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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A la sexta nacional e internacional
A las redes de resistencia y rebeldía
A las redes de apoyo al CIG

Territorio Comunitario, Guerrero, 7 de Mayo de 2019

El CIPOG-EZ es la casa de los pueblos Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué y Afromexicanos del estado de Guerrero. Reconocemos nuestra historia reciente desde 1992 cuando comenzamos a luchar por nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, constituimos el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia que creció con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se articuló con el Congreso Nacional Indígena. Así llegamos hasta el 2001, luchando para que los Derechos y la Cultura indígena fueran reconocidos en la constitución, pero ningún partido, ningún político profesional quiso frenar la guerra de exterminio que aún continua.

En la Costa Montaña de Guerrero nuestras comunidades llevaron a la práctica nuevas formas de gobierno comunitario, constituyendo sus propias instituciones. Nació la Policía Comunitaria en 1995 y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en 1998. Así se demostró que entre las montañas, entre la miseria y la represión en la que nos han tenido sumidos, los pueblos somos capaces de recuperar la paz y la tranquilidad. Estos modos de organización y de gobierno tampoco fueron inventados, vienen de cinco siglos de resistencia indígena y de nuestras experiencias como pueblos.

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Suljaa’, Guerrero, 12 de enero de 2018.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria se moviliza en San Luis Acatlán, Ayutla y Tlapa para exigir justicia para los comunitarios ejecutados por policías ministeriales y estatales, así como libertad para los comunitarios detenidos el pasado 8 de enero en la comunidad de La Concepción, bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.

En entrevista Sabas, vocero de la CRAC – PC, manifestó que las movilizaciones son para “repudiar las acciones del gobierno del estado, respaldado por el gobierno federal en contra de la CRAC – PC y del CECOP.” Así mismo exigen respeto al sistema jurídico de las comunidades indígenas en donde los policías comunitarios “son nombrados en asamblea, están para defender los pueblos, están para defender los territorios y los recursos naturales, contrario a lo que hacen los policías del gobierno estatal y del gobierno federal.”

Por su parte Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguró que fueron detenidas 38 personas, de los cuales 23 son del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), 11 de la CRAC y otros dos que estaban en reeducación, todos acusados de homicidio calificado. Durante las detenciones se cometieron violaciones graves de derechos humanos como el uso excesivo de la fuerza, el uso de la fuerza letal, refiriendo las ejecuciones extrajudiciales contra dos policías, lo que “es gravísimo para un gobierno que se dice democrático”, así como la tortura, tratos crueles e inhumanos cometidos contra Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP.

Fuente: Radio Ñomndaa

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Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICÍA COMUNITARIA
COMUNICADO DE PRENSA

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. Enero 8 de 2018.

Escucha aquí:

A los pueblos y comunidades del Sistema Comunitario de la CRAC PC.
Al pueblo en general.
A los medios de comunicación.
A las organizaciones fraternas.

Una vez más el Estado muestra su efectividad represora contra el pueblo, como no lo hace contra la delincuencia como debiera. Y es precisamente porque el Estado es ahora el protector y parte de la misma delincuencia.

La incursión violenta de las policías estatales y ministeriales, así como del Ejército y la Marina a la comunidad de La Concepción, asesinando a 5 y deteniendo a más de 30 de nuestros compañeros policías comunitarios, consejeros y autoridades, nos confirma que fue para rescatar a Iván Soriano Leal, quien se ostenta como militar retirado y que ha sido agente del gobierno para provocar y generar represión contra nuestro Sistema Comunitario.

Iván Soriano Leal, quien también se presenta con otros nombres, fue detenido en días recientes en La Concepción, por policías comunitarios de ese Comité de Enlace, acusado de ser parte de un grupo armado contratado para asesinar al compañero Marco Antonio Suastegui, vocero del CECOP y a algunos compañeros de la policía comunitaria. Es el mismo personaje con quien se alió en 2013 el nefasto Eliseo Villar Castillo, ex coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, para cometer un fraude a la organización y que derivó en una grave crisis interna en la CRAC, al inmiscuirse el gobierno de Angel Aguirre Rivero a favor de Eliseo Villar y sus cómplices.

Precisamente el día que se da la incursión policiaca a La Concepción, se había previsto el traslado de dicho delincuente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; sin embargo, el gobierno valiéndose de sus policías lograron liberarlo.

Las declaraciones oficiales del vocero de seguridad Álvarez Heredia, así como las del Gobernador Héctor Astudillo, con las que pretenden justificar este acto de barbarie genocida, son totalmente falsas, cínicas y demuestran su total ausencia de escrúpulos y de moral para ordenar la muerte y el encarcelamiento de gente inocente. Qué armas de alto poder porta nuestra policía comunitaria? Quieren engañar a la población con su viejo truco de sembrar droga en los detenidos?

