San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
19 de septiembre de 2024

Boletín No. 22

Denunciamos el incremento de la violencia a integrantes del Frayba

    • Allanamiento, amenaza de muerte, difamaciones, seguimiento como los actos más frecuentes.

    • Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) tiene 35 años de promover y defender los derechos humanos en Chiapas. En esta travesía por la defensa de derechos, ha documentado y acompañado a víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos que buscan acceso a la justicia frente a la impunidad, principalmente en el marco del Conflicto Armado Interno que aún no se ha resuelto.

Desde su inicio, el Frayba ha sido objeto de constante vigilancia, intimidación, hostigamiento y amenazas tanto de agentes no estatales vinculados a los gobiernos, autoridades estatales, federales y del Ejército mexicano, así como pronunciamientos públicos estigmatizantes por parte de altos funcionarios, por realizar el trabajo de defensa de los derechos humanos, el cual ha molestado los señalamientos de las violaciones a derechos humanos que cometen. El común denominador es la falta de investigación, identificación y castigo a los responsables.

Desde 2021, hemos alertado el incremento de la violencia y violaciones de los derechos humanos en Chiapas.

Desde el mes de enero en Palacio Nacional y directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador hemos registrado cuatro ataques, agresiones y deslegitimación de nuestro trabajo. Lo que ha desatado una serie de actos en cascada de agresiones digitales a nuestras cuentas institucionales.

En los meses de julio, agosto y septiembre hemos documentado amenazas de muerte y recientemente el allanamiento a la casa de un integrante del Frayba como un modo de intimidación y de amenaza. Los comentarios hostiles, la difamación y el desprestigio a nuestro trabajo sigue siendo una constante. Se suma la extorsión, intimidación, vigilancia y agresiones verbales, y varios de ellos vienen de actores vinculados a los gobiernos municipal, estatal y federal.

A pesar de que el Frayba cuenta con Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano no ha garantizado la protección de las personas defensoras de derechos humanos que integran el Frayba. Las omisiones del Estado al no realizar una investigación seria y exhaustiva encaminada al conocimiento de la verdad sobre los hechos y las fuentes de riesgo dado a conocer, afecta el trabajo diario, tiene un efecto amedrentador para ejercer la defensa de los derechos que se reclaman de manera justa ante la autoridad que violenta, porque sabe de facto que existe un pacto de impunidad.

En el marco de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, es fundamental destacar que, toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Además, cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales, por tanto, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar y proteger a toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos.

Lo anterior reflejan el compromiso de la comunidad internacional para asegurar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todas las circunstancias, y que los Estados desempeñen un papel activo en la promoción y protección de estos derechos.

Es claro que el Gobierno no cumple a cabalidad con la protección en el territorio mexicano, hoy estamos en medio en una crisis profunda de los derechos humanos y una violencia generalizada y criminal que se decanta en todas las esferas de la vida, el gobierno de la Cuarta Transformación no pudo, no puede parar la vorágine de la violencia, al contrario, los riesgos van en aumento y con ello a quienes defiende los derechos humanos tal como es en Chiapas.

A pesar de la ineptitud gubernamental, desde el Frayba, reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel. Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para pronunciarse y sumar la voz de exigencia por el respeto al trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos para seguir construyendo la paz. Nos solidarizamos con los pueblos, organizaciones y colectivos que han sido reprimidos y criminalizados por defender sus derechos, su tierra y territorio, estamos convencidos que desde abajo y a la izquierda estas las alternativas para seguir tejiendo organización y comunidad.

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En el marco del X Aniversario de la Desaparición forzada de nuestros 43 Normalistas de Ayotzinapa, la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX y la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG, hacemos atenta #INVITACION, para que este lunes 23 de septiembre a las 16:00 Hrs. Nos acompañen para que junt@s recibamos a las Madres y Padres de Ayotzinapa.

Con ell@s tendremos un “ENCUENTRO DE DOLOR Y RABIA”, abracemos la esperanza, caminemos sus dignos paso y exijamos tod@s, verdad y justicia para nuestros 43 y miles más.

Se acabó el Sexenio de la mal llamada #CuartaTransformación y #LópezObrador no cumplió con su palabra. Encubrió al #Ejército, a la #ClasePolítica, al #CrimenOrganizado, a la #GuardiaNacional, a la #Marina, a la #PolicíaEstatalyMunicipal, no toco ni investigó a #PeñaNieto; es decir, cumplió al pie de la letra con su #PactoDeIMOUNIDAD.

Con la entrante administración que encabeza #ClaudiaSheinbaum, no solamente NO dará continuidad a las “investigaciones”, concluirá el caso, pues el tema #Ayotzinapa, nunca lo tuvo en su agenda.

Este es el #DolorylaRabia de la que debemos hablar.

Porqué olvidar a 43 ausentes?, Porqué celebrar el cierre de una administración, si no fueron capaces de encontrarlos?, Porqué se impuso el poder económico, político y sobretodo, el militar, a la Verdad y la Justicia para nuestros 43?, Porqué Andrés Manuel prefirió la Impunidad y el Olvido a la Verdad y la Justicia?, Qué hace pensar que con Claudia Sheinbaum, las cosas serán diferentes?

Herman@s tod@s.

El Compañero y Artista Gráfico, #GranOm aporta a esta causa de digna resistencia un #CartelConmemorativo de los #10AñosDeAyotzinapa. Así que está disponible en la #CasadelosPueblosyComunidadesIndígenas y en el #CaféZapataVive para que puedas pasar por un ejemplar y con el, puedas sumarte este 26 de septiembre a las 16:00 hrs. a la marcha a la que han convocado las madres y padres de Ayotzinapa, la cita es en el Ángel de le independencia al Zócalo de la #CDMX.

También habrá actividades por Ayotzinapa, acá en la CDMX los días 23, 24 y 25 de septiembre, por lo que invitamos a sumarse y participar.

Finalmente por acá dejamos la liga del cartel para que quien guste y pueda imprimirlo y/o reproducirlo. La idea es que inundemos la marcha de Ayotzinapa con este cartel.

Zapata Vive, la Lucha Sigue!!

Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Ayotzinapa Vive, la Lucha Sigue!

Fue el Ejército!

https://www.dropbox.com/scl/fi/kfs6gmavgv57xpvddl11n/147-Arte-Al-Servicio-147-Cartel-Ayotzinapa-10-A-os-Gran-OM-Co-Digital-Ago-24.jpg?rlkey=coykohim8dggiizn58mszkh8m&st=ilwoy9sx&dl=0

UN MARATÓN EN LAS MONTAÑAS DEL SURESTE MEXICANO.

Septiembre del 2024.

  Hace semanas, los grupos de jóvenes zapatistas tuvieron reuniones para ver cómo podían promover el tema del común entre ellos y con los jóvenes partidistas.

  Tuvieron entonces la idea de un maratón (de 23 kilómetros) en caminos de terracería con pendientes pronunciadas (es decir, “lomas” -como les decimos acá-).

  En su plan se trataba de que no hubiera premios de beneficio personal entre los que ganaran.  En cambio, el objetivo era que el premio fuera una base productiva para empezar primero con los colectivos de sus pueblos.  De ahí el siguiente paso es que se puedan crear proyectos del común, donde se involucren a los jóvenes partidistas.

  Los premios fueron entonces animales de pie de cría de pelibuey y de animales de granja.  Aunque las parejas de pelibuey serían para los primeros lugares, todas y todos los participantes tendrían la paga para comprar pollos e iniciar sus proyectos para granjas colectivas.  El GAL (Gobierno Autónomo Local) de cada pueblo, va a cuidar que se cumpla el compromiso y va a pedir informes.

  Esto fue lo que me explicaron que harían y (son zapatistas pues), así lo hicieron.

  Eligieron la fecha del 16 de septiembre para así celebrar el inicio de la guerra de independencia y el lugar que en ese proceso -y a lo largo de toda la historia de esta geografía llamada “México”-, tuvieron y tienen los pueblos originarios.

  Según me cuentan los Tercios Compas de la zona (Nota: los “Tercios Compas” son grupos de jóvenes zapatistas que hacen el trabajo de medios de comunicación: desde tomar videos, editarlos, hacer grabaciones, programas de radio y sonidistas; hasta “cubrir” lo que acontece en sus pueblos, regiones y zonas), el maratón inició a las 3 de la mañana hora nacional (4 de la mañana hora zapatista suroriental), y, desde dos puntos de partida, convergerían en el Puy (o “caracol”) de Dolores Hidalgo.  Habría categoría de “jóvenas” y de jóvenes, es decir, de mujeres y varones.

