Cadenazo radiofónico contra la guerra a los pueblos originarios. #AltoALaGuerra
Invitamos a las radios libres y comunitarias, a las y los comunicadorxs honestxs y solidarixs a participar en un cadenazo radiofónico el próximo 15 de julio del 2023 a partir de las 12 hrs-mx, con el objetivo de visibilizar y denunciar la guerra del capitalismo y los Estados contra los pueblos originarios y campesinos. Las comunidades están siendo amenazadas por una guerra de despojo y destrucción para arrebatarles sus territorios y sus recursos.
Tomando en cuenta la campaña global de solidaridad con las comunidades zapatistas atacadas por paramilitares promovidos por el mal gobierno en contra de las comunidades autónomas, convocamos a participar en este cadenazo radiofónico. Del lado de los zapatistas la vida, la organización y la dignidad, del lado de los tiranxs la muerte, la militarización, los megaproyectos y la esclavitud moderna. Solidaridad con la comunidad de Moises y Gandhi, por la libertad de Manuel Gómez Base de apoyo zapatista.
Súmate con una cápsula, o una programa de radio, en vivo o pregrabado. También si estás en CdMx nos reuniremos en la el plantón en el Zócalo por el Alto a la Guerra a las comunidades zapatistas para hacer cabina presencial.
En el marco de la Acción Global “Del HORROR de la GUERRA a la RESISTENCIA por la VIDA”.
INVITAMOS a los colectivos, redes, pueblos, comunidades e individu@s, a sumar su Arte, Resistencia y Rebeldía” en contra de la Guerra que desde arriba imponen los dueños del poder y del dinero, a nuestr@s herman@s zapatistas. Te esperamos este 15 de julio, a partir de la 12:00 Hrs. y hasta que el cuerpo aguante, en el Zócalo de la CDMX, frente a Palacio Nacional, donde realizaremos diversas actividades y si quieres participar apúntate y comunícate por este medio.
No olvidemos, que contra las Guerras Capitalistas: “Arte, Resistencia y Rebeldía”
Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN Alto a la GUERRA contra los Pueblos Zapatistas
Hermanos y hermanas de México y del mundo, como Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), escuchamos con mucha atención y preocupación la palabra del EZLN así como su silencio, siempre tan potente y que hoy nos llama a estar alerta frente a una guerra anunciada que se va haciendo realidad: CHIAPAS AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL; aunque lo niegue cínicamente Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón, aunque lo oculten los medios de comunicación nacionales. Sabemos lo que está haciendo hoy el gobierno de la 4T, que en sus calendarios están calculando el número de votos, no de vidas. Que prefieren aliarse con la delincuencia organizada y trabajar con los grupos paramilitares, asegurándose así el control territorial para entregárselo al capitalismo y al mismo tiempo, desmovilizar a quienes defienden la vida y se oponen a sus megaproyectos de muerte.
Sabemos que a Morena no le interesa reconocer que hay un escenario de guerra en Chiapas por las afectaciones que esto pueda tener para sus pretensiones de mantenerse en el poder. Que reconocerlo implicaría incluso visibilizar la colusión entre la clase política y el crimen organizado (sabemos que Adán Augusto, uno de los candidatos más sólidos de Morena para la presidencia del país, es hermano de la esposa del actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien ha hecho un silencio sospechoso frente a la violencia que recorre al estado que “gobierna”).
Que sería contradictorio reconocer el nivel de conflictividad que existe en el territorio de Chiapas, a la vez que se militariza el país sobre el argumento de mayor seguridad, lo que vemos en Chiapas y en el país entero es el despliegue del crimen organizado, tal como si avanzaran juntos y coordinados, en la lógica de la guerra de destruir-reconstruir.
Sabemos también que el gobierno de la 4T no reconocerá que la violencia está siendo generada por sus programas gubernamentales que pretenden silenciarnos, al mismo tiempo que dividirnos entre comunidades y evidentemente perpetuar al grupo gobernante en el poder, para que este a su vez, entregue cuentas al mandón, al sistema capitalista; su programa Sembrando Vida, está acabando con los cultivos, con el tejido comunitario, así como generando ataques para quienes defendemos a la tierra, no como una mercancía sino como parte esencial de la vida comunitaria. Es así que grupos paramilitares como la ORCAO ven en estos programas gubernamentales una fuente de ingresos y para obtener más, despojan a nuestros hermanos zapatistas de sus tierras, tal como quieren hacer en la comunidad de Moisés y Gandhi, perteneciente al municipio de Lucio Cabañas, del Caracol 10, que está siendo atacada desde 2019 con armas de alto calibre y donde el 22 de mayo de 2023 hirieron al base de apoyo zapatista Jorge López Santiz, es decir, son ataques permanentes, claramente intencionados, denunciados y finalmente solapados por el mal gobierno.
