Prólogo del informe realizado por la Misión de Observación Civil Sexta

El racismo, el clasismo, la violación de los derechos humanos y sobre todo, la profunda discriminación económica, han sido una constante en las relaciones de dominación aplicadas en Mesoamérica, desde la llegada del invasor europeo, hasta las primeras décadas del siglo XXI. Las crueles expresiones de la “modernidad” que se aplicaron en contra de los habitantes despojados de sus tierras, y sometidos a un repartimiento forzoso que los obligaba a laborar en la agricultura, la minería, los transportes, el comercio, en la construcción de iglesias, conventos, catedrales, palacios gubernamentales, se convirtió en una de las más oscuras páginas de la historia mundial.

Esta inhumana expoliación obligó a incontables pueblos originarios a refugiarse en las montañas con tal de escapar a la brutalidad del grupo dominante que se enseñoreaba en las tierras avasalladas. A tal grado se exacerbaron las condiciones de violación sistemática de sus más elementales derechos, que llevó a comunidades enteras a decir a los esforzados catequistas: “que no deseaban irse al cielo, que preferían irse al infierno, puesto que en el cielo se iban a encontrar con los españoles”.

Las condiciones de vida de los pueblos nativos no cambiaron al separarse México del poder hispano. Los nuevos grupos dominantes partidarios de la “modernidad” (conservadores y liberales), mantuvieron las condiciones de sobreexplotación, miseria, insalubridad e incultura, sobre los indígenas mexicanos. Tal ha sido la historia de este país en los doscientos años de vida independiente, que recién se cumplirán en septiembre. Los contextos no han cambiado sustantivamente, si acaso han existido matices diferentes con ciertos gobiernos, sobre todo en el siglo XX (Cardenismo), pero pronto fueron abandonados y la corrupción se enseñoreó en todos los rubros del quehacer estatal.
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Por: La Zarzamora

En horas de esta tarde terminó su huelga de hambre la Werken del lof Boyen Mapu, Carolina Marileo, quien se encuentra encarcelada en el CDP de Angol tras ser detenida el 9 de Septiembre de este año.

La Werken quien llevaba 31 días de huelga de hambre líquida, finalizó su protesta tras lograr el compromiso de Gendarmería de cumplir su petitorio, el cual responde a garantías mínimas establecidas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el 15 de septiembre del 2008.

A continuación compartimos el comunicado de la vocería de la lamngen Carolina Marileo, publicado en la página de la comunidad Boyen Mapu.

Hoy después de 31 días de huelga líquida de CAROLINA MARILEO

Sostuvimos una reunión con el alcaide Rafael Rojas y mayor Luis Povea Pavéz en el CDP de Angol, junto a voceros e INDH para poder llegar a un acuerdo que ponga a fin a la larga huelga de nuestra lamgen.

Gendarmería acepto las peticiones nuestra Werken CAROLINA MARILEO

• Módulo femenino diferenciado para mujeres mapuche.
• Realización de rogativa o ceremonia mapuche dentro del módulo.
• Ingreso de alimento de acuerdo a las costumbres y tradiciones mapuche, así también su preparación.
• Visitas extendidas de 10 a 16 hrs 2 veces por mes, entendiendo que actualmente existe la pandemia de covid 19 y que al estabilizarse la pandemia, serían visitas normales, dentro del módulo o del sector umi de la misma unidad penal.
• Ingreso de machi una vez por semana, para ver estado de Carolina.
• Gendarmería se compromete a construir módulo ante una futura condena donde existan condiciones dignas para la lamgen.

Agracemos a las personas concientes que apoyaron la movilización de nuestra werken, lamgen de lof y warria y wenuy que han acompañado en este proceso, a los medios de comunicación que nos han ayudado a difundir la movilización de la werken Carolina. Chaltumay.

Marrichiweew!

Por Sare Frabes

Por Ñanì Pinto

En portada: Policías antimotines preparándose para desalojar a la comunidad de San Isidro. Foto: Witness for Peace

Este martes (21), bajo un contexto de terror y fuertes amenazas, 1,500 elementos de seguridad, en su mayoría miembros de las Fuerzas Especiales Cobras, quienes han sido entrenadas y financiadas por Estados Unidos, realizaron el desalojo de 252 familias campesinas integrantes de la Cooperativa Remolino ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, costa norte de Honduras.

