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Red Universitaria Anticapitalista

(Español) Libertad para Manuel Gómez Vázquez [video]

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

El poder judicial del estado de Chiapas condena a 25 años a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc por defender su territorio

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
17 de mayo de 2023

Boletín No. 10

El poder judicial del estado de Chiapas condena a 25 años a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc por defender su territorio

  • La criminalización a los pueblos indígenas, causa recurrente en Chiapas.

Desde este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunciamos la criminalización hacia los defensores del territorio; el gobierno Chiapas una vez más actúa con toda impunidad. El día de hoy 17 de mayo del 2023 el Poder Judicial del Estado de Chiapas declaró culpables a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez, cinco indígenas defensores comunitarios, del pueblo maya tseltales de San Juan Cancuc, privados arbitraria de su libertad por defender su territorio, a quienes se les condenó a 25 años de prisión por un delito que no cometieron.

Para establecer la condena la Juez utilizó criterios legales de 1993 es decir, criterios de hace más treinta años, a pesar de todas las reformas legales que han ocurrido en México que deberían de garantizar los derechos humanos. La Juez le dio valor probatorio a las declaraciones de los policías municipales, cuando ellos debieron ser los primeros en ser investigados, ya que la muerte aconteció en la patrulla de la policía municipal de San Juan Cancuc; otro hecho notorio fue que dio valor a un acta de defunción alterada.

El 3 de mayo de 2023, los cinco indígenas tseltales rindieron su declaración frente a la Juez, en donde mencionaron que tres de ellos fueron detenidos de manera arbitraria el día 29 de mayo de 2022, en San Juan Cancuc, mediante un operativo conjunto de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, para después ser entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados.

Los dos últimos, declararon que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el día 1 de junio de 2022, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5  (CERSS No. 5) de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad, hecho realizado por las Fuerzas de Seguridad el día 29 de mayo de ese mismo año, ninguno de estos elemento arbitrarios fueron tomados en cuenta, por lo que una vez más dan evidencia de la acción recurrente de criminalización hacia los pueblos originarios que defienden al territorio.

Este caso es parte de un modelo de complicidad que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, junto con jueces y fiscalías para generar la fábrica de culpables y mantener a personas inocentes en prisión, por lo que, la falta de acceso a la justicia es un lastre del sistema jurídico mexicano.

El Frayba exige libertad y justicia a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc, ya que tenemos plenamente documentado la existencia de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas el debido proceso legal, haciendo notar la ineficacia de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, las cuales son carentes de valor jurídico, además de la parcialidad del Poder Judicial que actuó ignorando las evidencias claras de las privaciones arbitrarias de la libertad que fueron objeto los cinco defensores del territorio. Por último, referimos los argumentos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que menciona que, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de la libertad en violación de las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad.[1]

[1]Opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el diez de septiembre de 2021, relativa a Adrián Gómez, Germán López, Abrahám López, Juan de la Cruz y Marcelino Ruiz (México).    https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5647086&fecha=29/03/2022#gsc.tab=0

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Avispa Midia

(Español) En México, reforma a la Ley Minera hecha a medias

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Tajo a cielo abierto de la minera anglo canadiense Newmont-Goldcorp en Zacatecas. Foto: Adolfo Vladimir

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó, el 8 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la Ley Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, aprobadas el 28 de abril por el Pleno del Senado de la República.

Mientras los cambios fueron celebrados por muchos activistas ambientales y organizaciones, el abogado agrario que integra el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, clasificó las reformas como hechas “a la mitad”.

“No hay lugar a las medias. Se ocupa una política profunda y comprometida. Es necesario comprometernos de manera seria y decidida. Porque realmente está en riesgo la humanidad y la vida en este planeta”, declaró durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas.

Uno de los cambios “a la mitad” es la reducción de la duración de las concesiones mineras, pasa de 100 a 80 años. El texto original de la reforma, enviado por el Ejecutivo para aprobación del Congreso de la Nación, previa la reducción para 30 años.

“El presidente mandó al Congreso una iniciativa que, hay que decirlo, contenía elementos importantes para restringir la actividad minera y para poner límites a las empresas mineras”, admite el abogado.

