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“Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno” 

Por Luis Ovalle

Organizaciones defensoras de los pueblos indígenas y de derechos humanos, presentarán este viernes una solicitud de medidas cautelares, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), por la situación que se vive en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, con la imposición de un estado de sitio, en el que participan miles de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, en contra de población civil, que únicamente exige sus derechos, informó la abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas.

López dio a conocer que las entidades solicitantes son: el Bufete para Pueblos Indígenas, la Defensoría Q’eqchi’, la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Prensa Comunitaria y la Fundación Guillermo Toriello. “Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno, cuando desaparecían a la gente, en la que las fuerzas de seguridad estaban al servicio de los gobiernos autoritarios”.

Ya no hay a dónde acudir en Guatemala, no hay jueces imparciales, no hay órganos nacionales a dónde acudir, es por eso que buscamos la vía internacional y solicitamos a la CIDH que pueda escuchar esta petición y brindar las medidas cautelares a favor de la vida, de la seguridad y de la paz en el municipio de El Estor, Izabal”, anotó López.

¿Qué son las medidas cautelares?

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, identificados o identificables, que se encuentren en una situación de riesgo. Es importante contar con el consentimiento de la persona a cuyo favor se interpone la solicitud, o en su defecto que se justifique razonablemente la imposibilidad de obtenerlo.

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Por su parte, Eddy Aspuac, asesor jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas, señaló que son tres los aspectos fundamentales que consideraron para presentar esta solicitud ante la CIDH; primero: hay un proceso de preconsulta y consulta, porque se está inobservando el principio de buena fe que éste debe llevar, ya que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) lo ha llevado de manera acelerada y ha vulnerado el derecho de participación a las comunidades.

Segundo, hay una exclusión sistemática de las comunidades legítimas que se sienten afectadas en sus derechos en este proceso, que ven vulnerados sus derechos. El argumento del MEM ha sido que no están dentro del área de influencia, sin embargo la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), indica que debe considerarse todo el contexto social y cultural “¿en qué momento lo hizo el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y la empresa? no lo sabemos, pero, que obedezca solo a los 6.29 kilómetros cuadrados que establece el polígono de la licencia ambiental constituye una violación a los derechos de los pueblos indígenas, indicó.

Tercero, y lo más grave, es que ahora se establece un estado de sitio en el territorio, lo que además es totalmente incoherente, ilógico y antijurídico, porque ¿cómo es posible que el Estado pretenda desarrollar un proceso de diálogo pero a la vez imponga un estadio de sitio?; en un estado democrático como el que tenemos, esto es insostenible, destacó Aspuac.

Es por eso que pedimos a la CIDH que ordene las medidas cautelares en favor de las comunidades, que en este momento corren grave riesgo; hay persecución política, muchas autoridades indígenas se han escondido para resguardar sus vidas, agregó.

El papel de los medios periodísticos alternativos

En tanto, el diputado Aldo Dávila se refirió a la importancia del trabajo hecho por los medios alternativos en El Estor, que han dado a conocer lo que acontece, de forma permanente “no de ahora, sino desde que se dio la sentencia de la CC en contra de la minera, que ahora opera de forma ilegal”.

Es importante que quede claro eso, la licencia minera y extractiva fue cancelada por medio de una sentencia de la CC, sin embargo a pesar de ello vemos los camiones custodiados por cientos de agentes de la PNC cargados con ferroniquel. Esto evidencia un irrespeto total a las leyes guatemaltecas; las medidas cautelares son urgentes, mencionó el legislador.

Dávila destacó que la crisis está bien armada, ya que el ministro de Gobernación fue quien solicitó al ejército el apoyo, cuando en El Estor lo que hay son personas civiles, mujeres y adultos mayores. Debió ser la PNC la que continuara acompañando esta situación tan crítica.

Para López, llama la atención que se haya pretendido censurar a la prensa, en relación a lo que estaba sucediendo en El Estor ¿por qué?, porque obviamente la prensa da a conocer al mundo qué es lo que está pasando. Entonces, si se vulnera o se censura a la prensa no existiría esa posibilidad, no habría conocimiento nacional e internacional, si no fuera por la prensa. “No sabríamos qué es lo que está sucediendo”, dijo.

Momentos difíciles se viven en El Estor

Wendy López destacó que en El Estor, además de coartar la libertad de expresión, se está violando el derecho a la salud y a la educación ¿Qué niño va a estar en paz si están persiguiendo a su familia? ¿Cómo un padre o una madre va a dar de comer a su familia si están siendo perseguidos? y lo que vemos es a un Estado que protege más a una minera que otorga el 1 por ciento de regalías ¿Qué beneficio es eso para el Estado?, se preguntó.