  Aunque no había límite de edad, se inscribieron unos 200 jóvenes y “jóvenas” zapatistas.  Su edad promedio andaba por debajo de los 20 años, pero la mayoría son jovencitas y jovencitos de entre 12 y 16 años.

  Los grupos juveniles que no participan corriendo en el maratón, se organizaron de modo que unos cubran la salida con consignas de animación; otros de la llegada con porras y dianas; otros van en camiones animándolos en el camino por si alguien se desmaya, y con música y palabras del común a su paso por las comunidades; y otros se encargan de las pláticas sobre la independencia, la entrega de los premios a quienes participaron, y el baile del final.

  Quienes llegaron primero lo hicieron unas 3 horas después de la salida.  Pero la mayoría todavía estaba a un tercio o la mitad del camino.  Se consultaron entre quienes eran coordinadores sobre si ya se recogía y se trasladaba en los camiones a los faltantes.  Se acordó que les fueron preguntando a quienes estaban en camino.

  Según me cuentan, las compañeras a las que se les ofreció que se subieran al camión, lo rechazaron respondiendo, palabras más, palabras menos, algo como “Claro que no. De por sí vamos a llegar a donde hay que llegar, de repente dilata, pero vamos a llegar, aunque sea arrastrándonos”.  Al saber de esa respuesta, los varones tuvieron que negarse también a ser “rescatados”.

  Y, en efecto, todas y todos fueron llegando.  En la noche bailaron.  Y así fue como transcurrió el festejo del 16 de septiembre… en las montañas del Sureste Mexicano.

Doy Fe.

El Capitán.
México, septiembre del 2024.

P.D. DE MORALEJA FRENTE A LA TORMENTA. – Hubo varones y compañeras que mantuvieron el paso y el ritmo, y completaron el desafío en los primeros lugares.  Los demás explicaban: “es que se prepararon con tiempo porque ya sabían lo que iban a enfrentar”.

P.D. CHISMOSA DE AUTOGOL DE GÉNERO. – El enviado especial zapatista en el lugar de los hechos me cuenta: “Los varones llegaron a la meta y se derrumbaron agotados.  Con calambres y cubiertos de tierra, tirados en la explanada del caracol, sólo escuchaban las consignas y la bulla.  Uno de los corredores confesó: “uh compa, acaso estoy pensando de baile, ahorita me duele hasta la gorra”.  En cambio, las compañeras sólo tomaron agua y preguntaron a qué hora iba a ser el baile.  Mientras un grupo de jovencitas reía y bromeaba entre sí sobre cómo habían terminado, una de ellas declaró: “Preguntamos de la hora del baile para ver si alcanzamos a bañarnos, o nos bailamos así como estamos de por sí, que ya somos del color de la tierra”.  Todas sonreían contentas.  Habían completado 23 kilómetros de una ruta ingrata, en cuyas lomas hasta los vehículos automotores batallan.

  Mmh, creo que esto no lo voy a poner.  Sería reconocer que las compañeras tienen más resistencia que los compañeros, y la solidaridad de género me impide hacerlo.  Así que borren esta parte.

P.D. AL CHISME. – Y tal cual, a la hora que empezó el baile, sólo las jóvenas levantaban el polvo al ritmo de las cumbias.  Sólo después de un buen rato, y en lo que se llama “orgullo de género”, los varones se incorporaron.  Renqueando y haciendo muecas de dolor, pero sin perder la compostura, decían: “Estamos bien, es sólo un nuevo modo de bailar que acabamos de inventar y que se llama “Cumbia de Esto te pasa por no prepararte para lo que viene”.

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  Ecos de un baile lejano y un teclado compiten con grillos desentonados.  Un chispazo y el olor de tabaco apenas delinean una figura en el dintel de la champa.  La noche es ya reina y señora en las montañas del sureste mexicano.  Arriba la madrugada, con una nagua de estrellas y una luna de borde mellado como medalla en el pecho, mueve las caderas al ritmo de la “cumbia del Común”.

De nuevo doy fe.
El Capitán.

Imágenes y videos grabados por Los tercios Compas
Audio «En la noche», Amparanoia y Manu Chao 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Juan López comparte sobre la lucha para detener la extracción minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras y otros megaproyectos que amenazan las tierras y bienes comunes en valle del Bajo Aguán. Octubre, 2016. Foto: Santiago Navarro F.}

Juan López, reconocido líder social y defensor del territorio en la región del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, fue asesinado a balazos la noche del sábado (14) cuando salía de la parroquia de San Isidro Labrador en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

López participó en la defensa de la montaña Botaderos, el Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la empresa minera Inversiones Los Pinares de la familia Facussé, y su proyecto de extracción de óxido de hierro dentro de un área natural protegida.

Además de participar en la iglesia católica como coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo, Juan López se integró a la lucha popular desde el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y también se desempeñaba como regidor en dicha municipalidad desde enero del año 2022.

El crimen contra el defensor ambiental aconteció días después que organizaciones sociales alertaran de que, a 11 meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera la medida cautelar 137-2023 en beneficio de 30 integrantes del CMDBCPT y del Bufete Justicia para los Pueblos, el Estado hondureño había fallado en su cumplimiento. 

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Esto derivó de una alerta temprana realizada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) quien señaló la inacción institucional por parte del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General del Sistema Nacional de Protección, Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Tocoa y la Secretaría de Desarrollo Social.

Apenas el 12 de septiembre, tras una reunión con la Procuraduría General de la República, y el Mecanismo de Protección para las y los Defensores, López compartía para medios locales que la excesiva burocracia impedía la implementación de las medidas dictadas por la CIDH. “Viene en buen momento esta alerta temprana del Conadeh, dados los últimos acontecimientos que surgen en el territorio y de cómo han venido moviéndose los grandes capitales sobre la vida de las comunidades y eso aumenta el riesgo en el territorio”, detallaba el defensor.

Tras el asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) enfatizaron en comunicado que ninguna autoridad le había brindado medidas de protección a López. Además, subrayaron la labor del defensor en denunciar los “múltiples actos de corrupción realizados por el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez”.

Defensores en riesgo

El homicidio de López ocurrió días después que exigiera la renuncia del alcalde, Adán Fúnez del partido Libre quien es señalado por Devis Rivera Maradiaga, -criminal líder del grupo “Los Cachiros” sentenciado por tráfico de drogas en Estados Unidos y quien testificó contra el ex presidente Juan Orlando Hernández- de haber recibido dinero del narcotráfico.

Fue el pasado martes (10) cuando López solicitó la dimisión voluntaria del alcalde de Tocoa tras la exposición de un video por el medio Insigth Crime en el que se muestra a Fúnez, junto a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, para obtener financiamiento de los delincuentes que se encauzó en las elecciones del año 2013. En aquel momento Fúnez también presidía la alcaldía de Tocoa, epicentro de la actividad criminal del grupo “Los Cachiros”.

“En caso contrario debe ser la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es bajo estos términos la persona indicada para guiar los destinos del municipio”, sostuvo López, quien había denunciado múltiples amenazas de parte del mismo alcalde, así como de Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek, empresas involucradas en la extracción minera al interior del Parque Nacional Carlos Escaleras.

López fue un férreo defensor del medio ambiente frente a lo que pobladores de Tocoa denominan “el Monstruo de Siete Cabezas”, es decir, siete megaproyectos entre los cuales se encuentran dos minas de óxido de hierro; una termoeléctrica -operada con cóque de petróleo- para alimentar una planta peletizadora; así como tres pozos de agua para mantener todas estas operaciones industriales.

Por su parte, Esly Banegas, miembro de COPA, relató para el medio Contracorriente que Juan, junto a otros defensores de la región del Aguán, recibió amenazas después de la realización cabildos, a finales del 2023 e inicios del 2024, donde el alcalde Fúnez impuso la instalación del proyecto termoeléctrico de la empresa grupo EMCO, el cual también recibió respaldo de funcionarios como Lucky Medina, secretario de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras.

Cifras de la Conadeh señalan que durante el año 2023 se registraron los asesinatos de 15 defensores del medio ambiente. De ellos, siete ocurrieron en el departamento de Colón. Entre las víctimas se encuentran tres defensores del río Guapinol: Alí Domínguez, Jairo Bonilla y Óscar Oquelí Domínguez.

