Por Aldo Santiago | Avispa Midia

_{En portada: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el presidente nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Rubén Del Pozo Mendoza, inauguraron oficialmente la XXXVI Convención Internacional de Minería “La Minería Unida por México”, Acapulco 2025.}

Organizaciones sociales, comunidades y académicos integrantes del colectivo ¡Cambiémosla Ya!, quienes se articulan para exigir reformas profundas a la Ley Minera en México, acusan que funcionarios de la Secretaría de Economía, además de incumplir por más de dos años en su obligación legal para expedir un nuevo reglamento, derivado de las modificaciones efectuadas en mayo del 2023, actualmente están contemplando “reanudar la exploración a mayor escala” de la actividad extractiva.

Mediante comunicado, la colectiva denunció que, durante la inauguración de la XXXVI Convención Internacional de Minería, efectuada el pasado 20 de noviembre, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, prometió que, para el año 2026 se reanudará la exploración minera a mayor escala. En el mismo evento, el secretario prometió agilizar permisos para la industria con el objetivo de reducir tiempos administrativos y facilitar la inversión en nuevos proyectos mineros en el país.

En su discurso, Ebrard enunció que dichas decisiones derivan de las actuales tensiones geopolíticas entre las cuales se encuentran el difícil acceso a minerales y su procesamiento, situación que “evidentemente es una prioridad del más alto rango”. Aunado a ello, el titular de Economía destacó que el impulso al que se compromete el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” responde a la necesidad de “garantizar los minerales que México necesita para ser competitivo y que necesita el Plan México”, en referencia al portafolio de inversiones, nacionales e internacionales, por 277 mil millones de dólares anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en enero del 2025.

El secretario Ebrard señaló que, dentro de la inversión extranjera directa contemplada en México ya se cuenta con proyectos que alcanzan un monto de casi 41 mil millones de dólares. Incluso, para subrayar el compromiso del gobierno federal con la industria, refirió que el jefe de Coordinación de Actividades Extractivas de la secretaría de Economía, Fernando Aboitis, actúa como si fuese miembro de la Cámara Minera de México (Camimex).

Ante ello, el colectivo ¡Cambiémosla Ya! denunció lo que califica como “gran irresponsabilidad” en el actuar de los funcionarios de Economía, ya que acusan que la dependencia cedió a los chantajes de la industria minera y omiten “su responsabilidad en la tarea de fortalecer la regulación de este sector, caracterizado por vulnerar derechos, dañar el medio ambiente, evadir el pago de impuestos, propiciar la violencia y la corrupción”.

Por Rocío Heredia | Avispa Midia
^{Portada: Celebración del octavo aniversario de autogobierno y control territorial de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán}

La Comunidad Indígena Autónoma Tepehuana-Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque en el que personas armadas violentaron, robaron e intentaron desalojar a comuneros que trabajaban la tierra. Se trata de un hecho ocurrido cinco días antes de su 12°aniversario como territorio autónomo, celebrado el pasado 9 de noviembre.

Bajo la advertencia de “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños”, comuneros de Azqueltán fueron víctimas de un nuevo ataque por parte de sujetos auto-identificados como “pequeños propietarios”, informaron a través de un comunicado. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre cuando personas armadas que viajaban en una camioneta Ram color gris, amenazaron de muerte, robaron e intentaron desalojar a comuneros que se encontraban trabajando en dos predios comunales distintos: El Sabino Quemado y Cuenca del Mosco.

Integrantes de esta comunidad responsabilizan -por presuntamente ordenar estos actos ilegales- a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco. Así mismo exigen al Gobierno de ese estado y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de sus terrenos comunales.

Azqueltán se encuentra en alerta permanente, emitiendo un llamando de solidaridad a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, colectivos y pueblos originarios a resonar su voz para demostrar que sus integrantes no están solos.

Ataques pasados

En septiembre del 2018, en Azqueltán fue realizada una segunda misión de observación en la que se determinó una falta de definición agraria, que da lugar a la incertidumbre jurídica que por años ha aquejado a los pobladores indígenas. Se identificó también un ambiente de impunidad al no haberse investigado -hasta ese entonces-, las agresiones e intentos de homicidio señalados en las carpetas 46/2018, 329/2017 y 484/2018.

