represión
Oaxaca: la realidad subterránea de los despojados urbanos por la turistificación
Fuente: Avispa Midia
Por Jorge González
Foto de portada: Santiago Navarro F.
Del 15 de mayo hasta el 11 de junio de 2024 mantuve mi puesto de libros día y noche en el plantón magisterial del zócalo de la ciudad de Oaxaca. Este texto es resultado de un conjunto de impresiones, diálogos y vivencias recuperadas desde hace un año durante la toma del zócalo hasta el Operativo Pescador efectuado recientemente en la Central de Abasto, pero también de la necesidad de hablar respecto al tema de las adicciones, las drogas, la criminalización, el despojo, la gentrificación y la turistificación que en su conjunto no es más que hablar de lo que significa vivir en esta ciudad capital.
El año pasado dos vecinos cercanos, uno de 17 y otro de 34 años, se suicidaron en sus hogares. Ambos estaban desempleados y fueron consumidores de cristal hasta sus últimos días.
Es importante hablar de esta guerra social en la cual la droga y la miseria conviven a diario, y en la que una es utilizada como justificación para criminalizar a la otra.
Los intereses del capital prevalecen ante la vida, un discurso desarrollista cimentado en la mercantilización cultural y territorial es impulsado por los gobiernos, el despojo sigue avanzando tanto como las problemáticas que de él derivan, sembrando impotencia y dolor en una colectividad que se niega a mirar su propio reflejo.
El plantón no sólo es una cuestión gremial. Una economía subterránea se inaugura en cada temporada de protestas y los beneficiados no sólo son los militantes de las organizaciones sociales aliadas o del sindicato de maestros, sino también artesanos, artistas independientes, pequeños comerciantes, desempleados, campesinos, obreros, gente sin hogar, migrantes, viajeros sin presupuesto y los yonquis de la Central de Abasto.
Lo que aparentemente constituye un golpe para la industria turística en cada temporada de protestas, por otro lado, es un respiro económico para la fauna que no encaja en el Oaxaca de moda.
Hay ecosistemas que florecen y desaparecen casi al instante. El plantón, por ejemplo, es un hábitat efímero en donde confluyen personalidades y situaciones que superan cualquier discurso o propaganda mediática.
Ni el más encumbrado intelectual ni el periodista o escritor más progre, ni la tesis estudiantil más refinada ni este texto, engloban o definen la vida que se desarrolla en las entrañas del centro de Oaxaca cuando es tomado por las bases del magisterio oaxaqueño y sus aliados.
Aquí la resistencia no está en lo visible y evidente, sino en las múltiples posibilidades que germinan cuando el espacio público es tomado por el pueblo oaxaqueño y sus diversos rostros interactúan abiertamente.
Mientras escribo un par de apuntes, el Profe irrumpe recitando un fragmento de su último poema: “Porque cada piedra es una sílaba del inmenso nombre que entre todos deletreamos”. Me mira fijamente gesticulando un rostro irónico y sombrío, como si fuera el mismísimo diablo jugando con mi mente: “¿qué pedo, sigues fumando cristal a escondidas?”, me vacila, llamando la atención de un par de lectores despistados que buscan algún título en la mesa de libros que he montado.
La primera vez que conocí al Profe fue en el festival independiente Lux Vocis de 2021 durante el Oaxaca pandémico de “la sana distancia” y la psicosis colectiva. Coincidimos por un amigo en común al que apoyamos en un proyecto artístico comunitario de intervención lumínica urbana. En aquella ocasión el Profe presentó un performance inspirado en el teatro independiente del finado Enrique Cisneros, aquel Llanero Solitito que fundó en 1973, junto con otros estudiantes de teatro, el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA).
“La contracultura es esto: la toma del espacio. Aquí es como un charco al que llegan zancudos, libélulas, ranas, sapos y hasta nacen peces. Sólo es por temporadas, cuando cae la lluvia. La gente es culera, cree que nos conoce, pero no es así. A los de la Central los estatales nos ubican y no nos dejan subir al centro, si nos ven por aquí nos basculean en corto. Lo loco del ambiente es que te vuelves amoral, no antisocial, dejamos la moral preestablecida y construimos otra cosa. Tenemos nuestros propios códigos. No cagamos donde comemos, pero al mismo tiempo la necesidad pone a prueba nuestro ingenio, pues tenemos que generar entre 300 y mil pesos diarios mínimo, claro, eso dependiendo de lo que consumas y cuánto consumas. No siempre es posible robar. Los que roban de verdad están bien vestidos, los yonquis requieren pensar más pues tienen en su contra a la sociedad y sus etiquetas morales de por sí”.
El Profe comparte su visión mientras prepara la próxima dosis de negra (heroína) que le calmará la última malilla (síndrome de abstinencia) del día.
“La malilla de negra está de la verga. Te cala hasta los huesos”, advierte el Profe mientras se limpia el sudor de la frente. Cierra los ojos, inhala y exhala. Saca un pedazo de aluminio. Corta un poco de goma y la coloca encima. Prende fuego por debajo y en breve aspira el humo por un tubo de vidrio delgado que lo conduce hasta los pulmones, para después salir en bocanada como vapor caliente. No hay testigos: ni policía estatal ni profesores ni ciudadanos ni clérigos, sólo un círculo de adictos en relativa igualdad de condiciones. No hay palabras, sólo un tibio silencio que aparenta calma.
El Profe enciende un cigarro y retoma el diálogo: “No busco felicidad, busco paz y se llama heroína. Me detectaron un tumor en la cabeza hace poco. Yo no me aferro a la vida, asumo las cosas como vienen”. Le da un fume a su cigarro, cavila unos segundos y continúa hablando: “He caído bajo, lo sé, ¡bien bajo!, pero no tanto como un dirigente sindical o un gobernador. ¡Hay niveles de dignidad y eso no hay que olvidarlo!”, la efusividad del comentario provoca risas indiscretas y capta la atención de un grupo de profesoras.
El frío nocturno transcurre alrededor de una fogata común: la droga. De alguna forma los yonquis se sienten seguros en el centro del campamento, quizá es porque durante estos días el primer cuadro no le pertenece a la policía estatal ni a los inspectores, o quizá sea porque una librería ambulante es un refugio seguro para mimetizarse. Sólo requieren actuar con discreción y lo saben, no son estúpidos. La fórmula con el tubo de cristal la repiten otros tres adictos que a contraluz semejan rostros párvulos de mirada ansiosa y taciturna. Son poco más de las tres de la mañana y la madrugada se perfila en retirada hacia el alba.