Condena

El asesinato de López despertó la condena de organizaciones sociales de Honduras, Centroamérica y del mundo. La iglesia católica, a quien López dedicó parte de su labor dentro del Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús también se sumó a las exigencias por justicia. “La Iglesia responsabiliza a don Adán Fúnez y a sus secuaces que cobardemente le han quitado la vida, Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal”, fueron las palabras del padre Carlos Orellana, párroco de la Iglesia de San Isidro Labrador.

A su vez, Edy Tábora, abogado coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos, enfatizó que Juan López murió criminalizado y “sin que se investigaran las amenazas que recibía constantemente, muere sin que el Estado cumpliera la medida cautelar de la CIDH que ordenaba proteger su vida”.

En pronunciamiento, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) subraya que el crimen contra López ocurrió sin que las autoridades hicieran nada para impedirlo. “Su muerte acontece en medio del dolor que viven decenas de familias que han visto la muerte posarse sobre las y los líderes que han luchado en favor de la defensa de sus ríos, bosques, tierras y territorios”, recalca.

Organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), a través de sus coordinadoras, también exigieron justicia por el asesinato del defensor ambiental.

Desde el exterior, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) se sumó a la exigencia por realizar una investigación urgente en el asesinato de Juan López, además de adoptar medidas urgentes para proteger a su familia y a los miembros del CMDBCPT.

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Ejidatario de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, integrante del Colectivo 16 de Octubre, organización que defiende tierras de propiedad social frente a proyectos industriales, de generación energética y fábricas en uno de los ejidos más deforestados de la región. Foto: Elizabeth Díaz.}

Dentro del paquete de iniciativas de reformas constitucionales llevado acabo en los últimos meses, como cierre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), se encuentra la reforma al Artículo 27 constitucional, que regula la propiedad social de la tierra – de las comunidades y ejidos en el país. 

“Es una reforma importante que está siendo realizada, como otras, de forma silenciosa. El Artículo 27 es donde están justamente los grandes intereses con relación a la minería y con relación a los bienes del subsuelo”, sostiene Armando de la Cruz, abogado en defensa del territorio de la organización Tequio Jurídico.

Las propiedades sociales representan el 50.7% de la superficie del territorio nacional, es decir, 99,759,455 hectáreas, de acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN). Gran parte de los recursos naturales se encuentra dentro del régimen de propiedad social. El 70% de los bosques y dos terceras partes de los recursos hídricos se localizan en ella. Sesenta y ocho pueblos indígenas viven en estas tierras.

La iniciativa fue presentada por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, además de diversos diputados del partido Morena, y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria en abril de 2024. Desde entonces ha avanzado de manera silenciosa en el Congreso de la Unión. Ahora está pendiente de ser enviada al pleno de la Cámara de Diputados.

Por un lado, en los debates públicos promovidos por Morena, se busca sostener que las modificaciones y adiciones a dicho artículo representan un avance en la defensa de los derechos agrarios, de campesinos e indígenas, al contrario de la reforma al mismo artículo promovida en 1992, en la cual se impulsó y garantizó las condiciones para la entrada de la propiedad social al mercado de tierras. 

En la exposición de motivos de la iniciativa se invoca tratados y convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y hasta el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas, el 1 de enero de 1994, que “marcaría el inicio de una nueva etapa en la vida nacional (…), que tuvo como uno de sus resultados más importantes la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre ‘Derechos y Cultura Indígena’”, el día 16 de febrero de 1996, de acuerdo al texto de la iniciativa de Morena.

Por otro lado, las organizaciones reunidas en el Foro de Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, alertan que efectivamente los cambios y adiciones al Artículo 27 no son coherentes con la exposición de motivos de la iniciativa. 

Representan, al contrario de lo que se ha difundido, una “profundización de la reforma neoliberal”, alertan las organizaciones, y del proceso de transferencia de la propiedad social al mercado de tierras, iniciada en 1992. 

Aumentan el poder de jurisdicción del Estado mexicano sobre la propiedad social, disminuyendo la autonomía y autodeterminación de las comunidades y ejidos sobre sus territorios. “Nos despoja de nuestros derechos fundamentales, otorgándole a la nación la propiedad de todo lo que hemos logrado a través de las luchas históricas (…), y los recursos naturales que están en nuestros territorios”, sostienen en un pronunciamiento público.

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Abogados de diferentes organizaciones que componen el Foro de Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca conformaron un comité para analizar las entrelineas de los cambios y adiciones al artículo. En el siguiente apartado recuperamos las interpretaciones de algunos de los cambios y adiciones presentadas por el equipo de abogados durante el Foro: riesgos y desafíos para los pueblos originarios.

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Cambios al Artículo 27

En el primer párrafo se amplia el dominio del Estado mexicano sobre la propiedad social. Se adiciona al texto constitucional las frases en negrita:

“La propiedad de las tierras, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico, y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada y, a los ejidos, comunidades y pueblos indígenas, constituyendo la propiedad social”.  

El texto original establece que las tierras y aguas son propiedad de la nación. “Ahora, lo que pretenden agregar es que también son propiedad de la nación la biodiversidad, el valor intrínseco del subsuelo y el espectro radioeléctrico”, sostiene la abogada Egla Pérez Cabrera.

Además, la iniciativa propone que el dominio de estos elementos (las tierras, las aguas, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico) puede ser transmitido no solo a los particulares, para constituir la propiedad privada, pero también a los ejidos, a las comunidades y pueblos indígenas, para constituir la propiedad social; lo que presupone que los pueblos y comunidades originarias tendrían que pedir permiso o una concesión al Estado para el uso de estos elementos (incluyendo la tierra, el agua o el espectro para sus radios comunitarias).

“Esta reforma, en caso de que fuera aprobada, estaría restringido a los pueblos estos elementos que conforman ya la propiedad social. Porque para que las comunidades pudieran aprovechar estos recursos, tendrían que pedir una concesión o autorización al Estado mexicano”, explica la abogada.

En relación al subsuelo, “sería con esta reforma propiedad de la nación; las comunidades ya no tendrían por qué intervenir [en casos de que haya concesiones o proyectos de explotación en sus territorios]. Esta es una interpretación que queda sobre la mesa”.

También “consideramos el hecho de que se incluya el espectro radioeléctrico como parte de la propiedad de la nación en territorios de las comunidades, generaría una afectación para las radios comunitarias, que de por sí han sido criminalizadas”, analiza la abogada.

“Interés público”

En el tercer párrafo pone en el rango constitucional el “interés público” por encima del derecho colectivo de los ejidos y comunidades. Considerando que, de facto, los procesos extractivos mineros o grandes emprendimientos de desarrollo son considerados de “interés público”. Así que en el siguiente párrafo la reforma propuesta adiciona la palabra en negrita:

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada y social las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centro de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico”.

“La nación podrá imponer a las comunidades las modalidades que dicte de ‘interés público’ en beneficio social. Suena bonito, sin embargo, sabemos que, con los discursos demagógicos de la clase en el poder, estos discursos de interés público, de progreso, de beneficio social se han cometido múltiples atropellos a los derechos de los pueblos y comunidades”, analiza la abogada. 

Dos ejemplos, citados por ella, son los megaproyectos del Tren Maya y Corredor Interoceánico. “En el decreto de fecha de 18 de mayo de 2023, se declara que estos megaproyectos son de ‘seguridad nacional’ e ‘interés público’. Antepone lo que consideran ‘interés público’ a los intereses de los pueblos”. 

¿Transferencia o robo?

Se adiciona el siguiente párrafo, en el cual se pretende “transferir” al Estado todos los bienes tangibles e intangibles de los pueblos:

“Son propiedad de la nación: los vestigios, construcciones, monumentos arquitectónicos, albarradas, cerámicas, estatuillas, utensilios, herramientas, semillas y especies originarias del territorio nacional, osamentas, diseños y tejido de ropa, conocimientos ancestrales, idiomas, escrituras, códices, pinturas, esquelas, murales, manuscritos, planos, mapas, sistemas numéricos, astronómicos, centros ceremoniales, ceremonias, música, danza, cantos, instrumentos musicales, el arte en todas sus manifestaciones de los pueblos originarios que habitaron el territorio nacional”.

La abogada Pérez Cabrera se refiere a ello como si “pareciera una broma. Consideramos que estamos ante una amenaza de despojo, de acaparamiento, ante un robo por parte del Estado mexicano contra nuestros pueblos. Está arrebatando a los pueblos todo lo que vienen creando de manera ancestral, a lo largo de toda su existencia”. 

