Latinoamérica
La Puya: 10 años de resistencia a la minería en Guatemala
Fuente: Avispa Midia
En portada: Mujeres del plantón en La Puya reciben apoyo y solidaridad de colectivos y organizaciones feministas de Centroamérica. Foto: Radio Victoria
Este mes de marzo marcó el cumplimiento de una década en la lucha de las comunidades integrantes de la resistencia pacífica de La Puya, en Guatemala. Fue el día 2 de marzo del 2012, cuando habitantes de las comunidades pertenecientes a los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, al atestiguar el tránsito de maquinaria pesada por su territorio, se enteraron de las actividades del proyecto minero Progreso VII Derivada, a ser explotado por una filial de la norteamericana Kappes, Cassiday y Asociados (KCA).
Ante ello, una a una, las personas se congregaron con el afán de proteger sus fuentes de agua, tierras y el medioambiente. Para detener las operaciones extractivas, instalaron un plantón permanente, el cual, pese a reiterados ataques, ha bloqueado efectivamente el acceso a la mina de oro por más de una década.
“Nuestra preocupación fue tan grande que nos indujo a que hicieramos esa acción, la cual fue sujeto de una serie de intimidaciones de parte de la empresa y también con apoyo de las autoridades de Guatemala”, relata para Avispa Midia José Ángel Llamas, integrante del movimiento que se ha caracterizado por su resistencia no violenta.
Asesino de Berta Cáceres busca beneficiarse con la Ley de Amnistía
Por Ñaní Pinto | Avispa Midia
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció que el principal implicado en el asesinato de Berta Cáceres, David Castillo, busca beneficiarse con la Ley de Amnistía para cerrar caso en su contra por corrupción en el fraude del río Gualcarque.
Castillo es acusado de corrupción en el licenciamiento del proyecto Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, por los delitos de fraude y uso de documentos falsos.
Castillo, ex gerente de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa), y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres se oponía, ya había sido declarado culpable, en junio del año pasado, como coautor en el asesinato de la defensora de los derechos humanos hondureña, en 2016.