Esta acción violenta es la más reciente en una serie de desalojos ocurridos durante la última semana y en donde al menos cuatro comunidades han sido despojadas de sus tierras.

Los operativos comenzaron el pasado 16 de diciembre y han sido dirigidos contra cooperativas de la Reforma Agraria, quienes tienen documentación legal que les respalda su derecho al acceso a tierra, y otras familias de escasos recursos, así lo denunció la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.

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En comunicado, la Plataforma Agraria recalcó que la orden de desalojo ilegal y fraudulenta contra la Cooperativa Remolino busca favorecer a la empresa Inversiones Ceibeña, productora de palma aceitera. “Los jueces han abusado de su autoridad y dado órdenes ilegales de desalojo para beneficiar empresas agro-extractivas como las familias Facussé, Canales y Morales, dejando sin techo y sin alimentación a las familias campesinas”, denuncia la Plataforma Agraria.

De acuerdo a un reporte del equipo del Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz, quien se encuentra monitoreando los desalojos violentos, “las comunidades sienten que esto es un acto de represalia, y tal vez uno de los últimos movimientos de represión por parte del régimen de Hernández [presidente Juan Orlando Hernández, que cumple su mandato hasta enero de 2022] y sus amigos de las familias terratenientes de Honduras”.

Por su parte, Yoni Rivas vocero de la Plataforma Agraria manifestó que “una vez más se demuestra que el poder judicial en Honduras se vende al mejor postor, hemos visto su confabulación de los jueces y fiscales con las familias Facussé, Morales, Canales y Pérez; otro ejemplo muy claro es el caso de Guapinol donde la justicia hondureña se ha encaprichado en mantener privados de libertad a los ocho defensores del rio Guapinol y San Pedro para favorecer a los interés de las familia terratenientes y mineras que tienen poder e influencia en todo el poder judicial”.

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La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán señala que las acciones recientes violan el Protocolo de las Naciones Unidas sobre Desalojos Forzosos que establecen “el Estado debe garantizar la reubicación, alimentación y atención médica a las familias que han sido desplazadas”, por lo cual exigieron el cese inmediato de los mismos.

Desalojos

Familias pertenecientes a la cooperativa San Isidro y la cooperativa La Confianza fueron las primeras en ser desalojadas durante los operativos iniciados el 16 de diciembre. Un día después, la comunidad Palma Sol Río Claro, quien no hace parte de la Plataforma Agraria, también fue desalojada.

El operativo ocurrió a pesar de que la cooperativa de San Isidro posee un título de propiedad definitivo de la finca San Isidro y ocupó durante dos años dichas tierras. No obstante, la Corporación Dinant afirma ser la propietaria de dicho territorio. En ese espacio, las familias de la cooperativa habían eliminado pequeñas secciones de las plantaciones de palma para plantar yucca, maíz, frijoles, plátanos y otros cultivos de subsistencia.

“Una fuente nos dijo que había al menos 800 policías y fuerzas especiales presentes para el desalojo de la comunidad. Observamos que esto incluía a los ‘Tigres’, las Fuerzas ‘Rurales’, la DPI y la Policía Nacional. Sabemos que los Tigres y la Policía Nacional reciben financiamiento y entrenamiento de Estados Unidos. Algunos llevaban viejas mochilas verdes con el sello ‘US’, otros tenían parches militares estadounidenses que parecían llevar como una especie de recuerdo”, señala el Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz.

En el informe de Testigo por la Paz también destacan la presencia y colaboración de guardias de seguridad privados contratados por Dinant, pertenecientes a la empresa Servicios Especiales de Colón (SEC). “Después del desalojo, vimos a los guardias repartiendo comida y bebidas a la policía desde la parte trasera de una camioneta, y en general siendo muy amables con la policía durante todo el día. Las relaciones entre la policía y los guardias del SEC, donde trabajan juntos para reprimir y criminalizar campesinos en recuperación de tierra, han sido denunciadas por la Plataforma en numerosas ocasiones. Tras marcharse, la policía dejó a los guardias a cargo del terreno”.