Patentes

Además, si es aprobada la reforma, se ampliará la jurisdicción del Estado en la propiedad de patentes de semillas y plantas medicinales. De tal forma que se adiciona al párrafo cuarto las palabras en negrita; se fortifica el dominio del Estado sobre el germoplasma – término utilizado para describir las semillas, plantas o partes de plantas que son útiles en la mejora de cultivos, la investigación y la conservación- de la biodiversidad:

“Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, del germoplasma de la biodiversidad endémica, de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su exploración necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materiales susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales solidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno solidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional; en la extensión y términos que fue el derecho internacional”.

“El Estado toma posesión o fortifica su derecho sobre las plantas, sobre las semillas de las comunidades. Será propietario del material genético de las plantas endémicas en sus territorios, muchas de ellas utilizadas como plantas medicinales, habiendo la posibilidad de otorgar a particulares en concesión, incluso vender patentes a farmacéuticas”, analiza el abogado Isaí Jiménez García, de la organización Flor y Canto. 

Extranjeros

Adición al párrafo décimo, que define cómo los mexicanos o empresas mexicanas pueden adquirir el dominio de las tierras: 

“I. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan  ante la secretaria de relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus, gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo, en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas y en toda la región Istmo de Tehuantepec, en ambos lados de las vías centrales del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec de los Estados libres y soberanos de Oaxaca y Veracruz, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo tierras y aguas”.

“Se está ampliando la cláusula de restricción de adquisición de tierras por parte de personas extranjeras. Ya no solamente serán las costas o las fronteras, sino también en esta región de Istmo de Tehuantepec que es una zona estratégica, donde circulará mucha mercancía y se piensa como una zona estratégica. Seguramente se añade esta restricción, pensando en la seguridad nacional”, explica el abogado Abel Sánchez Martínez, de Tequio Jurídico.

Sin embargo, “en la práctica, se sabe que utilizan artimañas, incluso jurídicas, para traer sus empresas, constituirlas como mexicanas, y así poder utilizar estas costas, estas fronteras y seguramente este corredor interoceánico. El propio gobierno mexicano está incentivando inversión extranjera en este corredor”, sostiene el abogado. 

Estado, en dominio de la propiedad social

En el mismo párrafo décimo, en su fracción séptima, se reconocen los derechos de los pueblos originarios, pero en la propuesta se reafirma que estos derechos quedan sujetos a lo que establece este primer párrafo, “que dice que la nación es dueña de todo y también le corresponde el dominio directo de la propiedad social”, explica Sánchez Martínez.

“Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Se reconoce la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, así como sus costumbres y sistemas de tenencia de la tierra, por lo que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la propiedad de sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, en sintonía con el párrafo primero de este artículo”, dice la fracción modificada.

Alerta

Las organizaciones reunidas en el Foro llaman a la sociedad a encender los focos de alerta a lo que “constituye una amenaza de despojo a los pueblos originarios de sus territorios, de sus recursos naturales, de su patrimonio cultural tangible e intangible; por eso hay que estar muy pendiente de lo que puede pasar”, señala la abogada Cabrera.

Piden, en su pronunciamiento público, que se retire la iniciativa de reforma al Artículo 27 constitucional y que “defendamos verdaderamente la propiedad social agraria, la identidad de los pueblos y comunidades que integramos la nación mexicana, a preservar la propiedad colectiva”.

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

13 de septiembre del 2024

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional 

A la Opinión Publica 

Hermanas y hermanos:

 

Hoy nos encontramos para unir nuestras voces en un solo grito, el grito urgente de la ¡PAZ! Desde 1997 hasta este año 2024, cada mes denunciamos la impunidad que vivimos por la masacre de Acteal, exigiendo la no repetición, pero las masacres se han multiplicado a lo largo y ancho de nuestro estado, sin embargo, estamos aprendiendo de nuestros mártires representados en las cruces, signo de la entrega no violenta de Jesús, a dar luz con su palabra. “Ustedes son luz para el mundo, no se puede esconder una ciudad construida sobre un cerro. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. (Mt. 5, 14-15) Estamos aquí, porque creemos que en medio de las tinieblas tenemos que dar razones de la luz que guíen nuestros pasos hacia la paz.

Porque nos preguntamos ¿Cómo llegamos en nuestro estado, a ser controlados por los señores de la muerte? Controlados por las empresas que saquean nuestros recursos naturales, controlados por el crimen organizado, y controlados por el gobierno estatal, y los presidentes municipales, sospechosos de ser cómplices de los grupos armados, ¿será qué por eso operan y controlan los pueblos con el poder del dinero y de las armas, detrás del poder político? 

Ya no sabemos quién gobierna el estado, quién informa con otros datos al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, que afirma, que la violencia es propaganda de los conservadores, negándose a creer en la verdad de nuestra palabra y sufrimiento. 

Sentimos que las autoridades caminan al revés, como lo muestran los hechos que se vive en los diferentes Municipios: El ejército, detiene a la gente, y no a los criminales, el pueblo pone los muertos y la Guardia Nacional protege a los sicarios. Las autoridades locales esconden su irresponsabilidad en los gobiernos estatal y federal, mientras el crimen organizado, actúa con impunidad: obligan a los jóvenes a trabajar para ellos, en los enfrentamientos los ponen al frente como carne de cañón, bloquean caminos, controlan la circulación, saquean las casas, desplazan comunidades, disparan armas de alto calibre, detonan bombas con drones, sembrando el miedo y el terror por donde pasan… porque saben que no habrá consecuencias, porque no les importamos. A las familias y personas que se niegan a tomar partido, las amenazan y/o asesinan, sin que los defienda quienes tienen la obligación por ley, de proteger sus derechos más elementales.

Las Abejas no podemos callar la verdad ni quedarnos al margen de la realidad que vivimos, la violencia continuúa su proceso de deshumanización, de pueblo en pueblo y de comunidad en comunidad, pero tenemos la esperanza, en que los caminos de la verdad, del amor, la justicia que nos llevan a la paz siempre han ganado. Pareciera que el mal es invencible, pero al final, sabemos que fue vencido por el Resucitado, esta es nuestra verdad y nuestro camino. 

“Y por eso nosotras y nosotros, hoy, estamos llamados a ser actores de esperanza”.

Jtotik Samuel Ruiz 

A todas nuestras hermanas y hermanos que les han robado LA PAZ y la tranquilidad Nuestra oración y nuestra solidaridad 

Y porque la paz es una necesidad humana, que necesitamos, para vivir en armonía,

 EXIGIMOS a los tres niveles de gobierno:

• Una LEY RETORNO que de seguridad a todos los desplazados para el regreso a sus respectivas comunidades. 

• DESARMEN a los grupos armados y, 

• GARANTIAS de SEGURIDAD a todos los habitantes de Chiapas 

¡VIVA LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente,

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

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Victorio Pérez Paciencia	Juan Pérez Santis
Presidente	Tesorero
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Alfredo Jiménez Pérez
Sub Presidente

Foto de portada: Radio Pozol

Foto de portada: Elizabeth Díaz

¿Independientes de quién?

Mientras en Palacio Nacional se reúnen periodistas y medios que se presentan como independientes; a quienes acompañan en medios libres las luchas de los pueblos las agreden por hacer resonar las resistencias, como Xochimilco

Por Daliri Oropeza Álvarez / @Dal_air

[Microfilme Postal] Foto: presidencia

Es verdad. “No se podría comprender la Revolución sin los periodistas revolucionarios”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los periodistas que acompañan las luchas de los pueblos son esenciales para los cambios sociales. Concuerdo. Recordó los periódicos Regeneración, El Hijo del Ahuizote; enunció periodistas anarquistas como los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón.

¿Les estaba diciendo “revolucionarios” a los periodistas, youtubers o comunicadores que estaban en Palacio Nacional en el Primer Encuentro Continental de Comunicador@s Independientes: Informar es liberar organizado por la misma presidencia? No lo creo. ¿Acompañar al poder es independencia?

Hay que ubicarnos. Quiénes hacen ese periodismo revolucionario serían quienes acompañan las luchas de los pueblos, de las víctimas, de obreros quienes resisten la tormenta capitalista neoliberal, frenan la imposición de megaproyectos, la violencia de grupos ilegales, la urbanización voraz, la apropiación de territorios comunes, quienes se movilizan por sus derechos, por la naturaleza y por la vida.

