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• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A la sexta nacional e internacional
A las redes de resistencia y rebeldía
A las redes de apoyo al CIG

Territorio Comunitario, Guerrero, 7 de Mayo de 2019

El CIPOG-EZ es la casa de los pueblos Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué y Afromexicanos del estado de Guerrero. Reconocemos nuestra historia reciente desde 1992 cuando comenzamos a luchar por nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, constituimos el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia que creció con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se articuló con el Congreso Nacional Indígena. Así llegamos hasta el 2001, luchando para que los Derechos y la Cultura indígena fueran reconocidos en la constitución, pero ningún partido, ningún político profesional quiso frenar la guerra de exterminio que aún continua.

En la Costa Montaña de Guerrero nuestras comunidades llevaron a la práctica nuevas formas de gobierno comunitario, constituyendo sus propias instituciones. Nació la Policía Comunitaria en 1995 y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en 1998. Así se demostró que entre las montañas, entre la miseria y la represión en la que nos han tenido sumidos, los pueblos somos capaces de recuperar la paz y la tranquilidad. Estos modos de organización y de gobierno tampoco fueron inventados, vienen de cinco siglos de resistencia indígena y de nuestras experiencias como pueblos.

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A los Pueblos que luchan

A las mujeres y hombres que con su andar, han inundado de dignidad la vida, y dan sentido del caminar del Frayba, que junto a/a lado de ustedes, pulsa la tierra, con sus resistencias que hacen la luz y las rebeldías que nos convocan a no desistir del mundo nuevo que está surgiendo.

El presente informe, recoge la sistematización de la situación en que enfrentan las comunidades y personas en su lucha por la defensa de sus derechos humanos en Chiapas.

El sexenio terminado mostró una crisis de derechos humanos alimentada por la impunidad.

La violencia desbordada se ha propagado en todo nuestro país manteniendo como blanco a la sociedad civil principalmente organizada que defiende su territorio y la vida.

Este documento Frente a la violencia, la espiral de luchas y resistencias trata de esbozar los símbolos en perspectiva histórica de estos 30 años del caminar del Frayba al lado del pueblo organizado, donde se cuentan las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por parte de todos los niveles de gobierno, en particular durante el crítico sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex gobernador Manuel Velasco Coello, responsables, junto a los poderes fácticos, de ocasionar la profundización de los conflictos, que sitúa a la población en una crisis civilizatoria.

Frente a la ausencia de verdad y justicia, los Pueblos persisten en los caminos de la resistencia construyendo sueños y esperanzas en alternativas frente al olvido y en respuesta a la compleja realidad que se vive en México.

En este recuento se evidencia que el Estado mexicano, a pesar de haber firmado y ratificado diversos instrumentos de derechos humanos, de carácter vinculante, en el ámbito interamericano e internacional, en la realidad no cumple con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas.

Es por ello que las iniciativas autónomas como La Otra Justicia construida desde los Pueblos tiene el propósito de resistir contra el olvido y abonar a la verdad, justicia y no repetición de graves violaciones a derechos humanos. Por tanto los Pueblos no olvidan y señalan los responsables y combaten de frente a la impunidad en México. La memoria es identidad, como una historia construida por sobrevivientes que el Estado no puede silenciar.

Agradecemos a todas y todos los que han dado su palabra que nos alimenta cada día, con su valentía han enfrentado al sistema y lo desafían, por su fuerza denuncian propiciando, organización, comunidad y restitución y resignificación de los pueblo, que generan alternativas de vida la cual nos ha acuerpado en estos 30 años de caminar del Frayba, el cual no sería tal sin las manos y pasos firmes de mujeres y hombres que se tejen en su horizonte de lucha, por lo que reafirmamos nuestro compromiso radical con los pueblos y comunidades con quienes en cualquier rincón de Chiapas, México y el mundo pugnan por la verdad, la justicia y por el cambio profundo del sistema capitalista a nuevos sistemas de vida basado en el Lekil Kuxlejal.

Leer el informe completo:

Escucha la transmisión en vivo del Informe

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Lee el comunicado de la organización civil Las Abejas de Acteal aquí:

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Mantener vivos a los muertos.

Este 22 de diciembre, l@s 45 asesinados hace 21 años y los 4 bebés “que no conocieron el mundo, pero sí su maldad”, resurgieron en Acteal gracias a la digna fe, a la perseverancia y al amor de una lucha por la verdad, la justicia y la memoria de la organización civil Las Abejas de Acteal, que celebró también sus 25 años de lucha.

