Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, acudió a Chiapas para reunirse con las integrantes del Colectivo Madres en Resistencia y la nueva directora de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Guadalupe Elizabeth Santiago Ballinas, para coordinar los próximos trabajos de búsqueda y transparentar el uso de recursos.

Isabel Torres, madre de Cassandra Arias Torres desaparecida forzadamente, e integrante del colectivo, destaca para Avispa Mídia que en el conversatorio realizado el 17 de enero, la Comisión Nacional reconoció que, durante un periodo de cinco años – desde que inició funciones la CEB, en 2019, a 2024 – envió más de 48 millones de pesos para la búsqueda de personas en Chiapas.

Además del citado recurso, de acuerdo la Secretaría de Finanzas, la Comisión Estatal de Búsqueda también recibió 2,647,188.34 de pesos en 2021; 2,610,346.06 en 2022; para 2023 fueron 4,409,737.17 y 7,830,224.82 de pesos en 2024 del Presupuesto de Egresos del Estado. 

En el 2024, la CNB también envió cinco escáneres portátiles de huellas dactilares para identificación humana, tres llegaron al área de peritaje de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y dos para la CEB.  

Estos dispositivos son parte de una donación de 300 escáneres que hizo Alemania, a través del programa Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); 86 se entregaron a las comisiones estatales y 149 a las fiscalías locales para abonar a la identificación rápida de cuerpos y a la búsqueda en vida. El escáner registra la huella y se envía al Instituto Nacional Electoral (INE) que se encarga de la identificación en un periodo aproximado de tres días. 

“Cuestionamos por qué no han usado los escáneres y a dónde se fueron los 48 millones porque en las búsquedas no. En la primera búsqueda que se hizo de mi hija Cassandra la directora de Búsqueda (Rosa Elena Vela Govea) levantó un palo para poder buscar entre el monte y, en la última vez (Emiliano Zapata), no llevaron ni una pala para poder escarbar”, lamenta Isabel Torres. 

Reyes Sahagún les aseguró que ya está pidiendo cuentas a la Comisión Estatal sobre los recursos. Dijo a las madres que ahora los gastos deberán justificarse debidamente. Este 2025 se prevé más apoyo para las búsquedas, aunque no dio la cifra. Además, la CNB enviará a más personal para las labores de búsqueda, pues, en la actualidad la comisión local cuenta con dos buscadores y una persona en informática. 

La directora de la Comisión Estatal, que entró en funciones el pasado 3 de enero, se comprometió a trabajar de cerca y sin intermediarios con las madres y familias buscadoras. En este primer encuentro, tanto la comisionada como la directora acordaron dar seguimiento a las pautas. 

La CNB informará al colectivo sobre los planes de búsqueda y respetará el derecho de las familias de documentar el trabajo de las autoridades con sus teléfonos móviles. Serán las únicas autorizadas para usarlos. 

Vicky Garay Cazares del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros AC, en Nayarit, explica que siempre ha existido mucho problema con los recursos destinados a las comisiones locales, “cuando los dan no verifican al 100 por ciento en qué se gastó”. 

Con base en su experiencia, la CNB y el Estado no verifican qué falta en las comisiones locales, en qué se gastó el recurso o cómo lo gastaron. En el caso de Nayarit, las colectivas han solicitado, incluso por escrito, que se realicen auditorías a las comisiones locales.

Vicky insiste en que las búsquedas dependen del manejo y el trabajo que tenga la comisión local. “Debemos presionar, hay que trabajar con la Comisión Estatal”, dice. Considera, además, que se debe crear el Consejo Ciudadano de dichas comisiones.  

En el conversatorio también estuvieron presentes representantes de la Colectiva Cereza, que son acompañantes de la lucha de Madres en Resistencia, así como de la Protección Civil y del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Las madres ya habían denunciado

“Lo que ahorita está haciendo la Fiscalía se había solicitado desde mucho porque varios casos del Colectivo la geolocalización apuntaba a la misma dirección, en ese rancho [de San Isidro, en Emiliano Zapata]”, dice Adriana Gómez al referirse a los recientes operativos realizados por el gobierno de Chiapas, a partir de los cuales se anunció el hallazgo de diversas fosas. 

Los teléfonos celulares de Edwin Alejandro Delgado Vázquez, Néctar Galdámez Chandomí, Victor Chavarría y Cassandra Arias Torres, desparecidos en diferentes momentos y lugares, estuvieron en San Isidro, municipio de Emiliano Zapata. 

La geolocalización que realizó la Fiscalía de Chiapas del dispositivo de Cassandra Arias Torres, desaparecida forzadamente el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, arrojó una ubicación en el municipio de Emiliano Zapata y, desde ese momento, el colectivo solicitó la búsqueda, pero la autoridad no hizo nada. 

Dos años después, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, los operativos de la estrategia de seguridad del estado chiapaneco han reportado hallazgos de 27 fosas clandestinas con restos humanos pertenecientes a unas 40 personas en los municipios de Suchiate, Palenque, Emiliano Zapata y La Concordia, según la información difundida por la FGE. El material genético fue enviado a la Ciudad de México para su estudio.

Los operativos coincidieron con la huelga de hambre que sostenían las Madres en Resistencia en Palacio de Gobierno para solicitar audiencia con el gobernador Eduardo Ramírez, que por meses se negó a atender y reconocer el tema de la desaparición de personas. 

