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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: David Hernández, activista bininiza de Puente Madera durante entrevista. Foto: Santiago Navarro F.}

Justo en el momento en que el indígena Binniza David Hernández Salazar se dirigía a su centro de trabajo, en Santo Domingo Tehuantepec, al sur de México, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), quienes contaban con una orden de aprensión por supuestos daños a las vías publicas de comunicación.

El activista David Hernández, al haber sido nombrado por su comunidad como agente municipal de Puente Madera, ha defendido las tierras de uso común y por mandato de su propio pueblo, se han opuesto conjuntamente a la instalación de uno de los 35 parques industriales que pretenden instalar en diversas comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, en el marco del llamado Corredor Interoceánico.

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“En Puente Madera estamos en esa posición porque no hay información real de lo que consiste el parque industrial, en los terrenos de usos común de San Blas Atempa. Sobre todo, también por la forma en que pretenden instalar ese parque”, dijo Hernández en una entrevista que le realizó Avispa Midia meses atrás.

Al momento de este diálogo, Hernández se mostraba preocupado por una supuesta orden de aprehensión que se había liberado en su contra por las diversas protestas en que había participado. Esta detención fue ejecutada por la FGEO este martes (17) alrededor de las 8 am, mientras el indígena Binniza se dirigía a la Escuela Primaria Patria, donde trabaja como intendente.

Aún no hay una declaración pública de la fiscalía sobre las acusaciones, pero medios locales presumen que la orden fue ejecutada por denuncias realizadas por víctimas de supuestos delitos que implican daños por incendio y lesiones dolosas, cometidos en el municipio de San Blas Atempa, a donde pertenece la agencia municipal de Puente Madera.

En las diversas acciones de protesta en las que participó el activista, su principal exigencia fue que entregaran información a la comunidad, que por derecho debieron haber recibido por parte de las instancias correspondientes en relación a este parque industrial.

Este complejo industrial será instalado a menos de un kilómetro de donde habitan las personas de Puente Madera y, a siete kilómetros de donde cruzará el Tren Transístmico, el cual ya generará un impacto auditivo al cruzar cada 17 minutos. De ellos, las comunidades indígenas desconocen los impactos negativos que provocarán.

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“Nosotros realizamos una manifestación de bloqueo carretero a la altura de Puente Madera, hubo acercamiento por parte de autoridades de representantes del gobierno de estado y el gobierno federal. También estuvo presente el titular de la Procuraduría Agraria. En esa reunión yo solicité la información”, afirma el activista.

Documentos falsos

Entre la información que le fue entregada al comunero de Puente Madera, figuran las actas de asamblea que respaldan la instalación de este parque industrial.

“Tenemos muchas pruebas para decir que no se está llevando como debe de ser”, sostiene Hernández, y agrega que “en primer lugar convocaron una asamblea de comuneros (marzo 2021), entonces nosotros como comuneros de Puente Madera, asistimos a esa reunión, donde debería haber puros comuneros. Al momento de llegar al salón municipal donde se llevó acabo la asamblea, encontramos que sinceramente no eran comuneros, eran personas acarreadas”.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el activista Binniza, destaca la participación de 900 comuneros que respaldan el parque industrial, de un total de 1,390 que debieron haber participado. “Revisé la lista de asistencia y resulta que aquí en Puente Madera falsificaron casi 52 firmas de comuneros”, dice el activista para Avispa Midia. “Ahí vemos que este proyecto se quiere implementar de la manera más ilegal o imponer a la fuerza en tierras de uso común en nuestras comunidades. Por esa razón nos vamos a mantener en resistencia”.

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Para Hernández, la mayor preocupación es que hay firmas que respaldan este parque por parte de autoridades comunales y municipales que han escalado en el poder por apoyar este proyecto, como el actual Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, Antonino Morales Toledo.

“Nosotros nos manifestamos en un bloqueo carretero el primero de mayo” y se reproduce la misma dinámica de acarreo dice Hernández. “De ahí se lanza otra convocatoria por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el 9 de mayo. La misma dinámica de siempre, un acarreo de las agencias. Todo esto ya esta politizado, son personas afines al presidente municipal (Antonino Morales Toledo)”, refiriéndose al actual Secretario de Administración. Este funcionario tuvo el cargo de la presidencia municipal de la Villa de San Blas Atempa en dos ocasiones y también fue diputado federal.

