Miles de haitianos y haitianas marcharon el domingo 28 de febrero en la capital Puerto Príncipe y en varias otras localidades de provincias para decir no a la permanencia del presidente Jovenel Moïse en el poder, que consideran un regreso a la dictadura. También protestaron contra la inseguridad y el brutal aumento de los secuestros, y expresaron su rechazo hacia la representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su país.
Desde el inicio de febrero, la oposición y gran parte de la población de la isla están denunciando la decisión del Presidente Jovenel Moïse de quedarse en el poder hasta 2022.
Según la Constitución de Haití, el período presidencial comienza el 7 de febrero siguiente a la fecha de las elecciones, que se celebran cada cinco años. El mandato del presidente comenzó en 2016, tras una elección que ganó en octubre de 2015. Sin embargo, el resultado de esa elección de 2015 fue impugnado por acusaciones de fraude electoral, lo que llevó a una nueva elección, organizada en noviembre de 2016, que también ganó Moïse. El mandatario argumenta ahora que su mandato no termina hasta el 7 de febrero de 2022, contando cinco años a partir de febrero de 2017, cuando asumió el cargo tras las elecciones de noviembre de 2016.
El conflicto de interpretación fue resuelto por el Consejo Judicial Supremo de Haití, el cual dictaminó el 6 de febrero que el mandato de Moïse expiraba ese día, haciendo una interpretación restrictiva del Artículo 134 inciso 2 de la Constitución de 1987, y estableciendo que la presidencia de Moïse culminó el pasado 7 de febrero, a cinco años de realizadas las elecciones que en 2016 lo llevaron al poder.
A pesar de la decisión del CJSH, Moïse se ha negado a dejar el poder hasta la fecha. Cabe señalar que la OEA (Organización de Estados Americanos) y el gobierno de Estados Unidos han aceptado esta interpretación, aportando su apoyo a Moïse.
El 7 de febrero, el ministro de Justicia de Haití, el director interino de la Policía Nacional y varios agentes de seguridad de la Unidad General de Seguridad del Palacio Nacional detuvieron a 18 personas acusadas de conspiración contra el gobierno. Moïse afirmó que los arrestos se basaron en información de los servicios de inteligencia sobre un presunto intento de derrocar a su gobierno. En respuesta, sectores de la población empezaron a acusar a Moïse de estar orquestando un “autogolpe de Estado”.
El 8 de febrero, la oposición y las organizaciones de la sociedad civil designaron a otro juez del Tribunal de Casación, Joseph Mécène Jean-Louis, presidente interino. Este último aceptó este nombramiento para convertirse en “Presidente de Haití con carácter provisional y transitorio”. Con esa iniciativa, la oposición y la mayoría de la población exigen no sólo la salida inmediata de Moïse sino que se inicie una “transición de ruptura” con el actual régimen, con cambios profundos en la organización del país.
Sin embargo, el mismo día, Moïse emitió un decreto ordenando la “jubilación” de tres jueces del Tribunal de Casación: Dabrésil, Jean-Louis y Wendelle Coq Thélot. Los acusó de haber “intentado llegar a la oficina presidencial sin pasar por una elección.”
El 11 de febrero, Moïse nombró por decreto a tres nuevos jueces del Tribunal de Casación – Octélus Dorvilien, Louiselmé Joseph y Pierre Harry Alexis – sin respetar los procedimientos previstos por la Constitución.
Una crisis esperada
Lejos de ser una sorpresa, la crisis actual es la continuación de una crisis mucho más profunda en la isla caribeña, la cual se vio reflejada desde 2018 por una ola de movilizaciones sin precedentes, en rechazo a la corrupción, la pobreza, las desigualdades y el régimen encarnado por Jovenel Moïse.
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Ante los hechos, Jovenel Moïse respondió con desprecio y represión. Además, el 26 de noviembre de 2020, firmó dos nuevos decretos que sirvieron para crear una agencia de inteligencia y para tipificar
como “terrorismo” los actos de vandalismo.
La situación siguió deteriorándose especialmente en términos de inseguridad con el fuerte aumento de los asesinatos y secuestros por parte de bandas armadas.
Violencia paramilitar
El alza de violencia que se vive en las calles haitianas corresponde justo con el periodo de protestas que inició en 2018. En los últimos años, varios grupos armados se fueron consolidando con el objetivo de desmovilizar a la población y controlar la insurrección.