Acabamos de recibir información de niños que están enfermos de COVID-19 y no están siendo atendidos; los centros de atención están prácticamente cerrados, a disposición de las fuerzas de seguridad. Hay desproporcionalidad, abuso de autoridad y de fuerza; además, tenemos conocimiento que otro contingente de 540 elementos de la PNC y del ejército se dirigen a El Estor.

Lin Valenzuela, de la Fundación Guillermo Toriello, lamentó que en el marco del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz se esté violentando de esta manera al pueblo Q’eqchi’ ubicado en el área de influencia donde se instaló de facto la minera.

Valenzuela hizo un llamado a que el embajador de Suiza y las autoridades centrales de la empresa minera en ese país y que aglutina a otras naciones  -ya que en Guatemala solo son visibles los rusos-, para que asuman su responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos, personales, individuales y colectivos. “Criticamos fuertemente la colusión, el dejar pasar, pero también de actuar, por parte del Estado de Guatemala”, indicó.

Dávila también hizo referencia al hecho de que el presidente Alejandro Giammattei desapareciera la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el año en el que se cumple el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz; “no hay instancias que deberían atender de manera más clara y objetiva, sin violencia, porque la Comisión Presidencial de Derechos Humanos no tiene las capacidades para atender la problemática”.

“No podemos callarnos; tenemos que alzar la voz ante los Estados, ante la visión de los ojos internacionales, porque no podemos permitir nuevamente un conflicto armado interno… esperaríamos que la CIDH atienda esta solicitud y ordene que la misma sea atendida por el Estado guatemalteco, demande verificación y protección a sus ciudadanos y no a los intereses mineros”, concluyó Wendy López.

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Créditos: Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

Prensa Comunitaria ha estado en el municipio lacustre de Izabal desde el 4 de octubre, cuando la resistencia Q’eqchi inició una protesta pacífica contra la operación ilegal del proyecto minero Fénix de la compañía suiza de capital ruso Solway. Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ Kawa Siyab’, San Baals, Oxlaju Aj, y Qana Tomasa reclaman no haber sido tomadas en cuenta en la preconsulta que dirige el Ministerio de Energía y Minas acerca de la operación de la mina y porque en el proyecto Fénix se sigue extrayendo níquel y tierras raras. Esto pese a que en 2019 la Corte de Constitucionalidad declaró que esa operación es ilegal, precisamente por falta de consulta, y por falta de los estudios ambientales pertinentes.

Los Cuatro Consejos nunca cerraron el paso de la carretera, ni afectaron el comercio, como ha insistido el gobierno de Alejandro Giammattei y la gran empresa privada guatemalteca; solo impedían la entrada de suministro de carbón a la mina y la salida de ferroníquel hacia Puerto Barrios. Este es el relato de lo ocurrido entre el viernes 22 y el lunes 24 de octubre en El Estor.

Prensa Comunitaria*

Viernes 22 de octubre. Primeras horas de la tarde.

Los primeros disparos de bombas lacrimógenas se escucharon poco antes de las dos de la tarde. Al menos dos centenares de policías antimotines se habían formado sobre la calle principal del municipio, a unos 100 metros del terreno en que los líderes de la resistencia pacífica Q’eqchi’ se habían instalado desde el 4 de octubre a un costado de la carretera. Sonó un impacto seco. Luego otro. Y otro. El humo acre, que oprime la garganta, seca la boca y se ensaña como miles de punzadas sobre el rostro y los ojos, llenó el aire de El Estor.

Muy pronto, tras la línea de policías, surgió la mole metálica azul, un cabezal que jalaba la primera plataforma cargada del carbón a la que los policías querían abrir paso para llevarla hasta la mina extractora de níquel del proyecto Fénix a unos siete kilómetros al oeste, sobre el camino a Panzós. Más camiones esperaban a prudente distancia, uno detrás del otro.

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Por Vanessa Garcìa Navarro

^{En portada: Presentación de los impactos socioambientales en la Cuenca del Atoyac-Zahuapan por el Padre Rubén García Muñoz (diciembre de 2019). Falleció en diciembre de 2020 por problemas renales. Foto: Martín Álvarez Mullally / OPSur}

El discurso de “atraer inversiones para generar más empleos, disminuir la pobreza y alcanzar el desarrollo” se ha ido difundiendo y fortaleciendo en las últimas tres décadas en México, sobre todo después de la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo entre la Unión Europea y México (TLCUEM), los cuales representan una invitación para explotar al país.

