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En portada: Familiares de desaparecidos realizan labores de búsqueda en todo el país, sin ayuda del gobierno, desde el incremento de la violencia en el sexenio de Calderón. Foto: Santiago Navarro F.
Hace dos años, la violencia, las desapariciones, desplazamientos y reclutamiento de personas por la disputa territorial de dos cárteles mexicanos trastocaron por completo la vida de diferentes comunidades de Chiapas.
Uno de los grupos identificado como el Cártel de Sinaloa tiene presencia en esta entidad desde finales de los ochenta, pues Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, tuvo mucha influencia, además de posesión de propiedades.
“Grupos locales del crimen organizado se encontraban vinculados a este grupo mayor, hay que recordar que son redes y funcionan como células que se van reproduciendo”, explica para Avispa Mídia, Carla Zamora Lomelí, investigadora del grupo de Estudios Socioambientales y Gestión Territorial en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
En 2018, en las elecciones para presidente, gobernador y alcaldes, la violencia criminal se agudizó en el sur de México. “Pareciera casualidad, pero no lo es tanto”, señala la investigadora, pues la llegada de Morena fue coincidente con la incursión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los cárteles comenzaron a disputar los municipios y la violencia se repitió en junio de 2021 en las elecciones de 118 alcaldías y legisladores locales. En municipios como Pantelhó y Frontera Comalapa no hubo garantías de seguridad ni para los trabajadores de los órganos electorales, se designó un consejo municipal y comenzó a ser más visible la violencia.
Integrantes de Las Abejas de Acteal exigen justicia por el asesinato de Simón Pedro.
El 5 de julio del mismo año electoral, Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos e integrante de Las Abejas de Acteal fue asesinado frente a su hijo y su padre en el mercado público de Simojovel.
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En portada: Plantón de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Campo Militar 1, en la CDMX. Foto: Tlachinollan
Este martes (26) se cumplen nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. A casi cinco años de distancia queda también la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), la cual mediante decreto presidencial ordenó a todas las instituciones del Estado mexicano entregar información relacionada con la desaparición de los normalistas.
Ayer lunes (25), tras una reunión con funcionarios federales en Palacio Nacional, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes durante las últimas semanas se han movilizado para exigir la entrega de información específica, resguardada y ocultada por el ejército, salieron decepcionados.
De acuerdo a oficiales de gobierno, durante la reunión se hizo entrega de una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un reporte del general secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval González y un nuevo informe por parte de Encinas. Acorde a los testimonios, la entrega de estos documentos no cumplió con las peticiones puntuales de los familiares de los normalistas desaparecidos.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias, acusó que la narrativa presentada por Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de gobernación, “está esgrimiendo una narrativa de los hechos parecida a la verdad histórica”, en referencia a la versión propagada por el gobierno de Peña Nieto, la cual fue derribada por el trabajo e informes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).
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Por John Gibler
Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”. Es también el testimonio de cómo el gobierno desarticuló el área encargada de investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas
El viernes 12 de agosto de 2022, Alejandro Gertz Manero, el octogenario fiscal general de la República, llamó al entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, a su oficina.
–Omar –cuenta Gómez Trejo que le dijo el fiscal–, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes.
El abogado de 43 años, barba canosa y brazos tatuados, especializado en temas de derechos humanos, llevaba tres años al frente de la más extensa, compleja y ardua investigación judicial de la historia reciente mexicana: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Gómez Trejo no lo sabía, pero a ese desayuno también asistirían el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar, y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Él no lo sabía ni tenía cómo saberlo, pero en ese desayuno todos se pondrían de acuerdo y darían luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del caso Ayotzinapa, y provocarían su salida del país.
Ajeno a lo que se desataría, ese viernes de verano, en el piso 25 del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Trejo le dijo a su jefe que sí, que manos a la obra.
Años de terror
Alrededor de las 17:30 horas del 26 de septiembre de 2014, dos autobuses con estudiantes salieron de Ayotzinapa. Llevaban días intentando conseguir camiones para organizar una caravana con alumnos de las normales rurales del país que viajarían desde Ayotzinapa a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco.
