corporativo o estatal y ​garantizar su protección y seguridad​;

Suspender con una moratoria los proyectos de infraestructura a gran escala en los territorios indígenas que se realizan sin su consentimiento expreso.Con la ​intención de colaborar de manera solidaria frente a la emergencia sanitaria y ante nuestra preocupación por la atención a pueblos y comunidades indígenas y equiparables, llamamos al compromiso de las instituciones gubernamentales y quienes las coordinan, a abrir un espacio de diálogo y colaboración con la sociedad civil, que nos permita enfrentar esta crisis desde múltiples lugares; reconociendo los esfuerzos que ya están realizando las comunidades para enfrentar la crisis por la pandemia desde sus propios modos de vida y organización.

_________________________

1 Michel Forst y Michael Taylor, “Mientras el mundo está confinado, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son blancos fáciles”, 22 de abril de 2020, www.business-humanrights.org/es/mientras-el-mundo-está-confinado-las-personas-defensoras-de-la- tierra-y-el-medio-ambiente-son-blancos-fáciles

Atentamente.

Aura Investigación Estratégica,

Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos- Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC),

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A, C.

Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC),

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC),

Enlace Comunicación y Capacitación, AC.,

Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C,

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC),

Oxfam México A.C.,

Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C.,

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC),

Servicios para una Educación Alternativa, AC. (EDUCA),

Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (SERAPAZ).

Escucha TEJIENDO VOCES transmisión colectiva del Congreso Nacional Indigena
con el tema:

Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria

Miércoles 20 de Mayo de 2020 desde las 5 pm.

#ElEncierroNoMeCalla
#NuncaMasUnMexicoSinNosotros

Escuchalo y difunde desde la pagina del CNI
www.congresonacionalindigena.org

por el facebook: fb.com/Congresonacionalindigenamexico

Península de Yucatán, al 17 de mayo de 2020

BOLETÍN DE PRENSA

SOLICITAN A LA COMISIÓN INTERAMERICANA PROTECCIÓN FRENTE AL “TREN MAYA”

• Organizaciones indígenas y civiles solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, elemento indispensable de los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades mayas.
• La construcción del megaproyecto denominado “Tren Maya” pone en peligro al territorio del pueblo maya y al acceso al agua en condiciones óptimas de las comunidades mayas y poblaciones en la Península de Yucatán.
• En aplicación del principio precautorio en materia medioambiental solicitaron que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto “Tren Maya” por los daños graves e irreparables que este pudiera ocasionar al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán.

Debido a los daños que ocasionaría el megaproyecto “Tren Maya”, el pasado 16 de mayo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, también llamado sistema de cenotes, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de
la península.

La solicitud fue presentada debido a que el inicio de la construcción del megaproyecto “Tren Maya” amenaza con recrudecer la ya vulnerable situación ambiental del sistema de cenotes, puesto que desde el pasado el Estado Mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro siendo un promovente importante del desarrollo de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan sus aguas.

Las organizaciones expusieron que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno han sido omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos. Además de haber otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son operadas sin control, ni medidas de prevención ni mitigación, poniendo en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas.

Estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del megaproyecto “Tren Maya”, el cual aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes, ya que incluye la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones; y que proyecta un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año.

Subrayaron que el megaproyecto “Tren Maya” se prepara en un contexto regional de conflictos socioambientales vigentes, caracterizados por el despojo de los bienes comunes de los territorios indígenas y campesinos de la Península de Yucatán, y prevén que la construcción e implementación de este megaproyecto agudizaría y aumentaría estos conflictos debido a que supone el desarrollo de nuevos megaproyectos en distintos sectores económicos (turismo, agroindustria, energía, transporte, etc.) con impactos negativos, y en muchas ocasiones irreparables, sobre el medio ambiente y el sistema de cenotes.