La conmemoración inició desde el día anterior con un festival cultural que incluyó la participación música del Coro de Acteal, jóvenes raperos, música tradicional de los pueblos tsotsiles de Los Altos, banda de música y mariachi, piezas de teatro, una exposición fotográfica de Pedro Valtierra y Néstor Jiménez Díaz y proyección de documentales.

El día 22 de diciembre la conmemoración de la masacre inició con una peregrinación que partió a las 9 de la mañana del crucero Majomut rumbo a Acteal. A su llegada, hubo oraciones, lectura de comunicados de Las Abejas de Acteal, de la organización Xinich y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, música de rap y del Coro de Acteal, una obra de teatro que dramatizó los hechos de aquel 22 de diciembre de 1997, y una celebración eucarística con el obispo Rodrigo Aguilar Martínez. La jornada terminó con una visita al local donde yacen l@s 45 hermanas y hermanos y los cuatro no nacidos asesinados en la masacre.

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• INSERVIBLES LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE NOCHIXTLÁN.

Por Jaime Ortiz

Amparado por la noche, el edil del municipio de Asunción Nochixtlán, Ruben Alcides Miguel, junto con un grupo conformado por integrantes de su cabildo así como por varios choferes de distintos sitios de taxis, acudieron la noche del día 26 de marzo al lugar donde se encuentran los camiones que fueron calcinados durante el operativo del 19 de junio del 2016, con el objetivo de retirar dichos vehículos. Cabe recordar que en dicho operativo murieron 8 personas a manos de policías estatales y federales, y a casi dos años no se han realizado las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Fue al filo de las 10 de la noche cuando, ayudados por una retroexcavadora, comenzaron a quitar de aquel lugar dichos camiones. Esto alertó al comité de víctimas, quienes acudieron al lugar para intentar hacer entrar en razón a los acompañantes del presidente para que dejaran los camiones, ya que argumentaban que todavía está abierto ante la PGR el expediente del caso 19 de junio, y esos camiones son evidencias para esclarecer dichos hechos. No obstante, estos se mofaron de las víctimas, lo que creó una situación tensa, que derivó en hechos violentos donde los acompañantes del presidente dispararon armas de fuego en contra de integrantes del comité de víctimas así como profesores y personas que acudieron en apoyo. El resultado de este hecho son dos heridos de bala, quienes fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Oaxaca.

Juan José Acebedo, de 24 años de edad, recibió un impacto de bala en el pecho, perforándole parte del pulmón. Su estado se reporta como estable. Ésta es la segunda agresión en su contra; la primera ocurrió el 19 de junio del 2016, en esa ocasión una bala le entró por la parte trasera de su cabeza con orificio de salida en su cara, destrozándole parte de la mandíbula, por lo que por varios meses no pudo ingerir alimentos ya que tuvieron que inmovilizar su boca. Ahora se encuentra hospitalizado nuevamente esperando entrar en cirugía para la extracción de la bala que recibió. Otra de las personas heridas es Martín Silva, de 37 años de edad, con impacto de bala a la altura de la rodilla.

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A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf

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Isabel Benítez denuncia amenazas y reitera la exigencia de justicia y castigo a todos los culpables del feminicidio de su hermana Lupita

Ciudad de México, 24 de Enero de 2018.- Verónica Guadalupe Benítez apenas tenía 21 años y un bebé de tres meses cuando en Julio del 2017 fue lapidada y acuchillada en San José del Vidrio, Estado de México por su esposo Luis Ángel Reyes y su suegra María Gabriela Jímenez. En entrevista para Radio Zapatista, Isabel Benítez narró la muerte de su hermana Lupita. Contó que Lupita se defendió con todas sus fuerzas y tras el forcejeo le quedaron adheridos en el cuerpo restos de piel y cabellos.  Aseguró que los primeros pertenecen al esposo de Lupita y sospecha que los cabellos pertenecen a su suegra, por lo que exigen la exhumación del cuerpo a pesar de que las autoridades les han dicho que los cabellos son de ella misma. Además, Isabel calificó como desgastante y frustrante el proceso judicial padecido en las Fiscalías de Barrientos y de Toluca y denunció las aún hoy constantes amenazas vertidas por la familia de Luis Ángel en las audiencias del caso, pues en ellas le han dicho “que ahora los que siguen son sus niños”. De hecho, las autoridades no han querido levantar un acta para hacer constar estas amenazas, pues dicen que esto no procede en el estado de México. “¿Quieren esperarse a que suceda algo más?”, concluyó la hermana de Lupita Benítez:

Mi nombre es Juana Isabel Benitez Vega, soy hermana de Verónica Guadalupe Vega, estudiante de bioquímica diagnóstica en la FES Cuautitlán Izcalli.  Ella tenía 21 años y tenía un bebé de tres meses. El pasado seis de julio del 2017 fue victima de feminicidio a manos de su esposo  Luis Ángel y su suegra María Gabriela. Esto fue en la comunidad de San José del Vidrio, Nicolás Romero, estado de México. Ha sido un proceso muy difícil. Ya van casi siete meses. Ella fue lapidada. Le destrozaron su rostro y también recibió diecisiete puñaladas en todo su cuerpo. Le destrozaron sus pechos y le dejaron restos del arma punzocortante en la clavícula. El proceso ha sido muy difícil desde un inicio porque las autoridades, las mismas autoridades de feminicidios no nos han dejado tener acceso a la carpeta. El hoy imputado Luis Ángel está vinculado a proceso. Hay testigos que vieron cuando su esposo y la suegra golpearon a mi hermana y minutos después ella pierde la vida. Esos testigos ya declararon pero las autoridades no han querido jalar a la señora. Nos dicen que la señora no participó. Todo esto fue a metros de su casa. Él trabajaba vendiendo lunch en una escuela particular donde los mismos maestros de la escuela lo encubrieron, lo protegieron. Yo  ese día recibí una llamada a las 11:30 de la mañana. Preguntaron si era la casa de Lupita y yo les dije que sí. Me dijeron “vente rápido al departamento porque Luis Ángel le está poniendo en su madre”. Cuando yo llego al departamento de mi hermana  vi que había gente y cuando veo, me bajo del carro, veo que mi hermana ya está tendida, ya está cubierta con una sábana y la única que estaba ahí era la suegra de ella y en su ropa tenía sangre. Yo le pregunté qué fue lo que paso y ella nunca me contestó. Andaba más estaba muy agresiva y me decía que ella no sabía, que a ella no le preguntara,  y se echó a  correr. No estaba ni Luis Ángel  ni el bebé de mi hermana, pero antes de que se fuera me dijo que estaban golpeados tanto el bebé como Luis Ángel. Esperé  a que llegara más familia mía. Yo me quedé con el cuerpo de mi hermana y quise ir a buscar al niño. Cuando ya voy saliendo del camino de terracería Luis Ángel viene acompañado del esposo de la directora y de su hijo y ahí me lo dejan; pero él estaba todo rasguñado de los brazos, del cuello y traía un golpe, y yo le dije que qué le había hecho a mi hermana, y me decía “no, dime que lo salvé” . Me armó su teatro y dijo que un tipo grande y robusto con una playera blanca se había querido llevar a mi sobrino, luego “que no, que lo quería secuestrar”  y luego que lo quería robar. Muchas versiones dio. Entonces yo les dije a los policías que él había sido. La familia de él ya estaba ahí. Desde ese momento empezamos a recibir amenazas. Yo tengo bebés. Y la familia de él nos dijo que los que siguen son mis hijos y mi sobrino, que los que siguen son los niños. Y esas amenazas a la fiscalía le ha valido. La fiscalía de feminicidios de Barrientos estaba llevando el caso pero ahí los MPS (ministerios públicos) y la fiscalía nos volvían a revictimizar. Nos decían que eso no se podía, que ya lo tenían. Es más, la misma fiscal Irma Millán[i] nos preguntó qué era lo que queríamos, y nosotros le decíamos que queríamos justicia, que paguen todos los feminicidas de mi hermana, todos los que la hicieron sufrir y padecer. Es lo único que queremos: justicia para Lupita. Pasaron dos meses, hicimos una marcha el 18 de septiembre a Toluca y entonces se pasó la carpeta para Toluca, y pensamos que el cambio iba a ser diferente pero no ha sido así. La fiscal Dilcia[ii] no nos quiere recibir. Nos dice que tienen asuntos mas importantes y le digo que cómo es posible que diga eso si todos los asuntos son importantes, más porque a mi hermana la mataron con mucha saña, con mucho odio. Ha sido un proceso super difícil. Hemos tenido que enfrentar a las mismas autoridades, al mismo sistema. Nosotros lo único que queremos es justicia, justicia para ella.