Con los Flores Magón, el periodismo era contra el poder de un dictador como Porfirio Díaz quien ostentaba el poder político y económico. Hoy, quienes están en el gobierno se presentan como revolucionarios, dicen que devienen de un movimiento social y que generaron una transformación. Ponen de enemigos a los medios corporativos. Dividen al gremio: los chayoteros contra los paleros. Y el panorama, sin embargo, no ha mejorado.

Cuando toda esta ola del periodismo independiente tuvo su flor fue cuando muchos atravesamos censuras, malos tratos, en la plena crisis del papel y de los medios que hicieron de la palabra una mercancía. En lo digital nadie paga por información. Estos medios carecían de una visión social en un contexto donde la violencia se acrecenta. Por ende, pocas historias de derechos humanos o justicias porque no vende. La posición independiente sigue siendo pertinente.

Lanzo la pregunta porque en el encuentro de presidencia se nombran independientes. ¿Independientes de quién?

El término independiente resulta engañoso. Siempre hay que preguntarnos de quién son independientes y de quién dependen a la hora de realizar el trabajo. A la hora de tomar decisiones editoriales. A la hora de recibir recursos. Todos los medios tienen una agenda. Todos requieren financiamiento. No lo podemos obviar. Incluso ahora, que las personas son los medios, pensando en las individualidades crecidas a través de canales de youtube. El medio es el mensaje y el masaje, diría Marshal McLuhan.

Los medios nativos digitales, que nacieron con independencia de los poderes políticos, económicos, han servido como contrapesos y al mismo tiempo como muestra de un periodismo de investigación. Muestran enfoques distintos, organización horizontal y no vertical, agendas de derechos humanos, culturales, sociales e indígenas que antes no se veían. Abren el espectro mediático en una época en la que el espectador no es pasivo. Es productor de contenidos y elige, más que nunca, qué consume.

Parece que la independencia ya no es suficiente para el ejercicio periodístico en plena libertad. Vemos que hay medios nativos digitales que se enuncian independientes, están contra AMLO y dependen de empresarios, como Claudio X. González. Hoy se evidencian más los poderes y élites que están detrás de los medios. Las diferencias que tienen con los políticos.

Vemos que varios medios independientes se alinearon al llamado de AMLO: “es importantísimo que ustedes se reúnan como medios alternativos independientes. Se necesita la contribución de ustedes” en la “revolución de las conciencias”.

Y les dijo: “Por primera vez, esa prensa, esos medios, al servicio de los intereses creados, no pudieron evitar la transformación de México por el impulso del pueblo. Muchos hemos trabajado, millones, en lo que llamamos la revolución de las conciencias. Se ha logrado que el pueblo mexicano sea de los pueblos con más conciencia del mundo. De los pueblos más politizados”.

En el encuentro de independientes, el presidente dio la palabra a diversas comunicadoras y periodistas, entre ellas, Nancy Flores de la Revista Contralínea. De este autonombrado medio independiente es notable el cambio de línea editorial y las prioridades a la hora de elegir el enfoque. Desde que abres su página brinca la publicidad gubernamental.

Contralínea dio riguroso seguimiento a la militarización en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Expuso convenios entre fuerzas armadas mexicanas y el ejército de Estados Unidos para entrenar tropas de élite, así como la formación de los Kaibiles. Denunció atropellos a los pueblos indígenas como en San Juan Copala, cuando los emboscaron. Demostró la corrupción de Pemex y les quitaron contratos de publicidad oficial. ¿Y ahora? No recuerdo alguna investigación que exponga al gobierno en turno.

“El periodismo de avanzada, siempre está vinculado a una causa”, dijo AMLO. ¿Es la causa del presidente la independencia?

¿Dónde están esos medios libres, “periodistas de avanzada”, que ejercen con libertad la comunicación de las causas sociales?

Grupo de choque agrede activistas de Xochimilco y periodistas de medios libres

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Mayahuel está en primera línea y transmite desde la página de Radio Zapote la protesta contra la criminalización de Hortensia Telesforo, defensora del territorio de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Ella es nahua defensora del agua y periodista que documenta hace más de 10 años desde medios libres las luchas por este territorio.

El pueblo nahua, por decisión de asamblea, recuperó una biblioteca comunitaria a la cual rebautizó como Casa del Pueblo Tlamachtiloyan. Hortensia Telesforo, con su vocación de maestra, ha participado activamente en el proceso. La Alcaldía Xochimilco, de extracción morenista, intentó que el recinto fuera parte de un recorrido para turistas.

Como no han logrado que varios pueblos xochimilcas, entre ellos Atlapulco, cedan al turismo, la gentrificación y la urbanización, el ex alcalde José Carlos Acosta (ahora diputado por Morena) y su equipo arreciaron el hostigamiento contra quienes defienden el territorio comunitario, como el Panteón, la criminalización a las y los defensores del agua, de las chinampas, la lengua y la organización nahua que persiste en el territorio. Así abrieron carpetas contra Hortensia.

En esta protesta, Mayahuel (o Estefanía Galicia) documenta cómo los policías antimotines (antes granaderos) se van de la explanada de la alcaldía Xochimilco justo cuando entra un grupo de personas vestidas de civil con palos, cuchillos y armas a agredirles. El reclamo estaba enfocado contra los funcionarios de la alcaldía, entre ellos el ex director Jurídico y Gobierno, Francisco Pastrana, presente en la protesta.

“Yo empiezo a ver cómo están golpeando los compañeros, así en el suelo y en ese momento escucho que los policías dicen “no dejen ir a la de rosa”.

Entonces empiezo a correr, a correr, por varias calles de Xochimilco. No estaba huyendo de una detención, sino de golpeadores, huyendo para salvaguardar mi integridad física. También persiguen a la compañera Anselma comunicadora de la comunidad Otomí. Hay un punto en el que no solo nos están persiguiendo los golpeadores, sino también ya nos está siguiendo la policía. Minutos antes de nuestra detención, los golpeadores detonaron un arma de fuego. Yo me meto a una tienda y a los demás los detienen y golpean. Me sacan de la tienda personal de la alcaldía”, narra Mayahuel en entrevista.

Primero la versión fue que estaban cinco personas desaparecidas, que después confirmaron que estaban detenidas en total irregularidad. Con tortura psicológica, sin darles agua o permitirles hacer una llamada o hablar con un abogado, como dice la ley. Las llevaron primero a un MP en Xochimilco y terminaron en un MP de Tlalpan donde hubo un segundo escenario de represión.

El ataque estaba direccionado hacia Mayahuel. La ficharon dos veces, una de manera informal en la que avisaron de inmediato a la alcaldía de transición para que dijeran los nombres públicamente. La segunda para retratarle hasta los tatuajes. El médico legista no le pidió a nadie quitarse la ropa más que a ella. Cuando escuchó la exigencia por su liberación, los policías les dijeron que eso complicaría su defensa. Ahora la acusan de agresora de funcionarios cuando no hay pruebas de ello.

Para ella, hay una esperanza de participar en el medio libre Radio Zapote “al hacer visible lo que está pasando aquí con la gentrificación, con el agua- Evidenciar que este gobierno, que se dice progresista según desde su discurso, reprime. Que es neoliberal, pese todo el discurso que tiene disque de izquierda. Que incluso presume de paridad de género, pero nos estén violentando a las mujeres originarias, que cuidamos estos territorios”.

Esa tarde, tanto policía como civiles armados estilo grupo de choque agredieron a por lo menos 40 personas, la mayoría adultas mayores que participaron en la protesta por Hortencia y luego en la protesta por la liberación de las cinco.

Se fueron directo contra periodistas de Medios Libres como Sueña Dignidad. Elizabeth Díaz documentó la protesta por la liberación de las detenidas y fue violentada de diferentes maneras por su labor de acompañamiento documentando en primera línea.

Dentro del Ministerio Público de Tlalpan, que ya estaba custodiado por antimotines, detonaron el gas blanco que dejó ciegos a todos y en ese momento aprovecharon para robar la cámara a Elizabeth quien apenas logró cambiar la tarjeta de memoria minutos antes.