Entre las 19:30 y las 20:00 horas, los dos autobuses se separaron; uno se quedó en el cruce de Huitzuco, un lugar conocido como Rancho del Cura, y el otro se dirigió a la caseta de cobro de Iguala. Los estudiantes no sabían que habían sido infiltrados e identificados, y que eran monitoreados por elementos de inteligencia militar. Tampoco tenían cómo saberlo, pero los comandantes de los dos batallones del Ejército en Iguala, el 27 y el 41, y muchos de sus subordinados, formaban parte de una empresa ilegal conocida como Guerreros Unidos, que traficaba heroína desde las montañas de Guerrero hasta los barrios de Chicago.
Los normalistas tomaron tres camiones más y salieron hacia la carretera por dos rutas distintas. Policías de Iguala los persiguieron y atacaron a balazos, parando los cinco autobuses en dos lugares distintos. Llegaron policías de Huitzuco y Cocula, policías estatales y ministeriales, policías federales y soldados en diferentes momentos para apoyar u observar. Ninguno intervino en favor de los estudiantes. Los policías sometieron y se llevaron a los normalistas de dos de los cinco camiones.
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En portada: Funcionarios del gobierno estatal junto a representantes del sector privado y el embajador de EEUU en el anuncio de la “Iniciativa Oaxaca”
Acompañados del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, el pasado miércoles (20), se firmó la llamada “Iniciativa Oaxaca” entre el gobernador de esta entidad, Salomón Jara, y el Consejo Coordinador Empresarial, máximo órgano de representación del sector privado en México, representado por 14 organizaciones líderes.
“Ellos están aquí porque ven grandes oportunidades en Oaxaca”, destacó Jara haciendo alusión a los llamados “proyectos estratégicos” del gobierno federal, entre ellos el Corredor Interoceánico, establecido en el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca y Veracruz.
En la presentación de esta iniciativa, se señaló que uno de los principales objetivos es fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte, permitiendo aprovechar más ampliamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Resaltaron que el Corredor Interoceánico será un centro logístico que, hasta el momento, conecta con 50 mercados a través de 15 acuerdos comerciales internacionales con EEUU, Asia y Europa.
Ken Salazar, embajador de los EEUU en México
El gobernador oaxaqueño hizo énfasis en que su gobierno es un aliado de los inversionistas y que serán respaldados por la gobernabilidad, la seguridad y la paz que se ofrece en su mandato en Oaxaca. “El proyecto que hoy firmamos es una muestra más de que vamos por la ruta correcta, el desarrollo, la justicia y el bienestar que espera y merece el estado de Oaxaca”, dijo Jara, quien presentó al embajador como un testigo de honor de este acuerdo.
Salazar por su parte anunció que el sur-sureste de México es una prioridad para ellos, por tanto “desde la Embajada de los Estados Unidos hemos impulsado esta agenda con socios del sector privado, principalmente de la American Chamber of Commerce (AmCham), así como con las autoridades mexicanas”, puntualizó, recordando que el año pasado (2022), en la Casa Blanca, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador destacaron que las inversiones en puertos, aeropuertos y el Interoceánico potencializarán las economías de ambos países.
Continuidad
En septiembre del 2022, el embajador de EEUU, junto a empresas como Visa, Amazon, Facebook, AT&T, META, Google, Mercado Libre, FEMSA y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, realizaron el sexto encuentro de gobernadores del sur-sureste de México, puntualizando que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los más importantes. Jara, quien apenas iba a suceder a Murat, dijo que iba a dar continuidad, “vamos a trabajar para que nuestro estado sea motor del desarrollo nacional y del sur del país”.
También, la AmCham, la federación empresarial más grande del mundo, que ha participado en diversas reuniones que abordan los proyectos estratégicos desde 2021, anunció que invertirán más de 600 millones de pesos en la región, declaró el embajador el pasado mes de abril.
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En portada: Habitantes del municipio de Motozintla se han manifestado contra el aumento de la violencia y la omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En los últimos tres días han circulado, mediante redes sociales, imágenes de caravanas de camionetas blindadas, adaptadas como tanquetas de guerra, con hombres fuertemente armados. Esto ocurrió en carreteras de Motozintla y en la localidad de Chamic, en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, zona fronteriza entre México y Guatemala, en una clara señal de que la disputa entre cárteles en el estado solo se está recrudeciendo.