Tras días de protestas, las madres fueron recibidas por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca a quien le solicitaron una nueva búsqueda en el rancho de San Isidro en Emiliano Zapata. 

El 8 de enero fueron citadas a las 6 horas, pero los elementos de la Fiscalía y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) llegaron tres horas tarde. “Nos tuvieron paradas en la carretera esperándolos y cuando llegan se bajan inmediatamente a tapar la vialidad, de forma innecesaria. Luego nos fuimos a la búsqueda donde iniciamos casi las 10 de la mañana”, recuerda Adriana Gómez. 

También acudieron profesionales de Protección Civil (PC) con el área Canina, de la CEB y tres madres del Colectivo. “Nos dividimos porque ellos querían sacar el agua de una laguna con una bomba, nosotras dijimos que buscaríamos por otro lado o ahí se nos iría todo el día y son pocas las oportunidades de búsqueda que nos dan”.

Los de PC se metieron al agua a buscar, los demás fueron sus observadores alrededor de la laguna, relata Adriana. Observó un rancho con una casa lujosa de ventanales de cristal, varias habitaciones y en una de las paredes vio dibujos que parecían hechos por niñeces. 

“Dicen que había un área de tortura que a mí ya no me tocó ver, pero sí vimos una mesa de billar y una alberca grande. Habían varios pozos de cemento, con agua y en uno había una escalera grande, y ahí se necesitaba una revisión minuciosa. Pero ellos (autoridades) no buscan, llegan un rato medio observan y buscan una sombra para tomarse un refresco y comer sus frituras o su pollito”, lamenta Adriana.

Pero las integrantes del colectivo saben que deben poner mucha atención en el suelo que pisan y los detalles, “vamos revisando con nuestro pie para saber si la tierra está suelta”. Eso hacían el 8 de enero en San Isidro cuando les llamó la atención un corral de cemento para cerdos. 

“Aún había deshechos en el suelo y había un tubo de PBC que llevaba su descarga a una fosa séptica de cemento, parecía un tanque. Pertenecía al rancho pero como tenía el alambrado daba la impresión que era otro predio”, describe Adriana. 

Las madres cruzaron ese alambrado y los representantes de la fiscalía les insistieron que ahí ya habían revisado, “pero cada vez que decían eso nosotras volvíamos a revisar y nos metimos las tres madres al alambrado, nos agachamos para ver la fosa séptica con nuestra lámpara, porque ellos ni eso llevaban, y ahí vimos la osamenta”, describe. 

Dieron parte al personal de la Fiscalía, pero éste no llevaba guantes ni personal capacitado para introducirse al reducido espacio. Fue un policía que sacó los restos, pero antes retiraron a las madres buscadoras del lugar. “El policía dijo que eran de tres cuerpos, pero no sabemos en realidad cuántos sacaron”. 

“Ellos no querían aceptar el hallazgo que hicimos porque ya habían buscado ahí y de hecho le echaron la culpa al canino de Protección Civil, pero el perro no identificó los restos porque estaban en el excremento, ya no tenían ni tejido. Incluso, en ese rancho también hay una laguna y no sabemos si ahí también podrían haber cuerpos”. 

El colectivo ha expresado en diferentes momentos su preocupación por la incapacidad y falta de profesionalismo con la que las autoridades atienden la búsqueda de personas, pues consideran que tras un hallazgo, mientras la autoridad correspondiente realiza la documentación, los demás elementos deben continuar con los trabajos. 

“Cuando encuentran dejan de trabajar. No se les está pidiendo algo que no exista, la búsqueda es un derecho que tenemos. La fiscalía debería actuar rápido, hay una ley y dice que en esos casos la geolocalización debe ser rápida y parece que aquí hacen las cosas al revés”, insiste Adriana. 

Redes

El Colectivo de Madres en Resistencia de Chiapas sólo espera que los acuerdos que adquirieron con las comisiones no sean momentáneos. Hasta ahora, todo lo que obra en las carpetas de investigación de los casos que acompañan ha sido trabajo del Colectivo. 

Adriana Gómez, fundadora del Colectivo, recuerda que al no tener acceso a la justicia hace tres años se vio en la necesidad de aprender, tejer redes y surgir como Colectivo. Después comenzaron a llegar las denuncias sobre desapariciones a las redes sociales de las Madres en Resistencia.

Se aliaron a otras madres buscadoras de Sonora, Tijuana y Ciudad Juárez quienes les dieron recomendaciones para pedir las búsquedas ante la CEB y la fiscalía, les explicaron sobre la geolocalización de los dispositivos móviles y cómo solicitarla. “Se necesitaba el acompañamiento y nosotras iniciamos solas”.

Al Colectivo se acercaron estudiantes de Derecho y abogadas de profesión, que las acompañan en las actividades. En la huelga que realizaron a finales de diciembre de 2024, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas también brindaron acompañamiento. 

Cuando el Colectivo tomó fuerza, Jorge Luis Llaven Abarca, que entonces también era Fiscal General, intentó dividirlas, “pero no lo consiguió porque nos conocemos y conocemos todos los casos, leemos las carpetas y no confiamos en las autoridades”. 

También investigaron sobre las herramientas que podían conseguir con sus propios recursos como las varillas de hierro, las mandaron a hacer de cinco centímetros de grosor, aproximadamente, con punta para atravesar la tierra y un gancho para sostener la varilla sin que resbale al empujarla con fuerza. 