Autoridades agrarias, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales, convocan al Foro regional: “Defensa del Territorio y Autonomía frente a Megaproyectos en la Chontal e Istmo”, a realizarse el 9 de agosto en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

Las comunidades chontales e istmeñas enfrentan una ola de despojo disfrazada de desarrollo: minería, proyectos turísticos, concesiones de agua y el Corredor Interoceánico amenazan sus territorios y formas de vida.

Ante este contexto, las autoridades comunitarias, organizaciones, colectivos, defensoras y defensores del territorio invitan a este foro regional “para escucharnos, compartir experiencias, estrategias y articularnos como pueblos para la defensa de la propiedad social, la vida comunitaria y nuestra autonomía”.

Con estas mismas reflexiones tanto similares como urgentes, en días pasados se celebró en Chiapas el “Encuentro Internacional en Defensa de la Vida: el maíz, el agua, El territorio y la madre tierra”, en el que se denunció que los territorios de los pueblos originarios se encuentran amenazados por los megaproyectos de los gobiernos federal y estatales, la militarización y la presencia del crimen organizado.

“Nuestros territorios tienen una gran diversidad biocultural que nos han heredado nuestros ancestros y ancestras, las cuales están puestas en grave peligro a causa de un modelo de desarrollo extractivista que, bajo la lógica individualista, capitalista y patriarcal, nos está despojando de todo lo que nos da vida“.

“Los territorios de los pueblos originarios se encuentran amenazados por los megaproyectos de los gobiernos federal y estatales, la militarización y la presencia del crimen organizado”.

En el caso de Oaxaca se mencionaron las luchas de comunidades y organizaciones de la sociedad civil contra el Corredor Interoceánico, la presa Margarita Maza de Juárez y las concesiones mineras.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a mediados de enero el Plan México, anunciado como una estrategia de “desarrollo nacional” junto al sector privado, para transformar el país en la décima economía del mundo, que hoy ocupa el lugar número 12. Para eso se ha propuesto un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares en diversos sectores económicos.

El sector minero está dentro de este paquete, industria que será incentivada y que atraerá nuevas inversiones con más proyectos. El anuncio ha sido tomado por el sector como una posibilidad de reactivación de las actividades de mineríaen el país. 

Diversas organizaciones sociales, comunidades y académicos reunidos en la Colectiva ¡CambiémoslaYa! sostienen que la intención de promover proyectos mineros en el país genera “incertidumbre y preocupación”, favoreciendo inversiones de empresas como Grupo México, “cuya negligencia criminal ha causado daños irreversibles al ambiente y a la salud, que permanecen desatendidos e impunes”, señalan.

Si bien las informaciones públicas sobre el plan son escasas – hasta ahora se cuenta solamente con las presentadas en un evento público el 13 de enero por Sheinbaum -, uno de los puntos divulgados por la mandataria prendió el foco rojo entre las organizaciones. El plan especifica que la Secretaría de Economía debe promover una nueva reformar a la Ley Minera – una reforma fue realizada en 2023 – en un plazo de 100 días para permitir la exploración privada (etapa anterior a la explotación minera, en la cual se busca y evalúa el yacimiento de minerales). 

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

El miércoles (8) se realizó la última audiencia del proceso de amparo contra el plan de extracción subterránea de cobre y zinc en el área del sistema hídrico de Marcapomacocha, en la región Junín, donde se capta el agua que abastece a más de 11 millones de personas en la capital del Perú, Lima, y la provincia del Callao.

Southern Peaks Mining (SPM), empresa formada en sociedad con el Global Natural Resource Investments, un fondo de inversión británico, es la responsable del proyecto que fue aprobado en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas. 

