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San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
9 de marzo, 2017.

Por: Concepción Suárez Aguilar (para Radio Zapatista)

Abajo a la izquierda… desde adentro y con todo el corazón
¡Tenemos derecho a la tierra, tenemos derecho a decidir!

Rostros varios, ojos limpios, voces fuertes, mujeres indígenas y no indígenas reunidas en asamblea del Movimiento en Defensa de Tierra y Territorio y por el Reconocimiento a la Participación de las Mujeres en la Toma de Decisiones, este 6 y 7 de marzo en las instalaciones de CIDECI Las Casas, abrimos nuestros corazones, compartimos nuestras rabias frente al despojo, el que viene de los proyectos neoextractivistas, pero también el que viene de los hombres del campo y la ciudad.

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Foto e información “Subversiones Agencia Autónoma de comunicación”

Compañeros de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula nos informan que en la madrugada de este 5 de febrero, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, fueron levantados en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Marina, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado.

Señalan que les están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a los secuestrados y que se abandone el filtro que los comunitarios mantienen en el punto referido sobre la carretera costera. Los criminales amenazaron con ejecutar a los comunitarios de no obtener una respuesta afirmativa a sus exigencias.

La comunidad de Ostula acaba de decidir en asamblea, bloquear la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región Costa – Sierra de Michoacán como acción urgente para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación de los policías comunitarios.

Resulta alarmante que nuevamente se observe una colusión entre los cuerpos castrenses del Estado (en este caso la Marina) y el crimen organizado, para hostigar y amenazar gravemente a las comunidades en resistencia.

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México Distrito Federal, 29 de Noviembre del 2016

A los medios de comunicación
A los medios de comunicación independientes
A las organizaciones sociales
A la gente honesta y de abajo
Al pueblo de México

El 24 de noviembre del 2015 en este mismo lugar, Centro de Comunicación Social, dimos a conocer la conformación de este Comité de Sobrevivientes a la Tortura del Caso Atenco como una necesidad de hacer pública la farsa de justicia y fraude a la ley que el estado mexicano pretendía llevar a cabo para salir al paso de la denuncia que han interpuesto 11 compañeras nuestras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra del estado mexicano por los delitos de tortura sexual y cuyo informe de fondo estaba por resolverse.

Denunciamos que los mismos ministerios públicos, que fueron la parte acusadora en contra nuestra hace 9 años, hoy se hacen aparecer como la representación social de las ofendidas en los delitos de tortura y encubrimiento y que ante la imposibilidad de una solución amistosa con las denunciantes, el estado mexicano ha optado por seguir utilizando al poder judicial para reprimir, revictimizar y hacer un fraude a la ley, procesando a 12 policías, 21 médicos legistas y 1 ministerio público, por el delito de tortura y encubrimiento en las causas legales 55/13 y 166/14 del Juzgado Primero Penal de Toluca Estado de México, llamándonos a comparecer con amenazas de órdenes de presentación y multas, en calidad de testigos al conjunto de compañeros que fuimos víctimas de la criminalización y tortura en procesos irregulares a los que fuimos sometidos en el 2006.

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Marcha por Lucía Pérez. Foto tomada de: quedigital.com.ar

Por: Eugenia Gutiérrez, colectivo Radio Zapatista.
México, 25 de noviembre de 2016.

“El río nos dice cosas que ustedes no saben,
las ancestras tienen un poder que a ustedes les asusta
y a nosotras nos conforta…”

Karla Lara

HeForShe, ÉlPorElla, NosotrosPorNosotras. La campaña tiene distintos nombres y traducciones. Ha entusiasmado a varios cientos de miles en decenas de países. Lanzada formalmente el 20 de septiembre de 2014, la campaña buscaba recabar mil millones de firmas para 2015, pero la meta no se alcanzó, y ya no es tan importante. Propuesta por la ONU, la campaña está dirigida a los hombres, a su interés por la igualdad de género, así que los invita a firmar e impulsar acciones personales, familiares y colectivas a favor de las mujeres. Muy bien planificada, la campaña invita a sumarse en tres ámbitos fundamentales para el progreso: gobiernos, empresas y academias. El mapa interactivo que presenta sus resultados, diseñado en agradables variaciones de tonos del rosa, informa que México es uno de los países que más se ha comprometido con la iniciativa. Casi 200 mil hombres anuncian que han decidido transformar su forma de relacionarse con las mujeres, lo que coloca a México en el tercer lugar mundial de participación en la campaña. Abundan las buenas intenciones, la ética de las voluntades, tal vez. Pero cuando la Secretaría de Gobernación firma y celebra la campaña, desde un país donde nos matan cada tres horas surge la necesidad de leer la letra chiquita, ésa que tanto desagrada leer.

