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(Español) CIPOG-EZ bloquea la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera por tiempo indefinido en exigencia de justicia para nuestros muertos, desaparecidos y retenidos injustamente
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Misión Civil de Observación Sexta
A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que
nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
A los medios de Comunicación y
Al pueblo en general
EL CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ) y LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS – POLICÍA COMUNITARIA – PUEBLOS FUNDADORES (CRACPCCRAC-PC) INFORMAMOS QUE TOMAMOS LA DECISIÓN, ENCABEZAR UNA MARCHA Y BLOQUEAR LA CARRETERA CHILAPA-JOSE JOAQUIN DE HERRERA POR TIEMPO INDEFINIDO.
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, Consejo Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Misión Civil de Observación Sexta, Coordinadora Nacional Sexta, a la Europa Insumisa, medios libres e independientes, al pueblo de Guerrero y a todo el pueblo México a solidarizarnos a nuestra lucha, a nuestra causa nos están masacrando, desapareciendo, nos quieren exterminar por ser indígenas, nos ven como blanco fácil, para el gobierno no existimos, necesitamos de su apoyo en la máxima difusión de todo lo que está sucediendo en las comunidades de la montaña baja de Guerrero.
Solicitamos a las personas que han sido víctimas de los grupos de la delincuencia organizada con tácticas paramilitares conocidos como LOS ROJOS y LOS ARDILLOS, se sumen a nuestra justa y legal petición de EXIGIR UN ALTO A LOS ASESINATOS, DESPARICIONES, DESPLAZAMIENTO, COBRO DE PISO, QUEMA DE VEHICULOS, necesitamos organizarnos para frenar todos estos delitos cometidos en nuestra contra, ya que el gobierno municipal, estatal y federal son incapaces de dar una solución a la violencia que se vive día a día en Guerrero, ellos saben y saben bien donde se encuentra el máximo líder de LOS ARDILLOS, ya que como vimos tienen reuniones con presidentes municipales y tiene el control de toda la zona y a pesar de esto, solapan este tipo de reuniones, vivimos en el PAIS DE NO PASA NADA, TENGO OTROS DATOS, LOS GABIERNOS ANTERIORES ERAN PEORES, NO SE JUZGA A LOS DELINCUENTES, ABRAZOS NO BALAZOS.
Es por esta falta de justicia y legalidad que marcharemos e iniciaremos un bloqueo indefinido en la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera, para exigir la seguridad y justicia a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, solicitamos una mesa de dialogo con un representante que en verdad tenga la capacidad de resolver la situación de violencia que está rebasando al gobierno de Guerrero, basta de simulaciones, estamos cansados de hacer denuncias que no sirven de nada, no permitiremos más asesinatos, no daremos tregua al gobierno, nos resuelven o nos quedamos plantados en la carretera.
Invitamos a los habitantes de Guerrero, padres de familia, viudas, maestros, toda persona víctima de algún delito perpetrado por grupos narco paramilitares de la zona, se sumen al bloqueo, para juntos alzar la voz y resistir, sabemos que el silencio del gobierno nos está matando, despareciendo y la única forma de ser escuchados es la organización, alto a las simulaciones del gobierno.
Exigimos las presencia de la gobernadora del Guerrero, de las fiscalía estatal, representación del gobierno federal, de la secretaria de gobernación y fiscalía general de la república, Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y todas las instituciones de gobiernos se comprometieron a resolver nuestra demanda, la gobernadora, la fiscalía, seguridad pública, el ejército, la guardia nacional y No cumplen su función, el pueblo votó por ellos y así les pagan permitiendo que nos sigan matando, desapareciendo, asesinando, taxis incendiados, personas calcinadas en Chilpancingo-Tixtla en la ruta controlada por LOS ARDILLOS y demás grupos criminales.
Exigimos el cumplimiento de nuestras demandas.
1.- Exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros que regresaban a sus comunidades después de ausentarse por meses por necesidad de salir a trabajar por la falta de oportunidades, Marcelino Hernández tecorral de 23 años, Nicolas Rodriguez Diaz de 25 años y Ángel Villalva Salvador de 29 años.
2.- Exigimos justicia por nuestros compañeros asesinados en la ciudad de Chilapa hace tres días Esteban Xochitempa Tepesco y Juan Xochitempa
Macario.
3.- la liberación de nuestro compañero Godofredo Cortez Reyes sentenciado por un delito fabricado por la fiscalía y el Gobierno estatal.
4. Por ultimo y no menos importante, la aprehensión de Celso Ortega y desmantelamiento del grupo criminal los Ardillos.
EXIGIMOS JUSTICIA PARA NUESTROS MUERTOS, DESAPARECIDOS Y RETENIDOS INJUSTAMENTE.
