San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

17 de diciembre del 2025

Boletín No. 12

4 años de impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos hacia familias de la comunidad Nueva Palestina

• Sin la reparación integral del daño causado por el desplazamiento forzado y la continua criminalización de las personas defensoras, no hay justicia ni paz.

Entre los días 15 y 16 de diciembre de 2021, la familia extensa Velasco García sufrió una serie de agresiones tumultuarias en la comunidad Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, Chiapas. Derivado de estos hechos se encuentran desplazadas 34 personas (22 de ellas niñas, niños y adolescentes), además de haberse cometido graves violaciones a derechos humanos como privaciones arbitrarias de la libertad, tortura sexual y tratos crueles inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada de Fredy Gómez Sántiz (Fredy).

A cuatro años de haberse cumplido estas múltiples violaciones a derechos humanos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala el abandono y la falta de atención de los gobiernos federal, estatal y local para resarcir los derechos de las familias Mayas Tseltales y Tsotsiles.

El atentado hacia las familias ocurrió debido a que Versaín Velasco García (Versaín) había acudido a la Fiscalía de Justicia Indígena y a la Delegación de Gobierno Estatal, del municipio de Ocosingo, Chiapas para denunciar la detención ilegal comunitaria de cinco jóvenes a quienes se amenazaba de ser linchados por ser acusados del delito de robo.

Su movilización generó el descontento entre las autoridades de la comunidad, policías comunitarios y civiles armados quienes incentivaron abiertamente el linchamiento de Versaín y su familia, bajo el argumento de que “se dedica a defender delincuentes”.

Las agresiones tumultuarias fueron cometidas la noche del 15 de diciembre y durante el día del 16 de diciembre, las cuáles dejaron una secuela de graves violaciones a derechos humanos que se continúan perpetuado a 4 años de los hechos.

A lo anterior se suma la persecución y criminalización que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) al defensor de derechos humanos Versaín, quien fue detenido arbitrariamente el 10 de enero del 2022. La FGE lo acusó de los delitos de homicidio en grado de tentativa y homicidio calificado, y bajo un proceso judicial lleno de irregularidades y de notables violaciones procesales en su juicio, finalmente fue sentenciado el 12 de enero del 2024 por el Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo quien lo condenó a 58 años y 4 meses de prisión, decisión que fue apelada y en junio del 2024, el Tribunal de Alzada de San Cristóbal de Las Casas, confirmó la sentencia.

A la fecha continúa desaparecido el joven Fredy y sobreviven en desplazamiento forzado interno 34 personas, sin atención humanitaria emergente y sin acceso a la justicia. Paradójicamente la FGE lejos de garantizar verdad y justicia para las familias, las persigue e incentiva la impunidad para las personas responsables de las violaciones sistemáticas.

Lo anterior es así, ya que, en el caso de la desaparición de Fredy, después de 3 años y medio, se pudo judicializar la investigación y consecuentemente la emisión de órdenes de aprehensión, sin embargo, a la fecha no se han ejecutado, lo que evidencia la impunidad institucionalizada.

Desde el Frayba hacemos un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que en el ámbito de sus responsabilidades de manera efectiva brinden un plan de atención integral que incluya:

• Atención humanitaria a las familias mientras el desplazamiento forzado interno continúe y no exista una solución definitiva;
• Se garantice investigaciones imparciales y exhaustivas por las denuncias señaladas en la Unidad de Investigación del Delito de Tortura dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, y la en la Fiscalía de Justicia Indígena.
• Garantizar la búsqueda, dando con la suerte y paradero del joven Fredy Gómez Sántiz.
• Castigo a las personas responsables de los delitos y de las graves violaciones a derechos humanos.
• Libertad inmediata del Defensor de Derechos Humanos Versaín Velasco García.

Mientras las familias continúen desplazadas y se criminalice a los defensores de derechos humanos, no exista verdad y justicia para las familias que buscan a sus desaparecidos, en Chiapas no habrá transformación ni paz para los pueblos y comunidades.

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Ocosingo, Chiapas a 15 de diciembre  de 2025

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA CNI
A las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ)
(EZLN)
A las Redes de Apoyo del CIG, Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de
Jesús Patricio Martínez.
A la Sexta Nacional e Internacional, Redes de Resistencia y Rebeldía.
A Los Medios De Comunicación independientes y alternativos.
Al pueblo de México.

Hermanas y Hermanos reciban nuestros saludos desde estas tierras del sur de México, Nosotras y nosotros estamos luchando día con día para trabajar y no depender de los programas sociales del mal gobierno, pero en este momento estamos sufriendo el despojo de nuestros lugares de trabajo y de sostenimiento económico para nuestras familias.

Nosotros somos 35 personas mayas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y algunos Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional(EZLN), quiénes trabajamos y tenemos locales en un mercado, llamado Dr.Belisario Domínguez, ubicado en el barrio La Candelaria de la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas.

En el año 2008 se conformo una coalición de locatarios y locatarias llamada, COALICION DE LOCATARIOS DEL MERCADO TRADICIONAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ DE OCOSINGO, CHIAPAS, ASOCIACIÓN CIVIL, con la finalidad de tramitar un Juicio Ordinario Civil de Prescripción Positiva, en donde logramos que se dictará la sentencia a nuestro favor como locatarios y locatarias. Con esta sentencia realizamos nuestra escritura general en septiembre del 2008, fue así como nos convertirnos en copropietarios de nuestros locales. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzamos a sufrir despojos de nuestros locales, amenazas por parte de la mesa directiva de la coalición ya que hicieron y hacen uso de la corrupción, haciendo negocio con nuestros locales que nos han despojado, vendiéndolos a otras personas.

Por esto queremos DENUNCIAR los siguientes hechos:
El 14 de septiembre del 2025- Nuestra compañera SARA TOLEDO SÁNCHEZ, maya tseltal, mujer viuda, quién cuenta con 6 hijos, una enferma de cáncer, fue despojada de su local, que es su lugar de trabajo, de sustento económico y para la atención de su hija enferma. Ese día le sacaron sus productos que vende, echando todo en los pasillos y posteriormente soldaron, cerraron los pasadores de sus cortinas para que ya no pueda abrir sus locales, lleva más de 82 días sin trabajar y hasta ahora las autoridades del estado no han resuelto nada.