Personas formadas en filas, en las orillas de la carretera, aparecen gritando¡Puro Sinaloa!, en alusión al Cartel de Sinaloa, en un mensaje de guerra dirigido al cártel opuesto, el Jalisco Nueva Generación.
Las ejecuciones también se han recrudecido en la región tras las caravanas, denuncian habitantes de la zona.
La disputa, que se intensificó en los últimos meses, ha transformado en territorio de guerra principalmente a los municipios Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.
En la conferencia de prensa matutina de este lunes, 25 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de minimizar los hechos que han ocurrido en Chiapas, diciendo que ha habido mucha “propaganda” y que las críticas recientes obedecen a “motivos políticos”.
El presidente de México minimizó la violencia del crimen organizado en Chiapas
“Sacaron un video donde hay gentes recibiéndolos y sí pueden ser bases de apoyo porque les entregan despensas o por miedo, pero no es un asunto general y ya se está atendiendo y está la Guardia Nacional”, dijo el mandatario.
El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, también del partido Morena, ha evadido pronunciarse sobre la violencia que se ha extendido en la región sur del estado chiapaneco. Tampoco ha mencionado posibles acciones del gobierno del Estado para interferir en la situación.
Medios chiapanecos registran la movilización de 800 elementos del ejército hacia la región de Frontera Comalapa.
Escandón fue invitado por el presidente López Obrador en la conferencia de prensa de este mismo lunes. Sin embargo, el tema abordado por el mandatario estatal fue la construcción del megaproyecto Tren Maya. “En Chiapas estamos muy contentos con la obra del Tren Maya, porque ha fortalecido la economía y el desarrollo del estado”, dijo el gobernador en sus redes sociales, sin mencionar la situación crítica que ha vivido la población de Chiapas.
Durante la conferencia de prensa, López Obrador evitó que el gobernador de Chiapas contestara preguntas de los periodistas sobre la disputa del territorio por los cárteles. Cuando Escandón fue cuestionado sobre los hechos del final de semana, el presidente contestó, “yo les voy a contestar esto, nada más”.
Mientras los mandatarios, estatal y federal, utilizan la estrategia del silencio o simplemente minimizan la situación, la sociedad civil y comunidades han denunciando hace meses la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales.
El mismo sábado, 23 de septiembre, cuando empezaron a circular los videos, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas lanzó un comunicado titulado Chiapas desgarrado por el crimen organizado. “Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”, sostiene.
Calles vacías en la cabecera municipal de Frontera Comalapa debido a la actuación de grupos del crimen organizado.
Entre las violencias señaladas por la Diócesis están: la presión y el control social, político y psicológico para que el pueblo tome partido por uno o por otro grupo criminal; el desabasto de alimentos, granos básicos y la falta de atención médica y medicamentos, debido a la continua violencia; los reclutamientos forzados, “dejando a las familias destrozadas”; el control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera; y cobro por “derecho de piso” y “de paso”.
El silencio de las autoridades “demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”, dice el comunicado.
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La imagen muestra a Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia la mañana del día en que desaparecieron. Aunque el análisis de la fotografía podría contribuir a establecer su paradero e identificar a los culpables del delito, según especialistas, la FGR se niega a integrarla a la investigación y a hacer un peritaje del celular de uno de los detenidos
Por Analy Nuño para A dónde van los desaparecidos
Horas antes de su desaparición, el abogado Ricardo Lagunes Gasca y el profesor y líder comunal Antonio Díaz Valencia fueron fotografiados en Aquila mientras desayunaban. Tres días después, sus familiares vieron por accidente en la pantalla del celular de un funcionario esa imagen, que podría ser la última de los defensores.
La fotografía fue tomada el domingo 15 de enero de 2023, alrededor de las nueve horas, en el comedor de la casa de un comunero. En el desayuno estuvieron también presentes Uriel Gutiérrez de la Cruz, de 37 años, minero de profesión, quien el pasado 20 de septiembre fue elegido presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la localidad michoacana, y Luis Zapién Meraz, de ocupación fontanero, junto con su familia; ambos pertenecían al grupo de comuneros, propietarios de tierras concesionadas a la minera Las Encinas, que lideraba el profesor.
