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Buscada por el FBI y la CIA. Evadida de una cárcel de máxima seguridad en Nueva Jersey. Perseguida por mercenarios y cazarrecompensas. Exiliada y acogida en Cuba como una heroína. Requerida a Fidel Castro por el Papa Juan Pablo II. Esta es la historia de Assata Shakur, la Pantera más negra y la mujer más buscada de los Estados Unidos.
Es el día miércoles 2 de mayo del año 1973. Tres jóvenes negros viajan en un Pontiac blanco desde Nueva Jersey hacia el sur de los Estados Unidos. Son los tiempos duros de “la ley y el orden” de Richard Nixon, y los protocolos del programa de contrainteligencia del FBI exigen detener por faltas menores a los militantes o a los sospechosos de serlo. Negros, latinos, indígenas, pacifistas, socialistas, feministas. Da igual: todos son rotulados -y tratados- como criminales, terroristas y enemigos del Estado.
Las fuentes oficiales dicen que el automóvil tenía dañadas las luces traseras. Los oficiales Werner Foerster y James Harper deciden detenerlo, quizás informados ya de la presencia en el vehículo de tres militantes clandestinos del movimiento negro radical, o quizás sólo por que estos “conducían en estado de negritud”, según la ocurrente expresión de Mumia Abu-Jamal. En el vehículo viajan Zayd Malik Shakur, Sundiata Acoli y Assata Shakur, ex miembros del Partido Pantera Negra y por ese entonces integrantes del Ejército Negro de Liberación. Organizaciones sindicadas como “grupos de odio nacionalistas negros”, etiqueta que es aplicada de forma indiscriminada a agrupamientos de propósitos diversos como la Nación Musulmana, la República de la Nueva Afrika o el Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos.
Pedido interestatal de captura del FBI por “asesinato”.
La escena, a partir de entonces, es rápida, confusa, trágica. La secuencia exacta de voces y movimientos es difícil de reconstruir, pero lo que sabemos es que ante los gritos de los policías Assata levanta instintivamente sus dos manos en el aire, cuando un disparo le destroza la clavícula. Sólo Zayd atina a defenderse y tomar una de las armas que están en el asiento trasero del Pontiac. Cae abatido y con él también uno de los oficiales de policía. Assata recuerda: “había luces y sirenas. Zayd estaba muerto. Mi mente sabía que él estaba muerto. El aire era como cristal frío. Se alzaban enormes burbujas y estallaban. Cada una parecía una explosión en mi pecho. Me sabía la boca a sangre y a tierra”.
Luego es sacada a rastras del vehículo. Parece no haber rastros de Sundiata. -Quizás haya logrado escapar- piensa, pero Sundiata será arrestado poco tiempo después. Mientras tanto más policías se aglomeran a su alrededor para darle una paliza. Uno de ellos le apoya el cañón de un arma reglamentaria en la sien. La acusan de haber disparado pero sus dedos, libres de pólvora según el test de activación de neutrones que le hacen en el acto, no dejan lugar a dudas. Su mano cuelga inerte, casi muerta. Assata no disparó. No pudo haber disparado con esa tira de carne flácida que le cuelga del cuerpo y supo ser su mano diestra. Ha recibido, en cambio, tres disparos: tiene un pulmón herido, una bala alojada en el pecho y un brazo completamente paralizado. Las ráfagas de dolor y una nueva tanda de golpes acaban por desvanecerla.
Una educación hostil
Antes de elegir el nombre de Assata Olugbala Shakur, su nombre de combatiente, fue bautizada como JoAnne Deborah Byron. Apellido que en nupcias cambió por el de su primer esposo Louis Chesimard, un activista del que separaría por exigir que ella se amoldara a los preceptos de lo que se suponía debía ser una mujer: la “santísima trinidad” de esposa-madre-ama de casa. Con el tiempo Assata consideraría a sus apellidos como “sus nombres de esclava”. Era frecuente en las décadas del ‘60 y ‘70 que los activistas negros se rebautizaran con nombres de inspiración africana y árabe, influidos por la revalorización del verdadero “viejo continente” producida por el poderoso movimiento musulmán negro y por el Black Power, aunque la huella del orgullo africano fuera visible desde los tiempos del movimiento Back to África y las teorías caribeñas de la negritud. Assata, como tantas y tantos otros, renegó de los apellidos legados a sus antepasados por sus dueños esclavistas, que en este caso se remontaban en la historia hasta la colonia francesa de Martinica. Otros ex esclavos, en cambio, recibieron o se adjudicaron un apelativo genérico, el casi universal apellido freeman -hombre libre-, con el que sus abuelos insistían en llamar a la playa en que se emplazaba su negocio familiar en Wilmington.
Assata nació en Jamaica, pero no en la isla caribeña, sino en la Jamaica del distrito de Queens en Nueva York. Curioso sitio, y con extraños vecinos. Apenas un año antes había nacido allí, a pocas cuadras de su casa, el nieto de un desertor y migrante ilegal llegado de Kallstadt, en la actual Alemania. Un tal Donald John Trump -o Trumpf, porque tal era el apellido familiar original-, quién sería a la postre presidente de los Estados Unidos. Es difícil imaginar trayectorias más divergentes que la de aquellos dos niños neoyorquinos.
Por lo demás Assata tuvo una infancia que llamaríamos normal si normales fueran las sociedades racistas y la educación segregada del tiempo de las leyes Jim Crow. Su niñez en el estado sureño de Carolina del Norte estuvo marcada por una educación familiar que buscaba inculcarle un fuerte sentido de la dignidad personal. Así lo recuerda en su autobiografía: “Mis abuelos me prohibieron estrictamente que contestara «Sí, señora» y «Sí, señor», o que me mirara los zapatos e hiciera gestos serviles al hablar con los blancos. «Cuando hables con ellos, mírales a los ojos», me decían. «Y habla en voz alta para demostrar que no eres tonta»”.
Entrada segregada para “personas de color” en un cine durante la vigencia de las leyes Jim Crow.
Pero la educación para la vida ruda que debían enfrentar las poblaciones afronorteamericanas también estaba mezclada con fuertes dosis de meritocracia, valores propios de la pequeña y alta burguesía negras educadas “a la Booker T. Washington”, una suerte de “Sarmiento negro”. Sus abuelos querían que su nieta fuera una persona laboriosa, que se integrara al selecto grupo de lo que llamaban “el diez por ciento con talento”, que se juntara “con niños decentes” y que no utilizara los idiolectos propios del inglés popular y sureño. Afortunadamente, Assata no tardó en encontrarse con el eslabón más rebelde de su genealogía familiar: su tío “Willie el salvaje”, un zambo de negra e indio Cherokee, una suerte de leyenda que en las primeras décadas del siglo denunciaba la explotación de las “personas de color” y desafiaba a boca de jarro las normas de la sociedad segregada.
En la escuela en el sur todo era de segunda mano: la educación, los sueldos de los profesores y hasta los libros, que llegaban usados y rotos después de ser descartados en las escuelas para niños blancos. Pero aún más complejo que el racismo institucionalizado, era el racismo auto-infligido por una educación que estimulaba prácticas auto-denigratorias que indicaban que lo negro era sucio, feo, malo y estúpido. Paradójicamente, Assata recordaría sinsabores equivalentes en la educación paternalista de las “escuelas integradas” de Nueva York en donde, siendo la única niña negra de la clase, era vista y tratada como una suerte de chimpancé parlante al que se le prodigaban condescendientes “sonrisitas para negritos”.
Una re-educación política
Años más tarde, el proceso de re-educación en el movimiento negro le llevaría a desandar todas las mitologías estatales de la historia norteamericana, desde la Guerra de Independencia hasta la Guerra de Secesión, desde la Conquista de América hasta la Guerra de Vietnam, en un país que se ha pasado guerreando 223 de sus 244 años de existencia. Una Assata urticante concluiría, por ejemplo, que el proceso por el que las Trece Colonias conquistaron su independencia respecto de los británicos fue una “mal llamada revolución” y que fue “liderada por unos cuantos niños ricos blancos que se cansaron de pagar impuestos elevados al rey”.
También sus ídolos de la infancia fueron demolidos uno a uno, desde el patriarca Abraham Lincoln, partidario de la deportación masiva de negros a Liberia, Haití o cualquier otro destino de África o el Caribe, hasta Elvis Presley, quién se refirió a que lo único que los negros podían hacer por él era comprar sus discos y lustrarle los zapatos, y que en 1970 se ofreció como soplón voluntario para el FBI.
