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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; 24 de julio de 2013

Boletín No. 18

Retardo injustificado en la liberación de 3 personas detenidas

por autoridades del ejido Puebla

El día de ayer, 23 de abril de 2013, a las 23:45 hrs. fueron puestos en libertad, bajo la figura jurídica de Reservas de Ley, las dos Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional Mariano Méndez (en adelante Mariano), Luciano Méndez (en adelante Luciano) y el Sr. Juan López (en adelante Juan) todos privados arbitrariamente de su libertad el día 20 de julio de 2013. Durante  las investigaciones judiciales se retardó de manera injustificada la integración y determinación de la averiguación previa.

En la detención en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, Mariano, Luciano y Juan estuvieron encerrados, aproximadamente 67 horas en condición de insalubridad, sin recibir alimentos, además en la investigación judicial hubo retraso injustificado, por parte de la fiscal del Ministerio Público, en la recepción y desahogo de las diligencias de las pruebas a favor de las personas detenidas.

Por otra parte, referimos nuevos datos, recabados por este Centro de Derechos Humanos, sobre los hechos del 20 de julio de 2013 en el ejido Puebla:

[…] a las 8:30 de la noche, cuando estaba en mi casa comiendo, llegó un grupo de personas de la colonia Puebla que están con las autoridades ejidales. Ellos me dieron golpes con puño en la cara, en la espalda y en la panza, además me lastimaron el hombro, luego me llevaron a la cancha de basquetbol donde se encontraban Mariano y Luciano y ahí me amarraron.

Otro testimonio menciona:

Se juntó toda la gente, nos amenazaban con rociar de gasolina, y ellos eran Agustín Cruz Gómez, Comisariado Ejidal; Juan Arias Gutiérrez; Juan Gutiérrez Arias; Alonso Jiménez López Comisariado Ejidal en el 1997; Antonio Hernández Gómez, autoridad en el 1997; Antonio Gutiérrez Méndez; Alejandro Gutiérrez Cruz, Mario Hernández Cruz; Javier Hernández Cruz, Javier Cruz López, patronato de obras; Gustavo Entzin Cruz, Lorenzo Gómez Gómez; estos vemos que estaban involucrados en los hechos de la Masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997.

Los testimonios de las personas entrevistadas, manifestaron temor por lo que está sucediendo en la región de los Altos, revelan que la situación de violencia ha venido empeorando después de las liberaciones de los responsables materiales de la Masacre de Acteal, las cuales fueron otorgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anteriormente expuesto este Centro de Derechos Humanos manifiesta su preocupación y alerta, reiterando de manera urgente se atienda la situación de violencia, ya que ha provocado violaciones a los derechos: a la libertad, a la integridad y seguridad personal, entre otros derechos humanos, que están incluidos en convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, por lo que insta a los tres niveles de gobierno su respeto y aplicación.

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México, D.F., 18 de julio de 2013

CON TRAGEDIA, TRAS TRAGEDIA, LLEGAMOS AL GENOCIDIO

Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador de Veracruz
Dr. Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Cámara de Senadores
Lic. Francisco Arroyo Vieyra
Presidente de la Cámara de Diputados
Lic. Miguel Angel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Lic. Jesús Murillo Karam
Procurador General de la República
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Al pueblo mexicano

El miércoles 17 de julio de 2013, se suscitó un nuevo atentado contra la población migrante que transita por México en el tren de carga. Este crimen se dio en el tramo de las comunidades de Popotla y Tlacuilolapan, Veracruz. Un joven migrante hondureño fue asesinado por herida de arma de fuego y uno más resultó herido por negarse a “pagar la cuota” que imponen grupos de la delincuencia organizada para poder dejarlos transitar en su travesía hacia el norte.
La noticia es una más de las tantas que se suman a los delitos que un sin número de veces hemos denunciado tanto los/as migrantes, como los/as defensores de derechos humanos de ésta población y del estado.

El famoso cobro de piso o extorsión, el secuestro, la amenaza de “sino pagan lo arrojan del tren”, son el pan nuestro de cada día para la población y en consecuencia para los más vulnerables entre los vulnerables como son los/as migrantes. La delincuencia organizada equipada con armas de grueso calibre domina de facto estas rutas ya de por sí tan violentadas por ellos/as.