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Roberto Paciencia Cruz fue detenido arbitrariamente por la policía el 7 de agosto de 2013 en Pantelhó, Chiapas, sin órdenes de aprehensión y sin ninguna explicación. Durante dos días fue torturado y forzado a firmar una declaración falsa en la que se autoinculpaba de un secuestro. Desde entonces se encuentra recluído en el CERSSS 5 de San Cristóbal de Las Casas. El próximo 26 de noviembre de 2016, se cumplirá el plazo para que William Hernández Ovando, Juez del Ramo Penal del Distrito de San Cristóbal de Las Casas, dicte sentencia. La inocencia de Paciencia se ha demostrado por la vía legal en varias ocasiones: el único testigo inculpatorio no se ha presentado a ninguno de los varios citatorios y, por el contrario, sí hay testigos que declararon que Roberto no estuvo presente en el lugar de los hechos a la hora que se cometió el delito.

Escucha el audio de la conferencia de prensa el 10 de noviembre en las instalaciones del Frayba: (Descarga aquí)  

A continuación, el boletín de prensa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la denuncia de los familiares de Roberto Paciencia, Solidarios de la Voz del Amate y el Grupo de Trabajo “No estamos todxs”:

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Susuclumil, Tila, Chiapas, México.

21 de octubre de 2016

Boletín de prensa No. 21

Sucuclumil conmemoración de la memoria

20 años de crímenes de lesa humanidad en la zona Norte de Chiapas

Desde abajo se empieza.

Ésta palabra es semilla, la sembramos y cuidamos

porque es memoria, esperanza, justicia

Para este Centro de Derechos Humanos los trabajos de la memoria histórica representan la acción continua, viva para el andar diario, para la creación de alternativas frente a la impunidad del Estado mexicano, cuyas palabras están manchadas de sangre, con todo y sus instituciones.

Es por ello que traemos a la memoria en esta Tierra Blanca, Susuclumil, lugar de memoria, en este sitio de conciencia en donde el Tribunal Permanente de los Pueblos¹ escuchó la palabra de hombres y mujeres, sobre los caídos, víctimas y sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano en el marco del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas.

Aquí se comparten un mismo camino, la palabra, La Otra Justicia, manteniendo en su lucha la esperanza de verdad y justicia frente a la impunidad.

Recordando que con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, y en medio de las negociaciones para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno en Chiapas, la violencia en la región aumentó. El control militar era parte del intento de dominio de la situación por parte del Estado mexicano. Con la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94, el Estado mexicano a través del Ejército mexicano, creó paramilitares delegando en ellos el uso de la fuerza, tolerando, permitiendo y facilitando sus operaciones y mostrando una incapacidad para combatirlos.

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·       Otra grieta a las acusaciones falsas del gobierno contra la CRAC-PC que buscaba criminalizar al Sistema indígena.

·       Tres resoluciones de Jueces Federales reconocen a la CRAC-PC como sistema de Seguridad y Justicia.

·       Las actuaciones de la CRAC-PC se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

·       Las autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos. 

Ayutla de los Libres, Guerrero a 12 de mayo de 2016.-  El día de hoy salieron en libertad del Penal de Ayutla de los Libres, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso perteneciente a este Municipio de la Costa Chica, luego de haber sido injustamente privados de su libertad por casi tres años.

El Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa ordenaron su libertad por no existir elementos que acrediten el cuerpo de delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados. El primero resolvió favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la segunda reclasificó el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por la Constitución, las leyes de nuestro país.

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TO THE PEOPLES OF THE WORLD
TO THE ALTERNATIVE PRESS

The National Indigenous Congress (CNI) declares itself in maximum alert following the cowardly betrayal of the indigenous Ñatho community of San Francisco Xochicuautla, municipality of Lerma in the State of Mexico, in order to implement the highway project Toluca Naucalpan, as well as after the assault on community police in Ostula. We call upon all peoples, organizations, and individuals in solidarity to be attentive and to heed the call made by the community of Xochicuautla.

We denounce that:

On Monday, April 11, at 9am, over 1000 state police from the State Commission for Citizen Security (CES) and the Action and Reaction Forces (FAR) began to enter the community from three directions: through the Buenavista neighborhood; via Cuauhtémoc street to the “Lampeni” location; and to “Lapondishi,” the site of the Encampment for Peace and Dignified Resistance, which was then destroyed by the police forces.

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Mexico tortures migrants – and citizens – in effort to slow Central American surge

Esther Juárez, 15 and her sister Amy, 24. Photograph: Nina Lakhani

Nina Lakhani in Ocosingo

Monday 4 April 2016 12.10 BST6

Amy and Esther Juárez were edgy with excitement as they boarded the bus full of seasonal workers heading for a farm at the other end of Mexico from their home in the poverty-stricken southern state of Chiapas.

Although their brother Alberto,18, had made the same journey the previous year, it was the first time Amy, 24, and Esther, 15, had left the tiny indigenous community where they had grown up.

But about half-way there, immigration agents boarded the bus, and after checking all the passengers’ papers, ordered the three siblings to get off. (Continuar leyendo…)

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. (Continuar leyendo…)