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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

13 de octubre de 2021

Pronunciamiento Conjunto

Defensores comunitarios tseltales de Chilón, Chiapas, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización.

A un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya-tseltal y las familias de los defensores comunitarios, exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis).

Cabe recordar que el 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo – Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón, en contra de la construcción de dicho cuartel. Durante los hechos, los compañeros César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados, de igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados.

César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01, de Cintalapa, Chiapas y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se considerará las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos defensores comunitarios. A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 01 de noviembre de 2020, únicamente se les otorgó el cambio de medida cautelar por lo que hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias.

A lo largo de este año, se han interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de Cesar y José Luis, entre los que se encuentra la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de pruebas obtenidas a partir de la tortura que sufrieron; sin embargo, todos los recursos fueron desestimados.

Es importante mencionar que en noviembre de 2020 diversas comunidades del pueblo maya tseltal, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional, argumentando que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada; así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas. A un año de haberse interpuesto dicho amparo, éste continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa en Tuxtla Gutiérrez.

Ante esta situación y en un contexto tan adverso para el respeto de sus derechos, las comunidades del pueblo maya-tseltal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado de Chiapas el sobreseimiento de los procesos penales que se siguen en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia en el estado de Chiapas, respeta de manera irrestricta los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso  respecto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio indígena maya-tseltal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

& Centro de Derechos Humanos Miguel Agustón Pro Juárez

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de octubre de 2021
Boletín No. 13

 

• Fiscalía General del Estado simula justicia en su afán de aplicar el estado de derecho, llenando cárceles con víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va del año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul.

Los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba o declaración donde existan indicios de que fue obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales y que tal no se postergue hasta la sentencia.

Desde el 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos Degradantes asentó que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad, generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.1 Además la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas informó que en el caso de personas indígenas detenidas y procesadas penalmente “enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de la escasez de interpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas y conozcan las culturas indígenas”.

Negar o invisibilizar la tortura no la erradica. La impunidad sigue encubriendo la acción y omisión de las autoridades mexicanas y no se garantiza la reparación integral a las víctimas y sus familiares. En Chiapas se simula justicia, su acceso es un laberinto de obstáculos procesales plagado de violaciones a los derechos humanos.

Frente a este panorama sobrevivientes de tortura y sus familiares rompen el miedo y se organizan, generando luces de esperanza para que estos actos no vuelvan a cometerse.

Durante los días 7 y 8 de octubre de 2021, se realizó en San Cristóbal de Las Casas el Encuentro de Familiares y Sobrevivientes de Tortura en Chiapas “Compartir la Esperanza”, en donde recibimos en su mayoría mujeres: abuelas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías que desde el amor afrontan la impunidad del Estado exigiendo la libertad de sus familiares presos injustamente.

Las y los familiares de sobrevivientes de tortura han denunciado la constante discriminación que enfrentan frente a los operadores de justicia, durante la pandemia los procesos penales están lentos y otros están parados, la situación carcelaria es cada día más precaria no tienen atención médica adecuada en prisión y sin acceso a medicamentos.

El Frayba exige al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de investigar, identificar y castigar a todos los responsables de cometer actos de tortura, exigiendo a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier acción de represalia contra los sobrevivientes de tortura y sus familiares y garantizar el derecho a una reparación integral, sin acceso a la justicia los gobiernos federal y estatal son cómplices de los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, además de reproducir y mantener el pacto de impunidad que impregna el sistema de justicia en México.

 

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Por Ñani Pinto

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Por Avispa

^{Fotos e información de Prensa Comunitaria}

^{En Portada: Plantón permanente antiminero en El Estor, Izabal}

Con la presencia de empresas transnacionales como Solway Investment Group, de capital ruso-suizo, la actividad extractiva en el Caribe guatemalteco tomó mucha más fuerza. A la vez que las operaciones crecían, fueron registradas una serie de vulneraciones contra el pueblo Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz.

En este contexto, este lunes (11) se cumplen siete días de la instalación de un campamento permanente de resistencia pacífica antiminera en El Estor, Izabal. El plantón se estableció en la entrada principal del municipio, a unos 10 kilómetros de la Planta Procesadora de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, ubicada a un kilómetro de distancia del pueblo.