Esto que ocurre nos confirma el modo en que comienzan a operar las fuerzas policíacas y militares con la anuencia de todos los poderes públicos que han llevado a efecto, la inconstitucional y fascista Ley de Seguridad Interior, para brindar total impunidad a los asesinos que se encubren como servidores públicos.

Lejos de avanzar en la armonización de los sistemas jurisdiccionales oficial y comunitario, tal como lo propusimos en nuestra Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado en materia de derechos indígenas, congelando nuestra iniciativa en el Congreso Local por la mayoría de diputados priistas, el gobierno del estado muestra su verdadero rostro y su intención, asesinando y encarcelando a nuestras autoridades y policías comunitarios.

Hoy queda más claro que nunca, la distinción que el gobierno hace de nuestro Sistema Comunitario. Hoy que arremete con exceso de fuerza contra nuestros compañeros comunitarios, acusándonos falsamente de portar armas de alto poder y de posesión de drogas, asesinando y encarcelando, por rescatar a un agente paramilitar a su servicio; nos preguntamos, ¿porque no actúo el gobierno con tal firmeza cuando se asesinó a toda una familia de inocentes en San Pedro Cacahuatepec, teniendo tantas evidencias para hacerlo? ¿A cambio de que se dejó libres a esos asesinos?.

La agresión a nuestro Sistema Comunitario, tiene responsables: el General Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública; Javier Olea Peláez, fiscal general del estado y Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, son los autores intelectuales y autoridades que dieron la orden a sus subordinados para cometer tal acto de salvajismo y lesa humanidad. Por ello, exigimos su renuncia y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales, a los estudiantes, maestros, etc., a unificarnos en esta exigencia y defendernos de esta clase política asesina.

Estos lamentables hechos deben servir al pueblo para hacer análisis y reflexionar, precisamente en este año electoral, si queremos mantener en el poder a un gobierno que asesina, que encarcela, que defiende y es parte de la delincuencia, que crea leyes en perjuicio del pueblo, que niega toda oportunidad de desarrollo a la gente.

Llamamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a acompañarnos e intervenir para la documentación y denuncia a nivel internacional de estos hechos que lastiman, no solo a nuestro sistema comunitario, sino al pueblo de Guerrero y de México.

Pedimos la intervención de la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos, para integrar las investigaciones correspondientes por las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros, por la violación flagrante a los derechos colectivos de los pueblos organizados en el sistema comunitario, por la violación flagrante a la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.

Exigimos la intervención del Congreso del Estado a través de las comisiones de asuntos indígenas, de seguridad, de justicia y de derechos humanos, para documentar la actuación de los agentes policiacos y sus jefes que dieron la orden de asesinar y detener a servidores comunitarios que estaban cumpliendo cabalmente con sus funciones de seguridad y justicia en favor de sus comunidades.

Exigimos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros detenidos. Exigimos el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros policías comunitarios. Exigimos la salida del ejército y la marina, así como de las policías estatal y ministerial del territorio comunitario. Exigimos la renuncia inmediata de Pedro Almazán Cervantes, Javier Olea Peláez y Héctor Astudillo Flores, culpables y responsables de tanta muerte e injusticia en nuestro estado de Guerrero.

“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA”
Coordinadores, Consejeros y Comandantes Regionales
del Sistema Comunitario de la CRAC PC.

Casas de Justicia: Matriz de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso.
Comités de Enlace: Tecoanapa, Tixtla, Cacahuatepec, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca, Dos Ríos, Comunidades de la Región Amuzga.

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Acapulco, Guerrero a 08 de enero de 2018.- Ayer por la madrugada, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas. Los hechos tuvieron lugar cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local. Esta acción violenta dejó un saldo de dos policías comunitarios asesinados y seis miembros del grupo agresor. Alrededor de las diez de la mañana, el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías ministeriales y estatales, así como por el ejército para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias. En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente.

Al momento de que un helicóptero sobrevolaba el lugar de los hechos, un policía del estado accionó su arma, desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios. En ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero.

Las autoridades del estado han negado cualquier información sobre la situación jurídica de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso.

El gran temor de sus familiares es que puedan ser trasladados a penales de máxima seguridad fuera de la entidad, donde su estado de incomunicación aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.

Por estos hechos expresamos nuestra gran preocupación por que las autoridades ministeriales violen de manera flagrante sus derechos a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo y los principios del debido proceso. Se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos.

