^{En portada: Trecho del Gasoducto Sonora que pasa por la comunidad de Loma de Bácum. Foto: Santiago Navarro F.}

El pasado 29 de septiembre se publicó oficialmente un decreto donde el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, restituyó 2 mil 900 hectáreas del territorio de la Tribu Yaqui, en Sonora. Reconoció el derecho a este pueblo originario de utilizar el 50% del agua del río Yaqui para uso agrícola en el territorio de los ocho pueblos que conforman la Tribu. El resto del agua es para productores a gran escala y las zonas urbanas más destacadas de la región, incluyendo la capital de esta entidad, Hermosillo.

La noticia fue emitida en una ceremonia pública en el municipio de Vicam, donde el mandatario pidió perdón por los agravios cometidos por los gobiernos que le antecedieron hacia los ocho pueblos originarios que componen la Tribu Yaqui: Loma de Bácum, Huirivis, Rahum, Potam, Vícam, Tórim y Corit o Loma de Guamúchil.

A escasos metros del evento se encontraba la autoridad tradicional de Loma de Bácum que, al igual que la gente de su comunidad, conocida como la Tropa Yoeme (niños, mujeres, hombres y ancianos), no se le permitió el acceso al evento.

La autoridad que representó a la comunidad de Loma Bácum en este evento, y en las negociaciones previas, no ha sido elegida de forma tradicional por esta comunidad y tampoco ha tenido el consentimiento de la Tropa Yohemia.

“Nosotros desconocemos a esta autoridad porque son los que atacaron (en 2016) con armas de fuego a la autoridad legítima y toda la comunidad para intentar imponer el cruce de un gasoducto por nuestra comunidad”, señaló Carmen García, de Bácum y esposa de Fidencio Aldama, integrante de la Guardia Tradicional que reconoce la comunidad de Bácum.

Fidencio fue detenido el mismo año en que el grupo armado irrumpió en la comunidad. Fue condenado a 15 años y seis meses de prisión por cargos falsos relacionados con la muerte de una persona. Hoy, personajes que conformaron este grupo de choque fueron los que se han sentado con el resto de los pueblos para recibir la noticia del decreto por parte del gobierno.

Carmen dice para Avispa Midia, “todo empezó porque querían imponer a una autoridad que aceptara el gasoducto”, el colmo dice, “es que llegaron armados y disparando. Mi esposo era parte de la Guardia Tradicional y, junto a los demás miembros, pues intentaron proteger a la comunidad. Entonces inculpan injustamente a mi esposo. A pesar de que presentamos pruebas que muestran todo lo contrario a lo que han montado, como el tipo de armas que usan legalmente nuestra guardia y el arma con la que se perpetró el asesinato. A la detención de mi esposo se suma la desaparición de diez integrantes de nuestra comunidad, esto sucedió desde el mes de marzo. Lo que pretenden es debilitar a nuestra comunidad para dar paso al gasoducto y proyectos mineros en la región”, arremete Carmen.

El gasoducto al que se refiere Carmen es un proyecto que inició en 2012 para la construcción y operación del sistema de transporte de Gas Natural denominado Gasoducto Sonora. Este complejo es propiedad de le empresa estadounidense Sempra Energy y es operada por su filial en México, IEnova. Un complejo dividido en dos segmentos que en total suman 830.56 kilómetros: Segmento I, denominado Gasoducto Sásabe – Guaymas (GSG); Segmento II, denominado Gasoducto Guaymas – El Oro (GGO), fracción que atraviesa el territorio indígena Yaqui.

La abogada Yaqui, Anabela Carlón, de Loma de Bácum, sostiene que el escenario de violencia vivido en esta región está vinculado al intento de implementar una serie de proyectos en sus territorios. “Los desaparecidos eran personas que se habían opuesto a la explotación minera, a la construcción del Acueducto Independencia, que suministra agua a la capital de Hermosillo, y al Gasoducto Sonora que fue proyectado para pasar a 300 metros de la comunidad”.

“Dos días después de que fueron desaparecidos nuestros hermanos, nos tenían que informar sobre las medidas para la reubicación de este gasoducto porque nosotros mantenemos nuestra postura de no dejar que cruce por Loma de Bácum. Después de las desapariciones no supimos más y hoy nos traen este decreto que, a pesar de decirnos que nos beneficia, no conocemos con profundidad lo que realmente implica”, puntualiza la abogada, ya que el gobierno federal legitima la autoridad indígena que está a favor de los proyectos.