La dinámica comunitaria en El Estor, municipio de Izabal, ha sido sacudida en distintas formas por la actividad minera: desalojos violentos a comunidades asentadas en el interés de la empresa; contaminación medioambiental y del lago; criminalización de sectores de oposición y recientemente exclusión sobre el derecho de consulta comunitaria.

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“Para un ser que en verdad valora sus recursos no existe el cansancio, es lamentable que hay una minoría que no entiende el valor de los recursos y que se inclinan al dios de la tierra que es el dinero. En donde están los políticos, la gente que busca su beneficio personal para hoy, aunque mañana estén sufriendo, por eso que para nosotros no es cansado estar aquí en la resistencia” expresó Pedro Cuc, Maya Q’eqchí originario de El Estor, Izabal.

Las autoridades decidieron iniciar con esta manifestación pacífica debido a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), está excluyendo a las principales autoridades del pueblo Q’eqchí’ de participar en los preparativos de la preconsulta y de la consulta comunitaria.

Tampoco se han hecho esperar los ataques en redes sociales, así como la instalación de otros dos bloqueos carreteros, éstos en apoyo a la actividad minera, en los cuales señalan a Abelino Chub, dirigente indígena maya Q’eqchi’, y al profesor Enrique Quinich, como responsables de esas acciones de protesta.

Abelino Chub forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A. le habían denunciado sin pruebas.

En sus redes sociales, Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa. Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”

La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook se dirige contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc, integrante del equipo de Prensa Comunitaria. Estas páginas y las personas que participan en los ataques son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.

Resistencia pacífica y amenazas de desalojo

El plantón permanente antiminero se encuentra en la entrada a la cabecera del municipio de El Estor desde la madrugada del lunes 4 de octubre. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.

Pese a esto, el pasado sábado (9), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se acercaron al lugar de la resistencia para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió: “Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.

“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado racista, opresor y dictador”, se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas han colocado donde realizan la manifestación.

“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya”, expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

El pasado domingo (10), las autoridades del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’, como en los días anteriores, recibieron el apoyo de otras comunidades. Apoyo que va desde acuerpar la resistencia y hacer turnos, hasta mostrar su solidaridad con víveres para quienes participan del plantón.

Para las autoridades de los Consejos Ancestrales la consulta por el proyecto minero Fénix no puede realizarse, hasta que no se suspendan todas las operaciones de la compañía de níquel, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en 2019.

Al cierre de esta edición, Prensa Comunitaria alertó de que un fuerte contingente de la PNC se dirige en dirección al municipio de El Estor, acción preocupante para las autoridades de los Consejos Ancestrales participantes del plantón antiminero, ya que el despliegue policiaco coincide con una protesta convocada por trabajadores mineros a favor de la Minería CGN-PRONICO.

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Por: La Zarzamora

Este martes 12 de Octubre, como una muestra más de la continuidad del colonialismo, el “gobierno” autocrático de Piñera, impuso nuevamente un Estado de Excepción Constitucional, específicamente en el territorio mapuche (Wall Mapu) bajo la excusa del combate al “narcoterrorismo”, esto en el contexto de un potente aumento de lof en recuperación territorial. Coincidencia o no, este nuevo ataque racista se perpetra cuando se cumplen 529 años de la invasión europea a Abya Yala, iniciándose ahí la colonización y explotación del territorio y sus pueblos ancestrales.

Durante la semana, camioneros de diferentes empresas realizaron pequeños cortes de camino, en las rutas de la llamada Macro Zona (antes zona roja), acompañados del ya “tradicional” asado y el también ya conocido cuidado de Carabineros de $hile; así al menos se podía observar en la ruta hacia Coronel que se vió interrumpida intermitentemente, mientras los “manifestantes” se “distraían socialmente” a orilla de camino. Esto sumado al sensacionalismo acostumbrado de medios como Radio Bío Bío, provocó una alarma colectiva que terminó con filas interminables de autos en las bencineras de lugares como Cañete y alrededores.

Así comenzó la justificación mediática para la nueva entrada represiva a Wall Mapu, contra las graves “alteraciones al orden público” en las cuales no caben las alteraciones que realizan grupos paramilitares, ni camioneros, ni empresarios. Las “alteraciones”, en realidad corresponden al aumento de los procesos de recuperación territorial de las comunidades empobrecidas por la industria forestal y el latifundio colonialista.