“Cuando buscamos llevamos palas, picos y las varillas. Identificamos si la tierra está suelta, amontonada o si está fresca, eso se identifica rápido. Metemos la varilla, si entra al sacarla la olemos, no somos expertas pero hemos ido al Servicio Médico Forense (Semefo) a buscar y se identifica el olor. Al igual observamos si hay ropa tirada y también nos guiamos del presentimiento para saber dónde a escarbar”, explica Adriana. 

Todxs cuentan

El país entero tiene la problemática de la desaparición, en Chiapas pasaba menos, señala Voces Mesoamericanas que acompaña casos de personas migrantes de Chiapas desparecidas en el norte del país. 

Considera que los obstáculos a los que se enfrentan los denunciantes es la falta de información para que una persona sepa qué hacer ante una desaparición. Pero cuando las personas ya saben qué hacer se encuentran con que las instituciones no levantan las carpetas de investigación por desaparición y solo inician registros de atención. 

También recurren a la revictimización y en las fiscalías les dicen que esperen porque sus familiares van a regresar porque quizá se fugaron con la pareja y de esa forma minimizan la situación para que no haya un registro real de cuántas personas desaparecidas hay en Chiapas, explica Voces Mesoamericanas.

Una vez que la familia pudo denunciar, el problema es la falta de acceso a la justicia, al debido proceso, a ser escuchada, a la reparación de daño, por lo complicado que es ingresar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Si se trata de una persona migrante desaparecida en Chiapas, para que la familia pueda entrar a México a hacer las denuncias o los seguimientos, necesita visas y no están a disposición, tiene que hacer el mismo proceso que los demás y esperar. 

“No hay políticas públicas que atienda la desaparición en contextos de movilidad humana, es decir, personas en situación migratoria y personas en situación de desplazamiento forzado”, insistió la organización que acompaña al Colectivo Junax Ko’tantik, integrado por familias chiapanecas que buscan a migrantes desparecidos en el norte del país y Estados Unidos. 

Para Voces Mesoamericanas la Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas tiene muchos vacíos y no hay claridad sobre las personas que la integran y los nombramientos los realizan sin una consulta pública como lo establece la ley local y sin priorizar las características del perfil seleccionado. 

Incluso, a cinco años de la CEB iniciar funciones, no ha emitido la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda para ser vigilante de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas en Chiapas.

Otra ausencia en la CEB es el registro de personas desaparecidas en territorio chiapaneco y personas desaparecidas de origen extranjero, y chiapanecos migrantes desaparecidos en otro lugar. La organización cuestiona y lamenta que tampoco exista un mecanismo de búsqueda de personas, tanto en búsqueda inmediata o de larga data, en situaciones migratorias, y desde una perspectiva diferenciada. 

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México 110,668 personas están desaparecidas y 1482 son de Chiapas. En el desglose, en 2019 existe un registro de 68 personas desaparecidas y no localizadas, 87 en 2020, 162 en 2021 y 244 en 2022, cifras también plasmadas en el informe Tocar el Vacío, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). 

En el estudio, Frayba hace referencia al aumento de 358% de las desapariciones en el periodo entre 2019 y 2022. 

¿Qué hacer?

Hasta ahora solo organizaciones como Fundación para la Justicia cuenta con información en su plataforma digital sobre qué hacer si una persona desaparece. Aclara que no es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para reportar o denunciar su desaparición. 

El reporte puede ser ante la CNB o ante la Comisión Estatal de Búsqueda, pero si se desconoce el estado donde desapareció la persona el reporte es al +52 55 1309 9024 o desde el extranjero a la lada gratuita 185 52 62 31 09.

Por su parte la fiscalía de Chiapas aseguró que cuenta con protocolo de atención en el que recomiendan realizar la denuncia ante la autoridad ministerial más cercana y toda autoridad debe iniciar la denuncia correspondiente “ya sea registro de atención por la no localización de la persona o en su caso carpeta de investigación por la desaparición”.

El denunciante debe presentar documento que acredite personalidad, en caso que la víctima sea menor de edad presentar acta de nacimiento que acredite parentesco. Sin importar la edad de la víctima presentar fotografía reciente, sin manipular.

En caso de menores de edad se activa la alerta Amber, en mujeres mayores de edad se activa Protocolo Alba y en hombres se activa ¿Has visto a? 

Una vez iniciada la denuncia se giran los oficios correspondientes a las corporaciones policiacas, instituciones públicas y privadas. Y de acuerdo a la fiscalía se deben hacer brigadas de búsqueda en diversos puntos de la zona en la que fue vista por última vez la víctima. 

Si la persona desaparecida es migrante y fue víctima de un delito federal, se puede denunciar la desaparición en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes al correo electrónico: unidadmigrantes@fgr.org.mx

La Fiscalía General de la República fue contactada para solicitar el protocolo de atención en caso de víctimas de desaparición forzada pero dijo no tener información al respecto, únicamente a través de las líneas telefónicas. 

El próximo 21 de enero Eduardo Ramírez se comprometió a atender a las madres buscadoras y el 24 de enero dialogarán con el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. 