Entre la venalidad de los arribistas negros y la banalidad del restringido y racializado American Way of Life, la joven Assata irá buscando a tientas un camino. Un hito importante será su encuentro con estudiantes africanos en la universidad, los cuales le revelarán un mundo más allá de los estereotipos en boga: el de los comunistas que en las tiras cómicas se vestían todos iguales y trabajaban invariablemente en las minas de sal, el de los africanos calibanescos que comían carne humana y andaban con taparrabos, o el del evangelio democratizador que se suponía que los marines norteamericanos -blancos y negros- estaban llevando a Vietnam. Se trataba de cepillar a contrapelo una educación plena de estereotipos y fantasías sobre el Tercer Mundo en un país que, como ninguno, ignora profundamente el mundo que domina. Assata concluirá en aquel período como estudiante: “Todo es mentira en amérika [sic] y lo que lo mantiene en marcha es que demasiada gente se lo cree”.
“El lugar de las mujeres es en la lucha”. Mural dedicado a Assata Shakur y otras “luchadoras por la libertad”.
Como muchos jóvenes, Assata llegó al movimiento negro radical después de un proceso de desencantamiento con los límites de la prédica no-violenta y del proyecto integracionista del movimiento por los derechos civiles. Integrarse, sí. ¿Pero integrarse a qué? ¿Cuántos y quiénes podrían hacerlo? ¿Qué pasaba con el “noventa por ciento sin talento”? ¿Cuál era el costo -político, ideológico, ético- de dicha integración? ¿Integrarse no implicaba negarse? ¿Era posible integrarse sin usufructuar parte de los dividendos de la política colonial? ¿No se asemejaban acaso las políticas que el Estado norteamericano implantaba en lo guetos de negros con la que exportaba a los países del Tercer Mundo?
Assata evoca las reuniones de la NAACP (la Asociación Nacional para el Progreso de las Gentes de Color), una veterana organización de la pequeña burguesía negra que predicaba la no-violencia y el “poner la otra mejilla”. Pero la violencia estatal continuó devorando por igual a pacifistas y beligerantes, mientras la lista de mártires se engrosaba por aquellos años: Viola Liuzzo, Imari Obadele, Medgar Evers, Martin Luther King, Malcolm X, Fred Hampton, Emmet Till, George Jackson, Nat Turner, James Chaney y un largo etcétera. Assata llegará a la conclusión de que “nadie en el mundo, nadie en la historia, ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de la gente que los oprimía” y que “el movimiento de los derechos civiles nunca tuvo ni la más mínima posibilidad de triunfar”.
El nacionalismo negro estaba entonces en pleno auge, y durante su estadía en el Manhattan Community College, Assata no tardará en participar en reuniones de la República de la Nueva Afrika, un movimiento que pretendía el establecimiento de una nación negra independiente en los estados sureños de Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi y Louisiana. Lo que antes se conocía como el Black Belt o “cinturón negro”, una vieja propuesta que ya habían defendido comunistas como Harry Haywood. Sin embargo, Assata prescindirá de una participación activa hallando la idea sugerente pero inviable.
Entrará en contacto también con los Boinas Cafés, una organización revolucionaria de chicanos; con los maoístas chino-estadounidenses de la Guardia Roja en Chinatown; y visitará repetidas veces a los indígenas estadounidenses y canadienses que habían ocupado la Isla de Alcatraz en protesta por la desposesión de sus tierras. Y, finalmente, en ese hervidero que eran los Estados Unidos de finales de los ‘60 y principios de los ‘70, conocerá en Oakland al Partido Pantera Negra, con lo que su concepción política dará un giro internacionalista. A través del estudio de los procesos de liberación africanos llegará, indefectiblemente, a identificarse con el marxismo y el comunismo, en particular con los procesos y líderes del Tercer Mundo: Fidel Castro, Ho Chi Minh, Agostinho Neto, Carlos Marighella, Ernesto Che Guevara, etc.
Pantera
Su fascinación con las Panteras Negras, una organización fundada en 1966, había sido inmediata, aunque su incorporación a la organización ellas se hubiera demorado. En particular, le atraía el hecho de que sus militantes “no trataban de parecer intelectuales hablando de la burguesía nacional, del complejo industrial (…) Simplemente llaman cerdos a los cerdos. (…) Hablaban de los cerdos políticas racistas y de los perros racistas”. En particular, vio en la organización una estrategia coherente de autodefensa por parte de las propias comunidades, y un aceitado ejercicio de solidaridad con los movimientos y procesos de liberación del Asia, África y América Latina y el Caribe.
Pese a reflexionar en ese entonces en torno a la insuficiencia de las luchas estudiantiles, Assata continuó desarrollando labores en el medio universitario para el Partido. También se desempeñó en el equipo médico de la organización y en el Programa de Desayunos que la organización brindaba gratuitamente a más de 10 mil niños, rebasando las tradiciones prácticas de caridad eclesiástica y ensayando desde allí la organización política de las comunidades. Por ese entonces trabajó en la campaña para recaudar fondos por la liberación de las 21 panteras que habían sido encarceladas por el FBI.
Mujeres del Partido Pantera Negra en el Free Huey Newton Rally en 1968.
Eran tiempos frenéticos, apabullantes, con muchos nombres y muchos rostros que circulaban profusamente. Pronto el Partido y otras organizaciones entrarían en un espiral descendente en el que se confundirían y amplificarían los errores propios y las intrigas del COINTELPRO, el programa creado por el FBI para infiltrar y destruir los movimientos radicales. La campaña sistemática y masiva del programa incluía intrigas, rumores, cooptación, espionaje, infiltraciones, represión, tortura, asesinato y otros métodos non sanctos. Su resultado sería el desbaratamiento de organizaciones enteras, el encarcelamiento masivo de disidentes y el vuelco precario de miles de militantes a la clandestinidad.
Assata propone, en su autobiografía, un ejemplar ejercicio de crítica y autocrítica que incluye, entre varios elementos: el señalamiento del fetichismo armado de ciertos miembros del partido; la insuficiencia de los planes de formación política, en particular en lo que a organización y movilización refiere; un internacionalismo a veces algo abstracto que prescindía del análisis y la comprensión de la propia realidad nacional; un método de trabajo que en su versión más tosca se resumía en la fórmula portación de armas más asistencia social; el automatismo y la falta de pedagogía de ciertos procesos; el sexismo y el “culto al macho” reforzado por la propia lógica militarista; las dificultades para distinguir entre la lucha política legal y la lucha militar clandestina; el dogmatismo y las purgas de dirigentes y militantes valiosos; y, finalmente, el militarismo y la sustitución del trabajo político. Como resultante Assata y otros militantes abandonarían un partido ya casi reducido a su mínima expresión, y se integrarían a una organización más flexible y descentralizada: el Ejército Negro de Liberación.
Presa
“Hermanos y hermanas Negras, quiero que sepan que les amo y que espero que en algún lugar de su corazón tengan amor para mí. Me llamo Assata Shakur (…) y soy una revolucionaria. Una revolucionaria Negra. Con eso quiero decir que he declarado la guerra a todas las fuerzas que han violado a nuestras mujeres, han castrado a nuestros hombres y han mantenido a nuestros bebés en la miseria. (…) Soy una revolucionaria Negra y, como tal, soy una víctima de toda la ira, el odio y la maledicencia de la que ameŕika [sic] es capaz. Como a todos los otros revolucionarios Negros, amérika intenta lincharme”. Así comienza una cinta grabada el 4 de julio de 1973.
Los policías que la custodian en el hospital se saludan alternativamente con la venia militar o con el saludo nazi-fascista. Assata asegura que siempre los llamó nazis o “cerdos fascistas” en un sentido figurado, pero ahora se enfrenta a la dura constatación de la retórica. A partir de allí comenzará un largo periplo de seis años y medio por hospitales, tribunales, cárceles de alta seguridad y celdas de aislamiento. Será encontrada inocente en la inmensa mayoría de los cargos que se le imputan -portación ilegal de armas, asalto, secuestro, asesinato- incluso de aquellos por los que huía la noche de su captura.
