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México. Pozol. 5 de febrero. En horas de la madrugada de hoy fueron secuestrados 5 integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, Michoacán. Comuneros de Santa María Ostula informaron que dichas personas fueron levantadas en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Secretaría de Marina, quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

A cambio de la libertad de los 5 miembros de la policía comunitaria, los secuestradores piden la cantidad de 21 armas, así como que se abandone el filtro que los comunitarios mantienen en el punto referido sobre la carretera costera, de lo contrario amenazaron con ejecutar a los comunitarios.

Por su parte, la comunidad de Santa María Ostula decidió en asamblea realizar el bloqueo de la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región Costa-Sierra de Michoacán como medio para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación sus compañeros.

Cabe recordar que la región de Santa María Ostula mantiene una lucha por sus territorios ancestrales que recuperó de manos del crimen organizado y de pequeños propietarios coludidos con cárteles de la droga y a pesar, también, de la complicidad que con los grupos delictivos y supuestos “propietarios” han mantenido los cuerpos de “seguridad” del Estado mexicano. Suman ya más de 30 comuneros asesinados y otros tantos desaparecidos por paramilitares, narcos y el ejército mexicano, el precio que la comunidad de Santa María Ostula ha pagado por la defensa de su territorio. Vale recordar que uno de los casos más recientes fue 2015 cuando el ejército mexicano asesinó a un niño de apenas 12 años mientras atacaba con armas de alto poder a comuneros indefensos.

Información: Solidaridad con Ostula
Foto: Desde las nubes

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Colectivo Radio Zapatista, JäG

El Ejido ch’ol de Tila, en la Zona Norte de Chiapas, denunció la entrada de camionetas militares de la Marina. Sus autoridades, encargadas de coordinar los trabajos para el cuidado del poblado, emitieron la alerta; no esperaban la incursión de soldados. Su denuncia muestra la palabra enérgica frente a la tensión en que se encuentra el pueblo organizado, ya que a partir de haber expulsado al Ayuntamiento Municipal y declarado su autonomía y autogobierno ejidal, no han cesado las amenazas de operativos militares, paramilitares y policíacos.

El clima de hostilidades hacia la construcción autonómica del autogobierno ejidal se ha vuelto cotidiano durante estos ocho meses, como lo tienen registrado las autoridades ejidales. Esto ha mantenido al pueblo en tensión y alerta: de manera continua reciben los rumores de la entrada de la policía al pueblo, que ya lo ha intentando de manera fallida ante la movilización del pueblo, en una madrugada hace un par de meses. También les ha llegado la información de que el ejército prepara el operativo cercando el pueblo y aislando a sus comunidades. Y de la misma manera están advertidos de cómo los funcionarios del ayuntamiento están organizando grupos en diferentes comunidades para atacar al ejido, su oficio paramilitar.

En otras palabras, les amenazan con aplicar de manera directa la violencia gubernamental de la guerra en la que mantienen los territorios, y que en esta región tiene una larga historia de crueldad humana e impunidad, cuyo símbolo es la “Paz y Justicia” gubernamental, paramilitar. De este modo buscan desgastar al pueblo y su determinación de ejercer su autonomía ejidal, para imponer la presencia del Ayuntamiento Municipal. Sin embargo, el pueblo permanece firme en su determinación de defender su territorio y autoridad, su legítimo y legal autogobierno ejidal, fundado en su derecho a ejercer la autonomía ejidal.

La última amenaza fue recibida unos días previos a la presencia de la Marina. El medio que han utilizado los operadores y aliados gubernamentales dentro del poblado para difundir las amenazas, engaños, difamaciones contra el Ejido y el cuerpo de autoridades es el WhatsApp. Éste es el contenido de la amenaza que circularon:

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• Tras mediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gobierno reconoce su responsabilidad
• Notable ausencia del Ejército Mexicano en acto público de reconocimiento
• Después de 15 años de atropellos e impunidad, justicia llega “parcial, mutilada, incompleta”

Ver también:

• Palabras de José López Cruz, padre de las víctimas Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández
• Palabras de Pedro Faro, director del Frayba

Ayer, 28 de enero de 2016, el Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2000 en la comunidad El Aguaje, municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde la explosión de una granada de fusil antipersonal de propiedad del Ejército Mexicano mató al niño Ángel Díaz Cruz e hirió de gravedad a Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández, en el contexto de las acciones de contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas y el EZLN.