Han pasado apenas tres meses desde aquél otro incidente en Cosoleacaque, en donde al menos 10 centroamericanos fueron arrojados del tren en movimiento por negarse a “pagar la cuota”, aquél percance que conllevó a que el gobierno del Estado de Veracruz con bombo y platillo anunciara un trabajo en conjunto con las autoridades federales, un compromiso por cuidar, proteger y salvaguardar la vida de éstas personas, que por mandato constitucional tiene la obligación de hacerlo, hoy se ve diluido ante hechos como este; como siempre, notas que hablaban de estrategias, de compromisos, etc., que sólo nos dejan ver, que todo eso ha sido mera fotografía.

Nos preguntamos como sociedad, como migrantes, como defensores/as de derechos humanos si el límite de personas migrantes muertas no ha sido completado, porque no existe otra explicación a tanta muerte y sangre derramada en México.

Todavía tendremos que ver morir y seguir gritando y denunciando lo que día a día acontece y donde nuestra única razón es que actúen y cumplan con su deber en apego a la ley y en aras de la justicia, que hagan algo para que este genocidio migratorio pare y dejen de seguir matando personas.

Exigimos que respondan a sus atribuciones y actúen en consecuencia para combatir las actividades criminales de estos grupos organizados que ya actúan a cualquier hora del día y en cualquier lugar; porque, reconocen que la autoridad no los persigue y en consecuencia los vuelve cómplices por acción u omisión ante tales atrocidades.

Ya no podemos esperar más, pactos van, pactos vienen, reforzamientos de obligaciones a las instituciones defensoras de derechos van, igual las políticas y estrategias de un México en paz y la realidad poco cambia…..ahora qué nos dirán….cómo responderán internacionalmente por un muerto extranjero que nuevamente pasará a ser un número más de los tantos que ya engrosan la cuenta en los saldos a deber de quienes tienen la obligación de garantizar la paz y la justicia. Es mito que la captura de líderes de cárteles cambien la crueldad que vivimos, la violencia hacia las personas migrantes es latente.

No es sólo con buenos escritos que las cosas cambiarán, necesitamos que se tomen políticas integrales, de libre tránsito y ordenado para ésta población, de promoción y desarrollo nacional, regional y global, que se investiguen las denuncias, que se aplique la inteligencia para detener a estos grupos criminales y a las autoridades cómplices que los permiten.
Necesitamos un verdadero compromiso y una vocación por proteger, cuidar y defender la vida de cualquier persona que está en territorio mexicano sin importar su status migratorio. La confianza no se compra con palabras sentidas o campañas políticas emotivas, sino con la garantía de que la justicia sea plena e integral para cualquier ser humano sin distinción.

Hoy nos lastima a todos los mexicanos esta agresión, pero nos duele de igual manera ver la opacidad y el trato que el gobierno local y federal le da a este tipo de situaciones, la indiferencia también vuelve cómplices a quien desde la responsabilidad de hacer guardar la ley y procurar la justicia hace caso omiso de hechos como este. Pedimos justicia, pero más aún exigimos acción permanente y comprometida en garantizar la seguridad de todos los que habitamos en el país, ese es su mandato, para ello fueron electos.

BASTA YA, NUNCA MÁS
ATENTAMENTE LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES

Comedor san José de Huehuetoca, Casa del Migrante Hermanos en el Camino, Colectivo Ustedes Somos Nosotros, Javier García, Las Patronas, Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, Alianza Mexicana por Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Carlos Bartolo, Km Migrante, Movimiento de Teólogas Anabautistas, Centro comunitario de atención al migrante y necesitado (CCAMYN), Salud Integral para la Mujer AC, Centro de Orientación del Migrante (COMI), Asociación Justapaz (Colombia), Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, Inc (AMEXCAN), Red de Veracruzanos en Carolina del Norte- Eastern North Carolina Latin-American Coalition (ENCLACO), Red de Mexicanos en Carolina del Norte, Nosotras somos tu voz, INSYDE, Hermanas del Servicio Social por una sociedad más justa, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Casa del migrante Nazareth AC (Tamps), Asamblea popular de familias migrantes, Mayra Irasema Terrones Medina, estudiante posgrado de sociología del Instituto Alfonso Velez Pliego BUAP, Lucero Mendizábal, educadora y periodista social, Eloy Rivas (Mexicanos Unidos por la Regularización, Cánada), Lucy Figueroa (consultora PREVENIR GLZ), Claudia Dary (USAC-Guatemala), Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el Camino”, Denis Mata, Pastoral Social de la diócesis de Matehuala, Comisión de la Pastoral de Migrantes y Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México, Casanicólas Casa del Migrante.