A partir de allí será sometida a toda suerte de privaciones. A la libertad, primero, pero será muy clara sobre sus limitaciones históricas para las poblaciones negras de los Estados Unidos: “La única diferencia entre esto [la cárcel] y la calle es que una es de máxima seguridad y la otra es de mínima. La policía patrulla nuestras comunidades justo como aquí patrullan los guardias. No tengo ni la más remota de lo que se siente ser libre”. Será recluida en cárceles de hombres. Se le denegará el reposo y hasta la oscuridad, sometida a 24 hs diarias de vigilancia. Le será retaceada una atención médica adecuada, incluso durante su embarazo y su parto en el Hospital Elmhurts, en el que dará a luz atada a una cama y custodiada por policías armados. Durante nueve meses no dejará de preguntarse: “¿Cuántos lobos se ocultan en la maleza para comerse a mi hijo?”.
Luego será obligada a trabajar de forma gratuita en prisiones federales, una práctica rutinaria y “legal” a resguardo de la fatídica Decimotercera Enmienda de la Constitución. Se le confinará en aislamiento durante largos períodos hasta el punto de llegar a perder de forma temporal y parcial la capacidad del habla. Será agredida sexualmente y amenazada permanente con ser violada. Sufrirá juicios de carácter netamente político, con procesos inverosímiles, jurados casi exclusivamente blancos y jueces venales, pero no se le permitirá una defensa política de su vida y de su causa. Será linchada mediáticamente, y el juicio que finalmente la encontrará culpable de homicidio tan sólo rubricará la culpabilidad ya sentenciada por la prensa. Sufrirá todas las formas de tortura concebibles para al fin afirmar indoblegable: “yo tengo que ver con la vida”.
Fotografía tomada por el NY Daily News.
A esta altura de la pequeña saga conformada por nuestras bitácoras, es inevitable que la historia de los y las internacionalistas se atraigan, se acerquen, se rocen y en ocasiones hasta se abracen. En la cárcel de mujeres de máxima seguridad de Alderson, en Virginia Occidental, diseñada para “las mujeres más peligrosas del país”, Assata se topará con una mujer blanca entrada en años, con cabello entrecano, “de aspecto digno, de maestra de escuela”. Inmediatamente reconocerá en ella a Lolita Lebrón, la heroica independentista puertorriqueña. Nunca la sororidad tuvo un sentido más pleno que entre esas dos mujeres que pagaban con holgura el precio de su determinación. Lolita, valiente, inquebrantable, mística, llevaba ya un cuarto de siglo privada de su libertad, alejada de su patria y sus afectos y políticamente aislada, sostenida tan sólo por su fe y su pasión por la causa independentista boricua. Lolita marcaría también otro hito en el proceso de formación de Assata, al llevarla a reconsiderar aspectos como la religiosidad popular, los vínculos entre cristianismo y socialismo, y a conocer la corriente latinoamericana de la teología de la liberación.
Libre y sin color
“«Vas a volver pronto a casa (…) No sé cuándo, pero vas a volver a casa. Vas a salir de aquí.», le había dicho su abuela tras un sueño que sería un presagio. De esta vida llena de hiatos, clandestinidad y falsas identidades -Assata llegaría a tener más de 20 alias- nada resulta tan misterioso como su fuga, el 2 de noviembre de 1979, del penal de máxima seguridad del condado de Clinton. Lo poco que sabemos es que tres hombres negros armados irrumpieron en la prisión tomando a dos guardias de rehén, liberándola en una operación de precisión quirúrgica, sin bajas ni heridos. Se presume que se habría tratado de una acción de sus compañeros del Ejército Negro de Liberación largamente planificada. Después de cinco nuevos años de vida clandestina bajo las narices de la CIA y el FBI, Assata conseguiría pegar un salto de gacela hacia Cuba.
Allí verá, materializadas en aquel pequeño laboratorio insular, las tentativas de igualdad radical por las que siempre había luchado: “Aunque saben del racismo y del ku klux klan y del desempleo, ese tipo de cosas no entran en su concepción de la realidad. Cuba es un país de esperanza. Su realidad es tan diferente. Me impresiona cuánto han conseguido los cubanos en tan poco tiempo de Revolución”. En particular, le sorprendería la realidad y el tratamiento de la cuestión racial: “Se veía a Negros y blancos juntos por todas partes: en coches y paseando por las calles. Niños de todas las razas jugaban juntos.” “Un amigo cubano Negro me ayudó a entenderlo mejor. Me explicó que los cubanos daban por hecho su herencia africana. (…) Me dijo que Fidel, en un discurso, le había dicho a la gente: -Todos somos Afro-Cubanos, de los más paliduchos a los más morenos. (…) Aunque estaba de acuerdo conmigo, me dijo enseguida que él mismo no se veía a sí mismo como Africano: -Yo soy cubano”.
Aún más, aquel amigo suyo se refirió a un compatriota desembozadamente racista que se había opuesto, originalmente, al matrimonio de una de sus hijas con un negro cubano. Su razonamiento, ante el hecho, será inapelable: “Mientras apoye la Revolución, no me importa lo que piense. Me importa más lo que hace. Si realmente apoya la Revolución, cambiará. E incluso si no cambia, sus hijos van a cambiar. Y sus nietos cambiarán todavía más.” ¿Es qué acaso se ha establecido mejor definición de lo que es una revolución?
En otra ocasión Assata fue llamada “mulata” y llegó a sentirse profundamente ofendida: “-Yo no soy mulata. Yo soy una mujer Negra, y estoy orgullosa de ser Negra -le decía a la gente (…) Algunas personas entendían lo que quería decir, pero otros pensaban que estaba demasiado obsesionada con el tema racial. Para ellos, mulato era simplemente un color, como rojo, verde o azul. Pero para mí representaba una relación histórica.” De pronto, en aquella latitud caribeña, Assata Shakur, “la pantera más negra”, negra en lo que negro tenía de carga racista y estigmatizante, pero también de orgullo racial y autoestima combatiente, se encontraba en Cuba sin color. Quizás alguna vez se haya topado con aquel poema de Nicolás Guillén que rezaba: Aquí hay blancos y negros y chinos y mulatos. / Desde luego, se trata de colores baratos / pues a través de tratos y contratos / se han corrido los tintes y no hay un tono estable. / (El que piense otra cosa que avance un paso y hable.)
Assata Shakur, libre en Cuba.
Assata Shakur, a sus 73 años, lleva una vida discreta y sigilosa para no llamar la atención de los mercenarios y cazarrecompensas que buscan capturarla y colocarla en una lancha rumbo a la Florida, en donde el FBI, burlado una y otra vez, ha ampliado a 2 millones de dólares la cifra que ofrece por su captura. Alguna vez Assata preguntó: “¿Por qué merezco tal atención? ¿Por qué represento tal amenaza?”. La pregunta encabezaba una carta personal que envió al papa Juan Pablo II, quien había sido convencido de solicitar a Fidel Castro su extradición a los Estados Unidos durante su visita a Cuba en enero de 1998. Un inmenso cartel aparecido en la isla dió la respuesta lacónica de Fidel y el pueblo cubano: hands off Assata -las manos fuera de Assata-. Quizás Assata Olugbala Shakur represente aún hoy una amenaza por haber logrado comprender que correspondía a ella concretar los sueños que su abuela soñaba, “que los sueños y la realidad son opuestos” pero que “es la acción lo que los sintetiza”.
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2a parte del 2do Emplazamiento de la comunidad Otomi a las autoridades del INPI y el gobierno de la Ciudad de México
Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG
2a parte del 2do Emplazamiento de la comunidad Otomi a las autoridades del INPI y el gobierno de la Ciudad de México
Comunidad otomí: “No hay excusa para no atendernos”, afirman.
#Diálogo desde el #INPI
Comunidad Indígena Otomí emplazó a Claudia Sheinbaum y Adelfo Regino.
VIDEO DEL ENCUENTRO 3 noviembre 2020
https://fb.watch/1xeX51mwvb/
Regeneración Radio
Diálogo desde el INPI Comunidad Indígena Otomí emplazó a Claudia Sheinbaum y Adelfo Regino. “No hay excusa para no atendernos”, afirman.
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A tres años del asesinato de nuestro compañero Samuel Luna Girón y el desplazamiento forzado interno de 5023 personas ocurrido en octubre de 2017, las mujeres y hombres que integramos el Comité Chalchihuitle, reafirmamos nuestro lucha por la justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.
