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CIPOG-EZ

Comunicado del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), por el asesinato impune de nuestros hermanos José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián

(Descarga aquí)  

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A la sexta nacional e internacional
A las redes de resistencia y rebeldía
A las redes de apoyo al CIG

Territorio Comunitario, Guerrero, 7 de Mayo de 2019

El CIPOG-EZ es la casa de los pueblos Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué y Afromexicanos del estado de Guerrero. Reconocemos nuestra historia reciente desde 1992 cuando comenzamos a luchar por nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, constituimos el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia que creció con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se articuló con el Congreso Nacional Indígena. Así llegamos hasta el 2001, luchando para que los Derechos y la Cultura indígena fueran reconocidos en la constitución, pero ningún partido, ningún político profesional quiso frenar la guerra de exterminio que aún continua.

En la Costa Montaña de Guerrero nuestras comunidades llevaron a la práctica nuevas formas de gobierno comunitario, constituyendo sus propias instituciones. Nació la Policía Comunitaria en 1995 y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en 1998. Así se demostró que entre las montañas, entre la miseria y la represión en la que nos han tenido sumidos, los pueblos somos capaces de recuperar la paz y la tranquilidad. Estos modos de organización y de gobierno tampoco fueron inventados, vienen de cinco siglos de resistencia indígena y de nuestras experiencias como pueblos.

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Radio Zapatista

Pueblo zoque en defensa de la tierra y el territorio

Texto, fotos y audios: Radio Zapatista

Chapultenango, Chiapas. Hace 37 años, el 28 de marzo de 1982, el volcán Chichonal hizo erupción, causando la muerte de unas 2 mil personas y el desplazamiento de más de 22 mil. La tragedia es una herida abierta aún para los pueblos zoques, aunada a las muchas heridas a lo largo de su existencia. Esa herida, pero también la historia de lucha, unión y perseverancia, se recordó este pasado 30 de marzo en el poblado de Chapultenango, Chiapas, donde se celebró el Segundo Foro del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Tierra y el Territorio.

El territorio zoque es sumamente rico en recursos naturales. Agua, petróleo, gas natural y minerales abundan en la región. Por esa razón, desde hace décadas el territorio zoque es codiciado por empresas extractivas y proyectos de “desarrollo” del Estado, que han devastado tierras, contaminado las aguas, desplazado comunidades enteras y provocado fuertes conflictos agrarios. Presas hidroeléctricas, minas, extracción de hidrocarburos y proyectos geotérmicos amenazan el territorio y la propia sobrevivencia de los pueblos.

Ante esto, los pueblos zoques han sabido resistir, aunque hasta tiempos recientes de manera fragmentada. Pero hace poco más de dos años comenzó a surgir un movimiento que vincula las diferentes luchas contra los distintos megaproyectos extractivos en el amplio territorio. Por primera vez, viene surgiendo la conciencia de la necesidad de unir esfuerzos, vinculando las diversas problemáticas, para hacer frente al despojo sistemático. Se trata de diversos movimientos y organizaciones que se vinculan, con un fuerte eje en la teología de la liberación, pero que abraza otras religiones y que se manifiesta en diversas formas de lucha, todas ellas pacíficas.

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En defensa de los territorios

Convocan a Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las mineras en Oaxaca

Fuente: http://endefensadelosterritorios.org/category/juicio-popular-vs-mineria/

Oaxaca, México.
11 y 12 de octubre de 2018

 ¿Cómo surge el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca?

Esta iniciativa surge a partir de los acuerdos generados en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” realizado en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, los días 23 y 24 de febrero de 2018. En dicho encuentro participamos alrededor de 60 comunidades y 36 organizaciones que actualmente están enfrentando los embates del modelo extractivista. En dicho encuentro analizamos que es importante empezar a articularnos para fortalecer nuestra defensa, además de enjuiciar al Estado y las empresas mineras por sus acciones.

¿Por qué realizar un juicio popular comunitario?

En las últimas dos décadas el proyecto neoliberal-extractivista se ha profundizado en México, impulsando diversos proyectos de muerte, amparados en tratados y acuerdos comerciales internacionales y una legislación que permite una violación sistemática a los derechos de pueblos y comunidades. Dentro de estos proyectos se encuentra la minería como uno de los ejes principales del modelo, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

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Frente Popular en Defensa del Soconusco

Policías y militares reciben protesta vs minería en Chiapas.

“EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS CIERRA SUS PUERTAS, A CAMBIO NOS RECIBEN POLICÍAS Y MILITARES.”

Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS)

Acacoyagua, Chiapas, México – A 8 de mayo 2017

Al llegar a la reunión a la que nos había citado el presidente municipal de Acaoyagua hoy lunes 8 de mayo, a las 12 de la tarde, nosotros integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) encontramos las puertas de la presidencia cerradas con cadenas y a unos diez policías vestidos de civil posicionados alrededor del parque y vigilándonos.

Poco después de la hora de la cita, mientras las puertas permanecían cerradas, llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí.

Denunciamos que esta intervención de la policía y del ejército constituye un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Eramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía “No a la minería”.

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Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

No a la minería en el Soconusco, Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 13 de octubre de 2016

Boletín de prensa

No a la minería en el Soconusco, Chiapas

En respuesta al riesgo que representa la extracción y explotación minera en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, Región del Soconusco, el pasado 26 de septiembre de este año el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) instaló dos campamentos civiles con el fin de cerrar el paso a personal de la empresa El Puntal S.A de C.V que, desde hace 15 años, está afectando la reserva El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas.

Los campamentos instalados en las comunidades Santa Anita y Las Cadenas, ambas en Acacoyagua, impiden el paso de la maquinaria que explotaba 500 hectáreas del predio Casas Viejas mismo que se ubica entre las comunidades de Magnolia, Los Cacaos y Satélite Morelia. No obstante, el daño ambiental a las comunidades cercanas persiste ya que actualmente otros tres proyectos mineros permanecen con actividad en este municipio.

Según información documentada por la organización Otros Mundos A.C. tan sólo en el municipio de Acacoyagua existen 13 concesiones otorgadas que impactarían sobre la superficie de más de 36 000 hectáreas, mientras que en Escuintla existen 8 concesiones que afectarían más de 15 000 hectáreas y en Chiapas hay un total de 99 permisos otorgados a mineras que causarían graves daños a la salud, violaciones a los derechos humanos particularmente de mujeres e infantes, despojo y desplazamiento forzado de la población cercana a las zonas de impacto ambiental.

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Radio Pozol

Frente en defensa del Soconusco y REMA exigen detener el proyecto minero Casas Viejas

COMUNICADO

El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio mantenemos dos campamentos para detener la actividad minera en nuestro territorio:

Acacoyagua, Chiapas, México, a 4 de Octubre del 2016

Las familias que integramos el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) ejercemos nuestro derecho a un medio ambiente sano y al agua, a proteger nuestra tierra y el patrimonio de nuestros/as hijo/as.

Este 26 de septiembre determinamos cuidar los caminos del paso de la maquinaria de excavación y transporte del proyecto minero “Casas Viejas”. Siendo nosotros/as lo/as propietario/as de los caminos que usan los mineros como paso de trabajo, establecimos de manera colectiva que es nuestro deber cuidar la reserva de El Triunfo, los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María, así como los manglares de la zona costera de la explotación minera de Titanio. De manera pacífica, con el sentimiento de unión y solidaridad, nos organizamos para mantener dos campamentos para impedir el saqueo y la contaminación de nuestra naturaleza.

El proyecto minero “Casas Viejas” (en los ejidos Cacaos, Magnolia y Satélite Morelia) es parte de cinco proyectos que se han establecido desde hace quince años. Tan solo en el 2009, se explotaron 49.000 toneladas del proyecto “Cristina” y, durante los últimos cinco años, se han concesionado 21 títulos en los municipios de Escuintla y Acacoyagua. Las empresas Male S.A. de C.V., el Puntal S.A. de C.V., Tristán Canales Reyna y Socios, Honour Up Tranding S.A de C.V., Sociedad Cooperativa Unidad Piedritas y Servicios S.C.L. de C.V. se han apoderado de nuestro territorio y ponen en riesgo nuestro futuro.

Las familias del FPDS hacemos efectiva la Declaratoria de Municipio Libre de Minería firmada por el presidente municipal y los/as regidores del H. Ayuntamiento de Acacoyagua y el compromiso que desde entonces establecimos: los y las representantes de los ejidos y comunidades de Acacoyagua declaramos que no permitiremos ninguna reanudación de proyectos mineros, nada de trabajos a escondidas (ni de exploración ni explotación), nada de máquinas por los caminos, nada de visitas de empresarios chinos, nada de promesas de minería sustentable. Porque nuestro territorio merece ríos sanos, gente sin enfermedades, trabajo digno y con tierra para las nuevas generaciones.