Ante la situación de alerta, integrantes de las cooperativas y de la Plataforma se reunieron con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), con quien señalaron la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los conflictos de tierras del Aguán que insta al Estado de Honduras a no realizar desalojos en la región, y buscar un diálogo para resolver el conflicto de terreno.

En el mismo martes (21), otras 60 familias de La Brea Chapaguita fueron desalojadas después de tres años de la recuperación de sus tierras. Esta es la cuarta comunidad campesina del Bajo Aguán en ser desplazada desde el inicio de los operativos.

Conflicto

La región conocida como el Bajo Aguán ha estado marcada por las luchas por la tierra de organizaciones campesinas quienes disputan el usufructo de las mismas contra grandes terratenientes, empresas de aceite de palma y de la agroindustria como la Corporación de Dinant.

Fue en la década de los setentas cuando el Estado hondureño distribuyó tierras fértiles a cooperativas agrícolas en el valle del Bajo Aguán e incluso estas organizaciones campesinas recibieron títulos de propiedad. No obstante, durante las décadas de los ochenta y noventas estas cooperativas sufrieron el ataque y despojo de sus tierras por parte de empresas productoras de aceite de palma, quienes contaron con apoyo del gobierno para adquirir contratos ilegales de uso de la tierra del Instituto de la Propiedad (INA).

Tras los conflictos por la tierra que se sucedieron en los años posteriores, fue en el contexto del incremento de la represión estatal tras el golpe de Estado del año 2009, cuando la Plataforma Agraria aglutinó a diversos movimientos campesinos quienes han luchado por la recuperación de sus tierras.

Actualmente, la Plataforma integra a nueve cooperativas, las cuales poseen títulos definitivos de sus tierras. No obstante, necesitan realizar esfuerzos de reocupaciones en el que las personas ingresan en las tierras, presentan sus títulos de propiedad y establecen viviendas permanentes, inicialmente en condiciones básicas y a merced de los ataques de las empresas y de las fuerzas del Estado.

“Mientras tanto, las empresas productoras de aceite de palma y los intereses comerciales de la región, conocidos por trabajar estrechamente con las autoridades gubernamentales, han impulsado campañas de difamación contra las cooperativas, presentándolas como ‘invasoras’ armadas y violentas, perjudiciales para el desarrollo económico de la región”, contextualiza el Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz.

Delegaciones zapatistas y del Congreso Nacional Indígena visitaron diferentes luchas contra la minería en el centro y norte de Portugal. Desde las montañas del sureste mexicano hasta los valles neblinosos de Portugal, diferentes pueblos se hermanan en lucha. Juntos, dicen sí a la vida y no a los proyectos de muerte.

Por Medios Libres/Gira por la Vida-Portugal para La tinta

Movimientos y personas de diferentes pueblos de Barroso recibieron a los y las representantes indígenas y zapatistas en un ambiente de resistencia, rebeldía y esperanza. En este lugar, se miraron al espejo luchas contra proyectos extractivos que los malos gobiernos alegan que son por el bien del pueblo.

Minas de litio a cielo abierto, termoeléctricas, parques eólicos, presas, gasoductos, agroindustria y agropecuaria intensiva, fracking, emprendimientos y trenes turísticos, todos estos proyectos llegan con las promesas de reducir emisiones, acelerar el desarrollo económico y traer prosperidad. Pero, en verdad, dictan una sentencia de contaminación del aire, del agua y de la tierra en los pueblos a donde se establecen, destruyendo no solo los medios de subsistencia locales, sino también el acceso a recursos naturales básicos.

“En nuestro país también hay despojos de tierra y agua.
Hoy estamos aquí para decir que las luchas no deben de caminar solas ni tener un solo protagonista. Mandemos para allá el individualismo, que es el fracaso de las luchas.
No más luchas solas, ahora luchas hermanadas.
No estan solos, no estamos solos”.
Palabras del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Barroso.

La delegacion del CNI alerta: “La Madre Tierra nos pide a gritos que nos levantemos de una vez y frenemos la destrucción que la va a matar, y que nos va a llevar a todos con ella”.

Escuchamos los gritos que irrumpen de las cicatrices que dejó la extracción de estaño en Cerdedo, de las heridas abiertas por la antigua mina de tungsténio en Borralha y la exploración de quarzo y feldespato en Couto de Dornelas. También son ensordecedores los gritos que salen de los terrenos comunales que cubren las montañas de Covas do Barroso, ahora amenazadas por la minera británica Savannah Resources, y las montañas de Morgade, amenazadas por Lusorecursos.