Estas fotos son las pocas que pude salvar antes de que estos mal llamados antimotines, me robaran mi cámara y agredieran sexual-físicamente en el #HalconazoMorenista, este año he dejado de hacer mucho fotoperiodismo por violencia y amenazas. pic.twitter.com/Z9oVmn5uYa

— Elizabeth Díaz (@la_elizabetdiaz) September 10, 2024

“Ahí tengo la fotografía donde da la orden de empezar a atacar y me señala a mí. Luego me gasea directamente al rostro mientras documento con la cámara y el celular. Avanzan y me empiezan a pegar y me trato de agarrar de un barandal. Es cuando uno de los policías mete sus manos en mis senos y a tocarme de una forma muy fuerte. (…) En ese momento empezamos a forcejear yo obviamente me defendí como pude. Era casi imposible porque eran unas bestias”, describe Elizabeth Díaz.

Se resguardó en el baño del MP junto con otras mujeres. Ahí las encerraron los policías. La golpearon, violentaron sexuelmente y le robaron su cámara y micrófono. Elizabeth tiene el Mecanismo de Protección Federal para periodistas, el cual no le sirvió. En llamada, después de activar el botón de pánico, le dijeron que mejor colgaran para no llamar la atención en su situación. Salió solo hasta que llegó su abogada.

“Me indigna mucho, como persona de medio libre, que a nosotros sí nos metieron una súper golpiza y a mí me violentaron sexualmente, nos torturaron de diversas formas. Y a ciertas cadenas televisivas, les dieron hasta espacio dentro del mismo cerco policial, para que tuvieran exclusiva”, cuenta Elizabeth del medio libre colectivo Sueña Dignidad.

Es la segunda vez en el año que se queda sin equipo después de una represión. La primera fue en mayo, en Oaxaca. A pesar del trato “raro” que le dieron en la Fiscalía abrió una carpeta de investigación con su denuncia y espera que pare la filtración de datos y que no haya represalias en su contra por denunciar, pues teme por su integridad. Exige la reparación del equipo fotográfico robado. La labor de medios libres es independiente de los ingresos de empresas, gobiernos, corporaciones. Es una labor autogestiva. Por ello urge reponer la herramienta de trabajo.

La labor que realizan tanto Mayahuel como Elizabeth recuerda más a lo que hace ya 10 años describieron los zapatistas después del asesinato del maestro Galeano en una reflexión dedicada a los medios libres en donde el SupGaleano asegura que los medios de paga actuan como si dieran limosna a las causas, en cambio, “para los medios libres, alternativos, autónomos, etcétera, no es una limosna. Es un deber que están cumpliendo, que lo hacen a pesar de todas las dificultades que tienen”.

“El problema que tenemos todos en el mundo es, si ni la información, ni el análisis, ni la investigación están ya en los medios de comunicación, si es que alguna vez estuvieron, entonces dónde los vamos a encontrar. Hay un vacío pues en el espacio mediático que está en disputa”.

Ambas periodistas de Medios Libres decidieron denunciar por los hechos y responsabilizan de su seguridad, integridad y su vida a las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que han filtrado sus nombres e indagando de más sobre su labor periodística y comunitaria. La exigencia es dejar de criminalizar a Hortencia y a todas las defensoras que como ellas, expanden las luchas. Exigen también que las autoridades detengan a los autores materiales y sobre todo a los intelectuales que tienen ubicados dentro de la Alcaldía.

Mayahuel acentúa: “Xochimilco no es pueblo mágico, es pueblo de lucha y resistencia”. En la era de las noticias falsas y la hipermediatización, quienes informan a ras de tierra hacen el periodismo revolucionario que se necesita para frenar el despojo. ´Para visibilizar y aliar a quienes enteran.

De esto nos enteramos por ellas y por los medios comunitarios digitales como TOR, Radio Zacatepec Tlaxcalancingo, El Tekpatl, Observatorio Memoria y Libertad, Otomíes en Resistencia, la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, Tejemedios, Radio Pozol, Radio Zapatista. Que más que independientes, son acompañantes libres que luchan por una causa a través del periodismo.

Daliri Oropeza Alvarez

Botas llenas de Tierra. Tejedora de relatos. Narro sublevaciones, grietas, sanaciones, Pueblos. #CaminamosPreguntando De oficio, periodista. Maestra en Comunicación y cambio social. #Edición #Crónica #Foto #Investigación

Condenamos la Represión y la Brutalidad Policiaca, venga de donde venga.

No importa la instancia o dependencia de gobierno que sea, llámese local o federal.

La repudiamos y lucharemos en contra de ella, aunque la llamen transformación.

AL Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena, CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG

A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios

que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Por muy obscura que sea la noche no podrán acabar con nuestros sueños y mucho menos con nuestra resistencia y rebeldía.

Herman@s tod@s.

Este 5 de septiembre, diversos colectivos, organizaciones, pueblos, comunidades e individuos, entre ell@s la Comunidad Indígena Otomí residentes en la CDMX, perteneciente al Congreso Nacional Indígena CNI-CIG y a la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, junto con muy diversos compañer@s pertenecientes a redes, organizaciones estudiantiles, colectiv@s, el Frente de Pueblos y Barrios del Anahuac, la Asamblea General de San Gregorio Atlaplulco, integrantes de medios libres, alternativos o como se llamen y muchos hombres, mujeres y niños, decidimos acompañar al Reclusorio Sur a una audiencia, de la maestra y defensora del territorio Hortensia Telésforo del pueblos de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco; quien, por haber recuperado la biblioteca comunitaria, hoy renombrada, la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, enfrenta una demanda por  despojo, ya que la Alcaldía pretende recuperar las instalaciones de la Casa del Pueblo. Es importante señalar que durante muchos años se quedó en el abandono, solo servía como salón de fiesta de los servidor@s públic@s de dicha Alcaldía. 

Al no llevarse a cabo la audiencia, decidimos trasladarnos a la explanada de la Alcaldía de Xochimilco. En el lugar, se realizó una manifestación pacífica y ésta, fue atacada por encapuchados  vestidos de civil, quienes portaban palos, cuchillos y armas; es decir, un grupo de choque de más de 40 golpeadores al servicio de José Carlos Acosta Ruiz, ex Alcalde de Xochimilco y Francisco Pastrana, actual Dir. General de Juridico y Gobierno de la Alcaldía. Golpearon a tod@s, personas de la tercera edad, mujeres y jóvenes. Su ataque se dirigió a quienes estaba grabando, tomando imágenes de la represión, es decir, se dedicaron a quitar los celulares, equipos de comunicación, cámaras forográficas y mochilas. Denunciamos que la violencia se dirigió en contra de comunicador@s comunitari@s, medios libre y alternativos. No bastó con agredirl@s, los persiguieron hasta alcanzarl@s y ahí sí, en coordinación con la policía 5 compañer@s fueron detenid@s y entregados a las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este acto de represión muy selectivo contra los manifestantes, lo denuciamos como el “Halconazo Morenista”; al mismo tiempo que denunciamos la omisión de los policías al servicio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Xochimilco, quienes de manera cómplice, y muy seguramente recibiendo órdenes, se retiraron del lugar dejando en plena indefensión a los manifestantes, hombres, mujeres, jóvenes, niñ@s y personas adultas mayores. 

Esta represión, persecución y detención dejó como saldo, la presentación ante la Fiscalía de Xochimilco a:

• Anselma Margarito Francisco, Vocera e integrante de la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX. Delegada del Congreso Nacional Indígena e integrante de la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. 
• Jorge Manuel Cancino García, del Colectivo, Conciencia y Libertad, UNAM
• Uriel García Rojas, del Colectivo, Conciencia y Libertad, UNAM
• Roberto Rodríguez Contreras, de la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG.
• Penélope Estefanía Galicia Argumedo, Comunicadora comunitaria de Radio Zapote.

Denunciamos, que para tod@s ell@s, les fue negada la información sobre su paradero después de su aprehensión, por lo que en su momento se denunció su desaparición forzada. También denunciamos, que arbitrariamente fueron trasladad@s a la Fiscalía de Tlalpan.

Cabe denunciar que en el caso de la compañera Ansela Margarito Francisco, muy a pesar de insistir que pertence a la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, nunca fue escuchada por las autoridades, será que es mujer e indígena y que justo, el día 5 de septiembre, fecha en la que fue perseguida, sometida, esposada, maltratada, golpeada, por los golpeadores y criminalizada por los policía y el fiscal; en el mundo se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer Indígena. Para la ONU y los Estados nacionales, “es una fecha que busca reconocer y celebrar la contribución y resistencia de las mujeres de pueblos originarios en todo el mundo. Este día se busca visibilizar las diversas realidades que enfrentan las mujeres indígenas, como la discriminación, la violencia y la falta de acceso a derechos básicos como la educación y la salud. También se busca reconocer su papel fundamental en la preservación de la cultura, el idioma y las tradiciones de sus comunidades, así como su liderazgo en la contienda por los derechos de los pueblos indígenas.” Y reitera la ONU, “…es una fecha para reflexionar sobre la importancia de proteger y promover los derechos de las mujeres indígenas….”.