La comunidad de Puente Madera decidió no participar en el proceso de consulta, “debido a que no hay aceptación en la consulta de comuneros. No tendría porque pasar a la continuación de ese proyecto. No hay información, no es una consulta libre, no es previa. Es una consulta amañada y de imposición. No sé si tenga conocimiento el gobierno federal de esto. Pero nunca se había visto una violación de los derechos de las comunidades indígenas en este periodo de gobierno”.

Protestas

Tras la detención del activista indígena, la comunidad de Puente Madera y otras más activaron bloqueos sobre la carretera transístmica en el tramo Juchitán – Tehuantepec, a través de los cuales exigen la liberación inmediata de David Hernández.

Integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes también se encuentran en la manifestación, exigen la liberación del activista. Además, demandan la aclaración de la existencia de otras 14 órdenes de captura contra quienes mantienen resistencia al Corredor Interoceánico.

Desde este bloqueo, la Asamblea califica este acto como una “detención ilegal”, y agrega que, el  “clima de violencia, violación a nuestros derechos y de cualquier medida de presión, difamación, amenaza y agresión en contra de nuestros representantes de Puente Madera, de las agencias y pueblo de San Blas Atempa, y nuestra organización”, es responsabilidad de Antonino Morales Toledo; Cesar Octavito Morales Toledo, Representante de Bienes comunales de San Blas Atempa; Noel Hernández Rito, Presidente Municipal de San Blas Atempa; Salomón Jara Cruz, actual Gobernador del Estado de Oaxaca y hasta el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

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Al cierre de esta edición, los bloqueos se mantienen. Una integrante de la comunidad de Puente Madera asegura que mientras no se libere al activista, “no habrá ninguna liberación de tránsito, o tránsito de carretera, hasta que David sea presentado. Aquí esta el pueblo que lo respalda, porque él es una persona pacífica”.

La activista, quien no menciona su nombre por seguridad, alerta que en las proximidades se encuentra desplegada la Guardia Nacional. Aún así, “la decisión del pueblo es que no nos vamos a mover hasta que David llegue. Todo esto esta arraigado a la lucha que este pueblo tiene en contra del megaproyecto que se está tratando de detener, porque vienen muchos daños con ello”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

En solo un mes, las fuerzas estatales asesinaron a 39 personas en localidades de los Andes. La movilización masiva exige la renuncia del Gobierno de facto, nuevas elecciones este año y una Asamblea Constituyente.

El 14 de diciembre de 2022, siete días después de que Dina Boluarte asumió la presidencia, se ejecutó el último paso para instaurar una dictadura cívico-militar en el Perú: la orden al Ejército de sofocar las masivas manifestaciones contra el Gobierno de facto.

En el primer mes bajo estado de emergencia, 39 personas -incluidos seis menores de 18 años- fueron asesinadas por disparos de militares y policías en localidades andinas de mayorías quechuas y aimaras. Otras seis fallecieron por incidentes relacionados a bloqueos de vías y hasta el momento se reportan más de 500 heridos.

En la jornada más violenta del estallido, este lunes (9) la represión dejó 17 víctimas en Juliaca (región Puno), entre ellas una menor de edad y un médico voluntario. De otro lado, se investiga la muerte de un policía en un vehículo incendiado. Se trataría de un montaje, pues el cadáver fue levantado sin la presencia de fiscales.

Las demandas unánimes de las movilizaciones son la realización de elecciones generales este año, el cierre del actual Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como condiciones para legitimar a un nuevo Gobierno que le suceda al de Pedro Castillo, destituido por el Poder Legislativo tras su fallido intento de disolver esta institución. Un golpe de Estado allanado por el propio Congreso desde antes de la investidura del profesor rural y dirigente sindicalista en julio de 2021. El conflicto se agrava por la decisión parlamentaria de llamar a elecciones en 2024, en defensa, por las armas, de la concentración de poder que ahora amenaza con extenderse sobre los organismos electorales.

