militarización
(Español) Perú | Líderes indígenas entre persecución política y amenazas de narcotráfico
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Pardo
En portada: Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene
El proceso contra el indígena asháninka Ángel Pedro Valerio por un caso de desaparición de personas en Perú, en base a testimonios anónimos, es un peligroso precedente para los defensores de territorios que se enfrentan al narcotráfico.
El investigado es presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care), organización que representa a 19 comunidades nativas, 25 anexos, dos pueblos en aislamiento y dos en contacto inicial, en la Amazonía peruana.
A inicios de septiembre, el Poder Judicial notificó al dirigente que se le imputa haber participado en los hechos ocurridos entre el 14 y 15 de abril en el distrito Río Tambo (región Junín), durante un paro en protesta por el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón a manos del crimen organizado.
La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la policía pidió al Ministerio Público declarar en reserva la investigación, sostenida por declaraciones de tres supuestos testigos oculares que señalan a Ángel Pedro Valerio en la retención de los hasta hoy cuatro desaparecidos.
De esta forma, el órgano policial y la fiscalía evitaron que se le informara sobre la investigación al imputado hasta la proximidad de la orden de captura. El montaje se descubrió al demostrarse que los días en que los testigos lo ubican en el escenario del delito el dirigente participó en el Congreso Ordinario Asháninka, celebrado a 12 horas del lugar. Hay videos y testigos que lo confirman.
“La Dirincri creó la figura del testigo protegido, (pero) la fiscalía tiene la obligación de informar de la investigación, no emitir directamente una orden de detención. Es grave, estamos en situación de que a cualquier persona la declaren testigo protegido y solo basta su testimonio para limitar derechos, como la detención preliminar. Se pueden crear testigos. Vemos que pasan de defensores a investigados, este es el caso más fuerte, pero no el único, hay otras autoridades o jefes que denunciaban tala, deforestación y ahora los acusan de ello”, señaló a Avispa Mídia Irupé Cañari, abogada del dirigente indígena.
Además, para la defensa de Ángel Pedro Valerio, llama la atención que entre los ocho acusados se incluya a dos dirigentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuando la protesta fue convocada por líderes de comunidades fuera de esta zona.
De momento se le retiró la orden de detención preliminar, pero no se le excluyó del proceso.
Avance de la coca
El avance de los cultivos de coca en territorios ancestrales de la etnia asháninka crece en los últimos años. Como resultado, al menos 20 dirigentes de la Care se encuentran bajo amenazas de las mafias de tráfico de drogas y tala ilegal. Las comunidades que conforman la organización se localizan dentro del Vraem, zona declarada en emergencia, desde 2008, por la actividad del narcotráfico en alianza con remanentes de Sendero Luminoso.
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“Desde hace muchos años luchamos contra el narcotráfico, el cultivo ilegal. Denunciamos cuando hay invasiones en territorios comunales, pero no vemos respuestas inmediatas. La semana pasada el Ejército y la Marina ingresaron a las comunidades, por primera vez, pidieron firmar documentos en blanco. Como pueblo, es una criminalización. Queremos que lo excluyan definitivamente de la investigación”, declaró para Avispa Mídia Janet Velasco, integrante del consejo directivo de la Care.
“El narcotráfico se ha agudizado, tiene como fachada a cocaleros pobres, es la fachada. Se ha visto un crecimiento del cultivo de la coca que vulnera territorios indígenas. El narcotráfico y los cocaleros con influencia en el Estado aprovechan estas desapariciones para evitar la erradicación (del cultivo ilegal)”, considera la defensa del líder asháninka.
Herramientas legales
Un inminente nuevo instrumento legal para intimidar, estigmatizar y judicializar a la población será la Policía del Orden y Seguridad. El Congreso aprobaría antes de fin de año la propuesta del Ministerio del Interior (Mininter) de implementar una nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), integrada por agentes con solo un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo al Mininter, el cuerpo policial brindará “servicio de prevención de la delincuencia y de proximidad para la convivencia pacífica”.
Desde diciembre de 2022, policías y soldados asesinaron a 50 personas durante protestas en regiones de mayorías quechuas y aymaras. En las últimas marchas masivas contra el gobierno, en julio, se siguió utilizando policías de civil para detener a manifestantes y se sumaron las denuncias de torturas.
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Ante estas formas habituales, los colectivos reunidos en el Comité Nacional Unificado de Lucha advierten que se busca la formación de un escuadrón militarizado, con fines políticos.
Los modelos citados por la cúpula de las fuerzas de seguridad del Perú son la Esmad de Colombia y los casos recientes de Chile y Francia, donde se registran cientos de asesinatos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos. La brutalidad policial en los estallidos sociales de los últimos años en estos países es el ejemplo “exitoso”.
El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, sostiene que la Policía del Orden reforzará la seguridad en zonas rurales. Eso se traduce, para pueblos y colectivos, en más violencia racial aplicada con letalidad en territorios de poblaciones originarias y campesinas. Como ejemplo, la represión estatal contra las manifestaciones massivas en los últimos meses cuenta con 49 víctimas en localidades andinas y una en la capital, Lima.
