Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2025

Pronunciamiento conjunto

Foro de Memoria Histórica: a 30 años de la guerra contrainsurgente en Chiapas
 

Nuestro silencio habla en la oscuridad.

Aquí siguen: 

Con su palabra que es fuego en el camino.

Alzan la voz coral donde emerge
 la paz de los cuatro rumbos

Trece cielos que tocan el instante

Diáspora de verdad y justicia 

Luz que ilumina los caminos.

Fragmentos de Poesía del Libro: El

Camino de la No-violencia de Las Abejas de Acteal

A tres décadas del despliegue contrainsurgente en Chiapas, el silencio oficial persiste frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades indígenas organizadas en defensa de su autonomía. La zona Norte, marcada por ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y desapariciones forzadas; La Grandeza, con la ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejército mexicano; la desaparición forzada de Antonio González Méndez; la Masacre de Acteal; y la Masacre de Viejo Velasco, siguen siendo heridas abiertas. A esta impunidad y a las nuevas estrategias de terror contra los pueblos se suman la ejecución extrajudicial de Simón Pedro Pérez, la Masacre de Nueva Morelia y la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez.

Hoy, en este Foro de Memoria, traemos la lucha constante y la conciencia viva donde permanece la huella de hombres y mujeres: los caídos, las víctimas y los sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano, en el marco del Conflicto Armado Interno aún no resuelto en Chiapas. Aquí compartimos un mismo camino: la palabra, La Otra Justicia, sosteniendo en nuestras luchas la esperanza de memoria y verdad.

Con la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94, cuyo objetivo estratégico-operacional fue destruir la voluntad de combatir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se aisló a la población civil para forzar su apoyo en beneficio de las operaciones militares. Esta política originó más violencia en medio de las negociaciones por una salida política al conflicto armado interno, mediante la acción de grupos paramilitares a quienes se delegó el uso de la fuerza, en un actuar de total impunidad.

Los registros, tan solo en la zona Norte de Chiapas, con el actuar del grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia entre los años de 1995 a 1999, son: 122 casos, de los cuales 37 fueron desapariciones forzadas y 85 ejecuciones extrajudiciales; más de 4,500 personas desplazadas de manera forzada. De estos hechos, ocho casos están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ejemplo de los crímenes cometidos en el territorio, el cual se encuentra en su etapa de informe de fondo. Otro hecho es el cometido el 22 de diciembre de 1997, donde 45 personas fueron ejecutadas, más cuatro no nacidos. Son ahora 28 años de impunidad. Es por ello que hoy nos convoca este foro para exigir justicia y verdad, a 19 años del crimen de la Masacre de Viejo Velasco, donde fueron ejecutadas cuatro personas y cuatro desaparecidas, de las cuales solo dos han sido encontradas, mientras 36 personas siguen en desplazamiento forzado interno.

La actual violencia generalizada y sistemática en Chiapas no es aislada: es la expresión de una guerra prolongada contra los pueblos indígenas, donde la delincuencia organizada, la militarización, la descomposición institucional y la fractura comunitaria se entrelazan para sembrar miedo, división y muerte. Como ejemplo está la ejecución de Simón Pedro Pérez López, en el municipio de Simojovel, cometida el 5 de julio de 2021. Seguimos exigiendo justicia e impulsando el reconocimiento a su labor como defensor de derechos humanos, manteniendo su memoria y honrando su lucha. Así también, el asesinato del profesor José Artemio López Aguilar, perpetrado el 21 de octubre de 2023; lo siguió la ejecución, por parte de integrantes de la delincuencia organizada, en el Ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, el 12 de mayo de 2024. Aunado a este terror, la ejecución del Padre Marcelo Pérez Pérez, hecho cometido el 20 de octubre de 2024 en el contexto de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, quien por años se dedicó a la lucha por la vida de los pueblos y a la construcción de la paz en Chiapas. Entre otros hechos que, desafortunadamente, podrían llenar páginas y páginas para describir esta profunda crisis social.

Es por ello que señalamos que en ninguno de estos casos se ha iniciado una investigación exhaustiva y diligente, con la línea de los autores intelectuales y las respectivas cadenas de mando.

El proceso de despojo, asesinatos, ataques y crímenes de la violencia organizada continúa contra la autonomía y El Común de los pueblos zapatistas, como en el poblado Autónomo Zapatista Belén, Región Campesina, perteneciente al Caracol 8 La Luz que Resplandece al Mundo, con sede en la comunidad Dolores Hidalgo, con el fin de convertir el territorio recuperado en tierra privada y seguir con el despojo hacia los pueblos.

A 30 años, nosotras y nosotros, los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia en Chiapas, continuamos la lucha por la verdad y la justicia. Saludamos El Común del EZLN, porque solo organizados podemos seguir con nuestra lucha por la paz con justicia y dignidad.

Hoy, en este Foro de Memoria Histórica, nuestras comunidades perseveran en la Verdad, la Justicia y la Dignidad frente a los pactos de impunidad. Pasarán los días oscuros de los gobiernos en México, ya que permanece la esperanza que nace desde el corazón, en nuestras palabras fortalecieron con el copal; se trazaron los senderos con la luz de las velas; con el sonar de los tambores y caracoles alzamos la voz hacia nuestros ancestros y con el eco de la música elevamos nuestros testimonios en los signos de La Otra Justicia.

Reafirmamos que la lucha de nuestros pueblos es pacífica y que nuestras estrategias se sostienen en la paz. Recordamos al Estado mexicano su obligación de respetar, proteger, garantizar y reparar integralmente estas graves violaciones a los derechos humanos.
Es en nuestros caminos que seguiremos abriendo espacios de Justicia: una justicia que nace desde los pueblos para desmontar la violencia estructural del sistema capitalista y patriarcal. Así lo caminó nuestra compañera Blanca Isabel Martínez Bustos, a quien hoy evocamos con memoria viva y de quien nos deja su digna rabia, fuerza que alimenta la resistencia radical por la vida y el territorio.
Llamamos a la solidaridad de la sociedad civil, nacional e internacional, para que se sumen a nuestras causas en la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia. Que en sus trincheras de lucha expresen su indignación frente a estos crímenes contra los pueblos, y que ningún acto, en ningún rincón del planeta, permanezca en la indiferencia.
 

