Documental de radio sobre el desplazamiento forzado en Chiapas

Víctor Hugo López es director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. En entrevista con Radio Zapatista, nos hace un recuento sobre la situación de desplazamiento forzado en Chiapas.

Para nosotros es importante recordar los orígenes inmediatos de los cuales tenemos registro documental. A partir del levantamiento armado del EZLN en 1994, el Ejército Mexicano tomó el acuse de la declaración de guerra del Ejército Zapatista y comenzó a operar estrategias contrainsurgentes para poder detener el avance y la simpatía que estaba generando el movimiento zapatista. Es muy importante recordar que, a lo largo de estos 21 años, el EZLN ha promovido iniciativas políticas, civiles y pacíficas para poder resolver las demandas que se plantearon el 1 de enero del 94. El Ejército Mexicano tiene claridad de que estas demandas tienen un fondo y una razón y una causa válida, legal y legítima que tiene bastante simpatía y que permea en la sociedad chiapaneca y mexicana.

A partir del 94, distintos documentos del Ejército Mexicano —el más conocido es el Plan de Campaña Chiapas 94 y, posteriormente, el Plan Chiapas 2000— tuvieron por objeto delinear las estrategias que el Ejército Mexicano operaría para detener el avance de la simpatía del Ejército Zapatista y de la insurrección civil. Parte de estos planes era la creación de grupos civiles armados y la creación de grupos paramilitares, esta estrategia de quitarle el agua al pez, de quitarle respaldo social y comunitario, de crear muros de contención para que la rebeldía y la resistencia no saliera, inclusive ellos decían, fuera del estado de Chiapas, tuvo por objeto implementar de manera dura y de manera contundente estrategias violentas, de ocupación militar, de confrontación paramilitar, sobre todo en la zona norte y Altos de Chiapas. En este sentido, uno de los efectos de esa guerra contrainsurgente ha sido el desplazamiento forzado interno.

[Testimonios de desplazados del Ejido Puebla y del ejido Aurora Ermita.]

El Frayba ha documentado tan sólo en la época del 94 al año 2000, por poner una primera etapa en la guerra dura, en la zona Altos de Chiapas, más de tres mil personas desplazadas forzadamente de sus comunidades que vivieron situaciones de riesgo a su vida y a su integridad, y eventos inclusive tan fuertes y dolorosos, crímenes de lesa humanidad, como la masacre de Acteal en 1997.

Este tipo de eventos en la zona Altos de Chiapas dio como resultado que muchísimas comunidades salieran de sus pueblos y se concentraran en campamentos improvisados. Uno de éstos, hay que recordarlo, es la hoy comunidad de Pohló, que se constituyó como un campamento de personas desplazadas forzadamente, el campamento de Acteal o de Los Naranjos, y muchas otras comunidades que sirvieron para recibir a toda esa gente que estaba saliendo de las comunidades. En la zona norte de Chiapas tenemos registradas más de seis mil personas desplazadas forzadamente también por todo el clima de violencia generalizada que se generó a través de la operación de grupos paramilitares. Uno de ellos, y de los cuales tenemos documentación bastante probada, es el grupo paramilitar Paz y Justicia. Tenemos, inclusive, un registro de más de 130 casos de entre ejecuciones y desaparición forzada, caos que hemos hoy nosotros transmitido a la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos, CIDH) en donde  estamos señalando la participación directa del Ejército Mexicano en la creación y operación de estas estrategias de guerra.

Entonces esta etapa del 94 al año 2000 nos ha dejado, por lo menos, tenemos documentación de ello, alrededor de diez mil personas desplazadas por el conflicto armado interno. Se han creado situaciones de violencia. Se ha permitido que grupos civiles armados ataquen y confronten a las comunidades que han demostrado su simpatía o que, simplemente, se han negado a colaborar justo con la estrategia de guerra implementada desde el Estado mexicano. Esto visiblemente ocurrió en Acteal. Acteal que es una comunidad pacifista, una organización civil que ha decidido no involucrarse con el EZLN o con sus bases de apoyo, por negarse a cooperar con los grupos civiles armados, fue castigada de esta manera contundente.

[Testimonios de sobrevivientes de la masacre de Acteal.]