En su solicitud, las organizaciones manifestaron que el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de su obligación internacional de realizar los estudios de impacto ambiental y social de manera previa, transparente y pública; aún así, tal y como ha reconocido el Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el pasado 30 de abril se dio inicio a la construcción del megaproyecto. Expresaron que el arranque del megaproyecto se da en ausencia de información científica que permita identificar plenamente las posibles afectaciones al ambiente, y a las comunidades indígenas y campesinas; incluso, mencionaron se ha hecho pública la intención irresponsable de exentar al megaproyecto del cumplimiento de esta obligación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la obligación que tienen los estados de realizar estudios de impacto ambiental y social frente a proyectos que pongan en riesgo la subsistencia de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos los riesgos ambientales. También ha dicho que existe esta obligación frente a proyectos que impliquen un daño significativo al medio ambiente. La Corte ha reconocido reiteradamente que, para todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en territorios tradicionales de comunidades indígenas o tribales, el Estado debe cumplir con distintas salvaguardas, entre ellas el realizar un estudio previo de impacto ambiental y social.

Para que la presente y futuras generaciones de la población de la Península de Yucatán puedan ejercer todos los derechos que el sistema de cenotes les permite gozar, como el agua y un medio ambiente sano, las organizaciones solicitaron a la CIDH ordenar al Estado Mexicano: que aplicando el principio precautorio en materia medioambiental, se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto denominado “Tren Maya”; que garantice la información necesaria y completa, basada en evidencia científica, a las comunidades mayas acerca de los impactos ambientales y sociales que tendría el megaproyecto denominado “Tren Maya” en el sistema de cenotes de la Península de Yucatán y; que adopte medidas de prevención y mitigación para salvaguardar el sistema de cenotes de la Península de Yucatán frente a las amenazas y riesgos presentes.

Es indispensable que la CIDH otorgue las medidas cautelares solicitadas, dado que el megaproyecto “Tren Maya” continua sin ajustarse a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, permitiendo así la pérdida del patrimonio natural y biológico del pueblo maya, y violando de manera irreparable su derecho al territorio y el derecho humano a acceder al agua limpia y salubre. Las medidas cautelares también contribuirían al despliegue efectivo de la aplicación del principio precautorio, consolidando la protección medioambiental que requiere la región. “Sin los cenotes no hay posibilidad de tener territorio maya, ni tampoco acceso al agua. Si se contamina el agua de los cenotes también se ve afectada la vegetación, así como la fauna que necesita de sus aguas para la vida. Así, la destrucción y la contaminación sistemática a los cenotes en la Península de Yucatán es una amenaza para nuestra vida como pueblo indígena maya.

Para defender la existencia misma de nuestros territorios necesitamos defender el sistema de cenotes de la Península de Yucatán del cual se sostienen”, concluyen.

Las organizaciones peticionarias esperan que la CIDH ordene las medidas cautelares para que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto “Tren Maya”, que estaría poniendo en riesgo el futuro ambiental de la región de la Península de Yucatán y de las comunidades mayas por los daños irreparables ocasionados al territorio, al sistema de cenotes y a los derechos al agua y al medio ambiente sano, y a todos los demás derechos que se desprenden de este último.

Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, y
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

10 mayo, 2020 Sandra Suaste

Fotografías: Archivo. 10 de mayo de 2019.

Uno de los miedos en estos días, es perder a un familiar. Para algunas mujeres, ese sentimiento ha sido una constante durante años: las madres de personas desaparecidas y asesinadas. Ellas ya no festejan, pues incluso en 10 de mayo, viven el horror y la incertidumbre.

61 mil 637 desaparecidos en México, según las cifras de la Secretaría de Gobernación. Un día que comúnmente estaría lleno de flores, pasteles y fiesta, se pinta de indignación.

Cada año, las mamás hacen manifestaciones para exigir justicia o aparición con vida. “Lo triste es que cada año las planchas de los principales monumentos o plazas, se llenan de más personas”, comentó una mujer en la manifestación de 2019, en la Ciudad de México. Frente al Ángel de la Independencia.

Este 2020, las manifestaciones son pocas, debido al riesgo sanitario. Pero ellas persisten y no dejan de salir a las calles. En algunos estados al menos 10 madres se posaron afuera de las oficinas de gobierno. Jalisco fue uno de estos lugares: “No nos da miedo morir, estamos muertas en vida desde que no están nuestros hijos. Sin hijo, no hay festejo”.

Para ellas es común ya no festejar el Día de las madres. Así como este 2020, muchas madres no festejarán por el miedo a perder a un ser querido. Preferirán quedarse en casa, así como las buscadoras, prefieren manifestarse nuevamente.