El gobernador de ese entonces Manuel Velasco Coello, le dio la orden al Presidente Municipal de Chalchihuitán Martín Gómez Pérez para que obligara a las y los desplazados a retornar a sus casas, a través de engaños y amenazas, por lo que la mayoría retornó sin condiciones. Sólo nos quedamos en la lucha por la justicia y resistencia 289 familias, que somos 1237, y que nos organizamos en el Comité Chalchihuitle.
Durante estos tres años y hasta ahora siguen lat Chiapas Denuncia Pública.entes los ataques paramilitares de Chenalhó y el gobernador de ahora Rutilio Escandón Cadenas no ha cumplido con ninguna de nuestras demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón les exigimos que desarticulen, desarmen y castiguen a los grupos armados de Chenalhó, responsables de nuestro desplazamiento, del robo de nuestras pertenencias y la destrucción de nuestras casas, le exigimos el registro ante la Comisión de Víctimas y la indemnización de los daños ocas Chiapas Denuncia Pública.ionados por estos hechos de violencia.
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En este tiempo que llevamos de sufrimiento, entraron a despojar nuestras parcelas, los grupos armados del municipio de Chenalhó destruyeron y quemaron nuestras casas, robaron nuestros animales, cosechas y hasta la fecha no han cesado los disparos en la comunidades colindantes entre ambos municipios.
A pesar de las recomendaciones de la CNDH y de las medidas cautelares de la CIDH, no se han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados. No hay avances sustantivos en la investigación de los hechos y de los responsables.
Queremos denunciar un segundo desplazamiento de 10 familias de la comunidad Cruzcacanam, por violencia generalizada, sin que hasta el momento funcionarios del Estado hayan realizado acciones de prevención, investigación y seguridad. Desde que fueron desplazadas las familias han recorrido diferentes instancias de gobierno, presentando denuncias, pero éstas han sido omisas.
Las familias de Cruzcacanam fueron expulsadas por estar organizadas y ser parte del Comité Chalchihuitle y por no querer retornar con los engaños del gobierno. Denunciamos que las familias están viviendo cerca de su comunidad de origen y los paramilitares de Chenalhó realizan disparos al aire con el fin de intimidar a las familias.
Como Comité denunciamos que los grupos armados paramilitares no sólo atacan con armas de fuego, sino que amenazan constantemente a nuestras compañeras y compañeros que viven en la colindancia con Chenalhó, siguen los intentos de querer invadir con armas de fuego a las familias cercadas a la colindancia.
Queremos decir que nuestros niñas y niños viven en constante temor de ser agredidos, la crisis sanitaria por el COVID-19 y nuestra condición de desplazamiento nos pone en un riesgo muy alto.
En Chiapas hay muchos grupos de desplazados por la violencia y represión del Estado y por grupos paramilitares. Les decimos que seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables.
Agradecemos a los pueblos, organizaciones, al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México y colectivos que durante estos tres años han acompañado nuestro caminar. Les decimos que como hombres, mujeres, niñas y niños, como defensores de derechos humanos que somos, seguiremos en nuestra apuesta de lucha y resistencia por la vida y el territorio.
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OAXACA, Oax.- Indígenas zoques de San Miguel Chimalapas recuperaron sus tierras comunales para impedir que Minaurum Gold Inc continúe con el megaproyecto “Santa Marta”.
La minera canadiense atenta contra la cuenca de los ríos Ostuta y Espíritu Santo, y de las lagunas superior e inferior del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Cuestionaron al gobierno federal por “los engaños, opacidad y “traición”.
El pasado viernes 30 de octubre de 2020, hombres y mujeres zoques se vieron obligados a dejar sus actividades normales.
“Nos movilizamos (y) nos posicionamos en nuestras tierras para verificar que dicha empresa no continúe realizando trabajos de exploración de manera ilegal”.
Denunciaron que la empresa minera ha incursionado en su territorio ilegalmente, porque la asamblea comunal no ha autorizado ningún permiso de exploración ni explotación.
De igual forma, denunciaron la complicidad gubernamental de la Cuarta Transformación.
El director de Minas, Eduardo Enrique Flores Magón y López, afirmó que “no existen concesiones mineras ahí” en la región de los Chimalapas.
La titular de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró “y mucho menos tienen una Manifestación de Impacto Ambiental.
“Para tener una Manifestación de Impacto Ambiental tienes que tener una concesión”, lo real es que existen.
Para reforzar su argumento, sostuvieron que “dicho documento sí existe y es la Manifestación de Impacto Ambiental con número 20OA2020MD038.
“Se encuentra en la SEMARNAT, de ser aprobada, le garantizaría a la empresa el permiso ambiental para avanzar sobre nuestras tierras”.
Por consiguiente, “desde nuestro territorio, señalamos el ocultamiento de la información por parte de la SEMARNAT, pues nos apersonamos en la delegación ubicada en la ciudad de Oaxaca para solicitar la MIA, y nos fue negada.
“Posteriormente hemos permanecido en la incertidumbre de conocer ¿Cuál es la resolución de SEMARNAT respecto al permiso ambiental solicitado por Minaurum Gold?”.
Exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dé a conocer la resolución respecto al permiso ambiental solicitado por Minaurum Gold Inc.
Y que dicho resolutivo se haga público, con negativa a los permisos de exploración para la empresa venida de Canadá.
Aclararon que “durante años hemos mantenido la defensa de nuestras tierras comunales que actualmente vemos amenazadas por este megaproyecto minero.
“Es por eso que este 30 de octubre de 2020 nos vemos obligados a posicionamos de nuestras tierras”.
“Nosotras mujeres y hombres angpøn (zoques) milenarios habitantes de San Miguel Chimalapas declaramos ante los pueblos de la región y el mundo que nuestro territorio ha sido y continuará prohibido a la minería”.
Insistieron que “en el ejercicio pleno de nuestro derecho al territorio y a la autonomía hacemos presencia en la congregación de La Cristalina.
“En el área denominada en los registros del Gobierno Federal como polígono de concesión minera “La Jackita” mismo que abarca 1,499 hectáreas.
“Cuyo número de título de concesión minera es el 225472 otorgada por la Secretaria de Economía a la empresa Minaurum Gold Inc.”
Ante la amenaza de que ríos, tierra y aire se contaminen por la exploración y explotación minera llamaron a las comunidades, pueblos y municipios zapotecas e ikoots.
Les pidieron estar atentos ante cualquier posible incursión de la empresa.
Sabemos que la activación de los proyectos mineros va de la mano con la imposición del mega proyecto del Corredor Interoceánico.
Como pueblos zoques, zapotecos e ikoots nos posicionamos a nivel regional en rechazo total al proyecto minero “Santa Marta”.
“Sabemos que no somos los únicos pueblos afectados por la ambición de las empresas en Oaxaca.
“Todas y cada una de las regiones padecen la incertidumbre y presión provocada por el avance de las mineras y los efectos de minas instaladas.
“Tanto en San José del Progreso del Valle de Ocotlán como en San José de Gracia”, añadieron.
Y agregaron que “sabemos también que mientras existan las concesiones mineras aprobadas y solicitudes en trámite no podremos tener paz y tranquilidad.
“Por eso nos declaramos territorio prohibido para la minería.
“¡Rechazo total a la entrada exploración y explotación de las empresas mineras!”.
Finalmente, exigieron “al gobierno federal, directamente la secretaría de Economía, la cancelación de todo tipo de concesión, solicitud o asignación minera en sus tierras.
“Lo hemos manifestado una y otra vez, no hemos permitido ni permitiremos la entrada de proyecto minero alguno en nuestras tierras”.
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CONVOCATORIA
Encuentro de Resistencias y Rebeldías
A 24 años de la fundación del CNI y a 528 años de resistencia indígena,
afrodescendiente y popular en nuestra América
Considerando
Que el sistema capitalista mundial bajo su actual modelo neoliberal, el cual se encuentra en una de sus más profundas crisis económica, política, sanitaria, ecológica, social, representa mayor despojo, racismo, desprecio, explotación a través de políticas que profundizan la extracción de la ganancia por diferentes vías; el patriarcado, como parte de su política de exterminio que se expresa en la alta tasa de feminicidios: La violencia sistemática del Estado aliado con la delincuencia organizada que se traduce en asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas, a hombres y mujeres, a periodistas, a luchadoras y luchadores sociales
Que en nuestro país la política institucional que atiende los asuntos indígenas a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), reproduce las mismas políticas asistenciales y clientelares, y sirve de parapeto justificando consultas a modo para imponer proyectos y megaproyectos que sólo benefician al gran capital, como lo son el mal llamado Tren Maya, el corredor transístmico, el Plan Integral Morelos, “Sembrando Vida”, el aeropuerto de Santa Lucía, entre otros
Que la expulsión progresiva de las comunidades indígenas de su tierra y territorio para apropiárselas el gran capital a través de políticas de Estado, sólo les ha dejado a muchas y muchos como alternativa de subsistencia migrar a las ciudades donde se recrudece el desprecio, el racismo y la precariedad en sus condiciones de vida negándoles derechos sustanciales y humanos como el de la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la cultura, la alimentación, etc.