Según indica el informe de la Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México -iniciativa nacida de organizaciones sociales mexicanas relacionadas a la Asamblea Nacional de Afectadas/os Ambientales de México (ANAA) y el Transnational Institute- el territorio mexicano es para múltiples empresas trasnacionales un paraíso industrial, mientras que para sus propios habitantes se está convirtiendo en un infierno ambiental.

Es un hecho que la industrialización – sobre todo, aquella mal regulada – produce contaminación (del suelo, el aire y el agua), genera desechos tóxicos, ocasiona enfermedades y muerte; además del despojo de miles de personas que son forzadas a desplazarse para abrir cancha a las empresas, muchas veces privadas y extranjeras. No obstante, estas problemáticas mayúsculas no se visibilizan y, peor aún, se les niega el estatus de emergencia sanitaria y ambiental pese a ser evidente la situación.

La Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México realizó una investigación enfocada en seis puntos alrededor del país, en la cual desmenuzó información vital para la comprensión del problema: las industrias establecidas, los estragos ocasionados al medio ambiente y las consecuencias en la salud de los pobladores de aquellas zonas.

Zonas estudiadas

Cuenca del río Santiago (Guadalajara)

Aquí yacen dos de los corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma (con más de mil empresas orientadas a la manufactura) y Ocotlán-El Salto (con aproximadamente 700 empresas orientadas a la rama metalúrgica, metalmecánica, química y farmacéutica, automotriz, eléctrica y de alimentos y bebidas.

Según datos recabados en seis poblaciones cercanas al rio Santiago, más de medio millón de personas se encuentran expuestas a la contaminación ambiental, es decir, la tercera parte de los que habitan al margen del lago Chapala y del río Santiago.

Estudios demuestran que el 40% de las infancias de Juanacatlán contenían arsénico en el cuerpo, mientras que el 93% albergaban plomo. En la ciudad de El Salto 98% de las infancias guardaban cadmio en sus cuerpos.

Cuenca de la Independencia (Guanajuato)

La industria predominante es la agroalimentaria. El mercado estadounidense es el mayor beneficiario de la excesiva explotación acuífera de la zona. Medio millón de personas son afectadas por los malos manejos de desechos que producen que el agua extraída contenga fluoruro, arsénico, sodio, magnesio y otros minerales dañinos para la salud humana. La población tiene tendencia a presentar enfermedades renales crónicas (ERC), requerir de trasplantes renales y fluorosis dental.

Cuenca del río Tula en el Sur del Valle del Mezquital (Hidalgo y Norte de la Ciudad de México)

La industria cementera, extractivas y refinerías son la predominantes, dejando tras de sí aguas industriales residuales que son desechadas en el río Salado y el río Tula. Lamentablemente, el ciclo de aquel líquido no termina en los ríos, puesto que es reutilizado para la agricultura.

Hay un millón de afectados, quienes reportan cáncer que ha atacado diversos órganos, malformaciones congénitas, enfermedades respiratorias e insuficiencia renal entre otras enfermedades.

Igualmente, hay ocho cementeras que incumplen la normativa ambiental y suman estragos en la zona.

Cuenta del Atoyac-Zahuapan (Puebla)

Operan 20,400 empresas entre las cuales destacan las del ramo petroquímico y manufacturero. Entre los años del 2002 al 2016, por la inadecuada recolección de residuos sólidos y sus constantes descargas de aguas residuales industriales, así como del propio municipio, se han ocasionado 906 abortos espontáneos, 26,477 muertes por cáncer y 4,379 decesos por insuficiencia renal. Del 2015 al 2019, en promedio, cada dos hora y media moría una persona por neoplastias relacionadas a órganos genitales femeninos o cánceres relacionados a la sangre.

Cuenca Libres-Oriental (Puebla)

Los megaproyectos enfocados a las plantas eólicas y minas son el mal que aqueja la zona, ya que, no conformes con haber acaparado las tierras, desplazando a las comunidades originarias de las zonas, también sobreexplotan los mantos acuíferos y posteriormente descargan sus desechos en el río Atoyac. El agua contaminada se usa posteriormente para la cuestión agrícola.

También están presentes las megragranjas porcícolas pertenecen a la empresa estadounidense “Granjas Carroll” y algunos invernaderos que suelen utilizar cañones antigranizo para proteger su propia producción a expensas de privar de agua a los cultivos de campesinos locales.

Istmo de Tehuantepec Norte (Veracruz)

El Corredor Industrial- Uxpanapa, que resulta ser uno de los más antiguos e importantes de Latinoamérica se encuentra en Coatzacoalcos. Predomina la industria petroquímica y química que viene ligada con la contaminación del agua y en consecuencia a daños a la salud de la población.