Esta es una etapa de desplazamiento forzado que hemos registrado en el Frayba en esa etapa de manera. Sin embargo, el tema de desplazamiento forzado en Chiapas no se ha quedado en la historia o en la memoria. Para nosotros, el tema de la estrategia contrainsurgente que es el hilo conductor de varios de los desplazamientos que tenemos registrados y documentados, ha pervivido a lo largo del tiempo. Después de veintiún años de insurrección zapatista, sabemos que los planes contrainsurgentes se han perfeccionado. Ahora no es directamente el Ejército Mexicano entregando despensas, no es directamente la policía estatal cercando comunidades o resguardando a los líderes paramilitares. Ahora son otro tipo de estrategias que van desde garantizar impunidad a todos aquellos que han participado en estrategias de guerra, como la masacre de Acteal, desde el orden legal ordenado, por ejemplo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta la creación o la alimentación de ese tipo de grupos que confrontan a comunidades autónomas, a comunidades en resistencia, que son alimentados a través de programas sociales de desarrollo.

[Enrique Peña Nieto anuncia la Cruzada Nacional contra el Hambre.]

Para nosotros, hoy en día, uno de los programas que alimenta ese tipo de enconos y de polarización en las comunidades, es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Los comités promotores que operan en Chiapas y en todo México, lejos de proveer condiciones de desarrollo, de sustentabilidad para las comunidades, lo que están haciendo es generar dependencia, cooptación de comunidades enteras y una fidelidad al partido en turno, al grupo en el poder en turno para evitar que se movilicen, se organicen y gestionen sus propios territorios.

En la etapa siguiente del año 2000 a la fecha, 2015, podríamos decir que el Frayba ha documentado más de veinte eventos de desplazamiento forzado de distintas características, unas directamente relacionadas con el conflicto armado interno, comunidades autónomas o comunidades en resistencia como Comandante Abel, las comunidades asentadas en la zona de Montes Azules, San Marcos Avilés, visiblemente Viejo Velasco, que han sido desplazadas con la participación tanto de comuneros de la zona pero aliados con la policía estatal, con la policía ministerial, con personal del Ejército Mexicano, con personal de la Armada, operativos conjuntos que han tenido por objeto desplazarles de sus comunidades, despojar el territorio, para después dejarlo a la libre inversión y a la libre ocupación con fines militares, con fines económicos, con fines de inversión.

[Testimonio de familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco.]

Otro tipo de desplazamiento que hemos registrado es el desplazamiento de carácter agrario. Aquellas comunidades que han tenido conflictos por dirimir sus límites territoriales, el tema de la posesión o no de la tierra, el tema de la inversión o no, el permiso para que inviertan o no compañías extranjeras. Esto ha ocasionado en algunas comunidades diferencias en torno al uso y la propiedad de la tierra comunal o ejidal y ha generado desplazamiento de una parte de las comunidades. Lo que nosotros vemos en ese tipo de casos es que el problema no es únicamente comunitario, religioso, de liderazgos, sino que tiene que ver directamente con la actuación u omisión de las autoridades estatales y federales para que se generen este tipo de conflictos que van escalando en términos de violencia, que van polarizándose cada vez más, que pueden iniciar por un detalle mínimo, pero que se dejan crecer. Y el objeto final es que una parte de la comunidad, generalmente la que tiene fidelidad y acuerdo con las autoridades oficiales, termine desplazando a quienes no están de acuerdo.

[Testimonio de desplazada del poblado Primero de Agosto.]

Para nosotros, el fondo del asunto es qué intereses están en juego sobre ese territorio, y por hacer un ejercicio práctico que da muchas luces de cuáles son los intereses de fondo es, si tomamos en cuenta el mapa de inversiones de la Secretaría de Economía para ubicar cuáles son los puntos que ha concesionado para exploración y otros ya para explotación de recursos naturales, de recursos minerales, nos vamos a encontrar con que tenemos un mapa de Chiapas, en este caso, plagado de puntos que han sido concesionados y tenemos, por otro lado, el mapa de conflictividad abierta o latente que, cuando los cruzamos, hacen perfecto juego. Nosotros lo que hemos visto y lo que hemos registrado en esas comunidades es que mucha de la gente que vive en esos puntos de conflicto no tiene ni idea de que su territorio ha sido ya concesionado para la exploración y explotación mineral. Es el caso, por ejemplo, de comunidades como Venustiano Carranza, municipio de Venustiano Carranza, en donde la lucha por la tierra ha sido de décadas, los conflictos entre organizaciones, ent re comunidades, entre personas pareciera que fueran como la tónica del asunto. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que el estado, de manera hábil, confronta ambas partes, y el objeto es poder desplazar y poder despojar a la gente que ocupa esos territorios.