Como una “dictadura cívico-militar-empresarial” la califica la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas (Onamiap). “El fascismo está cobrando su revancha histórica contra quienes se atreven a alzar la voz en defensa de las vidas y la dignidad. Es el clasirracismo colonial”, observa en un comunicado.

Boluarte, vicepresidenta en la gestión de Castillo, es la sexta persona que ocupa el despacho presidencial en los últimos seis años. Un número sobresaliente en la historia global de las democracias modernas. Así culmina, exacerbado desde la asunción de Castillo, un ciclo de coacciones políticas y judiciales por parte del Congreso -en manos de la oligarquía económica y la derecha radicalizada- para capturar el Poder Ejecutivo. El ensayo previo, la vacancia presidencial en noviembre de 2020, fue saldado con una semana de convulsión en que la Policía victimó a dos jóvenes en el Centro de Lima.

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En aquel contexto, la orden del ultraconservador Gobierno de facto de desplegar al Ejército en la capital no fue atendida por los cuarteles. El impacto de las muertes en la centralista ciudad y la reacción a nivel nacional forzaron la inmediata renuncia de los usurpadores. Hoy soldados y vehículos militares ocupan las vías públicas de Lima para disuadir las manifestaciones.

Represión extrema

En las regiones del sur andino, las que depositaron en Castillo el grueso de sus votos, se aplicaron las represiones más brutales. En Ayacucho, donde se intentó tomar el aeropuerto, las 10 víctimas registran disparos de arma de fuego en el abdomen y la cabeza. Uno era un padre de familia al que en un video se ve salir al frontis de su casa para atender a un herido y, en el acto, caer desplomado por un disparo, cuando los civiles huían de un enfrentamiento controlado, en un escenario despejado. En Apurímac, cientos de campesinos lograron tomar el aeropuerto y prendieron fuego a instalaciones, situación aplacada con seis cadáveres que presentan impactos de proyectiles y arma de fuego. Los uniformados están disparando al cuerpo perdigones, bombas lacrimógenas y balas de goma.

En la masacre de Juliaca las fuerzas estatales utilizaron balas expansivas, de efecto más letal. “No hay orificios de salida, los pacientes vienen con los órganos internos destrozados, como que fueran balas dum dum, explosivas”, declaró un médico.

En este punto de la crisis, el régimen extrema los métodos para aterrorizar a la población: detenciones masivas en la capital, intervenciones de dirigentes en autos sin identificación, atentados y amenazas contra la prensa, fabricación de pruebas, procesos judiciales por terrorismo, torturas, allanamientos de casas y locales de organizaciones sociales.

El rechazo a este gobierno dictatorial y sus condiciones para traspasar el poder -se empieza a dudar de que esto se materialice- proviene de todos los sectores de la población. Agricultores, mineros, múltiples sindicatos, las comunidades campesinas e indígenas, comités barriales, frentes provinciales, estudiantes, colectivos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general se declaran en insurgencia. Los pueblos originarios de la Amazonía se encuentran en movilización permanente en sus territorios.

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La tregua concedida desde la última semana del año pasado se interrumpió el 4 de enero con el inicio de un paro indefinido en al menos un tercio de las 25 regiones del Perú. Los ocho departamentos agrupados en la Macrorregión Sur, entre ellos Puno, Cusco y Arequipa, encabezan las protestas más contundentes. En las regiones de los Andes, la consigna de reponer en el cargo de Pedro Castillo es sólida.

La respuesta militarizada del Ejecutivo y el Congreso se complementa con una política de estigmatización de la protesta, de creación del enemigo -el terrorismo-, traducida en la práctica en el poder de decidir qué vidas son válidas y cuáles no. Sostienen que las marchas son manipuladas por violentistas o directamente organizadas por terroristas. Lo que resuena a tiempos de violencia extrema que retornan a los mismos lugares barridos por el terrorismo de Estado y la subversión, como Ayacucho, epicentro de Sendero Luminoso y de la guerra insurgente-contrainsurgente (1980-1992).