Nos causa mucha preocupación que los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y otros, se muevan en el estado de Chiapas y en su frontera, que estén armando a comunidades enteras que a su vez están dispuestas a atacar a otras y López Obrador mire con desprecio los cuestionamientos respecto al tema.
Nosotros y nosotras, mujeres y hombres de la Montaña Baja, Alta Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, entendemos la situación, pues la guerra que se avizoraba en Chiapas, la vivimos también en nuestro territorio. La aparición de grupos narco-paramilitares, aunado al desprecio y olvido históricos de quienes han gobernado el país, ha dejado muerte y dolor: asesinatos, tortura, desapariciones, fabricación de delitos, encarcelamientos y todo tipo de violaciones a los derechos individuales y colectivos, todo eso con la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal. No olvidamos que interceptamos a Andrés Manuel López Obrador el pasado 21 de octubre de 2022 y le exigimos que hiciera su trabajo de brindar seguridad y justicia; la respuesta no se hizo esperar, los Ardillos (grupo narco-paramilitar) asesinaron a 3 de nuestros compañeros el 5 de noviembre del mismo año: Adán Linares, Moises Cuapipistenco y Guillermo Linares. Tal como si fuera un historia interminable que nos enseña que los gobiernos, del partido que sea, trabajan con la delincuencia y no para el pueblo. No es casual el encuentro de la actual alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández, de Morena, con uno de los líderes del grupo narco-paramilitar los Ardillos, Celso Ortega, a quien le pregunta “¿cómo puedo ayudarte?”; la relación del Estado con la delincuencia es a todas luces una realidad.
Y es la misma situación que se viven en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, Colima, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas y en todo el país: Por eso decimos que CHIAPAS ES EL ESPEJO DE MÉXICO.
Militarización, grupos paramilitares y grupos de la delincuencia organizada, son la actual triada con la que el Estado, sirviente de los capitalistas, está re-ordenando el territorio mexicano para el beneficio de los capitalistas, que avanzan en la apropiación del territorio. Pero sabemos que en la lógica de la guerra para re-ordenar, re-poblar y reorganizar un territorio, primero hay que destruir lo existente, de ahí la impunidad de la delincuencia organizada y los paramilitares. Es por eso que aunque AMLO ha militarizado al país, vemos que los cuarteles, bases militares, retenes, son filtros para quienes defendemos nuestra tierra, la vida, porque el crimen organizado y los paramilitares se mueve con total impunidad.
Llamamos pues a la sociedad en general a organizarse para defender el territorio y la vida pues la delincuencia organizada avanza con la complicidad de los malos gobiernos y si no estamos organizados, en poco tiempo no habrá nada que defender. Llamamos a la solidaridad en los hechos con los pueblos de México que nos organizamos en el Congreso Nacional Indígena (CNI), con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues es en los pueblos indígenas donde encontramos hoy en día una de las alternativas más sólidas al capitalismo. Nosotras y nosotros como CIPOG-EZ nos mantenemos en resistencia y organizándonos en nuestro territorio; respaldamos las iniciativas nacionales e internacionales de denuncia contra la guerra a nuestros hermanos y hermanas del EZLN y estamos dispuestos a acompañar y ser parte de cualquier acción solidaria en el territorio zapatista: reciban hermanos y hermanas del EZLN el abrazo de nuestras comunidades.
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA EL EZLN!
¡ALTO A LOS ATAQUES CONTRA LA COMUNIDAD DE MOISÉS Y GANDHI EN CHIAPAS!
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!
¡ALTO A LA GUERRA EN EL TERRITORIO MEXICANO!