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Palabra de Xinich por la Masacre de Viejo Velasco a 19 años de la profunda impunidad del Estado mexicano

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2025

PRONUNCIAMIENTO

MASACRE VIEJO VELASCO A 19 AÑOS DE LA PROFUNDA IMPUNIDAD DEL ESTADO MEXICANO

El día de hoy cumple 19 años de la masacre de nuestros hermanos de viejo Velasco en la selva lacandona, en la impunidad y en el olvido 13 de noviembre 2006.

Asesinaron a María Nuñez González, embarazada, Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez, y otros dos hermanos, a los 5 años fueron encontrados sus restos óseos en medio de la selva Lacandona.

Petrona fue secuestrada y arrastrada en plena selva hasta llegar a la comunidad de Nueva Palestina. El gobierno del Estado en ese entonces Pablo Salazar Mendiguchía, liberó ordenes de aprehensión culpándola de matar a sus propios hermanos indígenas de Viejo Velasco.  

Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán: siguen desaparecidos, hasta este momento 19 años en la búsqueda de justicia y verdad y la aparición con vida a estos hermanos. ¿Dónde están estos dos hermanos? 

Estamos reunidos nuevamente con nuestros pueblos y familiares sobrevivientes de esta cruel masacre de la comunidad de viejo Velasco, para recordar y honrar la memoria de las víctimas masacrados desaparecidos hace 19 años en la comunidad conocido como VIEJO VELASCO.   

Como el día de hoy 13 de noviembre, del año 2006 las montañas de la Selva Lacandona presencio la matanza y derrame de sangre de los hermanos y hermanas indígenas de Viejo Velasco por el despojo de la tierra y el territorio. Nada ha cambiado, sigue habiendo tantos muertos y desaparecidos.

Seguimos viviendo la injustica con nuestros pueblos el despojo de nuestros tierras y territorio. Seguimos viendo tantos y tantos muertos de nuestros hermanos y hermanas por alzar su voz ante el crimen organizado.  dentro de los mismo que gobierna llamado cuarta transformación, son los mismos asesinos del pasado y presente que gobiernan solo cambiaron de color guinda Se hacen llamar ahora humanismo.  Es la misma manada de Delincuentes criminales dentro de llamada 4t. 

ESTA MASACRE NO SE OLVIDA, HOY ESTAMOS REUNIDOS EN ESTE FORO DE MEMORIA HISTORICA, NI PERDON, NI OLVIDO. RENDIMOS HOMENAJE A NUESTROS HERMANOS MASACRADOS Y DESAPARECIDOS SEGUIR EXIGIENDO JUSTICIA, VERDAD Y LA APARICIÓN CON VIDA A ANTONIO PEÑATE LÓPEZ Y MARIANO PÉREZ GUZMÁN, ESTAMOS EXIGINDO JUSTICIA Y VERDAD.

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Pronunciamiento Conjunto:
19 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco

Selva Lacandona, Chiapas, México, 13 de noviembre de 2025

Pronunciamiento Conjunto

19 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas

• A 19 años de la masacre de Viejo Velasco, el gobierno de México mantiene en total impunidad, el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada); la privación ilegal de la libertad y tortura de una discapacitada, que desembocó en su posterior fallecimiento, y dos desapariciones forzadas de adultos mayores.
• Lejos de la justicia, éste es otro más de los casos de grave violación a los derechos humanos individuales y colectivos más elementales, alimentado por la falta de respuesta institucional. 

La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada “Comunidad Lacandona”) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles, algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.

De acuerdo con investigaciones realizadas por CDLI-XI’NICH’, apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integramos entonces la MISION CIVIL DE OBSERVACIÖN, los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: Ar-15 y AK-47. Así también, se documentó la presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social. 

Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada, María Núñez González); la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e  integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas, identificados como dos de los ancianos desaparecidos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, mismos que fueron entregados a sus familiares, cuatro años después.

A 19 años ya de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño. 

Durante todo este tiempo, la fiscalía general del estado de Chiapas (FGE) nunca ha realizado una investigación completa y efectiva de estos hechos; mientras el gobierno federal y la CNDH han guardado total silencio al respecto, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.

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PLAN MICHOACÁN: DISCRIMINATORIO, UNILATERAL Y ENGAÑOSO

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán a 10 de noviembre de 2025.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Gobiernos de diversos partidos políticos han gobernado México y Michoacán y ninguno ha podido resolver la crisis de inseguridad, violencia y derechos humanos en que vivimos. Históricamente han convertido a nuestra entidad en un laboratorio de “políticas de seguridad” y “planes nacionales y estatales”, desde la “guerra contra el narco” con el “Operativo Conjunto Michoacán”, pasando por la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán” con la imposición de un “Virrey”, hasta el “Plan de Justicia P’urhèpecha”, el “Plan Lázaro Cárdenas del Río” y ahora el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en este contexto, estamos cansados y hartos de tanta incapacidad, inseguridad, injusticia e impunidad sistémica.

Ante la conformación del Plan Michoacán, exigimos enérgicamente al Estado mexicano, que no sea un acto de simulación como lo que acontece con el “Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha” donde no tiene un presupuesto propio para su operación, ni brinda ninguna justicia, toda vez que las comunidades solicitaron la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas, esto para los más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros que han sido reprimidos o criminalizados por defender los bosques, el territorio o sus comunidades, sin embargo, a la fecha no ha sido instituida, ni mucho menos, hay obras de infraestructura realizadas o acciones de alto impactos para los pueblos. De igual forma, solicitamos el inicio y acompañamiento de un juicio internacional en contra de la Corona Española por el genocidio, saqueo y brutal explotación que significó el periodo colonial, pero el Gobierno Federal se ha mostrado incapaz ante esta solicitud histórica.

Ahora, denunciamos públicamente que para la conformación del Plan Michoacán, no fueron consultadas debidamente las comunidades, toda vez que únicamente convocaron a 48 de 500 que existen en la entidad, dándoles únicamente una “participación” de 2 minutos por cada pueblo para exponer sus problemas. Así mismo, manifestamos que ninguna de las propuestas de las comunidades con autogobierno, fueron tomadas en cuenta en este plan, tales como el reconocimiento constitucional de los Jueces Tradicionales, el incremento en los fondos de seguridad comunales, la dotación de armamento y equipamiento, la formación de un cuerpo de seguridad para cuidar los bosques o la instauración de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, entre otras sentidas demandas ¿Para que simulan consultar a los pueblos indígenas? ¿Por qué solo convocan a algunas comunidades?

