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Exigimos garantías de seguridad para las integrantes de Consorcio Oaxaca y la periodista Soledad Jarquín Edgar.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) nos solidarizamos con las integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio) quienes el día 15 de junio de 2020, recibieron amenazas de muerte en la puerta de su oficina, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. La organización feminista es un referente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde hace 17 años.
Consorcio denunció que la amenaza de muerte forma parte de las intimidaciones hacia su trabajo en exigencia de justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio 2018, en Juchitán de Zaragoza; y frente a la solicitud de protección para la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol.
Responsabilizamos al gobierno de Alejandro Murat por estos hechos que ponen en riesgo la vida, la seguridad e integridad de las defensoras en la entidad oaxaqueña. Reiteramos al Estado mexicano su obligación para garantizar la protección de la población en general y las defensoras en particular en los contextos de violencia, donde son las autoridades estatales quienes vulneran derechos humanos.
En nuestro país las mujeres que acompañan procesos de justicia y verdad afrontan criminalización, hostigamiento, judicialización, estigmatización y riesgo para su vida. Situación que se complejiza en esta emergencia sanitaria de la pandemia, ya que desde el 20 de marzo de 2020 han asesinado a 12 personas que defendían derechos en México, entre ellas 3 mujeres: Paulina Gómez Palacio, defensora del Wirikuta, quien fue desaparecida el 19 de marzo, en Zacatecas y se encontró su cuerpo el día 21 de marzo, en San Luis Potosí; la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo en Papantla, Veracruz; y Karla Valentina Camarena, defensora de los derechos trans, asesinada el día 30 de marzo en Guanajuato.
Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró las siguientes agresiones durante las últimas dos semanas: desaparición de la defensora tseltal Angelina Santís, el 13 de junio en Ocosingo, Chiapas; clausura de su vivienda e intimidación a la defensora del territorio Claudia Zenteno, el 11 de junio en Xochimilco, Ciudad de México; detención arbitraria de la defensora Kenia Hernández, el 06 de junio, en el estado de México; detención arbitraria de la abogada Claudia Hernández Herrera y las defensoras Roxana Hernández y Yésica Guzmán Pardo, el 05 de junio en San Luis Potosí; difamación a la periodista Anaís Palacio Pérez, durante la primera semana de junio, en Veracruz. Y desde el 08 de junio, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas se encuentra en privación arbitraria de su libertad en Tamaulipas.
El escalamiento de la represión vulnera el derecho a defender derechos humanos y son las mujeres defensoras quienes se encuentran en mayor peligro, en respuesta para detener su valioso aporte en distintas formas de resistencia. La crisis de derechos humanos en el país profundiza las desigualdades de género enfocando como objetivo de las violencias a quienes transgreden el silencio.
La Organización de las Naciones Unidas insta a los Estados a procurar la: “Debida diligencia para garantizar la protección de los derechos humanos de las defensoras que son amenazadas y a fortalecer la responsabilidad de las instituciones del Estado a cargo de salvaguardar el trabajo de las defensoras”. Por lo cual, el Frayba exhortamos al Estado mexicano: a cesar las agresiones a defensoras y a garantizar su vida, libertad, integridad y seguridad personal para el pleno respeto y ejercicio de sus labores.
De manera específica exigimos detener las amenazas en contra de las defensoras de derechos humanos integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca así como de Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín víctima de feminicidio, garantizando de manera urgente la protección efectiva a su vida, integridad y seguridad personal.
Frente a la incapacidad e impunidad del Gobierno del estado de Oaxaca para la investigación de tales hechos, solicitamos a la Fiscalía General de la República la atracción del presente caso debido a su alto interés y trascendencia. La investigación debe ser efectiva encaminada al esclarecimiento de las amenazas, identificando a los responsables para que sean castigados, además de implementar todas las medidas que garanticen la no repetición.
”Hasta que la Justicia Llegue”
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