Ma. de Jesús Patricio Martínez
Samantha César
Alicia Castellanos
Luciana Kaplan

A los pueblos de México y del Mundo,
A los medios de comunicación.

La Coordinación del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno, así como diversas organizaciones integrantes del Congreso Nacional Indígena saludamos a nuestras hermanas y hermanos del pueblo nahua de la Sierra Norte de Puebla y a su digna lucha por anular las concesiones mineras que el mal gobierno capitalista, de antes y de hoy, entregó a los dueños del dinero apoyado en una Ley Minera que nació de la traición a los Acuerdos de San Andrés y de la violación a nuestros derechos fundamentales, sin importarle que se destruya el medio ambiente, que se devasten culturas y que se agote la esperanza de la vida; esa que los pueblos hablamos cuando emprendemos juicios o alzamos la voz de todas las formas que tenemos a nuestro alcance.

De frente a las condiciones adversas que vivimos como humanidad y ante la proliferación de la enfermedad llamada capitalismo que hoy se expresa en la pandemia del Covid-19 y que amenaza la vida en el planeta, profundizando su presencia en todos los rincones; asumimos y asumiremos ineludiblemente cuidar, defender y sanar a nuestra madre tierra. En ese sentido es que hacemos propias las exigencias del pueblo nahua de los municipios de Cuetzalan del Progreso, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac, Puebla, de que sean anuladas todas las concesiones mineras que amenazan la vida de la región, haciendo extensivas estas exigencias a las concesiones que existen en todo el territorio nacional.

Asimismo reconocemos y respaldamos la lucha de los Consejos Maseual Altepetajpianij y Tiyat Tlali, así como del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan y de las organizaciones que los apoyan, exigiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera, recordando que las leyes impuestas por los malos gobiernos no respetan los derechos colectivos que tenemos los pueblos originarios, pues, lo único que sí respetan es la ganancia ensangrentada de las grandes empresas.

Llamamos a los colectivos y organizaciones honestas y a los pueblos del mundo a estar atentos de las resoluciones y acciones que el corrompido poder judicial y el mal gobierno lleguen a adoptar, así como de la palabra de nuestras compañeras y compañeros del pueblo nahua de la Sierra Norte de Puebla para actuar con solidaridad.

Atentamente
Mayo de 2020
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros

Coordinación del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno

Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”

Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta, Veracruz

Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, Quintana Roo

Resistencia Civil de Candelaria, Campeche

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura, Estado de México

Movimiento Agrario Indígena Zapatista

Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

Red Unidos por los Derechos Humanos, A. C., Veracruz

Unión de Pueblos y Comunidades Purepechas, Ciudad de México y Michoacaán

Consejo Supremo Indígena de Michoacán

Servicios para una Educación Alternativa, A. C.

Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Campeche

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Oaxaca

Casa de Salud de la Comunidad Indígena de Tuxpan, Jalisco.

Comuna Purépecha

Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui, Pueblo de Vicam

https://wp.me/p8qHTQ-1y1

El periodismo comunitario  y responsable, como antídoto contra la información mercantil al servicio del capital.

ROMPIENDO EL CERCO

COLOMBIA:  Resistencia de liberacion de la Madre tierra en medio de lapandemia. Solidaridad resistencia contra los ataques de la empresa Incauca, el gremio Asocaña y el estado colombiano en su conjunto. Liberacion de la Madre tierra

PALESTINA:  Israel ataca a Gaza sin compasión en plena pandemia. Federacionpalestina

PERÚ: Wampís de Morona alertan que Geopark los estaría exponiendo a la Covid-19
nacionwampis

GUATEMALA:  Otro proyecto de solidaridad que brinda un plato de comida en el centro histórico de la capital de #Guatemala #COVID_1. Prensa Comunitaria

PÁNAMA:  Continúan las protestas en reclamo al apoyo solidario. Radiotemblor

GLOBAL GEEK: Seguridad digital en cuarentena. La opcion Jitsi y los problemas de prinvacidad con Zoom. Radios Libres y Surciendo.