Pensamos que hoy, a la luz de las reformas estructurales recientemente aprobadas, la reforma energética básicamente, se tiene, por parte del estado mexicano, una urgencia por despojar y desplazar a las comunidades que aún sostienen su medio de producción por excelencia. El medio de producción por excelencia y el modo donde se asienta una comunidad, en donde se asienta un proyecto de vida, es el territorio en sí mismo. Y justo es por ello que el territorio en las dimensiones quizás del 94, el EZLN hace una recuperación de tierras porque sabe que ésta es la base en donde se consolida un proyecto de nación. Y el estado mexicano sabe también, hoy en día, que si este proyecto de nación tiene por sí este medio de producción, las comunidades o los proyectos económicos que se han empeñado tendrán dificultades de operar. Para nosotros en el Frayba, entonces, el tema de desplazamiento forzado interno no es un asunto únicamente que tenga que ver entre el desacuerdo de dos o más partes en una comunidad. Tiene que ver con un tema más complejo sobre cuáles son los intereses comerciales, los intereses de explotación que se tienen, los intereses que tiene el estado mexicano comprometidos con las empresas trasnacionales, y éstos de la mano con una estrategia de seguridad nacional.

No podemos olvidar hoy en día que, en México, todo aquél, toda aquella persona que se oponga a un proyecto de desarrollo institucional diseñado desde el estado, ha sido criminalizado. Tenemos hoy en día, en las cárceles de México, a nuestros compañeros yaquis aún presos dentro de la cárcel por denunciar el tema del acueducto o la explotación y el saqueo de sus aguas. Tenemos a nuestros compañeros de Guerrero, a Suástegui, que está aún preso por oponerse a la presa de La Parota. Tenemos a los compañeros de Ostula que han sido asesinados, que continúan siendo hostigados por el tema de la defensa comunitaria de su territorio. Y así podríamos hacer una larga lista en Oaxaca, en Michoacán, de territorios que han sido golpeados y amenazados por estar defendiendo su territorio.

Entonces para nosotros el tema de desplazamiento forzado tiene que ver con las estrategias de inversión y con las estrategias de seguridad, pero desde un punto de vista contrainsurgente. Pensamos que, hoy en día, sabe el estado mexicano que no únicamente se confronta o se enfrenta al legado del EZLN en Chiapas. Hoy en día, en México vivimos -decía por ahí Gustavo Esteva— una insurrección generalizada. Hay brotes de insurrección en todo el país, de movilización, de resistencia, de poblaciones enteras asumiendo el rumbo de su destino en sus propias manos y eso le preocupa enormemente al estado mexicano. No lo va a permitir. Pensamos que por eso está de fondo la estrategia militar, la estrategia paramilitar y la estrategia de criminalizar y judicializar a todo aquél que se oponga.

Acabamos de regresar de un foro sobre migración en Tenosique. El efecto y la mirada de largo plazo y de fondo es cómo explicamos el tema del aumento de flujos migratorios en América Latina hacia el norte del país. Escuchando a compañeras y compañeros de Honduras, por ejemplo, y escuchando cuáles son las causas que les motivan a abandonar su país, nos encontramos con que son causas de violencia estructural, de algún modo como la que estamos viviendo aquí en México: extorsión, secuestro, violencia generalizada, impunidad, omisión de las autoridades y, en su caso, complicidad de las autoridades, falta de empleo, pobreza extrema, desigualdad social, feminicidio, asesinatos. Se han creado una serie de condiciones de violencia estructural, nosotros decimos alentadas y permitidas desde el estado o nación, cualquiera que sea éste el país, que permiten, que aseguran unas condiciones en las que la gente tiene que salir para sobrevivir. Para nosotros, incluso, el tema en macro, el tema de la migración tiene que ver con causas de desplazamiento forzado que, de algún modo, son obligadas o son creadas para que la gente vaya abandonando sus tierras.

[Testimonio de migrante hondureño en camino rumbo a Estados Unidos.]

Es importante, también, el caso de Honduras porque Honduras está reportando el mayor flujo migratorio hoy en América y es justo el país donde se están haciendo cambios a nivel estructural también. Se están empeñando cada vez más las tierras para la concesión y la explotación minera. El estado está generando y no está haciendo nada por, de algún modo subsanar las condiciones que están denunciando sus connacionales que salen. Al contrario. Le interesa profundizarlas para garantizar el despeje territorial. Nos preocupa sobremanera este tipo de fenómeno porque pensamos que en México, justo a nivel interno, hay ensayos de este tipo de efectos.