Los/as integrantes exigimos: comunidades sanas, ríos libres, tierra para sembrar y futuro para nuestros hijos/as.

¡Vida Sí, Minería No!
¡Aguas para la Vida, No para la Minería!

Firman:

Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Para mayor información:

salvadorchavit@hotmail.com
libertaddiaz@otrosmundoschiapas.org

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Union de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas

“Cancelación de permisos y concesiones en favor de empresas mineras e hidroeléctricas”, exigencia de la costa de Chiapas.

“Derivado de los intentos de las empresas en querer comprar las tierras que habitamos, hemos sometido a consenso en nuestras asambleas y determinado declararnos territorios libres de la minería y mini hidroeléctrica, y convocamos al pueblo en general a que participe en la marcha pacífica y civil el día 30 de Noviembre a las 10:00 horas en la cd de Pijijiapan”.

Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Frente Cívico Tonalteco AC

Somos una organización conformada por ejidos, comunidades, rancherías, poblados de la ciudad de Pijijiapan, Chiapas, y hemos decidido luchar en contra de la imposición de los megaproyectos de minería, mini hidroeléctrica, y fraking.

Desde la modificación al art. 27 de la Constitución Federal el Estado Mexicano ha permitido que las empresas trasnacionales puedan entrar a nuestros territorios sin nuestro permiso a explotar los bienes naturales, dejando solo una serie de afectaciones a la flora y fauna, por lo que sin duda nos hemos mantenido alertas para evitar la entrada de las empresas.

Derivado de los intentos de las empresas en querer comprar las tierras que habitamos, hemos sometido a consenso en nuestras asambleas y determinado declararnos territorios libres de la minería y mini hidroeléctrica, y convocamos al pueblo en general a que participe en la marcha pacífica y civil el día 30 de Noviembre a las 10:00 horas en la cd de Pijijiapan, Chiapas que partirá del Hospital Básico Comunitario, en donde el objetivo principal será exigir al Ayuntamiento Municipal firmar un acuerdo que nos garantice que las empresas trasnacionales o mexicanos no destruirán nuestras tierras y territorios que durante décadas hemos cuidado y preservado porque es el futuro de nuestras familias, así como también no expedir ningún tipo de permiso o concesión a favor del gran capital y que se respete nuestro derecho a la propiedad, se garantice nuestra integridad física, y salud, así como también el respeto a nuestro medio ambiente en especial a nuestros bosques y ríos.

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Les informamos que nos mantendremos en resistencia hasta lograr que el Estado respete nuestra libre autodeterminación como pueblos y autonomía, y evitaremos la entrada de las empresas a nuestras tierras.
Por lo que llamamos a las organizaciones de la sociedad civil dignas y honestas a la solidaridad y el apoyo mutuo, a las comunidades que lucha y resisten que hagamos esfuerzos conjuntos por la defensa de la tierra y el territorio, a los medios de comunicación para que puedan dar amplia cobertura de nuestra lucha a favor de la vida y en contra de los proyectos de muerte.

Al gobierno Federal, Estatal y Municipal exigimos:

• La cancelación de los permisos y concesiones en favor de las empresas mineras e hidroeléctricas.
• El respeto de nuestra tierra y territorio ejidal, comunal, o de cualquier otro tipo de régimen agrario.
• La cancelación de la explotación de gas a través del uso del Fracking.
• El respeto a nuestro derecho de asociación, reunión y de participación política en asuntos inherentes a la defensa de nuestros territorios.
• El respeto de nuestra autonomía y libre determinación de nuestros pueblos.
• Se garantice el derecho a un ambiente sano.

SI A LA VIDA. NO LA MINERIA
SI A LA VIDA. NO A LA MINIHIDROELECTRICA
EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO. NO UNA MERCANCIA
TARIFA JUSTA DE ENERGIA ELECTRICA.
NO A LAS REFOMA ENERGETICA.

Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Frente Cívico Tonalteco AC

Pijijiapan, Chiapas México, Noviembre 2015

Fuente: https://consejoautonomo.wordpress.com/2015/11/28/movilizacion-30-de-noviembre-2015/

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Raúl Zibechi

Minería a la baja: una oportunidad para los pueblos

Por Raúl Zibechi  | 26 octubre 2015 | Programa de las Americas

fuera-de-crucitasPor primera vez en muchos años, la minería retrocede en América Latina. A la caída de los precios internacionales y al aumento de los costos de producción, con la consiguiente disminución de las ganancias, se le suma la creciente resistencia de la sociedad por los impactos ambientales y sociales.

“El modelo extractivo minero es un problema de poder y por tanto político”, dice en su último informe el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)[1]. A pesar de la caída de los precios internacionales de los minerales, la región sigue recibiendo la mayor parte de la inversión en exploración minera a nivel mundial.

El informe agrega: “El extractivismo minero es un problema de derechos humanos”, ya que las grandes empresas multinacionales aprovechan la desatención de las obligaciones del Estado “para promover una imagen de responsabilidad social que satisface necesidades de la población”.

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CNI y CCRI-CG del EZLN

Comunicado conjunto del CNI y el CCRI-CG del EZLN sobre el ataque de fuerzas federales contra la comunidad indígena de Santa María Ostula.

A la Comunidad Indígena Nahua de Santa María Ostula, Aquila, Michoacán:
A la Sexta nacional e Internacional:
A los pueblos de México y del Mundo:

21 de julio del 2015.

Ante los violentos acontecimientos perpetrados el pasado 19 de julio de 2015 en contra de la comunidad indígena de Santa María Ostula por un numeroso comando conformado por miembros de la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, hechos en los que fue detenido el comandante de la policía comunitaria de Ostula, Cemeí Verdía Zepeda, y en los que los soldados federales asesinaron POR UN IMPACTO DE BALA EN LA CARA AL NIÑO EDILBERTO REYES GARCÍA DE DOCE AÑOS e hirieron a la niña Yeimi Nataly Pineda Reyes, de 6 años, a Edith Balbino Vera, a Delfino Antonio Alejo Ramos de 17 años, a Horacio Valladares Manuel de 32 años, a José Nicodemos Macías Zambrano, de 21 años, y a Melesio Cristino Dirzio, de 60 años, …

DENUNCIAMOS

La criminal actuación de dichas corporaciones militares y policiacas y su complicidad con el crimen organizado, en este caso Los Caballeros Templarios, para escalar la guerra de conquista que desde hace años han desatado contra la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula con el fin de ocupar sus territorios, favorecer los intereses mineros y turísticos trasnacionales y como castigo por haberse atrevido dicha comunidad a recuperar sus territorios de los que era despojada y a defenderse, haciendo valer su derecho a la vida, del crimen organizado que hoy sirve de brazo paramilitar al Estado Mexicano.

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Manuela Picq

Autodeterminación como antiextractivismo: la resistencia indígena desafía las políticas mundiales

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Self-Determination as Anti-Extractivism: How Indigenous Resistance Challenges World Politics Print
Written by Manuela Picq
Monday, 02 June 2014 19:46
This article was originally published in E-International Relations’ free-to-download Edited Collection, Restoring Indigenous Self Determination: Theoretical and Practical Approaches. Republished under a Creative Commons License.

Indigeneity is an unusual way to think about International Relations (IR). Most studies of world politics ignore Indigenous perspectives, which are rarely treated as relevant to thinking about the international (Shaw 2008; Beier 2009). Yet Indigenous peoples are engaging in world politics with a dynamism and creativity that defies the silences of our discipline (Morgan 2011). In Latin America, Indigenous politics has gained international legitimacy, influencing policy for over two decades (Cott 2008; Madrid 2012). Now, Indigenous political movements are focused on resisting extractive projects on autonomous territory from the Arctic to the Amazon (Banerjee 2012; Sawyer and Gómez 2012). Resistance has led to large mobilized protests, invoked international law, and enabled alternative mechanisms of authority. In response, governments have been busy criminalizing Indigenous claims to consultation that challenge extractive models of development. Indigenous opposition to extractivism ultimately promotes self-determination rights, questioning the states’ authority over land by placing its sovereignty into historical context. In that sense, Indigeneity is a valuable approach to understanding world politics as much as it is a critical concept to move beyond state-centrism in the study of IR.