LLAMADO A LA JORNADA GLOBAL:
¡JUSTICIA PARA SAMIR FLORES SOBERANES! 6 AÑOS DE IMPUNIDAD

A LOS FIRMANTES DE LA DECLARACIÓN POR LA VIDA

HERMANAS, HERMANOS:

Son 6 años desde que le arrebataron la vida a nuestro hermano Samir Flores Soberanes, seis años que gobierna quien lo mandó a matar, seis años de continuar con el engaño, la imposición y el desprecio hacia nuestros pueblos, seis años más de resistencia, de rebeldía, de lucha por la vida, de ser Samir, inspiración, semilla y ánimo de construcción de autonomía, de otro mundo posible.

Justicia para Samir, grita la resistencia por la vida contra el Proyecto Integral Morelos y contra el narcogobierno, justicia grita en cada uno de los pueblos, lugares y corazones que lo conocieron antes o después de su muerte. Justicia gritamos desde la lucha por la vida en Gazza, en Chiapas, en Ostula, en la lucha contra el basurero de Cholula, en el grito de las familias de nuestras hermanas y hermanos desaparecid@s, en la lucha contra el Tren militar malla, contra el corredor interoceánico, la xenofobia y el desplazamiento forzado, la mina, la presa, el tren, el corredor, el gasoducto, la termoeléctrica, el fracking, el cartel inmobiliario, el negocio de la basura, la defensa de los ríos, mares y cuerpos de agua, de los bosques y espacios autónomos en la tierra o en el aire. Justicia construyó Samir durante su vida.

A 6 años de su cruel asesinato el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos, tres días antes de la consulta impuesta por López Obrador para “legitimar” su cambio de parecer y terminar de imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM), los asesinos de Samir siguen libres y gobernando. Son 6 años de impunidad, 6 años de imposibilidad de que los culpables sean castigados porque los culpables están en el gobierno y pueden fácilmente escapar de la justicia del Estado, porque ellos son el Estado…

Pero la justicia está en la lucha por la vida, y sí, en nuestra exigencia, tal vez absurda, de exigir al verdugo se persiga y se castigue, de desnudar al rey capitalista, al narcogobierno mexicano que mando a matar a Samir. 

A 6 años del asesinato de Samir, convocamos a los firmantes de la Declaración por la Vida que dediquemos un momento, un instante, una siembra de memoria, de vida y rebeldía a nuestro compañero Samir Flores Soberanes los próximos 20, 21, 22 o 23 de febrero, construyendo de manera dislocada la “Jornada Global: ¡Justicia para Samir Flores Soberanes! 6 años de impunidad”.

En esos días, en México, Estados Unidos, Euskal Herria, Francia e Italia se sembraran 6 bustos de Samir, sembrando su memoria en los territorios dignos de nuestras hermanas y hermanos, en países cuyas empresas están o estuvieron involucradas en el crimen del PIM: Elecnor (Euskal Herria), Saint Gobain (Francia), Bonatti (Italia), Macquaire (Estados Unidos), NarcoGobierno (México), para que no se olvide la responsabilidad del gobierno global capitalista sobre la muerte de Samir y la lucha por la vida.   

Pero no solo con bustos se siembra la memoria de nuestro compañero, también con la lucha por la vivienda digna de la comunidad otomí de la Ciudad de México que fundo y resiste la Casa de los pueblos “Samir Flores Soberanes”, antes, oficinas centrales del INPI. En un árbol en el campamento de resistencia en Lutzerat, Alemania, en una canción, una poesía, un dibujo, una plática, video, conversatorio, foto, pintura, grabado, flor o fruto, en todas ellas esta nuestro hermano Samir Flores Soberanes.

Llamamos a las firmantes de la Declaración por la Vida a sumarse con una acción o una palabra a la “Jornada Global: ¡Justicia para Samir Flores Soberanes! 6 años de impunidad”, los días 20, 21, 22 o 23 de febrero de 2025 o cuando sus realidades se los permitan.

La justicia vendrá de abajo y a la izquierda, en común.

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Congreso Nacional Indígena

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Más informes y registro de actividades en: cnicomunicacion@gmail.com

Cientos de jóvenes zapatistas realizaron una obra de teatro presentada en dos partes, el 31 de diciembre se presentaron las primeras seis capítulos, el día 1 de enero presentarían la segunda y última parte donde comparten la idea que tienen del mundo, sus preocupaciones y las ideas que les guían para el futuro. Las y los zapatistas siendo ejemplo y semilla con sus años de caminar en la autonomía y escuchándose y escuchando a otres.

“El Colapso y el Día Después. Las Partes y el Todo”.
Obra de Teatro en 12 escenas con jóvenes y jóvenas zapatistas de los 12 caracoles.
Festival cultural del 31 aniversario del levantamiento zapatista. Oventic, Chiapas, México, 2025.
Cámara y edición: Noticias de abajo y Del Barrio News.

https://wp.me/p6BKO7-3CQ

Parte I

Parte II

Puedes descargarlos aquí:

PARTE 1 https://www.facebook.com/LosTejemedios/videos/985151073464768

PARTE 2 https://www.facebook.com/LosTejemedios/videos/588930103747496

PARTE 1

https://nube.yanapak.abyaya.la/s/parte1_obrazapatista

PARTE 2

https://nube.yanapak.abyaya.la/s/parte2_obrazapatista

“El Colapso y el Día Después. Las Partes y el Todo”. Obra de Teatro Zapatista

“El Colapso y el Día Después. Las Partes y el Todo”. Obra de Teatro Zapatista

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Migrantes avanzan en caravana rumbo al norte de México. Foto: María de Jesús Peters}

Las diez caravanas de migrantes que buscan llegar cuanto antes a línea fronteriza entre México y Estados Unidos se han formado desde la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo en México y tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

Luis García Villagrán, abogado y defensor de derechos humanos, asegura que el Estado mexicano está incentivando a la gente a salir caminando, es decir, no les permite acceder a sus derechos y los agotan. Luego de que los orilla a irse en caravanas les ofrece documentos y, para aquellos que aceptan, los traslada a otras ciudades fuera de la ruta que comúnmente usan para llegar al norte de México, “no hay claridad en los procedimientos”. 