El 13 de Noviembre de 2025.- los CC. Vicente Toledo Albores, Carmela Santiz Méndez, Juana Hernández Clara, Alma Lesvia Hernández Clara, Quirino Gordillo Hernández, Micaela Gordillo Hernández, Ana Deli Gordillo Hernández, Juan Mendoza Hernández y menores de edad fuimos secuestrados al interior de nuestros locales por la coalición cerrando las puertas del mercado y dejándonos encerrados por varias horas. De este hecho tienen conocimiento la fiscalía y la delegación de gobierno.

El 23 de noviembre del 2025.- construyeron 2 bardas perimetrales de 2m de altura por 6m de largo, bloqueando los acceso de las cortinas de 4 locales que corresponden a MACARIA ENTZIN GÓMEZ, ENRIQUE LÓPEZ SANTIZ, TOMAS LÓPEZ ENTZIN, quiénes son compañeros nuestros. Llevan 20 días sin poder laborar ya que no pueden abrir sus cortinas, teniendo pérdidas económicas.

El 24 de noviembre del 2025.- SILVIA REYES SÁNCHEZ con un grupo de pandilleros llegaron al local del compañero Enrique López Santiz para hacer destrozos, rompiendo 3 cámaras de seguridad de su local el primero fue a las 8:57 pm, el segundo y tercero a las 10:04pm esto fue con la finalidad de eliminar evidencias donde se que ella es la responsable de los delitos y de los daños.

Otros antecedentes de hechos realizados por la coalición es que desde el 10 de abril del 2012, de manera violenta despojaron de sus locales a nuestros compañeros Alberto López Sánchez y Juana Méndez López, esto sucedió por que ellos no estaban de acuerdo con los actos de corrupción de la mesa directiva, se negaban a dar cuentas claras de los recursos económicos que administra el consejo de administración de la Coalición, así como de las escrituras que se le debe entregar a cada copropietario.

El día 14 de junio de 2013.- inician de nueva cuenta las por el consejo de administración en contra de nuestros compañeros QUIRINO GORDILLO HERNÁNDEZ, JUAN MENDOZA HERNÁNDEZ, VICENTE TOLEDO ALBORES, despojándolos de su locales. La razón de esto fue por estar pidiendo información de los gastos que se realizan en el mercado así como la entrega de sus escrituras de sus locales. La coalición les pidió la cantidad de $150,000.00 ( ciento cincuenta mil pesos 00.100 M/N) haciendo un total de un monto de $10,950,000.00 (diez millones, novecientos cincuenta mil pesos 00.100 M/N) por 73 locales que lo componen entre miembros del CNI y BAEZ, dinero que en su momento no sería comprobado ante el SAT.

En una protocolización de un acta de asamblea del 2013, en uno de sus incisos menciona que los gastos de juicios iban a ser costeados por los ingresos de los baños y que los directivos actuales y los que vinieran se comprometían a realizar todo tipo de tramites de legalización de documentación en proceso de estructuración y sin costo alguno para la firma, este punto fue desahogado por los directivo en la reunión del 18 de septiembre del 2023, aclarando QUE NINGÚN DIRECTIVO COBRA POR FIRMAR. También mencionaron que NO MAS Intimidaciones NI AMENAZAS A LOS COMPAÑEROS QUE RECLAMAN SUS DERECHOS LEGALES COMO LOCATARIOS DEL MERCADO EN LAS ASAMBLEAS. .

Aclarando que un grupo de personas de la coalición y que tenemos identificado con nombres y apellidos – NO RESPETAN LOS ACUERDOS que ellos mismo realizan y han protocolizado, el motivo de su actuar es por que han tenido jugosas ganancias económicas a través de las extorsiones que realizan con el despojo de locales, esto lo hacen en contubernio con funcionarios públicos. Durante mucho tiempo hemos sido víctimas de discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, despojo de locales, nos han prefabricado delitos con tal de deshacerse de nosotros y puedan seguir con fechorias.

También hay amenas que ahora en diciembre a partir del 19 nos despojaran a todos de nuestros locales, que con mucho trabajo hemos podido tener para poder llevar el sustento a nuestras familias, con trabajo digno. Todo esto están haciendo porque jamás quisimos entrar a sus juegos corruptos.

Por esto queremos denunciar públicamente a Silvia Reyes Sánchez, Artemio Cruz Pérez, Lindoro Sánchez Culebro, Carlos Alberto Trujillo Kanter, Pedro Santiz Mena, Marcelo Santiz López, Miguel Angel Cuello Guillen y otros, por los daños y despojo de nuestros locales. Todo esto se generó por solicitar la firma de la mesa directiva para escriturar los locales, sin embargo ellos exigen por firma de cada local la cantidad de 300 mil pesos, siendo esto un robo.

Hacemos un llamado a todas las instituciones y autoridades del gobierno del Estado de Chiapas para que se nos respete nuestro derecho al trabajo digno, a nuestros locales como fuente de sustento económico para nuestras familias y se de un alto a los despojos y daños de nuestros locales.

EXIGIMOS: La atención inmediata por el despojo, las amenazas y la extorsión cometida hacia nosotros como locatarios integrantes del Congreso Nacional Indígena y Bases de Apoyo Zapatista. También exigimos se investigue el actuar del Consejo de Administración y la mesa directiva de la coalición.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, RESPONSABILIZAMOS al gobierno de las afectaciones, la vulneración de nuestros derechos laborales y humanos y de todos los hechos que puedan generarse por la omisión.

Hermanos y Hermanas de las diferentes geografías, les pedimos su solidaridad y que puedan estar atentos de lo que nos pueda pasar.

Nuestra Rabia No será Silencio. Nuestra Resistencia No será Apagada.

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Por la Memoria, Por la Vida, Por EL COMÚN.

¡NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

Atentamente

LOCATARIOS INTEGRANTES DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y BASES DE APOYO ZAPATISTA EZLN

Fuente: Zur

Por Sergio Arboleya

Sociólogo y activista estrechamente ligado al zapatismo desde la academia, el periodismo y la militancia, el mexicano Raúl Romero refiere desde el presente sobre el vigor y la actualidad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que al calor de nuevas prácticas ligadas al común y a la no propiedad atraviesa el mes de los 42 años de su formación.

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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) viene de celebrar 42 años de existencia tomando como fecha el 17 de noviembre de 1983 cuando un grupo fundó un campamento en la selva Lacandona para dar inicio a la primera etapa de organización del movimiento en comunidades indígenas de Chiapas.

Ese tejido silencioso irrumpió a nivel planetario poco más de una década más tarde cuando se levantó en armas el 1 de enero de 1994 para exhibir su oposición radical al inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte suscrito por Canadá, Estados Unidos y México, entonces gobernado por Carlos Salinas de Gortari, emblema político del Partido Revolucionario Institucional.