Sin embargo, el proyecto llegó a la Cámara de Diputados y se detuvo. “Empezaron las negociaciones con la Cámara Minera. Vinieron los cabilderos del gobierno de Canadá. Y se cambia la iniciativa”, sostiene.

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Raúl Romero

(Español) Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista, preso por luchar

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Video: Colectivo Altepee del Sur de Veracruz

Manuel Gómez Vázquez está injustamente preso desde hace dos años y cinco meses. Pertenece al pueblo maya-tzeltal, habla poco la castilla, tiene 22 años y es campesino. Fue detenido de manera ilegal el 4 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias. Manuel fue torturado y tratado cruelmente. Un día después de su detención, fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Ocosingo, Chiapas, y a policías de investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena dependiente de la Fiscalía General del estado. Sólo hasta el 9 de diciembre, es decir, cinco días después de su ilegal detención, Manuel fue puesto a disposición de un juzgado. Vale destacar que, al momento de la detención de Manuel, el presidente municipal de Ocosingo, así como el gobernador del estado de Chiapas, pertenecían a Morena.

A Manuel se le acusa de un asesinato que no cometió. Entre el 4 y 5 de diciembre de 2020, en el ejido el Censo, en el municipio de Ocosingo, de donde es originario Manuel, se suscitaron hechos de violencia en los que cuatro personas fueron asesinadas. La Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel, quien en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio, ha señalado el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Manuel lleva preso dos años y cinco meses aun cuando no existen pruebas para acusarlo. Incluso, se ha comprobado la fabricación de pruebas en su contra. Tampoco existen necropsias del homicidio que se le imputa, y los tiempos para su proceso se han extendido al gusto de la fiscalía. Además, el Poder Judicial del estado tampoco ha respetado el hecho de que la prisión preventiva no pueda ser superior a dos años.

Manuel y su familia son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su comunidad es parte de la red de comunidades que se organizan en el municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón, del caracol 9, Nuevo Jerusalén en honor a la memoria del compañero Manuel. La junta de buen gobierno de este caracol es la de el pensamiento rebelde de los pueblos originarios, en la Chiapas Zapatista. Manuel y su familia son parte de una organización que tiene su propio gobierno autónomo, sus cooperativas, que arrebató la tierra a finqueros y terratenientes, que ha construido sus propias escuelas y hospitales, que defiende la vida y el territorio. O sea que Manuel y su familia viven en resistencia y rebeldía, y hasta ahora, todo apunta a que ese es el delito por el que lo mantienen preso.

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fidencioaldama.org

Mi nombre es Fidencio Aldama Pérez. Me uno en solidaridad con mi compañero Miguel Peralta que siendo preso por casi cinco años, tras un engorroso y dilatado proceso, se logró su libertad, al quedar demostrado jurídicamente que no existe una sola prueba para inculparlo. Misma situación por la que desde hace ocho años, aún se encuentran presos sin ninguna sentencia seis compañeros y catorce más perseguidos por supuesta “justicia”. O más bien por la manipulación de ciertas personas las que hacen un abuso de su poder. El 4 de marzo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó su sentencia de libertad tirando una orden de reaprehensión y queriendo imponer una nueva sentencia de medio siglo, es decir cincuenta años. Ante esta condena y persecución política, me hago solidario a este caso, haciendo un llamado en contra la injusticia que está apareciendo a mi compañero Miguel Peralta. Un caso similar al mío. Porque defendemos nuestro territorio y nuestra autodeterminación, y nuestros usos y costumbres, nos encarcelen injustamente por la intervención del poderío y ligado con ello la participación de corrupción, para intimidarnos para así ellos los aliados de dinero salir y cumplir con su objetivo. Pero seguimos manteniéndonos en la lucha por la libre autodeterminación sobre todo de nuestros usos y costumbres. Hagamos un llamado de acción por la libertad para exigir el amparo interpuesto ante este proceso, para que realmente trabajan como se deben trabajar. Compañero Miguel Peralta, ¡ni perseguido, ni condenado! Libertad a Fidencio Aldama

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Mi nombre es Fidencio Aldama Pérez. Me uno en solidaridad con mi compañero Miguel Peralta que siendo preso por casi cinco años, tras un engorroso y dilatado proceso, se logró su libertad, al quedar demostrado jurídicamente que no existe una sola prueba para inculparlo. Misma situación por la que desde hace ocho años, aún se encuentran presos sin ninguna sentencia seis compañeros y catorce más perseguidos por supuesta “justicia”. O más bien por la manipulación de ciertas personas las que hacen un abuso de su poder.