La posición de la alianza civil-militar que tomó el Gobierno, representada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ascendido desde el Ministerio de Defensa, es inmutable. Como es habitual en Latinoamérica, la dictadura cuenta con el respaldo de Estados Unidos y, la vez, acusa injerencias extranjeras, para el libreto, la del expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien impidieron ingresar al país. Con 39 asesinatos en las manos, considerados como ejecuciones extrajudiciales por las organizaciones locales de derechos humanos, los represores insisten en criminalizar a los manifestantes y negar su responsabilidad, lo que avala la prolongación de las masacres y advierte un genocidio contra los movimientos sociales en el Perú.

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Fuente: Avispa Midia

La organización palestina de derechos humanos Al-Haq, junto con una coalición de otras destacadas organizaciones de la sociedad civil palestina, ha publicado un nuevo informe sobre el apartheid israelí, titulado “Apartheid israelí: herramienta del colonialismo de asentamiento sionista”.

El informe, publicado el 29 de noviembre, analiza el apartheid como “elemento estructural del colonialismo de asentamiento sionista”, un marco interpretativo que hasta ahora habían pasado por alto las organizaciones de derechos humanos internacionales e israelíes en sus propios informes sobre el apartheid israelí.

“La sociedad civil palestina exige la descolonización y el desmantelamiento del colonialismo de asentamiento y del régimen de apartheid de Israel, el cumplimiento del derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación −negado sistemáticamente desde el Mandato británico− y el derecho al retorno de la población palestina refugiada y exiliada en la diáspora”, afirmó Al-Haq en un comunicado el día de la publicación del informe.

Desde 2021, varias organizaciones de derechos humanos israelíes e internacionales, como B’Tselem, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han publicado sus propios informes sobre el apartheid israelí. Si bien cada uno de estos informes fue significativo, ya sea para crear conciencia o promover los debates existentes sobre el apartheid israelí, las críticas señalaron que los informes se quedaron cortos en una serie de cuestiones; en particular, el papel de la ideología sionista en la conducción del proyecto de asentamiento colonial israelí.

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• A la edad de 68 es veterano del Partido Pantera Negra, periodista combativo, autor de 13 libros y activista comunitario.
• Fue injustamente declarado culpable del asesinato de un policía blanco el 9 de diciembre de 1981 en Filadelfia y condenado a muerte en 1982 por el sistema injusticia racista.
• Salió del corredor de la muerte en 2011 gracias a las movilizaciones del movimiento pero ahora enfrenta la muerte por encarcelamiento.
• Evidencia encontrada en la Fiscalía de Filadelfia a finales de 2018 podría comprobar su inocencia y llevar a su libertad después de 41 años tras los muros si su caso se abriera de nuevo.
• La jueza Lucrecia Clemons rechazó su petición el 26 de octubre de 2022 y piensa rechazar su apelación en su siguiente audiencia. Sin embargo, dejó la puerta levemente abierta con respecto al considerar evidencia sobre el racismo en la selección del jurado en 1982.
• Habrá acciones en su apoyo durante su siguiente audiencia el viernes 16 de diciembre en Filadelfia después de acciones el fin de semana del 9 de diciembre, el día de su encarcelamiento.
• En la Ciudad de México estaremos en solidaridad afuera de la embajada gringa el domingo 11 de diciembre a las 12 del día en un acto conjunto con un emocionante Torneo de Freestyle de #De Batl. Habrá rap de Guerrilla Bang Bang, música bailable estilo jamaiquino de Chingona Sound, canciones de Eva Palma, danza pre-hispanica de Aurelio y amigxs, obra gráfica de Ulises Xozulu, sellos corporales de la Colibrí, más grabados y una nueva manta de Indiosindios Lopez!

¡No permitamos que Mumia muera en prisión!
¡Libertad ahora! ¡Presxs Políticxs Libertad!

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¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS P’URHÉPECHA!