En síntesis, el Plan Michoacán es discriminatorio, unilateral y engañoso, por lo que exigimos categóricamente que se consulte apropiadamente a todos los pueblos originarios y se incorporen sus exigencias, finalmente, invitamos a todas las comunidades a movilizarnos hasta lograr sea respetada su palabra.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

El profesor indígena Isai Shuuk Shawit fue asesinado en la provincia de Datem del Marañón (región Loreto), en la Amazonía peruana. 

El dirigente del pueblo Awajún, presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), luchaba por la educación intercultural bilingüe y los derechos de los docentes de comunidades originarias. 

El entorno de la víctima denuncia que recibió amenazas por su defensa de las plazas de docencia bilingüe, las que el Estado ha desfinanciado e intentado reducir en los últimos años.

Isai vivía en la comunidad nativa Sachapapa, distrito de Manseriche. Loreto es una de las regiones más peligrosas para líderes de pueblos indígenas en el Perú. Actualmente, hay al menos 226 defensores en riesgo en todo el país, principalmente en la Amazonía. El cuerpo del luchador social fue encontrado con signos de violencia, la madrugada del viernes 7 de noviembre, en la carretera Pastaza. 

“Su compromiso con la educación intercultural bilingüe y la defensa de los derechos de los docentes indígenas deja un legado de lucha y servicio a su pueblo. La vida de cada dirigente y defensor indígena es valiosa y debe ser protegida”, manifestó el Gobierno Territorial Autónomo Awajún en un comunicado.

Proyectos de ley contra educación intercultural

En el Congreso se presentó en 2024 un proyecto de ley para aprobar el nombramiento excepcional de docentes que solo hablan español en plazas de educación intercultural bilingüe.  Este año las organizaciones indígenas vienen protestando contra la propuesta legislativa.  

“Estamos dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias nuestra abnegada Educación Intercultural Bilingüe (EIB) porque desde generaciones nos la heredaron nuestros antepasados”, expresó la Organización de Maestros Bilingües Nomatsigenga y Ashaninka de Pangoa (Omabinoap).

En ninguna comunidad de la Amazonía peruana se cumple por completo el modelo de Educación Intercultural Bilingüe, de acuerdo a un informe de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Solo el 20% de estudiantes indígenas de nivel inicial y primario acceden a escuelas con docentes que hablan su lengua originaria y recursos educativos enfocados en su identidad cultural.

En 2022, el Ministerio de Educación anuló el dominio de la lengua originaria, formación en educación intercultural y conocimiento de la cultura local como requisitos para postular a plazas de EIB. Las protestas en la Amazonía y comunidades andinas consiguieron que el Ejecutivo elimine las modificaciones. 

Las organizaciones indígenas defienden la educación bilingüe como una prioridad en sus plataformas de luchas. Esperan los resultados que determinen las causas de muerte, realizados en otra región debido a que en Datem del Marañón no cuentan con medicina forense. 

Fuente: El Salto Diario

Por Jan Blažek

Los ataques contra el zapatismo son funcionales al avance de los megaproyectos y al control territorial, opina este antropólogo y comunicador mexicano con amplia experiencia como investigador en varios territorios mexicanos.

Francisco De Parres Gómez es un antropólogo, comunicólogo y fotógrafo mexicano, que se desempeña como investigador posdoctoral en la Universidad Veracruzana donde, desde hace años, se dedica al estudio de la relación entre arte, política y movimientos indígenas como los zapatistas. Sobre estos temas ha publicado publicó el libro Poéticas de la resistencia: arte zapatista , estética y decolonialidad (CIESAS-UDG, 2022) así como Arte y política en el zapatismo contemporáneo: Una relación indisoluble (CLACSO, 2022).

Coordinó tambiénInternacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. En su investigación actual, De Parres analiza el contraste entre las prácticas estético-políticas orientadas a la defensa de la vida y el territorio, y las expresiones estéticas y culturales de la necropolítica de figuras neofascistas como Javier Milei, Nayib Bukele o Jair Bolsonaro.

¿Cuál es el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación con el Zapatismo y movimientos sociales?
Como ha observado Raúl Zibechi en casos afines, el sexenio de AMLO mostró que los llamados gobiernos progresistas suelen golpear con mayor dureza a los movimientos. MORENA no abrió un espacio amplio para la diferencia, sino un multiculturalismo acrítico funcional al sistema, centrado en la categoría de “ciudadanía”. Aunque México reconoce 68 pueblos originarios, no se implementaron políticas diferenciadas para pueblos indígenas y afrodescendientes según sus territorios. Se impuso, además, la espectacularización, el racismo y la exotización de la política hacia los pueblos: una apropiación simbólica de demandas zapatistas y retorno al indigenismo de Estado. Pese al discurso de ser un triunfo “de abajo”, se desdeñó al Zapatismo, al movimiento feminista, a madres y padres buscadores, a periodistas críticos y a migrantes.

En lo estructural, se profundizó el neoliberalismo: corporativización de movimientos, ruptura del tejido comunitario y atomización clientelar de recursos. Los proyectos “Sembrando Vida”, que fue rebautizado en comunidades como “sembrando envidia/latas” por sus efectos divisorios y ambientales, y el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, no resolvieron de raíz la precariedad. Aunque prometió regresar al ejército a los cuarteles, la institución más favorecida presupuestalmente fue la militar y la presencia armada se normalizó. La gobernabilidad se basó en “mesas” asimétricas, cooptaciones y asistencialismo: la “cuarta transformación” no desmontó las estructuras del neoliberalismo, las reforzó bajo el discurso progresista. El zapatismo, por su insistencia en la autonomía y la crítica frontal al Estado, sigue siendo la voz más incómoda. El saldo no es una ruptura sino la confirmación de que el Estado, incluso en versión progresista, sigue siendo colonial y asfixia a los movimientos que desbordan sus márgenes de control; los cambios duraderos nacen desde los pueblos.