Los territorios amenazados con este nuevo Estado de Excepción constitucional comprenden: las provincias de Arauco, Malleco y Cautin, territorios que han potenciado sus procesos de recuperación y control territorial, generando la reacción del empresariado del rubro forestal y de transporte, sectores representados en la oligarquía gubernamental, que no dudó en fortalecerles y ocuparles como motor para justificar esta nueva arremetida represiva.

Esta imposición racista y colonialista se hará efectiva por 15 días, y podría aumentarse por 15 días más si el congreso chileno lo respalda. Así mismo, el nefasto presidente autoimpuesto de $hile, instaló jefes de defensa tanto en la región de la araucanía como en la del Bío Bío, quienes tienen la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, significando esto una verdadera amenaza para la vida de las comunidades, la niñez mapuche (ya fuertemente violentada por el aparato represivo) y para el territorio.

Si $hile incurre en la agudización de la violencia racista, nuevamente el estado fascista estaría ignorando su suscripción a diferentes acuerdos internacionales como lo son el Convenio 169 de la OIT (que resguarda los derechos humanos, laborales y justicia social de “los pueblos indígenas y tribales”) y eventualmente la Convencion de los derechos del niño y la niña, como lo hemos presenciado en cada incursión violenta del estado en territorio mapuche.

Hacemos hincapié en la defensa de la niñez mapuche, recordando y repudiando los COBARDES e INTOLERABLES HECHOS ocurridos el día 7 de enero de este año ejecutados por las fuerzas represivas de $hile, en los cuales fueron vulneradas física y psicológicamente niñas y niños mapuche, por ratis y pacos del estado, en donde impactaron fuertemente las imágenes de la violencia ejercida hacia la pequeña hija de Camilo Catrillanca y un audio que dejaba crudas evidencias de torturas sicológicas y físicas hacia niñas mapuche.

A 529 años del inicio de la invasión a Abya Yala, los pueblos ancestrales continúan resistiendo y luchando contra el colonialismo.-

No más militarización del wall Mapu.

¡¡Niñez mapuche libre!!

¡¡Fuera forestales y proyectos extractivistas del territorio!!

* No separamos opinión de información. Nuestras noticias contienen un posicionamiento político editorial. No insista.

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

11 de octubre de 2021.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Estamos a 99 días del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, denunciamos la negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para investigar y hacer justicia conforme a derecho de dicho crimen.

Da pena ajena cuando el abogado del asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, que exigió la exhumación del mismo para la autopsia de ley, porque asegura que la consecuencia de la muerte de Simón Pedro fue por una enfermedad que él padecía y no por los dos disparos de arma de fuego que recibió en la cabeza. Además, no cree que nuestro compañero y hermano haya sido defensor de la vida y de la Madre Tierra y también por ello solicitó pruebas.

Ante tal circunstancia, la familia de Simón Pedro y la Organización Las Abejas de Acteal, tomamos la decisión de aportar las pruebas necesarias y así mismo accedimos a la exhumación a pesar de ir en contra de nuestra cultura, ya que si no se cumplían con dichos requisitos el sistema de justicia en Chiapas dejaría en libertad al asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro y eso nunca lo permitiremos.

Nuestros abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., encargados de llevar el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, junto con la familia de Simón, desde el 13 de agosto presentamos la solicitud para la exhumación y autopsia de Simón Pedro y con lo cual no se ha realizado. Y tampoco se han recabado las otras pruebas que existen para el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se ha seguido la línea de investigación respecto que el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, fue por su trabajo en la promoción y defensa de la vida y de la Madre Tierra. Según la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas su pretexto de que no han avanzado en el caso de Simón Pedro, es que su equipo de trabajo se enfermó de Covid, cosa que no lo creemos, porque tenemos experiencia que sus usos y costumbres son las mentiras.

Que entienda la Fiscalía de Justicia del Estado Chiapas, que no es un favor lo que le estamos pidiendo, sino que le exigimos que cumpla con su obligación. Y que no tome ese mismo camino el que tomaron los administradores de justicia ante el Caso Acteal al propiciar la dilación de justicia para las víctimas y familiares de la Masacre de Acteal y así los abogados de los paramilitares tuvieron la oportunidad de encontrar maneras para liberar a los asesinos de niñas y niños y de mujeres embarazadas masacradas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Ante evidente agravio al derecho de justicia expedita, pronta e imparcial del caso del asesinato cobarde de Simón Pedro, les pedimos a todas las personas de buena voluntad a que exijamos a la Fiscalía y a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y que no sigan empeñados a encubrir a los asesinos, mientras Chiapas se desangra por la violencia que está aconteciendo día a día.