Que la toma de las instalaciones del INPI por parte de la comunidad otomí residente en la ciudad de México, es un YA BASTA a la violación sistemática de sus derechos elementales, siendo este un ejemplo de dignidad que ha permitido denunciar las condiciones en las que viven los pueblos indígenas en las ciudades, permitiendo asimismo que otras resistencias hagan resonar su voz y evidenciar que como pueblos originarios son víctimas de políticas solo ven en ellos sujetos de caridad,
Que el mal gobierno sigue su paso contrainsurgente, incrementando los niveles de militarización y paramilitarización en todo el país, y particularmente en las comunidades zapatistas en Chiapas, impone sus proyectos de muerte, genocidio y ecocidio en beneficio de los capitalistas, aprovechando la desmovilización por la pandemia de Covid 19 que para el pueblo trajo muerte y para ellos oportunidades, como “anillo al dedo”
Convocamos
A todos los que luchan, se organizan y resisten contra las imposiciones, el desprecio, la represión, la guerra de exterminio, la explotación, el despojo y la destrucción de la tierra y el territorio, a un
Encuentro de Resistencias y Rebeldías
(Presencial y Virtual)
El sábado 07 de noviembre de 2020, a partir de las 9 horas, en la toma otomí del INPI, avenida México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía- Coyoacán, ciudad de México, de manera presencial. Y de manera virtual en el enlace que más adelante se precisa:
De Acuerdo al siguiente REGLAMENTO:
Presencial: Dadas las condiciones sanitarias derivadas del COVID-19, quienes acudan a través de confirmar previamente su asistencia será con una pequeña comisión (2 ó 3 representantes) por comunidad, pueblo, colectivo u organización. El aforo máximo posible será de aproximadamente 40 compañer@s Virtual: Transmisión en VIVO por facebook.com/coordinacionmetropolitana
para la participación virtual pide informes al correo: cmaa.cig@gmail.com
Intervenciones que se irán intercalando con las intervenciones presenciales
Tiempos de intervención: Por las razones expuestas, las intervenciones tendrán un límite de entre 5 a 7 minutos máximo, por representación colectiva o individual.
PD: Si fuera posible, sugerimos que las intervenciones se presenten de preferencia por escrito, con objeto facilitar el contar con una memoria física del Encuentro.
Los trabajos se llevarán a cabo en plenaria y se abordará la discusión de acuerdo a la siguiente temática:
1. Cómo nos organizamos y luchamos contra el sistema capitalista desde los pueblos y comunidades originarias, desde el campo y la ciudad
2. Cómo vinculamos y organizamos nuestras luchas desde abajo y a la izquierda, desde nuestras demandas particulares, locales y generales para seguir avanzando
3. Plan de Acción
Alto a la guerra contra el EZLN
Alto a la militarización del país.
Fuera paramilitares de Chiapas, de Guerrero y de todo México
Apoyo total a la digna resistencia y rebeldía de los otomíes del CNI en la Ciudad de México
No al tren maya
No al corredor en el Istmo de Tehuantepec.
No a los megaproyectos de muerte
Justicia para nuestros hermanos asesinados por defender el territorio y la Madre Tierra
Justicia para los asesinados del CNI y del CIPOG-EZ
Justicia para Alexis Benhumea
Justicia para Samir Flores
Justicia para Carlos Sinhué
P r o g r a m a
10.00 a 10.30 Registro
10.00 a 10.30 Bienvenida a cargo de representantes de la comunidad Otomí
10.30 a 14.00 Discusión en plenaria, presencia y virtual
14.15 a 15.30 Receso para comida
15.30 a 18.00 Se reanuda la discusión orientada a establecer un Plan de acción
Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG
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Sandra Suaste & Luis Suaste
Las sillas lucieron vacías hasta las 10:21 de la mañana. La Comunidad Indígena Otomí, que una semana antes, emplazó a varios funcionarios para entablar un diálogo a las afueras del edificio tomado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), instaló una mesa desde donde demandaron todas aquellas garantías que se les negaron durante décadas: respeto, vivienda, salud, educación, empleo; una vida digna.
A la reunión acudieron Alfonso José Suárez, secretario de gobierno de la Ciudad de México; Adelfo Regino, titular del INPI; Juan Gutiérrez Márquez, director general de Concertación Política, Prevención, Atención Social y Gestión Ciudadana; Josefina Bravo Rangel, de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y Rodrigo Chávez Contreras, director ejecutivo de Operación del Instituto de Vivienda.
Ella es la primera en tomar la palabra, les reclama a las autoridades: «han sido ciegas, no nos han escuchado, no nos han mirado». Es Isabel Valencia, mujer residente en un predio de la colonia Roma, Zacatecas 74. «Hoy estamos aquí para decirles que no venimos a pedirles. Para exigirles que nos escuchen, que cumplan con sus trabajos, es lo que les corresponde».
Exigimos «esa vivienda digna, según las constituciones, según las leyes que ustedes a diario manejan», dice Valencia desde su mesa. Alrededor de ella hay mujeres con sus hijos en rebozos, niños, niñas, jóvenes y abuelas que escuchan con atención, en momentos asienten. Algunos bebés lloran.
Un llamativo tapete decorativo que estaba en la sala de juntas personal de Adelfo Regino-ahora afuera del INPI- fue colocado para la reunión. Sobre el tejido descansa una leyenda «La Comunidad Otomí no somos pieza decorativa». Las miradas irradian indignación. Siguen los reclamos: «mandaron a la muñeca Lele a recorrer el mundo y a nosotros nos han ignorado, a nosotros no nos ven, pero si presumen nuestras artesanías».
Los funcionarios escuchan, toman nota. Adelfo Regino baja la mirada. Josefina Bravo y Juan Gutiérrez Márquez revisan su dispositivo móvil de vez en cuando. Pero las mujeres otomíes con frecuencia les insisten en que las miren.
Maricela Mejía es concejala de el Concejo Indígena de Gobierno, (CNI-EZLN). Dirige sus palabras: «usted, Adelfo Regino, viene de un pueblo ¿No conoce qué quiere la madre tierra? ¡Paz!» La voz de Maricela no cesa, las pausas son pocas. Hay enojo. Los reclamos históricos se acumularon. Pero muchos son para esta administración:
«Ya basta, porque estamos hartos de engaño, de que usted venga y se presente y diga “hermano”, ¿hermano? ¡Por favor!», dice Mejía con enojo y tono de ironía. Continúa: «No se le roba al hermano. No se le despoja al hermano. No se le saquea. Se le olvidó de dónde vino, se le olvidaron los acuerdos que tenía con los hermanos zapatistas. No queremos ese tipo de hermanos».
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Filiberto Margarito, concejal del CIG, cuenta una historia, aunque los gobiernos «perfectamente la conocen». Es un relato de los otomíes en la Ciudad de México, desde que tuvieron que partir de Santiago Mexquititlán, desde hace más de 25 años, con la esperanza de que sus hijos tuvieran una buena educación, en busca de un sustento para las familias.
Pero la metrópoli fue cruel: «llegamos a la ciudad, nos ven con otra cara, no como comunidades indígenas, nos ven [como] personas raras o delincuentes». En 1997 se organizaron y tomaron Zacatecas 74, un sitio abandonado después del sismo que sacudió al Distrito Federal de 1985.
«Nosotros dormíamos en las centrales, nos dormíamos en las calles y en los hospitales donde teníamos que resguardarnos en la noche y en el día salir a trabajar». Filiberto hace referencia a su experiencia personal, pero también recuerda que hay algunos de sus compañeros que llegaron hace más de 50 años a la capital.