ITALIA: Empieza fase para reducir medidas de contingencia. Annuska

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

CDMX: Falleció Jaime Montejo, activista de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”.  Educaoaxaca

CDMX: Mucho “lávate las manos”, pero no hay agua en Tláhuac. Regeneracionradio

MEXICO: AMLO y sus fake news.
Reciben 87 llamadas por hora al 911 para denunciar violencia familiar. Redes.
Familia, la institución social más violenta de México, afirma especialista. Redes

CHIAPAS: Firman indígenas de Chiapas contra Tren Maya. Tierradetodas

OAXACA:  Ataque armado y barbarie en la agencia de Huazantla en San Matero del Mar Oaxaca. CNI.

Buenos días, Durante la cuarentena por la pandemia Covid 19, los Pueblos Originarios son población vulnerable, en mayor riesgo las comunidades en desplazamiento forzado bajo ataques armados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registramos agresiones a Pom, en Chalchihuitán, en la región Altos de Chiapas, en México.

Compartimos nuestra palabra urgiendo al Estado mexicano cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil. Adjunta y en la página www.frayba.org.mx

Agradecemos su valioso trabajo periodístico.

Azalia H. Rguez. Cel. 9671356978

Agresiones armadas, desplazamiento forzado, discriminación y COVID 19 Comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Chalchihuitán en mayor riesgo de crisis humanitaria.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró disparos de armas de fuego en contra de la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, Chiapas, México, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, en contexto de riesgo por emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid 19.

Testimonios indicaron que el pasado 1 de mayo de 2020, aproximadamente a las 08:00 horas, hubo actos de violencia armada que aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en comunidades que pertenecen al Pueblo Maya Tsotsil:

[…] un grupo armado de corte paramilitar vestidos de negro dispararon, esto sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom del municipio de Chalchihuitán, esto ha traído mucho miedo entre las y los desplazados, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar.

[…] Es difícil encontrar como alimentarnos en esta situación; las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del COVID, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela, tampoco podemos comprar en la comunidad porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares.

Esta situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de COVID 19 a las 273 familias, un total de 1236 personas desplazadas forzadamente, debido a que se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada, ni agua potable, en carencia de servicios de salud accesibles y de calidad. De especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, en las comunidades desplazadas de K’analumtik, Pom, Ch ́enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán y Majompepentik municipio de Chenalhó. A pesar de que las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en deslazamiento forzado, de Chalchihuitán y Chenalhó,

anteriormente mencionadas, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 882-17)1 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 87/20182, las autoridades del Estado mexicano no han cumplido de manera eficiente yhttps://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/200506_boletínSan Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10_10_chalchihuitan.pdf eficaz con implementar las acciones necesarias para protegerlas.

Cabe señalar que históricamente las comunidades de Pueblos Originarios son uno de los sectores más vulnerables a consecuencia de la desigualdad caracterizada por la discriminación, exclusión y pobreza, que conlleva a una violación estructural y sistemática de derechos humanos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el municipio de Chalchihuitán ocupa uno de los primeros lugares de pobreza extrema (79.8%), la cual se agudizó desde los hechos de violencia perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, que provocó el desplazamiento forzado de 5023 personas, desde octubre de 2017.

La Organización de Las Naciones Unidas indicó que: “Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas… son también custodios de una gran riqueza de conocimientos y prácticas tradicionales, lenguas y culturas, que incluyen respuestas a las crisis probadas en el tiempo”3. Se les debe incluir de manera participativa, culturalmente apropiada y respetuosa de sus derechos, en las respuestas a la pandemia y sus impactos.

Por lo anterior el Frayba solicita de manera urgente al Estado mexicano:

Garantice los derechos humanos a Pueblos Originarios en desplazamiento forzado, en doble riesgo por ataques armados y por la pandemia de Covid 19: a su integridad y seguridad personal; acceso al agua, al saneamiento y a instalaciones de higiene personal; a la alimentación; a la vivienda adecuada; a la información en su lengua para prevenir y tratar la enfermedad; a la atención médica oportuna y sin discriminación; al consentimiento libre, previo e informado; a la libre determinación; a la participación de las mujeres y especialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en desplazamiento forzado de Chalchihuitán.

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. Comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó respecto de México. 24 de febrero de 2018. 2 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación No. 87/2018. Sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. 28 de diciembre de 2018. 3 Organización de Las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas y la pandemia de Covid 19.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10

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