“Lo que observamos en el país son altos índices de violencia política organizada. Nos referimos con esto a que los actores de la violencia más flagrante en el país -notablemente grupos criminales, bandas armadas, paramilitares- son actores orgánicamente ligados al poder político, al Estado y a los poderes internacionales. La mayoría de estos grupos han sido montados y financiados por senadores, ministros y presidentes, cuando no directamente estimulados por las potencias imperialistas”, explica Lautaro Rivara , en una nota intitulada Siete tesis equivocadas sobre la situación en Haití, publicada por La Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).
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Como lo detalla Rivara, “el gobierno ha tejido una firme alianza con una suerte de coalición de grupos delincuenciales denominado el ‘G9’, el cual co-gobierna hoy el territorio haitiano en ciertas regiones, incluso con un dominio más sustantivo que el del propio Estado. Ya no basta la panoplia de fundaciones, agencias de cooperación, ONG’s coloniales e iglesias neopentecostales norteamericanas que han intentado cooptar y desmovilizar a los movimientos rurales y urbanos, difundiendo teorías coloniales, teologías mercantiles y concepciones pseudo desarrollistas, y compitiendo por lo que consideran una clientela cautiva. El poder duro pero invisible se ejerce a través del fomento del narcotráfico, el crimen organizado y el paramilitarismo.”
Intervencionismo y relaciones neocoloniales
A pesar de la magnitud de las protestas y de las obvias violaciones a los Derechos Humanos orquestadas por el poder, Jovenel Moïse sigue gozando del apoyo de la llamada “comunidad internacional”.
Ese apoyo casi incondicional es representativo de una larga historia de injerencia en el país por parte de países como Estados Unidos, Francia, Canadá, así como de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas y grupos de interés como el Core Group -conformado por los países autodenominados ‘amigos de Haití’, la mayoría europeos, con intereses mineros, migratorios, financieros o geopolíticos en el país.
“El auge del llamado ‘intervencionismo humanitario’ en la post Guerra Fría, o de ideologemas parecidos como la ‘responsabilidad de proteger’ (R2P por su acrónimo en inglés) o el ‘principio de no indiferencia’, se han plasmado, en el laboratorio haitiano, en las innumerables misiones civiles, policiales y militares que desembarcaron en la costa occidental
de la isla, desde la pionera MICIVIH [Misión Civil Internacional en Haití] en el año 1993, hasta la tristemente célebre Misión de las Naciones Unidas para la
Estabilización en Haití (MINUSTAH) durante el período 2004-2017″,
detalla Rivara.
El 15 de Octubre de 2017, la MINUSTAH cambió su nombre al de Misión de Apoyo a la Justicia de las Naciones Unidas en Haití (MINUJUSTH), y pasó a ser una ‘misión de mantenimiento de la paz más pequeña’. Dos años después, la ONU anunció el final de la misión militar que duró más de 15 años, para transicionar hacia una misión política con la instalación de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh), que sigue vigente hasta la fecha.
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En el marco de su ‘misión de paz’, la ONU y el Core Group no sólo se dieron a la tarea de participar de la seguridad pública sino que también se dedicaron a ‘acompañar’ los procesos electorales, ya sea para la organización de elecciones presidenciales, legislativas o municipales.
“En realidad eso significó decidir quién debe o no ser elegido, a través de fraudes electorales”, afirmó el abogado y activista Guy Laurore Rosenez en entrevista para Avispa Midia.
El actual régimen encabezado por Jovenel Moïse y el Partido Haitiano Tèt
Kale, más conocido como ‘régimen PHTK’, es el producto de esa política
intervencionista.
“Quienes desde el norte global gustan señalar y medir los déficit democráticos de los países periféricos (…) suelen detenerse en señalar la cantidad de gobiernos y presidentes que Haití ha tenido en los últimos años, como inequívoco síntoma de inestabilidad política. Sin embargo, suelen no mencionar que desde el año 1957, todos los gobiernos de Haití -con la salvedad del primer gobierno del cura progresista
Jean-Bertrand Aristide y más tarde el de su delfín René Préval- llegaron al Palacio Nacional con la mediación, la intervención, el golpe o la ocupación por parte de las sucesivas administraciones norteamericanas, hayan sido estas demócratas o republicanas”, detalla Rivara.