Y Si la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas no nos entrega resultados positivos y a tiempo, no descansaremos en actuar hasta que el crimen de Simón Pedro, sea juzgada y no simulada.

Por ahora es todo.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

 Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                 Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                 Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez                             Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                 sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

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Por Rafael E. Lozano

Un grupo de mujeres jóvenes se manifestó en la explanada del Templo de Santo Domingo, en la capital de Oaxaca, para exigir justicia para Fanny Guadalupe, de 16 años de edad. “Desde nuestra digna rabia nos unimos al llamado de exigencia de justicia por el feminicidio de Fanny Guadalupe, mujer indígena ayuuk”, gritaron desde las escaleras de la explanada, “así como un alto a la ola de violencia feminicida que azota nuestro estado”.

La muerte de Fanny es investigada bajo protocolo de feminicidio por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desde el 29 de septiembre de este año, luego de que activistas exigieron se investigara como feminicidio y no como suicidio.

Los hechos sucedieron el 26 de septiembre de 2021, en la comunidad de El Porvenir, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón, en la zona Mixe de Oaxaca. Sin embargo, denuncian que casi un mes antes Fanny Guadalupe López Nolasco había denunciado ante la FGEO violencia de género, amenazas y abuso por parte de un agente municipal de su localidad.

Las mujeres reunidas en la explanada explicaron que poco antes de su muerte, “tras la denuncia presentada, Fanny Guadalupe sufrió hostigamiento y acoso para que se desistiera del proceso legal que había iniciado, temiendo por su integridad y su vida”. Algo similar está sufriendo ahora su familia por denunciar su muerte: “desde la muerte de Fanny se han acrecentado los actos de hostilidad contra su familia”, denuncian las jóvenes.

También se manifestaron por el reciente “hallazgo de una mujer de 27 años y una menor de un año en un camino de terracería entre Nazareno, Etla y Alemán, Zautla, con lo que se registran 558 feminicidios en lo que va del actual sexenio del gobernador Alejando Murat Hinojosa”.

Desde el 1ro de diciembre de 2016, día en que Alejandro Murat tomó protesta como gobernador de Oaxaca, la Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca ha documentado 3,030 agresiones contra mujeres en el estado, de las cuales 558 son feminicidios.

Al final, las manifestantes conmemoraron a Angélica Flores Villa, María del Sol Cruz Jarquín, Fanny Guadalupe López Nolasco y “todas aquellas que nos han arrebatado” con una ofrenda de velas y consignas hechas con gis de colores en el suelo. “Hoy las nombramos y exigimos justicia”, concluyeron.

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Por Concepción Mucú Cuz

Desde que las comunidades organizadas decidieron declararse en resistencia pacífica, no se han hecho esperar los ataques en redes sociales, También se montaron dos bloqueos, uno que hace cobros ilegales a vehículos, ubicado cerca de la Finca El Recreo en la salida a Río Dulce. El otro se encuentra después de la Colonia Minera, éste en apoyo a la empresa. Se observa en el lugar que colgaron mantas señalando a Abelino Chub dirigente indígena maya Q’eqchi’ y al profesor Enrique Quinich, como responsables del “bloqueo”.

Abelino Chub, en la actualidad forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que le habían denunciado sin pruebas, la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A.

En sus redes sociales Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa.

Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”

La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook, contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc.

Estas páginas y personas, son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.

Resistencia pacífica

Desde la madrugada del 4 de octubre, se encuentran en un plantón permanente en la entrada a la cabecera del municipio. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.

Pese a esto agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) esta mañana se acercaron al lugar de la resistencia, para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió

“Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.

“Allá dejan pasar y no hay problema” indicó unos de los agentes al referirse a los dos grupos que se organizaron para cerrar el paso y cobrar a cada vehículo que pasa.

“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado rasista, opresor y dictador” se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas, han colocado donde realizan la manifestación.

“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya” expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

Bloqueos a favor de la empresa

Desde el 6 de octubre, en apoyo a la minera con carteles y pancartas, un grupo de personas está ubicado cerca de la colonia de la compañía de níquel CGN-Pronico, en la ruta a Panzós.

El otro bloqueo se ubica cerca de la finca el Recreo. Estas dos acciones perjudican la manifestación pacífica, de las autoridades del Consejo Ancestral y la Gremial de Pescadores. Ésta tiene como objetivo rechazar las acciones del Ministerio de Energía y Minas en la preconsulta por el proyecto minero Fénix, que ha dejado fuera a los representantes de las comunidades que fueron nombrados en asamblea.