El 4 de marzo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó su sentencia de libertad tirando una orden de reaprehensión y queriendo imponer una nueva sentencia de medio siglo, es decir cincuenta años.

Ante esta condena y persecución política, me hago solidario a este caso, haciendo un llamado en contra la injusticia que está apareciendo a mi compañero Miguel Peralta. Un caso similar al mío. Porque defendemos nuestro territorio y nuestra autodeterminación, y nuestros usos y costumbres, nos encarcelen injustamente por la intervención del poderío y ligado con ello la participación de corrupción, para intimidarnos para así ellos los aliados de dinero salir y cumplir con su objetivo.

Pero seguimos manteniéndonos en la lucha por la libre autodeterminación sobre todo de nuestros usos y costumbres. Hagamos un llamado de acción por la libertad para exigir el amparo interpuesto ante este proceso, para que realmente trabajan como se deben trabajar.

Compañero Miguel Peralta, ¡ni perseguido, ni condenado!

Libertad a Fidencio Aldama

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Avispa Midia

(Español) Articulan resistencias contra megaproyectos en el sureste mexicano

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio
Fotos: Medios libres / El Sur Resiste

La caravana El Sur Resiste 2023, convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y organizaciones aliadas, recorrió zonas afectadas por los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche, del 25 de abril al 7 de mayo.

La difusión de campañas informativas traducidas en lenguas indígenas, el mapeo de los megaproyectos, análisis de redes sociales, encuentros nacionales para las juventudes y una movilización internacional, fueron los acuerdos a los que llegó la asamblea de la caravana, tras la culminación de las actividades.

El 5, 6 y 7 de mayo, se efectuó el Encuentro Interno y el Internacional en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci) en San Cristóbal de Las Casas. De la primera reunión surgieron acuerdos con las comunidades articuladas.

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Caravana y Encuentro internacional El Sur Resiste

(Español) PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL EL SUR RESISTE “Capitalismo corporativo mundial, Patriarcado planetario, Autonomías en rebeldía”

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CIDECI-UNITIERRA / CARACOL JACINTO CANEK 7 de mayo 2023.

A la Comandancia General del EZLN:
Al Congreso Nacional Indígena:
Al Concejo Indígena de Gobierno:
A las organizaciones nacionales e internacionales que luchan y resisten:
A los medios de comunicación libres, alternativos, independientes o como se llamen:
A los pueblos de México y el mundo:

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

Desde el Corazón de la tierra donde nació, creció y se reproduce la digna rabia, los pueblos rebeldes de las geografías del Sur Sureste que caminamos la caravana El Sur Resiste 2023, pueblos binnizá, Ayuuk, Nahua, Nuntajiyi (Nuntajuyi), Maya, Chol, Zoque, Tzeltal, Tojolabal, Tsotsil y mestizos, convocados por diversas organizaciones de esta geografía y por el Congreso Nacional Indígena, recorrimos los territorios afectados por los megaproyectos militares interconectados, Tren mal llamado Maya y el Corredor Interoceánico. Llegamos al territorio zapatista del CIDECI-UNITIERRA / Caracol Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde nos reunimos con muchos otros pueblos y organizaciones de los pueblos originarios y las zonas urbanas del sur sureste del país y de otras muchas regiones de nuestra Madre Tierra para compartir los dolores, esperanzas y estrategias de articulación, aprender de las luchas de otras geografías y seguir tejiendo redes solidarias de resistencia y rebeldía planetaria.