Desde entonces el EZLN sacudió la escena política planetaria por plantear un ideario que, a contrapelo de la larga tradición de las organizaciones guerrilleras latinoamericanas, no tuvo como propósito acceder al control del aparato estatal sino -en palabras del intelectual John Holloway quien lo definió magistralmente en una rotunda frase- “cambiar el mundo sin tomar el poder”.

Tres décadas atrás y en un continente dominado por administraciones neoliberales, la aparición del zapatismo implicó una novedad capaz de delinear un nuevo horizonte para la imaginería social colectiva que fue esparciendo su ideario y sus formas sin nunca dejar de marcar que en los territorios específicos eran los colectivos locales las que debían encarar sus procesos “cada quién a su modo”.

La magnética figura del Subcomandante Insurgente Marcos (ahora devenido en Capitán en otra singular demostración de que allí los referentes “bajan” en lugar de seguir ascendiendo en la estructura) con su notable retórica literaria amplió las bases subjetivas del movimiento y propició su penetración saltando fronteras físicas e ideológicas.

Sin embargo, la del zapatismo no era una corriente estética sino que implicaba posicionamientos políticos bastante más jugados y extremos como generar “La Otra Campaña” capaz de burlar la lógica electoral y a contrapelo de la asumida por la oleada de gobiernos autodenominados progresistas que modificaron la foto del mapa latinoamericano a 10 años de aquella asonada chiapaneca.

Pese a que nunca se quedó quieto, desde aquel momento del calendario regional, el EZLN y sus bases fueron atravesando por diferentes momentos que a muy grandes rasgos podrían presentarse como un cierto cierre internacional y un profundo repliegue hacia las comunidades originarias potenciando en ese devenir al Congreso Nacional Indígena (que propició desde 1996) con el que procuró participar electoralmente en las presidenciales de 2018 sosteniendo la candidatura de la nahual Marichuy en unos comicios donde acabó imponiéndose Manuel López Obrador, primer mandatario de centroizquierda (con todas las comillas que se quieran colocar) en la historia del país. 

Esa suerte de retirada de la discusión política internacional no impidió ni la realización de La Escuelita Zapatista (2013) ni que un par de años después anunciara “La Tormenta”, otra figura metafórica para explicar con aguda precisión y sin eufemismos los alcances de la nueva era mundial. En esa misma dirección llamó a ejercitar el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista y también a conformar “semilleros” capaces de reunir experiencias autonómicas en las diferentes regiones del globo.

El contexto pandémico y el asedio de grupos paramilitares conllevaron una mayor cerrazón que fue revertida hacia el exterior cuando a finales de 2021 se lanzó la Travesía por la Vida que combinó un viaje en el barco La Montaña como parte de una más nutrida delegación con destino a Europa y próximas nuevas paradas hacia otros continentes y, desde diciembre último, con la realización de los Encuentros Internacionales de Rebeldías y Resistencias donde tanto se puso la mira en caminar hacia “el día después” como en también realizar una autocrítica pública al modo de organización política para alumbrar otro que el Subcomandante Insurgente Moisés resumió echando por tierra la forma piramidal que conllevaban las Juntas de Buen Gobierno y los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, organismos a ser reemplazados por Gobiernos Autónomos Locales, el Colectivo de Gobiernos Autónomos Zapatistas y la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas en las 12 regiones que conforman esa territorialidad.

El sociólogo Raúl Romero, quien fue parte de uno de los paneles desarrollados en esas jornadas desplegadas entre el cierre de 2024 y el 2 de enero de este año, destaca estos modos del zapatismo “de entender el carácter dinámico del cambio constante que se está viviendo en las comunidades, unos cambios de estructuras que se dan sobre la base de tener los territorios”.

En charla con Zur desde Ciudad de México, el intelectual y activista cita a Rosa Luxemburgo y subraya al respecto que “en el zapatismo hay tres características principales que coinciden mucho con lo que sucedió en la Comuna de París: Primero se da la destrucción del aparato de Estado para crear una forma de autogobierno popular basado en el asambleísmo y en propias estructuras de gobierno.  Segundo, hay una destrucción del aparato represivo del Estado y, en su lugar, un ejército popular con sus autoridades comunitarias construidas por ese gobierno autónomo propio de las comunidades. Y tercero y quizás lo más importante, la recuperación de los territorios como medios de producción que le permiten la reproducción material y cultural de la vida que es lo que da sustento a todo lo otro”.

Técnico Académico en el Instituto de Investigaciones Sociales y Profesor de Asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, columnista frecuente en el diario La Jornada, co-coordinador del libro “Resistencias locales, utopías globales” (2015) y responsable de «Pensar en común las alternativas», de reciente lanzamiento, entre otras tareas profesionales, Romero subraya que el zapatismo “desde su territorio consolidado y su estructura organizativa armada, entabla su diálogo con los pueblos originarios de México y del mundo”.

Aprovechando su conocimiento y compromiso como parte de varios colectivos de adherentes y simpatizantes de las ideas autonómicas que se hilan desde Chiapas, considera que “el zapatismo hoy, a nivel mundial, es uno de los corazones del movimiento anticapitalista en momentos en que el mundo se ha hecho mucho a la derecha y se vive un tiempo que algunos calificarían como crisis civilizatoria”.

Y puesto a detallar dicho escenario, puntualiza: “Precisamente frente a esta crisis de la gestión liberal del capitalismo que reivindicaba algunas ideas que eran mentira pero eran consenso como la democracia liberal, los derechos humanos y los discursos acerca del progreso y de la ciencia, mientras que particularmente en América Latina los progresismos quedaron en deuda con los sectores populares, aparece la gestión fascista que es completamente retrógrada, anti-derechos y con una lógica incluso de eliminar poblaciones y de aplicar modelos de acumulación por desposesión, el extractivista, el de deterioro de los territorios, el de confrontación con los pueblos originarios. Entonces, en esta situación de guerras, de crisis climática y de ascenso de las derechas, el zapatismo se viene colocando como una referencia de izquierda anticapitalista que le permite colocar no solo una discursividad, una práctica, una teoría, sino una conceptualización sobre el mundo”.

Para redondear ese postulado en el contexto de una conversación cuyos fragmentos se emitieron en el programa “Después de la Deriva” de Buenos Aires, Raúl recurre a una figura poderosa que parece abrevar en la rica tradición metafórica imbricada en el propio EZLN y asevera: “El zapatismo si bien siempre ha apostado a ver y a construir su trabajo desde las autonomías de sus territorios, nunca ha dejado de pensar en un sueño del tamaño del mundo y por ello considero que no se trata de un movimiento localista, nacionalista, sino de un movimiento internacionalista”.