El sistema hídrico de Marcapomacocha, ubicado a 100 kilómetros de Lima, dentro del terreno de la comunidad campesina Santiago de Carampoma, consiste en un conjunto de 48 lagunas, bofedales y aguas subterráneas que, a través de un túnel, se trasvasan desde la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac, que es el que provee de agua a la capital. 

La minera planea depositar relaves tóxicos en una zona altamente sísmica, a 500 metros de la entrada principal del túnel de captación.

Durante la temporada seca, el sistema hidráulico aporta el 62% del agua para las dos zonas metropolitanas más pobladas del Perú, de alto estrés hídrico. El país es el tercero más afectado por este problema en América Latina y el Caribe. Y Lima es la región peruana en mayor riesgo de crisis hídrica. 

En el libro La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito, editado por Cooperacción en 2023, se reportan 390 pasivos ambientales que ya generan contaminación en en la cuenca del río Rímac. 

Omisión en estudio de impacto ambiental

El fallo del juez dirimente, a emitirse en los próximos días, dejará un precedente para la gestión minera en torno a las fuentes de agua. 

En la anterior audiencia, en enero de 2023, una jueza del sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó la suspensión de Ariana y la realización de estudios hidrogeológicos. 

Las partes demandantes del proceso señalan una omisión grave en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto: la falta de una evaluación profunda de los posibles efectos en el sistema hídrico

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas defiende la competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para determinar la inocuidad del proyecto, sin embargo este organismo, en su evaluación inicial, no analizó el impacto en el sistema hídrico.

A pesar de que el propio Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) advierte los peligros de contaminación, el Ministerio de Energía y Minas ha obviado sus recomendaciones. Entre las observaciones, Sedapal indica que el uso de dinamita alteraría el cauce de las aguas.

Debido a que la minera cercó parte del área de influencia de Marcapomacocha, no se puede examinar los niveles de contaminación en las lagunas.  

Si de beneficios económicos se trata, Sedapal, con el agua de este sistema hidráulico, ha generado mayores ingresos de los que estima el proyecto Ariana. 

La industria del cobre es de las más cotizadas en el Perú, el segundo productor mundial de cobre, mineral de alta demanda para la transición energética en el norte global. Asimismo, en 2023 ocupó el segundo lugar en producción de zinc, empleado principalmente en el sector de la construcción. 

Historial de contaminación

Southern Peaks Mining tiene antecedentes de falta de responsabilidad ambiental. Cuando fue propietaria de la mina Quiruvilca (región La Libertad), entre 2012 y 2015, el Organismo de Fiscalización Ambiental la sancionó por incumplimiento de acuerdos de manejo de aguas de drenaje de desmontes y relaves. Tras vender la operación minera en 2015, la zona fue declarada en emergencia ambiental debido a impactos graves en el río Moche. 

La compañía opera en el Perú la mina Condestable, al sur de Lima, en la que produce 23,000 toneladas de cobre por año. 

Con respecto a la mina Ariana, la empresa ha manifestado que las actualizaciones de los estudios que realizó serán presentados a las autoridades cuando lo requieran, “sin perjuicio de la continuidad o avance del proyecto”. 

La empresa sostiene un mensaje de producción con energías limpias, de acuerdo a la llamada transición energética en los países de capitales extractivistas, a costa de zonas de sacrificio. La industria del cobre es la causa de dos de los conflictos socioambientales más violentos en el Perú: el del proyecto Tía María (región Arequipa) y el de la mina Las Bambas (Apurímac).

Lo inusual del caso del proyecto Ariana es que el posible impacto sea en la capital de un país donde la minería contamina y amenaza fuentes de agua en los territorios de las provincias, habituada a ver a distancia estos peligros.

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Olmedo Carrasquilla Aguila, Colectivo Voces Ecológicas y Radio Temblor Internacional}

Panamá vivió, entre octubre y noviembre de 2023, una segunda gran explosión social desde la invasión de Estados Unidos al país, en 1989. Gremios docentes, sindicalistas, estudiantes, jóvenes y comunidades indígenas y campesinas protestaron contra la aprobación de un contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de una mina de 13 mil hectáreas ubicada en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, en la zona caribe del país, en la provincia de Colón.