La catedral barroca se impone a nuestras espaldas. Comienzan a pasar los primeros barrenderos municipales, casi amanece. Por un momento me imagino en la Oaxaca del siglo XIX, aquella en la que cada sábado el zócalo se convertía en un mar de gente que vendía y truequeaba por todos lados. Y en la que, parafraseando al historiador Juan Sánchez García, el mercado municipal y el espacio público eran literalmente subastados para ser subarrendados por el aristócrata prominente del momento.
Por ejemplo, cuenta que “una familia muy liberal”, la del político y militar José María Castellanos, un hombre cercano a Benito Juárez, encargado de suprimir la rebelión juchiteca de 1851 y alcalde del ayuntamiento de Oaxaca en 1832, durante casi un siglo fue la encargada de cobrarle a los campesinos y pequeños comerciantes por laborar en el mercado y en el tianguis de los sábados.
Las cuotas dependían de la extensión ocupada y la unidad de medida para determinarlas era el petate. Los comerciantes pudientes rentaban las “tareas”, que equivalían a más de un petate, y los menos pudientes sólo rentaban “la sombra sencilla común y corriente de un petate”.
Los vendedores ambulantes más pobres ofertaban sus productos a salto de mata, cuidándose de que los inspectores y la policía no los arrestaran, situación que no ha cambiado mucho hoy en día en el primer cuadro del Oaxaca turístificado.
Un Oaxaca en el que la burocratización del espacio y el cobro abusivo por parte de organizaciones sociales y el gobierno municipal, prevalece.
Erick Yurem o el Profe, como lo nombra el escuadrón yonqui, tiene un rostro cavernario que no aparenta más de cuarenta años. Su abismal mirada refleja los andenes nocturnos del Oaxaca invisibilizado que el Estado pretende encubrir con el Oaxaca de moda, esa mezcla de mercantilización cultural, paraíso turístico, segregación racial y explotación laboral. Su trayectoria como Asesor Técnico Pedagógico (ATP), performer, artesano, profesor, pintor, políglota, poeta, lector asiduo y hoy un disciplinado consumidor de heroína que hasta hace poco desconocía estar en la antesala de las quimioterapias, es insospechada ante ojos ciudadanos.
Actualmente, Yurem asegura estar trabajando en una novela sobre la Central de Abasto, un espacio que sus pies reconocen más que él mismo y “al que tarde o temprano la sed [de droga] te hace volver”.
El vínculo entre los yonquis y el movimiento social oaxaqueño existió en el 2006. Tras la derrota de la policía estatal en su burdo intento por desalojar el plantón magisterial el 14 de junio de ese año, ordenado por el entonces gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, por más de nueve meses estalló una revuelta popular generalizada en la que florecieron barricadas en la mayoría de barrios y colonias populares de la ciudad de Oaxaca y municipios aledaños, ya no sólo en apoyo al movimiento magisterial, sino abanderando demandas propias, dando cimientos a expresiones espontáneas y organizativas más allá de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Más de una barricada, por ejemplo la de Cinco Señores, fue sostenida desde el principio y hasta el último momento por los yonquis y la fauna callejera que coincidió en los espacios tomados.
“La toma de Ciudad Universitaria en Todos los Santos”, crónica escrita por Alejandro Guzmán que describe la batalla del 2 de noviembre de 2006 entre el pueblo insurrecto y la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), menciona:
“…Ya son más: los de la APPO, los vecinos, los chismosos siempre presentes en las aglomeraciones urbanas, estudiantes parásitos e indiferenciados, los rockers y punketos, los maestros con sus hijos, los rojillos, los universitarios que defienden a su ‘Alma Mater’, ‘ciudadanos conscientes’ o medianamente informados, los belicistas y belicosos que además odian a los uniformados, los chilangos y extranjeros ‘wanna be’s’, los yonquis sin remedio… El pueblo, pronto a la crueldad y a la cobardía, inhumano e irreflexivo, encuentra su lado generoso y valiente: se halla a sí mismo, en cantera transformado. Su apatía gatuna mutada en una solidaridad que se sabe única”.
El relato de Guzmán coincide con las reflexiones de Marco Espíndola, quien en su más reciente libro, ‘Ingobernables: apuntes sobre la juventud antiautoritaria oaxaqueña’ (2024), expone: “De quien venimos hablando es de un actor no tan nuevo, rezagado, mutilado, adormilado pero vivo: la comunidad espontánea. La masa marginal, el lumpen-proletario, noción ambigua que en nuestro país fue referido con el término ‘nini’ (ni estudia ni trabaja), como parte de una estrategia publicitaria del calderonato (ante la que se respondió con la campaña “¡ninis ni madres!”) para referirse a los excluidos, al ejército de reserva, a los que no tienen otra forma de vivir que, en los umbrales del terror, la barbarie, el silencio”.
Espíndola reivindica a las voces relegadas e invisibilizadas de una lucha social en donde la creatividad y la autodefensa popular puso en jaque al autoritarismo político tradicional y sentó un precedente de insurrección analizado hasta la fecha.
Y remarca específicamente a esta juventud marginal, a la masa anónima que sostuvo las barricadas, como “el último bastión”, como el primer frente en poner la carne y el alma ante la violencia estatal directa. Al mismo tiempo denuncia la politiquería y el aspiracionismo mezquino, corporativista y burocrático que cultivan las izquierdas y sus múltiples expresiones. Esa tendencia a priorizar una política formulada sobre dogmas, tradicionalismos y negociaciones infinitas, se queda corta ante un contexto que demanda la construcción de nuevos puentes de entendimiento y acción, aunque también menciona: “los que vivieron de forma directa o cercana el 2006, han ido construyendo una sensibilidad compartida desde una ética de resistencia y rebeldía” en que “el Estado, sus esbirros y la gente que responde por éstos” sigue siendo el enemigo común como en aquellos días.
El futuro político del país en aquel entonces tenía su mirada en el otrora Distrito Federal y en el sur de México. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador convocaba a sus seguidores a tomar el zócalo capitalino para denunciar el fraude electoral que posicionaría al panista Felipe Calderón en la Presidencia de la República de 2006 a 2012.
Más al sur, la rabia oaxaqueña y sus múltiples rostros, gestionaba sus utopías, sueños y realidades al calor de las barricadas y la lucha popular.
De igual forma, como una respuesta a la contienda electoral del Estado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzaba un comunicado para anunciar “La otra campaña”, en la que el Subcomandante Marcos recorrería con una delegación rebelde los 32 estados del país.
La transición hacia un nuevo rostro político se dibujaba como algo inminente a nivel nacional. Aún no surgía el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ni iniciaba el periodo más cruel y sangriento de “la guerra contra el narcotráfico” impulsada por el calderonismo y el gobierno norteamericano, una guerra que de 2007 a 2023 contabilizaba más de 420 mil personas asesinadas, de las cuales el 36 por ciento eran jóvenes de entre 15 y 29 años (153 mil, según cifras del INEGI).