-¿Cuánto sentís que impacta el concepto de la no-propiedad en ese posicionamiento internacional del zapatismo?

-Considero que se trata de las propuestas más audaces y más novedosas porque parte de entender a los territorios recuperados como territorios que pueden compartirse con otros pueblos no zapatistas que incluso fueron partidistas para desde ahí trabajar la tierra en común. Esa idea ha derivado también en el ejercicio de otras cosas como es la construcción del quirófano de un hospital que se está llevando a cabo en el territorio zapatista pero en el que están participando pueblos zapatistas y pueblos no zapatistas, algo que recoloca la idea de una radicalidad a la que el zapatismo dice que llegó luego de consultarlo con sus abuelos y sus anteriores preguntándoles cómo habían sobrevivido en el pasado a la explotación, al desprecio y a la dominación de los caciques y de los terratenientes y les respondieron que encontraron el común cuando escaparon de las fincas y se fueron a vivir a la montaña y a la selva.

-¿Esta posición puede leerse como una respuesta a prácticas de las gestiones del progresismo que promovieron la propiedad individual de las tierras?

-En México actualmente tenemos un gobierno que podría ser clasificado de tipo progresista, de un progresismo ya muy descafeinado que ya se dice de segunda generación y no tiene el mismo impulso y la misma radicalidad que tuvieron otros como los de (Hugo) Chávez y Evo (Morales). El gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum además de tener una matriz de megaproyectos extractivistas y de militarización, echó a andar el programa “Sembrando Vida” al que presentan como el buen vivir mexicano y que consiste en la asignación de recursos para que los campesinos y las campesinas siembren árboles maderables y frutales que muchas veces vienen de los viveros del ejército y a cambio de eso les dan un subsidio para cultivos, pero uno de los requisitos de ese programa social es que los campesinos e indígenas registren a su nombre una propiedad privada de dos hectáreas lo que significa una continuación de la reforma agraria neoliberal para seguir privatizando la tierra que es contraria a la lógica de la propiedad comunal. Eso hace que muchos de esos jóvenes entonces les vendan sus tierras a los nuevos terratenientes y con ese dinero le paguen al pollero que es la persona que los lleva como inmigrantes a Estados Unidos, pero allí se encuentran con una política migratoria terrible que los expulsa y regresan directamente a México sin tierra y endeudados y siendo presas fáciles para el crimen organizado.

-Justamente desde países como Colombia y Ecuador, entre otros, alertan sobre grupos narcos ocupando territorios que eran parte de las redes de pueblos originarios autónomos ¿Qué sucede con ese fenómeno en la región de influencia del zapatismo?

-Si bien el narcotráfico es una de las fuentes de ingreso más importantes de estas redes en México, hoy los grupos del crimen organizado tienen como su principal negocio la trata de personas como parte del nuevo fenómeno del éxodo mundial, algo que se combina con una terrible crisis de la desaparición de personas. En el país actualmente tenemos cerca de 140.000 personas desaparecidas, unas 500.000 personas asesinadas, alrededor de 1 millón de personas desplazadas y 13 feminicidios diarios. En ese contexto, desde 2018 hay una mayor presencia de los grupos del crimen organizado en poblaciones indígenas y con ella la aparición de jóvenes de las comunidades con problemas de adicción a drogas sintéticas. En ese contexto el zapatismo se encuentra en una especie de burbuja, en una especie de cinturón de paz ya que en sus territorios no se dan desapariciones forzadas, no se da tráfico de droga, no se da tráfico de personas, no se dan todos estos horrores que suceden en el resto del país porque ha logrado blindarse con trabajo organizativo y comunitario, tal como también sucede en Ostula en Michoacán y en comunidades en Guerrero del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata.

#JornadasPorLaVidaEnAzqueltán

#AcciónGlobal contra la Guerra a los Pueblos Originarios

#10deDiciembre_DíaInternacionalDeLosDH y nos siguen asesinando.

Herman@s Tod@s

El pasado 4 de diciembre, la Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, integrante del Congreso Nacional Indígena, CNI-CIG, convocó urgentemente, a las “Jornadas por la Vida en Azqueltán“ que se llevará acabo del 6 al 10 de diciembre. Esto como respuesta al asesinato del compañero Marcos Aguilar Rojas el pasado 26 de noviembre, donde también queda gravemente herido el compañero Gabriel Aguilar Rojas.

Dicha jornada deberá de llevarse a cabo en distintos territorios y geografías de México y el mundo. Está *Acción Global*, que han convocado nuestr@s Compañer@s propone acompañar las siguientes actividades:

* 6 de diciembre.

Rueda de prensa

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Concentración: 12:00 horas

* 7 de diciembre

Velada por Azqueltán

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Concentración: 18:00 horas, llevar veladoras

* 10 de diciembre

Movilización en la Ciudad de México

Movilización para acompañar a la comunidad de Azqueltán. Concentración: Torre del caballito, 11:00 Hrs. Rumbo a la Decretaría de Gobernación.

* 10 de diciembre

Movilización en la ciudad de Guadalajara

Concentración: El Santuario, 11:00 horas.

Por lo anteriormente expuesto, convocamos a los Colectiv@s, organizaciones, redes, Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas e individu@s, para que puedan acompañarnos, sumarse y participar activamente en esta movilización, que se llevará a cabo este 10 de diciembre de la Torre del Caballito en Reforma rumbo a la Secretaría de de Gobernación, para denunciar la #GuerraCapitalista que ataca y despoja a los pueblos originarios, no solamente de la Tierra, el Territorio, el agua y su autonomía, sino también la Vida.

Desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” llamamos a la solidaridad nacional e internacional para exigir justicia para nuestros hermanos Marcos y Gabriel.

Alertamos al Pueblo de México y del mundo que el asesinato de Marcos y la agrave situación en la que se encuentra el Compañero Gabriel, contradice el discurso oficial de la 4a Transformación, pues mientras se preparan para celebrar este 10 de Diciembre, como el “Día Internacional de los Derechos Humanos”, nosotros nos movilizamos contra la impunidad municipal, estatal y federal, de la que gozan los asesinos que cegaron la Vida del compañero Marcos y que al amparo de la Transformación de Cuarta, seguirán gozando de libertad y sin castigo. Es por ello que hoy decimos que en México, los Derechos Humanos “No son Positivos”, “No son Esenciales” y No son Alcanzables”, como lo declara la mal llamada CNDH.