El acto es parte de los acuerdos firmados tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, obligan al Estado a reconocer públicamente su responsabilidad en el caso. Es la culminación de un largo proceso de 15 años, en el que las víctimas y sus familiares se enfrentaron a la impunidad y el atropello por parte del Ministerio Público Militar.

En el evento, José López Cruz, padre de los niños lesionados, relató los abusos sufridos por víctimas y familiares en su larga búsqueda por justicia. Asímismo, Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, quien relató los detalles del caso, aseguró que “La justicia en México llega tarde, parcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrechas como es de por sí el actuar del Estado mexicano” y llamó atención a la ausencia en el evento del “personaje principal de esta historia, el perpetrador por antonomasia en Chiapas: El Ejército mexicano”.

Presentes en el evento estuvieron las víctimas Ricardo y José Leonardo López Hernández, su padre José López Cruz, Cristina Reina Cruz López (madre del niño fallecido Ángel Díaz Cruz) y Pedro Faro del Frayba. Por el gobierno de Chiapas, Manuel Velasco Coello, gobernador del estado, y Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de gobierno. Por el gobierno Federal, Roberto Campa Cifrián (Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y Erasmo Lara Cabrera (Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores). Del Ejército Mexicano y la SEDENA… ni las luces.

A continuación, los audios del evento:

Juan Carlos Gómez Aranda – Secretario General de Gobierno de Chiapas:
(Descarga aquí)  

Pedro Faro Navarro – Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba):
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

José López Cruz – Padre de Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Roberto Campa Cifrián – Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Manuel Velasco Coello – Gobernador de Chiapas:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

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Fuente: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/160128_aguaje.pdf

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

Lee sobre Acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y escucha todos los audios.

Caso El Aguaje
(Angel Díaz Cruz+, Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández)

Muerte
Anciana y triste muerte
Adulta y silenciosa muerte
Joven y llorosa muerte
Niña y estúpida muerte.

Buenos días a todas y todos, con el permiso de la señora Cristina Reyna Cruz López, del Señor José López Cruz y sus respectivas familias, tomo la palabra.

Hoy estamos aquí ante este recinto de la Facultad de Derecho, para escuchar el perdón público del Gobierno mexicano, ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los niños Ángel Díaz Cruz, Ricardo López Hernández, José Leonardo López Hernández, así como a todos sus familiares, debido a los hechos del 17 de septiembre del año 2000, en la comunidad El Aguaje del ejido La Albarrada, municipio de San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, a causa de la explosión de una granada de fusil antipersonal[1] propiedad del Ejército mexicano. De la explosión resultó muerto el niño Ángel Díaz, con heridas graves Ricardo y José Leonardo. Hechos sucedidos en el contexto de la acción de contrainsurgencia que implementa el Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así también en contra de los pueblos y comunidades que resisten las políticas de despojo territorial y exterminio.

También estamos aquí para recordar que el Estado mexicano ha mantenido en la impunidad por 15 años y 5 meses el Caso del Aguaje, lastimosamente no es el único donde están involucradas las Fuerzas Armadas de México; lastimosamente no es el único donde la impunidad marca el ritmo de vida de quienes exigen al Estado que cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos como es su deber internacional. Pues la muerte de Ángel Díaz, es de plena responsabilidad del Ejército mexicano, así como los daños a la integridad física y psicológica que de manera permanente quedaron marcados en los cuerpos de Ricardo y José Leonardo y las de sus familias, truncando sus proyectos de vida.

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Escucha aquí:(Descarga aquí)  

Lee sobre Acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y escucha todos los audios.

A 28 de enero de 2016.