Hoy gobierna Morena, pero el reciente descubrimiento de un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, destapó la continuidad de esta lógica de exterminio y desaparición que prevalece en México.
El reclutamiento forzado de jóvenes y la eterna lucha de las madres buscadoras es un tema recurrente, siendo la droga uno de los pilares que sostienen está economía de exterminio y dolor, más no el único.
En múltiples reportajes de diarios internacionales se ha evidenciado la red que existe entre la política oficial, el crimen organizado y la inversión de capital en todo tipo de negocios legales e ilegales, que van desde la esclavitud sexual y el cobro de piso hasta la industria restaurantera, ganadera y agrícola.
La rotación semanal de profesores ha dejado un espacio vacío de casas de campaña entre los merolicos y mi puesto de libros.
Los yonquis aprovechan y montan su base temporal aquí. Arman un tendido colectivo de pinturas enmarcadas, plumones, cofres de madera con acabados de repujado y artesanías de reciclaje. Todo hecho por ellos. Cada uno comparte su visión y cómo se gana la vida en el Oaxaca actual. Comparten alimento, agua y ropa si es necesario. Establecen relaciones económicas, afectivas y de apoyo mutuo. A veces liman asperezas con un tiro limpio o cuando todo se sale de control es posible recurrir al filero. Arman grupúsculos con sus iguales. De cierta forma intuyen que en un contexto hostil sólo se tienen a sí mismos, y entre ellos se reconocen e identifican porque comparten una geografía existencial común. Aquí la necesidad y la malilla ponen a prueba su destreza para generar dinero y relaciones sociales de supervivencia.
“La mejor hora para atrapar palomas es entre las 6 y las 8 de la mañana”, asegura el Platanito mientras teje con destreza un chapulín de palma. “El lance tiene que ser certero. Caminas tranquilamente y esperas a que estén en grupo, así se confían. Lanzas el manotazo y ¡mocos!, la atrapas. Mi récord son 15 en un día. Me las pagan en la central de a 60 cada una, las ocupan para comida, brujería y como mascotas. Desde hace cinco años llevo mis gastos entre la palma y las palomas, principalmente, pero ahora que tengo morra estoy generando menos. Ya sabes, el tiempo, y uno se reporta”.
¿Cómo se te ocurrió lo de las palomas?, lo interrumpo. “La creatividad es hija de la necesidad. Nosotros somos la economía de aquí, nos toca la chamba dura. Un día en la Central de Abasto es un día de trabajo. Hay que vivir”.
Alfredo, mejor conocido como el Platanito, es enfático: “la droga de moda es el cristal, pero no se compara con la heroína, aunque en ambos casos la malilla sólo descansa cuando descansamos”.
Las casas de campaña son golpeadas por la ventisca nocturna. Entre ronquidos y murmullos los yonquis se recuestan sobre cartones. Es momento de recuperar energía. El Platanito permanece despierto. En ningún momento deja de tejer sus chapulines y rosas de palma. Los primeros rayos de sol alumbran la plaza.
Es 4 de junio de 2024, han pasado dos días desde la jornada electoral municipal en la que ganaría el empresario mezcalero Ray Chagoya.
Su presencia pasaría inadvertida para los profesores: su pose actuada, con sonrisa relajada y bigotes a lo Mario Bros, la misma con la cual en múltiples ocasiones ha remarcado con entusiasmo su admiración y servilismo al actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y por supuesto, a su hermano, el secretario de gobierno de su administración, Noé Jara Cruz.
Más tarde, los profesores harían una denuncia pública contra el gobierno estatal por enviar a un grupo de choque del sindicato Confederación Joven de México a San Juan Bautista, la Raya, donde reportaron cinco profesores heridos y al menos 20 vehículos destrozados, durante una protesta en el aeropuerto.
La organización se desmarcó, pero lo cierto es que en lo que va del año 2025 se han registrado más denuncias similares, siendo la última la del ataque contra los artesanos del Tianguis Cultural Libertad y Resistencia, en pleno centro histórico de Oaxaca.
Estamos en 2025. “Bienvenidos a Oaxaca, esto es Oaxaca. Jodete Salomon Jara”, reclama Antonio a bordo de una patrulla estatal mientras se dirige a la cámara de un medio digital, el video se viraliza rápidamente por redes sociales.
Minutos antes, un oficial lo obliga a sacar sus pertenencias de la mochila, pero no encuentra nada, “¿Cómo ve jefe, nos lo llevamos?”, valoran la situación; “déjalo, vamos por otros”.
Antonio se confía porque no trae ninguna droga ni sustancia de ningún tipo, tan sólo una mochila con sus pertenencias y su guitarra, la herramienta de trabajo con la que labora todos los días tocando en los camiones, y con la que practica los cóvers y canciones de su autoría que toca con su banda de ska Los Meskalez.
Camina tranquilamente con rumbo a su segundo trabajo de obrero de la construcción, hasta que otro grupo de policías lo increpa y lo sube por la fuerza a una patrulla, sin mayor razón ni motivo que su aspecto físico.
Es un acto que recuerda las redadas de la policía de Estados Unidos promovidas por Donald Trump contra la población inmigrante e indocumentada, pero esto es una acción dirigida por un gobierno que se dice de izquierda y de la lucha social.
Estamos en la ciudad de Oaxaca, en la Central de Abasto, el corazón comercial que sostiene la economía popular oaxaqueña.
“Nos llevaron a San Bartolo, ahí adentro éramos como 200. Nos separaron en grupos y nos pidieron nuestros datos. De pronto todos se alocaron y empezaron a correr por todos lados, pero la policía los agarró de nuevo. Si mi jefa no hubiera visto el video ahí estaría. No sé qué situación ocurra con los otros, muchos de ellos eran malillas y yonquis, pero no había ningún ‘dealer’ ni nadie de los puntos.
“Todo mundo los conoce, los puntos de droga siguen funcionando como si nada. Son unos fascistas, a mí me detuvieron sólo por mi aspecto. Es que quieren inaugurar el nuevo mercado de la Central. Todo tiene sentido, no nos quieren en la foto”, asegura Antonio Ramírez, cantautor de la agencia de Santa Rosa.
Rememorando, en mayo de 2020, la Central de Abasto sufrió un incendio “accidental” que afectó al menos a 100 locatarios.