Del 25 de abril al 4 de mayo, los integrantes de la Caravana El Sur Resiste viajamos por comunidades y pueblos de ocho Estados de la República Mexicana; partiendo de la comunidad de El Progreso, municipio de Pijijiapan, con una escala en Tonalá, recorrimos la costa de Chiapas y cruzamos el Istmo de Tehuantepec, desde la comunidad Binniza en resistencia de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, pasando por el campamento rebelde “Tierra y Libertad” en el paraje de la comunidad Aayuuk de Mogoñe Viejo, municipio de San Juan Guichicovi ambas comunidades del estado de Oaxaca y llegando a la comunidad nahua de Oteapan en el Sur de Veracruz. De ahí, emprendimos el recorrido rumbo a los territorios mayas de la península de Yucatán, atravesando el Estado de Tabasco por Villahermosa y la comunidad costera de El Bosque devorada por el mar por efecto del calentamiento global, llegando a Candelaria, Campeche, y siguiendo la ruta hasta la comunidad de Zakí, hoy nombrada Valladolid en Yucatán y la comunidad de Noj Kaaj Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, regresando por Xpujil nuevamente en territorio campechano para regresar a Chiapas y encontrarnos con los pueblos zoque, chol, tsotsil, tojolabal y tzeltal, con una parada en Palenque, cruzando la región de los Altos para llegar a nuestro destino final, Jovel, hoy San Cristóbal de las Casas.

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Red Ajmaq

(Español) Desde La Caravana “El Sur Resiste” exigimos la liberación inmediata de Manuel Gómez, Base de Apoyo Zapatista

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#LibertadParaManuelGomez
#LibertadParaZapatistasPresos

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Avispa Midia

(Español) Defensores tzeltales son condenados por protestar contra cuartel de la Guardia Nacional

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Agustín López Martínez, juez de Enjuiciamiento del distrito de Ocosingo, Chiapas, dictó sentencia condenatoria por el delito de motín contra César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, mayas tzeltales del municipio de Chilón, quienes fueron detenidos arbitrariamente durante su participación en una manifestación pacífica donde comunidades de la región exigían detener la construcción de una base de la Guardia Nacional (GN) en el ejido de San Sebastián Bachajón.

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Fue durante la protesta del 5 de octubre del 2020, cuando policías estatales reprimieron violentamente la manifestación de los tzeltales, quienes argumentan que la edificación del cuartel nunca fue consultada con la población. La represión dejó un saldo de 11 heridos, así como la detención de César y José, quienes fueron incomunicados por dos días y trasladados al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo, donde fueron torturados.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) lamentó la sentencia pues argumenta que, durante las audiencias del juicio oral, “se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020”.

Mediante comunicado, la organización de derechos humanos acusó de otras irregularidades, tales como que los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de policía estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del 15 de octubre de 2020. También sostuvo que los peritos y legislas expertos de la Fiscalía no pudieron comprobar los testimonios de los policías que acusaban a los defensores comunitarios. Además, enfatiza la gravedad de que la Fiscalía ignoró las denuncias de tortura realizadas por policías estatales contra los dos defensores.

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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), así como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), también criticó la sentencia pues señaló que “criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios”. Las organizaciones exigieron a las autoridades de Chiapas un alto en la criminalización de los defensores.

Irregularidades

Tras su detención y tortura, César y José Luis fueron trasladados al CERSS 14, conocido como El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa. Ahí permanecieron recluidos durante 17 días, hasta que un juez les concedió libertad condicional, con la cual fueron obligados, durante dos años, a trasladarse cada ciertos días hasta Ocosingo, a horas de distancia de su residencia, para firmar y mantener el proceso fuera de la cárcel.

Los defensores señalan que, derivado de ello, su tejido familiar ha sido roto; además del daño a su persona y familiares, también implicaba un fuerte gasto económico para desplazarse hasta esa ciudad en el oriente del estado. Ahora, con la sentencia condenatoria, los defensores, integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), fueron obligados a pagar una multa para evitar su reingreso al reclusorio.

Megaproyectos

Actualmente, organizaciones como el Modevite, que cuenta con una estructura de gobierno comunitario en Chilón, se mantienen firmes contra otros proyectos impulsados por los tres niveles de gobierno que pretenden la instalación de infraestructura como la denominada Carretera de las Culturas, un trazo carretero que conectaría desde el municipio de Pijijiapan, en la costa pacífico, hasta el norte del estado, en la ciudad de Palenque, donde se enlazaría al proyecto del “Tren Maya”.