[i] Titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la Procuraduría General de Justicia Mexiquense (PGJEM)

[ii] Dilcia García Espinosa, fiscal central de atención a delitos vinculados a la Violencia de Género en el  Estado de México.

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Ciudad de México, 24 de enero de 2018.- Aún consternada y herida, Victoria recuerda que su hijo Luis Roberto era un hijo excelente y  estudioso que amaba su carrera y estaba ansioso por terminarla para poder ayudarle a su familia y a la gente.  En entrevista para Radio Zapatista, ella y Roberto, los padres de Luis Roberto, quien fue asesinado el pasado 18 de agosto del 2017 en las instalaciones de la UNAM, denuncian que las autoridades de la Universidad y de la clínica 8 del IMSS les han mentido y han querido hacer pasar por un suicidio el asesinato de su hijo. Firme, don Roberto solicita a los estudiantes de Ciudad Universitaria que les ayuden a esclarecer qué fue lo que realmente pasó con su hijo, quién y por qué razón lo atacaron y por qué la UNAM está mintiendo sobre los asesinatos recientes al interior de sus instalaciones:     

Mi nombre es Roberto Malagón Chagoya, padre de Luis Roberto Malagón de Gaona, quien sufrió un homicidio en las instalaciones de C.U. el día 18 de agosto de 2017. Siendo las 7:30 lo encuentran inconsciente en la facultad de medicina, en el estacionamiento de odontología. Lo llevan a la clínica del IMSS en un estado inconsciente. Cuando nos hablan él estaba en estado de coma. Él ya del 18 al 23 estuvo cinco días en el hospital. Los médicos no le encuentran nada, nos mandan a C.U. a pedir ayuda a los médicos, no supieron qué es lo que tenía. Nos mandan a las instalaciones dela UNAM a ver qué le había pasado el 18 de agosto y  las autoridades de la UNAM nos cierran las puertas porque no nos quisieron prestar las cámaras. Les decimos a las autoridades que nos ayudaran porque los médicos nos estaban pidiendo su apoyo. Mi hijo estaba entre la vida y la muerte, de hecho de ahí ya no salió a consecuencia de lo que pasó. Ahí empezó todo su homicidio, porque él ya no despierta desde el 18. Entonces las autoridades de la UNAM siempre nos cerraron las puertas, nos pusieron trabas y nunca nos ayudaron ni nos han dicho la verdad. El MP (ministerio público) toma la carpeta y toma las investigaciones. Ellos lo quieren manejar como un suicidio, pero siempre nos  ocultaron la verdad: que nunca nos quisieron prestar la carpeta siendo que es un derecho que teníamos. El MP siempre me lo negó. Tenemos un abogado ya, se llama Víctor Caballero. Él hace un amparo y a él en el juzgado ya le amplían la carpeta y ahí ya vemos todo lo que había pasado, porque el MP siempre nos lo negó y lo quiso manejar como un suicidio. Decían que no tenía lesiones ni golpes ni nada y en la carpeta, cuando se la dan al abogado, ya se ve que sí tuvo lesiones, tuvo golpes. Y el hospital también nos engaña. Entonces es una serie de mentiras entre las autoridades de la UNAM, la clínica 8 del IMSS y el MP que lo quiere manejar como un suicidio. Es una bola de complot entre los tres, porque la verdad es que ahí mismo en la UNAM fue su homicidio. La realidad es que Luis Roberto nunca despertó. Él prácticamente ya estaba muerto desde el 18. En eso estamos: queremos esclarecer la verdad y por qué nos han engañado. Es lo que está haciendo nuestro abogado: tratar de saber la verdad. Mediante un amparo vamos a tratar de hacer todas las diligencias posibles, porque para el MP ya agotó sus diligencias. Lo quieren manejar como un suicidio siendo que tuvieron la capeta antes que nosotros y viendo los golpes, las lesiones… todo lo que nos han dicho era mentira. Queremos saber la verdad, qué fue lo que le pasó a mi hijo en la UNAM, quién fue quien lo atacó y por qué le hicieron eso. Entonces es un homicidio allí dentro de las instalaciones de la UNAM. Y las autoridades, desde el Rector, el director de la facultad de derecho, siempre nos engañaron con que lo de él fue un suicidio, y hasta se enojaron porque nosotros le mandamos a hacer la necropsia. Sin la necropsia no hubiéramos sabido qué fue lo que realmente le hicieron a mi hijo, ya que ahí sale que él fue sumergido, asfixiado y aparte que tiene golpes y tiene quemaduras; entonces vamos a esclarecer la verdad, qué fue lo que pasó ahí en la UNAM. Mi petición es que sigamos apoyándonos uno a otro para descubrir qué es todo lo que ha pasado dentro de la UNAM y por qué las autoridades ocultan todas las verdades tanto de mi hijo como de varias casos. De veras las autoridades de la UNAM siempre me han engañado y nos han traído para allá y para acá y realmente no dicen la verdad. Para mi es como un complot con el ministerio y con los médicos. Queremos que nos ayuden, como dice mi esposa. A cualquiera que sepa que nos informen. Alguien debe saber algo y se lo agradeceríamos realmente. Mi hijo era un estudiante muy entusiasta. Porque nada más se dedicaba a estudiar. Él no tomaba ni fumaba ni un cigarro. Ni a novia llegaba porque él le decía a sus pretendientas que esperaba él su título. Él siempre con la UNAM, no con las autoridades que ahora le han fallado. El rector de la facultad de derecho lo llevó a varias exposiciones por su buena calificación y ahora es uno de los que no nos quieren ayudar para saber qué fue realmente lo que pasó. Primero fuimos con él a pedir ayuda y nos cierra las puertas. De repente nos manda llamar para darnos un informe clínico que él no tenía ni por qué tenerlo y puras mentiras nos dijo. Entonces sí queremos saber por qué el director miente siendo que Luis Roberto era uno de sus mejores estudiantes.