En la imagen es posible observar cómo iban vestidos Lagunes Gasca y Díaz Valencia el día en que fueron interceptados, secuestrados y desaparecidos por un comando armado en la localidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, cuando se dirigían a Colima después de participar en una asamblea comunal en Aquila. Ambos defensores mantenían una lucha social y legal contra la trasnacional Ternium, que opera la mina.
Aunque se desconoce la finalidad con que fue tomada, se presume que la fotografía fue enviada a los perpetradores. “Esa foto fue captada en la mañana del día en que los desaparecieron. Pensamos que era para los halcones, para que los ubicaran”, señala una fuente cercana al caso que, al igual que otras dos personas consultadas para este trabajo, pidieron no ser nombradas por razones de seguridad.
En la foto se ve al abogado vestido con una camisa de rayas rojas y blancas, y una chamarra negra. Está sentado, desayunando. Al fondo se observa inclinado al profesor nahua, vestido con un pantalón gris, camisa clara y sombrero. Ninguno mira hacia la cámara.
La fotografía, que por el ángulo podría haber sido tomada por una persona sentada frente a Lagunes Gasca, estaba en poder del fiscal especializado en Desaparición de Personas de Colima, Héctor Javier Peña Meza, quien no informó sobre su existencia ni la presentó como prueba para incorporarla a la carpeta de investigación.
La foto del líder nahua y el abogado fue tomada la mañana del día en que desaparecieron, cuando desayunaban en la casa de un comunero. (Especial)
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Al CCRI-CG del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A los pueblos afrodescendientes y originarios del Abya Yala
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A todas las personas del mundo que luchan contra el capitalismo
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
Herman@s Tod@s.
Con fundamento en el artículo 4º constitucional, que establece que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.”; y, tomando en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en julio de 2010, adoptó una resolución histórica que reconoce «el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos»; desde la “Asamblea Nacional por el Agua y la Vida”…
ALERTAMOS, QUE EN CONTRASTE CON ESTAS DECLARACIONES, MÉXICO VIVE UNA CRISIS IRREVERSIBLE DEL AGUA Y, RESPONSABILIZAMOS A CONAGUA, POR SER OMISA Y COMPLICE EN EL DESPOJO Y SAQUEO DEL AGUA A NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES.
Frente a esta grave situación, y como parte de los acuerdos alcanzado en la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, pueblos originarios y comunidades indígenas integrantes del CNI-CIG, así como organizaciones sociales, colectivos, rede e individu@s, anunciamos que el día de hoy 25 de septiembre, arrancamos aquí en la instalaciones de CONAGUA, con una “Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida” para denunciar la explotación, el despojo, la represión y el desprecio de la Cuarta Transformación en contra de quienes defendemos el agua, es decir la vida. Así mismo, para exigir un alto total a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Compañer@s, llamamos a realizar una Acción Dislocada en defensa del Agua y la Vida, frente a las oficinas centrales de CONAGUA, para denunciar:
Que, CONAGUA, en la víspera de cumplir 35 años de su nacimiento, ha dejado 115 acuíferos sobreexplotados de los 653 que existen, 99 de ellos tienen la presencia de alguna empresa, particular o asociación acaparadora. Pero no sólo eso, CONAGUA abre la puerta para un mercado internacional del agua otorgando concesiones a bancos como BBVA que tiene 1.6 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Atemajac cerca de Guadalajara. Banco Azteca, 2.2 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Zona Metropolitana, de la cuenca de México.
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En portada: Monocultivos de pino de la multinacional Arauco en la provincia de Misiones, norte de Argentina. Foto: Greenpeace
Crónica desde la comunidad indígena Puente Quemado 2, que exige la devolución de territorios y que se retire la multinacional Arauco. “El monocultivo de pinos es una tragedia y vamos a luchar para recuperar el monte”, afirma el cacique Mbya. En pleno siglo XXI, no cuentan con agua ni electricidad. La complicidad del Gobierno, la vulneración de derechos y el extractivismo.
