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(English) Call out for global action against militarization and the capitalist and patriarchal war against the peoples of all of Mexico and the world, against the EZLN and the Zapatista communities and against the original peoples of Mexico
Embajador de EEUU anuncia un convenio inconstitucional de seguridad en Zacatecas
Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
El protagonismo del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, en temas internos como seguridad, migración y “desarrollo” persiste con más fuerza en México. La semana pasada, en una rueda de prensa, el embajador estadunidense y el gobernador de Zacatecas, David Monreal, anunciaron un convenio para “regresar la paz” en esta entidad, “porque con seguridad hay prosperidad, llegan las inversiones y crece la confianza en las instituciones”, dijo Salazar.
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La reunión se dio luego de la alerta de viaje a Zacatecas que emitió el gobierno de Estados Unidos. “De ambas partes hemos coincidido que a través de la cooperación logaremos que esta situación cambie para brindar la certeza a los viajeros y a los inversionistas y, con ello, generar un mayor desarrollo económico”, señalo Monreal.
Salazar estuvo en compañía de representantes del Buró Federal de Investigación (FBI), de la Administración Antidrogas (DEA), de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Las agencias también participaron de la reunión de trabajo, que ocurrió antes de la rueda de prensa.
Los organismos de seguridad de los Estados Unidos intervendrán en acciones como la dotación de equipo de alta tecnología, en la capacitación a policías y funcionarios locales de las áreas de seguridad pública, y a personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, en materia de inteligencia, fortalecimiento penitenciario y fortalecimiento del sistema de administración de justicia.
Para ello, “el embajador ha planteado un plan de acción”, sostuvo el gobernador sin dar detalles de las acciones que se llevarán a cabo.
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La paz para los inversionistas
Uno de los objetivos del acuerdo es que Zacatecas se convierta en una pieza clave en el comercio entre Estados Unidos y México. “Contamos con una posición geográfica propicia para fortalecer la cadena de suministros en tiempos económicamente complejos”, mencionó Monreal.
La presencia del sector minero en las negociaciones fue subrayada por Salazar durante la rueda de prensa. Dijo que dicho sector tiene “interés” en fortalecer estas cadenas de suministros. “[Tienen interés en] la inversión que se pueda hacer aquí en Zacatecas. Eso será otro tema que seguiremos trabajando de forma muy cercana con el gobernador”.
El embajador mencionó que “afortunadamente tenemos el T-MEC [Tratado México-Estados Unidos-Canadá]”, que ofrece las condiciones “para crear la potencia más grande del mundo, aquí en Norteamérica”.
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“Ni modo que vamos a hacer un escándalo”
Esta vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se ha pronunciado frente a otras intervenciones de Salazar, no dejó pasar la acción del embajador en los asuntos internos de México.
En la mañanera de este lunes (10), Obrador dijo que el acuerdo es inconstitucional. Según el mandatario, los Estados no tienen facultades para celebrar convenios con gobiernos extranjeros. Lo que significa que, tanto Estados Unidos, como el gobernador zacatecano, están incurriendo en una ilegalidad según las leyes mexicanas.
Pero su tono amenizó la situación. “(…) Le tenemos confianza a Ken Salazar, que está visitando los estados y hay buena relación con el gobierno de EEUU. No hay que hacerlo grande, es un pronunciamiento. Ni modo que vamos a hacer un escándalo. Este es un asunto de otro tipo y no vamos a pelearnos”.
¿Qué sigue?
El embajador de Estados Unidos aclaró que “estaremos muy pronto en Washington D.C., para el diálogo de alto nivel de la seguridad”, donde se definirá la especificidad de las acciones en Zacatecas y los recursos que se utilizará.
Organizaciones denuncian persecución hacia familias migrantes tsotsiles en Puebla
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
Foto de archivo del pueblo tsotsil desplazado por grupos paramilitares
El pasado 10 de febrero de 2022, personal del DIF Estatal de Puebla en coordinación con elementos de la policía municipal despojaron a dos niñas indígenas de sus familias mediante engaños, el uso excesivo de la fuerza y amenazas. Son familias en situación de desplazamiento interno (migración interna) provenientes de comunidades tsotsiles de los Altos de Chiapas, que han migrado a la ciudad de Puebla en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida debido a la extrema pobreza que viven en sus comunidades.
Roque H. y María R., padres de Estefanía H. de 3 años, y Fernando M., tío de Vanesa H. de 9 años, relatan que el día de la separación se encontraban trabajando en el crucero del Boulevard Atlixco con Camino Real a Cholula, cuando personal del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puebla se les acercó con la supuesta intención de brindarles apoyo humanitario mediante despensas y atención médica para las niñas.
Invitación que la madre, el padre y el tío rechazaron inmediatamente, dada la desconfianza que les generó al no ver las despensas y al percibir su insistencia por trasladarlos a otro lugar. Tras la negativa de las familias a movilizarse, elementos de la policía municipal llegaron al lugar para obligarlos mediante intimidaciones y amenazas a subirse a la camioneta del DIF y ser trasladados a sus instalaciones.
