paramilitares
Comunicado del CIPOG-EZ y la CRAC-PC-PF sobre los hechos ocurridos en Ayahualtempa
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES
AL PUEBLO DE GUERRERO Y DE MÉXICO
01 de noviembre 2025
Ayer, 31 de octubre 2025, autoridades de las comunidades pertenecientes a la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Consejo Indígena Y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) acudieron a una asamblea comunitaria en la comunidad de Ayahualtempa, que la autoridad de Ayahualtempa había solicitado con una semana de anticipación, con el fin de abordar el tema de coordinación entre las comunidades de Amatitlán, Ayahualtempa y los Pueblos Fundadores. Al llegar a la comunidad a las 10:00 a.m. para la asamblea, las autoridades de Amatitlan y de los Pueblos Fundadores fueron recibidos con balazos por parte de un grupo de crimen organizado conocido como Los Ardillos que operaba dentro de la comunidad de Ayahualtempa, asesinando, secuestrando y extorsionando a integrantes de la comunidad y emboscando y amenazando a pobladores de la comunidad de Amatitlán y de sus alrededores. En esta balacera inicial, varios resultaron heridos.
Ante estos acontecimientos el Gobierno del Estado intervino en la comunidad de Ayahualtempa, donde detuvieron a tres de los líderes delincuenciales. Llegaron con un operativo de Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército por la intervención del Subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros.
La policía comunitaria también logró detener a 14 miembros de dicho grupo, que serán reeducados bajo el reglamento interno de la CRAC-PC-PF y la asamblea del Territorio Comunitario, que tenían órdenes de aprehensión del Comisario de Ayahualtempa. Esto incluye la detención de Luis Morales Rojas, quien se autodenomina líder de la policía comunitaria de Ayahualtempa. Este ha sido desconocido por las autoridades de Ayahualtempa y la policía comunitaria por ser miembro del crimen organizado que opera en la zona.
La balacera duró más de 10 horas y resultó en el asesinato de tres policías comunitarias, entre ellos el hijo del comisario de Amatitlán, así como al menos 7 heridos de bala de gravedad. Por cuestiones de seguridad, no daremos nombres de nuestros compañeros caídos ni heridos.
Entre el ataque también tres balas impactaron a la camioneta proveída por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al compañero Jesús Plácido Galindo quien estaba en el pueblo dando acompañamiento a las comunidades y sus autoridades en su función de defensor de derechos humanos, de los pueblos y del territorio. Esto se califica como un atentado directo en contra de la integridad física del promotor y sus escoltas del Mecanismo.
La Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y el Consejo Indígena Y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) retoman control de la comunidad de Ayahualtempa, junto con las autoridades de Ayahualtempa y Amatitlán, sacando al crimen organizado y su cabecilla Evaristo Bolaños de Jesús “El Mariguano” o “El Maizero”, quien tenía sometido a la población y las autoridades municipales de Ayahualtempa y quien extorsionaba, asesinaba, violaba y secuestraba a compañeros y compañeras para entregarlos al grupo de crimen organizado, Los Ardillos. La asamblea de Ayahualtempa, realizada anoche a las 9:00 pm optó por de aquí en adelante pertenecer al sistema de seguridad de los Pueblos Fundadores para mantener la paz, la tranquilidad y para mantener la seguridad integral de los pueblos y sus mujeres, hombres, niñas, niños, abuelas y abuelos.
Cabe mencionar que nuestro sistema de seguridad comunitario se basa en nuestro derecho como pueblos indígenas a la autodeterminación y de regirnos bajo nuestros usos y costumbres según el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley 169 de la OIT. Nuestro sistema de seguridad comunitario también es respaldado por la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero. La asamblea del Territorio Comunitario prohibe estrictamente la siembra, cultivo, traslado, venta y consumo de drogas de cualquier tipo.
¡NO NOS RENDIMOS!
¡NO NOS VENDEMOS!
¡NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!
¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS!