Los países europeos que han implantado sus industrias en México y han causado los efectos negativos en la salud de la población y el medio ambiente anteriormente expuestos son Alemania, Bélgica, Países Bajos, Estado Español, Reino Unidos, Suiza, Francia. Las actividades que desempeñan van desde la fabricación de fórmula infantil, piezas automotrices, tequila, productos químicos y generadores eléctricos entre otros.

Entre las empresas destacables por el daño que causan a la población mexicana y su medio ambiente están: Syngenta (comercializadora de plaguicidas de alto riesgo) y Nestlé (que se dedica a la producción de comida para bebés, para mascotas, medicina, sopas, cereales, salsas, dulces, agua embotellada y café), Lafarge Holcim (productora de cemento), Bayer (que es una productora farmacéutica e igualmente productora de pesticidas y semillas transgénicas), BASF (empresa de química y agrícola), Iberdrola (propia del sector energético) y la Volkswagen (gigante automotriz).

La Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México demuestra con su estudio que atraer y retener a la industria sin prevenir ni atender las emergencias sanitarias y ambientales es un error garrafal en el cual los tres niveles (municipal, estatal y federal) del gobierno mexicano deberían intervenir de manera oportuna y responsable. Lamentablemente, las denuncias hechas en la investigación fueron lograda gracias a la organización de las propias comunidades afectadas, tristemente no por que el gobierno tomara cartas en el asunto. El único recurso ahora es difundir esta información, ejercer presión sobre el gobierno y exigir que se desarrollen y se hagan cumplir programas y protocolos adecuados para el manejo de esta crisis que ya esta presente dejando tras de si muerte y enfermedad para el planeta y su gente.

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El Estado de Guatemala, a través de su policía y ejército, está actuando como un brazo armado particular al servicio de la minera de capital ruso Solway, propietaria de la planta de extracción en El Estor, Izabal.

Para proteger los intereses económicos de los rusos, soldados y agentes antimotines bajo las órdenes del gobierno de Alejandro Giammattei, han arremetido por la fuerza contra decenas de comunidades Q’eqchi’ que mantienen desde hace 21 días una protesta pacífica en la entrada del municipio de El Estor, para evitar el paso de camiones cargados del carbón que la mina rusa necesita para operar.

Durante los últimos siete días de esa protesta, la Policía Nacional Civil ha acompañado a representantes de instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la gobernación departamental, la Comisión Presidencial de Diálogo de Izabal en lo que aparenta ser una negociación con quienes protestan pero es en realidad una estrategia de desgaste para asegurar el paso de los camiones con carbón para la minera.

Mientras escribimos este editorial, en la mañana del 23 de octubre, fuerzas antimotines del ejército y la policía, acompañados ya por dos helicópteros, se disponían a arremeter por la fuerza contra los pobladores que mantienen cerrado el paso a los camiones en protesta porque sus legítimos representantes no han sido tomados en cuenta en la preconsulta popular para avalar la operación de la mina.

Eso precisamente, la operación de la mina, es la primera ilegalidad con que el Estado de Guatemala ha protegido la operación rusa en El Estor, ya que una sentencia de 2019 de la Corte de Constitucionalidad, proclamada en firme en 2020, prohibió toda actividad minera porque la empresa irrespetó el derecho a consulta con las poblaciones originarias establecido en la ley de Guatemala.

A pesar de la sentencia, el Estado nunca hizo algo para detener la operación minera ilegal. Hoy, por el contrario, el gobierno, bajo el mando de Giammattei, se embarca en una nueva ilegalidad al reprimir a los Q’eqchi’ para garantizar la operación rusa. Todo esto ocurre, además, luego de que el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, reveló que el Ministerio Público investigaba posibles sobornos entregados por los rusos directamente al presidente y de que, tras la entrega de esos dineros, el Estado aprobara más licencias mineras.

Los comunicadores de Gobernación, de la Policía, y medios afines al gobierno en este caso han intentado instalar la narrativa que los pobladores de El Estor mantienen bloqueado el acceso al municipio, lo que impide la actividad económica normal. Eso es mentira. Prensa Comunitaria ha constatado, con presencia constante en el terreno, que los pobladores solo impiden el paso a los camiones de la minera; el resto de vehículos siempre han tenido paso libre.

El viernes 22 de octubre, tras un nuevo montaje de pretendida negociación policial liderado por la jefa de la PNC en Izabal, al menos 200 antimotines intentaron escoltar la entrada por la fuerza de un camión cargado de carbón. Para hacerlo, los policías intentaron dispersar a los protestantes con gases lacrimógenos. Al frente de todo había un pick up en el que viajaban cuatro rusos. Prensa Comunitaria documentó la arremetida y pudo constatar que fueron los policías quienes iniciaron la agresión y que su objetivo último era garantizar el paso del camión: cuando vieron que no iba a ser posible, desistieron.