Zapata Vive, la Lucha Sigue!!

Alto a la Guerra contra los Pueblos Originarios

Marcos vive la Lucha Sigue!

Castigo a los asesinos, invasores y caciques

Urgente titulación de los Bienes Comunales

Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, integrante del Congreso Nacional Indígena, CNI-CIG.

[:es]

Presentado el sábado 29 de noviembre a la comunidad de Eloxochitlán en español y Enna (lengua mazateca). El informe es producto de la Misión de Observación realizada en julio de este año por un grupo interdisciplinar.

Concluye que la comunidad es víctima de crímenes de lesa humanidad, los cuales al ser sistemáticos y al prolongarse por una década, constituyen un caso de etnocidio que busca la destrucción de la forma de organización y vida de esta comunidad mazateca. El etnocidio de la comunidad de Eloxochitlán tiene como fin socavar la resistencia comunitaria frente a las actividades extractivistas que han provocado el ecocidio del Río Xangá Ndá Ge y la destrucción de la libre determinación de la comunidad:

– Sobre esto se detecta detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada, criminalización política, desplazamiento forzado y etnocidio, violencia de género.

– Sobre el saqueo al Río Xangá Nda Ge, se identifican alteraciones  hidrológicas, agentes contaminantes, desecación, además de daños en la flora y fauna.

Se busca que este compilado de documentación se lleve a instancias internacionales, pues sostiene que no existen condiciones legales que garanticen la protección de los derechos de la comunidad. Los actos de agresión, persecución política y criminalización han resultado en 50 víctimas directas y al menos 500 indirectas.

La documentación recabada señala como responsables a gobernadores, titulares y magistrados, quienes con respaldo y complicidad del Estado han incidido en la negación de la justicia, persecución y fabricación de expedientes.

Así mismo, se menciona que el Juzgado de Huautla tiene la mayor responsabilidad al permitir omisiones y prácticas a favor de los caciques, pues se han negado actos de tortura sustentadas desde el Protocolo de Estambul, obstaculización de procesos, criminalización de autoridades comunitarias, detenciones arbitrarias y manipulación de testimonios.

A través de una cronología de hechos, se describe el proceso de agresiones que ha llevado la comunidad mazateca como: intervención militar, amedrentamiento, tortura, despojo, allanamientos de viviendas, amenzas y abusos de autoridad. Muchos de estas violencias anteceden al 2014, ya que desde el 2011 se realizaron múltiples denuncias formales, las cuales nunca avanzaron debido a omisiones del juzgado de Huautla.

Durante las últimas semanas el gobernador de Oaxaca Salomón Jara ha señalado a Eloxochitlan como un punto rojo, tratando de decir que es una comunidad violenta; una estrategia de desprestigio aprovechando su poder y medios de difusión para impulsar al cacique Manuel Cepeda en las elecciones a la presidencia municipal de Eloxochitlan llevadas a cabo este 23 de noviembre donde fue el segundo con más votos.

La presentación fue también un espacio de reflexión para la comunidad, donde se lanzó un mensaje frente a quienes siguen impulsado la narrativa de “un conflicto entre dos familias”, simplificando los graves ataques en complicidad con los tres niveles de gobierno. A quienes les contestaron que Eloxochitlan está integrada por diversas familias, con diferentes apellidos, un pueblo pequeño donde es común en ocasiones compartir apellidos.

Muchas mujeres, como consta en la transmisión de Radio Zapote ese día, mencionaron sus apellidos. Quienes hablaron son madres, esposas y hermanas de ex-presos y perseguidos políticos desde el 2014 , que tuvieron que abandonar sus casas para dedicarse a la lucha por la liberación de sus familiares, trabajar la tierra que antes trabajaban ellos para darle de comer a sus hijos, dormir en la calle en los plantones como el que se mantuvo más de dos años afuera de la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México, esperando que los ministros atendieran el caso.

El informe concluye que, derivado a la incompetencia del sistema de justicia mexicano por garantizar condiciones mínimas de seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos de la comunidad perseguida de Eloxochitlán; el caso debe ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de exigir medidas cautelares para todas las personas que se encuentran en riesgo, así como medidas específicas de protección para las victimas indirectas.

La elaboración de este informe, marca un gran antecedente a las formas de resistencia frente a las injusticias y violaciones del Estado hacia los pueblos. Las compañeras Mazatecas son ejemplo de cómo hacer frente a la impunidad y la criminalización, su lucha por la libertad ha sido ardua y aún no termina.

Como han venido haciendo en estos años, las Mazatecas por la libertad nos vuelven a hacer la invitación para la “Faena Internacionalista por el Fin a la Criminalización” que se llevará a cabo del 3 al 4 de diciembre del 2025 en la CDMX frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los días 3 y 4  5 de diciembre a las afueras de la ONU mujeres en calzada General Mariano Escobedo 526, colonia Anzures, Miguel Hidalgo.

[:en]

Presented on Saturday, November 29 to the community of Eloxochitlán in Spanish and Enna (the Mazatec language). The report is the result of the Observation Mission carried out in July of this year by an interdisciplinary group.

It concludes that the community is the victim of crimes against humanity which, being systematic and prolonged for a decade, constitute a case of ethnocide aimed at destroying the forms of organization and life of this Mazatec community. The ethnocide of the community of Eloxochitlán seeks to undermine community resistance to extractivist activities that have caused the ecocide of the Xangá Ndá Ge River and the destruction of the community’s right to self-determination:

– In this regard, arbitrary detentions, prolonged pre-trial imprisonment, political criminalization, forced displacement and ethnocide, as well as gender-based violence, were detected.

– Regarding the plundering of the Xangá Ndá Ge River, hydrological alterations, contaminating agents, and desiccation were identified, in addition to damage to flora and fauna.

This compilation of documentation seeks to be taken to international bodies, as it argues that there are no legal conditions in place to guarantee the protection of the community’s rights. Acts of aggression, political persecution and criminalization have resulted in 50 direct victims and at least 500 indirect ones.

The documentation collected identifies governors, agency heads, and magistrates as responsible actors, who—with the backing and complicity of the State—have contributed to the denial of justice, persecution, and fabrication of case files.

Likewise, it states that the Huautla Court bears the greatest responsibility by allowing omissions and practices that favor local strongmen, as it has rejected acts of torture substantiated under the Istanbul Protocol, obstructed legal processes, criminalized community authorities, carried out arbitrary detentions, and manipulated testimonies.