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA
“Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. (…) Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…”
En Chiapas se vive una violencia extrema que se puede caracterizar como una situación de guerra, y que es reflejo y termómetro de lo que sucede a nivel nacional y de la omisión irresponsable y/o complicidad de los gobiernos estatal y federal. Esto expresaron de diversas formas las y los presentes en la conferencia de prensa organizada por la campaña nacional e internacional “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México ayer, 5 de julio de 2023.
En la conferencia participaron: Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Carlos González García, de la comisión coordinadora del Congreso Nacional Indígena – Consejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG); la cineasta Natalia Beristáin Egurrola, quien leyó el Pronunciamiento de la campaña; Susana, de la Red de Solidaridad Internacional de Noruega; el investigador Gilberto López y Rivas, del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos.
Durante la conferencia, se anunció una Jornada de acción global que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio con el objetivo de informar a la sociedad sobre la situación de guerra en Chiapas, y un foro nacional a ser realizado entre el 24 y 28 de julio, con tres ejes: violencia, justicia y paz.
Todas y todos los participantes hicieron hincapié en la situación de guerra que se vive en el estado: reactivación del paramilitarismo, fuerte presencia del crimen organizado, surgimiento de múltiples grupos armados, alarmante militarización que coincide con un aumento de la violencia y la delincuencia organizada, represión y criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, tortura sistemática, tráfico de personas y de drogas.
Al mismo tiempo, resaltaron la discrepancia entre la violencia desatada en el estado y la negación, inacción y complicidad criminal tanto del gobierno estatal como del federal. Víctor López destacó como ejemplo el hecho de que, la semana pasada, mientras 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública permanecían secuestrados en manos del crimen organizado, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, en conferencia matutina, omitió el hecho y se limitó a dar el pronóstico del tiempo. Y el presidente de la república, ante los repetidos ataques de la organización paramilitar ORCAO contra las comunidades zapatistas, miente, minimiza los hechos y difama a las organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian dicha violencia.
Como lo han denunciado el Frayba, la RedTDT y muchas otras organizaciones e individuos, esta inacción y ocultamiento por parte del Estado es producto de la continuidad de las estrategias de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa desde la década de 1990, ahora con diferentes nombres, nuevos actores y formas distintas. Y también refleja las tentativas por parte de la “Cuarta Transformación” de ocultar la grave situación que se vive en el país, con una militarización inédita en la historia, el dominio del crimen organizado en íntima relación con las diferentes instancias de gobierno y casi 154 mil asesinados, casi 43 mil desaparecidos, y 69 periodistas y 94 defensores de la tierra y el territorio asesinados.
También resaltaron que, al contrario del discurso oficial, en vez de disminuir la delincuencia, la militarización ha incrementado significativamente la violencia criminal. Como mencionó Carlos González, aunque esto se ve en todo el territorio nacional, está particularmente claro alrededor de los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, donde la creciente influencia de la Marina está acompañada de una también creciente presencia del crimen organizado.
Y mientras las acciones criminales no se combaten (los ataques de la ORCAO a las comunidades zapatistas; los enfrentamientos entre cárteles, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado de miles de personas en Frontera Comalapa; el terror que vive la población de Pantelhó, etc.), los defensores de la tierra y el territorio son criminalizados y reprimidos con violencia ejemplar.
Gilberto López y Rivas, quien ha estudiado a profundidad el tema del paramilitarismo en México, hizo un llamado a los medios de comunicación independientes, a las ciencias sociales y académicos comprometidos, a romper el cerco informativo construido desde el gobierno y divulgar, con bases fundamentadas, la situación de guerra que se vive en Chiapas y en el país.
Escucha a seguir las palabras de la conferencia de prensa:
Chiapas es México.
Alto a la guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas
Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941[1] homicidios dolosos, 42 mil 935[2] personas desaparecidas y no localizadas, 69[3] periodistas y 94[4] personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio.
Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…
Los hechos son inocultables: en Chicomuselo, paramilitares acechan a la población para que dejen de oponerse y autoricen reabrir una mina de barita, originando desplazamientos forzados. En Comalapa, las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado provocan también el desplazamiento forzado de miles de personas. Muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, un camión que traslada ilegalmente a personas migrantes vuelca y mueren, al menos, 56 personas, y otras 70 resultan heridas. En Pantelhó, personas armadas asesinan a Simón Pedro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. En Santa Martha, municipio de Chenalhó, hombres armados atacan a familias víctimas de desplazamiento forzado y asesinan a siete personas tzotziles. En San Cristóbal de las Casas, grupos armados recorren la ciudad, exhibiendo su capacidad de movilización y poder de fuego… El recuento podría seguir, pues cada día nuevos hechos de violencia se viven en el estado de Chiapas.
