Radio Zapatista

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• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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La militarización de Chiapas se da en el contexto de una apuesta del Estado mexicano por el paradigma de la guerra. El Frayba ha documentando hostigamientos en contra de pueblos que construyen autonomía y defienden su derecho al territorio. En esta región históricamente el Ejército mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.

The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons details how the Bank’s prescribes reforms, via a new land indicator in the Enabling the Business of Agriculture (EBA) project, promotes large-scale land acquisitions and the expansion of agribusinesses in the developing world. This new indicator is now a key element of the larger EBA project, which dictates pro-business reforms that governments should conduct in the agricultural sector. Initiated as a pilot in 38 countries in 2017, the land indicator is expected to be expanded to 80 countries in 2019. The project is funded by the US and UK governments and the Bill and Melinda Gates Foundation.

The EBA’s main recommendations to governments include formalizing private property rights, easing the sale and lease of land for commercial use, systematizing the sale of public land by auction to the highest bidder, and improving procedures for expropriation. Countries are scored on how well they implement the Bank’s policy advice. The scores then help determine the volume of aid money and foreign investment they receive.

Amidst myriad flaws detailed in the report is the Bank’s prescription to developing countries’ governments, particularly in Africa, to transfer public lands with “potential economic value” to private, commercial use, so that the land can be put to its supposed “best use.” Claiming that low-income countries do not manage public land in an effective manner, the Bank pushes for the privatization of public land as the way forward. This ignores the fact that millions of rural poor live and work on these lands, which are essential for their livelihoods while representing ancestral assets with deep social and cultural significance.

The Highest Bidder Takes It All is released as part of the Our Land Our Business campaign, made up of 280 organizations worldwide, demanding an end to the Enabling Business of Agriculture program.

Download PDF (size: 4.23 MB) The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons Download PDF (size: 0.91 MB) The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons (low res) Additional Languages: Vendre les terres au plus offrant: Le plan de la Banque mondiale pour privatiser les biens communs

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Fuente: Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

San Cristóbal de las Casas, 6 de mayo de 2019

Inicio de la huelga de hambre

El pasado 15 de marzo del presente año, 6 compañeros recluidos en diferentes penales del Estado de Chiapas anuncian el inicio de una huelga de hambre en exigencia de justicia y su libertad inmediata e incondicional.

Sus nombres son: Adrían Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruíz recluidos en el CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas pertenecientes a la organización La Voz de Indígenas en Resistencia; Abraham López Montejo y Germán López Montejo recluidos en el CERSS nº 14 de Cintalapa de Figueroa pertenecientes a la organización La Voz Verdadera del Amate; Marcelino Ruíz Gómez y Baldemar Gómez Hernández recluidos en el CERSS nº 10 de Comitán de Domínguez pertenecientes a la organización Viniketik en Resistencia.

En los días posteriores a esta acción légitima de expresión de resistencia en la lucha por su libertad, otros compañeros presos se sumaron a este acto declarándose presos en lucha. Es decir, apoyando, difundiendo y siendo parte activa de esta actuación dentro de sus propios centros de internamiento. A alguos de ellos, debido a sus condiciones de salud o aislamiento, les era imposible realizar una acción tan extrema como esta, ya que eso suponía un grave riesgo a su vida e integridad en un muy breve periodo de tiempo.

A los tres días del inicio de la huelga de hambre, siete personas más recluidas en el CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas, pertenecientes a la organización Solidarios de la Voz del Amate, deciden emprender una huelga de hambre indefinida en solidaridad con la que iniciaron los 6 compañeros anteriomente mencionados, y también con la exigencia de su libertad.

Demandas implícitas a la huelga de hambre

Desde esa fecha ellos, sus familiares y amigxs, personas ex_presas y diferentes organizaciones sociales y de Derechos Humanos no han cesado en el desarrollo de actividades de difusión, acompañamiento y denuncia, sumándose a las mismas exigencias de esta lucha por su libertad y por la libertad.

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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A la sexta nacional e internacional
A las redes de resistencia y rebeldía
A las redes de apoyo al CIG

Territorio Comunitario, Guerrero, 7 de Mayo de 2019

El CIPOG-EZ es la casa de los pueblos Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué y Afromexicanos del estado de Guerrero. Reconocemos nuestra historia reciente desde 1992 cuando comenzamos a luchar por nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, constituimos el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia que creció con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se articuló con el Congreso Nacional Indígena. Así llegamos hasta el 2001, luchando para que los Derechos y la Cultura indígena fueran reconocidos en la constitución, pero ningún partido, ningún político profesional quiso frenar la guerra de exterminio que aún continua.