 ¿Será que por esta razón, Martí Batres, Jefe de Gobierno de la CDMX, nunca mencionó que dentro de l@s 5 deteni@s y crimializad@s se encontraba Anselma, mujer, indígena y hñähñu?.

DENUNCIAMOS

Después de las agresiones en contra del pueblo de Xochimilco, se orquestó un ataque policial con una brutalidad extrema por el Gobierno de la CDMX y la SSC CDMX. Más de 300 elementos policiales y grupos de Elite en entre los que se encontraban los Zorros y Ateneas- ambos entrenados en el estado sionista de Israel- llegaron a la Fiscalía de Tlalpan, rodeando el edificio por la entrada de frente y entrando por detrás.

Sin dar alguna orden, el más mínimo intento de establecer diálogo y sin escuchar las advertencias por parte de mujeres, personas de la tercera edad y observadores de derechos humanos, que exigiamos que no actuaran con violencia y que había niños y niñas presentes; nunca les importó y los elementos comenzaron a arrojar gases de algún tipo y a entrar con extremo uso de violencia en contra de las personas que nos encontrabamos en este lugar.

Ya en la calle Matamoros, las personas nos comenzamos a aglutinar después de ser desalojados de forma violenta de la Fiscalía, ahí continuó el ataque policial, ya que más de 100 elementos, comenzarona a correr hacia nosotros señalando a personas en particualr con comentarios, transfóbicos, machistas. Al ser señalados, grupos de entre 20 y 30 elementos policiales rodeabana a la persona golpeándola brutalmente, arrastrándolos del cabello, desnudándol@s, robándoles sus pertencias y deteniéndolos arbitrariamente.

Entre los delitos que hemos identificado que fueron cometidos por los elementos policiales se encuentran uso excesivo de la fuerza policial, lesiones de primer y segundo grado, robo con violencia, detención arbitraria con violencia y  tortura físca, psicológica y sexual, criminalización de la protesta pública, abuso de autoridad y omisiones a protocolos de actuacion.

La REPRESIÓN y la BRUTALIDAD POLICIACA dejó un saldo estimado de:

• 5 compañer@s con Carpetas de Investigación.
• 31 personas con algún tipo de lesión: al menos 3 personas con fracturas, 2 de ellos requerirán de cirugía; al menos 4 personas con aberturas en el cráneo que necesitaron de sutura; más de 20 personas con algún esguince sobre todo en cervicales y tobillos; más de 20 personas con policontusiones con golpes muy severos en el cráneo y costillas; todas las personas presentan múltiples hematomas en el cuerpo resultado del nivel de brutalidad ejercida tanto por los elementos policiales como por los golpeadores y reconocemos que varios compañer@ se fuero a sus casas con los golpes, sin poder haberlos registrado
• Se robaron: 10 telefonos celulares y 1 laptop.
• En la mañana y en la tarde se robaron 3 cámaras y equipos profesionales
• En la Fiscalía de Tlapan por la noche, además de golpear,  se detuvieron a 14 compañe@s, 4 personas fueron subidos a camionetas de la SSC CDMX en donde fueron golpeados y se les pedia mantenerse acostados para no ser registrados en las camaras; 10 personas fueron ingresadas a la fiscalía de Tlalpan, 9 de ellas fueron obligadas a ingresar a cuartos de la fiscalia en donde fueron torturados fisicamente, sexualmente y psicológicamente; ademàs de ser fotografìados en multiples ocasiones desde los celulares personales de los elementos policiales quienes los enviaban en grupos de whatsapp e instagram.
• Se presentaron 22 denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX
• Los robos cometidos tanto por los golpeadores en Xochimilco, como por lo granaderos en Tlapan, ascienden a proximadamene a $160, 000.00
• Existió una flagrante violación a los Derechos Humanos, violación a las garantías individuales respecto al libre tránsisto y derecho a manifestarse.

Por todo lo anteriormente expuesto..

CONVOCAMOS

• A los Pueblos, Comunidades, Colectivos, Organizaciones, Redes, Individu@s a una gran Concentración en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Cita: Jueves 12 de Septiembre a las 10:00 Hrs.

• A establecer una Mesa de Diálogo con Ulises Lara, Titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, con el objetivo de NO Judicializar la Lucha Social, es decir, acordar cierre definitivos de las Carpetas de investigación de la Compañera Hortencia Telésforo; Anselma Margarito Francisco; Jorge Manuel Cancino García; Uriel García Rojas; Roberto Rodríguez Contreras y Penélope Estefanía Galicia Argumedo. Así mismo, la situación de los 9 compañer@s  detenid@s en la represión dentro y fuera de la Fiscalía de Tlalpan y atender lo referente a las Carpetas de Investigación en contra de la Comunidad Otomí, respecto a la Toma del INPI.

Así mismo, establecer una Mesa de Diálogo con Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la CDMX y Clara Brugada, virtual Jefa de Gobierno de la CDMX; Pablo Vázquez Camacho, Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX y con todos ell@s, abordar el tema de la Represión y la Brutalidad.

• ⁠A los Pueblos, Comunidades, Colectivos, Organizaciones, Redes, Individu@s, a sumar sus rabias y dolores, luchas, resistencia y rebeldías que de por sí, se nacen en el México de abajo y a la izquierda, para que,  sin importar calendarios y geografías, caminemos junt@s, en la construcción colectiva de lo que hemos llamado, Frente de Resistencias contra la Represión y la Brutalidad Policiaca y Militar. Un espacio que nace hoy, y que no tendría razón de ser, si realmente existiera en una Ciudad Innovadora y de Derechos con Acento Social. 

• A los Pueblos, Comunidades, Colectivos, Organizaciones, Redes, Individu@s, los invitamos a participar en la siguiente Reunión de Coordinación y Trabajo de este esfuerzo colectivo, que se llevará a cabo, el día Sábado 14 de Septiembre a las 10:00 Hrs. en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. Y…

EXIGIMOS

1.- Que se cierren las Carpetas de Investigación que se abrieron en contra de nuestros 5 compañeros, con los cargos motín, lesiones, resistencia a las autoridades y daño a la propiedad. Además, debera cerrarse la carpeta de investigación que se ha integrado en contra de nuestra compañera Hortencia Telésforo, quien enfrenta acusaciones por despojo.

2.- Que frene la represión y la brutalidad policiaca del Gobierno de la CDMX en la Alcaldía de Xochimilco, se desintegre el grupo de choque, se investigue quien lo financia y a cargo de quien está, y que se les castigue por delitos como robo y lesiones.

3.- Que se finquen responsabilidades y se destituyan de sus cargos a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por omisión y complicidad en las agresiones que el grupo de choque llevó a cabo en contra de los manifestantes.

4.- Que se respete el derecho a la organización de los pueblos originarios de la CDMX, y su derecho a la libre autodeterminación; respetando así que la Biblioteca Comunitaria, es del Pueblo.

5.- Que se finquen responsabilidades y se destituyan de sus cargos a l@s granader@s, grupos de élite como Zorros y Ateneas; así como, a sus mandos que reprimieron, robaron, lesionaron y torturaron a los manifestantes en la Alcaldía Tlalpan. 

6.- Que el gobierno de la CDMX disuelva a los grupos de élite y que se prohiba su total presencia en manifestaciones o actos sociales ya que representan un peligro para las vidas humanas; entre los grupos de élite indentificados están los Zorros, Ateneas, Guerreros, Marco Polo, Faunos.

7.- Que se tenga plena identificación de todos y cada unos de los golpeadores que participaron en el grupo de choque, sobre todo, porque tenemos conocimiento que muchos se encuentra en la nómina de la Alcaldía Xocimilco. 

8.- Que se castigue a los policías involucrados en tortura y TORTURA sexual.

9.-  Que se dé respeto irrestricto al trabajo y labor de los Medios libres, independientes, alternativos o como se llamen.

10.- Que se finque responsabilidades por omisión o complicidad a la Alcaldesa en funciones, Juana Onésima; al Director de Jurídico y Gobierno, Francisco Pastrana; al Coordinador de Seguridad Ciudadana, Darío Corrales González  quien responden a las órdenes del exalcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta.

