Habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón:
Habitantes de la Sierra Mazateca:
Habitantes de Oaxaca, de México y el Mundo:

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad vemos con mucho regocijo la firmeza con la que exigieron justicia frente a los recientes y atroces acontecimientos donde el uso ilegal e irracional de la fuerza pública lastimó y quitó la vida a un menor de edad de Eloxochitlán.

No debemos olvidar el motivo por el cual el niño Gelacio P.R., de quince años, fue atacado con una fuerza desproporcionada. Gelacio se opuso a la detención de su padre, puso el cuerpo para salvar a su padre de una detención arbitraria.

Las detenciones arbitrarias, la prisión injusta, la prisión política no son asuntos desconocidos para las infancias de Eloxochitlán; han generado en ellas, el vivir con miedo y terror ante la posibilidad de que algún día las fuerzas armadas irrumpan su hogar.

El menor Gelacio era originario de la localidad de Agua Iglesia, de donde también son originarios los presos políticos Francisco Durán Ortiz y Herminio Monfil Avendaño. Herminio fue detenido arbitrariamente el 14 de diciembre de 2014, sin explicársele los motivos, mucho menos traducirle al mazateco qué estaba pasando y por qué lo llevarían hasta la ciudad de Oaxaca, él no habla español y fue llevado a seis horas de viaje. En junio de 2018, la policía municipal también armada, detuvo a Francisco, lo hizo de forma irregular. Francisco fue torturado, ahí, enfrente de sus hijos. Uno de sus hijos, el de quince años, corrió y logró subir a la camioneta donde echaron a su padre, pero los policías lo bajaron… Así, el testimonio de los hijos de Francisco se difundió entre las infancias de Agua Iglesia; así, ese testimonio llegó al niño Gelacio, vecino de los hijos de Francisco.

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[podcast]https://ia902602.us.archive.org/34/items/noticiasdeabajo_6junio2023/noticiasdeabajo_6junio2023.mp3[/podcast]

Rompiendo Fronteras

• GLOBAL: Llamado global a solidaridad con comunidades zapatistas agredidas por paramilitarismo y complicidad gubernamental.
• GLOBAL: Día internacional de la trabajadora sexual. Entrevista a Brigada Callejera. Noticias de abajo.
• PÍLDORAS DE SALUD: Cápsula sobre la diabetes. Por Mar.

Desde esta región llamada México

• JALISCO: El Halconazo Tapatío 5 de junio no se olvida. Por Tasha.
• OAXACA:  Eloxochitlan denuncia campaña de hostigamiento ante detencion de miembros de la Asamblea Comunitaria. Organizaciones se pronuncian contra el caciquismo local y la impunidad que le otorga el mal gobierno.  Plantón de mujeres Mazatecas y Centro Vitoria
• PUEBLA: Acoso y persecución a defensores del agua y el territorio. Colectivos demandan el fin del acoso a Alejandro Torres Chocolatl y a Miguel López, comunicadores perseguidos por defender la madre tierra. La Flor Periódico
• CHIAPAS: Se desborda la violencia en Chiapas., Grupo armado asesina a 8 indígenas que tenían un año desplazados. En Chiapas hay más de 5000 desplazados forzados dentro de una política contrainsurgente.

Fuentes Desinformémonos, redes.

Música

• Son tus derechos – Fuxtones en cover de The Clash
• Sin papeles- Che Sudaka

«Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente; para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas; para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad.»

Audiovisual 1:

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Fuente: Avispa Midia

Por Nolan Peltz

^{Familiares de Miguel Peralta exigen cese a la persecución política en su contra, y libertad para los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón}

La libertad de Miguel Peralta Betanzos pende de un hilo. Indígena mazateco, defensor comunitario, anarquista, Peralta es uno de los treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón que han enfrentado persecución política y/o encarcelamiento tras violencia en el municipio indígena mazateco en 2014.

El 14 de diciembre de ese año, una campaña de represión y terror caciquil llegó a su punto culminante cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado mientras se reunía para elegir a una autoridad municipal en el centro del pueblo. La violencia subsiguiente dejó varios heridos y, poco después, una persona fue declarada muerta en circunstancias inciertas.

La represión siguió inmediatamente. Treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria fueron acusados de diferentes delitos relacionados con los acontecimientos de ese día. Los cargos no corresponden a los responsables de la violencia, sino que señalan a quienes han participado activamente en la asamblea comunitaria, resistiendo la influencia caciquil y de los partidos políticos en la comunidad, luchando por la autonomía y la toma de decisiones en colectivo.