Presión para concluir el gasoducto

Se supone que esta corporación brindaría al gobierno de México el servicio de transporte y venta de gas extraído en Estados Unidos mediante el método conocido como Fracking, desde el año 2014. Aunque nunca concluyeron esta infraestructura, por tanto, no han brindado nada de gas.

Sin embargo, el documento Estados Financieros Consolidados y Auditados de Sempra Energy de 2021 anuncia a sus inversionistas que su filial IEnova recibió pagos apegados a la cláusula “de fuerza mayor”. Es decir, de acuerdo con el contrato firmado, el gobierno mexicano tiene la obligación de pagar a la empresa, aunque dicha empresa no brinde el servicio. IEnova acusa el pueblo de Bácum de ser el culpable, ya que no permite que el gasoducto pase por su territorio. Estos pagos fueron desde 2017 hasta 2019.

El gobierno de Obrador renegoció con IEnova los contratos firmados antes de su administración por considerarlos “ventajosos y leoninos”. Resolvieron que los pagos por “fuerza mayor” se suspenderían y los pagos por los servicios se reanudarían cuando se repare la sección dañada del segmento Guaymas-el Oro, que se encuentra en Loma de Bácum.

El informe de Sempra Energy alertaba que “si el ducto no se repara antes del 14 de marzo de 2021 y las partes no acuerdan una nueva fecha de inicio del servicio, IEnova se reserva el derecho de rescindir el contrato y tratar de recuperar sus costos razonables y documentados y sus ganancias perdidas”.

Además, advierte, “si IEnova no puede hacer tales reparaciones (que no han comenzado) y reanudar las operaciones en el segmento Guaymas-el Oro del ducto Sonora o si IEnova rescinde el contrato y no puede obtener recuperación, puede haber un impacto adverso importante en los resultados de operaciones y flujos de caja de Sempra Energy y en nuestra capacidad para recuperar el valor en libros de nuestra inversión”.

El gobierno de Obrador está haciendo hasta lo imposible para activar el funcionamiento del Gasoducto Sonora, de lo contrario, tendrá que ajustarse a las acciones de la empresa. Hasta el momento no hay una declaración oficial del gobierno mexicano sobre las posibles acciones de la transnacional estadounidense.

Hasta 2018, junto al Gasoducto Sonora, 17 ductos más, de diversas empresas, como Carso y Transcanada, cobraron sus servicios sin brindarlos, como se detalla en la investigación “Los Ventajosos Beneficios de Sempra Energy en México” realizado por Avispa Midia. El saldo fue de 16 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe financiero del año 2018 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuando el gobierno de López Obrador asumió el poder, se sumaron 672 millones de dólares más por “pagos de fuerza a mayor” a estos proyectos que no estaban funcionando.

“Es por eso que nos llama la atención de que no hayan dejado pasar a nuestra autoridad tradicional, que obviamente, junto a la mayoría de la comunidad, nos oponemos a este proyecto. Por el riesgo que implica y porque no nos trae ningún beneficio”, dice Carmen.

La abogada dice, “si hay otros pueblos por donde quiere reubicar el gasoducto, pues que lo hagan. Aquí no hemos aceptado ningún dinero o proyecto, porque no lo queremos. Ahora queremos que aparezcan a nuestros hermanos y que liberen a Fidencio Aldama que esta injustamente en prisión”.

En el evento dónde fue presentado el Decreto, desplegaron una serie de pancartas. Resaltaba la mirada de rabia de las mujeres que, apenas dos días antes, les informaron oficialmente que habían encontrado los restos de sus familiares desaparecidos. “Ellos son cinco de diez hermanos que desaparecieron desde el 14 de junio”, dijo la abogada Yaqui quien se ha sumado a la búsqueda de los desaparecidos.

Por otra parte, este 27 de octubre, se cumplen cinco años desde que el preso político, Fidencio Aldama, se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de ciudad Obregón, Sonora. Diversos activistas y colectivos que trabajan contra las políticas carcelarias y la industria penitenciaria, que también forman parte de una campaña por la liberación de Fidencio, preparan acciones para seguir exigiendo su liberación inmediata.