En la Caravana por la Vida, los pueblos indígenas de México unieron su fuerza con los pueblos de diferentes zonas de Portugal que están en lucha contra la llegada de las “mineras verdes” a sus valles. Estos valles tricolores, los pinares brumosos y el horizonte de montañas azules hacen sentir en casa a los visitantes.

Barroso y sus habitantes luchan por preservar la vida, en una región repleta de cultura y tradiciones ancestrales. La biodiversidad tiñe de colores estas montañas que están amenazadas de volverse gris oscuro con estos megaproyectos.

La lucha por el agua es uno de los principales lazos que une todos estos pueblos. El agua está amenazada por megaproyectos y también por las multinacionales que, con sus fábricas, la saquean y después, dicen, vienen a “salvar” el pueblo, vendiéndole agua embotellada que las propias compañías contaminaron.

“Ese río hermoso que ven ahí ya no va a estar hermoso, compas, si se instala la mina.
Se va a contaminar y va a ir contaminando a los ríos que lo unen.
El agua que hoy se toma ya no se va a poder tomar”.
Palabras del Congreso Nacional Indígena.

Al paso que las transnacionales recorren a las redes sociales y a los medios masivos para anunciar sus encuentros con importantes personalidades y mantener su imagen, los pueblos se encuentran de forma discreta, se miran y se reconocen unos en los otros, tejiendo lazos de fuerza y esperanza para enfrentar al enemigo común: el capitalismo.

Barroso ya está del otro lado del mundo también, junto a los pueblos de México. Y, como dicen las compañeras del CNI, ya no somos solo la voz y los ojos de todos los pueblos de México, sino de todos los pueblos del mundo.

Barroso ya no lucha solo.

“Aquí, como les están haciendo, allá nos hicieron”

El caminar del Congreso Nacional Indígena también les ha llevado hasta la Serra de Argemela, otra zona de montañas amenazada por la minería de litio, ahora en el interior y centro del territorio portugués. Una vez más, la delegación del CNI se miró al espejo, intercambiando con movimientos y la población local sobre sus dolores, sus problemas, los ataques que enfrentan, que son los mismos y uno solo. Sobre la necesidad de responder al llamado de la Madre Tierra y organizarnos desde abajo, desde cada comunidad, para defender nuestros modos, nuestras culturas, nuestros pueblos, nuestro territorio, nuestra agua, nuestra Vida.

“Hermanos y Hermanas, la mejor manera, la mejor receta, el mejor remedio, es organizarnos.
Ya decía, dejemos a un lado nuestras diferencias. Que no haya liderazgos, que no haya políticos,
que no haya caudillismo. Porque donde hay caudillos, hay protagonistas, hay un político en una organización, fracasan. ¿Por qué? Porque esa persona, líder o dirigente, se vende, lo compran,
y la organización se fue para abajo. Esto debe ser comunitario, colectivo.
La colectividad es lo que nos lleva al triunfo de nuestras luchas”.
Palabras del CNI en el pueblo de Barco, en la Serra de Argemela.

*Por Medios Libres/Gira por la Vida-Portugal para La tinta / Imagen de portada: Mauricio Centurión.

Por Juan Calles

Era de madrugada, en la aldea Los Josefinos, en la Libertad Petén, pocas personas se habían levantado de su cama para iniciar la jornada del día, de pronto, la aldea estuvo rodeada por elementos del Ejército de Guatemala; para antes de llegar el medio día la aldea había sido arrasada, ancianos, niños, niñas, hombres y mujeres fueron masacrados, era 29 de abril de 1982.

Después de asesinar a familias enteras, los efectivos militares quemaron las viviendas y al siguiente día enterraron los cuerpos en una fosa común.

Al menos 38 personas murieron durante la masacre, algunos sobrevivientes huyeron a las montañas cercanas y otros salieron del país como refugiados políticos.

Este 21 de diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CorteIDH – encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por las violaciones de derechos humanos relacionadas con la masacre de la Aldea Los Josefinos. Al mismo tiempo, el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público en Guatemala.