Foro Migraciones: Caridad Sin Fronteras AC, Carmen Fernández, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, Centro de Atención al Migrante (EXODUS), Centro de los Derechos del Migrante Inc., Centro de Derechos Humanos del Migrante AC, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, Centro de Reintegración Familiar de Menores Migrantes (Albergue del Desierto), Comité de Derechos Humanos de Tabasco AC, Estancia del Migrante González y Martínez, AC, FM4 Paso Libre, Frontera con Justicia AC (Casa del Migrante de Saltillo), Fundación Comunitaria del Bajío, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho AC, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación AC, Gisele Bonnici, Gustavo López Castro, Hugo Ángeles, INCIDE Social AC, Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración AC, Instituto para las Mujeres en la Migración AC, ITESO – Programa de Asuntos Migratorios, José Ascensión Moreno Mena, Karina Arias, La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, Manuel Ángel Castillo, Marcela Ibarra Mateos, Martha Rojas, Ofelia Woo Morales, Por la Superación de la Mujer AC, Red Mujeres del Bajío AC, Rodolfo García Zamora, Rosa Elizabeth García Ita, Servicio Jesuita a Migrantes México, (SMR) Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados, Sin Fronteras IAP, Siria Yuritzi Oliva Ruiz, Una mano amiga en la lucha contra el SIDA AC y Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

11 de julio de 2013

Boletín No. 17

Hostigamiento a integrantes de este Centro de Derechos Humanos en su trabajo de documentación

Fiscalía Especializada en Derechos Humanos niega hechos de represión policiacas contra el Bloque Democrático

Durante el trabajo de documentación con las víctimas de la represión policiaca contra integrantes del Bloque Democrático de la Sección 7,documentalistas de este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) fueron obstruidos en sus labores, ademáshostigados por elementos de seguridad y profesionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Cabe mencionar que adentro las instalaciones se encontraban elementos de la Policía Ministerial y a las afueras elementos de la Policía EstatalPreventiva.

El día 2 de julio de 2013, personal de este Centro de Derechos Humanos, se encontraba en las instalaciones del ISSSTE, en Tuxtla Gutiérrez parahacer su trabajo de documentación y entrevistarse con dos personas heridas durante la represión policiaca del pasado sábado 29 de junio.[1] Almomento de ingresar, personal adscrito y guardias de seguridad del ISSSTE, actuaron de manera prepotente impidiendo la entrada. Después deexplicar la importancia de este tipo de trabajo y presentarle una intervención previamente hecha, se permitió ingresar sólo a una persona, singrabadora, laptop, cámara fotográfica y otras herramientas indispensables para este tipo de actividad.

Terminada la primera entrevista, limitando el tiempo a cinco minutos, se les negó la segunda, por lo que los documentalistas se retiraron de lasinstalaciones sin poder llevar a cabo el trabajo, así documentar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en contra de un maestro y unamaestra integrantes del Bloque Democrático de la Sección 7.

Por otro lado, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad en una intervención hecha por partedel Frayba, con fecha 1 de julio de 2013, nos contestó con un oficio No. DGOPIDDH/DCNDH/2060/2013, negando los hechos ocurridos el 29 de junio pasado y sosteniendo textualmente “no se tiene conocimiento de personas que hayan sido detenidos y puestos a disposición de la Representación Social en turno, como tampoco personas lesionadas y hospitalizadas”, ocultando lamentablemente las evidencias de losacontecimientos.

En otro evento, el día sábado 6 de julio de 2013, en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No.17, Playa de Catazajá unmedico colaborador del Frayba, se encontraba en esas instalaciones, con otra medica, para cumplir con su trabajo de revisar el estado de salud deAntonio Estrada Estrada, de San Sebastián Bachajón adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de LiberaciónNacional, cuando, en el momento de la revisión médica fue constantemente vigilado, hostigado por un custodio que repetidamente le tomaba fotoscon el pretexto de dejar constancia, así impidiendo el desarrollo de su trabajo.