Through a timeline of events, the report describes the process of aggression the Mazatec community has endured, including military intervention, intimidation, torture, dispossession, home raids, threats, and abuses of authority. Many of these forms of violence predate 2014, as multiple formal complaints had been filed since 2011, none of which advanced due to omissions by the Huautla court.

In recent weeks, Oaxaca governor Salomón Jara has labeled Eloxochitlán a “red zone,” attempting to portray it as a violent community—a smear strategy taking advantage of his authority and media reach to support the strongman Manuel Cepeda in the municipal elections of November 23, where he received the second-highest number of votes.

The presentation also served as a space for community reflection, where a message was directed at those who continue to push the narrative of “a conflict between two families,” a simplification of the severe attacks carried out in complicity with the three levels of government. They responded that Eloxochitlán is made up of many families with different surnames, a small town where it is common to share last names.

Many women, as shown in the Radio Zapote broadcast that day, stated their last names. Those who spoke were mothers, wives, and sisters of former political prisoners and persecuted individuals since 2014, who had to leave their homes to dedicate themselves to the struggle for their relatives’ freedom—working the land those relatives once worked to feed their children, sleeping on the streets during sit-ins such as the one maintained for over two years outside the Supreme Court of Justice in Mexico City, while waiting for the justices to take up the case.

The report concludes that, given the incompetence of the Mexican justice system in guaranteeing minimum conditions of safety, justice, and respect for the human rights of the persecuted community of Eloxochitlán, the case must be brought before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), and calls for precautionary measures for all persons at risk, as well as specific protective measures for indirect victims.

The preparation of this report marks an important precedent in the forms of resistance against State injustices and violations toward Indigenous peoples. The Mazatec women comrades are an example of how to confront impunity and criminalization; their struggle for freedom has been arduous and is not yet over.

As they have done in recent years, the Mazatec women for freedom again extend their invitation to the “Internationalist Faena to End Criminalization,” which will take place from December 3 to 4, 2025, in Mexico City in front of the Supreme Court of Justice of the Nation, and on December 3, 4, and 5 outside UN Women at Calzada General Mariano Escobedo 526, Anzures neighborhood, Miguel Hidalgo.

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Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

(Continuar leyendo…)

PALESTINA: 29 de noviembre, Dia internacional de solidaridad con Palestina.  Una fecha marcada por la memoria, la resistencia y la solidaridad internacional. 

Noticias del 24 al 30 de noviembre de 2024

EUA y MEX:  9 de diciembre Jornada de movilizaciones en el aniversario de la prisión politica de Mumia Abu Jamal y Actividades en memoria de Carolina Saldaña. Amigos de Mumia.

Acto político-cultural por la libertad de Mumia Abu Jamal y por la organización del homenaje de Carolina Saldaña

MÉXICO OAXACA-CDMX: Informe de la Comisión Civil de Observación a Eloxochitlan y Faena Internacionalista frente a la Corte para demandar el fin de la represión y hostigamiento contra el pueblo mazateco por parte del cacicazgo local de la región. https://www.facebook.com/asambleacomunelox.floresmagon

PUEBLA AUTONOMÍA: Concluye primer ciclo el Centro de formación para la Autonomía Teocentli. Organizaciones, comunidades se reunierón este 29 de noviembre en las instalaciones del colectivo MAIZ para finalizar el proceso de auto formación que tuvo la escuelita de la autonomia Teocentli.  Fuente: Laboratorio Popular de Medios Libres

PUEBLA, XOSTLA: Extractivismo del agua en Puebla pone en alerta nuevamente a los pueblos Cholutecas. Entrevista con Alejandro Chocolatl del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sobre el conflicto hídrico en la región. Noticias de abajo.

CHIAPAS: Convocatoria Zapatista a Semillero en CIDECI y a celebrar el aniversario de su rebelión. Enlace Zapatista 

CONVOCATORIA AL SEMILLERO “DE PIRÁMIDES, DE HISTORIAS, DE AMORES Y, CLARO, DESAMORES”

JALISCO: PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO MARCOS AGUILAR ROJAS COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN

Fuente: Congreso Nacional Indígena, Radio Zapatista

Asesinan al defensor indígena Marcos Aguilar Rojas y hieren a su compañero Gabriel Aguilar en ataque armado en San Lorenzo Azqueltán

¡MARCOS VIVE, LA LUCHA SIGUE!

• La comunidad recupera el predio en conflicto El Caracol
• Marcos fue asesinado por órdenes de caciques regionales para arrebatarnos el territorio.

COMUNICADO URGENTE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA AUTÓNOMA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN, ANTE LAS COMPLICIDADES, LA IMPUNIDAD ESTRUCTURAL Y LOS OBJETIVOS DEL ASESINATO DE MARCOS AGUILAR ROJAS

A los pueblos y gobiernos del mundo
A los medios libres y honestos de comunicación
A las organizaciones solidarias con los pueblos originarios

Nuestra comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ha denunciado ya públicamente el asesinato de nuestro hermano y autoridad agraria, Marcos Aguilar Rojas, así como la grave lesión del compañero comunero Gabriel Aguilar Rojas, ocurridos el 26 de noviembre de 2025 en el predio comunal de El Caracol.

Nos dirigimos a los pueblos y gobiernos del mundo con un profundo dolor, ante la muerte de una de las personas más honestas y comprometidas con la defensa del territorio que ha dado nuestra comunidad, para señalar con nombre y con hechos la complicidad, los intereses y la estructura de poder que permitió —y sigue permitiendo— que este crimen ocurriera, por lo que decimos, con humildad, con dignidad y con respeto que:

1. Es un crimen político y territorial, no un hecho aislado

El asesinato de Marcos Aguilar Rojas fue la consecuencia lógica de décadas de agresiones armadas, invasiones agrarias, amenazas de muerte y hostigamiento a las autoridades tradicionales y comunales de Azqueltán.

El ataque del 26 de noviembre no fue improvisado:

fue planeado, acordado y ejecutado por caciques y sus grupos de pistoleros, amparados por la omisión, el silencio o la participación directa de autoridades municipales, estatales, operadores judiciales y agentes ministeriales.

Negarlo —como lo intentó hacer el fiscal del estado de Jalisco, reduciendo todo a “problemas entre vecinos”— es participar en el crimen, que recuerda el discurso del poder ante los ataques paramilitares que han sufrido los pueblos originarios de nuestro país, como en el territorio de los hermanos zapatistas y en otras geografías, para concretar el despojo, y mediante el terror, acabar con la organización indígena.