La violencia racista también se reproduce en los discursos públicos, en la cabida a mensajes de odio en medios de comunicación locales, lo que fue denunciado este mes ante el Ministerio de Cultura por parte de la organización asháninka, sin respuestas relevantes.
Desde el Estado, además, se pretende criminalizar y censurar a la prensa, con un proyecto de ley que considera como instigadores de disturbios a periodistas que informen sobre convocatorias de protestas. El Ejecutivo propone modificar el Código Penal para incluir en este delito a “comunicadores que utilizando medios de comunicación han convocado a marchas, incluso incitando la violencia”. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen, que pasará a votación definitiva.
(Español) CIPOG-EZ denuncia desaparición y asesinato de la compañera Albertha Santos Tomás y el compañero José Juan Hernández Fiscaleño
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Misión Civil de Observación Sexta
A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que
nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
A los medios de Comunicación y
Al pueblo en general
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno, Misión Civil de Sexta, a la Europa Insumisa, medios libres e independientes, al pueblo de Guerrero y a todo el pueblo México: NOS SIGUEN DESPARECIENDO y ASESINANDO.
El día 26 de septiembre de 2023, la compañera ALBERTHA SANTOS TOMAS y el compañero JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ FISCALEÑO, ambos de la Comunidad de Alcozacán, se encontraban de visita en la comunidad de San Jerónimo Palantla, en el Municipio de Chilapa de Álvarez, salieron de dicha comunidad rumbo a Alcozacán en una moto color gris, pero fueron DESAPARECIDOS y ASESINADOS el 27 de septiembre; sus cuerpos fueron encontrados en el lugar conocido como la Tranca en el corral a la entrada de San Jerónimo Palantla en el Municipio de Chilapa de Álvarez.
BONIFACIO XOCHITEMPA TLALXINTLI, de la comunidad de Xochitempa en la montaña baja de Guerrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez, fue ASESINADO extrajudicialmente en la cabecera municipal el día 12 de septiembre del presente año, por hombres armados, en la base de trasporte público con destino a Alcozacán.
ESTEBAN XOCHITEMPA TEPEXCO y su hijo JUAN XOCHITEMPA MACARIO de 16 años, ambos de la comunidad de Xochitempa, de la montaña baja de Guerrero, son ASESINADOS EXTRAJUDICIALMENTE, el día 13 de agosto del presente año en la gasolinera del municipio de Chilapa.
Por los hechos ocurridos RESPONSABILIZAMOS A CONSTANTINO CALVARIO CAMERINO, EFRAIN TORRES FIERRO y CLEMENCIA GUEVARA TEJEDOR, integrantes del Frente de Defensa Popular- Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, actualmente pertenecientes al partido político MORENA, líderes de la Comunidad de San Jerónimo Palantla y que hoy en día trabajan para el grupo delincuencial “LOS ARDILLOS” DENUNCIAMOS QUE ESTAS PERSONAS SE VICULARON HACE UNOS AÑOS CON EL GRUPO DELINCUENCIAL “LOS ROJOS”, hasta la detención de su líder, AHORA TRABAJAN CON “LOS ARDILLOS”, entregan a nuestros compañeros a manos de la delincuencia organizada, se benefician a sí mismos dando una imagen de organización popular, cuando la realidad es que con sus acciones terminan siendo parte de los grupos narco-paramilitares.
LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD, para EXIGIR QUE SE DETENGAN LOS CRIMENES EN CONTRA DE NUESTRAS COMUNIDADES, se está perpetrando un GGENOCIDIO por el hecho de resistir a este sistema capitalista. El Gobierno Federal, Estatal y Municipal sabe de estos crímenes, pero lo invisibiliza, lo niega y tiene el descaro de decir que en Guerrero primero los pobres.
Es URGENTE organizarnos para frenar todos estos delitos cometidos en nuestra contra, el Gobierno es incapaz de dar una solución a la violencia que se vive día a día en Guerrero, ellos saben y saben bien donde se encuentra el máximo líder de “LOS ARDILLOS” CELSO ORTEGA JIMENEZ, quien tiene encuentro privados con la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez.
“EXIGIMOS ALTO TOTAL A LAS DESAPARICIONES Y ASESINATOS A LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS QUE CONFORMAMOS EL CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ)».
“JUSTICIA POR NUESTROS COMPAÑEROS ASESINADOS EN LA CIUDAD DE CHILAPA” “LIBERACIÓN DE NUESTRO COMPAÑERO GODOFREDO CORTEZ REYES SENTENCIADO POR UN DELITO FABRICADO POR LA FISCALÍA Y EL GOBIERNO ESTATAL” EXIGIMOS JUSTICIA PARA NUESTROS MUERTOS, DESAPARECIDOS Y RETENIDOS INJUSTAMENTE.
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!
¡VIVAN LOS PUEBLOS INDIGENAS!
¡VIVA EL CONSEJO NACIONAL INDIGENA!
¡VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL!
ATENTAMENTE
Concejo Indígena Y Popular De Guerrero Emiliano Zapata CIPOG-EZ