En la Costa Montaña de Guerrero nuestras comunidades llevaron a la práctica nuevas formas de gobierno comunitario, constituyendo sus propias instituciones. Nació la Policía Comunitaria en 1995 y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en 1998. Así se demostró que entre las montañas, entre la miseria y la represión en la que nos han tenido sumidos, los pueblos somos capaces de recuperar la paz y la tranquilidad. Estos modos de organización y de gobierno tampoco fueron inventados, vienen de cinco siglos de resistencia indígena y de nuestras experiencias como pueblos.

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COMMUNIQUE FROM THE CNI-CIG AND THE EZLN ON THE COWARDLY KIDNAPPING AND MURDER OF COMPAÑEROS FROM THE EMILIANO ZAPATA POPULAR INDIGENOUS COUNCIL OF GUERRERO

The National Indigenous Congress [CNI], the Indigenous Governing Council [CIG], and the Zapatista Army for National Liberation [EZLN] condemn with pain and rage the kidnapping and murders of José Lucio Bartolo Faustino, CIG council member from the Nahua indigenous community of Xicotlán, and Modesto Verales Sebastián, delegate of the National Indigenous Congress from the Nahua indigenous community of Buenavista. Both were part of the Emiliano Zapata Popular Indigenous Council of Guerrero [CIPOG-EZ], which is a member organization of the CNI-CIG. This crime was carried out by narco-paramilitary groups who operate in the municipality of Chilapa de Álvarez and who are protected by the Mexican Army as well as by municipal and state police.

At 3pm yesterday, May 4, our compañeros were attending a meeting with other members of the CIPOG-EZ in Chilpancingo, Guerrero. On their way back to their communities they were kidnapped and murdered by these narco-paramilitary groups which operate with total complicity and protection from all three levels of the bad government, which pretend to address the indigenous communities’ demands for security and justice. The indigenous communities have repeatedly denounced to the federal government the impunity with which the criminal Celso Ortega wages violence against them. It is important to mention that our murdered compañeros and their communities have for years been organizing their own Community Police in order to resist the violence, extortion, and poppy cultivation imposed by two criminal groups in the area, Los Ardillos and Los Rojos. These two groups control municipal presidencies across the region and are protected by the Mexican army and the municipal and state police. At one point they even managed to get one of their leaders named president of the Guerrero State Congress.

We hold all three levels of bad government responsible for this cowardly crime as they have been complicit in repressing our peoples’ organization in defense of their territories. We also hold the bad government responsible for the safety and security of our brothers and sisters of the CIPOG-EZ.

As the National Indigenous Congress-Indigenous Governing Council and the Zapatista Army for National Liberation, we send our collective embrace and solidarity to the family members and compañeros of José Lucio Bartolo Faustino and Modesto Verales Sebastián, and we share with them our commitment to continue this path of autonomy and dignity for which our fallen compañeros provide a light and an example.

We denounce the intensification of neoliberal repression against the originary peoples, nations, and tribes who do not consent to these projects of death in Guerrero and in all of Mexico, nor to the violence which is used to impose these projects and to repress, kidnap, disappear, and murder those of us who have decided to sow a new world from the indigenous geographies that we are.

We demand justice for our compañeros.

Attentively
May 2019

For the Full Reconstitution of Our Peoples
Never Again a Mexico Without Us

National Indigenous Congress
Indigenous Governing Council
Zapatista Army for National Liberation

 
Source: Enlace Zapatista

The National Indigenous Congress (CNI) and its Indigenous Governing Council (CIG) denounced yesterday the forceful disappearance of Nahua CIG councilmember José lucio Bartolo Faustino and CNI delegate Modesto Verales Sebastián in the state of Guerrero. Both had traveled to the city of Chilpancingo to attend a meeting with other members of CIPOG-EZ, organization to which both of them belong. On their way back to their community, they were ambushed and kidnapped. The CNI reports that the vehicle in which they traveled was found with gun shots and that they are currently organizing search brigades. They also report that in recent times the communities that elected them have been under attack by criminal organizations tollerated by the municipal, state, and federal governments.

On April 26 and 27, the Encounter 25 Years of Zapatismo, Across Time & Space took place at California State University Los Angeles. The encounter brought together activists, scholars, militants, and members of organizations and collectives in the US who have been struggling for autonomy, justice and dignity in the country, many of them inspired by the Zapatista uprising. Also present were councilmembers of the Indigenous Governing Council and, via the internet, the intellectuals Raúl Zibechi and Gustavo Esteva and other Mexican activists and journalists, who analyzed the current situation experienced in that country and the organization of resistance and rebellion.