^{Una versión de este texto fue publicado en Corriente Alterna}

^{En portada: Claudia Uruchurtu, activista de Nochixtlán, es víctima de desaparición forzada desde el 26 de marzo de 2021. Foto cortesía de la familia Uruchurtu.}

“¿Es un huesito de pollo o de mano?”, pregunta una de las mujeres que busca a sus familiares desaparecidos en el basurero de residuos orgánicos en los Valles Centrales de Oaxaca.

–¿A ver? –responde su compañera, y suelta la pala con que cava.

Ambas analizan el hueso detenidamente, lo comparan con su propia mano.

–No –concluye la segunda– es de pollo. Déjalo allá para que las demás lo vean.

Es 13 de agosto de 2021. Ocho mujeres y dos hombres, integrantes de la asociación civil Sabuesos Guerreras, participan en las primeras jornadas de búsqueda de la recién creada Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca.

Van vestidas para aguantar el sol, con gorras y botas. También llevan cubrebocas y alcohol para evitar un posible contagio de covid-19. Llegaron de madrugada en tres camionetas cargadas con picos, palas y varillas que ellas mismas consiguieron.

En este tercer día de la jornada de búsqueda se les notificó que no contarían con la custodia de la Guardia Nacional, que las había escoltado por barrancas y ríos durante las dos jornadas previas. Tampoco acudirá la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. La expedición queda, hoy, completamente en manos de los y las rastreadoras:madres, hermanas, esposas e hijas que se han visto orilladas a buscar por cuenta propia a los seres que aman.

“¿A quién buscan esta ocasión?”, les preguntó la prensa unos días antes, cuando anunciaron la jornada.

“A todos”, respondieron ellas, inmediatamente.

Claudia Uruchurtu

El caso más reciente de desaparición forzada por motivos políticos en Oaxaca es el de Claudia Uruchurtu Cruz, una mujer de 48 años de edad. Antes de ser desaparecida en Nochixtlán, su lugar de residencia en la región mixteca del estado, documentó y denunció la corrupción en el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta.

La noche del 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación en la plaza central de Asunción Nochixtlán. Al terminar, hombres desconocidos la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces está desaparecida.

Elizabeth Uruchurtu Cruz explica que su hermana Claudia había documentado el desvío y malversación de fondos del gobierno municipal, durante la administración de Lizbeth Huerta, quien en 2021 hacía campaña para reelegirse en el cargo.

Claudia había regresado a Oaxaca luego de visitar a sus hermanas en el Reino Unido en 2018. Volvió con el propósito de votar por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales.

“Le dijimos: ‘Quédate, ya va a empezar el verano’ –recuerda Elizabeth–. Nos dijo que no, que ella se tenía que regresar porque López Obrador estaba de candidato y tenía que ir a votar, porque una vez que llegara López Obrador las cosas iban a cambiar”.

Ese mismo día, primero de julio de 2018, Lizbeth Victoria Huerta fue electa presidenta municipal de Asunción Nochixtlán a través de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES). Era la primera vez que una mujer ocupaba la presidencia municipal y la primera vez que Nochixtlán era gobernado por un partido diferente al PRI.

Pero poco cambió. Cuenta Elizabeth: “Cuando empieza la nueva administración y Claudia se da cuenta de que, en lugar de que estén invirtiendo el dinero en mejorar el pueblo se lo están gastando en pendejadas, ahí empieza la denuncia…”

Claudia detectó que, con la llegada de Victoria Huerta al gobierno municipal, sus familiares estrenaron motocicletas, otros recibieron cargos públicos y la misma alcaldesa adquirió un reloj valuado en más de 160 mil pesos, entre otros lujos.

Claudia acudió a los tres niveles de gobierno para denunciar los hechos: presentó quejas ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Nochixtlán, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, al Congreso del Estado de Oaxaca, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación federal y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias. Nadie le respondió satisfactoriamente.

“Claudia nunca caracterizó su trabajo como activismo porque, en su pensar, toda la gente debería de estar luchando por sus derechos. Ella, simplemente, lo veía como su deber, como algo que cada uno debería estar haciendo para mejorar las condiciones en las que vives”, cuenta su hermana.

“Yo creo que, ahí, lo que pasó es que empezaron a ponerle presión al municipio por la cuestión de las auditorías. Llegó un momento dado en que las autoridades municipales decidieron que Claudia era muy incómoda”.

La alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta fue detenida el 7 de mayo de 2021, junto con dos de sus colaboradores cercanos, acusados de  la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Otras dos personas fueron detenidas el 22 de julio del mismo año. Todas están en espera de sentencia. La audiencia de defensa está prevista para el próximo miércoles 13 de octubre.

Elizabeth advierte que esto es inédito, en comparación con la impunidad que prevalece en el resto de los casos de desaparición en Oaxaca. Respecto del caso se han pronunciado la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Amnistía Internacional y parlamentarios del Reino Unido.

“Hemos tenido un acceso a las autoridades que no toda la gente tiene. Es, realmente, lamentable que tenga que ser así”.

Pese a todo, Claudia Uruchurtu sigue desaparecida.

El tamaño de la impunidad

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 3,629 personas en Oaxaca. El 90% de los registros corresponden a los últimos 10 años, durante los gobiernos de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) y Alejandro Murat Hinojosa (que empezó en 2016 y termina en 2022).

El mismo registro indica que 362 personas aún permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que la cifra real es mayor. La Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, por ejemplo, ha documentado la desaparición de 1,415 mujeres sólo en lo que va del gobierno de Alejando Murat.

Por otra parte, en las últimas dos décadas (entre el 2000 y el 30 de julio de 2021) sólo 35% de las personas que fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas, cuentan con una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, según informó la propia institución.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial del Estado informó que en los últimos 21 años únicamente ha iniciado 34 juicios por desaparición, pero no ha emitido una sola sentencia condenatoria.

Aprender a rastrear

Sabuesos Guerreras AC es una de las diversas organizaciones que buscan personas desaparecidas en México. La fundó en Sinaloa María Isabel Cruz Bernal, madre de Yosimar García Cruz, desaparecido en Culiacán el 26 de enero de 2017.

En 2020 la organización llegó a Oaxaca. Seis de sus integrantes viajaron al estado del sureste para capacitar a otras madres buscadoras.

“Llevamos, hasta la fecha –con cuatro años y seis meses desde su creación–, más de 180 cuerpos localizados. Tenemos más de 18 mil fragmentos calcinados y seguimos encontrando”, explica María Isabel.

Con el apoyo de las madres de Sinaloa, las buscadoras oaxaqueñas crearon Extensión Oaxaca. Marta Pablo Cruz es su representante. Ella busca a su hijo Jassiel Vladimir Florean Pablo, desaparecido el 21 de mayo de 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

A María Isabel y a Marta las une haber nacido en Oaxaca y la convicción de buscar a sus hijos desaparecidos. Como ellas, sus demás compañeras buscan a familiares, cargan con ellas sus fotos y los nombran todo el tiempo: Félix Arturo Ayala Tamayo, José Manuel Macías Mendoza, Ángela Sánchez Cruz, Miguel Enrique Cárdenas Echavarría, Luis Alberto Hernández López.

La alianza entre las familias sinaloenses y oaxaqueñas se comenzó a cocinar a principios de 2020, durante un taller en el que compartieron experiencias de búsqueda, y se formalizó en septiembre del mismo año, cuando nombraron a Marta coordinadora general en Oaxaca.

Marta cuenta que las Sabuesos Guerreras de Sinaloa les enseñaron a enfrentar a servidores públicos, a solicitar las carpetas de investigación de su hijos –que no les habían entregado–, a exigir avances y a presentar quejas en las comisiones estatal y nacional de derechos humanos.

Se acompañan a las fiscalías cuando es posible y se esperan hasta que salgan, aunque llegue la noche. “Esas muestras de cariño, esas muestras de apoyo… Tengo más con esta gente que no es mi familia… Son hermanas del mismo dolor que estamos pasando porque hay esposas, hay madres, hay hermanas que buscan”, dice Marta.

Apenas llegan a la entrada del basurero de residuos orgánicos, las rastreadoras de Sinaloa descargan picos, palas, cernidores, varillas, radios y silbatos. También traen un dron para exploración aérea.

Reconocen el terreno y se dividen: un grupo irá al área de restos animales, llena de huesos; y otro grupo se irá más al fondo, a las pilas hediondas de basura orgánica, que desprenden vapor por la putrefacción.