Marisa R. refiere que el personal del DIF le arrebató de sus brazos a su hija mediante el uso excesivo de la fuerza, obligándola a subirse dentro de la unidad si es que quería que le regresaran a la niña.
Fernando M. cuenta que también fue obligado a subir dentro del vehículo, junto con su sobrina Vanesa, bajo la amenaza de ser detenido si no obedecía a las indicaciones. Ya estando arriba de los vehículos, los oficiales aseguraron las puertas y se los llevaron detenidos. En las instalaciones del DIF, una vez terminada la revisión médica de Estefanía y Vanesa, la doctora dictaminó que las niñas serían separadas y retenidas.
Han pasado 8 meses de la intervención y ambas niñas continúan privadas de su libertad y separadas de sus familiares. En el caso de Estefanía, sus padres ya han acreditado su parentesco y han firmado la restitución desde el pasado 7 de septiembre del 2022. Sin embargo, para el proceso de Vanesa no existe un avance ni se facilita información a los familiares, a pesar de que su abuela materna y tío, quienes están a cargo de la niña, insisten en agilizar el procedimiento.
Las familias se encuentran preocupadas por la integridad de las niñas pues las autoridades les han negado rotundamente el mantener comunicación con ellas poniendo diversas justificaciones. Es importante resaltar las afectaciones a nivel psicológico y emocional que ha implicado para ambas niñas la separación de sus padres y familiares.
La Red de Observación y Acompañamiento a Niñeces Indígenas en Situación de Movilidad (ROANIM), organizaciones de la sociedad civil solidarias y miembros de la academia repudian, en un comunicado, estos actos de criminalización y violencia institucional ejercidos contra Roque, Marisa, Fernando y las niñas Estefanía y Vanesa.
Resaltan que, con las acciones, las autoridades han ejercido múltiples violaciones a sus derechos humanos y culturales y, sobre todo, una grave violación al principio rector del Interés Superior de las Niñas, además de vulnerar su derecho a permanecer con sus padres y no ser separada de su entorno familiar. Denuncian las malas prácticas con las que fueron privadas de su libertad: engaños, amenazas y el uso excesivo de la fuerza.
Consideran que este hecho violenta su derecho a mejorar sus condiciones de vida plasmado en el artículo 21 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendiente porque las familias tsotsiles migran laboralmente hacia las ciudades como una estrategia de supervivencia frente a la precariedad que viven en sus pueblos.
Por ello, estas acciones también obedecen a retóricas y discursos clasistas, discriminatorios y racistas, que criminalizan la pobreza en la que viven muchas personas tsotsiles que migran a Puebla.
Exigencias
Las organizaciones exigen al DIF Estatal de Puebla la liberación y reincorporación de ambas niñas con sus respectivas familias, así como la rendición de un informe detallado sobre los protocolos y criterios de la detención y separación. Exigen que las instituciones correspondientes garanticen la protección y restitución integral de los derechos de ambas niñas y de sus familiares.
Además, hacen un llamado a las instituciones responsables a tomar cartas en el asunto y efectuar sanciones a los actores involucrados en esta situación considerando las graves violaciones a derechos humanos que han vivido tanto las niñas como sus familias.
No es un hecho aislado
En los últimos 3 años, las organizaciones han documentado múltiples persecuciones, amenazas y violencias que servidores públicos han ejercido contra niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles.
Estas violencias institucionales no solamente se han manifestado en la ciudad de Puebla. Las Organizaciones han detectado la reproducción de estas prácticas en diversos estados de la república mexicana como Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y Baja California.
Violaciones que se sustentan en una supuesta lucha por erradicar el trabajo infantil pero que termina violentando otros derechos fundamentales de las niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles.
La red de organizaciones externa preocupación por las niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles en situación de desplazamiento-migración interna en México, pues continúan movilizándose junto con sus familias a las ciudades tras las violencias estructurales que han vulnerabilizado históricamente a las comunidades tsotsiles de Chiapas.
Exigen un alto a la persecución, criminalización y separación de las familias
tsotsiles por parte de instituciones y servidores públicos de las ciudades receptoras.
Invitan a las sociedades receptoras a no dejarse llevar por los imaginarios e ideas
que circulan sobre las niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles y que los estigmatizan
socialmente; y a desmontar los discursos y prácticas discriminatorias, xenofóbicas,
clasistas y racistas que se han construido en torno a las familias tsotsiles migrantes.
“Las niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles tienen el derecho a vivir una vida libre de
violencias y discriminación. Basta de abusos de poder por parte de las autoridades e
instituciones y de procesos de exclusión por parte de las sociedades receptoras. Porque toda persona tiene el derecho a vivir procesos de movilidad cimentados en la dignidad
humana”.