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
VIVAN LOS PUEBLOS INDIGENAS
VIVA EL CONSEJO NACIONAL INDIGENA
VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL
ATENTAMENTE
Consejo Indígena Y Popular De Gobierno Emiliano Zapata CIPOG-EZ
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria
Pueblos fundadores CRAC-PC-PF.
(Español) El fantasma de la privatización de las semillas vuelve con fuerza en Guatemala
Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
En portada: Niños desgranan maíz en la comunidad q’eqchi’ de Chapin Abajo, donde monocultivos de palma aceitera despojaron de tierras a la población indígena. Foto: Santiago Navarro
La siembra del maíz es una fiesta en el territorio maya q’eqchi’, Alta Verapaz, Guatemala. La abuela de la mujer maya q’eqchi’ Paulina Margarita Caal Chocooj, del pueblo San Juan Chamelco, es la que siempre sostuvo la práctica ancestral de la familia. “Cada familia tiene su día para sembrar la tierra en el mes de mayo, nos ponemos de acuerdo, nos rotamos. Es una fiesta para el territorio q’eqchi’”, cuenta orgullosa.
Las mejores semillas de diversos colores son seleccionadas por las familias y las reservan para la siembra siguiente. “Así vamos cultivando la vida. Mi abuela nos enseñó a cuidar, a querer el sagrado maíz”, comparte Paulina para Avispa Mídia.
El maíz es la base de la alimentación de los pueblos en Guatemala. Las tortillas, el pozol, el tamal son algunos de los alimentos que se consumen diariamente. El maíz es también donde se funda la cosmovisión de estos pueblos, sus creencias y ceremonias sagradas.
El “respeto al sagrado maíz”, enseñado de generación en generación, fue y es lo que sostiene a pueblos indígenas de diferentes partes de Guatemala y esto permitió derrumbar la Ley de Protección de Obtención de Variedad, conocida como Ley Monsanto, en 2014.
“La ley fue aprobada a la espalda del pueblo, de manera oculta. Cuando ya estaba aprobada la ley, pues empiezan a organizarse las autoridades indígenas y la misma sociedad civil para conocer el contenido. Es ahí donde nos damos cuenta que pretendían la privatización de las semillas (nativas), patentar las mismas”, señala.
El contenido de dicha ley pretendía proteger la propiedad intelectual sobre vegetales a quienes los “creen”, “descubran” o modifiquen, por manipulación genética, a las especies existentes. “Eso, a largo plazo, permitía la privatización de la semilla nativa del maíz y otros cultivos, y mayor dependencia de insumos, como fertilizantes y agrotóxicos, para la agricultura”, señala Paulina, que forma parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG).
Los beneficiados por la ley, normalmente empresas productoras de semillas transgénicas como las transnacionales Syngenta y Bayer-Monsanto, obtendrían derechos de propiedad y usos de tales variedades, plantas o semillas. También permitía la siembra, transporte y experimentos con semillas transgénicas.
Trataron también de criminalizar a quienes reprodujeran, sin autorización, el material de variedad protegida con multa y prisión de uno a cuatro años. “Esta ley buscaba dar derechos y privilegios a las empresas por encima de los derechos de los campesinos y de los pueblos, por eso nos movilizamos para derrumbarla”, agrega la mujer maya q’eqchi’.
Ahora, sin aviso o consulta a los pueblos, el gobierno de Guatemala anunció en sus canales de redes sociales que representantes del sector público y privado, vinculados al sector agrícola, se reunieron en la comisión de Agricultura y Pesca del Congreso de la República, para “afinar detalles” de la iniciativa de la nueva Ley para la Protección de Obtención de Vegetales.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Edgar De León, el promotor del proyecto de ley, resaltó que “el objetivo es regular los procedimientos para la obtención de nuevas variedades y cumplir con normativas internacionales”.
La principal normativa internacional que Guatemala tiene que cumplir es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, en materia de propiedad intelectual, establecido en 2005.
Los países miembros se deben adherir al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Suiza, que promueve desde la década de 1960 la regulación del registro de plantas y semillas, y que se impone principalmente por medio de los tratados internacionales de comercio.
Para organizaciones como la Vía Campesina, GRAIN, Grupo ETC y Amigos de la Tierra Internacional, la UPOV trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, imponiendo estos derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales y monopolizando las mismas por parte de las corporaciones.
Dueños de las semillas
Mediante el UPOV un pequeño grupo de grandes productores a nivel internacional —mayormente corporaciones— “se adjudicó a sí mismo la prerrogativa de facilitar la apropiación de las semillas, excluyendo la posibilidad de que el resto de personas y comunidades las utilizaran libremente, pese a que su vida está entretejida en la agricultura y son quienes las domesticaron y las legaron a la humanidad”, sostienen las organizaciones en la publicación “UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas”.