Según la investigación de la propia comunidad y las evidencias que dejan al descubierto a los poderosos de la región, denunciamos que el martes 25 de noviembre de 2025, en el domicilio de Juan Aguilar, se reunieron el grupo de pistoleros que hemos denunciado y el cacique Refugio Raygoza, para planear el despojo de los predios comunales El Sabino Quemado y El Caracol, en esa misma reunión acordaron la ejecución de nuestro compañero Marcos, para lo que fue fundamental la complicidad de Favio Flores Sánchez “La Polla” y funcionarios de gobierno y policiales que participaron en actos previos de hostigamiento a los comuneros. Estas reuniones siguen ocurriendo en la localidad de Izolta, donde se siguen planeando ataques hacia nuestros comuneros.

2. Hay una red de complicidad en la que participan fiscales, policías, caciques y operadores judiciales

Las carpetas de investigación acumuladas por años muestran un mismo patrón y un mismo grupo de agresores, que han actuado con armas de fuego y extrema violencia en al menos siete años de ataques documentados.

Durante la integración de la carpeta 468/2025 5-J originada por los hechos recientemente acontecidos, la Fiscalía y el Poder Judicial actuaron nuevamente para encubrir a los agresores Esteban y Manuel de apellidos Aguilar Herrera, quienes han atacado a nuestros comuneros: el más reciente acto de encubrimiento fue llevado a cabo por Jorge Alonso Arellano Gándara, Administrador Distrital del Juzgado de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Colotlán, Jalisco, en virtud de que tras los hechos acontecidos el pasado 26 de noviembre del año en curso, el Ministerio Público pidió tomar muestras de residuos de disparo al detenido Manuel Aguilar Herrera, pero el defensor público lo impidió con el pretexto de que estaba “inconsciente”, y cuando la solicitud se presentó formalmente ante el Juzgado, fue dicho Administrador Distrital quien —de manera ilegal, sin facultades jurídicas y actuando como protector de los agresores— rechazó con argumentos falsos la solicitud, retardando la investigación y evitando que se tomara la muestra, violando el derecho a la justicia e imposibilitando que la decisión se apelara, además de comprometer la eficacia del peritaje y privando a las víctimas de una prueba fundamental que dependía de la legal y pronta actuación de las autoridades.

Acción hecha para favorecer directamente al pistolero Manuel Aguilar Herrera, y nuevamente garantizarle impunidad, luego de los múltiples antecedentes conocidos y documentados: como golpear ancianos para despojarlos de su tierra, allanar viviendas para amenazar, amedrentar a una niña con involucrar a la delincuencia organizada si no abandonaba su tierra y participar en el despojo armado del territorio, además de formar parte de la misma red de impunidad que también ha protegido a Favio Flores Sánchez “La Polla”, cuyo ataque armado contra autoridades autónomas fue degradado por el mismo Juzgado penal de Colotlán a simples “lesiones” con una reparación ridícula, torciendo la ley para garantizar la impunidad de quienes buscan exterminarnos y arrebatarnos el territorio.

El reciente encubrimiento —comprobado por la actuación ilegal del Administrador Distrital que bloqueó la toma de pruebas al homicida— demuestra que la Fiscalía del Estado de Jalisco y parte del Poder Judicial, han sido engranes activos de la maquinaria de impunidad.

Todo está documentado
Todo está en las carpetas de investigación
Todo está en los testimonios

3. El objetivo real es arrebatarnos el territorio, no un «problema entre vecinos”

Lo que quieren no es solo eliminar autoridades agrarias, sino nuestro territorio y y organización indígena, pues los caciques y supuestos pequeños propietarios, con una economía pudiente en la región, han invadido miles de hectáreas comunales, y ahora, con este crimen, han dejado claro que buscan exterminar a la comunidad para apropiarse de lo que nos pertenece desde hace siglos.

Lo señalamos el pasado 13 de noviembre de 2025, cuando denunciamos públicamente el hostigamiento en contra de nuestros comuneros por parte de supuestos policías de investigación de la Agencia del Ministerio Público de Villa Guerrero, Jalisco; quienes afirmaron:

que les “vale madre el juicio agrario”,
que si corremos “nos quiebran”,
que van a entrar con policías y con armas.

El asesinato de Marcos es solo un paso más en ese plan.

4. La responsabilidad histórica es del Estado mexicano

El Estado mexicano es el responsable por acción, por omisión y por negligencia histórica.

Es responsable porque:

No ha garantizado seguridad a la comunidad pese a denuncias formales y repetidas.
Permitió que operadores judiciales obstaculizaran la investigación.
Lleva décadas negando el reconocimiento jurídico pleno del territorio tepecano, abriendo la puerta a invasores, caciques y violencia armada.

La negligencia de los gobiernos —municipales, estatales y federales— ha costado vidas y si no actúan, seguirá costándolas.

5. Ante la gravedad de los hechos, ante el peligro que vivimos, exigimos al Gobierno Federal

La emisión inmediata de un DECRETO PRESIDENCIAL que reconozca, delimite y titule el territorio ancestral de la Comunidad Indígena de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

Sin este reconocimiento jurídico pleno, la comunidad seguirá expuesta a agresiones armadas, criminalización, invasiones, omisiones institucionales y a nuevas muertes.

El Gobierno Federal debe entender que su responsabilidad es directa.

No puede seguir ignorando que la vida de un pueblo originario depende de decisiones que solo puede tomar el Ejecutivo.

Si el gobierno quiere detener el derramamiento de sangre, que empiece por reconocer el territorio de quienes han habitado y defendido estas tierras desde tiempos inmemoriales.

6. Para que no quede duda

Nosotros, como comunidad indígena autónoma, aunque nos maten, no vamos a abandonar nuestro territorio, no vamos a renunciar a nuestra identidad tepehuana y wixárika y no vamos a ceder frente a los asesinos ni a los caciques.

 Anunciamos a los pueblos y gobiernos de México y fuera de estas fronteras que el día de hoy, y tras el artero ataque armado, la comunidad recuperó, mediante movilización, el predio El Caracol, ambicionado por personas ajenas a la comunidad, y sitio donde fue asesinado el compañero Marcos Aguilar Rojas.

Estamos dispuestos a seguir defendiendo la vida y el territorio, así que, por primera vez escuchen bien quienes gobiernan:

Sobre la responsabilidad de ustedes caerá cada gota de sangre que se derrame por incapacidad, negligencia o complicidad.

El Estado mexicano tiene en sus manos la posibilidad de detener esta guerra o de profundizarla y será su decisión de qué lado de la historia quieren estar. Esa no la olvidamos ni olvidaremos, así pasen mil años.