Enseñan a las oaxaqueñas a identificar posibles fosas: zonas en las que la vegetación cambia o se hunde un poco, debido a las excavaciones. Les muestran cómo limpiar el área, cómo excavar, cómo usar y oler la varilla con la que punzan la tierra para diferenciar los olores del subsuelo e identificar el singular tufo de la descomposición humana.

Les comparten, con rabia y cariño, los conocimientos y la experiencia que han acumulado luego de tantos años de buscar “tesoros”, como llaman a sus seres queridos.

–¿No se entristecen cuando, después de una búsqueda, no encuentran nada? –les pregunta uno de los hombres oaxaqueños que está aprendiendo a oler la tierra para rastrear fosas, sorprendido de que las sinaloenses no suelten la herramienta ni en sus momentos de descanso.

–Nos entristecemos cuando encontramos algo –responde una de ellas, sin detenerse.

Lo que no hace el Estado

A raíz de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, las autoridades federales realizaron diligencias de búsqueda, para las cuales solicitaron la colaboración de la Fiscalía estatal y de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca.

El personal enviado para apoyar en un primer momento, recuerda Elizabeth, hermana de Claudia, fueron las secretarias administrativas del gobierno estatal. “Entonces, ahí, vienen todas las secretarias de la oficina a hacer labor de campo”.

Es desesperante, lamenta Elizabeth, que la búsqueda no se apoye en una la investigación judicial y científica, sino en acciones improvisadas: “Nos ha parecido muy triste el desperdicio de recursos. Si no hay líneas de búsqueda que salgan de la investigación, ¿a qué chingados vienen (a buscar)? Es como si pusieran un dedo al aire y dijeran ‘ahí vamos a buscar’, y entonces ahí viene la Guardia Nacional, y ahí vienen los dos binomios caninos que hay en el Estado, y ahí viene todo mundo”. Se trata, en suma, de una búsqueda a ciegas.

Esos recursos, en cambio, faltan ahí donde las búsquedas no cuentan con el interés de las autoridades, como es el caso de la jornada que realizan las Sabuesos Guerreras en el basurero orgánico.

Abrir paso a la esperanza

Al terminar el día las Sabuesas Guerreras han rastrillado la zona entera.

“Parece que no logramos nada, pero hicimos un chingo”, dice una de ellas durante una reunión final en la entrada del basurero. Han pasado horas extenuantes de trabajo bajo el sol para abrir la tierra y darle paso a la esperanza con cada golpe de pala. En medio de la basura y la podredumbre reaccionan visiblemente nerviosas ante cada camioneta que se acerca y pasa de largo. No olvidan que buscar desaparecidos es una labor peligrosa, que es un trabajo que no les corresponde. Años y años de negligencia y desprecio gubernamental les ha dejado una convicción: “Si no los buscamos nosotras –dicen–, nadie lo va a hacer”.

^{En portada: Manifestaciones para exigir justicia por el asesinato de Samir Flores durante el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Morelos, 2019. Foto: Santiago Navarro F.}

Dos años y siete meses después del asesinato de Samir Flores Soberanes, la Fiscalía de Morelos anunció con bombo y platillo la detención de Javier N, inculpado como uno de los autores materiales del homicidio del activista y defensor indígena. Para l@s miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), esta acción representa un montaje y oportunismo al mismo momento en que el gobierno federal anunció la operación de la termoeléctrica de Huexca, a la cual Flores se opuso en vida.

“No fue fácil, nos tuvieron confianza la mayoría de las personas, de los campesinos, hicimos compromisos con ellos. Ya va a operar a toda su capacidad esa planta”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante un evento oficial realizado el pasado viernes (1) en Morelos. Un día antes, el Fiscal General del mismo estado, Uriel Carmona, informó sobre la detención del también conocido como “Tamalaco” ocurrida en la ciudad de Cuautla, pese a que el inculpado ya se encontraba preso desde hacia un año atrás.

De acuerdo a una denuncia publicada este lunes (4) por el FPDTA, las investigaciones que condujeron a la captura del presunto responsable datan de abril del año 2019 cuando la Fiscalía habría identificado a los probables responsables del homicidio de Flores sin realizar su detención, por lo cual la organización cuestiona el hecho de que las autoridades demoraran más de dos años en emitir las órdenes de aprehensión.

