^{En portada: Poder Judicial del Estado de Oaxaca donde se lleva a cabo la última etapa del juicio por la desaparición de Claudia Uruchurtu. Foto: Rafael E. Lozano}

El pasado 18 de octubre inició el juicio oral contra cuatro de las cinco personas imputadas por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, mujer activista desaparecida el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca.

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Avispa Midia acudió al tribunal donde se realiza la audiencia de debate y, después de acreditarse, le negaron la entrada al reportero. La jueza María Teresa Quevedo Sánchez ordenó que la audiencia se realizara a puerta cerrada.

Ante la pregunta expresa de por qué se tomó esa decisión, un funcionario en la entrada del tribunal sólo respondió “por el género”.

Cristina Lozano, una de las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización no gubernamental que ha dado seguimiento a las acciones urgentes emitidas por la ONU-DH para la localización de la activista desaparecida, señala en conversación con Avispa Midia que no es normal que estas audiencias sean privadas. “Todas las audiencias, esencialmente, deben ser públicas. Puede ser por el contexto político que la hayan cerrado”, opina.

Entre las personas imputadas en el juicio se encuentra la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y varios de sus colaboradores cercanos.

Esta fase del juicio, también conocida como audiencia de debate, es la última de tres etapas que comprende el proceso penal iniciado hace más de un año. La fase anterior se difirió al menos cinco veces a lo largo de seis meses. Apenas termine el juicio oral, se debe dictar sentencia.

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Esto se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según un oficio obtenido a través de transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.

Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.

19 meses desaparecida por denunciar corrupción

El 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación que pobladores realizaban en la plaza central de Asunción Nochixtlán, en desacuerdo con el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta. Esa noche la policía municipal dispersó a golpes la manifestación. Después unos hombres alcanzaron a Claudia y la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces se desconoce su paradero.

Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno municipal de Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por MORENA.

Entre abril de 2019 y marzo de 2021, Claudia documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales. También la simulación de un proceso de contraloría ciudadana, entre otras irregularidades.

En ese periodo, Claudia envió misivas a funcionarios de los tres niveles de gobierno alertando sobre la situación y solicitando apoyo para investigar y detener los posibles actos de corrupción en su pueblo, ubicado en la Mixteca Oaxaqueña.

Después de agotar varias vías, y ante la insistencia y evidencias reunidas por Claudia, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) determinó procedente iniciar en noviembre de 2019 una Auditoria por Situación Excepcional al municipio de Asunción Nochixtlán, y así se lo notificó a Claudia en enero de 2020.

A la auditoría excepcional se le asignó el número OA/AECSEM/002/2019.

Meses después, cuando Claudia solicitó a través de transparencia información con los avances de dicha Auditoría, el OSFE le respondió que declaraba la información bajo “reserva” durante cinco años.

Han pasado casi tres años desde que arrancó esa auditoría y más de un año y medio desde la desaparición forzada de Claudia, y el Organismo sigue sin presentar resultados. Toda la información relacionada con ésta se mantiene en reserva.

El 5 de mayo de 2021, el portal Primera Línea reveló que el OSFEO detectó irregularidades por 8 millones 795 mil 285 pesos en la administración de Victoria Huerta, cantidad que no pudo comprobar ante el Organismo.

Medio año después, el periódico El Imparcial publicó los descubrimientos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró al investigar los recursos federales asignados a Nochixtlán durante el ejercicio fiscal 2020.

Según la ASF el municipio no disponía de un adecuado sistema de control interno y administración de riesgos, y obtuvo 0 de100 puntos en la evaluación practicada en ese sentido. Por lo cuál emitió la recomendación 2020-D-20006-19-1104-01-001.

Además, la Auditoría dictaminó que “el municipio excedió los recursos disponibles, debido a que se reportaron erogaciones financiadas con otras fuentes de financiamiento”.

Finalmente, la auditoría determinó que el municipio de Nochixtlán no pudo comprobar ni justificar el ejercicio de 270 mil 603 pesos por el pago de servicios personales, que no se ajustaron a lo establecido en los contratos revisados.

Derivado de esto, la Auditoría Superior de la Federación concluyó, entre otras cosas, que “en el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca”.

Por disposición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a partir de este mes de septiembre, la Secretaría de Marina (SEMAR) ya no solo brindará seguridad en las áreas de influencia del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), también absorberá la coordinación y administración de la entidad paraestatal denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT).

El FIT es una empresa de participación estatal mayoritaria constituida el 19 de octubre de 1999 por el Gobierno Federal mediante un decreto, para operar y explotar esta vía férrea identificada como línea “Z” que abarca una extensión de 207.376 Km, que conecta los puertos de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz con el de Salina Cruz en el estado de Oaxaca.

La principal actividad de la empresa está orientada a la conservación y mantenimiento de la vía férrea, así como a otorgar y recibir derechos de paso con los ferrocarriles con los cuales conecta: FERROSUR, S. A. de C. V. y Cía. de Ferrocarriles Chiapas Mayab, S. A. de C. V.

El FIT y las entidades paraestatales – Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. y Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. – eran consideradas como parte del patrimonio del organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)”, creado mediante decreto presidencial en junio del 2019. Estas tres instancias estratégicas serán coordinadas por la Secretaría de Marina.

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De acuerdo con la disposición del presidente, es necesario que estas instancias queden agrupadas en el sector coordinado por la Marina, a fin de cumplir con el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, “el cual impulsa el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano, siendo su eje el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías”, reza el documento.

Por tanto, se establece que estos sectores “dejan de formar parte del patrimonio del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en términos de las disposiciones aplicables”.

El nuevo teatro de operaciones

La participación de las fuerzas armadas de México se va ampliando, además de acciones y tareas de seguridad, también van asumiendo responsabilidades y actividades administrativas económicas y migratorias.

Desde octubre del año 2021 la SEMAR asumió la seguridad y vigilancia de las instalaciones, trenes y vía férrea del área de influencia del Corredor Interoceánico.

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Así mismo el Ejecutivo Federal designó a este organismo llevar a cabo acciones de protección y seguridad de los puertos nacionales, “con la finalidad de evitar que sean empleados para realizar actividades ilícitas al interior de las 17 aduanas marítimas y 2 interiores, para lo cual se creó la Coordinadora de Protección Marítima y Portuaria y Aduanas”, según el informe de labores de SEMAR de año 2021-2022.

Desde noviembre del 2021, a través del Acuerdo Secretarial no. 347/2021, fue creada la Unidad Coordinadora con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuya misión es realizar y coordinar las acciones y actos en materia de seguridad, servicios portuarios principales, auxiliares y conexos, que requieran el Corredor y las empresas de participación Estatal.

Posteriormente, el 16 de abril de 2022, se crea la Coordinadora de Protección Marítima y Portuaria y Aduanas, cuya misión “es coordinar los compromisos de apoyos y acciones necesarias entre las áreas de la Marina y las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así́ como con diversas autoridades que convergen en los recintos portuarios y aduanas coordinadas por esta Institución, en las materias de protección marítima”, puntualiza el informe de SEMAR.

Hasta el 31 de agosto de 2022 se mantiene un despliegue de 1,400 militares, que realizan operaciones permanentes de seguridad y vigilancia a lo largo del Corredor Interoceánico. Entre sus actividades se contempla el establecimiento de dos Estaciones Navales y tres Destacamentos de Seguridad, localizados en cinco municipios intermedios entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como el empleo de dos Batallones de Infantería de Marina.

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SEMAR también ha participado en la contención del flujo migratorio que por lo regular cruzan por áreas de influencia del Corredor Interoceánico. Del 1 septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, “el personal naval en apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM) y en apego al Plan Estratégico del INM, llevó a cabo diversos operativos para poder desarrollar el Programa de Repatriación en los diferentes puntos establecidos (…), las jurisdicciones de mayor flujo migratorio corresponden a la frontera sur: Tapachula y Tonalá, Chiapas, en el Pacifico: Salina Cruz, Oaxaca, y en el Golfo: Cárdenas, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz”.

Según los reportes de la Marina, en lo que va del año 2022, ha apoyado a las acciones del INM, sobre todo en el “rescate humanitario” de 31,060 migrantes de diferentes nacionalidades. También realizó el traslado de 580 migrantes a la sala de última espera del INM y otros 8,822 no fueron admitidos por diversas irregularidades en su documentación oficial.

Mientras tanto, Rafael Marín Mollinedo, director del CIIT, asegura que al menos once parques industriales ya han sido proyectados para ser construidos en esta región y el gobierno ha invertido más de 80 mil millones de pesos en infraestructura y programas sociales. Se tiene programado finalizar la rehabilitación del FIT “hasta finales de este año 2022 y se tiene proyectado su funcionamiento para el año 2023”, puntualizó el director.

^{En portada: Incendios en la amazonía brasileña abren paso a la expansión de la frontera de la agroindustria y la minería.}

Después de 20 años de idas y venidas en las negociaciones para la conformación de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur, compuesto por Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay), los países europeos han intensificado los esfuerzos para ratificarlo, especialmente durante la pandemia de Covid-19 y la Guerra en Ucrania.

El acuerdo, firmado en junio de 2019, todavía no fue ratificado por los países. En estos momentos los textos del acuerdo están sometidos al proceso de revisión jurídica y traducción para, entonces, seguir para la aprobación parlamentaria de los países.

Los términos del acuerdo, como ha sido alertado por distintas organizaciones latinoamericanas y europeas, siguen la lógica colonial y desigual en la división internacional del trabajo. Es decir, estimula la producción industrial en Europa mientras promueve un saqueo de los recursos naturales de América del Sur.

La agricultura y la minería son los principales sectores en los cuales se prevén un gran crecimiento en los países suramericanos. Un estudio de la organización GRAIN indica que, con el acuerdo, habrá un crecimiento de por lo menos 540% en la exportación de etanol, 55% en la exportación de carne de aves, 60% en café y 50% en carne bovina. Todos estos productos llevarán tarifa cero de exportación. Minerales como el hierro también tendrán sus tarifas reducidas a cero en un plazo de diez años.

“Refuerza un modelo de exclusión social y de impacto ambiental, ya que implica ocupar cada vez más nuevas áreas y utilizar más intensivamente las áreas ya ocupadas”, evalúa Adhemar Mineiro, de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip).

Las dos actividades económicas ya son hoy las que “más promueven la destrucción ambiental en Brasil, con profundos impactos para los derechos humanos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, sostiene la investigadora Maureen Santos, integrante del Grupo Carta de Belém.

En el asentamiento Lago Grande, un área de ríos en Santarém, Estado amazónico de Pará, en Brasil, 155 comunidades viven de la recolección de frutos del bosque, de la pesca y agricultura familiar. Alrededor del 55% de su territorio, resultado de la distribución de tierras a pequeños agricultores, está amenazado por la explotación minera.

Rosenilce dos Santos, quien vive en este territorio, cuenta que ahora, además, están sufriendo la presión con la expansión de la soya. “Todos somos conscientes de que no se puede vender tierras, porque es un territorio colectivo, sin embargo, la grilagem (venta ilegal de tierras) avanza. Eso ha generado conflictos dentro de las comunidades y de las familias. Llegan a nuestro territorio ofreciendo hospitales, escuelas, vías de transporte”, cuenta.

Con la expansión de la demanda europea se intensificará la embestida sobre estos territorios, “aumentando los conflictos socioambientales”, añade Santos quien también hace parte de la Federación de Organizaciones de Asistencia Social y Educativa (FASE) de Brasil.

Para pocos

Algunos meses después de la firma del acuerdo entre los bloques, la Unión Europea anunció su Pacto Verde, en diciembre de 2019. “Un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050”, como lo explica la propia UE en su página web, y así cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París.

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La aceleración de la “transición energética”, propuesta por el pacto, fue anunciada también como una estrategia para impulsar la economía en crisis, agravada con la pandemia. “Será necesaria una transformación de la sociedad y de la economía europeas, que tendrá que ser rentable, equitativa y socialmente equilibrada”, menciona la UE en sus documentos.

Para Mónica Bruckman, científica social y coordinadora del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sobre Geopolítica, Integración Regional, existe una clara relación entre las estrategias del Pacto Verde Europeo y las disposiciones concretadas en el acuerdo que la “Unión Europea está proponiendo al Mercosur”.

El acceso a los recursos es definido, en los documentos del Pacto Verde, como una cuestión de “seguridad estratégica” para la misión de avanzar con dicho pacto. Por tanto, uno de los requisitos para volver la transición una realidad es garantizar el suministro de materias primas, en particular, aquellas críticas necesarias para las tecnologías limpias, aplicaciones digitales, espaciales y de defensa.

“Todos estos recursos críticos no están en el territorio europeo. Están principalmente en territorio africano y, sobretodo, en territorio suramericano. Entonces acceder a estos recursos es un requisito indispensable para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y eso significa acceder a nuestros territorios”, analiza la investigadora.

El acuerdo entre UE y Mercosur abre las puertas de los países suramericanos para que Europa acceda a estos recursos.

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Mientras se piensa en descarbonizar la industria y el consumo de los países del norte, “este mismo proceso, va a ampliar de manera violenta y brutal la actividad extractiva en [nuestros] territorios”.

Un estudio de GRAIN refuerza el análisis de la investigadora. “Si bien es muy probable que con este acuerdo el aumento de importaciones europeas de etanol y soja se utilice para cumplir con los objetivos de combustible ‘verde’ para el transporte en Europa, esto puede impulsar mayor deforestación y acaparamiento de tierras en países como Brasil. Podría resultar que los gobiernos de la UE provoquen más destrucción del clima con el fin de cumplir sus objetivos climáticos”, dice el estudio.

El Pacto Verde, según sus documentos, busca la protección del capital natural europeo, que incluye su biodiversidad y sus recursos hídricos. Bruckman subraya el aspecto rebasado del punto de vista ambiental de esta visión. “En pleno siglo XXI ya sabemos que el planeta opera como un grande bloque con sus biomas complejos pero todos integrados. De nada sirve proteger el capital natural europeo si no se protege, por ejemplo, la Amazonia, que es el bioma que tiene la mayor capacidad de captura de carbono en el planeta. Proteger el capital natural europeo significa proteger las reservas naturales y los biomas en el mundo entero”, señala.

En Brasil, 87% del área de minería está en la Amazonia. El sector minero “ya está impactando de forma colosal este territorio e irá impactar aún mas en los próximos 20 años (…). Tenemos un futuro de mucha disputa global por recursos naturales estratégicos, por bienes comunes estratégicos”, sostiene Bruckman.

De manera que la investigadora alerta que el acuerdo entre UE y Mercosur no es solamente un acuerdo comercial, “tiene que ver con un nuevo orden mundial que ellos mismos están proponiendo”.

Más emisiones

Distinto del Pacto Verde Europeo, el acuerdo no obliga que los países del Mercosur cumplan las metas del Acuerdo de París. A pesar de citarlo, “no hay ningún mecanismo o arbitraje previsto en el acuerdo que obligue que los países sí cumplan dichas metas”, detalla Santos.

Hoy Brasil, Argentina y Paraguay ya están en llamas por cultivar soya o caña para el mercado europeo. Las emisiones provenientes de los incendios forestales o de la pérdida de sumideros no aparecen en la contabilidad climática europea.

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De acuerdo con el documento El comercio entre los bloques aumenta la violencia, las desigualdades, la crisis de los derechos humanos y la emergencia ambiental, del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, la UE es el según mayor importador mundial de deforestación tropical y emisiones asociadas.

Además, es responsable por 16% de la deforestación asociada al comercio internacional y 25% de las emisiones de efecto invernadero provenientes del sistema de abastecimiento alimentar en la UE son provenientes de emisiones producidas por importaciones de América Latina.

Con el acuerdo, GRAIN estima que aumentará en un tercio las emisiones de gases con efecto de invernadero en los países de Mercosur procedentes del comercio de tan sólo ocho productos agrícolas. Mas de 80% de estas emisiones provendrán de un sólo producto: la carne bovina.

¿Soluciones basadas en la naturaleza?

Los reclamos contra el acuerdo no vienen solamente de organizaciones de los dos lados del océano. Países como Francia también han manifestado la necesidad de que el acuerdo obligue a los países del Mercosur a cumplir con compromisos ambientales.

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A los medios de comunicación, el embajador de la Unión Europea en Brasil,

Ignacio Ybañez, dijo que la Comisión Europea ya posee un borrador de un documento adicional sobre temas ambientales que será presentado a los países.

Sin embargo, el documento no es público, y aún no se conoce su contenido.

“No tenemos acceso a la documentación que está siendo negociada, la mayor parte de las informaciones que tenemos en relación a las propuestas vienen de organizaciones de la UE que logran acceso y que nos informan. Eso es un absurdo”, sostuvo la integrante del Grupo Carta de Belém.

Uno de los temas que Santos considera que puede ser integrado en declaraciones adicionales al acuerdo son las ‘soluciones basadas en la naturaleza’ como “salida para resolver la crisis climática”, cuyo eje central es el mercado de carbono. “Pienso que este tema va a entrar con mucha fuerza, ya que es una bandera clave de la Unión Europea y que lo viene defendiendo en los acuerdos globales”, explica.

Dichas soluciones fueron consensuadas entre los países en las conferencias del Clima de la ONU, las llamadas COPs, y son consideradas por diversas organizaciones y pueblos en todo el mundo como ‘falsas soluciones de mercado’.

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“Para nosotros son falsas [las soluciones basadas en la naturaleza]; ellos ponen este nombre en mecanismos que ya existen hace 20 años y no dan resultados concretos para el problema del clima”, dijo Santos.

Más allá del comercio

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur empezó a ser negociado en 1995, en el mismo año de fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este contexto el acuerdo adhirió toda la agenda de esta organización en lo que respecta a los acuerdos internacionales, agenda esta que repasa la liberalización del comercio.

“Incluye, entre otros, la liberalización de servicios básicos como, por ejemplo, el agua y la energía; privatización de servicios públicos, facilitando la entrada de empresas europeas en esta gestión; desregulación laboral; desregulación del sistema financiero; privatización de bancos públicos”, explica Adhemar Mineiro.

Otro punto son las compras realizadas por los gobiernos – federal, estatales y municipales – en los países de Mercosur. “Todas las compras, como por ejemplo de alimentos, deben ser realizadas mediante licitaciones internacionales, dando acceso a las empresas europeas”, lo que vulneraria, por ejemplo, las compras de productos de la agricultura familiar hechas por el gobierno brasileño.

Agrotóxico: “doble patrón”

El acuerdo facilita la venta de agrotóxicos producidos por empresas europeas. Los impuestos sobre los productos químicos serán reducidos o eliminados en 90%. La previsión de la Comisión Europa es que debe aumentar en 47,6% las exportaciones de estos productos hacia el Mercosur.

Al mismo tiempo, la UE reforzó sus restricciones internas a los agrotóxicos. De acuerdo con un informe de 2019 de la Asociación Brasileña para la Reforma Agraria, 44% de las sustancias registradas en Brasil son prohibidas en la UE. De los 113 productos de la empresa alemana BASF, 71 son aprobados en Brasil, agrotóxicos altamente peligrosos, siendo que 57 de ellos no tienen registro para su uso en la UE.

“El acuerdo refuerza un doble patrón, en el cual los ciudadanos del Mercosur son tratados como segunda categoría”, dijo Santos.

El estudio Comercio Tóxico: a ofensiva do lobby dos agrotoxicos da UE no Brasil, realizado por Gabriel Cassoti, de Amigos de la Tierra Europa, revela el lobby ejercido por este sector en Europa y en Brasil, y que las empresas fueron consultadas por la UE para que sus demandas fueran incluidas en el acuerdo.

Hoy existen 5 mil agrotóxicos liberados en Brasil, siendo que 1,500 de ellos fueron permitidos en el gobierno de Jair Bolsonaro.

Sustitución

Los carros, principalmente de la industria alemana, tendrán su venta facilitada en los países del Mercosur. “El sector automovilístico también fue consultado para que sus demandas fueran incluidas en el acuerdo”, sostiene Lúcia Ortiz, de la organización Amigos de la Tierra Brasil.

La Unión Europea estableció, como parte de sus estrategias para reducir las emisiones de carbono, el objetivo tener al menos 30 millones de coches cero emisiones para 2030. Además, planea prohibir ventas de vehículos con motores de combustión en 2035.

“La UE, con su directriz de energías renovables, va a sustituir sus carros con motor a combustión por carros eléctricos o movidos a hidrógeno verde, y nos quieren vender los carros que ya no utilizan. Mientras exportamos para allá los minerales necesarios para su tecnología de la transición energética”, dijo Ortiz.

Comercio electrónico sin control

Gabriel Cassoti alerta para un punto poco discutido sobre el acuerdo que es el comercio electrónico de las grandes empresas digitales. El acuerdo prohíbe la tributación de los lucros de estas empresas. “Existe un gran lobby de las cinco mayores empresas – Google, Amazon, Apple, Facebook, Alibaba – que están entre las siete mayores empresas del mundo”.

Además, el acuerdo prohíbe los Estados regular los flujos de datos personales de los usuarios de sus plataformas, datos estos “que generan altísimos lucros para estas empresas”.

Expectativa

Existe una expectativa sobre los rumbos del acuerdo debido a los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil, que se definen el próximo 30 de octubre entre Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. El tema estuvo en las discusiones de la campaña electoral.

Lula ha sostenido que, si es elegido, pretende “mejorar” el acuerdo para garantizar que los países de Mercosur puedan tener una política industrial. Sin embargo, el eurodiputado Cañas declaró a los medios europeos que una posible renegociación del acuerdo “no va a ocurrir”.

^{En portada: Firma del convenio entre el gobierno de Egipto y la trasnacional Coca-Cola como patrocinadora de las negociaciones del clima de la ONU.}

Coca-Cola, la mayor productora de plástico de un solo uso del mundo, será patrocinadora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27). Así lo anuncio la empresa norteamericana junto a funcionarios del gobierno de Egipto, donde el próximo mes de noviembre se llevará a cabo la ronda de conversaciones del tratado sobre el clima.

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En 2021, una auditoría realizada por el movimiento global Break Free From Plastic anunció que, tras la recolecta de más de 330 mil residuos de plástico en lugares que van desde parques y calles de ciudades hasta playas de todo el mundo, el 58% de estos pertenecían a un sola empresa: Coca-Cola. Con ello, y por cuarto año consecutivo, la empresa norteamericana fue catalogada como la “mayor contaminante del mundo” por sus desechos plásticos.

Tras la firma del convenio entre el área de operaciones de Coca-Cola para el norte de África y el gobierno egipcio, se desató una ola de conmoción donde diversos actores y organizaciones ambientalistas condenaron la acción como una muestra de lavado verde corporativo.

“El hecho de que Coca-Cola patrocine la COP27 es puro ‘greenwash’ (lavado verde)”, denunció Emma Priestland, coordinadora de Break Free From Plastic, la alianza global que describe como “asombroso que se permita a una empresa tan vinculada a la industria de los combustibles fósiles patrocinar una reunión tan vital para el clima”.

De acuerdo a Greenpeace, cada año, Coca-Cola produce 120 mil millones de plásticos de un solo uso y el 99% de los plásticos se fabrican con combustibles fósiles, lo que agrava la crisis del plástico y del clima.

Según John Hocevar, integrante de dicha organización ambientalista, “esta asociación socava el propio objetivo del evento que pretende patrocinar. Si Coca-Cola quiere realmente resolver la crisis del plástico y del clima, tiene que cerrar el grifo de los plásticos”.

En 2019, la ONG divulgó un informe en el que calcula la producción anual de Coca-Cola en casi 3 millones de toneladas de plástico, cantidad mayor a otras empresas del ramo como Pepsico y Nestlé.

Por su parte, Ashka Naik y Rachel Rose Jackson, de la organización Corporate Accountability, condenaron el patrocinio de Coca-Cola a la COP27 al calificar su modelo de negocios como “intrínsecamente insostenible y destructor del clima”, debido a la producción masiva de envases a base de petróleo, además de los perjuicios a la salud que conlleva su consumo.

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“Durante años, los países del Norte Global, alentados por legiones de grupos de presión de la industria, han enfrascado las conversaciones en discusiones sobre falsas soluciones de mercado a la crisis climática, como los inefectivos esquemas de comercio de carbono y las tecnologías de eliminación de carbono aún no probadas, frenando el progreso de las soluciones reales y probadas que tanto necesitamos hasta casi paralizarlas”, complementan las integrantes de Corporate Accountability, sobre el contexto de las negociaciones del clima y la participación de las empresas.

Empresas y negociaciones del clima

De acuerdo al gobierno de Egipto, uno de los objetivos de la COP27 es que se logre un progreso en la financiación prometida por los países desarrollados para ayudar al continente africano a hacer frente al calentamiento global.

Además, el gobierno anfitrión espera que durante las negociaciones se de un impulso a las recomendaciones para la mitigación colocadas por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en abril pasado, destacando acciones dentro del discurso de la “neutralidad de carbono” mediante el cual se promueven tecnologías como la captura de carbono para combatir la crisis climática.

Según Corporate Accountability, el patrocinio de Coca-Cola es sólo el indicio más reciente de lo arraigada que está la captura de las Naciones Unidas por parte de las empresas, a quienes se les da oportunidades a los mayores responsables de las emisiones contaminantes para hacer frente a las crisis que ellas mismas exacerban.

“Las corporaciones globales han estado explotando los escenarios políticos internacionales para lavar su imagen e influir en un proceso ya profundamente comprometido por la interferencia de la industria. Y no debería sorprender a nadie que las empresas con algunas de las mayores huellas de carbono, los peores historiales en materia de derechos humanos, los mayores presupuestos de los grupos de presión y los impactos duraderos en la salud pública hayan sido las más ansiosas por aprovechar estas oportunidades únicas”.

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Otro ejemplo es la actuación de Unilever, trasnacional de bienes de consumo, quien fuera el socio principal de la COP26, realizada en 2021 en Glasgow, Reino Unido. Entre otras empresas patrocinadoras de las negociaciones del clima del año pasado también figuran Sky, Hitachi, National Grid, ScottishPower, Microsoft, NatWest y Sainsbury’s, quienes en conjunto sumaron un valor de 286 millones de euros en patrocinios.

Para Corporate Accountability el error yace en la misma Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual no establece ningún control duradero sobre el patrocinio de las empresas a las conversaciones sobre el clima, por no hablar de cualquiera de las otras formas en que los grandes contaminadores tienen acceso sin restricciones a las negociaciones.

^{En portada: Miembros de la comunidad Otomí residente en la ciudad de México realizan un foro sobre la militarización en México y conmemoran el segundo aniversario de la toma de la Casa de los Pueblos Samir Flores. Foto: CNI}

Este miércoles 12 de octubre, pueblos, organizaciones, colectivos e individuos de México y de diferentes partes del mundo toman las calles para movilizarse en contra de la militarización y la guerras capitalistas y patriarcales.

Dichas acciones responden a la convocatoria realizada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), para reivindicar que “a 530 años de la mal llamada conquista de América, nosotras y nosotros no tenemos nada que celebrar, que no sean la resistencia y la rebeldía de los pueblos originarios y de la humanidad entera contra la guerra capitalista y la violencia patriarcal”.

El CNI realizó el llamado a las manifestaciones a una escala global, mientras que en México se viven “flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han agudizado en el actual régimen de la 4T”.

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Entre las innumerables formas de violencia que enfrentan los pueblos de México enuncian los homicidios y desapariciones masivas, la represión a estudiantes, mujeres, campesinos, trabajadores y jóvenes, así como la violencia y agresiones contra defensores de derechos humanos y de la madre tierra como el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes, sumado a los asesinatos de periodistas y activistas.

De acuerdo con un informe reciente de la organización Global Witness, en México, sólo en 2021, se registraron los asesinatos de 54 personas defensoras, lo que coloca al país a la cabeza de los homicidios de ambientalistas a nivel mundial, una tendencia que ha escalado en los últimos tres años y donde destacan las agresiones en conflictos por la tierra y la minería.

A esta situación de violencia se suma la profundización de la militarización. El CNI en su convocatoria recuerda las recientes modificaciones legislativas que permiten el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas mexicanas, además de la aprobación de las labores del Ejército y Marina en labores de seguridad pública hasta el año 2028, “ello a pesar del estruendoso fracaso de dicha política y el crecimiento paralelo de los cárteles criminales por toda la geografía nacional”.

La convocatoria del CNI enfatiza la exigencia de un alto total al cerco militar, los ataques paramilitares y la guerra contrainsurgente dirigida en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las comunidades zapatistas y en contra de los pueblos de México a traves de la militarización y paramilitarización, el crimen organizado, los megaproyectos de muerte, el despojo y la destrucción de la tierra y la violencia patriarcal en contra de las mujeres.

Llamado

El pasado lunes (10), diversas organizaciones pertenecientes al CNI realizaron el llamado a sumarse a la jornada de acciones globales. Desde el edificio que anteriormente albergara al Instituto Nacional de Los Pueblos Indígenas (INPI) y que ahora se conoce como la “Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes”, se realizó una conferencia de prensa con diversas organizaciones que difundieron la convocatoria.

Son 530 años de la llamada “conquista de América”, dijo Filiberto Margarito, concejal del Concejo Indígena de Gobierno y perteneciente a la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, quienes en voz de Margarito no dudan que han sido mas de cinco siglos en que como pueblos originarios “han resistido el genocidio, el despojo y la discriminación que imponen los dueños del poder y del dinero”.

Como parte del CNI, del cual forman parte estos pueblos, anunciaron su preocupación por el avance de megaproyectos que, en nombre del desarrollo, continúan amedrentando, despojando y asesinando a quienes se oponen.

Prueba de esto es la insistente militarización de México que vela por intereses del capital nacional y transnacional, quienes pretenden, “desarticular a las policías comunitarias y guardias comunales (…) para garantizar el avance de las empresas mineras, agroindustriales, energéticas o inmobiliarias y de los carteles (de la droga)”, comparte una integrante de los Pueblos Unidos de la región Choluteca y de los Volcanes, quienes han resistido al saqueo de los mantos acuíferos por parte la transnacional Bonafont Danone.

Lxs integrantes del CNI también agregaron que existe una gran preocupación por “el espionaje y la vigilancia constante que se realiza a activistas, periodistas, a los pueblos y a todos los defensores de derechos humanos que defendemos la vida”.

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Entre las exigencias está el cese a la vigilancia y el espionaje. Así como a la presentación de los miles de desaparecidos en el país y el cese al hostigamiento a las madres buscadoras, quienes han sido asesinadas. “Exigimos que se detenga la guerra en contra los pueblos zapatistas y en contra de todos los pueblos”, puntualizaron en la conferencia.

Acciones              

La respuesta al llamado del CNI se ha nutrido de diferentes convocatorias, en diversas partes de la geografía mexicana y mundial, para la realización de movilizaciones, así como de eventos culturales y políticos.

En México, hasta la mañana de este miércoles, se registran actividades en Estados como Morelos, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Colima, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Baja California, Tlaxcala y la Ciudad de México. A estas acciones se suman eventos en el País Vasco, Bélgica, Alemania y EEUU.

En la Ciudad de México se realizará una movilización desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, la cual enarbola la demanda de un alto a la militarización de los territorios indígenas.