Margarita Margarito vive en un campamento afuera del edificio ubicado en Roma 18, colonia Juárez. En contra esquina está el museo de Chocolate y a unos cuantos metros más, se ubica el Museo de Cera. Ella denuncia la discriminación que vive en esta zona de la ciudad. La policía no la deja vender. En 2018 el “extinto cuerpo de granaderos” los desalojó y golpeó, pues el inmueble le interesa a una empresa inmobiliaria denominada Eduardo S.A. de C.V. Señala que están coludidos con el gobierno de la Ciudad de México.
Margarita empuña su mano cuando habla, para remarcar cada palabra, «trabajen con su sudor, no del sudor de los compañeros y compañeras que venimos aquí», dice mientras se toca la frente.
Siguen los reclamos. Los funcionarios continúan escuchando, no por buena voluntad, sino por el edificio tomado, por el que han mostrado preocupaciones materiales. Pero la comunidad ha vivido despojo, discriminación, abuso policial y no dejan la oportunidad de recordarlo. Es la primera vez que los escuchan y toman nota.
Es el turno de hablar de los funcionarios, comienza Adelfo Regino, habla en ayuuk. Menciona que hay disposición para atenderlos y acceden a reunirse en una semana.
Las exigencias son varias y deberán trabajarse en las mesas siguientes. En una semana se volverán a sentar para encausarlas: Una plaza de trabajo para vender artesanías, el decreto de expropiación de los predios de vivienda, la cancelación de los megaproyectos en Santiago Mexquititlán. Incorporación de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, a las mesas de trabajo, cuando su estado de salud lo permita.
Los otomíes afirman que pueden esperar, porque los pueblos indígenas llevan 528 años resistiendo en el olvido y décadas sin una vivienda, ni salud, ni trabajo. Termina la mesa, el espacio queda semivacío y algunas se abrazan, con sus compañeras, amigas y familiares. Esperarán. Mientras recuerdan a los capitalinos: “Nunca más una ciudad sin nosotras, ni nosotros”.
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A pesar de la crisis sanitaria, el mes de octubre fue un mes de intensas movilizaciones en Colombia, en particular con la Minga social y comunitaria, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz que se llevó a cabo a partir del 10 de octubre.
Miles de indígenas de diferentes pueblos, así como sectores campesinos, comunidades afros y otros sectores sociales de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Valle y Caldas y Putumayo principalmente, recorrieron el país: empezaron en Monterilla, Zona Sat Tama Kiwe Cauca, para luego alcanzar la ciudad de Cali antes de dirigirse a la capital Bogotá, pasando por las ciudades de Armenia, Ibagué, Fusagasugá y Soacha.
Según lo cuenta la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), esta minga salió en medio de la pandemia para buscar “un debate político claro y hablar de diversas situaciones que desarmonizan la vida en los territorios, como la militarización, presencia de multinacionales, incremento de violencia en los territorios y despojo, esto ligado a un modelo de muerte que pretende dejar en el olvido a los pueblos”.
Minga 2020/Fotos por Medios Libres de Cali
“Estamos pasando por cosas muy graves, se está matando a la gente. Ya estamos cansados. Ahora dicen que la epidemia nos mata, que el Covid 19, pero el Covid 19 es el Estado y su gente armada que está matando la gente, la Covid-19 donde estamos nosotros no ha matado”, lamenta la mayora del pueblo Nasa Blanca Andrade, en un audio difundido por la ACIN.
A este escenario le anteceden los registros de la ONG británica Global Witness quien registró que tan solo en 2019, Colombia y México encabezan la lista de los países con más altos índices de asesinatos contra defensores ambientales, en su mayoría, integrantes de pueblos originarios. Según el informe de 2019 de esta organización, de los 212 defensores de la tierra y el medioambiente que fueron asesinados, 64 eran colombianos. Una de cada 10 víctimas era mujer.
En lo que va del año 2020, por lo menos media centena de indígenas han sido asesinados en medio de la pandemia. Junto a ellos se suman los decesos provocados la Covid-19. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma de la paz al menos 300 líderes indígenas, así como 600 líderes campesinos, afro y sindicales, han sido asesinados.
“Antes nos mataban, pero ahora estamos ante un genocidio”, denuncia Serna al respeto.
La minga, poderosa institución pre-colonial
La palabra “minga” o “minka” viene del Quichua y hace referencia a la reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común. Es una forma de organización usada en todos los aspectos de la vida social, incluso en lo político. En este caso, “cada grupo apoya con lo que puede, comida, guardia, autoridades, música, pero el fin es la construcción de un país mejor”, explicó Marilen Serna, integrante de la comisión política de la Minga.
“La palabra minga tiene un significado profundo y busca aprender y construir trabajando en conjunto, hacer las cosas unidos en comunidad. Por eso, esta minga se desarrolla desde la base de escucharnos desde abajo, desde el pueblo, que es la base del entender que vivimos en lugares diferentes, pero, que las realidades no son tan distintas”, detalla por otro lado la ACIN.
En las últimas décadas, la Minga se ha organizado varias veces para enfrentarse a distintos gobiernos. En 2008, llegó a un punto de tensión importante durante el gobierno de Álvaro Uribe. Con la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, cerca de 45.000 indígenas de diferentes pueblos marcharon, por al menos 60 días, cerca de 120 kilómetros de territorio, entre Santander de Quilichao, departamento del Cauca y Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca.
La minga siguió hasta Bogotá, donde fue recibida, en noviembre, por representantes de varios sectores sociales y por las organizaciones estudiantiles, que apoyaron el movimiento.
Hoy, la Minga social y comunitaria, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, coincide con el Paro Nacional de Colombia, un inédito movimiento de protesta que nació en 2019 y en el que millones de colombianos se manifestaron por razones económicas, educativas y de orden público.
En defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz
La minga que salió en octubre con rumbo a la capital de este país, Bogotá, buscaba plantear un debate nacional, en sintonía con otros sectores sociales, para sacar a la luz los problemas estructurales que el gobierno está ignorando.
Uno de ellos es la violencia que sigue golpeando al país, a pesar del mal llamado Acuerdo de Paz firmado en 2016.
“En el 2008 nos movilizamos por cuatro elementos: vida y derechos humanos, territorio, paz y modelo económico. Y hoy, incluso con la firma de la paz, la situación es la misma. O peor, porque tiene el sinsabor del fracaso del proceso”, explica Marilen Serna.
Otro problema, vinculado de cerca con el primero es el del saqueo de los territorios que están siendo entregados masivamente a la industria extractivista, para la explotación minera, hidroeléctrica, forestal o la agroindustria.
“La violencia ha sido compañera del reordenamiento extractivista de los territorios. Estos proyectos le abren otro frente de rentas a los grupos armados y narco paramilitares, que extorsionan y someten poblaciones. Esto también le abre el camino al acaparamiento de tierras y al despojo”, denuncia el Presidente de Indepaz, Camilo González Posso.
Por eso, lo que pretenden los pueblos originarios es provocar un cambio profundo del sistema: “la minga reclama otra forma de política, que defienda la vida y la paz: que el Estado responda con eficacia a la ola de asesinatos, masacres, desplazamientos y otras graves violaciones a los derechos humanos que se han disparado en los últimos años. Pero estos cambios no se logran con unos pequeños ajustes o concesiones. Para cambiar esta realidad, es necesaria una nueva forma de hacer política y de gobernar, con profundas modificaciones en el Estado. Por eso, la minga exigió una amplia conversación con el presidente para dar estos debates”, detalla González Posso.
“Estamos buscando que den la cara, porque queremos respuestas sobre lo que está sucediendo en el país, y no dinero o migajas de los que saquean al país, a la madre tierra”, agrega la ACIN.
Entre apoyo y criminalización, la lucha sigue
En su recorrido, la Minga de este año 2020 recibió mucho apoyo por parte de la sociedad colombiana.
“Vimos con la llegada a Bogotá que el pueblo colombiano tiene mucha esperanza en el movimiento indígena, en esta movilización que se ha hecho. Entonces el mensaje que estamos dando al país es que nos sumemos a este proceso que hoy como minga da una alternativa al país y ojalá en las próximas mingas no sólo seamos el suroccidente sino todo el país colombiano”, declaró por ejemplo un indígena Nasa del departamento del Valle del Cauca para la ACIN.
Sin embargo, la minga también recibió criticas y también sufrió una ola de criminalización y desprestigio por parte de la elite y de los medios masivos de comunicación. De forma repetida, las y los participantes de la Miga han sido calificados de “aliados de la guerrilla”. También han sido acusados de propagar la Covid-19 y de ser entonces un peligro para la salud pública.