La construcción es de madera, de unos diez metros de largo por unos siete de ancho. Color blanco y celeste ya desgastados. Es la escuela de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado 2, a 150 kilómetros de la capital de Misiones. Techo de chapa, un pizarrón verde muy pequeño y media docena de mesas. Todo muy humilde. Y, en pleno siglo XXI, no cuenta con agua potable ni energía eléctrica , pero —eso sí— dice presente un mástil prolijo y alto para que flameen las banderas de Argentina y de Misiones. Como un mal chiste del poder: que no falte el emblema patrio a pesar del mar de necesidades y violación de derechos.
Es viernes a la mañana. Atrás quedaron cinco días de lluvia. Salió el sol y hace “frío” para el clima misionero, unos 15 grados. El punto de partida es Aristóbulo del Valle. La camioneta zigzaguea mientras esquiva charcos de agua y una variedad de pozos que pueden hacer despistar. El “Vasco” Baigorri, comunicador del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y con larga trayectoria con comunidades indígenas, pisa el acelerador, quizá va más rápido de lo conveniente, pero tiene a su favor que conoce los caminos misioneros.
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DIÓCESIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
SIN JUSTICIA NO HABRÁ PAZ
jTatic Samuel
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 23 de septiembre de 2023.
A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL LIBRE Y ALTERNATIVOS
A LAS-LOS PARTICIPANTES DEL DIÁLOGO NACIONAL POR LA PAZ
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD
A LA SOCIEDAD EN GENERAL
CHIAPAS DESGARRADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO
En estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas estamos sufirendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de nuestro trabajo. Los grupos delicuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia.
De frente a esta realidad tan dolorosa, la iglesia promotora de la dignidad de la persona, servidora de la vida del ser humano y defensora de sus derechos, predica su liberación, una liberación que tiene, por encima de todo, el respeto a la dignidad de la persona, la promoción del bien común del pueblo y la trascendencia a que mira ante todo a Dios y sólo de Dios deriva su esperanza y su fortaleza.
Como iglesia diocesana y sociedad civil se ha denunciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales, sin embargo no ha habido respuesta para los pueblos, el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delicuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal.
La omisión del estado de frente a esta realidad mantiene a los pueblos en la incertidumbre total. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en nuestro Estado de Chiapas y que las autoridades correspondientes respondan brindando seguridad al pueblo.
Denunciamos:
– Amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación a la sociedad civil.
– La presión y control social, político y psicológico de diferentes grupos para que el pueblo tomen partido por uno o por otro grupo criminal.
– La manipulación política que se ejerce para brindar atención desde los servicios básicos hasta otros, a los que el pueblo tiene derecho.
– El despojo de sus bienes, fruto de su esfuerzo y su trabajo.
– El desabasto de alimentos, granos básicos y otros enseres, así como la falta de atención médica y medicamentos debido a la continua violencia.
– La falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno a las demandas del pueblo.
– Los reclutamientos forzados, dejando a las familias destrozadas.
– El control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por “derecho de piso” y “de paso (extorsión) violentando los derechos humanos y comunitarios.
– El ingreso de personas armadas en nuestras comunidades y pueblos.
Responsabilizamos de los hechos ocurridos a los tres niveles de gobierno que han hechos caso omiso a las denuncias de la sociedad civil, y exigimos:
– La atención urgente a los casos de violencia e inseguridad que esta destruyendo la vida de nuestros pueblos.
– Atender las denuncias de la sociedad civil, girar y ejecutar de manera inmediata las órdenes de aprehensión de los líderes de estos grupos delicuenciales.
– Que se respeten los centros educativos, libres de violencia.
– Restablecer el orden social sin vulnerar a la sociedad civil.
– Que se haga valer el estado de derecho para nuestros pueblos.
Animamos el corazón de las familias de nuestras comunidades y pueblos que sufren en carne propia esta realidad,, nos unimos y solidarizamos con las víctimas. Que el Espíritu de Dios presente y actuante en el caminar de su pueblo sea nuestra esperanza y fortaleza en estos momentos de crisis y de profundo dolor.