Buenas tardes a todos los presentes,

Mi nombre es José López Cruz y en representación de mi familia, mis hijos y especialmente de la señora Cristina Reyna Cruz López madre del niño Ángel Díaz Cruz fallecido, voy a expresar las siguientes palabras.

Ha pasado más 15 años en el que mis hijos resultaron gravemente lesionados y que desgraciadamente el niño Ángel Díaz Cruz falleció a consecuencia de la explosión de una granada de fusil antipersonal propiedad del ejército mexicano.

Esos pobres niños lo único que hacían era buscar hongos para comer, pero debido a la negligencia del personal del ejército al no advertir los riesgos que pudiera acontecer en el lugar de campo de prácticas de tiro, a casi 500 metros de nuestra comunidad, resultó esta gran tragedia.

Además mi familia y los habitantes de mi comunidad El Aguaje, estábamos ya obligados a convivir, con todo tipo de ruidos provocado por los explosivos, los morteros, las ametralladoras lo cual provocaba mucho miedo. Sin embargo, el lugar era utilizado por la comunidad para la recolección de hongos, caminos de paso, pastoreo y recolección de leña.

Las mujeres ya no podían realizar sus actividades cotidianas por el campo, debido a que continuamente sufrían el acoso del personal militar.

A partir de las graves lesiones de nuestros hijos, comenzó nuestro sufrimiento, al verlos graves, a la presión de que uno de ellos le iban amputar una pierna; a la falta de atención de las autoridades porque no recibimos a atención necesaria y fuimos nosotros como familias que cargamos con toda la responsabilidad del seguimiento de recuperación de nuestros hijos.

Además por la falta de acceso al seguimiento de las investigaciones, debido a que estas se llevó a cabo desde la jurisdicción militar, quienes nunca nos permitieron saber el seguimiento del proceso penal militar, además de que el Juzgado Militar se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal y no tenemos los recursos para ir hasta allá.

Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos.

Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quienes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos.

Los efectos psicológicos en nuestros hijos, en nuestras familias se mantienen, debido a la falta de justicia y la atención. Y ante el temor de que dentro de sus cuerpos exista todavía esquirlas.

Esperamos que estos acuerdos que hoy firmamos, sean cumplidos a la cavalidad.

Agradecemos infinitamente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé por su acompañamiento, porque sin ellos nunca hubiéramos podido lograr esta nuestra lucha.

Señores y señoras, durante todos estos años, hemos vivido la incertidumbre de que algún otro niño le pase lo mismo, es por eso que exigimos que estos hechos nunca vuelvan a repetirse.

Muchas gracias.

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A los medios de comunicación
A los pueblos del mundo

El día 15 de octubre de 2015, en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán nos reunimos en representación de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales, las autoridades civiles y agrarias, los encargados del órden de las 23 encargaturas, así como los comandantes de la policía comunitaria de Ostula y de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcoman y por otra parte representantes del gobierno mexicano, como son la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Especial para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, la Policía Federal, la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la delegación de Gobernación de Michoacán, el Gobierno del Estado de Michoacán y la presidencia municipal de Aquila.

El objetivo fue revisar el cumplimiento de los acuerdos a los que arribamos en la ciudad de México el pasado 23 de julio de 2015 y previamente el 12 de junio de 2015 en la cual señalamos nuestras exigencias urgentes e irrenunciables, que siguen siendo las mismas y que reiteramos.

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A LA SOCIEDAD CIVIL
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS

Como es del conocimiento público, Cemeí Verdía Zepeda-Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila-fue detenido injustamente el pasado 19 de julio. Posterior a su detención, fuerzas federales y estatales perpetraron una cobarde agresión contra la comunidad índigena se Santa María Ostula; asesinando a un niño e hiriendo a varias personas más.

En los días posteriores el compañero Cemeí fue absuelto del supuesto delito por el que se le detuvo, sin embargo, fue acusado de otros delitos más y trasladado de un penal federal en Nayarit al penal estatal de Mil Cumbres en Morelia, donde se encuentra detenido hasta este momento.