ATENTAMENTE
Autoridades y comunidades pertenecientes a la CRAC-PC-PF
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)
Pronunciamiento de La Plataforma para la Construcción de Paz
San Cristóbal de Las Casas,
a 27 de octubre de 2025
La Plataforma para la Construcción de Paz en México es una articulación conformada en 2020 por organizaciones mexicanas y aliadas internacionales, con el propósito de enfrentar los desafíos de la violencia generalizada en el país y sus consecuencias. En los últimos años, Chiapas ha experimentado un repunte de violencias, lo que ha exigido a la Plataforma mantenerse atenta a lo que ocurre en el estado como parte del compromiso adquirido, concretando este acercamiento en su Primer Encuentro Presencial, realizado en 2022. Hoy celebramos el Cuarto Encuentro de la Plataforma para la Construcción de Paz en México, reafirmando nuestro compromiso colectivo de seguir impulsando la paz.
Los días 20 y 21 de octubre del año en curso, sucedieron varios eventos en Chiapas que demuestran que la paz sigue siendo un concepto a debatir para implementar estrategias que respondan con profundidad al anhelo de tantos. Mientras el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, convocaba a una marcha en Chicomuselo titulada “la paz que ha regresado”, clamores de justicia y paz se estuvieron escuchando en otras partes del estado.
En los Altos de Chiapas, miles de feligreses convocados por el Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas peregrinaron en San Andrés Larrainzar a un año del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, una voz que en todo su sacerdocio luchó por la paz, la verdad y la justicia, motivo por el que fue asesinado. En la peregrinación se corearon consignas como “queremos paz, no simulación”, “alto al crimen organizado”, “fuera cárteles de Chiapas”, “basta de tanta impunidad” y “basta de tanta corrupción”…
Mientras tanto, en Tuxtla Gutiérrez, las compañeras de la colectiva Madres en Resistencia seguían en su plantón frente a la Fiscalía del estado exigiendo respuestas sobre sus familiares víctimas de feminicidio o desaparecidos, y doña Edith Domínguez enterraba a su hijo desaparecido en junio pasado, cuyo cuerpo había sido finalmente encontrado.
Aunque nos referimos a ejemplos concretos, para quienes defendemos los derechos humanos y la paz; y documentamos situaciones de violencia y violaciones de derechos humanos en Chiapas o en otras latitudes, no cabe duda que la paz sigue siendo un pendiente y un horizonte todavía lejano para la mayor parte de la población aquí, y en otros lugares.
En el caso de Chiapas, si bien podemos observar otra forma de atender las situaciones de violencia estructural con nueva estrategia del gobernador Eduardo Ramírez, consideramos que ha sido basada en una lógica de pacificación y en acciones coercitivas que pueden tener resultados parciales. Sin embargo, no han permitido acabar de desmantelar, desarmar o judicializar a los grupos delictivos, o de implementar otras acciones en clave de justicia que permitan romper con los pactos de impunidad. Si bien ha habido una reducción de los enfrentamientos armados, mayor libertad de tránsito y se han detenido a algunos presuntos delincuentes, vemos acciones de contención más que solución. Vemos comunidades desplazadas, sin condiciones de seguridad para regresar a sus territorios debido a la presencia de grupos delictivos. Vemos víctimas que no se atreven a denunciar por miedo a represalias, lo cual pone en tela de juicio las declaraciones gubernamentales en el sentido de que Chiapas se ha vuelto el segundo lugar más seguro del país. Además varias de las acciones que se llevaron a cabo conllevaron violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y tortura. Por otro lado, aunque han bajado la cantidad de homicidios (registrados) siguen aumentando los casos de desaparición y desaparición forzada. Observamos con especial preocupación las cifras de desapariciones de niños, niñas y adolescentes en el estado.
El discurso de “paz” oficial invisibiliza los problemas estructurales vigentes. Más que un contexto de paz, la mayor parte del estado se está volviendo nuevamente una zona silenciada. En este sentido, vemos con preocupación la omnipresencia de cuerpos de seguridad en todo el estado que pueden acabar de inhibir la expresión de legítimas preocupaciones y demandas.
Como organizaciones acompañantes, reafirmamos nuestra convicción de que la verdadera paz no se construye desde la contención ni el silencio, sino desde la verdad, la justicia, la reparación y la participación activa de las comunidades. Apostamos por una paz que no sea solo la ausencia de violencia, sino la presencia plena de derechos, de condiciones de vida dignas y de un Estado que escuche y proteja a su gente.
En este Cuarto Encuentro de la Plataforma para la Construcción de Paz en México, renovamos nuestro compromiso con ese horizonte de esperanza: una paz que no se imponga, sino que se teja colectivamente desde la memoria, la organización y la vida.
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