La urgencia de la PNC, y a partir de este 23 de octubre del ejército, no es otra que garantizar el suministro de carbón sin el que la mina rusa no puede seguir funcionando, según constató Prensa Comunitaria en El Estor. De acuerdo con los informes que hemos recabado, ya en la mina están echando mano de las reservas de carbón.

No es por garantizar el derecho al tránsito porque este ha discurrido con normalidad durante las protestas. No es por el beneficio económico del pueblo Q’eqchi’ en El Estor. Es por proteger a los rusos a cuya minera el Estado de Guatemala ha permitido operar ilegalmente durante dos años y con quienes, según las investigaciones truncadas del MP, el gobierno Giammattei ha hecho tratos oscuros.

Para garantizar esa protección, el Estado de Guatemala, una vez más, se alista para reprimir a su propio pueblo. 

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Por Vanessa Garcìa Navarro

^{Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar”, asevera Nemonte Nenquimo.}

El lunes (18), en el contexto de la investigación de la Asamblea ecuatoriana sobre los posibles delitos financieros del presidente Guillermo Lasso Mendoza, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (CONCONAWEP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), presentaron ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el ejecutivo por la aprobación reciente de políticas de hidrocarburos que afectan sus territorios.

El Decreto Ejecutivo en cuestión es el 95 (aprobado el 7 de julio), que plantea la meta de duplicar la producción de petróleo, es decir, elevar la producción de barriles de petróleo de 500 mil a un millón de unidades diarias en un lapso de cuatro años (2025). La aplicación de esta política requiere incrementar la extensión de territorios originarios de la Amazonia destinados a la actividad petrolífera.

Aunque la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas (DNUDPI), a través del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), obliga al gobierno ecuatoriano a consultar a los pueblos indígenas antes de realizar un procedimiento de dicha índole, la realidad es que ninguno de estos puntos fue respetado.

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Cientos de miembros de los pueblos originarios de la Amazonia de Ecuador: Waorani, Secoya, Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Andoa, Sapara y Ai Cofan; de edades variadas, emperifollados con las vestimentas tradicionales de sus comunidades, emprendieron el lunes (18) por la mañana una marcha desde el norte de Quito, previo a la entrega de la demanda.

Defender la Amazonia

Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, quien encabezó la entrega de la demanda, reclamó que el presidente tomara la decisión de “una política de muerte” anulando la voz de los pueblos que se han visto afectados negativamente por el extractivismo petrolero y minero. “Por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho”.

La lideresa Waorani, presidenta de la CONCONAWEP y activista galardonada como “nobel del medio ambiente”, Nemonte Nenquimo, manifestó “el Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura”.

Y es que, el hecho de que cuatro provincias waoranis estén siendo ocupadas por siete petroleras trastorna la vida de sus habitantes originarios, quienes denuncian aumentos de pobreza y ni el más mínimo beneficio de la explotación de sus territorios.

Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE, exige “la remediación absoluta e inmediata del territorio de las nacionalidades indígenas contaminadas hace 50 años”, en referencia a la devastación ambiental provocada por los derrames de petróleo ocasionados por la empresa Chevron-Texaco y las afectaciones a la Amazonia ecuatoriana y su población.

Próximamente la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofan de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA) someterán otra demanda, para afianzar su lucha contra las licencias ambientales para la actividad extractiva, ahora contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca incrementar la actividad minera en puntos críticos del paisaje amazónico y “relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía”.

Pese a que para algunos este evento podría parecer ajeno y distante a las vidas de personas de otras geografías, la realidad es que este tremendo acto de inconstitucionalidad por parte del gobierno ecuatoriano alienta la destrucción de las Amazonas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el mundo, y como en efecto dominó corrompe el equilibrio ecológico del planeta entero. Leónidas Iza recalca esto al mencionar que “no es un problema de los indígenas, es de la civilización, hay que proteger la Amazonía”.

Cómo procederá la demanda ante los tribunales sigue siendo una incógnita; sin embargo, se espera que sea a favor de los guerreros que siempre han protegido y vivido en la inmensidad de la Amazonia.