En este caso, habitantes del municipio de San Juan Cancuc, quienes se han movilizado durante años para detener la construcción de la carretera, también han sido objeto de criminalización, como lo demuestra la actual detención de cinco tzeltales, acusados sin pruebas, del homicidio de un policía municipal.

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Ante esta situación, organizaciones sociales han mostrado su preocupación por la proliferación de cuarteles de la GN, un cuerpo de seguridad militarizado, que ha proyectado más de una veintena de bases operativas en Chiapas.

“No se justificaba la presencia de una institución de corte militarizado en la zona porque los índices criminales son muy bajos. Y además, no se comunicó debidamente a la población y no se consultó de manera previa”, explica César Contreras del Centro Prodh, organización que promovió una demanda de amparo contra la construcción del cuartel en Chilón.

Para enero del 2021, el recurso obtuvo la suspensión definitiva con el argumento de que detener la construcción evitaría el riesgo de que se consolidara un daño irremediable a los derechos colectivos de las comunidades tzeltales. Según ejidatarios de Chilón, el amparo, aún pendiente de resolución definitiva, consiguió detener la inauguración del cuartel de la GN, el cual ya se encuentra finalizado pero sin operación.

Por su parte, el equipo legal del Frayba, quien acompaña la defensa de César y José Luis, explicó que recurrirán la sentencia y volverán a presentar denuncias por tortura contra los tzeltales.

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¡El Sur Resiste!

(Español) Día 10. Palenque, Chiapas. Primero salud, alimentación y justicia, no un Tren que no es Maya

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Texto: ¡El Sur Resiste!
Fotos: Gabriela Sanabria

La Caravana el Sur Resiste llegó a su última parada, Palenque, Chiapas antes de dar comienzo al “Encuentro Internacional El Sur Resiste 2023” el cual tendrá lugar el 6 y 7 de mayo en el Caracol Jacinto Canek. En Palenque, realizamos una marcha y un mitin en reclamo por la discriminación, criminalización e imposición de megaproyectos en contra de las Pueblos Originarios en Chiapas.

La marcha contó con la participación amplia de compañeros y compañeras de varias comunidades de la región, quienes portaban pancartas y lonas con la exigencia de respetar el derecho a la tierra y el territorio de los Pueblos Originarios y denunciando la imposición de megaproyectos en la región.

Al llegar a la explanada principal de Palenque comienza el mitin, donde las organizaciones Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas CDLI-Xinich; Familiares de víctimas, sobrevivientes y desaparecidos de la masacre de Viejo Velasco en la Selva Lacandona; Toblej Yu’un Wokoltik; UCISECH; Pueblos Autónomos Maya “OPAM”; Red Nacional Resistencia Civil POMACA; SADEC; CAM; CNI-Palenque; Red Nacional Pakal-Na; IXIM Ansetik; entre otras, comparten su palabra y testimonio sobre la violencia y discriminación que sufren por parte del Estado mexicano, y sobre la resistencia de sus comunidades.

La masacre de Viejo Velasco en completa impunidad

Los familiares y víctimas de la masacre de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, ocurrida en 2006, denunciaron que las investigaciones durante estos 16 años han sido completamente “ineficaces e inefectivas” y que dos de sus compañeros, Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, siguen hasta el día de hoy desaparecidos.

La masacre de Viejo Velasco terminó en el asesinato de 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, 2 personas desaparecidas y 36 personas desplazadas de manera forzada. Una de las personas asesinadas, María Núñez González, estaba embarazada.

Hasta el día de hoy, el Gobierno de México ha rechazado el reconocimiento de la masacre pese a que fue perpetrada por el grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), acompañado de Policías Estatales y otros servidores públicos.

Actualmente, 36 personas de la comunidad Viejo Velasco se encuentran en desplazamiento forzado sin ninguna garantía para su retorno, y cuatro integrantes del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinich cuentan con órdenes de aprehensión, acusados injustamente de cometer la Masacre.