Grupos del crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares operan con total impunidad en todo el territorio chiapaneco. Como respuesta, el gobierno federal envía militares y Guardia Nacional a una entidad que ya de por si tiene amplia presencia de fuerzas militares desde 1994. Esta remilitarización no se ha traducido en la reducción de las violencias y negocios ilegales, por el contrario, los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades económicas y han intensificados sus ataques contra pueblos y comunidades.
En este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad. Los ataques, agresiones y provocaciones son constantes y se han intensificado desde 2019. Las autoridades zapatistas, organizaciones de derechos humanos y al menos tres misiones civiles de observación, lo han documentado y dado a conocer en informes públicos y en conferencias de prensa. Compartimos como anexo a este pronunciamiento un recuento puntual de varios de estos ataques.
Desde el entorno nacional e internacional de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena, el pasado 8 de junio de 2023, en México y el mundo realizamos 72 acciones (36 nacionales y 36 internacionales) para visibilizar estas denuncias y para exigir alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y alto a la guerra en Chiapas. Estas acciones de solidaridad continuaron realizándose en diferentes estados y países. Las respuestas llegaron unas semanas después: del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la ORCAO realizaron nuevos ataques coordinados en tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi, y están ubicadas en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Los ataques van desde la quema de parcelas hasta embestidas armadas. Estas agresiones duraron, en esta ocasión, tres días y se contabilizaron al menos 800 disparos de diferentes calibres, así como el incendio de parcelas que se encuentra cercanas a las casas de las familias zapatistas.
El 23 de junio, en su conferencia matutina desde Chiapas, el titular del Ejecutivo Federal, acompañado de la secretaria de Gobernación, del secretario de la Defensa Nacional y del gobernador local, restó importancia el grave contexto de dicho estado y a los ampliamente documentados ataques contra las comunidades zapatistas. Además, continúo con las descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian estás y otras violencias.
Estas respuestas, tanto de la ORCAO como del presidente de México, nos preocupan y alarman: la ORCAO sigue e incrementa sus operativos armados, en tanto el presidente de México encubre, con su discurso, actos graves de violencia que a todas luces van en ascenso. La negación, minimización y tergiversación de esta comprobada realidad se convierten en un manto de impunidad que protege a los grupos paramilitares.
Peor aún, el presidente de México retomó el discurso de sus antecesores cuando señalaban que estos conflictos eran entre grupos locales o “entre comunidades”, evadiendo así toda la responsabilidad de Estado y emulando a Felipe Calderón y su ofensivo “se matan entre ellos”.
Este panorama nos lleva como personas, pueblos y comunidades organizadas, en México y en otras partes del mundo, a redoblar los esfuerzos por detener la guerra contra las comunidades zapatistas y en Chiapas. Hoy ratificamos que desde el actual gobierno no sólo no escuchan, sino que, además, siguen permitiendo y apoyando una estrategia de guerra contrainsurgente y delincuencial. Por lo anterior, llamamos a:
1. Denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas en general, y remarcar la responsabilidad del gobierno del estado y del gobierno federal.
2. Desplegar campañas de información y de acciones de solidaridad en todo el país y en otros países para informar sobre esta guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas y la guerra en Chiapas.
3. Desde este espacio de coordinación nacional, convocamos a la Jornada de Acción Global Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, el 13, 14, 15 y 16 de julio, que tiene por objetivo informar a la sociedad sobre la situación de guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas. Esta jornada incluirá:
a. Volanteos y distribución de información
b. Mesas informativas
c. Eventos artísticos
d. Movilizaciones
Así mismo, entre el 24 y 28 de julio realizaremos un foro nacional con tres ejes, violencia, justicia y paz. De igual forma, compartimos que estamos en condiciones de realizar trabajo de observación y acompañamiento en territorio zapatista cuando las condiciones así lo permitan.
Llamamos a desplegar toda la solidaridad posible con los pueblos zapatistas, a no caer en la indiferencia y el escapismo individualista ante los ataques que viven cotidianamente los pueblos y las comunidades que aquel estado. Chiapas es México, y hoy México y el mundo debemos mirar y actuar contra la guerra y en favor de la paz, con justicia y dignidad.
Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas
[1] Datos del gobierno federal. [2] Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. [3] Datos del gobierno federal. [4] Memorial de personas defensoras asesinadas (Memorial del HRD).
Representante del Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
PRESENTE
Ante la situación de extrema violencia que se está ejerciendo contra las comunidades autónomas zapatistas y el desplazamiento obligado de la población como consecuencia de la actuación de grupos paramilitares encubiertos por del gobierno del Estado de Chiapas y el Gobierno Federal con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, denunciamos la flagrante violación a los Derechos Humanos en México y acusamos que, por actos y omisiones, el actual gobierno mexicano continúa violando los derechos humanos de los pueblos originarios en todo el territorio nacional en derechos políticos, sociales, económicos y culturales establecidos en pactos, convenios y declaraciones internacionales, suscritas y ratificadas por México en los distintos artículos referentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y el Convenio No 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante la inoperancia cómplice de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual debiera ser garante de la defensa de estos derechos, y la actitud negacionista del titular del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, que pareciera anunciar una mayor escalada de la violencia contra los pueblos zapatistas en particular y de los pueblos originarios en general, la casi absoluta impunidad presente en nuestro país, la persecución política contra periodistas, defensores ambientales y de Derechos Humanos y la constante estigmatización que de todos ellos se hace en los canales de comunicación oficialistas, recurrimos a su digna representación para solicitar intervenga, en el ámbito de sus atribuciones, para buscar terminar con la creciente campaña de violencia cometida por actores del Estado, oficiales y oficiosos, y buscar el desarme de los grupos paramilitares que operan en el estado de Chiapas, particularmente la ORCAO del municipio de Ocosingo.
Así mismo, les solicitamos estar atentos, pues, ante el negacionismo cómplice del gobierno, realizaremos una Misión Civil de Observación por la Vida y por la Paz a la comunidad de Moisés y Gandhi, objeto de algunas de las más recientes agresiones, y de acompañamiento a los últimos habitantes de la población de Nuevo San Gregorio, quienes están próximos a desplazarse de manera forzada como resultado de esta misma violencia paramilitar. En este sentido, solicitamos su apoyo para lograr el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional, en virtud del alto riesgo para esta caravana.
Sin otro particular, quedamos atentos.
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan
Responsables:
Polo Castellanos y Armando Soto
Suscriben
Asociación Cívica Mexicanos Unidos
Cátedra Carlos Montemayor
Clínica de Heridas
Colectiva Autónoma de Colaboración Social
Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía
Colectivo Mujeres Tierra de Mexicali
Comunidad Jnatrro residente en la Ciudad de México
El Bordado de Ramona
La Casa del Centro
La Resistencia-LA
Mexicali Resiste
Nuestra Alegre Rebeldía
Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos
Embajador de Los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de España.
Nos dirigimos nuevamente a usted como máximo representante de Los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de España, para trasladarle nuestra preocupación, nuestro rechazo y también nuestra indignación ante los nuevos y graves hostigamientos con violencia que se están desarrollando en el Estado de Chiapas y más concretamente contra las Comunidades Zapatistas.
Como bien sabrá, la organización a la que represento, la Confederación General del Trabajo (CGT), mantiene durante bastantes años una estrecha relación con el Zapatismo. Durante todos estos años hemos podido conocer de primera mano y en el propio terreno las realidades y necesidades de las Comunidades Zapatistas y cómo han ido desarrollando sus proyectos de vida comunitaria, basándose en una organización democrática para satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano como son la SALUD, JUSTICIA, DEMOCRACIA, TECHO, EDUCACIÓN, TIERRA, PAZ, ALIMENTACIÓN, TRABAJO COMUNICACIÓN, INDEPENDENCIA, CULTURA. Al mismo tiempo, también hemos visto las respuestas gubernamentales de los diferentes gobiernos ante las justas propuestas de las Comunidades Zapatista, respuestas basadas en la militarización y la represión.
Y es en la represión que está ejerciendo su gobierno donde queremos centrarnos, ya que no entendemos como un “Gobierno Progresista” como el que dirige el presidente de su país D. Andrés Manuel López Obrador, puede estar reprimiendo de esa manera a su pueblo.