Para el FPDTA esta actitud además demuestra la protección de las autoridades hacia uno de los homicidas. Así lo indicó uno de sus integrantes, Juan Carlos Flores Solís, en entrevista con medios nacionales: “Él (Fiscal) tenía a los asesinos de Samir en la cárcel. Sabía en donde estaban y ahora inventa que lo que acaba de detener, eso evidentemente es un mal actuar del fiscal, es un encubrimiento o es la fabricación de un chivo expiatorio”.

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Cabe resaltar que el presunto homicida habría sido detenido, junto a su hermano Marcelo, en septiembre del 2019, ambos acusados de secuestro, robo y tráfico de drogas, aunque fueron liberados. En torno a ello, el FPDTA denuncia que “el Tamalaco es una persona que entra y sale de la cárcel aunque sea acusado de delitos graves y también tienen él y su hermano, la capacidad de estar en la política en altos puestos de representación en Morelos de partidos vinculados a la Cuarta Transformación su hermano, lanzarse de candidato, después de haber sido liberado”.

Por lo anterior, el FPDTA exige la renuncia del Fiscal Uriel Carmona, así como la realización de una investigación sobre la complicidad y posible vinculación que pudiera tener el funcionario por actos de encubrimiento y protección de los asesinos de Samir Flores Soberanes.

Termoeléctrica, móvil del asesinato

El discurso del Fiscal ha sido renuente en aceptar el registro de amenazas previas a Samir ocasionadas por su trabajo organizativo contra la construcción y operación de la termoeléctrica de Huexca, así como también de otras obras de infraestructura para la generación de energía, las cuales hacen parte del Proyecto Integral Morelos. Entre ellos un acueducto que despoja de su agua al río Cuautla afectando ejidos de Ayala y un gasoducto que recorre por zonas sísmicas aledañas al volcán Popocatépetl.

Por esta razón, durante la presentación del presunto asesino de Flores, el titular de la fiscalía descartó que el asesinato estuviera vinculado a la labor de Samir en la defensa del territorio. En contraste, el abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, enfatiza que las declaraciones oficiales son completamente falsas.

“Hemos logrado probar que Samir Flores fue asesinado por su activismo político. El móvil que llevó o que derivó en su asesinato fue precisamente un móvil de naturaleza política (…) el fiscal estatal señaló que no podía hablar del móvil específicamente, pero que podía afirmar que no había sido asesinado por su oposición a la termoeléctrica y eso es completamente falso, se ha logrado probar en la carpeta que intereses políticos, intereses económicos que pues les parecía incómodo o estaban enojados con la actitud y con la defensa que tenía Samir Flores precisamente en torno a su comunidad por oponerse al proyecto del gasoducto, fueron esos intereses los que mandaron a ejecutar a Samir”, destacó el abogado a través de video.

El asesinato de Samir ocurre tras una larga historia de actos de represión y mentiras que han acompañado la imposición del PIM desde su inicio, en donde la administración de AMLO no es la excepción. En 2019 él mismo le dio continuidad con la realización de una consulta y después en 2020 con el desalojo del plantón en Apatlaco, efectuado por elementos de la Guardia Nacional.

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Actualmente, pese a que el presidente asegura que la central termoeléctrica iniciará actividades una vez se resuelvan problemas técnicos, aún existen demandas de amparo a favor de habitantes de la región para evitar que con ello sean despojados de recursos como el agua. Ante esta situación, el FPDTA asegura que con estos antecedentes no pueden confiar en las autoridades.

“No olvidamos el papel que tuvo el Presidente en la muerte de Samir, insultándonos, soltando a los perros e impulsando la termoeléctrica con un montaje de consulta colonialista, discriminatoria, violatoria de los derechos de los pueblos indígenas y todo sin escuchar a las víctimas del proyecto. No olvidamos tampoco el papel de Hugo Erik Flores en la consulta y como uno de los sospechosos que pueden estar detrás de la muerte de Samir”, denuncian en el documento recién divulgado.

Por su lado, el abogado Peña advierte que el caso no se cierra con la detención anunciada la semana pasada. Al contrario, la investigación continúa para “deslindar la responsabilidad de quién o quienes ordenaron este asesinato y por qué lo hicieron en este contexto, en ese momento, justo cuando se celebraba, o se estaba convocando a una consulta para preguntarle a una parte de la población si estaban de acuerdo o no con la instalación de la termoeléctrica”.