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En portada: Doña Lupe y su nieto recorren un área de su comunidad, El Bosque, donde yacían una escuela y casas. Ahora, solo quedan ruinas debido al avance del mar que amenaza con desaparecer totalmente al poblado pesquero ubicado en las costas de Tabasco. Foto: Aldo Santiago
Los objetivos que han asumido los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas y corporaciones transnacionales, enmarcados en el Acuerdo de París como hoja de ruta a seguir para detener el aumento de la temperatura planetaria a 1.5 grados centígrados (°C) por encima de los niveles preindustriales, no se están cumpliendo advierte Naciones Unidas.
Con el Acuerdo de París se trazó como principal objetivo un proceso de descarbonización de la economía, entendido como la sustitución de los combustibles fósiles por nueva tecnología que emitiera menos gases de efecto invernadero, responsable del cambio climático, según la ONU.
Desde entonces, países y empresas han desarrollado acciones que las han llamado “transición energética” que, llevadas a cabo, deberían limitar, según el acuerdo, el calentamiento global a 1,5 °C, esto implica reducir las emisiones a casi la mitad en 2030 y alcanzar el cero neto en el año 2050.
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas advierte, en su informe 175 de Análisis Económico publicado este mes de septiembre, que no se están alcanzando los objetivos planeados. Incluso, ha proyectado sobre un escenario de temperaturas mundiales de 2 °C, 2,6 °C y hasta 3°C por encima de los niveles preindustriales. En este escenario se avisora una caída de hasta el 18% de la producción mundial de bienes y servicios reflejada en el Producto Interno Bruto munidal (PIB).
En entrevista para Avispa Mídia la ingeniera industrial Beatriz Olivera señala que esa advertencia es preocupante ya que supone que, “el mundo de alguna manera sigue anclado en los combustibles fósiles y es muy probable que no haya cambios en el corto plazo”, por tanto, no se estaría cumpliendo con el Acuerdo de París y tampoco con los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable enmarcados en la Agenda 2030 de la ONU.
Además de la posible caída en la producción mundial de bienes y servicios, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que este contexto podría sumir en la pobreza a 100 millones de personas más de aquí a 2030, si no se adoptan medidas de adaptación al cambio climático y mitigación adecuadas. Aunque en 2019 las cifras ya destacaban un crecimiento de al menos 1300 millones de seres humanos en estas condiciones.
Gente en situación de calle, Sao Paulo Brasil. Foto por Santiago Navarro F.
La ingeniera mexicana, quien participó en una investigación llamada Minerales críticos para la transición energética, arremete diciendo que, “deberíamos estar muy preocupados porque países como el nuestro (México) serán de los más impactados”, advirtiendo que las comunidades más vulnerables de este país ya están sufriendo las consecuencias del aumento del nivel del mar, las sequías, las oleadas de calor y las inundaciones.
El costo de la “transición”
El Banco Mundial (BM) ha advertido que esta “transición” requiere al menos un aumento de casi 500% de más minerales hasta 2050, lo que implica mayor extractivismo en diversas geografías y, con ello, más impactos ambientales y sociales. Esta entidad financiera tiene clasificado al menos 24 tipos de minerales necesarios para el remplazo de la matriz tecnológica de combustibles fósiles a energías renovables, como los complejos de energía solar fotovoltaica y de concentración, eólica, geotérmica e hidroeléctrica.
Sin embargo, solamente los complejos eólicos, además de grandes cantidades de concreto, “1,200 toneladas por cada aerogenerador de 3 mega watts”, según la ingeniera Olivera, también requiere al menos 14 tipos de minerales como Aluminio, Bauxita, Bario, Boro, Cobalto, Tierras Raras, Cobre, Plomo, Níquel, Zinc, entre otros.
Bauxita es la materia prima para la producción de aluminio. Brasil es el cuarto mayor productor de bauxita del mundo y es en la Amazonía donde se encuentra el 75% de las reservas nacionales.
La tecnología solar ocupa casi los mismos minerales, además, del Cadmio, Estaño, Galio Germanio, Indio, Manganeso, Molibdeno, Plata, Selenio, Silicio y Telurio. Un total de 17 tipos de metales.
“Uno de los minerales que va a tener mayor demanda, a medida que se acelere la transición, será el cobre, el litio, grafito y cobalto. El litio es para las baterías de los automóviles. De manera que no se puede dejar de pensar en estos minerales cuando se habla de transición energética”, puntualiza la investigadora Olivera.