El abogado prevé que en las siguientes semanas más grupos de migrantes salgan de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El último (o la décima caravana) partió el 2 de enero de Tapachula y solo dos días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció la Forma Migratoria Múltiple (FMM),un permiso para moverse por territorio nacional durante 20 días, pero sin garantías reales de libre tránsito.

La mitad de las personas que integraba el éxodo aceptaron el documento y fueron trasladadas a ciudades de Guerrero y Michoacán, donde nuevamente quedaron varadas. La otra parte del grupo, que se negó a recibir la FMM, sigue en la ruta rumbo a Arriaga, Chiapas, para continuar por la carretera a Oaxaca.  

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Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{En portada: Inversores de la empresa Helax durante reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre del 2024. En la junta también participaron miembros de la Secretaría de la Marina quienes coordinan el CIIT.}

En este mes de enero debe arrancar la consulta indígena relacionada con el proyecto de producción de hidrógeno “verde”, de la empresa Helax Istmo, subsidiaria de la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), en el municipio de Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que servirá principalmente de combustible para el sector naval. 

Después de la fase informativa, que debe extenderse hasta mayo, siguen la consultiva y deliberativa. Para diciembre está prevista la última fase, de seguimiento de acuerdos.

El proyecto hace parte de uno de los diez Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), previstos para construirse en Veracruz y Oaxaca como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Para ello serán utilizadas 413 hectáreas expropiadas a los bienes comunales de Ciudad Ixtepec, en febrero de 2023. 

La Secretaría de Energía (Sener), responsable por la consulta, identificó al menos 9 municipios y 10 localidades que deberán participar del proceso por estar en la zona de impacto del proyecto, entre ellos, Santiago Ixtaltepec, Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Santa Rosa, El Morrito, Chivela, El Mezquite, Mena. 

Las informaciones fueron obtenidas por medio de la Plataforma Nacional de Información (folio 332459924000194), que volvió público el documento oficial de la CIIT en el cual se presenta el proyecto a las autoridades municipales y agrarias de comunidades que serán impactadas, en septiembre de 2024. Estuvieron presentes la Sener, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Marina y representantes del CIIT.

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Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Integrantes de cooperativas campesinas que reivindican la recuperación de tierras en el Bajo Aguán realizan manifestaciones para exigir la desarticulación de grupos armados que operan en la región.}

Cooperativas agrícolas del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, se movilizaron la mañana de este lunes (6) para bloquear la Carretera Centroamericana (CA-13) que atraviesa el país hacia Guatemala, con el fin de exigir a las autoridades el desarme de grupos criminales a quienes señalan como responsables por asesinatos y desplazamiento forzado de familias campesinas. En esta región, desde los años 70s se destinaron las tierras para un reparto agrario, pero fueron despojadas para dar paso a monocultivos de palma aceitera.

Esta movilización es la más reciente en una serie de protestas derivadas por las últimas agresiones violentas. La noche del pasado 24 de diciembre del 2024, hombres armados atacaron a los integrantes de la Cooperativa Camarones quienes se vieron forzados a abandonar las 656 hectáreas de tierras recuperadas que habitaban y cultivaban para el sostenimiento de 150 familias campesinas.

El pasado jueves (2), Arnulfo Díaz, miembro de la cooperativa Brisas del Aguán, organización campesina que mantiene una recuperación de tierras desde hace dos años, fue asesinado. “Cuatro hombres armados que se conducían en motocicletas interceptaron el vehículo y lo bajaron por la fuerza, expresándole que querían hablar con él, posteriormente ordenaron al conductor del vehículo a seguir su marcha, minutos después fue ejecutado”, detalla en comunicado el movimiento campesino articulado en la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México

22 de diciembre de 2024.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Veintisiete veces doce, florecen en nuestro corazón la digna memoria de nuestras 45 hermanas y hermanos de Acteal.

Más, los cuatro bebés no nacidos, nueve mil ochocientas cincuenta y cinco veces, renacen gigantes e inmortales.

La muerte impuesta por los que se creen dueños del mundo y de las personas, como Ernesto Zedillo Ponce de León y el Ejército mexicano, quienes, a través de sus paramilitares, cometieron el gran crimen el día 22 de diciembre de 1997 en Acteal; ESTE HECHO ES VENCIDA POR NUESTRA DIGNA MEMORIA, NUESTROS CAMINOS POR LA PAZ Y LA VIDA, ES EL PASO A PASO PARA CONSTRUIR UN MUNDO MÁS JUSTO Y HUMANO.

Los malos gobiernos en turno junto con los ricos y poderosos, le están dando continuidad de las políticas de muerte y exterminio, creadas desde el poder en los años 90. Por eso mandaron matar a nuestro hermano Simón Pedro Pérez López, por eso ordenaron matar al Padre Marcelo Pérez Pérez. Los mismos gobiernos propician y permiten la violencia del crimen organizado, que rompe y destruye la convivencia pacífica en las comunidades.