El Consejo Gremial Nacional, una asociación de empresarios, publicó por ejemplo un comunicado en el que aseguró que, el “incumplimiento (de protocolos de seguridad) atenta contra la salud, no solo de quienes hacen parte de la marcha, sino de todos los colombianos”.
Acerca de la campaña de desinformación que sufrió la Minga, la ACIN señaló que “los opresores siempre buscan privilegios, ellos no quieren que caminemos la palabra y nos escuchemos. No quieren que aprendamos de lo caminado, nos quiere dividir con sus tentáculos utilizando la desinformación de los medios de comunicación que están a su servicio y mediante la estigmatización, creando paradojas y dudas ante la prensa nacional e internacional. El pueblo en general que desde lejos sin estar atento y participando no logra entender la grandeza de las acciones en la minga y lo que busca, que no es beneficio para unos pocos si no para el pueblo colombiano en general”.
La asociación del Norte del Cauca también recalcó que la minga es un movimiento histórico, heredero de las luchas que se han dado a lo largo de los últimos 500 años, y cuya fuerza no se dejará debilitar por las críticas.
“En la minga no somos pocos, somos un pueblo que creció como un río, con el dolor y la sangre de los más desfavorecidos, somos un pueblo que tiene el respaldo de la naturaleza, de la misma historia que narra en sus recuerdos todo lo que lo caracteriza por luchar por la vida y sus territorios es hora de volver a la lucha que da desde la invasión y saqueo cultural y de riquezas, hasta ahora. Hoy sabemos que es hora de cambiar estos malos sistemas de gobierno y de sostenimiento del mundo entero, es por eso que la conversa es desde el pueblo y para el pueblo”, concluye.
“Los pueblos hemos sobrevivido peleando. Ahora tenemos que pelear, esto va para largo”, afirmó por su lado la mayora Blanca Andrade.
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Gobernador Omar Gutiérrez,
Una vez más hacemos un fuerte llamado de atención ante los distintos acontecimientos y situaciones angustiantes que venimos sufriendo como comunidad mapuche, donde nos sentimos amenazados y estamos siendo perseguidos por el accionar de la justicia neuquina, ya que en el transcurso de los últimos 60 días hemos sido notificados por la justicia neuquina sobre 3 sentencias judiciales pidiendo el desalojo, quedando a las claras el favoritismo que ejercen estos jueces pretendiendo beneficiar con nuestras tierras a un puñado de oportunistas y especuladores cuyo único objetivo es el lucro y la explotación inmobiliaria.
Sr gobernador esto es lo que sucede cuando se deja en manos de la justicia que resuelva judicialmente el destino de nuestro territorio, a la cual somos los legítimos herederos, los legítimos dueños, acá es donde le cabe a usted una tremenda responsabilidad como gobernante, pero lamentablemente no lo está tomando con la seriedad que se merece, el tema territorial es un tema que se tiene que resolver a través del diálogo político, porque se trata de que este mismo gobierno, al cual usted representa, es el responsable de nuestra reducción territorial, donde impunemente se beneficiaron empresarios, funcionarios, jueces amigos del poder, y otros tantos más, tenemos un listado interminable de personas que se beneficiaron impunemente. El resultado de esto, es que tristemente nos han dejado un conflicto territorial en puerta, más de 40 causas judiciales, más de 60 integrantes imputados, y no conforme con eso hicieron abandono y dejando aislado de todo beneficio social a nuestra comunidad, Peor castigo no hemos podido tener de parte de este gobierno.
Gobernador Gutierrez le informamos que además usted en estos 5 años de mandato increíblemente no ha movido un dedo para la aplicación de la ley N 26.160, entonces nos preguntamos ¿dónde queda eso de que el gobierno deberá garantizar Tierras aptas y suficientes para el desarrollo indígena?, donde queda ese derecho en garantizar el Titulo de la Propiedad Comunitaria Indígena? ¿cómo es eso de que mientras esté vigente el Relevamiento Territorial se frenan los procesamientos y ordenes de desalojos?
Nada de esto ha sucedido, sino todo lo contrario, hemos retrocedido 15 años atrás, resulta que los tantos derechos que nos brinda la constitución, los responsables de aplicarlo lo tiran por la borda,
Sr Gobernador ante esta incertidumbre que usted mismo ha generado, ante su falta de voluntad política ante su silencio y de no gobernar para todos sino para unos pocos y su irresponsabilidad de dejar en manos de la justicia que resuelva impunemente. Usted sabe muy bien lo que es una sentencia por desalojo, es nada más y nada menos que una acción para despojarnos de nuestras tierras, o sea una acción violenta, tenemos que pensar que eso lo que espera usted?.
De continuar esto así, tendremos que movilizarnos y denunciar a la provincia por discriminadora y xenófoba, pediremos al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que tenga un rol más protagónico y tome una decisión más firme en relación al Relevamiento Territorial. Esto no puede seguir así, no queremos violencia y seguir siendo despojados de nuestro territorio.
Entonces ante todo esto, como comunidad vamos a seguir firmes defendiendo nuestro territorio como siempre lo hemos hecho, nuestro territorio es nuestra única fuente de vida y desarrollo mapuche. Y le volvemos a reiterar será su responsabilidad lo que suceda de aquí en más en nuestro territorio comunitario.
POR UN TERRITORIO LIBRE Y UN BUEN VIVIR, MARI CIWEU!!! MARI CIWEU!!
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Al pueblo Otomi en resistencia desde el INPI
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
Desde el Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno, enviamos un saludo fraterno a la Comunidad Otomi Residente en la Ciudad de México, que ocupa las oficinas del que se hace llamar Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en exigencia de que sean atendidas sus justas demandas, buscando el diálogo y fijando una fecha para hacerlo, el 3 de noviembre próximo, e invitamos a las organizaciones y comunidades indígenas de la Ciudad de México y del país a acompañar y fortalecer su lucha en esa fecha y de manera permanente.
Como Coordinación del CNI-CIG nos sumamos a su exigencia porque sabemos que en su lucha, mientras el arma ha sido siempre la palabra, los gobiernos han respondido con agresiones, desalojos y criminalización. Nos sumamos a sus tiempos, porque mientras arriba los toman como un plazo, abajo ese diálogo ha tardado muchos años, en los que los pueblos originarios que en colectivo construyen organización desde las ciudades, no son escuchados ni vistos.
Saludamos la organización de los pueblos originarios radicados en la Ciudad de México, que, luchando, están haciendo territorios donde puedan vivir con dignidad y derechos, materializados en sus exigencias de vivienda, trabajo y justicia. Mismas que hacemos nuestras, porque en todas las geografías, somos criminalizados por mostrar lo que somos, por vivir en la ciudad y por vender nuestro arte; porque para el gobierno sobramos, estorbamos y por lo tanto mandan a sus represores a sacarnos, a golpearnos para quitarnos nuestras mercancías, a destruir nuestro trabajo, a encarcelarnos. Entonces, resulta que nuestros derechos humanos son los que no importan, los que, si acaso registra la comisión de derechos humanos, es por rutina y con una carga de desprecio.
Abajo, los representantes del pueblo Otomí, que florece en comunidades en tres predios de la ciudad de México, resisten el desalojo violento, con el que los gobiernos garantizan que el dinero de las empresas inmobiliarias sea el que manda y reordena la ciudad al servicio del gran capital; siembran el desprecio, contratan golpeadores para desalojar y violentar a hombres, mujeres, niños y ancianos. Mientras, en nuestras comunidades, hacen grupos de choque, guardias blancas, grupos paramilitares, sembrando el desprecio, consolidando el despojo y la represión.
Por eso somos uno en la exigencia que nuestros hermanos y hermanas, desde el INPI, hacen a los gobiernos y llevan con fuerza a todo el mundo, de que dejen de formar, alentar, armar y proteger a esos grupos en el estado de Chiapas donde arrecia la guerra contra nuestros hermanos y hermanas del EZLN, así como a lo largo y ancho del país.
En ese sentido, denunciamos la campaña de discordia y linchamiento que, al viejo estilo priísta, los cabecillas del INPI y sus clientelas han estado realizando, llegando a nuestros pueblos, comunidades, barrios y organizaciones indígenas, para solicitar que se hagan documentos en los que nos opongamos a la movilización de nuestras y nuestros compañeros que resisten en el INPI. Lo suyo, del gobierno, es el desprecio, la división y la confrontación.