The Consolidation of Indigenous Resistance against Extractivism

Indigenous peoples are contesting extractive projects in various, complementary ways. Collective marches have multiplied as an immediate means of resistance throughout the Americas. In 2012, the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador led thousands of people on a 15-day, 400-mile March for Life, Water, and the Dignity of Peoples, demanding a new water law, the end of open-pit mining, and a stop to the expansion of oil concessions. Within days, a similar mobilization took over Guatemala City. The Indigenous, Peasant, and Popular March in Defense of Mother Earth covered 212 kilometers to enter the capital with nearly 15,000 people protesting mining concessions, hydroelectric plants, and evictions. In Bolivia, various marches demanded consultation as the government prepared to build a highway within the Indigenous Territory and National Park Isidoro Sécure (TIPNIS). From Canada’s Idle No More movement to the protests against damming the Xingú River Basin in Brazil, Indigenous movements are rising and demanding they be allowed to participate in decisions affecting their territories.

Protests are at the core of global Indigenous agendas. In 2013, the Fifth Continental Summit of Indigenous Peoples of the Abya Yala encouraged communities to step-up resistance in light of the threat posed by state-sponsored extractivism. This is what Indigenous women were doing when they walked from Amazon territories to Quito, Ecuador, denouncing government plans to drill without consultation in the Yasuní reserve. Local protests are not trivial or irrelevant in world politics. Rather, they are part of a larger effort to transform local concerns into international politics.

Indigenous peoples have remarkable expertise in international law and are savvily leveraging their rights to consultation and self-determination guaranteed in the ILO Convention 169 (1989) and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (UN General Assembly 2008). They have won emblematic legal battles at the Inter-American Court of Human Rights (IACHR), at times obliging states to recognize Indigenous territorial authority. In the decade-long case of Sarayaku v. Ecuador, the IACHR upheld the right of free, prior, and informed consent with a binding sentence against the Ecuadoran State for allowing a foreign oil company to encroach on ancestral lands without consultation during the 1990s. A 2011 petition by communities of the Xingú River basin led the IACHR to order Brazil’s government to halt the construction of the Belo Monte Dam. The Mayan Q’eqchi’ expanded jurisdiction by taking Hudbay Minerals to Court in Canada for crimes committed at an open-pit nickel mine in Guatemala. In Canada, two Manitoba First Nations used their own legal systems in 2013 to serve eviction notices to mining companies operating illegally on their land.1

International pressure is significant, yet states frequently eschew what they perceive to be uncomfortable mechanisms of accountability. Courts may validate Indigenous resistance, and UN reports warn against the catastrophic impact of extractive industries, but Brazil continued to build the Belo Monte Dam and Peru’s government did not consider suspending the Camisea gas project of drilling 18 wells on protected territories that have been home to Amazonian peoples in voluntary isolation (Feather 2014). Nevertheless, states that evade prior consultation obligations only foster Indigenous inventiveness. In the absence of official mechanisms of consultation, people establish autonomous ones. Local communities of the Kimsacocha area took matters in their own hands after years of being ignored, demanding Ecuador’s government consult them on a mining project in the highlands. In 2011, they organized a community-based consultation without the authorization of the state that was nevertheless legitimized by the presence of international observers (Guartambel 2012). The community voted 93% in favour of defending water rights and against mining in the area. Autonomous forms of prior consultation are increasingly common in Latin America. In Guatemala alone, there have been over sixty community-based consultations since 2005 (MacLeod and Pérez 2013).

Contesting States of Extraction

Indigenous resistance has been the target of severe government repression, ranging from judicial intimidation to assassinations of activists. Mobilizations against the Congo mine in Cajamarca, Peru, led President Ollanta Humala to declare a state of emergency and unleash military repression. An estimated 200 activists were killed in Peru between 2006 and 2011 for resisting extractivism (Zibechi 2013). Colombia’s government, in turn, declared protests against the mining industry illegal. In Ecuador, about 200 people have been criminalized for contesting the corporatization of natural resources. Many have been charged with terrorism. Violent repression against TIPNIS protesters in Bolivia revealed that even Evo Morales, Latin America’s first elected Indigenous president, is willing to use force to silence demands for consultation. Various activists opposing the multinational mining giant AngloGlod Ashanti have been assassinated. Argentina’s Plurinational Indigenous Council, which calls for an end to extractivism, has recorded eleven assassinations since 2010. The Observatory of Mining Conflicts in Latin America (OCMAL) estimates there are currently 195 active conflicts due to large-scale mining. Peru and Chile lead the list with 34 and 33 conflicts respectively, followed by Mexico with 28, Argentina with 26, Brazil with 20, and Colombia with 12. Mega-mining alone affects nearly 300 communities, many of which are located on Indigenous territories.