¿Y qué tal la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum? A finales del año pasado declaró que con los zapatistas hay respeto, pero que defenderá el proyecto de MORENA.
El sistema luce el rostro de una mujer científica sin alterar la lógica del poder. Sheinbaum se presenta como progresista, pero sostiene un horizonte militarista y neoliberal: no planea desmontar la acumulación ni el “progreso” capitalista. Mantiene la narrativa de inclusión mientras se profundiza la militarización y la colusión Estado–crimen. Recurre a frases zapatistas y puede parecer que los movimientos llegaron al gobierno, pero lo que avanza es el extractivismo, el control poblacional y la subordinación comunitaria. En vez de priorizar salud y educación, se robustecen dispositivos de control como la CURP con biométricos como mecanismos de vigilancia.

Como con AMLO, hay que situarla en la reconfiguración global: policrisis (clima, economía, guerra) a las que el imperio responde extendiendo la muerte para sostener la acumulación. El Subcomandante Galeano advirtió que los misiles que hoy caen en Gaza podrían caer mañana en nuestras ciudades si no se cambia de rumbo. El Zapatismo propone otro horizonte: un internacionalismo de los pueblos y las diferencias. En 2021, la “Travesía por la Vida” recorrió 19 países europeos y enlazó luchas del pueblo Sami, okupas, anarquistas, sindicatos, trabajadoras sexuales y migrantes. La trampa actual es creer que la transformación vendrá desde arriba: continúan megaproyectos, deuda ecológica y militarización con retórica de derechos; las alternativas reales nacen desde abajo. Mientras el Estado se militariza y vigila, los pueblos siguen construyendo caminos de autonomía y de vida.

¿Podemos centrarnos en la seguridad en Chiapas? ¿Hubo ataques directos del Estado en territorio zapatista con Obrador o Sheinbaum?
En meses recientes, el poblado autónomo zapatista Belén, en el Caracol 8 “La Luz que Resplandece al Mundo” (Dolores Hidalgo, Ocosingo), sufrió despojo violento. La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas denunció incursiones desde abril de 2025 con participación de grupos civiles acompañados por Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal de Ocosingo y Fiscalía estatal, presentadas como “conflicto agrario”. Hubo quema de casas, robos y despojo documentado incluso por canales oficiales. Es clave: las tierras habían sido indemnizadas por el Estado tras 1994 y hoy se trabajan en común por comunidades zapatistas y no zapatistas; cerca se levanta un quirófano autónomo de acceso comunitario. Es otra incursión con presencia militar en gobierno de Claudia Sheinbaum, la primera, en abril de 2025, terminó con la liberación de dos bases de apoyo por presión social. Todo confirma un cerco estatal de facto sobre el territorio.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido como ‘Frayba‘, reportó al menos 13 bases de apoyo desplazadas y afectaciones a campesinos no zapatistas de la milpa común; el objetivo es convertir territorio recuperado en “tierra privada”, en un contexto de militarización con cuerpos de élite como las FRIP o “pakales”. A las violencias superpuestas (enfrentamientos, trata, desplazamientos, desapariciones) se suman prácticas de control: fotogrametría aérea sobre comunidades autónomas; vínculos de grupos de entrenamiento policial con el Mossad revelados por Guacamaya Leaks; y, durante el festival Rebel y Revel (Arte), patrullajes de la Guardia Nacional ante miles de personas.

“El Estado puede negar una guerra contra el EZLN, pero el cerco es permanente, lo que demuestra que la contrainsurgencia es parte de un engranaje transnacional“

La guerra también opera con balas ideológicas: campañas que difunden absurdos como el “uranio” en territorio zapatista para estigmatizar e aislar. Los propios zapatistas han descrito Chiapas “al borde de la guerra civil”; el Frayba lo documenta reiteradamente. El Estado puede negar una guerra contra el EZLN, pero el cerco es permanente, lo que demuestra que la contrainsurgencia es parte de un engranaje transnacional. En medio de este tablero, las comunidades zapatistas quedan expuestas a múltiples fuegos: la violencia criminal, la militarización estatal y la descomposición comunitaria que provocan estas dinámicas.

Jalisco ahora controla la frontera y la disputa con Sinaloa arrecia. ¿Cómo afecta a Chiapas y a las comunidades?
El asedio del crimen organizado —ya señalado por el Subcomandante Moisés— hoy se entrelaza con operativos estatales y despojos “legales”. La pugna CJNG–Sinaloa convierte la frontera sur en corredor logístico para drogas, armas, trata y extorsión, mientras el Estado vigila, patrulla o irrumpe en zonas autónomas con pretextos agrarios. El resultado es un cerco múltiple: violencia criminal, militarización oficial y destrucción del tejido comunitario. La estética narco (corridos, lujo ostentoso, hipersexualización) penetra simbólicamente la vida cotidiana, intentando sustituir la lógica del común por la del miedo y el consumo. El caso Belén ejemplifica cómo este tablero criminal–estatal presiona para privatizar tierras recuperadas y trabajadas colectivamente.

El panorama se agrava con fenómenos como el primer cártel indígena, el Cártel de Chamula, integrado por pobladores tzotziles y señalado por el “etnoporno” en el que mujeres indígenas son abusadas y videograbadas, extremo de la violencia colonial y patriarcal sobre cuerpos indígenas y femeninos, ahora capitalizada en clave delincuencial. El crimen organizado funciona como corporación del capitalismo: no es desvío del orden, es parte de la acumulación por desposesión militarizada y delincuencial (como plantea Gilberto López y Rivas), inserta en cadenas globales de lavado. La frontera sur opera como corredor migratorio, ruta de drogas, enclave de trata y laboratorio de disciplinamiento social. El crimen organizado debe entenderse, como una de las corporaciones más eficaces del capitalismo. En este panorama, la autonomía zapatista es un acto radical de defensa de la vida.

Sobre la “guerra civil” y los grupos armados: ¿hay confrontaciones directas entre zapatistas y estos grupos?
No hay reportes de enfrentamientos abiertos entre el EZLN y otros actores, pero sí ataques sistemáticos y operativos de despojo que erosionan la base material de la autonomía (quema de casas, robo de cosechas, destrucción de proyectos colectivos), hoy con participación de fuerzas estatales y paramilitares. Históricamente operaron Máscara Roja, Los Chinchulines y “Paz y Justicia”; en tiempos recientes, la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Histórica) intensificó agresiones. Se han documentado envenenamientos de estanques comunitarios, muerte de ganado y destrucción de cultivos. No es violencia “espontánea”: es una estrategia de desgaste para forzar dependencia del Estado o sometimiento a poderes locales.