Since the Zapatista uprising on January 1, 1994, and especially after the Chican@-Zapatista Encounter in August 1997, zapatismo has inspired a large number of collectives and organizations in the US, especially of Chicanos, migrants, and people of color in general, who have adopted Zapatista forms of struggle to resist state violence, racism and repression against people of color, the prison industrial complex, gentrification and the systematic displacement of those from below, labor exploitation, deportations, raids, and much more. Thus, during these 25 years there have emerged artistic groups (see for example our documentary on the Chicano-Zapatista musical movement, Rhythms of Zapata), autonomous experiences of food sovereignty, community spaces, independent media collectives, groups of scholars proposing other epistemologies, self-defense organizations, exchanges and youth delegations to Chiapas, women’s groups, etc.

This encounter was therefore an opportunity to exchange experiences and connect struggles, while reflecting on the changes in Zapatismo in these 25 years, the civilizational crisis we face, and the situation for the peoples under the current Mexican administration.

Of fundamental importance was the participation of the councilmembers Betina Cruz Velázquez and Fortino Domínguez Rueda, of the National Indigenous Congress / Indigenous Governing Council (CNI-CIG). From his perspective as a member of the Zoque people, Fortino led us on a voyage through the history of the CNI up to the creation of the CIG and its relevance for indigenous peoples in Mexico and the world, in the context of the destruction caused by the current phase of capitalism. Betina Cruz in turn undertook a decisive and carefully documented analysis of this destruction, now led by the government of Andrés Manuel López Obrador and his so-called “fourth transformation.”

This was complemented by the analyses by Raúl Zibechi and Gustavo Esteva, who discussed the relevance of zapatismo for Latin American social movements (or societies in movement, as Zibechi proposes) and, again, the threat that the current Mexican government represents for indigenous peoples and for the construction of Zapatista autonomy. Also via the internet, from Mexico, the activists María Laura Orozco and Evangelina Ceja and the journalist Arturo de Dios analyzed the use of forced disappearance as a tool of the state, based on specific cases. And a member of the Radio Zapatista collective explained what the Zapatistas understand by the “storm” and the civilizational crisis underway.

From the standpoint of education, the influence of the Zapatista uprising on universities in the US was discussed, as well as the contributions of Zapatista education toward a decolonial and deschooling thought in that country. The topics of borders, identities, nations, and states oriented several roundtables, as well as patriarchy, feminism, and queer subversion. Former members of the now extinct organization Estación Libre shared the experience of their efforts to connect the struggles of people of color in the US and the ideas and practices of zapatismo. Food justice was present in the discussion of various autonomous experiences in food sovereignty in California, such as the South Central Farm, Zapotepec, and the Oxnard Heirloom Seed Library.

The Encounter also included a film festival, an art exhibit, a poetry recital, an evening of CompArte at the Floricanto Center, and a festive fandango at the Chicano organizational and cultural space Eastside Café.

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• A 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se intensifica la estrategia contrainsurgente a Pueblos Originarios BAEZLN.

A 5 años de la impune ejecución extrajudicial de José Luis Solís López,(1) maestro Galeano, durante una agresión al proyecto autónomo zapatista, en la comunidad de La Realidad, el Estado mexicano reafirma su apuesta por la guerra en una región donde Pueblos Originarios construyen Vida Digna.

Desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) especialmente en la región de la Selva Lacandona,(2) como parte de la continuación de la estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas, México.

El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registró que desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes.(3)

Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población: «Se observó que los vehículos militares muchas veces pasan a alta velocidad por las comunidades, sin preocuparse de personas, niñas y niños o animales en el camino».

Además en lo que va del presente año, el Frayba registró dos actos de espionaje en contra de las BriCo, en el campamento de observación internacional ubicado en La Realidad. Esta acción vulnera la integridad y seguridad personal de quienes realizan monitoreo de violaciones de derechos humanos en la región y cuya labor se fundamenta en la Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, de la Organización de Las Naciones Unidas.

El Frayba constata con los datos recabados por las BriCo la denuncia que publicó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en su comunicado del pasado 10 de abril: «En nuestras montañas y valles ha aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar, y de espías, orejas e informantes. Han reaparecido los sobrevuelos de aviones y helicópteros militares, así como de vehículos artillados (4)».

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El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno denunciaron que el pasado 25 y 27 de abril un grupo de personas fuertemente armado irrumpieorn en la comunidad Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, agrediendo a uno de los delegados del CNI de esa comunidad. Según la denuncia del CNI-CIG, el grupo está liderado por Artemio Álvaro Vázquez, autoproclamado dueño de las tierras de la comunidad, e incluye autoridades de la comunidad de Tioquipá El Bascán y otras 86 personas, convencidas por medio de promesas de regalo de tierras.

A continuación, la denuncia del CNI-CIG.

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