11.- Que se respeten los derechos humanos de quienes ejercen el derecho al libre tránsito y  manifestación y que se ponga un alto total a la criminalización de toda lucha social. Pero sobre todo que no se judicialice nunca más la lucha social.

12.- Que se esclarezca la agresión llevada a cabo por golpeadores en la Alcadía Xochimilco y por la tarde-noche, la represión y brutalidad policiaca llevada a cabo por granaderos. De lo contrario estaremos hablando de una estrategia planeada y orientada en contra del movimiento social y en contra de activistas y/o a periodistas independientes y comunitarios. Pues este caso de represión y brutalidad policiaca, muy seguramente representará, la punta de Icebeg de un gobierno saliente y la política represiva que se ejercerá en un gobierno entrante.

NO NOS VENDEMOS, NO CLAUDICAMOS Y NO TRAICIONAMOS

Atentamente.

Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos

Agua, Tierra y Libertad

Zapata Vive, la Lucha Sigue

Samir Vive la Lucha Sigue

Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas

Hasta que la Dignidad y la Justicia se hagan costumbre

Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos

Viva el CNI, Viva el CIG, Viva el EZLN

Viva la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio

No al Tren Maya

No al Proyecto Integral Morelos

No al Corredor Interoceánico

Nunca más la NO repetición de un Halconazo

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Elementos policiacos reprimen violentamente un mitin en solidaridad con cinco activistas detenidos la mañana del 5 de septiembre durante una manifestación en la alcaldía Xochimilco. Foto: Elizabeth Díaz}

Estudiantes, organizaciones sociales, comunicadores y pobladores de las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la ciudad de México, denunciaron que, a casi una semana de la represión sucedida en esas demarcaciones en el contexto de protestas pacíficas, las autoridades aún no han fincado responsabilidades a los agresores, elementos policiacos, ni a funcionarios señalados como autores intelectuales de la violencia contra los manifestantes.

La mañana del pasado jueves (5), durante una protesta para exigir el cese a la criminalización, por parte de la alcaldía de Xochimilco contra la activista Hortensia Telesforo -a quien acusa del delito de despojo por participar en la recuperación de una biblioteca comunitaria-, un grupo de al menos 30 personas armadas con palos, tubos, navajas e incluso armas de fuego, atacaron a mujeres de la tercera edad, adultos mayores y jóvenes que se manifestaban en la demarcación.

Testimonios de los manifestantes resaltan que, pese a la presencia de elementos policiacos, estos no intervinieron para detener las agresiones en su contra. Peor aún, tras la represión, cinco activistas fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público de la alcaldía de Tlalpan, a 10 kilómetros de distancia de los hechos donde, por la tarde del mismo jueves (5), colectivos solidarios se apersonaron para demandar su libertad.

El mismo jueves por la tarde aconteció una segunda represión, esta vez por parte de policías antimotines quienes encapsularon a los manifestantes e hicieron uso de violencia física, psicológica y sexual contra estudiantes, defensores de derechos humanos y comunicadores independientes, dejando un saldo de 14 personas detenidas, decenas de heridos, así como reportes de tortura y el robo masivo de teléfonos móviles.

“Fue una carnicería”, sostuvo Jorge Paez, habitante del pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, quien durante conferencia de prensa realizada este miércoles (11) compartió su testimonio ante la brutalidad de las agresiones contra las y los manifestantes.

Paez relató que fue golpeado con un arma de fuego mientras intentaba rescatar a uno de los manifestantes que era atacado tumultuariamente por el grupo de “halcones” – referencia al grupo paramilitar del mismo nombre, creado durante la década de los sesentas y coordinada por directivos policiacos para reprimir manifestaciones. Destaca su involucramiento en la masacre del 10 de junio de 1971 donde asesinaron a participantes de una manifestación estudiantil en la Ciudad de México.

“Es lamentable de un Estado supuestamente democrático que pueda hacer esto”, condenó el activista quien también sostuvo que dentro de los responsables se encuentra Víctor Muñoz, operador político de la alcaldía, vinculado al narcotráfico por denuncias de habitantes, e hijo del funcionario del mismo nombre quien funge como Director de Gobierno de la alcaldía de Xochimilco. 

Otros manifestantes señalan a trabajadores de la alcaldía como las personas que son contratadas como “golpeadores”. Alejandro Velázquez, integrante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, enfatizó que entre los funcionarios involucrados está el Director Jurídico de la Alcaldía, Francisco Pastrana, así como el Director General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Guerrero de la Cruz, así como la propia alcaldesa en funciones Juana Onésima Delgado.

Esta agresión se suma a otras previas ejecutadas contra habitantes organizados en la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco quienes desde el año 2014 realizan acciones en la defensa de su territorio. Destaca su lucha contra la construcción de un puente vehicular en Cuemanco, así como por las omisiones de los gobiernos para proteger el medio ambiente y el agua del área natural protegida de Xochimilco. 

Resalta la represión violenta, por parte de un operativo con mil elementos policiacos en diciembre del 2022, contra pobladores de San Gregorio quienes se manifestaban en contra de las obras hidráulicas del Colector Actopan, el cual afectaría el servicio de agua potable en la demarcación, lo que dejó un saldo de 24 heridos y en cuyo momento se denunció el actuar del alcalde Carlos Acosta, sin que fuera sancionado por lo hechos represivos.

Represión sin castigo

Por su parte Karen Castillo, integrante del Observatorio Memoria y Libertad, señaló que los eventos represivos del pasado 5 de septiembre son “solo el aviso de lo que nos espera en el siguiente sexenio, comandado por una mujer que por seis años criminalizó, reprimió y encarceló a defensores de derechos humanos, al movimiento feminista, a la comunidad de Xochimilco, a la comunidad Otomí”. 

Castillo relató que, mientras se encontraba documentando la represión policiaca en Tlalpan, fue agredida por al menos 30 policías varones, quienes también detuvieron y torturaron a periodistas independientes. Ante ello, calificó lo sucedido en la mañana en Xochimilco y en la tarde en Tlalpan como “un crimen de Estado al haber participación, colusión y omisión de múltiples agencias del Estado mexicano”, por lo que denunció que el caso sigue en total impunidad. 

Por esto responsabilizó al jefe de gobierno, Martí Bartres, debido a que hasta el momento los funcionarios identificados como los principales agresores no han sido suspendidos de sus cargos.

Estudiantes, perseguidos

Jóvenes estudiantes, quienes acudieron al MP de Tlalpan para solidarizarse contra la represión en Xochimilco, compartieron que fueron objeto de agresiones e intento de homicidio, así como de secuestro y tortura. Uno de los 14 estudiantes retenidos por elementos antimotines aseguró que la violencia de los policías tenía la intención de dejar lesiones para inhabilitarlos como se evidencia en las heridas que se repiten en los cuerpos de varios jóvenes detenidos.

A su vez, denunciaron que, por medio de violencia, elementos policiacos les obligaron a dar datos personales, sin que existiera un proceso formal dentro de los protocolos judiciales. Esto, denuncian, es particularmente grave ya que señalan que durante los días posteriores se han suscitado seguimientos y acoso de policías, vestidos de civil, contra jóvenes estudiantes a quienes les fueron sustraídos documentos de identificación y, contra quienes, posiblemente existen carpetas de investigación sin que se les haya notificado de manera oficial.

Por ello, los presentes en la rueda de prensa exigieron el cese a la criminalización contra la activista Hortensia Telesforo, así como contra los cinco detenidos en Xochimilco y hacia los jóvenes estudiantes detenidos dentro del MP de Tlalpan.

Acciones

Durante la rueda de prensa se informó que el lunes (9), 22 personas que fueron víctimas de las agresiones se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Cdhcm) para iniciar el largo proceso de denuncia. En el lugar realizaron certificados de lesiones como esguinces, fracturas y policontusiones que presentaron los manifestantes agredidos.

Sin embargo, dejaron claro que, a pesar de las denuncias, hasta el momento la Cdhcm aún no se ha pronunciado frente a la violencia sucedida al sur de la CDMX, por lo que exigieron que el organismo haga un llamado frente a la gravedad de los hechos. También se anunció que levantaran denuncias penales por robo, tortura y lesiones contra los elementos policiales y funcionarios que resulten responsables.Por ello, finalizaron convocando a una acción a realizarse la mañana de este jueves (12) ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para exigir diálogo con el titular de dicha dependencia