Hace menos de un mes ya le enviamos una carta para manifestar nuestro rechazo a los ataques con arma de fuego realizados en la Comunidad Zapatista Moisés Gandhi. En dicho ataque fue gravemente herido el compañero Jorge López Sántiz, con perforación en el diafragma, tres orificios en el intestino grueso y perforaciones en el estómago y en el bazo. Y ahora nos volvemos a dirigir a usted porque los hostigamientos, las balaceras y las agresiones no han cesado.
El estado de salud de nuestro compañero, Base de Apoyo, Jorge López Sánti continúa siendo débil. Necesita atención especializada para su recuperación y presenta una infección que no fue advertida por el personal médico, así como una herida abierta. El funcionamiento de su intestino sigue sin ser el adecuado y requiere de tratamientos, medicamentos y cuidados especializados para una adecuada cicatrización.
Como le comentábamos anteriormente los hostigamientos y agresiones no han cesado. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” reporta los siguientes hostigamientos en las últimas fechas:
Del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), realizan ataques con riesgo para las Comunidades Zapatistas Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi. Los ataques van desde la quema de parcelas hasta ataques armados.
Desde el 19 de junio aproximadamente a las 14:00 horas, el grupo armado disparó desde San Felipe y San Antonio Las Flores. Se contabilizan 67 detonaciones de armas de fuego de alto calibre y 13 de bajo También hay quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El 21 de junio de 2023, los ataques de la ORCAO comenzaron a las 12:50 horas, para las 18:50 horas sumaban al menos 716 disparos de diferentes calibres. Atacan simultáneamente las Comunidades Zapatistas de Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y En esta última incendiaron la parcela adjunta a la Escuela Secundaria Autónoma y que se encuentra a escasos 50 metros de las casas de las familias zapatistas.
Hasta el 22 de junio, en la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, (municipio oficial de Ocosingo), Chiapas, han contabilizado 25 disparos alto calibre y 20 bajo
Ante semejante situación de violencia no entendemos la pasividad gubernamental, no entendemos que esta violencia hacia las Comunidades Zapatistas se siga permitiendo cuando tienen la zona extremadamente militarizada. Según el Informe Frayba 2023 llamado “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad de un Estado”, su gobierno mantiene en el Estado de Chiapas 71 campamentos militares con 8500 efectivos entre Secretaría de la Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con previsión de aumentar la presencia militar en este año 2023. A lo que hay que añadir los efectivos del Ejército Mexicano. La cifra es escandalosa según datos que aporta el citado informe de Amnistía Internacional en el Estado de Chiapas mantienen casi la mitad de efectivos que en todo el país, no siendo Chiapas un estado de los más violentos.
Pero lo más alarmante es que esta presencia militar no combate al crimen organizado, siendo incapaz de frenar los ataques de organizaciones paramilitares como la ORCAO a las Comunidades Zapatistas y que sin embargo, aumenta los niveles de alcoholismo, prostitución, consumo de drogas y el acoso y la violencia sexual a las mujeres por parte de los efectivos militares, contribuyendo así a la fragmentación del tejido social.
Y es precisamente eso lo que llevan haciendo los diferentes gobiernos desde 1994, incluido el del Sr. López Obrador, responder con guerra y violencia a todo un proceso organizativo desde abajo y pacífico. El pueblo se presenta con su palabra y ustedes le responden con represión: el único lenguaje que conoce el poder.
Por todo lo expuesto les trasladamos las siguientes exigencias que requieren de urgencia:
Garantizar de manera urgente la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias Bases de Apoyo de la Región de Moisés y Gandhí.
Que se continúe la atención médica integral y de calidad de Jorge López Sántiz, a fin de salvaguardar su vida e integridad física y psicológica.
Investigar y deslindar responsabilidades por el hecho delictivo de intento de homicidio y ataques armados perpetrados en contra de los habitantes de las comunidades que integran la Región de Moisés y Gandhi.
El cese inmediato de los ataques armados contra las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
De toda esta degradación social y del aumento de la violencia son ustedes responsables. La historia juzgará a su gobierno como cómplice de la violencia y de llevar a la población a una guerra civil. La historia colocará a su “gobierno progresista” alejado del pueblo y próximo a un modelo desarrollista y de explotación de empresas cuyo fin es consolidar un régimen totalitario disfrazado de progresismo.
