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Sábado 16 de diciembre 2017

En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.

Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.

Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.

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Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

2° Que, a pesar que en sus cuatro resolutivos finales, la sentencia, ambiguamente pareciera pretender el mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias (Chenalhó y Chalchihuitán) en realidad favorece absolutamente a la primera, y con ello encubre y alienta, a los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas (la mayoría de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos) no sólo de Chalchihuitán, sino –aunque en menor número- también de Chenalhó, provocando con ello, hasta el momento, la muerte de cerca de una decena de niños, niñas y ancianos. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos, en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento,

En este contexto las organizaciones abajo firmantes ratificamos las siguientes exigencias:

1. Estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados.

a. Investigación y solución de denuncias previas y expedientes congelados

b. Detención y castigo a responsables

c. Auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas.

d. Confiscación de armas

e. Acciones judiciales efectivas

2. Reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno.

a. Utilización y aplicación de protocolos

b. Garantías de seguridad e integridad personal a las personas desplazadas

c. Instalación de campamentos específicos para desplazados

d. Ayuda humanitaria

e. Salud integral

f. Garantías de seguridad para el retorno y reintegración.

g. Reparación integral del daño

h. Aplicación ley de desplazamiento forzado del gobierno del estado de Chiapas

3. Libre tránsito.

a. Rehabilitación de vías de comunicación

b. Presencia permanente de organismos civiles, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, la movilidad y el abasto. (CNDH|, CICR, UNICEF, Alto Comisionado de las Naciones Uidas, ACNUR, A.I.)

4. Garantías de seguridad para la observación de derechos humanos nacional e internacional en el ámbito civil.

5. Atención del problema de fondo a través de un diálogo político desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos Bienes Comunales. Con observación de organizaciones de la sociedad civil. Por lo que exigimos que las instancias jurisdiccionales que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso, lo hagan con base y apego a los derechos colectivos (basados en la autonomía y libre determinación) que se consagran en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.

6. Solicitamos que la CNDH emita una recomendación, dado que no se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal.

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Colectiva CEREZA
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Casa de la Mujer Ixim Antsetik
Servicios y Asesoría Para la Paz
Salud y Desarrollo Comunitario A.C.
Fideicomiso Para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C.
Formación y Capacitación A.C.
Melel Xojobal A,C

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 15 de diciembre de 2017.
Pronunciamiento Conjunto

Foto: Brigada médica de Sadec, atención a población desplazadas en Chalchihuitán. Facebook Sadec A C Sdc

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El pasado 9 y 10 de diciembre, diversas organizaciones realizaron una visita de observación y documentación de derechos humanos al municipio de Chalchihuitán, donde casi 6 mil indígenas tsotsiles se encuentran desplazados por un grupo armado de Chenalhó, cobijado y a servicio de la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en una disputa territorial provocada por el gobierno federal hace cuatro décadas.

Los desplazados se encuentran en situación extrema de vulnerabilidad, la mitad viviendo a la intemperie en temperaturas que de noche descienden a bajo cero, y que ya cobraron la vida de tres niñas y un niño pequeños y dos adultos mayores. La otra mitad se encuentra hacinada en casas de parientes o amigos en la cabecera municipal de Chalchihuitán, donde hasta 40 familias se abrigan en una misma casa, en condiciones de creciente carencia alimenticia.

Chalchihuitán se encuentra sitiado. La carretera de acceso fue cortada con maquinaria pesada y no ha sido reestablecida, a pesar de las aseveraciones del gobierno de Chiapas, quien supuestamente habría acordado con el grupo armado el reestablecimiento de las vías de comunicación. Al mismo tiempo, el grupo armado sigue operando en esa área y quienes pasan a pie temen ser asesinados. Esto significa que, para llegar con ayuda humanitaria, es necesario recorrer un difícil camino de terracería, un recorrido de 9 horas desde San Cristóbal vía Simojovel (normalmente el trayecto se hace en poco más de una hora). Esto también ha afectado a los habitantes de la cabecera municipal y de muchas otras comunidades, pues el abastecimiento de alimentos se ha visto seriamente perjudicado y los precios de los alimentos básicos han aumentado de manera considerable.