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de octubre de 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Este día se cumplen ya 23 años con 10 meses de que fueron masacrados por los paramilitares priístas del Municipio de Chenalhó nuestras 45 hermanos y hermanas mártires, más 4 bebés que se encontraban aún en el vientre de sus madres, masacrados todos cuando se encontraban en el segundo día de ayuno y oración a Dios por la Paz en nuestro pueblo. Se cumplen 23 años con 10 meses de que estos paramilitares ejecutaran un crimen de estado, cuidadosamente planeado y coordinado para contrarrestar a las fuerzas insurgentes del EZLN, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 1994, con participación de los tres niveles de gobierno, cuyo máximo responsable fue Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces presidente de la República. Se cumplen 23 años con 10 meses sin justicia por el terrible crimen de lesa humanidad cometido en esta tierra, que se hizo sagrada con la sangre inocente de nuestras hermanas, hermanos, hermanitos y hermanitas mártires, y se hace cada vez más digna con la resistencia de los sobrevivientes y familiares de los caídos que no se han vendido y de nuestra organización que permanece denunciando a los responsables para que no se entierre la verdad.

Después de tantos años de persistente denuncia de las reiteradas y graves violaciones a nuestros derechos humanos, y de comprobar que en México no hay ninguna instancia ni administración que haya estado verdaderamente dispuesta a traernos la justicia, hoy está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentar su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal) y obligar al Estado mexicano a aplicar las medidas necesarias para castigar a los responsables y que se conozca la verdad, para poder evitar que algo así vuelva a ocurrir en nuestro estado y en nuestro país.

Además de que tenemos ya 23 años y 10 meses resistiendo los golpes del gobierno y pidiendo únicamente justicia y verdad, ahora nos han dejado también con la misión de luchar por justicia en el asesinato de nuestro compañero Simón Pedro, luchador a quien mataron sin tener culpa alguna, simplemente por defender al pueblo que sufre y buscar activamente la paz. A diferencia de la investigación en el caso del asesinato del exfiscal de Justicia Indígena de los Altos de Chiapas, Gregorio Pérez Gómez, donde el pasado 12 de octubre detuvieron al presunto autor intelectual, Daily de los Santos Herrera; el gobierno ya quiere cerrar el caso de nuestro compañero Simón Pedro Pérez sin determinar quién dio la orden para que lo mataran, y los abogados defensores de su asesino material están buscando cualquier pretexto para que salga libre lo más pronto posible. Sin embargo, nosotros no lo vamos a permitir y estamos esperando todos los datos de prueba que salgan como resultado de la necropsia que se realizó a los restos de nuestro compañero Simón el pasado 15 de octubre del 2021. Pero queremos que se sepa que está confirmado que la causa de su muerte fue por bala que le atravesó el cráneo, y nadie puede decir que fue otra la causa. Así, aunque el gobierno quiere que ya ni se hable de las 49 vidas arrebatadas en la Masacre de Acteal, ni del asesinato cometido contra Simón Pedro, nosotros seguiremos exigiendo justicia y elevando nuestra voz mes con mes, hasta obtenerla.

Saludamos con todo nuestro respeto y admiración a todos los hermanos y hermanas que en 20 años –desde el 19 de octubre de 2021- tampoco se han cansado de pasar por todas las instancias necesarias para luchar por justicia en el asesinato de nuestra compañera abogada defensora de derechos humanos Digna Ochoa. No se dieron por vencidos aunque el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador cuando se investigaba la muerte de la defensora de ecologistas, estudiantes y campesinos acusados de ser guerrilleros, difundió la mentira de que ella se había suicidado y logró parar las investigaciones para dar con sus verdaderos asesinos, que fueron militares y caciques del estado de Guerrero que habían sido afectados en sus intereses por el activismo de los presos políticos que ella defendía. Y siguen luchando por justicia ahora que el caso de nuestra hermana se encuentra ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del estado Mexicano por violaciones a los derechos humanos de los familiares de Digna durante la investigación del caso, y de que el gobierno tampoco cumplió con las medidas que esa Comisión les ordenó para reparar los daños e impedir que se repitiera este tipo de crímenes contra defensores de derechos humanos en el país.

Lamentablemente, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se sigue asesinando, encarcelando y desapareciendo a los que defienden la Tierra y los derechos humanos. Los ricos siguen ricos y aumentando sus riquezas y los pobres siguen pobres. La dichosa “Cuarta Transformación” no ha cambiado lo que han hecho los anteriores gobiernos, y parece que les gusta ver a nuestros pueblos llenos de armas. Cada vez son más las armas que el crimen organizado importa ilegalmente en nuestro país. Y también han fracasado en el combate a la corrupción de las corporaciones policiacas, donde se multiplica la cantidad de armas que “se pierden” y luego se venden en el mercado negro. Y la militarización de la seguridad pública que este gobierno ha promovido, hace crecer aún más el número de armas en nuestros territorios. Se ha sabido que esto incluso tiene como consecuencia el aumento de los feminicidios, en especial los que se cometen con armas de fuego.

