solidaridad
[:es]Tras montaje en la desaparición de los 43, familiares se pronuncian contra la “cuarta transformación”[:]
[:es]Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinti
“Las 43 familias estamos enojadas, encabronadas, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años”, reclamó Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
La reacción de los familiares de los normalistas desaparecidos se dio tras la publicación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), mediante el cual se confirma la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes, así como la actuación de las autoridades para falsear los hechos de la “verdad histórica”.
Así fue como el gobierno de Peña Nieto divulgó la versión oficial en la cual argumentaba que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del crimen organizado, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero en Cocula.
Esta narrativa fue puesta en duda desde 2015, después de las investigaciones realizadas por el GIEI, quienes participaron para coadyuvar en el caso tras denuncias de irregularidades de la versión oficial.
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La publicación mas reciente de los expertos del GIEI expone un video donde se demuestra que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) intervinieron y manipularon el basurero de Cocula para la construcción de la “verdad histórica”.

Además, el GIEI también resalta que el Ejército diseño una estrategia de contrainsurgencia mediante la cual infiltró la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes. Incluso, el Ejército mantuvo la vigilancia de los normalistas en tiempo real durante los momentos en que fueron atacados por policías y criminales entre la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
Tras las revelaciones, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos demandaron investigar al Ejército mexicano, así como llamar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto para resolver su participación en el caso.
Promesas incumplidas
En conferencia de prensa realizada este martes (29), madres y padres de los estudiantes desaparecidos también demandaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador con quien, aseguran, no han tenido comunicación desde septiembre de 2021.
María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez, aseveró que nunca creyeron posible que después de tres años de que asumiera el cargo el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación”, no exista aún información sobre dónde se encuentran los estudiantes.
Por su parte, Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, enfatizó que con la información del GIEI se debe proceder con la investigación del Ejército “porque ahí es donde hay obstáculos y no podemos alcanzar la verdad”.

Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González, reclamó que en México los pobres no tienen justicia y prueba de ello es la manera en cómo se ha realizado la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes, pues desde el gobierno pasado existían motivos suficientes para sospechar del involucramiento del Ejército mexicano en el crimen.
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Navarrete también criticó la actuación de la administración federal actual, pues aseguró que las instituciones no le hacen caso al presidente, pues permanecen los obstáculos para acceder a información y continuar con las investigaciones.
“(El presidente) Debe dejar un poco las mañaneras y enfocarse un poco en los compromisos que ha tenido con el pueblo. Sí da coraje de ver que esas instituciones del gobierno federal siguen guardando información. Si nos ocultaron esto, ¿qué más pueden ocultar? El que miente una vez miente dos veces o tres veces. Y el gobierno solamente utiliza el poder para sí mismo, y no dar justicia al pueblo”, reclamó Navarrete.
Para Mario González, acciones como la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, muestran que las instituciones mexicanas han jugado con ellos durante tres años.
González señaló que, a escasos dos días de la toma del poder de AMLO en 2018, las autoridades federales firmaron un decreto en el que se comprometían a entregar toda la información sobre el caso y que los hicieron ir al 27 Batallón “a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada”.
“¿Cómo no estar enojado, si a tres años sale una información que debía haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos?”, recriminó González.
¿Justicia?
En la conferencia de prensa también participó Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los normalistas desaparecidos quien aseguró que con la publicación del informe del GIEI queda claro que la manipulación del basurero en Cocula revela que fue una acción para ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad.

De acuerdo al abogado, este montaje complicó la exploración de otras líneas de investigación en por lo menos cinco años. Así mismo, negó que exista un cambio entre la anterior y la actual administración federal pues a mas de tres años de la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia, los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional se han negado a colaborar con las investigaciones.
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“Una cosa es que se le entregue al GIEI y otra que ya se hagan diligencias concretas para fincar responsabilidad”, reclamó Rosales pues a pesar de la publicación del informe de expertos, esta información no se ha vertido de manera concreta a la investigación, pues el Ministerio Público está teniendo dificultades para darle cauce jurídico a lo difundido por el GIEI.
Cabe destacar que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército también realizó actuaciones e investigaciones que no ha compartido para esclarecer los hechos. El grupo de expertos alertó que aún existe información relevante en poder de los militares y de las fuerzas de seguridad que “ha sido omitida tanto en los documentos entregados al GIEI como a la fiscalía especializada, así como en las declaraciones de los funcionarios militares, entre ellas: información sobre los hechos del Palacio de Justicia en Iguala de una patrulla militar; omisión del reporte de la caseta tres de la carretera, donde se tenían desplegados militares, y la entrada en barandillas de normalistas esa noche”.
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Octavo día de la Caravana por el Agua y la Vida. Actopán, Veracruz: el extractivismo al acecho.
[:es]Martes 29 de Marzo, Actopan, Veracruz; Al octavo día de andar, la caravana fue recibida en la Casa del Campesino, espacio de los ejidatarios en el municipio de Actopan. Los campesinos, el parroco y activistas se sumaron para compartir los alimentos y escuchar brevemente las palabras de los presentes sobre la problemática actual, una palabra cargada de preocupación y rabia por el acecho que tiene la minería en esta región. Los malos gobiernos han concesionado grandes extensiones del territorio mexicano a los intereses extractivistas mineros, estos tienen pleno acceso, autorización y dialogo con los diferentes niveles de gobierno para realizar sus actividades. El impacto que tienen para el medioambiente es irreversible, las áreas en las que se instaura la minería se vuelven zonas de sacrificio, la recomposición del territorio que generan destruye el ecosistema, saquea y contamina el agua, ademas, descomponen aceleradamente el tejido social para poder dividir consciencias, comprar voluntades, amedrentar o asesinar a sus detractores y opositores. «La mina mata», fue una de las consignas que se gritó, la Caravana escucha este grito y se suman al mismo por un territorio libre de minería, reivindicado el derecho de los pueblos a expulsar megaproyectos extractivos contrarios a la vida y al intéres común por defender la vida de todas y todos. La vida se habrá de defender con la vida misma.

En entrevista, un compañero nos compartió la grave situación que viven actualmente, existen en esta zona de Veracruz dos concesiones a empresas mineras con filiales mexicanas, minera Gavilan, minera Alondra y Candelaria minning, una en el municipio de Actopan y las otras en el municipio de Alto Lucero. La Ley Minera se ha instaurado como el baluarte máximo en beneficio de las empresas, esta ley, valida la depredación del territorio por periodos de 50 años, lo que hace la defensa territorial una lucha de toda la vida. Si bien aun las empresas mineras aun no empiezan la fase de explotación, bajo la fase de exploración han perforado ya 800 barrenos con una profundidad de 800, 1,000 y 1,200 metros, estas perforaciones han quebrado los mantos acuíferos desplazando el agua a una profundidad mayor por lo que en la zona ya existe una grave situación en la disponibilidad del vital liquido, manantiales y pozos que desde generaciones pasadas eran usados ahora se encuentran secos, la laguna en la que anteriormente se podía pescar, ahora es una planicie desertificada, la crisis ya empezó, de no organizarse por la expulsión de estas empresas la situación empeorara para la población.
