La respuesta del gobierno ha sido un maquillaje y lo que los observadores califican como una burla. La “ayuda” del gobierno se ha limitado a alimentos chatarra, en principio destinados a los damnificados del sismo, que, además de ser insuficientes, enferman a los campesinos, que no están acostumbrados a esos alimentos… y una cobija por familia. Al mismo tiempo, el grupo armado, con vínculos conocidos con la alcaldesa Rosa Pérez y el PVEM, continúa operando con total impunidad.

Los observadores reportan enfermedades de las vías respiratorias y gastrointestinales, carencia de medicamentos y atención médica urgente y condiciones climatológicas extremas. También reportan un estado psicológico de miedo y estrés extremo, sobre todo en los niños, que sobreviven en condiciones inhumanas. “Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento”, dice el informe conjunto leído durante la conferencia de prensa. Hay niños recién nacidos e incluso algunos que nacieron ya en condiciones de desplazamiento. Se relató el caso de una mujer que, el mismo día que dio a luz a su bebé, tuvo que huir, con el bebé y otro niño en brazos.

Como es bien sabido, el problema lo ocasionó la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al desconocer los acuerdos comunitarios existentes sobre los límites territoriales y repartir tierras conforme a una línea arbitraria que condujo a un conflicto agrario entre pueblos hermanos que otrora vivieron en perfecta armonía. Al mismo tiempo, el grupo armado es producto directo de la política de paramilitarización y contrainsurgencia plasmada en el Plan de Campaña Chiapas 1994, elaborado como respuesta al levantamiento zapatista, y que resultó en la Masacre de Acteal en 1997.

(Ve Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación detallada de los orígenes del conflicto y la responsabilidad de los gobiernos local, estatal y federal.)

Los observadores advierten que las condiciones actuales son muy similares a las existentes previo a la masacre de Acteal, que este 22 de diciembre cumple 20 años de impunidad, y cuya señal de continuidad más visible es este desplazamiento forzado de 6 mil personas, la mayoría mujeres y niños.

Escucha los audios de la conferencia de prensa aquí:

Ve también:

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? – Artículo de RZ analizando el conflicto.

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado – Pronunciamiento leído durante la conferencia de prensa.

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas – Comunicado de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Grupos armados operan con aquiescencia del Estado mexicano en Los Altos de Chiapas – Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Programa de radio de “Frecuencia Mutante”, 9 de diciembre:

Parroquias de Chenalhó y Chalchihuitán realizan misa y peregrinación – Nota, fotos y audio

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Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio1 y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.2

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.

Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.

Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.

Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.

Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.

Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto

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El pasado 7 de Diciembre, como respuesta frente a la grave situación de desplazamiento masivo que se vive en los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán (Ver “Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?”), las parroquias de San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán realizaron misas para pedir la reconciliación entre sus pueblos hermanos, y así “terminar con el sufrimiento de los desplazados”. La parroquia de Chenalhó inició su peregrinación con una oración en Campo del Toro para más tarde acercarse a Las Limas, comunidad ubicada en el camino hacia Chalchihuitán.

“Según los ancianos, antes de 1973, cuando empezó este problema, los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán eran como hermanos. Sus santos patronos los apóstoles Pedro y Pablo se visitaban el día de su fiesta el  28 y 29 de Julio, y pableros y pedranos hacían fiestas juntos por varios días. Vamos a pedirles a los patronos Pedro y Pablo que nuestros pueblos vuelvan a ser hermanos” Extracto del comunicado de la parroquia San Pedro Apóstol, Chenalhó.

Escucha el comunicado completo de la parroquia de San Pedro Apóstol, Chenalhó:

Comunicado completo (texto) en komanilel.org

Para mayor información puede ver los videos tomados por el padre Marcelo Pérez Pérez, Párroco de Simojovel – 24 nov 2017-en los links siguientes:

Campamentos de desplazados Chalchihuitan, Chiapas 1/5 – CML

Campamentos de desplazados Chalchihuitan, Chiapas 2/5 – CML

Campamentos de desplazados Chalchihuitan, Chiapas 3/5 – CML

Campamentos de desplazados de Chalchihuitán 4/5 – CML

Campamentos de desplazados de Chalchihuitán 5/5 – CML

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Foto: Frayba

“Estamos sufriendo mucho. Se quemó mi frijol y mi maíz, se quemó mi casa, ahí se quedó mi marranito, mis pollos. Ahora ya no tengo nada. Estamos sufriendo con mis hijos, estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo de hambre.”