¿Los paramilitares tienen relación con el Estado?
Sí, estructuralmente. Desde los noventa, la contrainsurgencia promueve o tolera grupos “civiles” y ejecuta despojos con cobertura militar–policial–ministerial. Belén lo ilustra: incursiones con Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal de Ocosingo y Fiscalía; resoluciones exprés; despojos difundidos incluso por vías oficiales. Así se externaliza la violencia y se blinda la impunidad, instalando la idea de que la autonomía es “ilegal” y que el común puede privatizarse. Es necropolítica contemporánea: decidir quién vive y quién es expulsado.

El imperio de la muerte aspira a ser total, pero la lección zapatista —para ciudades y periferias, para Occidente y el Sur global— es clara: incluso en la guerra se construyen Otros mundos. En Chiapas no sólo se disputa el destino de un pueblo, sino la posibilidad de imaginar colectivamente una vida más allá del capital.

Al debilitar la autonomía, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes corporaciones

Los ataques contra el zapatismo son funcionales al avance de los megaproyectos y al control territorial. Al debilitar la autonomía, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes corporaciones. Lo que se presenta como un conflicto local en realidad es una pieza clave de la necropolítica capitalista que busca borrar cualquier alternativa que ponga la vida y la autonomía por encima del lucro.

Jérôme Baschet, en su libro La experiencia zapatista, describe que la reciente transformación de las instituciones autónomas invirtió la pirámide y daba mayor poder a las comunidades locales. ¿Cómo evalúas estos cambios?
Estos cambios se anunciaron en el marco del 30 aniversario del levantamiento, en 2024, y representan un ejercicio sumamente interesante dentro de la construcción de la sociedad autónoma zapatista. Entre las transformaciones más significativas estuvo la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Antes, varios pueblos formaban una comunidad, varias comunidades un Municipio Autónomo y, a su vez, varios municipios conformaban un Caracol. Sin embargo, después de años de práctica, las propias comunidades reconocieron que esa estructura no siempre garantizaba el principio del “Mandar Obedeciendo”. Hubo fallas y, en ocasiones, una concentración de poder en las Juntas de Buen Gobierno. Por eso decidieron descentralizar, devolver la toma de decisiones a las bases y fortalecer el nivel comunitario. Así nacieron los Gobiernos Autónomos Locales (GAL), donde las resoluciones se toman de manera más directa y cercana a las necesidades del territorio.

Los Gobiernos Autónomos Locales (GAL) permiten responder a esa diversidad, adaptando las decisiones a cada contexto. La autodeterminación sigue enmarcada en los principios zapatistas

Yo interpreto esta transformación como una profundización radical de la autonomía. El territorio zapatista nunca fue homogéneo ni compacto: hay pueblos enteramente zapatistas, y otros donde solo una familia mantiene la adhesión al EZLN. Los GAL permiten responder a esa diversidad, adaptando las decisiones a cada contexto. La autodeterminación sigue enmarcada en los principios zapatistas, pero las particularidades ahora dependen de cada sujeto colectivo. Esto permite que la autonomía se viva de manera más flexible y encarnada en la realidad cotidiana de cada comunidad, sin depender de una estructura centralizada que pueda volverse rígida.

Las coordinaciones ya no estarán en manos de las 12 Juntas de Buen Gobierno, sino que se articularán a través de colectivos vinculados a los GAL. Esto no significa una disolución de la autonomía, sino una redistribución y una expansión de su alcance. En este sentido, la reorganización se puede leer también como una estrategia de defensa territorial, de diversificación de las economías y de fortalecimiento del común. La tierra puede ser cultivada por cualquier persona o comunidad siempre que no esté ligada al crimen organizado o a los grupos paramilitares. Así, la estructura no solo se abre, sino que extiende la lógica comunitaria de resistencia a otros pueblos, aunque no se reconozcan como zapatistas.

Pienso que los GAL encarnan apertura, no se trata de levantar muros de pertenencia, sino de tejer redes de cuidado y resistencia que protejan el territorio frente a las múltiples amenazas. Después de tres décadas de caminar la autonomía, el EZLN ha demostrado que no tiene miedo de transformar sus propias estructuras, de reconocer errores y de reinventarse a sí mismo. Esa capacidad de autocrítica es, en sí misma, un gesto revolucionario. Mientras los Estados reproducen jerarquías coloniales y se aferran a formas rígidas de poder, los pueblos zapatistas ensayan, corrigen y vuelven a ensayar.

Comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con relación al violento ataque en contra de los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores

A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida.

Comunicado urgente:

Con profundo dolor y rabia, denunciamos que el pasado 31 de octubre de 2025, autoridades e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) fueron atacados con armas de fuego por el grupo criminal Los Ardillos, esto al dirigirse a una asamblea en Ayahualtempa, Guerrero. En este ataque armado, que se prolongó por alrededor de 10 horas, fueron asesinados tres policías comunitarios del sistema de los Pueblos Fundadores, integrantes del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF y 7 más se encuentran heridos de gravedad. Adicionalmente, durante el ataque, la camioneta en la que se trasladaba el compañero JESÚS PLÁCIDO GALINDO, integrante de nuestra Comisión de Coordinación y Seguimiento y quien fue blanco de la agresión, recibió múltiples impactos de bala, de los cuales afortunadamente resultó ileso. Las comunidades del CIPOG-EZ han denunciado reiteradamente que estos grupos criminales operan bajo la protección y complicidad de autoridades estatales y federales.

Las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, organizadas en el CIPOG-EZ, conformado principalmente por nahuas, me’phaa, na savi, ñomndaa y mestizos, enfrentan desde hace años una ofensiva sistemática de violencia narco-paramilitar. En lo que va de la última década se contabilizan la dolorosa cifra de 66 integrantes asesinados y 23 compañeros más desaparecidos, víctimas de la violencia extrema ejercida por los grupos criminales, como Los Ardillos, que actúan en complicidad con gobiernos de todos los colores para despojar a las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero de su territorio. Esta violencia busca imponer el despojo territorial y castigar la digna lucha del CIPOG-EZ por la vida, la autonomía y la justicia, frente a un sistema capitalista que ha sembrado miseria, explotación y violencia en sus comunidades.