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(Firma la Acción Urgente aquí.)

Las organizaciones civiles firmantes hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se pronuncie ante la inminente agresión de un grupo civil armado en contra de la población del municipio de Oxchuc, Chiapas. Se ha hecho de nuestro conocimiento que el día de ayer 24 de enero, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal, lo que ocasionó temor.

Personas del municipio nos informaron que ante la inseguridad, por órdenes del gobierno estatal tuvieron que desalojar a niñas, niños y docentes de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería de los centros hospitalarios, lo que denota una situación de riesgo que vulnera la seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás población.

De acuerdo a información proporcionada por vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se desconoce su genero y edad; 17 heridos, entre ellos se encuentran Juan Gabriel Méndez López de 36 años (abogado comunitario del Movimiento con Justicia y Paz para el pueblo de Oxchuc y quien representó a la comunidad en el Amparo promovido para rechazar las presencia de partidos políticos en el municipio, recientemente promovió un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior), Julio Cesar Gómez Santíz de 24 años de edad, Manuel Gómez López de 39 años, Bonifacio López Gómez de 39 años y el adolescente Néstor Avidal López Gómez de 15 años, José Alfredo Gómez López, de 20 años de edad, Moises Santiz Gómez de 27 años de edad, Alonso López Santiz de 36, Eliseo Góme Santiz, de 17 años, Javier Santiz Gómez de 37 años, Hugo Santiz Gómez de 21 años, Alexander López Gómez de 16 años, Juan Gómez López de 17 años, Edagar Jhovani Santiz Gómez de 24 años, Rafael López Santiz de 16 años, Marcelo Santiz Santiz de 31 años; y tres personas muertas, Ovidio López Sántiz, Víctor Sántiz Gómez y Francisco Méndez López, dos de ellos pertenecen a la comunidad Media Luna y el otro a la comunidad Cruxilja cuyo cuerpo aún permanece en el lugar de los hechos.

De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado, que según fuentes locales, se concentra en las comunidades: Piedra Escrita, El Mash (colinda con Chanal), Cruxton (colinda con San Juan Cancuc) y Yochib (que colinda con Tenejapa). Por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, la población considera que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre.
El temor persiste y es real, ya que el día de hoy, 25 de enero, alrededor de las ocho de la mañana nuevamente se escucharon disparos cerca de la comunidad Piedra Escrita y el crucero de Cruzton, de Oxchuc, no se ha reportado el cese de las detonaciones. Asimismo no se tiene certeza de la existencia de personas heridas o muertas porque la población vecina no ha podido ingresar y tampoco hay presencia la policía estatal.

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