Estas son algunas de las palabras de una mujer tsotsil entrevistada por el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, Chiapas, a finales de noviembre. Ella tiene dos hijos pequeños y ahora no tiene casa, duermen en la montaña, donde en la noche la temperatura baja a veces a menos de cero grados. No tienen cobijas, no tienen alimentos. Perdieron todo, no saben qué hacer y viven con el miedo constante por los disparos de armas de alto calibre que se escuchan todos los días y todas las noches.

Como ella, casi 6 mil indígenas tsotsiles (5023 de Chalchihuitán y 950 de Chenalhó) sobreviven en las montañas de Los Altos de Chiapas en condiciones de extrema precariedad. Entre ellos, miles de niños y 114 mujeres embarazadas, algunas a punto de parir.

Todos ellos fueron expulsados de sus tierras por un grupo armado que, según denuncias de los propios desplazados y diversas organizaciones, cuenta con el apoyo y está al servicio de Rosa Pérez, la presidenta municipal de Chenalhó por el Partido Verde Ecologista (PVEM), impuesta por la fuerza hace tres años tras lo que sus opositores aseguran que fue un fraude electoral.

La violencia y el desplazamiento forzado tienen que ver con un conflicto agrario creado por el gobierno federal hace 45 años, pero que se detona en tiempos recientes por la muerte de Samuel Pérez Luna, campesino de Chalchihuitán, asesinado con ocho balazos por el grupo armado de Chenalhó mientras trabajaba una de sus parcelas el 18 de octubre de este año. Semanas después, entre el 12 y 13 de noviembre, el grupo armado sitia a Chalchihuitán, cierra todas las entradas, corta con maquinaria pesada la carretera que da acceso a la cabecera municipal, quema casas y milpas, amenaza a la población de asesinarla, la aterroriza con disparos de armas largas y provoca el desplazamiento forzado de miles de indígenas que vivían en la zona limítrofe entre ambos municipios.

Hoy, a mes y medio del inicio del desplazamiento forzado, y pesar de los llamados de la población y de organizaciones nacionales e internacionales, el gobierno finge actuar y no hace nada por solucionar las causas fundamentales del conflicto, de las que él mismo es responsable.

Raíces del conflicto agrario – Responsabilidad del gobierno federal

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(Descarga aquí)

Más de 2 mil personas han sido desplazadas forzadamente de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, por la acción de grupos armados que han provocado una situación de violencia generalizada. Desde el 13 de noviembre, se han refugiado en el monte centenares de familias, sin comida ni servicios médicos. La población más vulnerable son niños y niñas, mujeres y personas de la tercera edad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hace un llamamiento para que se exija al Estado mexicano que se implementen las medidas cautelares necesarias a fin de respetar, garantizar y proteger la vida de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó, y se apliquen principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU, que garanticen condiciones dignas de vida y respeto a los derechos humanos de la población desplazada.

Firma aquí: https://frayba.org.mx/accion-urgente-violencia-generalizada-en-los-municipios-de-chalchihuitan-y-chenalho/

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
22 de noviembre del 2017.

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las Juntas de Buen Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las y los Defensores de los Derechos Humanos Nacional e Internacional
A las Organizaciones Sociales y Políticas
A los Medios Libres, Alternativos, Autónomos o como se llamen
A la Prensa Nacional e Internacional
Y a la opinión pública.

Hermanas y hermanos:

Un día como hoy aquí en Acteal, pero hace 20 años, a un mes de la Masacre de Acteal, la Organización de Las Abejas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la diócesis de San Cristóbal de Las Casas e incluso algún medio de comunicacion, estábamos tratando por todos los medios de alertar a la opinión pública y a las autoridades de los tres niveles de la tragedia que se aproximaba. Pero todo fue inútil las autoridades no hicieron nada para detener la violencia y sucedió lo que se temía: la masacre de Acteal donde 45 hermanas y hermanos nuestros más 4 bebés que se encontraban todavía dentro del vientre de sus madres fueron masacrados por un grupo de paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó, durante el contexto de guerra de contrainsurgencia como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, diseñado por el Estado mexicano y encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León.

En realidad no fue solo con un mes de anticipación sino siete meses antes que estuvimos dando la señal de alarma, nada mas para que el entonces secretario de Gobernación dijera que era imposible prever lo que pasó.

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