La violencia que pulula y azota a nuestras comunidades, no solo es un negocio de los fabricantes de las armas y drogas de la delincuencia organizada, sino, también, quien impulsa y administra las actividades comerciales viene de los malos gobiernos en turno, aunado a su estrategia de muerte hacia las luchadoras y luchadores sociales, a defensoras y defensores de derechos humanos y a los defensores de la Madre Tierra de Chiapas y México. ¡LO QUE DECIMOS ES LA VERDAD!

Les recordamos, que, de los gobiernos, de los jueces, de los policías, de los militares, de las guardias nacionales o de cualquier institución oficial, no va a venir la justicia, porque ellos mismos son los responsables de la violencia desde antes y la de ahora que nos está destruyendo. Podrán organizar teatros y simulaciones de “justicia” para engañar a inocentes, que piensan que el gobierno mexicano puede cambiar. Los malos gobiernos junto con los ricos y poderosos seguirán imponiendo su miedo y su obscuridad, para mantener su poder y sus privilegios. PERO, A NOSOTROS QUE SOMOS SOBREVIVIENTES DE CRÍMENES Y MASACRES, QUE SOMOS CONSTRUCTORAS Y CAMINANTES DE LA PAZ, QUE SOMOS LAS Y LOS GUARDIANES DE LA MEMORIA DE ACTEAL, QUIENES DEL ESTADO MEXICANO HEMOS RECIBIDO SU IMPUNIDAD Y DESPRECIO. ES POR ELLO QUE NADIE, NOS PUEDE VENIR A ENGAÑAR.

Ante la persistencia y la convicción en la búsqueda de justicia por los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de Estado, cometidos en México; celebramos y saludamos a la familia del compañero Antonio González Méndez que por su lucha constante y tenaz han logrado la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la desaparición forzada cometido por el grupo paramilitar “Desarrollo Paz y Justicia” en la zona Norte de Chiapas, ocurrida el 18 de enero de 1999, en donde condena al Estado mexicano responsable de este grave violación de los derechos humanos.

La sentencia de la Corte IDH de la desaparición forzada del compañero Antonio González Méndez, confirma como lo hemos denunciado junto con otros defensores y defensoras de derechos humanos, la estrategia de guerra de contrainsurgencia, inscrita en el Plan de Campaña Chiapas 94 y tanto las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados en la zona Norte De Chiapas, así en la zona Altos los hechos como la Masacre de Acteal, que son el resultado de la guerra, que aún no termina.

Así como la familia del compañero Antonio González, nosotras y nosotros los sobrevivientes de la Masacre de Acteal luchamos para que la muerte de nuestros familiares encuentre la justicia y por ello en el marco de la conmemoriación de los veintisiete años de la Masacre de Acteal,le recordamos en nombre de las 45 mujeres, hombres, niñas, niños, ancianas y ancianos más los 4 bebés no nacidos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene un pendiente que se ha prolongado en un tiempo no sensato, es por ello que exigimos que emita ya el informe de fondo, enlistado desde hace dos años y urge que responsabilice al Estado mexicano de dicha masacre, y a la luz de los hechos que corroboran que de los crímenes de lesa humanidad, fue EL ESTADO.

No hay duda alguna, que la impunidad en el caso Acteal y en otros casos de crímenes cometidos contra miembros de organizaciones en Chiapas y en todo México, ha causado la grave crisis de derechos humanos en México y de la violencia imparable en Chiapas.

No nos quedemos cortos, ni seamos conformistas en la búsqueda de la justicia y de la memoria y verdad; sigamos siendo esas mujeres y hombres cabales, persistentes, que no olvidan, que no retroceden y siempre decididos a denunciar y trabajar en la exigencia de la anhelada justicia verdadera y la paz urgente en nuestras comunidades.

Hoy, veintisiete veces doce, más, nueve mil ochocientas cincuenta y cinco veces: florece nuestra digna memoria, ante el invierno de la impunidad del Estado, florece en cada mirada que nos ve y nos vemos con la translúcida luz que fortalece nuestro pensamiento y corazón, florece a quien escucha la palabra que viene desde nuestro profundo dolor, que se ha convertido en una voz de exigencia de justicia, que la cantamos juntas y juntos en un solo canto por la verdad y la memoria.

Veintisiete veces doce, más, nueve mil ochocientas cincuenta y cinco veces, nuestro reclamo a la justicia y verdad por los asesinatos cobardes tanto de nuestro hermano Simón Pedro como del Padre Marcelo, Mártir por la Paz.

Veintisiete veces doce, más, nueve mil ochocientas cincuenta y cinco veces, nombramos y guardamos en nuestro pensamiento y corazón nuestras 45 hermanas y hermanos, más los 4 bebés no nacidos masacrados por los paramilitares priistas y cardenistas del municipio de Chenalhó.

AQUÍ EN ACTEAL NUNCA MÁS LA MUERTE TENDRÁ DOMINIO.