En aquella ocasión el cabildo municipal otorgó un apoyo simbólico a los afectados y el gobernador Salomón Jara anunció una inversión de 100 millones de pesos como parte del Proyecto de Rehabilitación de la Central de Abasto. El 9 de febrero de 2023 Jara hizo público un convenio con la firma de 35 líderes del mercado y aseguró una inversión de 218 millones de pesos para la reconstrucción de la zona de expendios de comida y pan.
También dijo: “no nos importa el color ni la religión, nos interesa Oaxaca, el pueblo”, y “los tres niveles de gobierno generarán alternativas para las personas con problemas de adicciones”.
Se aproxima la Guelaguetza 2025 y al parecer al gobierno le preocupa dar una imagen repleta de folclore y sonrisas en la que los yonquis y la gente pobre no entra en el concepto escénico. Es por eso que el pasado 16 de mayo inició el Operativo Pescador, en el que bajo el argumento del combate al crimen y la droga, más de mil elementos policiacos de los tres niveles de gobierno se dedicaron a perseguir a más de 400 personas, entre migrantes, gente sin hogar, yonquis y transeúntes.
Quizá se aproxime la inauguración del nuevo mercado en el que la inversión millonaria promete un espacio de acuerdo con los estándares que demanda la industria turística y las élites empresariales de Oaxaca.
La conexión entre el Oaxaca turistificado del primer cuadro del centro y la Central de Abasto avanza con la pretensión de construir una ruta ‘ad hoc’ a los intereses del Oaxaca Disney que satisfaga las necesidades del turismo de masas.
No es casualidad la remodelación que ocurre en el mercado 20 de Noviembre y por la cual fueron desplazadas las cenadurías históricas de alrededor.
Palabras como reordenamiento espacial, higiene visual, rehabilitación y mobiliario urbano son eufemismos que pretenden encubrir el despojo y el desplazamiento de los sectores más oprimidos.
Las imágenes de los detenidos fueron banalizadas en redes sociales mediante burlas y notas amarillistas, dando pie a narrativas de criminalización que el propio Estado utiliza para justificar sus actos contra los sectores más vulnerables o para justificar el asesinato de defensoras del territorio como sucedió recientemente con la activista mixe Sandra Domínguez.
No hay una reflexión respecto al tema, no se cuestiona el trasfondo de esta lógica persecutoria que usó de telón un operativo contra narcomenudistas y criminales que operan en la Central de Abasto.
La droga ha sido vinculada a estrategias de control social y financiamiento de grupos armados. En los años setenta la guerra contra las drogas sirvió para criminalizar a comunidades de negros, chicanos y comunistas en Estados Unidos. También ha sido utilizada como un mecanismo de contrainsurgencia por parte de la CIA, como en el caso de Nicaragua en los años ochenta.
En esa línea, los operativos de la Central de Abasto se presentan como combate al narcomenudeo, pero colectivos y organizaciones señalan una estrategia de control territorial contra vendedores ambulantes, migrantes y disidentes, así como una lógica de “limpieza social” para desplazar a poblaciones marginales y reconfigurar el espacio urbano, acelerando con ello un proceso de gentrificación y turistificación que beneficia a las élites de Oaxaca.
La droga consiste en el álgebra de la necesidad, una ecuación en la que el único elemento insustituible es el adicto, y mientras haya adictos habrá un mercado para la droga como establece el escritor norteamericano William Burroughs.
Bajo esta perspectiva, cualquier operativo que pretenda el Estado es contradictorio en sí mismo, si antes no se piensa en cuál es la condición social y psicológica que atraviesa el adicto y por qué existen cientos de jóvenes en condiciones de este tipo, es decir, cuáles son las condiciones generales que generan adicción en las calles y qué relación hay entre la miseria, la pobreza y la violencia económica que perpetúa el Estado.
Lo más fácil es atrapar adictos y abandonarlos a su suerte en la carretera, pero qué programas o políticas públicas hay en torno a este problema más allá de detenciones masivas, cuánto presupuesto es destinado a programas de acompañamiento y desintoxicación por parte de los gobiernos, sin que este sea un mecanismo de desvíos de recursos, claro.
La recuperación hoy es un jugoso negocio y hay clínicas que cobran entre 4 mil y 15 mil pesos mensuales, cifra que no todos pueden costear. Aunado a eso es importante remarcar que hay establecimientos en los que prácticamente se deja a la intemperie al adicto.
No son pocos los casos de denuncia en contra de establecimientos en los que se han documentado casos de tortura, violencia física e incluso violaciones. ¿Qué propuestas tienen los gobiernos ante una problemática que han permitido que crezca en la entidad?
Sea la administración de los Murat, los Jara o los Chagoya, Oaxaca está sumergido en una podredumbre social en donde el racismo, el clasismo y la violencia policial en contubernio con el crimen organizado sigue azotando a los sectores más vulnerables y precarizados de Oaxaca.
Con malos salarios, criminalizados y desesperanzados, miles de jóvenes oaxaqueños se han acostumbrado a la desesperación y la precariedad cotidiana. ¿Qué o quiénes somos responsables ante dicha condición? ¿Cómo estamos abordando está problemática como comunidad? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno y las élites que explotan Oaxaca? No hay respuestas, sólo prejuicios e indiferencia.
En una sociedad domesticada por el capital y en palpable decadencia que enaltece la violencia irracional y la indiferencia, lo más contracultural que puede haber hoy en día es cuidar de la vida. Y cuidar de ella implica mirarla tal cual es, sin prejuicios. Criminalizar y evidenciar a quienes viven en las calles o padecen de alguna adicción es un discurso clasista y fascista promovido por el Estado, no una solución a la problemática de la droga, la adicción y la violencia criminal que hay en Oaxaca.
En las fotos que han circulado en redes observo un rostro similar al de Platanito. La última vez que lo vi fue hace un año sobre García Vigil y Murguía. Eran las 8 de la mañana. Llevaba el rostro ensangrentado y me pidió dinero prestado para el aliviane. Dos palomas asomaban sus ojos negros y redondos al pie del cuello de su camisa. Tenía el rostro helado y una respiración agitada brotaba de su voz. “Me tumbaron los estatales. No soy inocente ni víctima, tampoco soy lo que cree la sociedad que soy. Está cabrón vivir así… Para mí por ahora no hay otra, no tengo a donde ir.”
Desde esa fecha no le he vuelto a ver, ni a él ni al Profe ni al escuadrón yonqui de la Central de Abasto.
ONGs al servicio del saqueo de los territorios: el caso de la Fundación Earthworm
Fuente: Avispa Midia
por Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Con el pretexto de la “mediación de conflictos” y del empoderamiento de comunidades, las acciones de ciertas ONGs corporativas hacen que las comunidades sigan sin tener acceso a sus tierras ni control sobre ellas, además de reforzar modelos de producción destructivos. Un ejemplo es la asociación de la Fundación Earthworm con el agronegocio de la palma aceitera en diversos países.