Por todo lo anterior solicitamos enviar comunicaciones a las siguientes autoridades, de modo que se garantice el debido proceso y se proporcione información tanto a sus familiares como a sus abogados sobre el paradero y la situación jurídica de las personas detenidas. En particular, debido al trabajo de Marco Antonio Suástegui Muñoz como defensor comunitario y a la criminalización y ataques de que ha sido objeto anteriormente, solicitamos hacer énfasis en que se garantice en todo momento su integridad física y psicológica. Además, hacemos un llamado para replicar esta acción urgente y realizar pronunciamientos públicos sobre su situación y la de todas las personas detenidas.

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Por Camila Fuentes

15 y 16 de octubre de 2016, Atotonilco de Horcasitas, San Luis Acatlán, Gro.

A 21 años de impartición de seguridad y justicia de las Policías Comunitarias, de dar un servicio a sus comunidades, la situación actual que viven los pueblos de Guerrero se encuentra incrustado en un azar de acontecimientos por parte de las autoridades de gobierno, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios- Policia Comunitaria (CRAC-PC) desde su nacimiento ha pasado por un proceso interno y externo en la medida en que la política de nuestro país México, ha cambiado. No podemos ignorar que la delincuencia se ha fortalecido y se ha camuflajeado con las instancias del estado, provocando división, generando problemas en el desarrollo económico, social y cultural en los pueblos de Guerrero.

La participación de diversas organizaciones es importante en este aniversario, porque más allá de las divisiones en las estrategias políticas a lo interno de la CRAC, las reformas neoliberales son el impedimento para buscar la autonomía y bajo esta situación, la reforma a la ley 701 le afectan no solo a la estructura o a ciertas estructuras de la CRAC; afecta y es un golpe regresivo colonizador para los pueblos indígenas, ancestrales, para los pueblos afro mexicanos de nuestro país. 21 años y los problemas no cesan así como no se detiene el proceso de resistencia.

El respeto es uno de los ejes que da dirección a lo largo de este evento, es la expresión de las relaciones dadas en estas comunidades, donde existen diversas formas de convivencia, la cual no es descifrable quizá para los (as) que observamos de lejos y desde fuera a este sistema comunitario, pero que en suma, no es más que darnos cuenta que son parte de nuestra realidad, en la cual debemos tener participación como seres pensantes en busca del bien de nuestras comunidades.

Crónica desde las montañas del Estado de Guerrero

Aprendiendo de la experiencia de estos procesos organizativos que han tomado la decisión de buscar la autonomía, sobre esta misión se da el contexto de México en una lucha incesante de los pueblos ancestrales en resistencia a las políticas neoliberales. Las consignas principales de la CRAC se basan en dos principios elementales; el primero es: que  “el respeto a nuestros derechos es la justicia” y el segundo: “solo el pueblo defiende al pueblo”, estos principios son los que se extienden a otros pueblos donde el terror domina y la gente se decide integrar al proyecto comunitario y cesar la violencia.

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Al pueblo de Mexico

A pocos días de cumplirse 3 años de la injusta e ilegal detención de los compañeros Gonzalo Molina, Samuel Ramírez Gálvez y Arturo Campos, y el desmantelamiento de la casa de justica del Paraíso, los intentos del gobierno federal por criminalizar y destruir a la CRAC-PC como institución no han cesado. La captación de pseudo representantes comunitarios, la infiltración de gestores que en su mayoría están vinculados a partidos políticos, la criminalización de la CRAC-PC y la regulación de las policías comunitarias son unos cuantos ejemplos de las intenciones del estado por destruir a la CRAC-PC.

La CRAC-PC ha sido una alternativa de pueblos y comunidades para tomar la seguridad en sus manos ya que desde hace 21 años ha representado una forma de organización comunitaria. Por este motivo se ha vuelto un peligro para el gobierno, ya que deja en claro la corrupción y el vínculo de los gobiernos con la delincuencia organizada. Desde hace años el gobierno ha tratado de desmantelar a la policía comunitaria mediante la criminalización, tachándola de ser un grupo violento, y con constantes ataques a las comunidades con grupos financiados por el estado para que los pueblos dejen de organizarse.

La CRAC-PC  como institución esta avalada por la ley 701 mediante la norma de seguridad, justicia y la educación comunitaria, el artículo segundo de la constitución donde abala la organización de los pueblos originarios mediante sus usos y costumbres, y el Convenio 169 de la OIT  donde garantiza  de manera internacional los derechos  de los pueblos indígenas pero sobre todo esta avalada por las asambleas comunitarias que es el órgano donde se elige  a sus policías, comandantes y  toda  la estructura de la CRAC-PC. Ya que la CRAC-PC  es una institución que nace desde los pueblos.