Las protestas contra la minera se iniciaron desde hace años, pero fue el 20 de octubre de 2023 que se produjo el hecho decisivo, cuando la Asamblea Nacional de Diputados realizó debate de la propuesta, el Ejecutivo sancionó la Ley 406 ese mismo día y la hizo oficial mediante su publicación en la Gaceta Oficial. La Asamblea Nacional realizó los tres debates en tres días consecutivos, y al tercer día el Ejecutivo sancionó y publicó la ley en Gaceta.

A partir de entonces, las manifestaciones de descontento dejaron de ser aisladas. Durante 44 días, se produjeron protestas masivas en todo el país. En un informe elaborado por la Fundación para el desarrollo integral comunitario y conservación de los ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y la Red Nacional en Defensa del Agua Panamá, las organizaciones mapearon y documentaron las violaciones de derechos perpetradas por el Estado contra las manifestaciones, además de las estrategias utilizadas para criminalizar e impedir la acción de los manifestantes y organizaciones. 

¡Exigimos acción inmediata de los gobiernos estatal y federal para desarticular los grupos criminales que atentan contra la comunidad nahua de Santa María Ostula (Michoacán, México)!

A los Gobiernos Estatal y Federal Mexicanos
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
A la Prensa
A los Medios Libres
A los Pueblos Originarios de México y del Mundo

En los primeros días del mes de julio de 2024 la comunidad originaria de Santa María Ostula localizada en el estado mexicano de Michoacán (México), una vez más, sufrió la brutal embestida por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los ataques armados se intensificaron y han puesto en grave riesgo a la población civil. Como siempre, la comunidad respondió con ejemplar resistencia y ha exigido que las autoridades estatal y federal detengan esos ataques, pero no ha sido atendida.

Estas acciones de violencia se dan en el contexto de la disputa por los bienes naturales en la sierra costa michoacana: minerales, maderas preciosas y las playas para fines turísticos. Sobre el territorio nahua existen concesiones mineras de oro, plata y hierro. La comunidad de Ostula ha logrado resguardar y defender su territorio de la incursión de una de las compañías mineras más grandes del mundo; la Ternium, que en la comunidad vecina de Aquila ha generado un clima de violencia, por su voraz explotación de sus recursos minerales.

Las violencias narco-capitalistas y las omisiones estatales a estos hechos aparecen hoy como la normal normalidad. Como lo hemos vivido en diferentes paises azotados por las guerras-narco, especialmente, Colombia, Ecuador y México, las redes de violencias contra los pueblos de la tierra son una de las estrategias para el despojo; siembran terror, fragmentan a las comunidades, las destierran y, finalmente, gracias a ellas entran negocios ilícitos de todo tipo a territorios indígenas.

Como miembros del Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, Territorios, Resistencias (GT Cuter) nos sumamos a las múltiples voces que exigen la acción inmediata para desarticular los grupos criminales y para que se respete la libre determinación y autonomía de esa comunidad bajo brutal asedio.

¡Respeto a sus formas comunales de seguridad! ¡Ostula no está sola!

Para mayor información ver https://www.facebook.com/share/p/zG2vbr4NgxotUSuB/?mibextid=oFDknk

8 de julio de 2024
Planeta Tierra
Grupo de Trabajo CLACSO
Cuerpos, territorios, resistencias

Foto de portada: Cuartoscuro

Rompiendo Fronteras

• PALESTINA: Un mes de genocidio en Palestina por el Estado de Israel y más de 70 años de ocupación militar. Más de 10 mil víctimas mortales, de las cuales más de 4 mil son infancias.
• PANAMÁ: Tercera de semana de movilizaciones masivas en el contexto del paro contra la minería. Exigen cancelación de contrato minero.

Desde el ombligo del monstruo::.