Por todo lo expuesto, a este Centro de Derechos Humanos, nos preocupa la postura del gobierno en no facilitar, obstaculizar, hostigar el trabajo dedocumentación que se realiza. Por el contrario, resulta evidente, y es lamentable, que instancias creadas para vigilar el cumplimiento de lasobligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos se den a la tarea de encubrir responsables, funcionarios y empleados,además tergiversar los hechos. Todo esto, implica impunidad y la repetición de las violaciones a los derechos humanos.

Recordamos al gobierno de Chiapas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado respecto a este tema que “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de las y los defensores de derechos humanos”.[2]

*-*

Note: This is not a translation from the note in Spanish, but an entry from the blog http://prisonerhungerstrikesolidarity.wordpress.com/

Who: Prisoner Hunger Strike Solidarity Coalition
What: California Prisoners Begin 3rd Peaceful Hunger Strike and Work Actions
When: Monday, July 8, 2013, 11am
Where: Elihu Harris CA State Office Building, 1515 Clay St, Oakland, CA

Oakland—Family members, advocates, and lawyers will announce their support for the peaceful hunger strike and job actions beginning today throughout the California prisons starting on Monday July 8. Prisoners have been clear since January that they are willing to starve themselves unless the California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) agrees to negotiate honestly about their demands.

On June 20, prisoners being held in solitary confinement at the notorious Pelican Bay State Prison Security Housing Unit describe their actions:

“The principal prisoner representatives from the PBSP SHU Short Corridor Collective Human Rights Movement do hereby present public notice that our nonviolent peaceful protest of our subjection to decades of indefinite state-sanctioned torture, via long term solitary confinement will resume today, consisting of a hunger strike/work stoppage of indefinite duration until CDCR signs a legally binding agreement meeting our demands, the heart of which mandates an end to long-term solitary confinement (as well as additional major reforms).

Our decision does not come lightly. For the past (2) years we’ve patiently kept an open dialogue with state officials, attempting to hold them to their promise to implement meaningful reforms, responsive to our demands. For the past seven months we have repeatedly pointed out CDCR’s failure to honor their word—and we have explained in detail the ways in which they’ve acted in bad faith and what they need to do to avoid the resumption of our protest action.

On June 19, 2013, we participated in a mediation session ordered by the Judge in our class action lawsuit, which unfortunately did not result in CDCR officials agreeing to settle the case on acceptable terms. While the mediation process will likely continue, it is clear to us that we must be prepared to renew our political non-violent protest on July 8th to stop torture in the SHUs and Ad-Segs of CDCR.

Thus we are presently out of alternative options for achieving the long overdue reform to this system and, specifically, an end to state-sanctioned torture, and now we have to put our lives on the line via indefinite hunger strike to force CDCR to do what’s right.

We are certain that we will prevail…. the only questions being: How many will die starvation-related deaths before state officials sign the agreement?

The world is watching!”

While the CDCR has claimed to have made reforms to its SHU system—how a prisoner ends up in the solitary units, for how long, and how they can go about getting released into the general population—prisoners’ rights advocates and family members point out that the CDCR has potentially broadened the use of solitary confinement, and that conditions in the SHUs continue to constitute grave human rights violations. The California prison system currently holds over 10,000 prisoners in solitary confinement units, with dozens having spent more than 20 years each in isolation. Conditions in Pelican Bay State Prison’s SHU sparked massive waves of hunger strikes in 2011 that saw the participation of 12,000 prisoners in at least a third of California’s 33 prisons.

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En 1997, la Organización de las Naciones Unidas, estableció que el 26 de junio de cada año se conmemore el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, con vista a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

La conmemoración de esta fecha nos sirve para reafirmar que no existe ninguna circunstancia que justifique la práctica de la tortura ni de los tratos crueles inhumanos y/o degradantes, pero también para recordar que a la fecha en México la tortura sigue siendo una realidad, muy lejos de ser erradicada.

A pesar de las diferentes recomendaciones al Estado mexicano de los mecanismos y procedimientos de las Naciones Unidas, para la eliminación del arraigo, éste tipo de detención arbitraría sigue siendo sistemáticamente usada en nuestro país y constituye un riesgo de que la persona detenida pueda sufrir tortura, además de generar obstáculos a la defensa y a la determinación de la situación jurídica de la persona arraigada.

En Chiapas, los actos de tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, se han convertido en una práctica “normal” y aceptada por las autoridades de procuración y administración de justicia y del sistema carcelario. Es además tolerada por el Poder Ejecutivo de Chiapas, como lo fue con el nombramiento delSecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, quien ha sido vinculado con hechos de tortura, por los organismos públicos de derechos humanos a nivel nacional como local.