This wave of intense criminalization indicates the expansion of the extractive frontier. In Peru, where anti-extractivist unrest toppled two cabinets under the Humala government and led to the militarization of several provinces, mineral exploration expenditures increased tenfold in a decade. In 2002, 7.5 million hectares of land had been granted to mining companies; by 2012 the figure jumped to almost 26 million hectares, or 20% of the country’s land. Nearly 60% of the province of Apurímac has been granted to mining companies. In Colombia, about 40% of land is licensed to, or being solicited by, multinational companies for mineral and crude mining projects (Peace Brigades International 2011). According to OCMAL, 25% of the Chile’s territory was under exploration or operation as of 2010. In 2013, Mexico’s government opened the state-controlled energy sector to foreign investment, changing legislation to allow private multinationals to prospect for the country’s oil and natural gas resources for the first time since 1938.

The problem is that governments are largely licensing Indigenous land. In 2010, the UN Permanent Forum on Indigenous Issues reported that Colombian mining concessions had been awarded in 80% of the country’s legally recognized Indigenous territories. Colombia’s government has 8.8 million hectares of Indigenous reserves designated as oil areas and granted 168 mining licenses on Indigenous reserves in 2011. Extractive industries lead to evictions, toxic waste, and resource scarcity, creating conflicts over water, soil, and subsoil. Open-pit mining uses unsustainable amounts of water. The controversial Marlin mine, partly funded by the World Bank in 2004, and today fully owned by Goldcorp, uses in one hour the water that a local family uses over 22 years (Van de Sandt 2009).2 In Chile, mining consumes 37% of the electricity produced in the country – which will reach 50% in a few years – compared to 28% for industry and 16% for the residential sector. This requires the Chilean State to continually expand energy sources, thereby accelerating displacement and the transfer of agricultural land to hydroelectric projects.

Conflicts against extractivism should not be dismissed as only concerning Indigenous peoples. They encompass larger debates about the role of extractivism in politics and contest a development model based on the corporatization of natural resources. In particular, they reveal the continuous role of resource exploitation as a strategy to finance states. Governments are prioritizing extractive industries as key engines of growth, although there is ample evidence that extractive industries create relatively few jobs. President Juan Manuel Santos promised to turn Colombia into a mining powerhouse because it attracts quick investment. Opening Ecuador to mega-mining financed much of President Correa’s third re-election. In fact, his unexpected policy shift to approve drilling within the Yasuní Reserve is explained largely by his government’s urgent need for cash. China, which holds over 35% of Ecuador’s foreign debt and financed 12% of its budget in 2013, buys about 60% of the country’s oil and is expected to pre-buy Yasuní oil (Guevara 2013).

Indigenous claims against extractive projects contest a world system based on predation and usurpation. In Guatemala, mining is managed by long-standing political elites and inscribed in the colonial genealogy of power. In many instances, the entrepreneurs promoting mining today are the scions of the same oligarchical families that have controlled Indigenous land and peoples for centuries (Casaús 2007). The political economy of extractivism encompasses global inequalities of exploitation, within and among states. About 75% of the world’s mining companies are registered in Canada, and most operate in the so-called Global South (Deneault et al. 2012). Extractive industries in the North rely on alliances with national elites to exploit natural resources of peoples and places historically marginalized from power politics.

Indigeneity as a Way to Rethink International Relations

Claims against extractivism are ultimately claims to the right of self-determination. The unilateral expropriation of land for mining today is a continuation of the Doctrine of Discovery. It conceptualized the New World as terra nullis, authorizing colonial powers to conquer and exploit land in the Americas. It also paved the way for a paradigm of domination that outlasted colonial times to evolve into a broader – and more resilient – self-arrogated right of intervention embodied by the modern state (Wallerstein 2006). Today, the idea of “empty” lands survives in extractivist practices. Large-scale mining by multinational corporations perpetuates the human abuse and resource appropriation initiated by Spanish colonizers centuries ago in the Bolivian mines of Potosi. International rights to self-determination may have replaced Papal Bulls, yet the political economy of looting natural resources on Indigenous lands continues, now in the name of development.