• CDMX: Otomies en resistencia y rebeldía resisten ante intento de desalojo en su lucha por la vivienda digna y contra el olvido. Bloquean avenida por más de 20 días y doblegan al gobierno. Tercer aniversario de la TomaINPI, ahora la Casa de los Pueblos.
• GUERRERO: Costa de Guerrero es destruida por huracán Otis categoría 5. Ante ineficiencia del gobierno y militarización, el pueblo se organiza. Más de 800 cientos mil personas.
• CHIAPAS: Comunicados zapatistas anuncian cambios en la estructura de sus autonomías y llaman a actividad en zona rebelde por los 30 años del levantamiento.
• OAXACA: Convocan a Faena por los presos de Eloxochitlan de Flores Magón el 18, 19 y 20 de noviembre.
• JALISCO: ¿A dónde van los desaparecidos? Ante una grave crisis de desapariciones forzadas en el país. Madres buscadoras de Jalisco encuentran un crematorio clandestino, el tercero en el estado.

Los días 4 y 5 de agosto del año 2023 los pueblos de Mesoamérica, desde Panamá a México y organizaciones de otros países aliados, nos convocamos en la Comunidad La Técnica, Las Cruces, Departamento de El Petén, Guatemala, con el fin de analizar el contexto actual de nuestra región en el marco del avance de los proyectos extractivos, la militarización y otros elementos que caracterizan al capitalismo depredador.

Las más de 60 organizaciones, movimientos, redes y colectivos convocantes dialogamos en torno a una veintena de temas y problemáticas para compartir reflexiones y saberes así como estrategias conjuntas de acción, relanzamiento de alianzas y búsqueda de esperanzas colectivas por la vida en Mesoamérica.

Durante estos días dialogamos sobre el impacto del modelo extractivo, que acapara grandes extensiones de territorio, contamina los ríos y otras fuentes de agua, desplaza población y provoca oleadas de migración forzada, aniquila bosques y selvas, anula la soberanía alimentaria y la autogestión de los pueblos, provoca la apropiación de los bienes comunes naturales y culturales por parte de las grandes corporaciones trasnacionales e incide dramáticamente en el calentamiento global. Todo ello a través de megaproyectos como la minería, las represas, los monocultivos (por ejemplo, palma de aceite, teca, pino; piña, caña de azúcar), la construcción de aeropuertos, oleoductos y gaseoductos, supercarreteras, trenes, infraestructura para turismo de élite y pozos petroleros, entre otros, en un entorno de militarización, criminalización de la lucha social y represión crecientes. En este sentido, es especialmente ilustrativo el caso de encarcelamiento de tres mujeres activistas comunitarias y la emisión de más de mil órdenes de captura para otras defensoras de la vida en el territorio Q’eqchi’ de Guatemala. Aprovechamos este espacio para exigir la liberación inmediata de las tres compañeras, a quienes expresamos nuestra total solidaridad, y la anulación de dichas órdenes de aprehensión.

Pese a que nuestras luchas frente a este sistema capitalista depredador son altamente criminalizadas, los movimientos seguimos vivos y en resistencia, caminando y proponiendo alternativas de vida nueva para los pueblos, defendiendo nuestros territorios rurales y urbanos.

Estamos decididos y decididas a continuar la resistencia y construir un modelo energético desde los pueblos y para los pueblos; a defender los bosques, las selvas, los ríos, que son fuente de vida y base para una existencia digna.

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Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi y Aldo Santiago

Grupos armados incendiaron vehículos para bloquear vías carreteras durante enfrentamientos registrados el jueves 25 de mayo en la frontera sur de México con Guatemala.

Este jueves (25), en la zona sur de Chiapas, región fronteriza entre México y Guatemala, se registraron enfrenamientos entre integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante todo el día circularon audios para alertar a la población de los sucesos violentos. También se registraron la aparición de mantas y pintas que dejaron los grupos del crimen organizado. Destacan los testimonios de habitantes de la región, quienes reportan que personas armadas han entrado en las viviendas para obligar a los hombres jóvenes a participar en los enfrentamientos, bajo la amenaza de ser asesinados.

Reportan también que comunidades enteras se quedaron incomunicadas por bloqueos de carreteras y caminos, quema de vehículos, suspensión de clases y cortes de luz eléctrica.

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