Acteal será siempre el corazón de la lucha No-violenta, Acteal, es la Casa de la Memoria de Simón Pedro, aquí vivirán para siempre la palabra digna y verdadera del Padre Marcelo, junto con nuestros Mártires de Acteal.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, veintisiete veces doce, más, nueve mil ochocientas cincuenta y cinco veces: RESPLANDECE LA LUZ DE LA VERDAD Y DE LA PAZ.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

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Victorio Pérez Paciencia	Oscar Hernández Gómez
Presidente	Secretario

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Alfredo Jiménez Pérez	Juan Pérez Sántiz
Sub Presidente	Tesorero

Por los representantes de las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal:

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Manuel Gómez Ruiz	Germán Jiménez Luna

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

^{En portada: Colectivo de Madres en Resistencia reciben información, denuncias y reporte de personas desaparecidas en diferentes municipios en Chiapas. Foto: Carlos López}

Ante la negativa del gobierno de Eduardo Ramírez para atender los casos de las personas desaparecidas en Chiapas, el Colectivo Madres en Resistencia iniciará una huelga de hambre este miércoles (18) en la entrada del Palacio de Gobierno que se localiza en Tuxtla Gutiérrez.

“Eduardo Ramírez no toca el tema de desaparecidos”, enfatiza Isabel Torres, madre de Cassandra Arias Torres que fue desaparecida forzadamente en el municipio de Berriozábal el 17 de diciembre de 2022, por hombres encapuchados que portaban insignias de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. 

Tras dos años de la desaparición forzada de Cassandra no hay avances en su caso, ni en el de otras familias que integran el colectivo. “Vamos a hacer bloqueos y marchas para que nos reciban, porque ya lo pedimos y no nos escuchan”, señala para Avispa Mídia. 

Hace tres meses, antes de que rindiera protesta como gobernador, el colectivo se acercó a Ramírez Aguilar en un acto político en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. En ese momento las puso en contacto con otra persona para coordinar un próximo encuentro que nunca llegó. 

“Nosotros no confiamos en las autoridades, no creemos en las autoridades, no hay justicia para nosotras, pero vamos a exigirle a este nuevo gobierno que haga las búsquedas porque tampoco las quieren hacer, no las hacen”, enfatiza la madre de Cassandra.  

Isabel Torres aclara que como Madres en Resistencia ya no buscan justicia, “porque sabemos que no la hay, aquí en Chiapas o en todo México”. Con las acciones planeadas para esta semana exigirán que todas las autoridades correspondientes trabajen en la búsqueda de las personas desaparecidas.

¿En manos de quién estamos ahora?

“Vuelven a dejar a Llaven Abarca como Fiscal. Todos hacen oídos sordos y se vuelven ciegos. El crimen organizado siempre ha dejado narcomensajes donde mencionan a Llaven Abarca; lo mencionan o lo señalan como delincuente y nadie ha hecho nada para investigarlo y, en su caso, levantar una carpeta de investigación”, lamenta la madre de Cassandra Arias Torres. 

Unos días antes de que Eduardo Ramírez Aguilar asumiera al cargo como gobernador, la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General por los próximos nueve años. 

De inmediato, más de 60 redes y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en conjunto al considerar que este nombramiento agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas. “Durante su desempeño en el servicio público, Llaven Abarca ha demostrado ser perjudicial, especialmente en su rol como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello”, versa el comunicado. 

También menciona que en su gestión se documentó el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad. “Abarca ha tenido varios cargos muy cuestionables en cada una de su gestión”. Ante esto, Isabel Torres, de Madres en Resistencia, cuestiona, “¿en manos de quién estamos ahora? 

Llaven Abarca ha mantenido cargos importantes en Chiapas en materia de seguridad. En el 2002 fue Ministerio Público Especializado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio de la Fiscalía General de Chiapas (FGE), con el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. 

Seis años más tarde, con Juan Sabines Guerrero, fue subdirector de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio de Justicia de Chiapas, en ese periodo también ocupó los cargos de jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro, Fiscal de Distrito de la Fiscalía de Distrito Selva y Fiscal Especializado en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada (FECDO).

De 2011 al 2012 fue Delegado de la Procuraduría General de la República en Chiapas. Cuando inició el gobierno de Manuel Velasco Coello fue nombrado secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Y con Rutilio Escandón Cadenas fue Fiscal General de Chiapas del 2018 al 2020, posteriormente Diputado Federal.  

En la FECDO, fue señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, como lo demuestra la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias y tortura en la comunidad San José, municipio de Marqués de Comillas. 

También tiene recomendaciones por Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicita una investigación administrativa y la integración de una averiguación previa contra Llaven Abarca. 

Aquí todo sigue igual

Desde el 8 de diciembre, en su toma de protesta, Eduardo Ramírez Aguilar ha seguido la estrategia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de realizar constantes conferencias de prensa sobre los “avances” en materia de seguridad, pero en ningún momento ha mencionado los casos de personas desaparecidas en Chiapas. 

“Ni si quiera mencionan el cambio del Fiscal de Desaparecidos”, afirma Isabel Torres, “porque sabemos que hubo otros movimientos y cambios de fiscales, pero a Jubilian no lo tocaron”.

Jesús Jubilian Sarmiento Santos ocupa el cargo de Fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares desde el 2021, pero de acuerdo a las familias del Colectivo de Madres en Resistencia todo lo que obra en las carpetas de investigación ha sido aportado por ellas, “de lo contrario no habría nada”.  

Respecto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), el colectivo desconoce si habrá cambios y el tema se mantiene en total hermetismo. “Por eso tomamos la decisión de plantarnos en Palacio de Gobierno y pedir la audiencia con Eduardo Ramírez, Jorge Luis Llaven Abarca y Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad, y otras dependencias”. 