En Guerrero y en el país, gobiernos, grupos criminales y empresas capitalistas son la misma cosa; y han convertido a las comunidades del CIPOG-EZ en blanco permanente de ataques, mientras los responsables directos gozan de impunidad. Se trata de una estrategia de guerra, que combina represión, militarización, criminalización y asesinatos a mansalva para desarticular la organización comunitaria.

No hay excepciones, tanto los gobiernos municipales, el del estado, cuya gobernadora guarda nexos directos con los líderes criminales, como el gobierno federal, son responsables, por su omisión y complicidad, de la violencia criminal y paramilitar contra las comunidades del CIPOG-EZ, la CRAC-PC-PF y el compañero Jesús Plácido Galindo. Son sus instituciones de seguridad y justicia, quienes protegen a los grupos criminales e impiden el ejercicio de la autonomía indígena.

Exigimos castigo para los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y del asesinato de los tres compañeros policías comunitarias de Ayahualtempa, así como por los otros 63 integrantes del CIPOG-EZ asesinados, por los 23 compañeros desaparecidos y por los cientos de heridos y desplazados, por las viudas y los huérfanos víctimas de esta guerra.

Las balas que asesinan a nuestros compañeros no podrán destruir su ejemplo ni apagar la dignidad de los pueblos que defienden la vida. Cada agresión confirma que el estado mexicano, ahora con el criminal y mentiroso ropaje de la Cuarta Transformación, continúa su guerra contra los pueblos, una guerra que busca quebrar la autonomía, imponer el miedo y abrir paso al despojo, pero los pueblos siguen en pie, como raíz que no muere y como flor que renace en la tierra herida.

Desde nuestras geografías, llamamos a las comunidades, colectivos, organizaciones solidarias y personas de buen corazón a mantenerse atentas y solidarias ante la alarmante situación de violencia contra nuestros hermanos y hermanas del CIPOG-EZ.

La palabra y la lucha de los pueblos no se callarán. Porque nuestra raíz es profunda, y porque nuestros muertos, nuestras compañeras y compañeros caídos, nos enseñaron a no tener miedo.

ATENTAMENTE
NOVIEMBRE DE 2025
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA – CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES
AL PUEBLO DE GUERRERO Y DE MÉXICO

01 de noviembre 2025

Ayer, 31 de octubre 2025, autoridades de las comunidades pertenecientes a la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Consejo Indígena Y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) acudieron a una asamblea comunitaria en la comunidad de Ayahualtempa, que la autoridad de Ayahualtempa había solicitado con una semana de anticipación, con el fin de abordar el tema de coordinación entre las comunidades de Amatitlán, Ayahualtempa y los Pueblos Fundadores. Al llegar a la comunidad a las 10:00 a.m. para la asamblea, las autoridades de Amatitlan y de los Pueblos Fundadores fueron recibidos con balazos por parte de un grupo de crimen organizado conocido como Los Ardillos que operaba dentro de la comunidad de Ayahualtempa, asesinando, secuestrando y extorsionando a integrantes de la comunidad y emboscando y amenazando a pobladores de la comunidad de Amatitlán y de sus alrededores. En esta balacera inicial, varios resultaron heridos.

Ante estos acontecimientos el Gobierno del Estado intervino en la comunidad de Ayahualtempa, donde detuvieron a tres de los líderes delincuenciales. Llegaron con un operativo de Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército por la intervención del Subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros.

La policía comunitaria también logró detener a 14 miembros de dicho grupo, que serán reeducados bajo el reglamento interno de la CRAC-PC-PF y la asamblea del Territorio Comunitario, que tenían órdenes de aprehensión del Comisario de Ayahualtempa. Esto incluye la detención de Luis Morales Rojas, quien se autodenomina líder de la policía comunitaria de Ayahualtempa. Este ha sido desconocido por las autoridades de Ayahualtempa y la policía comunitaria por ser miembro del crimen organizado que opera en la zona.

La balacera duró más de 10 horas y resultó en el asesinato de tres policías comunitarias, entre ellos el hijo del comisario de Amatitlán, así como al menos 7 heridos de bala de gravedad. Por cuestiones de seguridad, no daremos nombres de nuestros compañeros caídos ni heridos.

Entre el ataque también tres balas impactaron a la camioneta proveída por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al compañero Jesús Plácido Galindo quien estaba en el pueblo dando acompañamiento a las comunidades y sus autoridades en su función de defensor de derechos humanos, de los pueblos y del territorio. Esto se califica como un atentado directo en contra de la integridad física del promotor y sus escoltas del Mecanismo.

La Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y el Consejo Indígena Y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) retoman control de la comunidad de Ayahualtempa, junto con las autoridades de Ayahualtempa y Amatitlán, sacando al crimen organizado y su cabecilla Evaristo Bolaños de Jesús “El Mariguano” o “El Maizero”, quien tenía sometido a la población y las autoridades municipales de Ayahualtempa y quien extorsionaba, asesinaba, violaba y secuestraba a compañeros y compañeras para entregarlos al grupo de crimen organizado, Los Ardillos. La asamblea de Ayahualtempa, realizada anoche a las 9:00 pm optó por de aquí en adelante pertenecer al sistema de seguridad de los Pueblos Fundadores para mantener la paz, la tranquilidad y para mantener la seguridad integral de los pueblos y sus mujeres, hombres, niñas, niños, abuelas y abuelos.

Cabe mencionar que nuestro sistema de seguridad comunitario se basa en nuestro derecho como pueblos indígenas a la autodeterminación y de regirnos bajo nuestros usos y costumbres según el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley 169 de la OIT. Nuestro sistema de seguridad comunitario también es respaldado por la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero. La asamblea del Territorio Comunitario prohibe estrictamente la siembra, cultivo, traslado, venta y consumo de drogas de cualquier tipo.

¡NO NOS RENDIMOS!
¡NO NOS VENDEMOS!
¡NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!
¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE
Autoridades y comunidades pertenecientes a la CRAC-PC-PF
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)

San Cristóbal de Las Casas,

a 27 de octubre de 2025

La Plataforma para la Construcción de Paz en México es una articulación conformada en 2020 por organizaciones mexicanas y aliadas internacionales, con el propósito de enfrentar los desafíos de la violencia generalizada en el país y sus consecuencias. En los últimos años, Chiapas ha experimentado un repunte de violencias, lo que ha exigido a la Plataforma mantenerse atenta a lo que ocurre en el estado como parte del compromiso adquirido, concretando este acercamiento en su Primer Encuentro Presencial, realizado en 2022. Hoy celebramos el Cuarto Encuentro de la Plataforma para la Construcción de Paz en México, reafirmando nuestro compromiso colectivo de seguir impulsando la paz.