Y nosotros estamos viendo cómo hay narcotraficantes por todas partes, y su influencia y la descomposición y violencia que desatan va aumentando peligrosamente en nuestras comunidades. Por eso en nuestros territorios han surgido los grupos que se autonombran Autodefensas del Pueblo y cada vez hay más.

Y además del peligro que viene con tantas armas y lógicas militares en nuestra región, la vida se va poniendo cada vez más difícil para los pueblos, especialmente para los que no aceptamos “los apoyos” o migajas que da el gobierno para tenernos divididos y callados. Pues en esta administración han subido muchísimo los precios de lo que los indígenas necesitamos comprar también para vivir, como el maíz, el azúcar, el detergente y la gasolina. Y lo que no sube es el precio de lo que nosotros producimos para vender, como el café y la miel. En nuestras comunidades indígenas el jornal diario tampoco sube, así que a nosotros no nos alcanza para comer dos kilos más de tortilla, como dice el presidente que pasa desde que entró a gobernar.

Entre toda esta difícil situación, queremos reiterar que nosotros seguimos con el encargo de Jesús y de nuestros mártires de seguir organizados, luchando pacíficamente con nuestras palabras, acciones, resistencia y sin armas, como Pueblo de Dios y Pueblo creyente, denunciando las injusticias y proclamando la verdad, aunque no les guste a los poderosos. Tal como lo ha hecho siempre el Padre Marcelo, que ha sido Profeta y Pastor, viendo a los pobres, defendiendo a los presos, ayudando a los perseguidos, aunque esto le haya traído amenazas graves que provocaron que ya no pudiera seguir trabajando en la Parroquia de Simojovel. Sabemos que este cambio fue necesario pues peligraba su vida, sobre todo después de haber sido difamado por el presidente electo de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, quien lo acusó de organizar y encabezar al grupo de Autodefensas “El Machete”, cuando en realidad lo que hizo fue arriesgar su vida para mediar en el grave conflicto que se ha vivido en Pantelhó. Pero estamos seguros que, desde San Cristóbal de las Casas, el Padre Marcelo seguirá adelante con la misión que Dios le ha encomendado y con el invaluable trabajo que ha hecho hasta ahora en la defensa de los derechos humanos en Chiapas, por lo cual ha recibido incluso el reconocimiento de pastores de otras religiones en la región.

Hermanos y hermanas, queremos que sepan que Las Abejas de Acteal tampoco nos cansaremos de exigir justicia y luchar por ella cada día. Pedimos también a nuestras organizaciones hermanas que tampoco se cansen de luchar. Sabemos que son muchos los esfuerzos por defender la tierra y los territorios del avance de los Megaproyectos que se están impulsando en nuestro país con el apoyo del mal gobierno, como el Corredor Interoceánico que están tratando de imponer en el Istmo de Tehuantepec. Por eso nos unimos a la condena por que cada vez son más comuneros, ejidatarios, autoridades comunitarias e integrantes de las organizaciones que sufren hostigamiento y persecución, como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y la Resistencia Civil del Istmo, Corriente del Pueblo Sol Rojo y la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia (COPIR).

Saludamos a las más de 30 Comunidades y colectivos a nivel nacional qué defienden el agua, el territorio y los derechos de los Pueblos Originarios, que se reunieron el pasado 16 y 17 de octubre el «Encuentro Nacional de Luchas y Resistencias en Defensa del Agua, el Territorio y Contra los Megaproyectos de Muerte» con sede en la Okupa Zapatista Casa Chiapas; espacio qué fue tomado el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México como parte de las acciones globales contra el paramilitarismo y la guerra en Chiapas. Entre otras cosas, nos preocupa cómo el gobierno está implementando sus proyectos a como dé lugar, violando sus propias reglas. Por ejemplo, la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco denunció que la construcción de un puente vehicular se completó ahí, a pesar de los amparos otorgados a la Coordinación. También los compañeros que siguen organizados en el Plantón de Huexca-Morelos y el Plantón de Azurco contra la Termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos, comentaron que «los amparos no funcionan, pues la Termoeléctrica es más bien un Cuartel Militar con más de 200 militares resguardando el proyecto».

Les pedimos a las compañeras y compañeros de la delegación del CNI-CIG y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala que se encuentran en Europa en la Gira por la Vida, que sigan llevando nuestra palabra y enlazando nuestras luchas con las de otros colectivos y hermanos que luchan allá contra los saqueos de los bienes comunes de los pueblos, por parte de las empresas capitalistas neoliberales en todo el mundo.