Como Colectivo de Madres en Resistencia reciben información, denuncias y reporte de personas desaparecidas en diferentes municipios. “Como son personas de escasos recursos, en su mayoría, es muy difícil que estén viajando, entonces las asesoramos para reportar a las personas desaparecidas”.   

En el último año han recibido reportes de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, principalmente, así también de Ocosingo, Comitán, Chenalhó y Yajalón. Isabel Torres aclara que no son los únicos lugares donde hay un alza en el número de desaparecidos. Los pobladores de la Sierra Mariscal, por ejemplo, “tienen mucho miedo de denunciar”.  

Las familias del colectivo son amenazadas o intimidadas por lo que también mantienen estrategias de seguridad, incluso cuando visitan la Fiscalía General del Estado, ubicada en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez. “Así tenemos que estar todas las mamás, mi mayor miedo es que si yo llego a faltar, ¿quién va a buscar a mi hija?”

Anteriormente informaron a la Fiscalía sobre esta persecución, pero optaron por dejar de hacerlo debido a la desconfianza que les genera la autoridad. Hace unos meses el colectivo presentó un amparo en el que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera los casos, pero la respuesta del juez federal fue negativa. 

“Nosotros pedimos que las carpetas fueran atraídas por la FGR porque hay policías involucrados, Fiscalía y personal de gobierno también en el caso de algunas desapariciones como la de mi hija, Cassandra. Queríamos que este juez obligara a las autoridades a hacer la búsqueda, obligara a la Comisión de Búsqueda a hacer la búsqueda como debería”, explica. 

Para el colectivo, incluso el ex Fiscal Olaf Gómez Hernández debe ser investigado. “Hay muchos policías del Estado que deben ser investigados y no lo hacen. Veo que con este gobierno nuestra lucha tendrá que seguir porque esperanza en el gobierno no hay, en Dios sí”, señala Isabel Torres. 

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

La sentencia a penas de entre 15 y 35 años de cárcel, por apología al terrorismo y afiliación a organización terrorista, contra 43 integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), intervenidos en el operativo Perseo, marca un precedente de persecución por ideas en el Perú. 

El caso, abierto en 2014, fue el primero en involucrar bajo estas acusaciones a un conjunto de activistas, entre ellos exmilitantes de Sendero Luminoso, desde el fin de la guerra interna (1980-2000). 

En la resolución judicial, dictada el 28 de octubre, se sindica al Movadef de actuar por órdenes de Sendero Luminoso, cuyos remanentes operan como narcotraficantes en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona de emergencia. El Sendero Luminoso no existe como organización política desde 1992. Los remanentes no obedecieron la disolución de la organización y se dedican al narcotráfico, desideologizados.

Asimismo, se señala a Movadef de haber sido financiados, según “testigos protegidos”, con dinero proveniente del tráfico de drogas para “mantener la ideología senderista activa en la vida política del país y la legitimación de su legado violento”. 

El Poder Judicial ordenó la disolución del Movadef, que intentó inscribirse como partido político en 2011. El programa de la organización, cuyos miembros incluyen exintegrantes de Sendero Luminoso que cumplieron condenas y no plantean la lucha armada, es la liberación de todos los presos políticos encarcelados durante el período de la guerra interna.

Condena ideológica

Las defensas legales de los sentenciados subrayan que el Estado incurre en discriminación ideológica por razones políticas, contra la cual hay sentencias internacionales vinculantes, violando derechos protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso será llevado a instancias supranacionales.

La redada masiva ejecutada por la Dirección Contra el Terrrorismo (Dircote), en abril de 2014, apuntó a sostener la existencia de organizaciones terroristas, pese a que el Movadef no reivindica la lucha armada y no ha participado de ningún acto de violencia, con el fin de sentar precedentes de apología al terrorismo contra organizaciones sociales que sostienen ideas disonantes para los poderes políticos.   

Los montajes de la Dircote se sucedieron en el año 2020, con el operativo Olimpo, en el que se detuvo a unas 90 personas, tras la semana de protestas contra el golpe de Estado institucional de las facciones conservadoras del Congreso. 

En 2023, activistas del Frente de Defensa de Ayacucho fueron encarcelados como respuesta al levantamiento en esta y otras regiones andinas ante el golpe de Estado de la ultraderecha culminado con la destitución del presidente Pedro Castillo. 

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El fin del juicio contra el Movadef coincidió con las recientes semanas de protestas contra el régimen de Dina Boluarte por la ola de extorsiones en Lima. El Ejecutivo respondió a la crisis de seguridad con la propuesta de una ley de terrorismo urbano que agrava la criminalización de manifestaciones sociales, al tipificar la interrupción de vías como extorsión, y con el anuncio de la detención de un cabecilla de Sendero Luminoso que resultó en un error.  

A dos años de la toma de la presidencia, la dictadura de Boluarte lleva a una nueva fase el terruqueo, la estigmatización por ideología usada como discurso por la alianza política, oligárquica y armada que allanó la caída de Castillo.   

Sendero Luminoso fue una de las organizaciones terroristas que declararon la lucha armada al Estado en 1980, con el objetivo de capturar el poder para instalar un gobierno de ideario marxista-leninista-maoísta. Perpetraron masacres contra poblaciones campesinas e indígenas. La actividad subversiva senderista culminó en 1992, con la captura de su líder, Abimael Guzmán.