Las y los sobrevivientes de tortura, dispuestos a denunciar, se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles la protección y apoyo adecuado. Esta situación hace que la mayoría de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público no procedan, encuentren obstrucciones en su integración y por lo tanto se queden en la impunidad.

Las víctimas de tortura son afectadas no solamente en su persona, sino también en su entorno más próximo como lo es su pareja, su familia, su trabajo, sus estudios, la comunidad y/o a la organización a la que pertenece.

La tortura se vuelve una forma de control social. Por ello, es imprescindible su eliminación y necesario que, a pesar de los temores a las fuerzas del estado, los sobrevivientes de tortura denuncien para erradicar este delito de lesa humanidad.

A pesar de las reformas constitucionales en derechos humanos y de las reformas judiciales; la tortura sigue siendo un método privilegiado de investigación policial. En México, la eliminación de la tortura no es una prioridad, a pesar de los discursos de los gobiernos federal y estatal. Esperamos que en el marco del próximo Examen Periódico Universal, el Estado mexicano acepte la recomendaciones en la materia, para dar pasos concretos en la protección a las víctimas de tortura.

Asociación de los Cristianos por la Abolición de la Tortura – ACAT – Francia

Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT

Pax Christi International – PCI

Amnistía Internacional – Grupo Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC – Frayba

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, AC – CDH Digna Ochoa

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC – CEPAZDH AC

Red por la Paz Chiapas, conformada por 10 organizaciones de la sociedad civil de Chiapas: Centro de Derechos de laMujer Chiapas, AC (CDMCH), Centro de Derechos Indígenas, AC (CEDIAC), Centro de Derechos Humanos FrayBartolomé de Las Casas, AC (Frayba), Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, AC(CDHFPLN), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, AC (CORECO), Desarrollo Económico ySocial de los Mexicanos Indígenas, AC (Desmi), Educación para la Paz, AC (EDUPAZ), Enlace Comunicación yCapacitación, AC (ENLACE CC), Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) y Servicio y Asesoría para la Paz AC(SERAPAZ)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" conformada por 73 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana

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Coincidentemente con el cierre de la Semana Internacional del Detenido – Desaparecido, se sucede en la ciudad de Iguala, en el Estado de Guerrero, la desaparición de 8 personas miembros de organizaciones sociales integradas en el Frente de Unidad Popular y vinculadas al PRD, después de haber realizado una actividad política que reclamaba al Presidente Municipal José Luis Abarca Velázquez, la atención a sus demandas.

Parecería increíble que en una entidad donde el Gobernador se jacta del Programa Guerrero Seguro, la violencia ha llegado a niveles extraordinarios, que se sigan violando los derechos humanos de miles de personas, que cientos de ciudadanos comunes e inocentes sigan cayendo víctimas de delitos de lesa humanidad,  que la criminalización de la protesta social afecte la integridad de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras la mal llamada delincuencia organizada, las organizaciones radicales del narco y paramilitares, mantienen el control político y económico de la entidad con la aquiescencia y colusión de las autoridades.

Ahora Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza, Rafael Banderas, Jimmy Castrejón, Arturo Hernández Cardona y Héctor Arroyo, se suman a la larga lista de las desapariciones forzadas en la entidad. Nos preocupa que mientras arriba, en el aparato político del poder gubernamental y los partidos políticos se hacen aspavientos de recursos, declaraciones políticas y ofrecimientos mediáticos, abajo, 8 familias viven en la incertidumbre, el dolor, la desesperanza y todavía les piden confianza en autoridades y procedimientos legales que durante años ha quedado demostrada su inutilidad por la falta de responsabilidad, compromiso, indolencia y corrupción de las mismas autoridades que en lugar de justicia les piden tiempo, paciencia y resignación.