“Mataron sin piedad a nuestros hermanas y hermanos, otros los llevaron amarrados y arrastrados como animales en plena obscuridad de la noche en medio de la selva Lacandona.”


Fotografía Gabriela Sanabria

Rechazo rotundo al Tren Maya

Durante el mitin las organizaciones expresaron su rechazo a las obras del Tren Maya que se planean en esta región.

La estación de Palenque forma parte del Tramo 1, el cual llegará hasta Escárcega, Campeche. Los últimos informes de las autoridades mexicanas encargadas de la construcción han anunciado un 80% de avances en este tramo, incluyendo la estación de tren en Palenque y un centro a su alrededor inspirado en la máscara de Pakal.

El complejo tendrá una superficie de mil 112 metros de boulevard, que contará con seis carriles, un andador peatonal y ciclovía. Contará con un nuevo tren de larga distancia, operado por Alstom México con capacidad de 260 pasajeros.

Durante el mitin las organizaciones Mayas y Zoques presentes, expresaron las siguientes razones para rechazar el proyecto, algunas de las cuales incluyen violaciones a sus derechos como pueblos Originarios:

  1. Los Pueblos Originarios no fueron consultados conforme a derecho violando la ley de consulta a Pueblos Indígenas y tratados internacionales.
  2. Los dueños verdaderos del Tren Maya son grandes potencias económicas extranjeras y empresas transnacionales.
  3. El Tren Maya traerá pobreza, despojo de tierras y territorios, y al defendernos terminaremos en la cárcel o muertos.
  4. Porque el proyecto hará que nuestros hijos y nietos dejen los pueblos para trabajar en empleos de explotación, por una miseria de pago y sin seguridad social.
  5. Por la contaminación y destrucción de todo lo vivo, agua, plantas, bosques, animales.


Fotografía Gabriela Sanabria

Los Pueblos Mayas y Zoques también hicieron mención de la falta de servicios de salud, hospitales y otros servicios en la región. Señalaron como hipocresía y discriminación que se construyan trenes para turistas antes de servicios de salud para las comunidades.

Tenga usted un poquito de vergüenza, Señor Presidente López Obrador, lo único que se le ocurrió es un tren y no un hospital para los pueblos, que es una exigencia histórica.”

Exigen Libertad para Preso Político de Manuel Gómez Vázquez

La Red de Resistencias y Rebeldía Ajmaq participó en el foro en Palenque, con la lectura de un comunicado sobre la situación de privación arbitraria de la libertad de Manuel Gómez Vásquez, un joven campesino maya-tseltal de 22 años, quién formaba parte de la Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAZ).

El 4 de diciembre de 2020, Manuel fue detenido por un grupo civil armado, que lo torturó física y psicológicamente para entregarlo al día siguiente a la Fiscalía de Justicia para incriminarlo de un delito que no cometió. A la fecha lleva 2 años y 3 meses privado de su libertad, sin una sentencia, ni un proceso justo.

Manuel es originario del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, Ricardo Flores Magón, Caracol IX, en Ocosingo, Chiapas. Actualmente, se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 16.

La Junta de Buen Gobierno y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas han señalado que este encarcelamiento se debe a su labor como Base de Apoyo Zapatista, ya que la Fiscalía carece de pruebas para acusarlo.

En una denuncia pública, la Junta de Buen Gobierno, indicó lo siguiente:

“Para los malos gobiernos, el ser zapatista es un delito que se castiga con calumnias, persecución, cárcel y muerte.”

El llamado es a la solidaridad nacional e internacional para sumarse a la exigencia de libertad para Manuel Gómez Vázquez.


Fotografía Gabriela Sanabria

Al final del día, partimos hacia San Cristóbal de las Casas para preparar el “Encuentro Internacional El Sur Resiste 2023”, en donde comunidades de todo el sureste mexicano y de todo el país, así como medios independientes, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, harán un balance sobre todos los testimonios, evidencia e información obtenida durante la Caravana el Sur Resiste. El objetivo será articular acciones y fortalecer redes para hacer frente a la política de muerte y megaproyectos del mal gobierno mexicano.