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Por Rafael E. Lozano

A tres años de que la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, derramara desechos tóxicos de su presa de jales en el río Coyote, clausuraron el 8 de octubre el evento denominado “Encuentros Indígenas Canadá – México”, impulsado por la Embajada de Canadá en México. Colectivas, pueblos y comunidades indígenas se manifestaron en el Jardín el Pañuelito, del Centro Histórico de la capital de Oaxaca, para expresar su rechazo ante el supuesto hermanamiento entre ambas naciones.

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Así lo expresaron manifestantes y habitantes de comunidades afectadas por la minería canadiense en Oaxaca que acudieron a la convocatoria que circuló días antes. En el documento se puede leer que “la titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos (SEPIA) mencionó que en esta celebración no se tocará el tema de la minería. (…) Las comunidades y colectivas afectadas por proyectos mineros y con concesiones adjudicadas a empresas canadienses, consideramos de vital importancia posicionar el tema de la minería en la discusión pública”.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.

En lo que respecta al estado de Oaxaca, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.

Uno de los representantes de la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez, quien reservó su nombre por seguridad, expresó durante la manifestación que Capulálpam lleva más de 15 años en una lucha constante para proteger su territorio “en contra de la contaminación y en contra del saqueo y en contra del riesgo inminente de que se pierda más flora fauna y los bebederos de agua”.

En febrero de 2015 dicha comunidad indígena interpuso una Demanda de Amparo en contra de las concesiones mineras otorgadas sin su consentimiento, dentro de territorio comunal, a la canadiense Continuum Resources LTD, a la Compañía Minera la Natividad y anexas y a otros particulares, entre 2002 y 2005.

Sin embargo, la actividad minera continuó a pesar de que en octubre de 2019 el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca les concedió el amparo y ordenó cancelar las concesiones mineras.

El comisariado de bienes comunales de Capulálpam de Méndez denunció desde entonces que la Compañía Minera Natividad y anexas continua con el saqueo de oro y plata en tierras comunales, aún sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental y luego de ser denunciado el derrumbe de tres presas de jales con desechos contaminantes al Río Capulálpam, la contaminación con plomo y arsénico de fuentes de agua, la desaparición de trece acuíferos debido a las obras mineras, y otras afectaciones.

“No tenemos acceso a la justicia”, expresó el representante de Capulálpam de Méndez, “a seis años de distancia [de iniciar el Amparo] no tenemos nada claro. Después de obtener un fallo a favor por un juez, la compañía minera y la misma Secretaría de Economía impugnan esta resolución y nos encontramos en esa fase de impugnación. Mientras tanto, la compañía minera sigue trabajando tranquilamente”.

También participaron habitantes de Magdalena Ocotlán, quienes conmemoraron tres años desde el derrame de desechos tóxicos que contaminó el Río Coyote que cruza su comunidad, en el que se identificaron metales como hierro, aluminio y plomo por arriba de lo que permiten las normas nacionales para uso pecuario y riego agrícola.

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“No podemos hablar de que Oaxaca está congratulada con el Estado de Canadá y realizar este encuentro de hermandad”, explica una persona de Magdalena Ocotlán cuyo nombre se reserva para proteger su identidad, “porque existe saqueo, existe destrucción y los gobiernos tratan de disimular todo aquello que nos perjudica haciendo ese encuentro”.

Asimismo expresa que “desde que la empresa canadiense Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, se establece en los Valles Centrales de Oaxaca, ha causado un sinnúmero de problemas: ha causado desestabilidad en los pueblos, ha causado muerte, ha causado despojo, por eso estamos aquí denunciando todas estas arbitrariedades”.

Las y los manifestantes también leyeron un comunicado alusivo a las actuales resistencias indígenas en Canadá en contra del gasoducto “Coastal GasLink”, y recordaron el reciente hallazgo de más de mil cuerpos de niñas y niños indígenas en fosas clandestinas ubicadas en las inmediaciones de antiguos internados para menores.

Finalmente invitaron a aquellas personas, artistas y organizaciones que participaron en los “Encuentros Indígenas Canadá – Oaxaca 2021” a reconsiderar su participación y reflexionar sobre los intereses a los que responde dicha iniciativa.