Desde hace décadas, las corporaciones del agronegocio, de la minería o del petróleo se asocian con ONGs y entidades sin ánimo de lucro para intentar limpiar su imagen ante la contaminación y destrucción que causan sus actividades. Para esas empresas, presentarse como “sostenibles” por medio de esas colaboraciones es una estrategia eficaz para satisfacer las demandas de los consumidores, obtener beneficios fiscales, conseguir financiación y cumplir las medidas compensatorias exigidas por los organismos reguladores.
Pero más allá de la clásica práctica de maquillaje verde (greenwashing), cada vez más las empresas extractivas y del agronegocio contratan a esas entidades para que asuman un papel central en la llamada “mediación de conflictos” con las comunidades rurales que forman parte de los territorios donde esos sectores operan o buscan operar. Una de estas entidades es la Fundación Earthworm, que suele aparecer en los relatos que comparten con WRM las comunidades que se enfrentan a conflictos con las empresas en sus territorios.
¿Qué es la Fundación Earthworm?
Fundada en 1999 como Tropical Forest Trust (TFT), Earthworm se convirtió en una fundación en 2019. Con sede en Suiza, cuenta con más de 300 empleados en más de 15 sucursales distribuidas por varios países.
Según la propia organización, su misión es “crear un mundo en el que las personas y la naturaleza prosperen en armonía”. Uno de sus vídeos promocionales dice que Earthworm “crea soluciones con las empresas para sanar la naturaleza y a las personas”. Este enunciado casi lírico está muy lejos de expresar lo que realmente hace la Fundación Earthworm y para quiénes trabaja. En la práctica, su labor consiste en ayudar a las corporaciones internacionales a garantizar que nada se interponga en el flujo de mercancías a lo largo de sus extensas cadenas de suministro, de modo que no encuentren obstáculos para ampliar su producción y extracción de materias primas e incorporarlas como mercancías a los mercados globalizados.
Las empresas y la Fundación Earthworm
En el informe anual de 2023 publicado por la Fundación Earthworm, grandes empresas figuran entre sus miembros, sobre todo del agronegocio, pero también de la minería, bienes de consumo y gigantes del comercio minorista. En años anteriores, la organización también recibió fondos de petroleras como Shell.
De 2019 a 2023, la Fundación Earthworm experimentó un crecimiento de sus ingresos en un 59%, totalizando casi 100 millones de dólares percibidos en ese periodo. Aproximadamente el 90% de esta suma procede de los más de 50 miembros y socios -principalmente empresas privadas-, frente a cerca del 4% procedente de ayudas de administraciones públicas. Este aumento de los ingresos también se refleja en los salarios de los ocho directivos de la organización, que percibieron 1,6 millones de dólares en 2023.
En uno de sus videos promocionales, la Fundación Earthworm afirma: “Si no trabajamos con las empresas, no cambiaremos el mundo”. Pero el hecho de que varias de estas empresas sean en realidad miembros de la Fundación plantea la siguiente pregunta: ¿dónde está la línea divisoria entre trabajar con ellas y trabajar para ellas?
¿Qué hace la Fundación Earthworm?
Earthworm interviene cuando el conflicto de una empresa con las comunidades amenaza con afectar de algún modo los negocios de la empresa. Entonces, se contrata a la fundación para que ‘resuelva el problema’ mediante la buena voluntad de todas las partes implicadas en un proceso de mediación. Sin embargo, lo que el WRM ha aprendido en décadas de apoyo a luchas de comunidades es que el acaparamiento de tierras, la violencia, los conflictos y la destrucción son partes inherentes, inseparables de los modelos de negocio de los clientes de Earthworm, e imposibles de resolver a través de mediación y buena voluntad.
Con ese objetivo, Earthworm se acerca a las comunidades afectadas, organiza cursos y otras actividades con ellos, con ONGs, gobiernos, académicos, etc. Sin embargo, ¿hasta qué punto es posible creer que una organización que se propone mediar en conflictos actuará con justicia cuando la gran mayoría de sus fondos viene de las empresas que causan esos conflictos? Aparte del dinero, otra pregunta: ¿puede haber una intervención honesta cuando la visión del mundo de quienes se presentan como mediadores está mucho más alineada con la de las empresas y no con las comunidades afectadas? Cuestiones como éstas han surgido en varios lugares donde Earthworm ha intervenido en nombre de empresas.
La actuación de Earthworm en la “mediación” de conflictos entre la industria de la palma aceitera y las comunidades rurales
Tomemos como ejemplo uno de los principales productos relacionados con el trabajo de Earthworm: el aceite de palma. El sistema de producción de aceite de palma adoptado por varias de las empresas que financian a esta fundación se basa en plantaciones a gran escala, uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, sobreexplotación de la mano de obra y usurpación de territorios comunitarios con tácticas corporativas muy conocidas. En África Occidental y Central, en particular, el proceso mismo por el que se otorgaron a las empresas de aceite de palma las concesiones de tierras está en el centro de la disputa con las comunidades. Empresas multinacionales como Socfin, Wilmar y Golden Veroleum siguen beneficiándose de leyes agrarias de la época colonial que ignoran los derechos de las comunidades sobre sus territorios tradicionales y que les permitieron acceder a gigantescas áreas que pertenecían a esas comunidades.
Como consecuencia, este modelo inevitablemente supone la pérdida de tierras, violencia y la desarticulación de las comunidades tradicionales. Las comunidades afectadas también se enfrentan a la contaminación del agua, una disminución de la disponibilidad de caza, alimentos e hierbas medicinales; en otras palabras, los territorios en los que viven se ven completamente transformados por la producción de commodities para exportación.
La incompatibilidad y el choque entre el modelo de producción corporativo y el modo de vida de las comunidades tradicionales ha provocado graves conflictos en numerosas regiones del Sur Global. En este contexto, las compañías de aceite de palma han contratado a la Fundación Earthworm para actuar en varios de esos conflictos, lo que ha multiplicado los problemas para las comunidades.
Earthworm y Socfin en Camerún y Liberia
Un ejemplo es el gigante del agronegocio Socfin, que tiene como accionistas mayoritarios a la familia belga Fabri y al multimillonario francés Vincent Bolloré. Socfin se unió a Earthworm en 2017, fecha que coincide con la publicación de su “política de gestión responsable”. En este documento, Socfin afirma que está comprometida con las comunidades rurales que viven en las regiones donde se encuentran sus plantaciones de palma aceitera y de caucho.