Los días 20 y 21 de octubre del año en curso, sucedieron varios eventos en Chiapas que demuestran que la paz sigue siendo un concepto a debatir para implementar estrategias que respondan con profundidad al anhelo de tantos. Mientras el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, convocaba a una marcha en Chicomuselo titulada “la paz que ha regresado”, clamores de justicia y paz se estuvieron escuchando en otras partes del estado.

En los Altos de Chiapas, miles de feligreses convocados por el Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas peregrinaron en San Andrés Larrainzar a un año del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, una voz que en todo su sacerdocio luchó por la paz, la verdad y la justicia, motivo por el que fue asesinado. En la peregrinación se corearon consignas como “queremos paz, no simulación”, “alto al crimen organizado”, “fuera cárteles de Chiapas”, “basta de tanta impunidad” y “basta de tanta corrupción”…

Mientras tanto, en Tuxtla Gutiérrez, las compañeras de la colectiva Madres en Resistencia seguían en su plantón frente a la Fiscalía del estado exigiendo respuestas sobre sus familiares víctimas de feminicidio o desaparecidos, y doña Edith Domínguez enterraba a su hijo desaparecido en junio pasado, cuyo cuerpo había sido finalmente encontrado.

Aunque nos referimos a ejemplos concretos, para quienes defendemos los derechos humanos y la paz; y documentamos situaciones de violencia y violaciones de derechos humanos en Chiapas o en otras latitudes, no cabe duda que la paz sigue siendo un pendiente y un horizonte todavía lejano para la mayor parte de la población aquí, y en otros lugares.

En el caso de Chiapas, si bien podemos observar otra forma de atender las situaciones de violencia estructural con nueva estrategia del gobernador Eduardo Ramírez, consideramos que ha sido basada en una lógica de pacificación y en acciones coercitivas que pueden tener resultados parciales. Sin embargo, no han permitido acabar de desmantelar, desarmar o judicializar a los grupos delictivos, o de implementar otras acciones en clave de justicia que permitan romper con los pactos de impunidad. Si bien ha habido una reducción de los enfrentamientos armados, mayor libertad de tránsito y se han detenido a algunos presuntos delincuentes, vemos acciones de contención más que solución. Vemos comunidades desplazadas, sin condiciones de seguridad para regresar a sus territorios debido a la presencia de grupos delictivos. Vemos víctimas que no se atreven a denunciar por miedo a represalias, lo cual pone en tela de juicio las declaraciones gubernamentales en el sentido de que Chiapas se ha vuelto el segundo lugar más seguro del país. Además varias de las acciones que se llevaron a cabo conllevaron violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y tortura. Por otro lado, aunque han bajado la cantidad de homicidios (registrados) siguen aumentando los casos de desaparición y desaparición forzada. Observamos con especial preocupación las cifras de desapariciones de niños, niñas y adolescentes en el estado.

El discurso de “paz” oficial invisibiliza los problemas estructurales vigentes. Más que un contexto de paz, la mayor parte del estado se está volviendo nuevamente una zona silenciada. En este sentido, vemos con preocupación la omnipresencia de cuerpos de seguridad en todo el estado que pueden acabar de inhibir la expresión de legítimas preocupaciones y demandas.

Como organizaciones acompañantes, reafirmamos nuestra convicción de que la verdadera paz no se construye desde la contención ni el silencio, sino desde la verdad, la justicia, la reparación y la participación activa de las comunidades. Apostamos por una paz que no sea solo la ausencia de violencia, sino la presencia plena de derechos, de condiciones de vida dignas y de un Estado que escuche y proteja a su gente.

En este Cuarto Encuentro de la Plataforma para la Construcción de Paz en México, renovamos nuestro compromiso con ese horizonte de esperanza: una paz que no se imponga, sino que se teja colectivamente desde la memoria, la organización y la vida.

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20 October 2025 / 

Palabra de los Pueblos

Comunicado del Pueblo Creyente en Chiapas a un año del cobarde asesinato de jTatik Marcelo

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
A UN AÑO DEL COBARDE ASESINATO DE JTATIC MARCELO PÉREZ PÉREZ PROFETA EN FAVOR DE LA PAZ Y LA JUSTICIA

“Lo que busco es la paz. Lo que busco es la paz para el pueblo y la paz es más grande que la muerte, que las amenazas y que mi vida” (Padre Marcelo Pérez Pérez)

A TODO EL PUEBLO CREYENTE
A LAS Y LOS CREYENTES DE LAS DIFERENTES DIÓCESIS A LA SOCIEDAD CIVIL
A LAS PERSONAS DE OTROS CREDOS RELIGIOSOS
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

Hermanas y hermanos, familiares de nuestro querido jTatic Marcelo, que en paz descanse, reciban un fraternal saludo.}

Agradecemos grandemente a la familia de jTatic Marcelo por haberlo acompañado en el caminar de la Palabra de Dios, lo cual lo llevó a ser un profeta y mártir de la paz. Él era un sacerdote de fe que animaba al Pueblo de Dios a denunciar las injusticias y nunca tuvo miedo de hacerlo y lo expresaba en sus homilías de las cuales recordamos que dijo “Para mí la vida es Cristo, y morir una ganancia” (cf. San Pablo a los Filipenses 1, 21). Además, sembró semillas de esperanza. La estructura de poder que reprime a los pueblos quiso eliminarlas, pero esas semillas se multiplican porque hoy el padre Marcelo vive en los corazones de cada uno de nosotros y nosotras. Él entregó su vida libremente por la paz.

No se desanimen, ánimo hermanos y hermanas familiares de jTatic Marcelo.

En este primer aniversario del cobarde asesinato del padre Marcelo seguimos viviendo tiempos de oscuridad, la cual se extiende en la realidad de guerras, genocidios, despojo de territorios y migración de miles de personas.

Por ello también gritamos con millones de seres humanos: ¡ALTO AL GENOCIDIO EN GAZA! Que los gobernantes de todos los países exijan y detengan esta barbarie, vergüenza para la humanidad.