El día de hoy Cemeí Verdía fue absuelto del delito de homicidio por el Juez Cuarto al considerar, este último, que no existió delito qué perseguir ya que Argel Mejía Valdovinos, Rigoberto Mejía Valdovinos, Ramiro Álvarez Medina y una persona no identificada fueron abatidos al intentarlos capturar, después de que éstos perpetraron una emboscada en contra de Cemeí Verdía y otros miembros de la Policía Comunitaria de Ostula el pasado 25 de mayo. Debemos recordar que dichos sicarios asesinaron en el mismo hecho a dos policías comunitarios de Ostula y Aquila.

Por otro lado, el mismo Juez se declaró incompetente para resolver respecto al delito de robo calificado, del que también se le acusa a Cemeí Verdía. Por tal razón, el proceso fue turnado al Juzgado de Distrito en Lázaro Cárdenas, donde un juez tiene 72 hrs para dictar la auto de libertad o formal prisión a Cemeí Verdía.

Es necesario puntualizar que el falso delito de robo calificado en agravio del Ayuntamiento de Aquila se debe a una denuncia interpuesta por el alcalde de Aquila, Juan Hernández, quien se encuentra preso desde el 27 de julio por ser él uno de los autores intelectuales del atentado contra Cemeí Verdía del 25 de mayo y por ser parte del Cartel de los Caballeros Templarios.

Juan Hernández, junto con los jefes templarios Federico González (alias Lico) y Mario Álvarez (alias el Chacal), entre los años 2012 y 2013 saqueó de los bosques vírgenes de Ostula madera de la especie Sangualica, conocida como Dalbergia granadillo (especie que cuenta con protección especial por las normas mexicanas). Dicha madera era exportada con la complicidad de los tres niveles de Gobierno a China a través de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Ante esta situación exigimos:

1) Que Cemeí Verdía no sea trasladado por el gobierno del estado de Michocán a Lázaro Cárdenas, lugar donde siguen operando los Caballeros Templarios y donde pretenden atentar nuevamente en contra de su vida.

2) La libertad inmediata de Cemeí Verdía.

3) Que el Ejército Mexicano reconozca su responsabilidad en el asesinato del niño Hidilberto Reyes García y de los hechos ocurridos el pasado 19 de julio en la encargatura de Ixtapilla, Santa María Ostula.

4) Que el Ejército Mexicano colabore con la investigación derivada de los hechos ocurridos el pasado 19 de julio: enviando a las instancias correspondientes las armas de cargo de sus elementos que participaron en dicho operativo para realizar los peritajes de balística; turne a las instancias correspondientes los informes relativos a su actuar en dichos hechos donde se precisen sus órdenes y quiénes iban en el convoy.

5) Que se garantice la integridad de la comunidad, lo que incluye el respeto a su Policía Comunitaria, así como a los comandantes y miembros de las policías comunitarias y grupos de autodefensa de Aquila, Chinicuila y Coahuayana.

Justicia inmediata y castigo a los culpables de la muerte del niño Hidilberto Reyes García, y de las agresiones a la comunidad de Ostula.

Atentamente
Equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad indígena de Santa María Ostula
4 de agosto de 2015

To the Nahua Indigenous Community of Santa María Ostula, Aquila, Michoacán:
To the National and International Sixth:
To the people of Mexico and the World:

July 21, 2015

Given the violent events perpetrated against the indigenous community of Santa María Ostula on July 19, 2015, by a large commando made up of members of the Federal Preventative Police, the Secretary of National Defense, and the Secretary of the Navy in which Ostula community police commander Cemeí Verdía Zepeda was detained, in which federal soldiers murdered, WITH A BULLET TO THE FACE, THE 12-YEAR-OLD CHILD EDILBERTO REYES GARCÍA, and in which the following people were injured: the child Yeimi Nataly Pineda Reyes, 6-years-old; Edith Balbino Vera; Delfino Antonio Alejo Ramos, 17-years-old; Horacio Valladares Manuel, 32-years-old; José Nicodemos Macías Zambrano, 21-years-old; and Melesio Cristino Dirzio, 60-years-old…

WE DENOUNCE:

The criminal behavior of the above listed military and police bodies and their complicity with organized crime, in this case the Knights Templar, enacted in order to escalate the war of conquest that has been waged for years now against the Nahua indigenous community of Santa María Ostula. The goal of this war of conquest is to occupy the community’s territories in favor of mining and transnational tourist interests, and to punish this community for having dared to take back the land from which they had been displaced and for having defended themselves—by putting into practice their right to live—from organized crime, which today serves as the paramilitary branch of the Mexican State.