In this context, Indigeneity is a privileged site for the study of international relations. First and foremost, the extent and sophistication of Indigenous political praxis is relevant to any explanation of world politics. The rise of anti-extractivism as a politics of contestation against state exploitation calls for alternative sites of governance, such as the Inuit Circumpolar Council (Shadian 2013). Indigenous claims are shaping political practice, framing international legislation, and destabilizing assumptions about stateness. They seek the redistribution of rights as much as the uprooting of the concentration of power in the state. In that sense, Indigenous claims to consultation challenge the authority of states over natural resources as much as Westphalian forms of sovereignty.

Second, Indigeneity disrupts state sovereignty (Ryser 2012). The UNDRIP became the longest and most hotly debated human rights instrument in UN history because the expansion of Indigenous rights is intrinsically related to issues of state authority over territory. Rights to self-determination entail the recognition of plural forms of territorial authority in competition with states. Indigeneity is attributed to peoples who have historically been excluded from projects of state-making. Yet it contributes much more than making visible historically excluded groups. It refers to a politics that both precedes the state and lies outside of it. It is the constitutive “other” of the modern state, marked by a co-constitutive history that explains why Indigenous politics vary depending on different processes of state-formation. Consequently, Indigeneity is vital to a discipline dedicated to studying relations among states precisely because it is intrinsically related to state-formation. Standing outside of, and prior to, the state makes Indigenous standpoints valuable in terms of thinking critically about world politics and imagining what post-national political assemblages may look like (Sassen 2008).

Finally, Indigeneity is a strategic perspective in expanding scholarly debates on what constitutes IR. Indigenous experiences complement and broaden official national histories with forgotten or repressed narratives (O’Brien 2010), thus expanding methodological assumptions on how to do IR (Jackson 2010). Its precedence over the modern state encompasses alternative worldviews to think about the international beyond stateness. Indigeneity thus defies core epistemological foundations about power. In particular, it historicizes the state and sovereignty, moving away from Eurocentric conceptions of the world (Hobson 2012) and breaking with the discipline’s unreflective tendencies (Tickner 2013). The vibrancy of Indigenous struggles not only confirms the inadequacy of the state, echoing calls to provincialize Europe’s political legacies (Chakrabarty 2000), but it also provides concrete experiences of what the international can actually look like within and beyond the state (Tickner and Blaney 2013). Indigeneity is therefore doubly valuable for world politics. In addition to contributing alternative praxis of the international, it instigates critical theory to expand disciplinary borders.

Conclusion

Indigeneity is a valuable category of analysis for world politics. Indigenous experiences offer a fuller understanding of the world we live in. Integrating indigenous perspectives in the study of IR speaks to the ability to extend our political practice beyond the ivory tower. It is not a category of analysis that concerns merely Indigenous peoples, just as racism is not a matter for people of African descent only, or post-colonial studies the domain of previously colonized societies. The entire thrust of Indigeneity is that the non-state is the business of the state, and that there are alternative pathways available to decolonize the discipline.

Stripping IR of its state-centrism invites us to reflect upon the entrenched colonialism of international relations. Indigenous perspectives will hopefully inspire scholars to adventure beyond the conventional borders of the discipline. After all, opening an alternative locus of authority is nothing short of revolutionary.

Article originally published in E-IR’s free-to-download Edited Collection, Restoring Indigenous Self Determination: Theoretical and Practical Approaches. Republished under a Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0) license

References
Banerjee, S. (2012) Arctic Voices: Resistance at the Tipping Point. New York: Seven Stories Press.
Beier, J.M. (2009) International Relations in Uncommon Places: Indigeneity, Cosmology, and the Limits of International Theory. New York: Palgrave Macmillan.
Casaús, M. E. (2007) Guatemala: Linaje y racismo. Guatemala: F&G Editores.
Chakrabarty, D. (2008) Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press.
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1 A delegation from the Red Sucker Lake First Nation descended on the work camp of Mega Precious Metals, Inc., a mineral exploration company, to stop them from working and demand that they vacate the land immediately. The Mathias Colomb First Nation issued a similar order to Hudbay Mining and Smelting Co., Ltd. and the Province of Manitoba.
2 According to the company’s own social and environmental impact report, the Marlin mine consumes about 250 thousand liters of water every hour (MacLeod and Pérez 2013).

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