A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL GOBIERNO DE MICHOACÁN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Comunidades P’urhépecha a 30 de octubre de 2022.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, Consejo Libre y Autónomo de los Pueblos Originarios de Michoacán, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, Asamblea General Autoridades Indígenas, conformado por autoridades civiles comunales y tradicionales de 65 comunidades originarias, a petición de las Asambleas Generales de las comunidades de Huáncito y Turícuaro, ambas integrantes del #CSIM, declaramos colectivamente lo siguiente:

Denunciamos la detención ilegal y arbitraria de los maestros indígenas Cecilia Lorenzo Santiago originaria de la comunidad de Huáncito; Miguel González Estrada y José Luis Sebastián Estrada de la comunidad de Turícuaro, retenidos sin fundamentos legales por los “Kuarichas” de la comunidad de Cheranastico, toda vez que esta policía comunal aún no obtiene el reconocimiento jurídico, por lo que sus integrantes carecen de personalidad jurídica para poner a disposición a cualquier detenido, por lo que son retenciones inconstitucionales, con lo que se viola el debido proceso. Además de que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica no fue consultada de manera libre, previa, informada y vinculatoria con las comunidades indígenas, así mismo el “Reglamento de las Kuarichas, Rondas o Rondines Comunales” aún no se encuentra aprobado, ni mucho menos publicado.

Ante estas retenciones ilegales, emplazamos a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y al Gobierno de Michoacán a la liberación inmediata de estos tres presos políticos p’urhépecha, de no ser así, realizaremos movilizaciones en toda la entidad hasta obtener su libertad.

De manera atenta y respetuosa, convocamos a todas las comunidades integrantes del #CSIM a estar atentos y prepararse para movilización general. No permitiremos detenciones arbitrarias y sin el debido proceso de habitantes de las comunidades indígenas. Finalmente, informamos a la opinión pública que las Rondas Comunales no están creadas para reprimir y criminalizar a nuestra propia gente, por lo que nos reservamos el derecho de impugnar la Ley de del Sistema Estatal de Seguridad Publica.

¡IRETAENI, IRESKUNI KA IRETANI JINKUNI JARHANI!
¡SER PUEBLO, HACER PUEBLO Y ESTAR CON EL PUEBLO!
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

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Cuando todo hacía suponer que la semana comenzaría con el levantamiento del secreto de sumario en la causa que la jueza Silvina Domínguez lleva contra seis mujeres mapuche, eso no ocurrió como estaba previsto, por lo menos hasta el mediodía de este martes 25 de octubre. Las detenidas se encuentran desde hace 20 días a disposición de la justicia sin que sus abogadas/abogados hayan podido tomar contacto con las acusaciones y las pruebas que pesan sobre ellas.

En De Hormigas y Cigarras conversamos con Soraya Maicoño Guitart, actriz, narradora, cantante mapuche, quien detalló el estado de salud de las detenidas y de los niños y niños que están sufriendo encierro con ellas. También nos habló del marco social, del acoso que respiran en toda la región y, como contrapartida de las muestras de solidaridad que las sostiene.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Fidencio Aldama (extremo derecho) junto a músicos en el reclusorio de Ciudad Obregón, Sonora.}

Tras un proceso legal plagado de irregularidades, el próximo 27 de octubre, Fidencio Aldama, indígena de la Tribu Yaqui, cumplirá seis años recluido. Así lo denuncia el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama y Los Otros Abogadoz, quienes mediante comunicado conjunto acusan el “racismo anti indígena inherente del Estado mexicano” como responsable por el encarcelamiento del preso político.

En abril de 2018, Aldama fue sentenciado a 15 años y seis meses, acusado por la muerte de Cruz Buitimea Piña en Loma de Bácum. Ahora, tras un largo proceso de apelación, los tribunales confirmaron la condena de Aldama, pero redujeron la pena a 14 años de prisión.

“Recordemos que el arresto y subsecuente encarcelamiento de Fidencio es resultado de un esfuerzo coordinado entre el Estado mexicano y SEMPRA Energy (a través de su filial mexicana, IEnova) para imponer un gasoducto a lo largo del territorio Yaqui”, detalla el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, mediante el documento difundido este jueves (20).

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Fue en el año de 2016 cuando el pueblo Yaqui de Loma de Bácum rechazó la imposición del proyecto “Gasoducto Sonora”. La respuesta a la organización indígena fue la represión violenta. Así, el 21 de octubre de 2016 se realizó un ataque contra la población yaqui y una semana después Fidencio Aldama fue arrestado, “injustamente acusado” señalan las organizaciones.