¿Cuál es la respuesta del estado mexicano? Lo único que está haciendo es administrar el conflicto. Saben ellos que no les interesa atender de fondo el tema del desplazamiento forzado. Hace dos años se aprobó en el estado de Chiapas la ley para la prevención del desplazamiento interno en el estado. Es una ley que sólo se quedó impresa en el Diario Oficial publicada y no operó en absoluto. De la ley se propone que se cree una comisión que pueda crear y darle trabajo operativo a esta ley. En la comisión mixta integrada por organizaciones civiles, académicos, gente de gobierno, pues de esto no hay nada. No hay presupuesto, no hay operación, no hay ninguna reglamentación secundaria. Y el único argumento inclusive que funcionarios del gobierno estatal le han dado a quienes han osado ampararse bajo esta supuesta ley es que fue una ley que se hizo en un periodo, el de Sabines, en el que había que crear todo un andamiaje institucional para, de algún modo, maquillar la realidad del estado de Chiapas.

Funcionarios del gobierno estatal, el día de hoy, dicen que la ley no tiene efectos porque fue una ley creada en el periodo de Sabines como si fuera éste un programa gubernamental. Esto es fatal y es preocupante porque funcionarios del gobierno estatal están tratando leyes e instituciones que se crearon desde el propio estado como si fueran programas emergentes que los puedes quitar y no abrir. Sin embargo, esto es una ley que tendría que perdurar a lo largo del tiempo, que tendría que actualizarse, que tendría que revisarse, y ahí el gobierno estatal en turno lo que está haciendo es desconocer esta supuesta ley que se creó.

Entonces hoy tenemos bajo el desamparo y en total exposición, en total vulnerabilidad a las comunidades que están siendo desplazadas. Dentro de la campaña que hemos hecho pública para denunciar el fenómeno del desplazamiento interno en Chiapas tenemos el caso de Banavil, una comunidad de hermanos, hermanas tzeltales de Tenejapa que fueron desplazados por un grupo priísta de su comunidad que tenía ya, de algún modo, ciertas fricciones porque el grupo que hoy está desplazado tenía sus simpatías o sus militancias con el zapatismo. Pero en suma, más allá del zapatismo, es con esta idea de no ceder y no vender su territorio. Llevamos ya más de tres años, casi cuatro, con el tema de Banavil y no han logrado regresar a su comunidad.

[Testimonio de desplazado de Banavil.]

Para nosotros es este tipo de condiciones que no se han atendido, que no se quieren atender, que el estado mexicano apuesta al cansancio, apuesta a que salgan de su comunidad, a que no regresen. Por el contrario, les ofrece viviendas en zonas urbanas o les ofrece terrenos en otras partes donde no pueden realizar su vida comunitaria. Les ofrece, en suma, continuar desestructurando su tejido social comunitario natural donde tenían posibilidad de crear condiciones de vida digna.

Ese es el tipo de fenómenos que estamos viendo en el tema del desplazamiento forzado interno. Por eso levantamos una campaña para invitar a que personas de todas partes nos ayuden a dibujar los rostros del despojo, le llamamos nosotros, porque pensamos que los rostros del despojo en los casos de desplazamiento forzado como Banavil, como Viejo Velasco, como San Marcos Avilés y como tantos otros temas de desplazamiento no únicamente se quedan con los perpetradores materiales directamente. No sólo es Juan Méndez, Pedro López que participó el día de la acción violenta o armada, sino cuáles son los nexos que estas personas tienen con la autoridad municipal, con la autoridad estatal, con los programas de desarrollo, los programas de subvenciones del gobierno estatal y federal y cómo esos programas tienen una lógica articulada con los programas de seguridad nacional. No podemos olvidar nuevamente que el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Guerrero de entrada estrenó e invitó a que las fuerzas armadas se incluyeran en el programa bajo el argumento y el pretexto absurdo de que el Ejército Mexicano monta las mejores cocinas comunitarias en poco tiempo y que tiene la capacidad de atender la demanda de alimentación de la población.

Para nosotros es muy claro que desde que el Ejército Mexicano se involucró ya visiblemente en esta cruzada nacional, el efecto que tuvo en Guerrero fue desarmar las policías comunitarias, controlar el territorio y garantizar, de algún modo, impunidad a todo este escenario que hemos visto que ha concluido y que ha tenido su coyuntura en Iguala, en Ayotzinapa. Entonces el ejército, de la mano de toda esta estrategia de desplazamiento forzado, tiene un papel importante bajo el discurso de seguridad. Nosotros pensamos que la estrategia contrainsurgente no se centra sólo en Chiapas, sino pensamos que hay un escenario de guerra generalizada que es el fondo del asunto. Utilizar al ejército para poder garantizar las inversiones que se están comprometiendo al extranjero desde el estado mexicano.