Atentamente,
David Blanco Pérez-Longares
Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT
Continúa en riesgo la salud de Jorge López Sántiz, Base de Apoyo Zapatista
Del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), realizaron una serie de ataques que ponen en riesgo a tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi y están ubicadas en el municipio de Ocosingo, Chiapas: los ataques van desde la quema de parcelas hasta ataques armados que al momento de la emisión de esta Acción Urgente, no han frenado.
Desde el 19 de junio aproximadamente a las 14:00 horas, el grupo armado disparó desde San Felipe y San Antonio Las Flores, contabilizando al menos 67 detonaciones de armas de fuego de alto calibre y 13 de bajo calibre, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
El 21 de junio de 2023, los ataques de la ORCAO comenzaron a las 12:50 horas, para las 18:50 horas sumaban al menos 716 disparos de diferentes calibres, simultáneamente atacaron a las comunidades zapatistas de Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y Gandhi; en esta última incendiaron la parcela adjunta a la Escuela Secundaria Autónoma, misma que se encuentra a escasos 50 metros de las casas de las familias zapatistas.
A la emisión de esta Acción Urgente -para el 22 de junio- se han contabilizado 25 disparos alto calibre y 20 bajo calibre, con información documentada por la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, (municipio oficial de Ocosingo), Chiapas.
Este día se cumple un mes del ataque en donde resultó herido el Base de Apoyo Jorge López Sántiz, que aún se encuentra en un estado de salud delicado con la necesidad de manejo especializado para dar continuidad a su proceso de recuperación.
Respecto al estado de salud del Base de Apoyo zapatista, Jorge López Sántiz, egresó del Hospital Gómez Maza el 5 de junio de 2023, después de 10 días de estar en terapia intensiva y 4 días de estar en hospitalización. A su egreso aún presenta una infección que no fue advertida por el personal médico, así como una herida abierta. Las secuelas son graves, pues el funcionamiento de su intestino quedó afectado. El proceso de recuperación es lento, pues las complicaciones derivadas de la cirugía necesitan cuidados especializados para una cicatrización adecuada, así como manejo con medicamentos antibióticos y analgésicos.
Desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” continuaremos documentando las agresiones a comunidades que ejercen sus derechos a la autonomía y libre determinación como pueblos originarios, y señalando la complicidad del Estado mexicano.
Ante estos hechos exigimos con urgencia:
Garantizar de manera emergente la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias Bases de Apoyo de la Región de Moisés y Gandhí.
Se continúe la atención médica integral y de calidad de Jorge López Sántiz, a fin de salvaguardar su vida e integridad física y psicológica.
Investigar y deslindar responsabilidades por el hecho delictivo de intento de homicidio y ataques armados perpetrados en contra de los habitantes de las comunidades que integran la Región de Moisés y Gandhi.
Cese inmediato de los ataques armados contra las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Antecedentes:
El 23 de mayo de 2023 presentamos la Acción Urgente 009, en donde solicitamos a las autoridades su atención inmediata y un cese a la violencia dirigida en contra de las comunidades autónomas zapatistas.
En mayo de 2022 emitimos la Acción Urgente 002-2022 en donde se documentan diversos hechos de violencia en la comunidad, así como el aumento de ataques armados, robo de cosechas, destrucción de bienes y desplazamiento forzado, con base en los testimonios de las personas pobladoras de la región.
Solicitamos enviar sus llamamientos urgentes a:
Lic. Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Constitucional de México
Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850 Ciudad de México.
Fax: (+52) 55 5093 4901. Twitter: @lopezobrador_
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023 Boletín No. 14
Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.
El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.
Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.
El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.
Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.
Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.
En el programa Cruce de Palabras (TeleSur), Luis Hernández Navarro conversa con investigador Gilberto López y Rivas sobre los constantes ataques contra las comunicades zapatistas por parte del grupo paramilitar Organización Regional de Cafeicultores de Ocosingo (ORCAO).
Este próximo 21 de junio, se realizará una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por la desaparición forzada del base de apoyo zapatista Antonio González, desaparecido por el grupo paramilitar Paz y Justicia el 18 de enero de 1999 en Sabanilla, Chiapas, en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Ante la próxima audiencia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) construyó este sitio especial sobre el caso de Antonio González:
