solidaridad
[:es]Pueblos de Cholula denuncian contaminación de pozos por operación irregular de basurero[:]
[:es]Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Durante 2022 se realizó la caravana de los pueblos del Altepelmecalli, en la cual visitaron el relleno sanitario intermunicipal de Cholula donde su operación afecta el agua y la tierra de las zonas de siembra. Foto: Elizabeth Díaz / Sueña Dignidad
En el marco de las acciones que comunidades campesinas e indígenas del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, realizan desde el pasado 21 de marzo para exigir la clausura del relleno sanitario ubicado en las inmediaciones de San Francisco Coapan y Garzas, este martes (2) denunciaron haber encontrado indicios de contaminación por coliformes fecales, responsables de enfermedades gastrointestinales, en fuentes de agua cercanas al basurero.
Durante rueda de prensa, realizada en el plantón que mantienen desde hace 12 días para impedir el ingreso de basura al relleno sanitario, informaron que, de acuerdo a análisis realizados por científicos de la Universidad Autónoma de México (UAM), campus Azcapotzalco, concluyeron que el agua de la región no es potable.
Habitantes de los pueblos de la región choluteca – comunidades de San Mateo Cuanala, de la colonia Los Ángeles, San Andrés Calpan, Santa Maria Zacatepec, San Sebastián Tepalcatepec, San Lucas Atzala y San Juan Tlautla – escucharon los resultados de la investigación efectuada por la doctora Sylvie Jeanne Turpin Marion, especialista en manejo de residuos y profesora investigadora de la UAM.



La doctora Turpin informó que, en los análisis de muestras de agua, tomadas de cinco pozos noria (aguas subterráneas que provienen de las filtraciones de cauces naturales en las posiciones más altas) que abastecen comunidades de la región, se encontraron “cantidades brutales” de coliformes y materia orgánica.
La investigadora subrayó que “la materia orgánica es la que alimenta a los coliformes, de esto pueden vivir. También el color del agua no estaba del todo regular, de ahí se deduce que efectivamente los lixiviados tuvieron que intervenir”, sostuvo la investigadora quien enfatizó que se deben tomar medidas para tratar el agua que “definitivamente no es potable”.
Según explicó la científica, se debe considerar que, al operar un relleno sanitario, se forman lixiviados (escurrimientos a través de los residuos) que si no están bien controlados, se dispersan provocando afectaciones ambientales.
Las muestras de agua recogidas en Puebla fueron trasladadas a la ciudad de México y analizadas en los laboratorios del departamento de Energía de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Azcapotzalco.
Irregularidades ambientales
De acuerdo a la organización Unión de Pueblos, quienes demandan la clausura del relleno sanitario, sólo en los primeros ocho días del plantón han impedido el ingreso de 480 toneladas de basura provenientes de 23 municipios de Puebla, así como de otras localidades de la Ciudad de México, Estado de México e incluso de Oaxaca.
La investigadora de la UAM informó que existen normas dictadas por la regulación ambiental y en este caso se refirió a la norma 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual regula la construcción y operación de rellenos sanitarios. Según la doctora, esta normativa no permite la existencia de basureros encima de mantos freáticos o en la cercanía de pozos. “Hay distancias que respetar y, visiblemente, esta norma, en este caso, no se aplicó”, sostuvo Turpin.
“Dentro de la norma 083 (…) está indicado que los propios operadores del relleno deben de hacer también monitoreo de las aguas subterráneas, antes de la corriente del manto freático y hasta después, para controlar, si hubo consecuencias o no, y si el relleno tuviera problemas precisamente de captación y tratamiento de lixiviados”, detalló la investigadora.

Acorde a la investigadora, quien cuenta con experiencia de décadas en ingeniería química y ambiental, las muestras fueron georeferenciadas y tomadas a una profundidad de entre 28 a 35 metros, por lo que, en su análisis, hay poca posibilidad de que exista otra fuente de contaminación del agua, que no sea por los lixiviados derivados por los residuos sólidos que son vertidos en el relleno sanitario.
No obstante, para confirmar los niveles de contaminación de las pruebas, la doctora Turpin anunció que se realizará una segunda campaña de muestreos con el fin de eliminar la presunción de que la contaminación derive de otras causas que no sean el basurero, como podrían ser drenajes o fosas sépticas. “Si estos análisis siguen en el mismo orden de tamaño (de contaminación) que los primeros, ya se podría actuar de forma legal”, concluyó la investigadora en referencia a la presentación de denuncias ambientales.
Afectaciones del basurero
Juan Carlos Flores, abogado de la Unión de Pueblos, contextualizó que, tras las demandas de las comunidades de la región choluteca para que las diferentes dependencias de gobierno, locales y federales, entreguen información para conocer el cumplimiento de regulaciones ambientales del relleno sanitario, éstas mantienen la negativa a proporcionar estos datos.
Mas aún, el abogado denunció que existe una estrategia, por parte de funcionarios del gobierno del Estado de Puebla y de la Secretaría de medioambiente estatal, quienes condicionan la entrega de información sobre los impactos ambientales del basurero, a cambio de que la Unión de Pueblos participe en mesas de diálogo para retirar el plantón.
Flores señaló que ya han interpuesto denuncias ante la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por lo que están en la espera de la realización de una nueva inspección por parte de las autoridades ambientales.
Cabe recordar que, el pasado 4 de febrero, comunidades de la Unión de Pueblos detuvieron las obras de ampliación del relleno sanitario debido a que demostaron que no existían los permisos requeridos. No obstante, la suspensión duró algunas horas y los trabajos se reanudaron con el aval del ayuntamiento de Cholula.
De acuerdo al abogado, funcionarios de Profepa anunciaron que esta misma semana se realizará una inspección para verificar que el basurero cumple con las medidas ambientales a las que se comprometió a inicios de año.



“De igual manera hemos empezado a interponer juicios de amparo contra la contaminación de los pozos y los mantos freáticos, así como contra la ampliación que se pretende hacer del basurero al margen de una consulta indígena”, sostuvo el abogado.
Además, añadió que, entre las razones por las que la Unión de Pueblos cree que se les niega el acceso a los documentos de Manifiesto de Impacto Ambiental se debe a que el basurero opera “al margen de las normas pues ha cumplido con su capacidad”.
Acorde a datos proporcionados por la Unión de Pueblos, la superficie aproximada del basurero ubicado en la región Cholulteca es mayor a los 36 mil metros cuadrados. Dicha organización denuncia que el basurero opera, desde el año 2008, “ilegalmente bajo la corrupción del Rey de la Basura y hoy candidato a diputado federal por Morena (partido del Movimiento de Regeneración Nacional) en Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa, José Juan Espinoza y el ex gobernador del estado, Rafael Moreno Valle”.
“A raz de suelo, el basurero asesino tiene una altura aproximada de 30 metros, sin embargo, es importante considerar que de profundidad alcanza otros 30 metros, por lo que estaríamos hablando de una altura total de 60 metros”, subraya la organización de comunidades en la región Choluteca, quienes señalan que el radio de contaminación abarca dos kilómetros alrededor del relleno sanitario.
Testimonios de pobladores de la región enfatizaron que existen diversas manifestaciones de la contaminación producto de la operación del basurero. Entre ellas, enunciaron daños a plantas y siembras, así como a actividades como la apicultura y la economía campesina, pues productores resienten la dificultad para vender sus productos, debido a que pobladores de la región reconocen que lo producido en las inmediaciones del relleno sanitario podrían estar contaminados.
También subrayaron la existencia de enfermedades, sobre todo gastrointestinales, así como el peligro que representa la acumulación del gas metano producto de los residuos sólidos, cuyo riesgo, además de contribuir al calentamiento global, puede representar la causa de incendios.
Plantón se mantiene
Tras la instalación del plantón en las inmediaciones del relleno sanitario, el pasado 21 de marzo, la Unión de Pueblos informó que en los días posteriores se han realizado asambleas en las comunidades de la región donde se tomó la decisión de mantener las acciones hasta conseguir la clausura del basurero.



En un acta de asamblea fechado el 24 de marzo pasado, las comunidades afectadas por la contaminación aseveraron que “esta decisión es una medida urgente para proteger el medio ambiente, el agua y la vida y tenemos el derecho y deber de proteger el medio ambiente”, por lo que responsabilizaron a la empresa ProFaj y al gobierno de Puebla de cualquier medida represiva en su contra.
Cabe subrayar que el plantón se mantiene al margen de la carretera Cholula a Calpan, “por lo que el gobierno no tiene pretexto para reprimir nuestro derecho a emprender acciones en defensa del ambiente”, señala la Unión de Pueblos.
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[:es]México mantiene uso de glifosato; científicos sostienen que existen sustitutos[:]
[:es]Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Pese a que el gobierno federal impulsa la eliminación del glifosato por ser considerado como cancerígeno en humanos, actualmente existe una contradicción entre las declaraciones del Ejecutivo Federal y los organismos científicos y dependencias a cargo de realizar acciones para concretar esta estrategia que estaba prevista para tomar efecto a partir de este lunes (1).
Mientras científicos argumentan que el glifosato no es un factor determinante para la producción agrícola, dependencias del gobierno mexicano anunciaron la postergación de su prohibición, anunciada por el presidente mediante decreto presidencial, justificando “prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país”.
Mediante comunicado, las instituciones de los sectores de economía, agricultura, medio ambiente y regulación sanitaria justificaron la continuación en el uso del herbicida debido a que “no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato en la agricultura mexicana”.

Cabe recordar que, el 13 de febrero de 2023, México emitió un decreto presidencial para iniciar la eliminación gradual del herbicida, hasta llegar a su prohibición total. En el mismo decreto se estableció la sustitución paulatina de las importaciones de maíz genéticamente modificado, acciones que han generado reclamos de EEUU, el principal vendedor de estos insumos a México.
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Cifras de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señalan que, para el año 2023, México redujo hasta en 50% las importaciones de glifosato en comparación con el año previo, como parte de las acciones para su eliminación gradual.
Reducción paulatina
Por su parte, científicos mexicanos, integrantes del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), así como funcionarios federales, han declarado que la reducción de importaciones de glifosato no ha implicado la caída de la producción de alimentos en México.
“No habrá crisis de producción ante la prohibición de este herbicida, ya que la productividad depende de muchos factores como el clima, el agua, el suelo, nutrientes, fertilizantes que se utilizan, la tecnificación, la maquinaria disponible y la experiencia de los productores. El glifosato sólo es un secante de amplio espectro orientado a matar todo tipo de vegetación, suelos y medioambiente”, remarcó Leticia López Cepeda, integrante de la plataforma de monitoreo del glifosato en México del Conahcyt, durante rueda de prensa realizada el pasado miércoles (27).

En la conferencia, realizada un día tras el anuncio de la postergación de la prohibición del glifosato, la titular del Conachyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, subrayó que, mediante la Encuesta Nacional de Uso de Glifosato (ENUG), realizada en conjunto con la Procuraduría Agraria, proyectaron que el uso promedio del herbicida a nivel nacional es de 2.6 litros por productor anualmente, lo que demuestra que la mayoría de los productores de núcleos agrarios trabajan sin el agrotóxico.
Los datos de la ENUG revelan que 44% de los productores encuestados usan glifosato. De ellos, sólo el 8.7% corresponde a uso de gran escala, 34.1% de mediana y 57.2% de pequeña.
Veracruz, Chiapas, Campeche, Guerrero y Tabasco son los estados que reportan mayor uso de glifosato en el cultivo de maíces, tanto híbridos como nativos, pese a no estar autorizados, detalla la ENUG.
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En contraste, científicos subrayaron que ya existen alternativas como la elaboración de más de 60 millones de litros de bioinsumos y otros fertilizantes que se encuentran en la etapa de aprobación por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Agroecología, alternativa
Ana Laura Wegier Briulo, investigadora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, resaltó que el tiempo para preservar la agrobiodiversidad, debido a los desafíos ambientales mundiales, se está agotando. También remarcó que, comparada con toda la historia que ha configurado a México, desde hace 10,000 años como una de las cunas de la agricultura, “es muy reciente la dependencia que se ha generado a estos productos químicos importados, como el glifosato”.
Wegier abundó en las afectaciones por el uso de semillas modificadas, que denominó como “muy poco diversas”, y que están acompañadas de paquetes tecnológicos, que “brindan una falsa percepción de ser mejores de lo que antes teníamos”.

La investigadora remarcó que el uso de los agrotóxicos y semillas modificadas genéticamente “no están dando un valor a nuestras prácticas de manejo de cultivos ni a nuestra agrobiodiversidad, ni a nuestra alimentación, ni a la salud humana”.
Por su parte, Victor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), acusó que existe una campaña, “orquestada desde las corporaciones multinacionales” para atacar la prohibición del glifosato.
En este punto, rechazó datos como los utilizados por el Consejo Nacional Agropecuario y de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, quienes han señalado que la eliminación del herbicida causaría una reducción de hasta 40% de la producción de cereales en el país.
Ante ello, el funcionario federal negó este escenario y aseguró que “la seguridad alimentaria de México sin glifosato no ha estado ni estará en riesgo (…) nunca ha dependido, ni dependerá, de un herbicida o cualquier otro insumo importado”.
Sustitutos
Mientras que la plataforma de acciones para prescindir del glifosato, que comprende 85 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, donde participan más de 700 personas investigadoras y tecnólogas, señala que ya existen sustitutos al herbicida, el presidente de México apunta lo contrario.
“Ya se cuentan con los métodos y alternativas suficientes para la sustitución, por lo que no se hace necesaria ningún tipo de prórroga para otorgar autorizaciones y permisos de este herbicida, ya que, de posponer el periodo de prohibición del glifosato, seguiríamos afectando y se afectarían más aquellas acciones urgentes e indispensables para atender la grave problemática de salud humana y ambiental”, subrayó Leticia López Cepeda.
En contraste, durante conferencia de prensa de este lunes (1), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que “no hay en el mundo un producto para sustituir al glifosato, hay investigaciones y se sabe que es dañino a la salud pero no hay un sustituto”.
Por ello, aseveró que el glifosato podrá ser importado a México en tanto se desarrollan alternativas que no sean dañinas a la salud.
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