A pesar de la “Estrategia de Seguridad” implementada por el Gobierno Federal y Estatal, nuestro país sigue sumido en la violencia: algunos de nuestros pueblos siguen sufriendo por asesinatos, desapariciones, “levantones” (secuestros), filtros del narco para entrar a las comunidades, desplazamientos forzados por la violencia criminal, espionaje. Siembra de drogas en comunidades, narcomenudeo y comercio de drogas en lugares clandestinos. Así como aumento de venta de alcohol en expendios con permisos de la autoridad, así como en lugares clandestinos, a pesar de prohibiciones por acuerdos comunitarios o de algunas autoridades municipales. También existen laboratorios clandestinos para procesar y fabricar drogas, que algunos han sido desmantelados por el Ejército.

Aunado a esto se ha conocido que algunos de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado continúan con una práctica represiva como extorsiones, tablazos, intimidaciones a personas de las comunidades para producir miedo y querer tener el control del Territorio. Así como colusión de algunas autoridades.

Entre tanta violencia queremos expresar como pueblo que grita: ¡Libertad a los hermanos que están encarcelados injustamente! Porque alzaron la voz para pedir justicia ante un poder que domina bajo el crimen organizado que oprime al pueblo y que goza de impunidad, para imponer sus mandatos con la fuerza de las armas, para quitar vidas a personas que quieren la paz.
Por ello en las comunidades existen divisiones por: partidos políticos, programas sociales que no llegan a todas las personas que lo necesitan, religiones e incluso algunas veces dentro de los mismos servidores.

Hay encarcelamientos y torturas a inocentes y graves violaciones a los derechos humanos como en el caso de los 5 hermanos presos de San Juan Cancuc. El Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU ha emitido una recomendación al Gobierno de México expresando que teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner inmediatamente en libertad a los 5 presos de San Juan Cancuc y concederles el derecho a una indemnización y otros tipos de reparación, en un tiempo máximo de seis meses, plazo que se cumple en este mes de octubre.

Unimos nuestras voces también a las organizaciones, colectivos y personas individuales que desde marzo del presente año solicitaron la revisión del caso del hermano catequista Pedro Cortés López y de Diego Mendoza Cruz sentenciados a 110 años de cárcel, y que además presentaron una queja ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. (Diario la Jornada, 26 de marzo de 2025). No es posible que, al asesino del Padre Marcelo, sacerdote y defensor de derechos humanos, solo le hayan dado 20 años de prisión.

Ante la realidad humana que ambiciona tener todo a su alrededor, junto con el capitalismo salvaje, que despoja a los pueblos de su tierra y territorio, sin conciencia de que, como pueblos originarios, tenemos una relación de armonía y respeto a la vida y la naturaleza.

Por ello denunciamos la imposición de la supercarretera San Cristóbal-Palenque, ya que no hay consulta verdadera a los pueblos originarios y sus demás derechos, ni se tiene en cuenta el grave daño que causará a la Madre Tierra y las especies que viven en ella.

Basta de corrupción política, no más colusión con los grupos de poder y el crimen organizado, necesitamos justicia, igualdad, democracia. Ser libres y soberanos para la construcción de la paz. Porque no somos dueños de este mundo.

A los que luchan por la paz y la justicia.

Confiemos en la palabra de los pueblos y construyamos caminos entre todas y todos que nadie camine solo, es un tiempo para juntar nuestras voces.

A los jóvenes

El joven de hoy pierde la vida en la tecnología, en los vicios y en la felicidad momentánea. Por eso invitamos a los jóvenes a empezar a vivir la verdadera alegría de lo que Dios nos ha dado. No tengan miedo de ser profetas jóvenes. No apaguen la voz de su corazón de querer buscar la paz. La juventud es aprovechar el ser útil y enfrentar los retos de la vida no tengan miedo de hacerlo. Que los jóvenes no pasen desapercibidos en nuestra sociedad, sino que con sus acciones transformen el mundo, la sociedad. También a las y los jóvenes Jesús los llama a buscarle y seguirlo en la gran aventura de la vida, impulsados por la fe.

¡Hoy es el día, atrévete a seguirlo, mañana puede ser tarde!

A un año de impunidad y de injusticia del cobarde asesinato del padre Marcelo denunciamos y exigimos a las autoridades correspondientes que hagan una investigación exhaustiva que llegue a los autores intelectuales responsables del asesinato del jTatic Marcelo y sean castigados.

No se ha hecho la justicia verdadera que tanto anhelamos, porque hasta el momento no se ha investigado el verdadero motivo de este crimen. Los autores intelectuales siguen gozando de impunidad.

Exigimos a los tres niveles de gobierno que se aplique la justicia a los asesinos de otros mártires asesinados en nuestra Diócesis, de Nueva Morelia, Chicomuselo: Ignacio, Isidra, Teresita de Jesús, Rosalinda, Yojari Belén, Dolores, Alfonso, Azael, Urbano, Brandi y Joel; de Nuevo Israelita: Simón Pedro, las y los mártires de Acteal, entre otros y otras.

Nuestros mártires con sus vidas han dado una fuerza a nuestro caminar como Diócesis. Ellas y ellos ya no están físicamente entre nosotras y nosotros, pero su espíritu, su entrega y sus enseñanzas de caminar como profetas y pastores no se acabarán jamás.

¡Alto a la falsa paz!
¡Alto a los asesinatos!
¡Alto a los desplazamientos forzados por la violencia criminal!
¡Alto a la narcopolítica!
¡Alto al reclutamiento de los jóvenes!
¡Alto a las amenazas y hostigamientos a los defensores de los derechos humanos!
¡Alto a la represión a los pueblos originarios que luchan por sus derechos!
¡Alto a la destrucción de la Madre Tierra!
Caminemos juntas y juntos a la luz del Señor, construyendo caminos de paz

¡Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados! (Mt 5,6)

En el año Jubilar de la Esperanza

Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
 

San Andrés Sakamch´en de los pobres, Chiapas, México; a 20 de octubre de 2025.

¡Viva jTatic Marcelo!
¡Vivan las mártires y los mártires!
¡Viva el Pueblo Creyente!
¡Vivan las y los que luchan por la paz y la justicia
 

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Video Verdad y Justicia para el Padre Marcelo:

https://archive.org/details/2519908-justicia-verdad-padre-marcelo-corto