7. Hacemos un llamado a los pueblos y a las conciencias de esta humanidad.

Llamamos a los pueblos del mundo a mantenerse alertas, a las organizaciones de derechos humanos a vigilar y acompañar a la comunidad, haciendo eco de nuestras exigencias.

Llamamos a los medios honestos a romper el cerco de silencio que protege a los responsables.

Nosotras y nosotros, como pueblo, hemos resistido cientos de años y resistiremos cientos más si es necesario.

Pero que quede claro:

No nos rendiremos
No nos venderemos
No claudicaremos

Porque Marcos Vive y La Lucha Sigue
Desde el fondo del cañón de Bolaños
Comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco

Foto de portada: CELEBRACIÓN. Participantes de una ceremonia nocturna en San Lorenzo Azqueltán, durante el 5º aniversario del nombramiento de autoridades tradicionales en 2018. ©ScottBrennanphoto.

[podcast]https://archive.org/download/noticiasdeabajo_25_11_2025/noticiasdeabajo_25_11_2025.mp3[/podcast]

Rompiendo fronteras:  

Bolivia: El presidente Rodrigo Paz elimina el Ministerio de Ambiente y agua, poniendolo bajo control de intereses capitalistas y extractivistas. Colectivos ambientales, académicos y representantes de la sociedad civil boliviana manifiestan su preocupación. Fuente: Mongabay

Israel: No cesa de usar la violencia, bombardeos en Syria, Libano y Gaza contra poblaciones civiles por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, medio oriente bajo la violencia colonial. Fuente: Resumen latinoamericano

Chile: Brutalidad policial en contra de miembros de comunidades Mapuche de Ercilla, sostenido el clima represivo por el Estado Chileno. Fuente: Radio Kurruf

PRESXS POLÍTCOS: Evento por la libertad de Mumia Abu Jamal y en homenaje a Carolina Saldaña, ambos periodistas que luchan por los derechos de todas y todos. Fuente: Amigos de Mumia México

Desde el ombligo del monstruo 

OAXACA: Gobierno Estatal de Oaxaca clasifica comunidad perseguida como “Foco Rojo” lo cual pone en riesgo a activistas, comuneras y comuneros organizados por la libertad de sus perseguidos. Fuente: Observatorio Memoria y Libertad

Chiapas: Libres, los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, presos desde 2022. Cientos de indígenas han pasado por las cárceles de Chiapas por cargos fabricados. Fuente: Desinformemonos

Michoacán: Muere comunera por heridas de bala e indebida atención de hospitales de Michoacán. Roxana Valentín Cárdenas, comunera de San Andrés Tziróndaro, perdió la vida por heridas de bala y una indebida atención en hospitales de Michoacán, luego de que un grupo armado agrediera una movilización de comunidades purépechas por el 46 aniversario de la defensa de la tierra en Santa Fe de la Laguna. Fuente: La Cooperacha, Consejo Supremo Indígena

CDMX, XOCHIMILCO: Amenazas de muerte ponen en alerta a activistas en el sur de la Ciudad, el acoso contra  el periodista Max Negrete ha aumentado. Desde el martes 18 de noviembre, el periodista comunitario, Max Emiliano Negrete González, recibió tres mensajes con amenazas de muerte, a través de la red social Instagram, por parte de cuentas recién creadas, sin fotografías de perfil y con nombres que hacen alusión a un daño a la integridad y vida del periodista. Fuente: Articulo 19

FORO INFORMATIVO: LOS PELIGROS DE LA MINERÍA EN LOS PUEBLOS ÑUU SAVI, NAHUA E INGIWA 

Los Peligros de la Minería en los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Inwiga, busca abrir un espacio de análisis, diálogo y acción colectiva, por lo que nos reuniremos con el objetivo de: Analizar de manera colectiva los impactos sociales, ambientales y culturales de la minería en los territorios de los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Ingiwa y construir estrategias conjuntas que fortalezcan su defensa y la continuidad de la vida comunitaria.

ZONA TECNOACRATA

Modelos de lenguaje de Iinteligencia Artificial rechazan nuevos paradigmas y favorecen est status quo, validando discursos que se basan en el consenso y no en la realidad, dicha razón es la causa de respuestas falsas, justificar con argumentos falsos su sostenimiento de la realidad.

El pasado 5 de septiembre del 2023, con absurdo uso de la fuerza, el gobierno de la Ciudad de México reprimió a quienes, de manera solidaria, se hicieron presentes en la alcaldía de Xochimilco en apoyo a la compañera Hortensia Telésforo, criminalizada por participar en la recuperación de la biblioteca comunitaria de San Gregorio Atlapulco, hoy convertida en Tlamachtiloyan (Casa del pueblo). Un grupo de choque con palos, armas punzocortantes y de fuego, agredieron indiscriminadamente a quienes asistieron a la manifestación, 5 compañeras y compañeros fueron desaparecidos por horas y posteriormente presentados en el Ministerio Público para fabricarles delitos, más tarde la represión se agravó en las instalaciones de la fiscalía de Tlalpan donde fueron golpeados brutalmente más de una veintena de personas.

Esta violencia es la verdadera cara de este gobierno.

Desde entonces no han cesado las amenazas y el asedio a nuestras y nuestros compañeros, ensañándose particularmente con nuestro hermano Max Emiliano Negrete, quien ha demostrado ser congruente con sus principios en defensa de su pueblo y por ello ha sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones a través de perfiles falsos en redes sociales.

Si fueron capaces de repetir uno de los momentos más lamentables de la historia de México: el halconazo, sabemos que son capaces de cualquier cosa, el uso de grupos de choque por parte de la Alcaldía de Xochimilco es una práctica criminal recurrente que debe parar.

Ante las reiteradas y cobardes amenazas a en contra de Max Emiliano Negrete, integrante de la Asamblea General Permanente del pueblo de San Gregorio Atlapulco, comunicador comunitario y defensor del agua, la vida y la autonomía, como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio hacemos directamente responsables a los tres niveles de gobierno, particularmente al gobierno de la Ciudad de México de cualquier altercado a la integridad de nuestro compañero.

Son ya responsables de mantenerlo en un estado de alerta por las amenazas.

Como Asamblea respaldamos su labor en defensa de la vida y la autonomía y hacemos saber a los malos gobiernos que:

MAX EMILIANO NEGRETE NO ESTÁ SOLO

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

EL AGUA ES EL COMÚN DE LOS PUEBLOS

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

Foto de portada: Cuartoscuro