Se refieren para chantajear, a los “apoyos o programas” que maneja el INPI, como si así de fácil se resumieran décadas, siglos de abandono, desprecio, despojo, explotación y represión contra nuestros pueblos. Hacemos un respetuoso llamado a todos los pueblos de México, a no caer en esa campaña de mentiras. Pues el odio de los mandones, de los capataces, será contra cualquiera que reclame, luche y ejerza sus derechos.
O sea, hermanas y hermanos de la Comunidad Otomi Residente en la Ciudad de México, su lucha es nuestra porque somos pueblos que en colectivo, en el campo y en las ciudades, abrimos con resistencia y rebeldía los caminos que arriba nos cierran y nos niegan.
Llamamos a los pueblos originarios, a los colectivos y organizaciones conscientes, a los medios de comunicación alternativos, a estar atentos y solidarios con nuestras hermanas y hermanos del pueblo Otomi en la Ciudad de México, así como a las acciones y respuestas que pretendan los gobiernos.
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A más de 15 días de la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) por parte de la comunidad indígena otomí residente en Ciudad de México, las autoridades no han dado respuesta a sus demandas. De hecho, Adelfo Regino, director general del INPI ha intentado pasar inadvertido, ha minimizado la protesta del pueblo Otomí y delegado sus exigencias a otras instancias de gobierno, “hay planteamientos de las comunidades indígenas cuya respuesta se encuentra también en las cámaras de diputados y en el gobierno capitalino”, mencionó Adelfo Regino dentro del encuentro que sostuvo con el Movimiento indígena de la ciudad de México, el pasado 20 de octubre.
Aun cuando esta institución ha estado tomada desde el pasado 12 de octubre, Adelfo Regino continúa trabajando, pero no en pro de solucionar las demandas de la comunidad otomí, sino avanzando con su propia agenda de trabajo, ya que hasta el día de hoy, no se ha acercado a escuchar las demandas de la comunidad y mucho menos ha intentado establecer un diálogo con ellos. “A dos semanas de la toma seguimos mirando desprecio, discriminación e indiferencia gubernamental a nuestras demandas, a nuestra palabra, a nuestra lucha; no importa si es gobierno local o federal, para el caso, el trato sigue siendo el mismo” señaló la comunidad otomí.
Adelfo Regino ha dicho que “el diálogo es el instrumento que tenemos para cerrar las brechas de desigualdad y atender el olvido, el abandono y el reclamo de justicia de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, y establecer acuerdos para cada una de sus peticiones”. Sumado a ello, desde su cuenta de Twitter, Regino ha dado a conocer un comunicado sin fecha y sin destinatario en el que convoca a una mesa de diálogo, pero la comunidad otomí no ha sido informada al respecto.
“El gobierno no se ha dignado a venir, el maneja que quiere una mesa o que hay una mesa y nosotros estamos diciendo que no hay ninguna mesa, porque están viniendo funcionarios con los que ya habíamos platicado y que no tienen la capacidad para firmar una expropiación”, expresó para Avispa Midia la señora Isabel Valencia de la comunidad de Santiago Mixquititlán, refiriéndose a sus antiguos predios que habitaban, los cuales exigen que se regularicen y, para ello, el gobierno tendría que expropiarlos y cederlos a estas comunidades.
Tras esta indiferencia por parte de las autoridades continúa la toma de la sede del INPI, renombrada como “espacio de Resistencia y Rebeldía”, desde donde se han realizado diversas actividades, entre ellas un bloqueo-mitin a la avenida México-Coyoacán, para denunciar que las autoridades solo “se han acercado a preguntar sobre el equipo de cómputo, sobre el aire acondicionado, sobre el equipo que se encuentra dentro y que da servicio al interior del país en materia de asuntos indígenas, pero jamás preguntaron qué pasó con la comunidad, en qué situación se encuentra la comunidad, cuáles son sus condiciones de vida y mucho menos preguntaron cuáles son las demandas”, denunció la comunidad otomí durante el mitin.
Estas demandas no solo se reducen a la exigencia de vivir en un lugar digno, “nuestra demanda no se reduce solo a la vivienda, reiteramos que nuestra lucha es por la educación, salud, alimentación, trabajo, democracia, libertad y justicia. Demandamos también una plaza para vender nuestras artesanías”, mencionó la comunidad otomí en un comunicado de prensa emitido el sábado (24) pasado.
Con el fin de que las instancias de gobierno se sienten a dialogar y resuelvan sus demandas, la comunidad otomí ha emplazado a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y a Adelfo Regino, titular del INPI, a un diálogo directo para conformar una mesa de trabajo que atienda sus demandas. El diálogo ha sido convocado para el próximo 3 de noviembre a las 10:00 de la mañana en las instalaciones tomadas.
Ofrenda para Samir Flores en la ocupación del INPI. Foto por Rafael Lozano
Edificio del INPI. Foto Por Rafael Lozano
Actividades en la ocupa del INPI. Foto por Rafael Lozano
Más allá del INPI
Cabe recordar que la toma del INPI se realizó como parte de las actividades en defensa de la madre tierra y contra la guerra, convocadas por el Congreso Nacional Indígena, del cual forma parte la comunidad otomí. Pero, también, porque exigen un alto a los megaproyectos impulsados por la Cuarta Transformación (4T), como se ha nombrado el periodo de gobierno en curso en México, “nosotros le decimos al gobierno que no queremos esos megaproyectos que ellos tienen porque están matando a nuestra Madre Tierra y nosotros estamos luchando por nuestra Madre Tierra, por vivir, por tener algo de nuestros árboles, de nuestros cerros. Exigimos luz y agua, exigimos educación, respeto como mujer, respeto a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos. Queremos que nos voltee a mirar ese mal gobierno, esa cuarta transformación que nada más nos voltea a mirar para desaparecernos y matarnos”, comentó María Mejía.
Pero, también, dice la señora Isabel Valencia, es para exigir un alto a la militarización de las comunidades zapatistas “exigimos un alto a la guerra contra el EZLN, queremos que estén fuera los paramilitares de Chiapas, allá también, a nuestros hermanos los están atosigando”.
Foto por Ángel Huerta
Colectivos se solidarizan con la ocupación del INPI
Otras acciones
En este espacio tomado se han llevado a cabo diversas actividades, entre ellas, un encuentro con integrantes del CNI y organizaciones sociales, en el que participaron concejales e integrantes del Consejo Indígena de Gobierno (GIG), entre ellas María de Jesús Patricio Martínez, concejala e integrante del CNI-CIG quien abrazó la lucha del pueblo Otomí, reconoció el valor de las compañeras al tomar el INPI y agradeció por resistir y por seguir resistiendo a pesar de todo. “Ahorita ustedes, su lucha, están hablando por los que estamos abajo, los que estamos resistiendo, a los que nos están matando, los que nos están desapareciendo, los que estamos resistiendo porque queremos seguir conservando la vida y una vida que es para todos y todas del planeta”, compartió la concejala María de Jesús, mejor conocida como Marichuy.
Tras esta acción, sociedad civil y diversos colectivos han refrendado su solidaridad con la digna lucha del pueblo otomí. Resistencias como la del Corredor Interoceánico han mostrado su apoyo, “acompañamos y apoyamos dicha movilización, expresando y manifestando verbal y visualmente el rechazo total a la pretendida imposición de dichos Macroproyectos escocidas y etnocidas y a la militarización regional que éstos conllevarían”, manifestaron los integrantes de la campaña #ElIstmoEsNuestro.
Así mismo, en un acto de solidaridad, el 20 de octubre, indígenas mixes ayuuk clausuraron las instalaciones del centro coordinador del instituto nacional de los pueblos indígenas, ubicado en San Juan Guichicovi, Oaxaca. En Nuevo León, el 17 de octubre, se realizaron diversas pegas de cárteles en solidaridad con la toma del INPI. La comunidad de Amilcingo les envió un mensaje de solidaridad a las compañeras y compañeros de la toma.También se han iniciado diversas campañas, entre ellas #ApoyoSolidario, que invita a apoyar a la comunidad otomí donándoles víveres. Pero también se han sumado a un llamado de solidaridad que ha hecho esta comunidad Otomí, “romper el cerco mediático”, ya que han sostenido que diversos medios han querido minimizar su lucha y sus exigencias. Por ello, las redes sociales comienzan a cobrar fuerza visibilizando esta lucha con el Hashtag #Romperelcerco #ResistenciaOtomí #dignidaddelospueblos.