A pesar de los convenios internacionales del artículo segundo de la constitución y de las asambleas comunitarias el gobierno sigue sin reconocer a la CRAC-PC y su sistema comunitario, manteniendo compañeros encarcelados o con procesos penales impidiendo la libre organización.

Con gran alegría damos a conocer la conformación de la coordinación regional que está integrada por la CRAC-PC de: La base del barrio del Fortin, Huamuxtitlan, Olinala, Xochihuehuetlan, Tlatlautli, Ahucotzingo, Pochutla,  San Vicente Ayutla de los libres  y Teconoapa.

Así como con la participación del Comité Nacional Por la Libertad de los Presos Políticos y las y los familiares de los presos políticos de la CRAC-PC.

Esta coordinación se ha planteado como ejes de lucha la libertad de los presos políticos así como la defensa y rescate de la CRAC-PC como institución comunitaria.

Agradecemos su apoyo y esperamos contar con su participación en la marcha del día 12 de octubre que saldrá a las 10:00 am de la alameda al Palacio de gobierno de Chilpancingo, Guerrero.

Convocan: Coordinadora Regional, CRAC- PC de la base del barrio del Fortin, Huamuxtitlan, Olinala, Xochihuehuetlan, Tlatlautli, Ahuacotzingo, Pochutla, San Vicente, Ayutla de los libres, Teconoapa, Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, Familiares de los presos políticos de la CRAC-PC y Presos Políticos de la CRAC-PC.

¡¡El respeto a nuestros derechos, Sera justicia¡¡

¡¡Presos Políticos Libertad¡¡

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·       Otra grieta a las acusaciones falsas del gobierno contra la CRAC-PC que buscaba criminalizar al Sistema indígena.

·       Tres resoluciones de Jueces Federales reconocen a la CRAC-PC como sistema de Seguridad y Justicia.

·       Las actuaciones de la CRAC-PC se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

·       Las autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos. 

Ayutla de los Libres, Guerrero a 12 de mayo de 2016.-  El día de hoy salieron en libertad del Penal de Ayutla de los Libres, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso perteneciente a este Municipio de la Costa Chica, luego de haber sido injustamente privados de su libertad por casi tres años.

El Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa ordenaron su libertad por no existir elementos que acrediten el cuerpo de delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados. El primero resolvió favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la segunda reclasificó el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por la Constitución, las leyes de nuestro país.

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A los estudiantes de Ayotzinapa,
A las madres y padres de los asesinados y desaparecidos,

Hermanos: queremos que sepan que su dolor lo sentimos como nuestro dolor. Reunidos en Asamblea Regional el 18 de octubre las comunidades que integramos la CRAC-PC de los pueblos fundadores del Sistema Comunitario les decimos que no están solos, que cuentan con la solidaridad de nuestras comunidades. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para denunciar este crimen del “narcoestado” y exigir la presentación con vida de los desaparecidos y la justicia verdadera para Ayotzinapa.

El ejército mexicano y el gobernador perredista y asesino de Ángel Aguirre Rivero, sus manos quedarán manchadas de sangre al igual que la de los gobiernos de los Figueroa. La guerra sucia en los setentas y ochentas, las masacres de Aguas Blancas y El Charco en los noventas, hacen de nuestro estado no sólo uno de los que tiene mayores índices de miseria de toda América Latina, sino uno de los más sangrientos y represivos de la historia contemporánea de México.

Los asesinatos de los normalistas Jorge Alexis Herrera Tino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 11 de diciembre de 2011, cuando Ángel Aguirre Rivero volvía a asumir el poder en Guerrero; los más de 19 luchadores sociales asesinados en lo que fue su administración y; bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, la barbarie de disparar ráfagas y asesinar de manera cobarde y ruin a 3 estudiantes y desaparecer a otros 43, muestran lo que es el Estado mexicano ante el pueblo de México y los pueblos del mundo.

El silencio cómplice y luego el falso deslinde de una izquierda institucional asesina, que es en lo que se convirtió el partido PRD, después de tanta sangre derramada en nuestro estado por construir esa izquierda electoral, nuevamente  nos demuestra que los partidos políticos no sirven mas que para robar y matar a nuestros pueblos.

Frente a la destrucción y la muerte de los de arriba, la construcción de los de abajo

¡Presentación con vida de los desaparecidos!
¡Justicia verdadera para Ayotzinapa!

Territorio Comunitario, 18 de octubre de 2014

Atentamente
“El Respeto a Nuestros Derechos es Justicia”

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria – Policía Comunitaria de los pueblos fundadores del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia de la Costa-Montaña de Guerrero.