Uno de los problemas apuntados por las organizaciones es que la UPOV exige y promueve uniformidad en las semillas y, por lo tanto, en el suministro de alimentos, permitiendo así que un pequeño grupo de productores internacionales, especialmente empresas transnacionales, mantengan la prerrogativa de facilitar la apropiación y el control de las semillas, sin tener en cuenta que muchos pueblos y comunidades tienen relaciones socioculturales históricas con las semillas. “Esto sirve al sistema agroalimentario industrial, que alimenta al 30% de la humanidad. Pero promueve erosión genética, vulnerabilidad económica y la pérdida de autonomía de la gente campesina, agricultoras y agricultores que alimentan al 70% del mundo en estos momentos”, señalan las organizaciones en el documento.
Si los países que hacen parte del Tratado de Libre Comercio no se adhieren al Convenio de la UPOV están sujetos a sanciones por parte de otros países miembros del acuerdo, como es el caso de México que ha trabado una disputa contra Estados Unidos y Canadá porque quieren obligarlo a permitir la siembra de maíz transgénico en su territorio.
Hoy la UPOV posee 78 miembros, incluyendo la Unión Europea.
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Guatemala todavía no logró adherirse al Convenio de la UPOV. Desde 2006 inició el procedimiento para hacer parte. Para eso, el país necesita aprobar una ley de protección de obtención de variedades que esté de acuerdo con las líneas del convenio. La organización incluso ofrece modelos de proyectos de ley para que sean copiados por los países.
Y mas, la UPOV debe analizar y aprobar el proyecto de ley que será votado por el Congreso de los países. La adhesión será aceptada “siempre que no se hayan introducido modificaciones en los proyectos de leyes durante los procedimientos parlamentarios”, dice la UPOV en sus reglamentos. Es decir, los parlamentos deben aprobar exactamente los términos dispuestos por la organización.
El proyecto de ley hoy en tramitación en el parlamento guatemalteco fue aprobado por la UPOV en 2017.
Reglamento Monsanto
Otra estrategia para llevar a cabo la expansión de los transgénicos en el país fue la creación del Reglamento de Organismos Vivos Modificados, en 2018. Surge de los acuerdos de la unión aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras que generó una serie de actividades en el interior del país que permite el ingreso, la experimentación, el comercio y el traslado de semillas transgénicas. “Guatemala es un país centro de origen de especies. Tenemos el privilegio de dar este aporte a la humanidad. Y estos acuerdos atentan contra nuestra biodiversidad, contra las semillas nativas y los conocimientos ancestrales de los pueblos”, enfatizó David Paredes, quien también hace parte de la REDSAG.
Las organizaciones han requerido informaciones al Ministerio de la Agricultura acerca de cómo se han realizado los protocolos para la liberación de la semilla transgénica en el país. Sin embargo, las informaciones “nos dan a medias o no nos dan”, dijo. “No hay informaciones públicas sobre qué empresas están realizando los experimentos, y tampoco dónde los están haciendo. Tampoco hay la participación de los pueblos o consultas indígenas”, señala Paredes.
Para Paulina, la desinformación generada por el Estado de Guatemala y las empresas “atentan contra nuestra libertad de poder decidir cómo queremos alimentarnos, con qué queremos alimentarnos. Porque los pueblos hemos tenido nuestros propios sistemas de alimentación”.
Libre circulación de las semillas
Organizaciones como GRAIN, Colectivo Semillas y la Alianza Biodiversidad, en su publicación “UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas”, sostienen que “proteger las semillas y brindar acceso a ellas es un entendimiento fundamental de la gente más allá de culturas, ideologías, religiones y visiones de mundo”.
Recuerdan que la noción de que la semilla debe circular libremente es tan profunda que todos los sistemas nacionales de semillas vigentes hasta 1960 se construyeron con la premisa de que las semillas almacenadas estaban a disposición de quien las pidiese.
“Libre acceso y libre custodia, uso e intercambio de las semillas se hicieron así pilares centrales de las identidades culturales, de la expansión de la agricultura en el mundo y de la capacidad de los pueblos para garantizar su alimentación, su medicina, su vestimenta y su vivienda”, sostienen.
Siguiendo la lógica de la libre circulación de las semillas, en mayo de 2002 se presentó al Congreso de Guatemala lo que se llamó la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, una iniciativa construida por autoridades indígenas de todo el territorio guatemalteco y que se basa en principios fundamentales de la vivencia de los pueblos, desde el respeto a la vida y desde la cosmovisión maya.
La propuesta debe todavía ser reconocida por el Pleno del Congreso para que empiece a tramitar en sus comisiones.
Un llamado desde el territorio maya q’eqchi’.