En la sentencia de la CorteIDH se señala al Estado de Guatemala como responsable de la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de 7 personas y sus núcleos familiares, la violación al derecho a la familia de 6 personas, la violación del derecho a la niñez de 6 niños y niñas, así como la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad en perjuicio de 1.439 personas; el tribunal internacional también determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las personas que fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, así como de las víctimas sobrevivientes de la masacre.

La sentencia también ordena medidas de reparación

Entre otras, la CorteIDH ordena al Estado guatemalteco:

• Remover todos los obstáculos legales y no legales que mantienen la impunidad en este caso
• Continuar o reabrir las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos
• Elaborar un plan detallado con definición de objetivos y metas concretas para la búsqueda de los miembros de la Aldea los Josefinos desaparecidos forzadamente
• Implementar una medida de fortalecimiento del centro de salud ubicado en la Aldea Los Josefinos mediante la dotación de recursos humanos permanentes y calificados en materia de atención a la salud física, psicológica y odontológica
• Continuar con la construcción del monumento en la zona donde se encontró la fosa clandestina, así con la instalación de una placa conmemorativa de los hechos ocurridos
• Realizar un documental audiovisual sobre la masacre ocurrida los días 28 y 29 de abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos.

La comisión del esclarecimiento histórico documentó 669 masacres durante la guerra civil de 36 años, de las cuales 626 fueron atribuidas al ejército de Guatemala; el conflicto dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe presentado en 1999.

Proceso de exhumación de la fosa común en la aldea Josefinos en Petén:

Por Joel Solano y Nelton Rivera

Isabela Esquit es una mujer jóven Maya Kaqchikel, de San José Poaquil, desde el 8 de diciembre se quedó a cargo de cuatro hijos pequeños, su esposo Baldomero Sis Cun, decidió emprender un largo viaje y encontrar el sueño americano, salió de casa de madrugada con el único objetivo de llegar a los Estados Unidos.

Baldomero un Maya Kaqchikel de 32 años, salió con lo único que llevaba puesto igual que miles de guatemaltecos que toman la ruta migratoria, con el sueño de darle una mejor vida a Isabela y a sus cuatro hijos, dos niños y dos niñas de 11, 10, 5 años y la más pequeña de un mes de nacida.

Es jornalero, su única fuente económica es trabajando la tierra y para él es muy difícil de lograr grandes cosas para su familia ganando únicamente Q40.00. Es uno de los sobrevivientes del terrible accidente de Chiapas, ocurrido el 9 de diciembre, está hospitalizado en México y aún no ha recibido ayuda del Estado de Guatemala.

Cómo familia saben que el camino a los Estados Unidos no sería fácil, nunca se imaginaron lo que iba a ocurrir en el trayecto rumbo al norte, Baldomero salió a las 4 de la mañana del 8 de diciembre, ese mismo día pasaron la frontera con México, con eso el primero de los pasos se había completado para el grupo de migrantes.

Un día después ya en la ruta, Baldomero y otros migrantes sufrieron un grave accidente en el estado de Chiapas, en la carretera de Corzo-Tuxtla Gutiérrez en el sur de México, una de las versiones de lo ocurrido se acerca al exceso de velocidad con el que el chofer se conducía, informó el gobierno mexicano. Con el accidente se truncó su anhelo de buscar una mejor vida, del accidente fallecieron 56 migrantes y un centenar resultaron heridos, en su mayoría de origen guatemalteco.

Isabela cuenta que para que su esposo pudiera viajar al norte, empeñaron la propiedad de la casa, que incluye el pequeño terreno en el que habitan, todo con tal de conseguir el dinero del viaje a los Estados Unidos. De la tragedia él sobrevivió al accidente, la familia espera que salga bien de una operación que necesita, según el diagnóstico médico debe de ser intervenido en uno de sus brazos.

Este jornalero y su familia viven en el Caserío El Centro en San José Poaquil, en el departamento de Chimaltenango, a unos 110 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Isabela y su familia no cuentan con apoyo del Gobierno de Guatemala, esperan que las autoridades puedan auxiliarlos para el retorno de Baldomero, mientras tanto ella debe garantizar la sobrevivencia de ella y sus cuatro hijos.