También queremos decirles a nuestros hermanos del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata que estamos pendientes de lo que les pasa en su lucha contra los narco-paramilitares del grupo “Los Ardillos” en la Montaña Baja de Guerrero, quienes están protegidos por los tres niveles del gobierno y ya les han asesinado a 34 compañeras y compañeros. Sabemos que el pasado 28 de septiembre les hicieron una nueva emboscada e intentaron entrar en varias de sus comunidades, hiriendo de gravedad a otros tres de sus compañeros, lo que nos sigue doliendo e indignando.

Hoy que estamos a sólo dos meses de conmemorar el 24 Aniversario de la Masacre en esta tierra sagrada, y a tan sólo una semana de esperar a nuestros mártires para respetarlos y encontrarnos con ellos y con todos nuestros otros difuntos para pedirles que nos sigan animando y sosteniendo en esta la lucha por la vida, les pedimos a todos los que resisten en México y en el mundo que no se cansen de luchar, de construir la paz verdadera y de exigir con nosotros la justicia por el caso Acteal.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                         Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                       Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez                                             Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                                sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

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Durante la jornada de éste miércoles 20 de octubre, desde tempranas horas de la madrugada se han realizado una serie de manifestaciones en contra de la presencia militar en territorio mapuche, luego de que el presidente Sebastián Piñera decretara estado de excepción el pasado 12 de octubre, para lo que geográficamente denominan como «macrozona sur», lo que corresponde a localidades movilizadas del Wallmapu.

Acciones simultáneas se realizaron en las rutas Maquehue-Nueva Imperial y Maquehue-Freire, en las cuales se dejaron diversos mensajes en rechazo al decreto presidencial, además de cortes de ruta en distintos puntos.

Compartimos registros enviados a Radio Kvrruf

«…En rechazo a la militarización del wallmapu. Exigiendo la salida de los milicos del territorio mapuche y la libertad del weichafe Luis Tranamil» , señalaban estas primeras acciones reportadas.

En avenida Javiera Carrera con Pedro de Valdivia también se levantaron barricadas donde además de manifestarse en rechazo a la presencia militar, se hace un llamado a la organización y lucha desde las distintas poblaciones de la ciudad. Compartimos registros y mensaje enviado para su difusión:

«Que arda la calle en memoria de lxs muertxs y presxs por el estado $hileno. Han pasado dos años desde la revuelta social y lo único que ha cambiado es el total de compañerxs asesinados por manos del gobierno y el estado. Hacemos un llamado a la lucha y la organización desde las poblaciones.Fin a la militirizacion del wallmapu y del estado de excepción, que lo único que busca es aumentar la reprensión en las comunidades.Fuera milicos del wallmapu !!!».

En horas de la mañana en avenida Francisco Salazar de Temuco también se realizaron manifestaciones con interrupción de tránsito y propaganda en cercanías de la Universidad de La Frontera. Compartimos registro y mensaje emitido:

«Mari mari kom pu che Comunicamos a nuestro pueblo nación mapuche y a todos los simpatizantes de la lucha de nuestro pueblo, que hoy miércoles 20 de octubre del año 2021, interrumpimos el tránsito en la calle Francisco Salazar, por que repudiamos la militarización una vez más en nuestro territorio, en donde el estado chileno busca continuar reprimiendo y amedrentando a nuestra gente.Rechazamos la creciente ola represiva que ha desatado el estado en el territorio mapuche, y reafirmamos el compromiso del hogar Pelontuwe con la lucha de nuestro pueblo, basta de represión para silenciar nuestra lucha. TXIPATUPE WIGKAKE ANÜMKA TAIÑ MAPU MU, TXIPATUPE PUKE KARÜKECHE TAIÑ MAPU MU, ZOY NEWENTU WEICHATULEAIÑ TAIÑ INGKANIEPEAFIEL IÑ ITXOFILLMOGEN, WEWAIÑ, AMULEPE TAIÑ WEICHAN KOM WALLMAPU MU!!»

Hasta el momento no se informa de detenidos por parte del personal policial, y se realizan múltiples llamados a manifestarse ante lo que consideran una nueva especie de «pacificación» de la araucanía, donde ya se ha registrado presencia policial y militar en la mayoría de los accesos a comunidades principalmente en resistencia.

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Por Aldo Santiago

^{En portada: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Este cultivo se caracteriza por la alta demanda de agua, la erosión de los suelos y la vulneración de la soberanía alimentaria de las comunidades. Pese a ello, se ha expandido a escala global con apoyo de la agroindustria y financiamiento de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Foto: Aldo Santiago}

Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.

“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.

En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.

De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.

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Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.

Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.

“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.

Inversiones para el despojo

Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.

Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.

También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.

Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.

Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.

“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.

Casos

Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:

• El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
• En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
• La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN,  antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
• La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
• El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.

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Por Sare Frabes