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El 19 de Julio pasado, el ejército Mexicano incursiono violentamente en la comunidad Nahua de Santa María Ostula para detener a Cemeí Verdía Zepeda, líder de las autodefensas en Aquila Michoacan; el ataque del ejército Mexicano dejo 3 personas muertas, entre ellos, 2 menores de 6 y 12 años y un número indeterminado de lesionados.

Este 21 de Julio, en conferencia de prensa desde el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el “Equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad indígena de Santa María Ostula”, en compañía de Agustín Vera, vocero de la comunidad , expusieron su testimonio sobre las agresiones y hablaron sobre la detención arbitraria de Sermei, la forma en que el ejército Mexicano ataco a la comunidad lesionando a comuneros y matando a 2 menores y también hablaron sobre la traición del Gobierno Federal, a los acuerdos firmados .

Audio de la conferencia.
(Descarga aquí)  

México D.F 21 de julio 2015.

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Boletín N° 1 DETENIENE EL EJÉRCITO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA, Municipio de Aquila, Michoacán. (19 de julio de 2015, 13 hrs)

A LA SOCIEDAD CIVIL
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS

El día de hoy aproximadamente a las 10 hrs un pelotón del ejército mexicano se presentó en los parajes de El Duín y Xayakalan, en la comunidad indígena de Santa María Ostula, Municipio de Aquila, Michoacán. En dichos puntos la comunidad mantiene puestos de vigilancia de su policía comunitaria y los grupos de autodefensa de la costa-sierra. Los miembros de ejército impactaron sus vehículos contra los puestos de vigilancia y realizaron disparos; intentaron detener a varios miembros de la comunidad que se encontraban en el lugar, sin que hasta el momento podamos confirmar el número y nombres de los detenidos. De manera paralela otro grupo del ejército mexicano detuvo a Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila) en el poblado de La Placita. En ambas acciones los miembros de ejército no presentaron órdenes de aprehensión y se desconoce los delitos de los que acusan a los detenidos. Cabe mencionar que hasta el momento no han sido presentados ante ninguna agencia del ministerio público y se ignora su paradero.

Posteriormente, aproximadamente a las 11 hrs otro grupo de ejército intento detener a miembros del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula, nuevamente sin presentar orden de aprehensión y actuando con violencia.

Ante las acciones emprendidas por las fuerzas federales la comunidad de Santa María Ostula se movilizó y en estos momentos mantiene retenidos a miembros del ejercito mexicano que participaron en las agresiones. Se debe advertir que se esta viviendo una situación de tensión extrema en la región.

Debemos puntualizar que el compañero Cemeí Verdía, ha sufrido tres antentados, el último de ellos planeado por miembros del gobierno estatal, municipal, mineros y lugartenientes de los llamados caballeros templarios. Además, de las investigaciones derivadas, se logró establecer que una de las opciones para desmovilizar a la comunidad indígena de Santa María Ostula y desarticular a su policía comunitaria, así como a los grupos de autodefensa de la costa sierra de Michoacán, era la fabricación de delitos y la detención de Cemeí Verdía.

Nuevamente, los llamamos a estar atentos y alertas ante la situación que se vive en la comunidad de Ostula y en la región de la Costa-Sierra. Y detener esta nueva escalada del estado mexicano en contra de la comunidad indígena de Santa María Ostula y los otros pueblos de costa sierra de Michoacán.

Atentamente
Equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad indígena de Santa María Ostula
19 de julio de 2015