El BM estima que la demanda de estos minerales se disparará conforme avanza el cambio de matriz tecnología. La demanda del litio aumentará en un 488% y casi de forma similar el grafito ascenderá a 494%, mientras que el cobalto en 460%, según los datos de esta instancia financiera.
¿Quién pierde y quién gana?
Por su parte, a las grandes corporaciones y a las principales económicas del mundo, lo que más les preocupa es la disminución del crecimiento económico mundial. Se justifica acelerar la inversión en energías renovables para que se mantenga el ritmo de crecimiento de la economía.
El pasado mes de junio, los integrantes de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, alianza militar de países de Europa y Norteamérica), debatieron diversos temas, entre ellos, los llamados “minerales críticos y tierras raras” que requiere la “transición energética”. Certeramente pusieron especial atención en el cobre, litio, níquel y cobalto, resaltando que su demanda “ya es muy elevada y aumentará a medida que avance” el reemplazo tecnológico, advierten.
Bolivia posee reservas estratégicas de níquel en el cordón amazónico.
Además, la OTAN destaca que la demanda no necesariamente está cubierta, es decir, hay escasez, por eso son considerados críticos. En todo caso, “si no se produce un cambio sustancial en la oferta, los precios de estas materias primas preciosas se dispararán, y los países podrían tener que tomar decisiones difíciles sobre si destinar estos insumos al sector de la energía sostenible o al de la defensa”, reza el documento publicado en julio pasado.
Siguiendo estos mismos lineamientos, la ONU hace hincapié, “por encima de todo, la transición energética es esencial para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, y que, con ello, se espera que “cambie la estructura del comercio internacional y los flujos de capital”.
El bloque de la OTAN tiene claro que los países que controlen estos suministros “adquirirán probablemente una enorme influencia en el mercado y, presumiblemente, también diplomática”, haciendo alusión que tienen un gran desafío por delante, que es China. Este país asiático, en 2022, figuró como el principal productor de tierras raras cubriendo el 70% del mercado, seguida de Estados Unidos, Australia, Myanmar y Tailandia, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
La investigadora Olivera argumenta que no hay que esperar que las soluciones provengan siempre de las élites, sino que debemos de tomar partido en el asunto y buscar soluciones desde abajo, como las cooperativas o redes de solidaridad.
Por eso es importante “que nosotros no hablemos de transición energética sino de transformación, porque tenemos que reinventar, reconfigurar la nueva manera de producir y de generar energía; es posible, pero nos falta creatividad”, dice la ingeniera.
Protesta contra la explotación de litio en la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, Argentina.
Olivera considera que esta llamada “transición” es lo más próximo a una mera sustitución de tecnológica. “Quienes perdemos somos las poblaciones, los países, la gente que está en los territorios donde se van a extraer estos minerales. Gana un puñado de élites. Así como las personas que van a poder acceder a un auto eléctrico (…), y pues las empresas, las mismas de energía renovable”, que serán las que delimiten los márgenes del nuevo mercado.
Para los miembros de la OTAN, el objetivo es claro, “con el tiempo, las industrias energéticas sostenibles repartirán el mercado y el poder político de formas diferentes y a veces inesperadas. Los países productores de los minerales críticos necesarios para la producción de baterías y la generación eléctrica adquirirán nuevas fuentes de riqueza e influencia”, reza el documento derivado de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
Tras esta reconfiguración de una nueva división internacional del trabajo definida a partir de esta “transición”, hay países y empresas que serán beneficiados y hay quienes seguirán sufriendo las externalidades negativas de esta nueva oleada. “Es un modelo injusto y muy poco democrático que va a apuntar a profundizar desigualdades que de por sí ya existen en los países. Creando incluso, lo que algunos están llamando como zonas de sacrificio, lugares donde se extraen tierras raras, cobalto, etc.”, resalta Olivera.
Para Olivera estas llamadas zonas de sacrificio, “se van a profundizar en aras de un desarrollo sustentable o más limpio, creando otras zonas que serán las beneficiadas, lo que es totalmente injusto”, por ello, arremete la investigadora, “es urgente pensar alternativas desde abajo”.
