Por Aldo Santiago | Avispa Midia

_{En portada: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el presidente nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Rubén Del Pozo Mendoza, inauguraron oficialmente la XXXVI Convención Internacional de Minería “La Minería Unida por México”, Acapulco 2025.}

Organizaciones sociales, comunidades y académicos integrantes del colectivo ¡Cambiémosla Ya!, quienes se articulan para exigir reformas profundas a la Ley Minera en México, acusan que funcionarios de la Secretaría de Economía, además de incumplir por más de dos años en su obligación legal para expedir un nuevo reglamento, derivado de las modificaciones efectuadas en mayo del 2023, actualmente están contemplando “reanudar la exploración a mayor escala” de la actividad extractiva.

Mediante comunicado, la colectiva denunció que, durante la inauguración de la XXXVI Convención Internacional de Minería, efectuada el pasado 20 de noviembre, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, prometió que, para el año 2026 se reanudará la exploración minera a mayor escala. En el mismo evento, el secretario prometió agilizar permisos para la industria con el objetivo de reducir tiempos administrativos y facilitar la inversión en nuevos proyectos mineros en el país.

En su discurso, Ebrard enunció que dichas decisiones derivan de las actuales tensiones geopolíticas entre las cuales se encuentran el difícil acceso a minerales y su procesamiento, situación que “evidentemente es una prioridad del más alto rango”. Aunado a ello, el titular de Economía destacó que el impulso al que se compromete el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” responde a la necesidad de “garantizar los minerales que México necesita para ser competitivo y que necesita el Plan México”, en referencia al portafolio de inversiones, nacionales e internacionales, por 277 mil millones de dólares anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en enero del 2025.

El secretario Ebrard señaló que, dentro de la inversión extranjera directa contemplada en México ya se cuenta con proyectos que alcanzan un monto de casi 41 mil millones de dólares. Incluso, para subrayar el compromiso del gobierno federal con la industria, refirió que el jefe de Coordinación de Actividades Extractivas de la secretaría de Economía, Fernando Aboitis, actúa como si fuese miembro de la Cámara Minera de México (Camimex).

Ante ello, el colectivo ¡Cambiémosla Ya! denunció lo que califica como “gran irresponsabilidad” en el actuar de los funcionarios de Economía, ya que acusan que la dependencia cedió a los chantajes de la industria minera y omiten “su responsabilidad en la tarea de fortalecer la regulación de este sector, caracterizado por vulnerar derechos, dañar el medio ambiente, evadir el pago de impuestos, propiciar la violencia y la corrupción”.

Ya en junio de este año, en el contexto de la puesta en marcha del Comité Educativo de Minería México 2025 -una iniciativa entre la industria minera, la Secretaría de Economía e instituciones de educación superior-, la colectiva calificó como ofensiva “la actitud tan servil de la Secretaría de Economía hacia la industria minera, que en palabras de la ex secretaria de Economía, Raquel Buenrostro: ‘el sector de la minería no paga impuestos y es de los más corruptos’”. 

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Además, la colectiva ¡Cambiémosla Ya! También rememora que incluso la propia presidenta Sheinbaum se comprometió durante su campaña presidencial a impulsar la prohibición de la minería a cielo abierto, pero que,“inexplicablemente, retiró este compromiso de su agenda prioritaria y se impulsa con gran fuerza a la industria minera”.

Fuertes presiones

Aunado a lo anterior, las organizaciones sociales aseveran que la industria minera está desplegando una fuerte campaña mediática y de cabildeo para impulsar un apartado sobre minería en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debido a que, argumentan, en México no existen condiciones claras para invertir en el sector, “por una excesiva regulación y altos costos en el pago de impuestos”.

La colectiva destaca que, entre los años de 1992 y 2018, el gobierno federal otorgó más de 60 mil concesiones mineras, “ninguna de ellas consultada, ni siquiera notificada a los legítimos dueños de la tierra”, reclaman. 

Ante ese escenario, sostienen que, a la fecha, miles de familias han sido desplazadas de manera forzada de sus hogares por la imposición de proyectos mineros de exploración y explotación, “quienes además de perder sus medios de vida, han visto afectada su salud y afecta el acceso al agua”.

Sumado a lo anterior, la colectiva señala que, durante más de 30 años, las empresas mineras se dedicaron a especular en mercados financieros y comerciar con los títulos de concesión, “sin ganancias para el Estado ni para las comunidades”. Resaltan que aún hay vigentes más de 22 mil concesiones mineras, equivalentes a una superficie de 24 millones de hectáreas, susceptibles a la realización de labores de exploración y explotación minera.

“Con el mito de fortalecer la economía nacional, la industria minera pretende presionar a las autoridades para que se le regresen los privilegios y pueda seguir evitando pagar impuestos, devastando el ambiente, desplazando a las comunidades, acaparando y contaminando impunemente el agua”, sostienen quienes integran la colectiva ¡Cambiémosla Ya!.

Frente a las declaraciones del titular de Economía, la colectiva exige que se requiere una mejor regulación y vigilancia de las operaciones de la industria minera, por lo que la dependencia “debe fungir como un ente regulador, que vigile el cumplimiento de la ley, velar por el fortalecimiento de la economía del país, no ser un representante de intereses privados, nacionales y extranjeros, que han saqueado los recursos minerales del país a costa del desplazamiento y la salud de las comunidades y la devastación del medio ambiente”.