Camerún, Liberia, Costa de Marfil, Nigeria y Camboya son algunos de los países en los que Socfin está presente y en los que Earthworm realizó estudios sobre los conflictos con las comunidades generados por la presencia de esa empresa. Los siete informes publicados por Earthworm desde 2023 sobre estos conflictos responden a un patrón, del que destacamos tres aspectos. Dadas las características de estas publicaciones, la fundación se asemeja mucho más a un vocero del grupo Socfin que a un organismo serio encargado de investigar las denuncias contra la empresa.
En primer lugar, cabe mencionar que Earthworm reconoce –aunque sería imposible no hacerlo– que “Socfin sigue recibiendo quejas ambientales y sociales”, añadiendo que esas quejas proceden “de los medios de comunicación internacionales y de algunas ONG”. Nótese que al concluir la frase de esta manera justo al principio de uno de sus informes, Earthworm remite el problema a los medios y a las ONG, como si fueran ellos -y no las comunidades- los que presentan las denuncias. Además, en los informes de Earthworm, se ‘reconoce’ que Socfin comete infracciones, pero siempre se menciona que Socfin ha tenido “progresos realizados en la aplicación de sus compromisos de gestión responsable”.
En segundo lugar, de los múltiples daños denunciados por las comunidades -como apropiación irregular de tierras, violencia sexual, contaminación de cuerpos de agua, destrucción de sepulturas y lugares sagrados, amenazas e intimidación, entre muchos otros-, Earthworm solo reconoce una parte de ellos en sus informes. La otra parte de los impactos se clasifica invariablemente de forma explícita como “alegaciones infundadas”, “parcialmente fundadas” o “fundadas pero no responsabilidad de Socfin”.
Entre los ejemplos de violaciones ignoradas por Earthworm está el caso concreto de tres áreas (Edéa, Mbongo y Mbambou) en Camerún, en las que se determinó que Socfin debía devolver miles de hectáreas a las autoridades locales descentralizadas. Según Earthworm, se trata de una medida “en curso”, que comenzó hace siete años con estudios para definir los límites de las áreas plantadas. Ante la morosidad de ese proceso, las comunidades han empezado a recuperar algunas de las áreas que les corresponden, reivindicando su derecho ya establecido a las tierras. Sin embargo, evitando una descripción más imparcial, Earthworm se refiere a las legítimas recuperaciones de tierras por parte de las comunidades como “intrusiones por terceros” y dice que “terceros (comunidades, trabajadores, etc.) están invadiendo las tierras tituladas de Socapalm”.
Otro ejemplo nos llega desde Liberia. Tras 7 años de asociación, Socfin y Earthworm no consiguieron resolver los conflictos con las comunidades, lo que llevó a la empresa a vender una de sus plantaciones en el país en 2024. Pero, ¿por qué, si se estaban ‘haciendo progresos’?
La tercera característica de los informes de la Fundación es precisamente su tono positivo: todo está en un “proceso de mejora continua”. En uno de sus estudios más recientes sobre los conflictos con las comunidades locales (¡aunque no se menciona la palabra conflicto en ninguno de los informes sobre Socfin!), la Fundación Earthworm concluye: “A pesar de los desafíos encontrados al inicio de las operaciones de Socfin en Camboya, la organización ha dado pasos significativos para implementar progresivamente sus compromisos de sostenibilidad”.
Earthworm afirma que Socfin está haciendo progresos, mientras la empresa sigue actuando como siempre. De forma escandalosa, elude el hecho de que, tras casi una década de trabajar con Socfin, los problemas a los que se enfrentan y denuncian las comunidades persisten en las diferentes regiones y países en los que opera la empresa, especialmente las denuncias relacionadas al derecho a la tierra y las violaciones de los derechos tradicionales de las comunidades sobre sus tierras.
Earthworm y Agropalma en Brasil
Agroapalma es una de las mayores empresas de aceite de palma de Brasil. Pese a su afirmación de que la relación con las comunidades está “en el centro de su estrategia de sostenibilidad”, Agropalma acumula denuncias en su contra por acaparamiento de tierras y uso de la violencia para desalojar a comunidades tradicionales. Como consecuencia de esas acusaciones, la RSPO (Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible) suspendió su certificación en 2023.
Para cumplir los requisitos de uno de sus clientes, Agropalma pasó a contratar los servicios de la Fundación Earthworm en 2022. Earthworm abrió una sucursal en Quatro Bocas, en el municipio de Tomé-Açú, en el epicentro de la “guerra del aceite de palma”, donde también cuenta con el apoyo de Cargil y Belem Bioenergia Brasil (BBB), empresas que operan en ese mismo sector. Earthworm afirma que su trabajo en la región está “empoderando a las comunidades” y reduciendo los conflictos en las “cadenas de suministro.
La colaboración entre Agropalma y Earthworm ha servido para tranquilizar a los clientes de la empresa. Un informe de Sime Darby Guthrie International (proveedor de materias primas a Nestlé, Unilever, P&G), por ejemplo, menciona la participación de “una tercera parte para llevar a cabo una evaluación externa para investigar los supuestos problemas de derechos sobre la tierra”, señalando a Earthworm como un actor clave vinculado al plan de acción de Agropalma “para recuperar su certificación RSPO”. Sin embargo, la diferencia del optimismo de las corporaciones compradoras de aceite de palma a nivel internacional, los relatos que nos llegan desde Brasil señalan que la actuación de Earthworm en esa región está generando divisiones internas, contribuyendo a la desarticulación de las comunidades indígenas y quilombolas.
Voces desde los territorios
Para comprender mejor las implicaciones de la presencia de la Fundación Earthworm para las comunidades, el WRM facilitó un espacio de intercambio virtual con activistas de Camerún y Brasil. Sus grupos están involucrados en la lucha por la justicia social y los derechos de las comunidades afectadas no solo por el colonialismo de la palma aceitera, sino también por la intervención de esta fundación contratada por las empresas.
De Camerún, participó SYNAPARCAM, una organización que defiende los derechos de las comunidades afectadas por las plantaciones de Socfin. Desde Brasil, participó Elielson Pereira da Silva, quien nació y creció en el estado de Pará, y actualmente investiga los conflictos territoriales y étnicos en su estado, tratando de visibilizar la situación y la lucha de las comunidades. Los participantes del intercambio virtual nos contaron sobre el trabajo de la Fundación Earthworm en sus territorios. Lee a continuación un resumen de la conversación.
WRM: ¿Cómo la Fundación Earthworm se puso en contacto con su organización y cómo describiría su trabajo?
ELIELSON (Pará, Brasil): Earthworm llegó al valle de Acará en 2023, contratada por Cargill, empresa compradora de aceite de Agropalma, en medio de encendidos conflictos con los pueblos tradicionales. Cargill, ante las repercusiones de los conflictos, intentaba “limpiar la cadena de suministro”. Así que Earthworm empezó a buscar a líderes indígenas y quilombolas para intentar mediar el conflicto para intentar llegar a un acuerdo entre los representantes de esas comunidades y la empresa de aceite de palma.
En 2023, en colaboración con Agropalma, Earthworm provocó una división interna entre las poblaciones indígenas, que resultó extremadamente perjudicial, llevando a la creación de otra asociación indígena, que se sentó a la mesa con la empresa. Agropalma prometió entonces que no habría más conflictos y que les cedería un área donde podrían cosechar la palma aceitera para la comercialización.
En los últimos 40 años, Agropalma ha creado muchas barreras para las comunidades: no se puede acceder fácilmente ni a los ríos, ni al cementerio, ni al área de frutales, ni a los huertos. La circulación está condicionada a las prohibiciones impuestas por la empresa. Pero en la mesa de negociaciones, Agropalma prometió que todo sería diferente, desde que la nueva asociación cooptada garantizara que las acciones de la otra asociación (y sus reivindicaciones por el reconocimiento de sus derechos territoriales) se detendría. Así se creó esa división interna.
Como las promesas iniciales no se cumplieron y los representantes de la ONG [Earthworm] desaparecieron, al igual que los directivos de la empresa, los indígenas iniciaron una acción para recuperar su territorio, con el fin de llamar la atención y alertar a los medios de comunicación. Durante este proceso, en 2023, un indígena Turiwara fue asesinado a balazos por guardias de seguridad contratados por la empresa.
Hoy tenemos un faccionalismo, con dos organizaciones indígenas, una división interna estimulada por esta ONG [Earthworm], amparada por la empresa Agropalma, que ha creado muchos problemas y dificultado muchísimo el proceso de organización social y política de los indígenas.
Sospechamos que Earthworm está involucrada en la elaboración de un nuevo acuerdo para que las comunidades indígenas renuncien a sus reivindicaciones territoriales, ante el proceso de venta de Agropalma S.A., en marcha desde mediados de 2022. La empresa interesada en adquirir los activos de Agropalma S.A. es Belém Bioenergia Brasil (BBB), una joint venture formada por Galp Energia (Portugal) y Palma Tauá Brasil (asociación entre Banco Opportunitty Agro y Dentauá S.A.).
SYNAPARCAM (Camerún): En Camerún, Earthworm (antes TFT) tiene un Centro de Formación en la capital. En 2011 algunos de nosotros fuimos allá a dar un curso sobre defensa comunitaria de la tierra. La comunidad llevaba décadas sufriendo la ocupación de nuestras tierras ancestrales por parte de Socapalm. Earthworm nos invitó a exponer los problemas que teníamos con la empresa. Estábamos empezando a formar nuestra organización Synaparcam.
Cuando cambiaron de nombre [de TFT a Earthworm], nos dijeron: “ahora somos una nueva organización y podemos ayudarles a resolver el problema con Socapalm”, del grupo Socfin, y empezaron a presentarse como mediadores. Pero después de dos o tres reuniones, en las que, además de la empresa, había representantes de la administración pública, líderes tradicionales de las comunidades y élites locales, en Synaparcam hemos optado por retirarnos porque nos dimos cuenta de que solo se trataba de crear una imagen externa de que estábamos colaborando con Earthworm para solucionar el conflicto.
Entre 2012 y 2020, Earthworm intentó en varias ocasiones situarse como mediadora, pero en la comunidad nos dimos cuenta de que no tenía sentido para nosotros reunirnos con la empresa con Earthworm como intermediario. En septiembre de 2020, Earthworm organizó una de esas reuniones con la empresa y la Synaparcam, afirmando que resultaría útil porque conseguiría que los directivos de la empresa escucharan a las comunidades. Después de la reunión nos dimos cuenta de que la secretaría de Earthworm había elaborado un buen informe, pero que las resoluciones presentadas superaban la capacidad de Earthworm para conseguir que Socapalm las aceptara. A partir de esta observación, comprendimos que Earthworm no estaba jugando limpio.
Bueno, esa fue nuestra primera experiencia con Earthworm y así fue como al principio tuvimos cierta confianza en que se comprometerían con lo que nos habían presentado.
WRM: Earthworm está financiada sobre todo por las empresas que la contratan para “mediar” los conflictos, entre otros. Cuando Earthworm se presentó a su organización/comunidad, ¿les explicaron su relación con las empresas y quién financia su trabajo? ¿Cómo cree que la fuente de financiación de Earthworm ha influido en estos procesos de mediación de conflictos?
ELIELSON: Por lo que cuentan las comunidades, su forma de presentarse es como si se tratara de una organización independiente; no exponen esos vínculos, aunque dicen que sí monitorean las cadenas de suministro de las empresas. Las palabras “organización independiente” se mencionan con frecuencia en esos diálogos. Lo que hemos visto son experiencias de mediación muy dañinas, de “armonía coercitiva”, de fomentar la división interna para debilitar la lucha de los pueblos y su proceso identitario.
SYNAPARCAM: El representante de Earthworm en África es camerunés, y sí, nos informó de que Earthworm recibe honorarios de Socfin. Y nos dijo que si Socfin no cambiaba su política, Earthworm abandonaría el proceso de mediación y el trabajo de Earthworm con la empresa terminará. Nos dijo: “No dejaremos que las empresas de los colonizadores hagan lo mismo que antes” [en referencia al hecho de que Socfin está controlada por el multimillonario francés Vincent Bolloré].
Pero nos dimos cuenta de que a lo largo del proceso Earthworm priorizó los honorarios en detrimento de las comunidades. Así que somos conscientes [de dónde proceden los fondos], siguen la misma línea que grandes ONG como WWF.
WRM: Synaparcam se negó a realizar “visitas de campo” conjuntas con Earthworm en 2023. Podría explicarnos un poco más los motivos de esta decisión y por qué Synaparcam decidió elaborar su propio informe?
SYNAPARCAM: En 2023 desde Synaparcam ya sabíamos que Socapalm no estaba cumpliendo los compromisos que había asumido anteriormente. Antes de 2023 ya no estábamos colaborando con Earthworm. Así que buscamos nuestra propia financiación para elaborar un buen informe, incluso con gente muy capacitada y de fuera, paralelamente al informe de Earthworm.
El estudio de Synaparcam confirmó siete puntos conflictivos, pero Earthworm identificó un número mucho menor. Por ejemplo, el informe de Earthworm afirma que la empresa construyó varias escuelas y que casi no hubo contaminación de los ríos. El informe de Earthworm se publicó antes del informe de Synaparcam. La Earthworm nunca comentó sobre varios puntos solo identificados en el informe de Synaparcam. Si uno lee esos informes, cree que relatan dos mundos diferentes.
Pasó lo mismo con la RSPO. Uno de los motivos para contratar a Earthworm fue que Socapalm quería obtener el sello de certificación.
WRM: Sobre el tema de la RSPO, trasladando la cuestión al caso de Brasil, sabemos que se suspendió la certificación de Agropalma en 2023 por acusaciones de acaparamiento de tierras y violencia. Elielson, ¿cree que la contratación de Earthworm representa una garantía de que Agropalma respeta los derechos de las comunidades?
ELIELSON: De ninguna manera representa algún tipo de garantía. La empresa está en conflicto abierto con las comunidades. Toda esa enorme inversión en publicidad, en comunicación, toda esta palabrería de “responsabilidad social corporativa” solo hacen de Agropalma un gran caso de greenwashing. Ese “arsenal discursivo” de palma aceitera sostenible, relaciones armoniosas, etc., es muy diferente de la realidad, pues desde 2022 hay un recrudecimiento de los conflictos, con el bloqueo del acceso a las zonas de uso común, a los cementerios ancestrales, a la navegación por el río y, sorprendentemente, con grandes trincheras y barricadas.
Hay grandes zanjas, a veces de 5 metros de profundidad y 2 de ancho, que parecen literalmente un campo de guerra, con un gran riesgo y casos ya registrados de accidentes. Hay comunidades que están rodeadas, por ejemplo, de alambre de púas, como si se tratara de la frontera entre México y Estados Unidos, o Palestina e Israel.
WRM: ¿Y qué dice Earthworm al respecto?
ELIELSON: En ningún momento hemos visto alguna manifestación o declaración pública de Earthworm sobre estas prácticas de terrorismo corporativo, barricadas, trincheras, cercas -y las comunidades incluso temen que se electrifiquen esas cercas. No tenemos conocimiento de ningún tipo de reprobación por parte de Earthworm a esas prácticas por parte de Agropalma.
WRM: Si tomamos, por ejemplo, las localidades camerunesas Dibombari y Mbonjo, en la práctica, desde que empezó a actuar Earthworm, ¿ha cambiado algo para las comunidades con respecto a los problemas causados por Socapalm?
SYNAPARCAM: Las principales reivindicaciones de las comunidades se refieren a la tierra, los lugares sagrados, la contaminación del agua y la violencia contra las mujeres. Así pues, esta es una pregunta muy importante, gracias. Las violaciones sexuales contra las mujeres, el incumplimiento de la retrocesión de tierras y el desprecio por los lugares sagrados son para nosotros los tres problemas más graves.
Cuando se privatizó Socapalm y sus plantaciones de palma aceitera [hace más de 24 años], Socfin adquirió Socapalm. Después de firmar el contrato de arrendamiento en 2000, la empresa evaluó las tierras arrendadas y pidió al Estado que firmara una enmienda, reduciendo el área de 78.000 hectáreas a 58.000 hectáreas. Esta reducción del área está claramente establecida en la enmienda. Pero no ocurrió nada. Así que una de las acciones de Synaparcam fue plantar alimentos en una de estas áreas en disputa, porque nos dimos cuenta de que las autoridades no cumplen su función de supervisión y la empresa no respeta los contratos firmados con el Estado. Tenemos la idea de mantener estos huertos, pero la realidad a la que nos enfrentamos es de presión, intimidación y detenciones de líderes.
Otra complicación es la RSPO, que ha clasificado algunas de las tierras a las que antes tenía acceso la comunidad como “zonas de alto valor de biodiversidad”, por lo que la comunidad ya no puede acceder a ellas – mientras Socapalm trazaba los perímetros para ampliar estas manzanas y recuperaba estas franjas de tierra de las comunidades – hay señales instalados y guardias de la empresa. La RSPO no reconoce todas las áreas reclamadas por las comunidades.
En cuanto a la presencia de Earthworm, la situación es de ningún avance; nos encontramos en el mismo punto en el que estábamos al principio.
WRM: Para ustedes, ¿estas consecuencias tienen que ver con algunos errores de la Fundación Earthworm o con la propia naturaleza de esta organización?
ELIELSON: Hay una cuestión estructural relacionada con esta pregunta. ¿Qué propósito tiene esta empresa [se refiere a Earthworm]? ¿Para qué se creó? Cuando vemos que tiene sucursales en todas partes del mundo (Indonesia, África, América Latina) donde están justo las empresas de palma aceitera, está claro que constituye un eslabón de esta cadena y forma parte de este juego de poder. Así que creo que en su actuación siempre se inclinará a favor de las empresas.
SYNAPARCAM: Observamos muchas cosas similares. En cuanto a la división de las comunidades, en nuestro caso, parece que Earthworm da consejos sobre cómo generar división en las comunidades, y luego la empresa envía un equipo a la localidad. Así que se trata de un método muy peligroso también, porque por un lado se acerca [a la comunidad] y por otro aconseja a la empresa sobre cómo dividir la comunidad.
WRM: ¿Qué mensaje le parece importante transmitir a una comunidad a la que podría dirigirse una organización como Earthworm, del mismo modo que antes se dirigieron a las comunidades de su entorno?
SYNAPARCAM: Nunca acepten una oferta así porque no habrá ningún cambio. Y es importante no tener un interlocutor. Si la empresa está interesada en cambiar, sabe dónde encontrar a la comunidad, así que recomendamos no aceptar [una propuesta de mediación como el de Earthworm] porque la mediación no llevará a ningún avance.
ELIELSON: Lo primero que les diría es: “¡Tengan mucho cuidado!”. También hay que evitar que entidades como Earthworm mantengan conversaciones a solas con líderes. El antiguo dicho “divide y vencerás” sigue aplicándose. Las empresas se especializan en fabricar dispositivos para debilitar las luchas de las comunidades.
Es importante entender [a esas organizaciones] como parte de un engranaje. También es importante conocer los antecedentes con otras comunidades; conocer la experiencia de otras comunidades que ya fueron objeto de situaciones similares. Y tener cuidado para no participar de manera aislada en sus intentos de cooptación, de persuasión, para no tomar decisiones precipitadas antes de evaluar las propuestas conjuntamente entre miembros de la comunidad.
Secretariado Internacional de WRM, Synaparcam y Elielson Pereira da Silva, Profesor de la Universidad Federal Rural de Amazonía e investigador del Proyecto Nueva Cartografía Social de Amazonía.