Actualmente, ocho integrantes de la asamblea comunitaria permanecen encarcelados en diferentes prisiones del estado de Oaxaca: Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Omar Morales, Francisco Durán, Marcelino Miramón y Paul Reyes, la mayoría de los cuales lleva años sin sentencia. Además, permanecen activas trece órdenes de aprehensión contra integrantes de la asamblea comunitaria, incluyendo una contra Miguel Peralta, quien ya tiene una sentencia condenatoria pendiente en su contra de cincuenta años.

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En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores (GLR, Viejas y nuevas guerras sucias, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).

Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.

Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.

Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.

¿Se prepara otro crimen de Estado?

CDMX: Manifestaciones en solidaridad con los Zapatistas agredidos y presos en Chiapas por paramilitares ligados al mal gobierno.

Viernes 26 de mayo, 9am frente a Palacio Nacional y a las 7pm en Gobernación

Este viernes 26 de mayo salgamos a las calles ante los recientes ataques armados de la ORCAO en contra de comunidades Base de Apoyo del #EZLN en donde resultó herido de gravedad Jorge López Sántiz y por la libertad de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo injustamente preso en el penal de Ocosingo, Chiapas

Ante este panorama de guerra, movilizarnos es urgente.

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

_{En portada: Tajo a cielo abierto de la minera anglo canadiense Newmont-Goldcorp en Zacatecas. Foto: Adolfo Vladimir}

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó, el 8 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la Ley Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, aprobadas el 28 de abril por el Pleno del Senado de la República.

Mientras los cambios fueron celebrados por muchos activistas ambientales y organizaciones, el abogado agrario que integra el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, clasificó las reformas como hechas “a la mitad”.

“No hay lugar a las medias. Se ocupa una política profunda y comprometida. Es necesario comprometernos de manera seria y decidida. Porque realmente está en riesgo la humanidad y la vida en este planeta”, declaró durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas.

Uno de los cambios “a la mitad” es la reducción de la duración de las concesiones mineras, pasa de 100 a 80 años. El texto original de la reforma, enviado por el Ejecutivo para aprobación del Congreso de la Nación, previa la reducción para 30 años.

“El presidente mandó al Congreso una iniciativa que, hay que decirlo, contenía elementos importantes para restringir la actividad minera y para poner límites a las empresas mineras”, admite el abogado.

Sin embargo, el proyecto llegó a la Cámara de Diputados y se detuvo. “Empezaron las negociaciones con la Cámara Minera. Vinieron los cabilderos del gobierno de Canadá. Y se cambia la iniciativa”, sostiene.

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Video: Colectivo Altepee del Sur de Veracruz

Manuel Gómez Vázquez está injustamente preso desde hace dos años y cinco meses. Pertenece al pueblo maya-tzeltal, habla poco la castilla, tiene 22 años y es campesino. Fue detenido de manera ilegal el 4 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias. Manuel fue torturado y tratado cruelmente. Un día después de su detención, fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Ocosingo, Chiapas, y a policías de investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena dependiente de la Fiscalía General del estado. Sólo hasta el 9 de diciembre, es decir, cinco días después de su ilegal detención, Manuel fue puesto a disposición de un juzgado. Vale destacar que, al momento de la detención de Manuel, el presidente municipal de Ocosingo, así como el gobernador del estado de Chiapas, pertenecían a Morena.

A Manuel se le acusa de un asesinato que no cometió. Entre el 4 y 5 de diciembre de 2020, en el ejido el Censo, en el municipio de Ocosingo, de donde es originario Manuel, se suscitaron hechos de violencia en los que cuatro personas fueron asesinadas. La Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel, quien en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio, ha señalado el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Manuel lleva preso dos años y cinco meses aun cuando no existen pruebas para acusarlo. Incluso, se ha comprobado la fabricación de pruebas en su contra. Tampoco existen necropsias del homicidio que se le imputa, y los tiempos para su proceso se han extendido al gusto de la fiscalía. Además, el Poder Judicial del estado tampoco ha respetado el hecho de que la prisión preventiva no pueda ser superior a dos años.

Manuel y su familia son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su comunidad es parte de la red de comunidades que se organizan en el municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón, del caracol 9, Nuevo Jerusalén en honor a la memoria del compañero Manuel. La junta de buen gobierno de este caracol es la de el pensamiento rebelde de los pueblos originarios, en la Chiapas Zapatista. Manuel y su familia son parte de una organización que tiene su propio gobierno autónomo, sus cooperativas, que arrebató la tierra a finqueros y terratenientes, que ha construido sus propias escuelas y hospitales, que defiende la vida y el territorio. O sea que Manuel y su familia viven en resistencia y rebeldía, y hasta ahora, todo apunta a que ese es el delito por el que lo mantienen preso.

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