Los Otros Abogadoz, quienes desempeñan la defensa legal de Aldama, anunciaron que, después de un año y nueve meses de haber sido presentado, el 17 de junio de 2022, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Estado de Sonora dictó la sentencia de amparo en la que considera que Aldama sí cometió el delito y lo hace responsable de homicidio.

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A nuestro compañero Miguel Peralta y todxs los que le acompañan:

Hace unas semanas nos enteramos de la emisión de una nueva orden de aprehensión en tu contra y que revoca tu libertad ganada en 2019 y le sentencia a reclusión por 50 años, lo cual nos llena de rabia y repudio al sistema de justicia mexicano que criminaliza a inocentes . Nos queda en claro que esto es una vez más caso penal fabricado, con lo cual evidencia una vez más como actúa la justica en este país. Esta justicia que se vende, que trabaja en contubernio con los poderes políticos y económicos, que fabrica culpables y se dedica a perseguir a quienes luchan por un mundo mejor, como es tu caso querido compañero. Son personas como Elisa Zepeda quienes hacen valer la justicia para sus intereses mezquinos, pues desde el lugar que ocupa como parte de una familia caciquil y ex diputada ha realizado todo lo posible para revocar tu sentencia de libertad, de igual manera como para obstaculizar y retrasar la libertad de los 7 presos políticos de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón.

Lo que se presenta de igual manera que a nuestros otros 7 compañeros es el eterno luchar contra las familias caciques, donde la dignidad se enfrenta a la corrupción y a la política de muerte que reina allá arriba. Pues como hemos visto no importa el partido en turno en el poder, son los mismos que gobiernan desde siempre usando los mismos patrones para encarcelar a inocentes solo van cambiando de colores y cifras.

Sabemos que no estas y no están solxs, pero refrendamos nuestra admiración, nuestro cariño y nuestra solidaridad para ti y los compañeros que se encuentran tras los barrotes de la prisión y todxs los que acompañan su causa justa.

Desde este rincón de lucha les decimos no están solxs, les acompañamos y luchamos junto con ustedes por una libertad absoluta sin represiones, les abrazamos fraternalmente y que todo lo que este en nuestras manos lo pondremos a su disposición en su búsqueda de libertad y justicia.

¡A una sola voz y un solo corazón gritamos basta de encerrar a inocentes, basta de proteger a los verdaderos culpables que se encuentran libres!

¡Basta de corrupción e impunidad!

¡Basta a la criminalización de los defensores de la vida y de la tierra!

¡Exigimos libertad absoluta, alto a la represión y persecución política a Miguel Ángel Peralta Betanzos!

¡Libertad inmediata a los 7 compañeros acusados falsamente por delitos que no cometieron:

Jaime Betanzos, Francisco Durán, Isaias Gallardo, Fernando Gavito, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Omar Morales!

¡Libertad Inmediata!

¡Abajo los muros de las prisiones!

Fraternalmente

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Colectivo de Familiares de Presos en Lucha

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—EUA MUMIA: ¿Qué pasa el 19 de octubre y porque llaman a movilizarse?

ROMPIENDO FRONTERAS:

—PALESTINA: Huelga de presos políticos en las cárceles de Israel

—ECUADOR: TODAS LAS VIDAS IMPORTAN. Crisis humanitaria en las cárceles de Ecuador. Brujeres al Aire

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

—ACCIÓN GLOBAL Contra la militarización y las guerras del capitalismo. Congreso Nacional Indígenas

—MUJERES QUE LUCHAN: La batalla por una Glorieta. Redes

—GUACAMAYA LEAKS – ESPIONAJE DEL EJÉRCITO: Informe de grupos de Derechos Humanos denuncian el uso del software espía Pegasus por el ejército en contra de periodistas y activistas durante el gobierno de Obrador. Avispa, Desinformémonos, EjercitoEspia

—GUERRERO: Rechazan comunidades organizadas ser desarmar sus policías comunitarias por el ejército en territorios en resistencia ante ataques del crimen organizado. Radio Zapote

Música: Amapola, Loukaniko y los perros desde la Casa Okupa Chiapas

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