Por ello reiteramos que es el gobierno de Angel Aguirre Rivero el que debe responder con oportunidad a la demanda de presentación con vida de éstos ciudadanos desaparecidos, como máximo representante de Estado mexicano en la entidad. Urge la investigación, el tiempo es vital en éstos casos para recuperar a las víctimas con vida, deben seguirse todas las pistas, abrirse todas las líneas de investigación necesarias, designarse agentes probados y responsables, darle todas las facilidades a los familiares y a sus organizaciones para la coadyuvancia y entregrar resultados ya, a los 8 compañeros con vida, hacerles justicia y reparar daños a ellos y a sus familiares. Este es el reto que debe asumir el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Es significativo que este lamentable suceso resulte de un conflicto entre miembros de un mismo partido, el gobierno municipal y las organizaciones sociales. Esto nos confirma que la lucha por el poder enturbia y corrompe y que el pueblo sigue estando a expensas de que sus demandas pasen primero por las cuotas de poder. También nos llama la atención que algunos maniqueamente quieran desviar la responsabilidad de éstos hechos al Gobierno Federal para proteger la imagen de su gobernador perredista. Esto no debe desviar la investigación de estos 8 casos.

La vida e integridad de los 8 compañeros vale igual, No debe privilegiarse ni destacarse a nadie, por más importante que pueda ser para la clase política y debe darse un trato igualitario a todos los familiares. Por mucho que la Secretaría de Gobierno, la PGJE, la SSP o la Policía Ministerial declaren, hagan promesas, presenten hallazgos materiales o hagan conjeturas o presunciones mediáticas, lo que importa es la vida y la presentación de las víctimas.

Es hora de que la sociedad, el pueblo de Guerrero, tome iniciativas para enfrentar estos delitos de lesa humanidad, obligar a las autoridades a que presenten resultados positivos que garanticen derechos humanos, que el movimiento social se comprometa con ésta causa y deje de considerarlos temas secundarios por no ser negociables para la obtención de beneficios y que abajo, se superen los miedos, la confianza en los de arriba y vayamos tomando la defensa de nuestros derechos, de nuestra vida e integridad de manera organizada, desde abajo y a la izquierda.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡PRESENTACION INMEDIATA CON VIDA DE GREGORIO DANTE CERVANTES, ÁNGEL ROMÁN, EFRAÍN AMATES LUNA, NICOLÁS MENDOZA, RAFAEL BANDERAS, JIMMY CASTREJÓN, ARTURO HERNÁNDEZ CARDONA Y HÉCTOR ARROYO!

¡POR LA VIDA, LA LBERTAD, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS!

COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE SECUESTRADOS, DESAPARECIDOS Y ASESINADOS EN GUERRERO.

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a 02 de junio del 2013.

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A lo opinión publica

A los medios de comunicación nacional, estatal e internacional

A lo medios alternativos

A la sexta

A la organizaciones independientes

A los organizaciones independientes y ONG’s

Presos políticos de la Voz del Amate adherentes a la Sexta, Alberto Patishtán Gómez recluido en el penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas Chiapas

Las verdades corrigen pero también las verdades incomodan a otros, digo esto ya que un día 30 de mayo del año 2000 estuve denunciado las arbitrariedades, atropellos entre otras en lo que concierne la injusticia y elaboré un documento por estas violaciones a los derechos humanos que eran atropellados los habitantes del pueblo de El Bosque, estas violaciones fueron ejercidas en aquel tiempo por el C. alcalde municipal Manuel Gómez Ruíz.

Estos documentos ya mencionados obran en los archivos en las diferentes dependencias del gobierno, ya que este documento no sólo contenía las denuncias del presidente sino que también se estaba pidiendo la destitución inmediata del C. antes mencionado, doce días después de este mes que fue el 12 de junio del 2000 sucedió una emboscada en el tramo carretero del Bosque a Simojovel, donde perdieron la vida varios elementos de la seguridad pública.

Estos hechos ocurridos el C. alcalde autoritario utilizó esta desgracia en mi contra con el fin a que esto mantuviera su autoridad en el enriquecimiento ilícito y a la vez en seguir oprimiendo al pueblo, a causa de estos delitos prefabricados cumplo ya casi 13 años por estos encarcelamientos injustos, delitos que no tienen fundamento sino mas bien fue una venganza política.

De todo esto pido al Primer Colegiado de Circuito en Chiapas a que realmente cuando llegue el expediente bajo en sus manos analicen y estudien exhaustivamente para que me den mi libertad robada por estos años al mismo tiempo pido al pueblo de México y el mundo a seguir sumándose a este reclamo de verdad y justicia.

¡Morir o Vivir por la verdad y la justicia!

Fraternalmente

Alberto Patishtán Gómez

La Voz del Amate

Penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 30 de mayo del 2013.