^{En portada: Margarito Martínez, fotógrafo que también laboraba como fixer para fotoperiodistas y reporteros extranjeros en Tijuana. Octubre de 2019. Foto: John Gibbins/The San Diego Union-Tribune}

No ha pasado ni un mes del año 2022 y en México ya se reportan dos periodistas asesinados.

El primer caso es el homicidio del director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, quien falleció después de haber sido apuñalado el pasado 10 de enero en el Puerto de Veracruz. La segunda agresión se registró este lunes (17) con el asesinato del fotógrafo Margarito Martínez quien recibió disparos en la puerta de su vivienda, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Solo en el año pasado, México reportó nueve periodistas asesinados, con lo cual el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) colocó a dicho país como el más mortífero del mundo para ejercer el periodismo.

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Gamboa era fundador de una página de noticias semanales llamada El regional del Norte o Inforegio, mediante la cual divulgaba artículos noticiosos. Mediante esta plataforma y el uso de redes sociales, Gamboa compartió las supuestas conexiones entre el crimen organizado y élites políticas de Veracruz.

El grupo de prensa Reporteros sin Fronteras escribió que “Gamboa había denunciado y criticado fuertemente las relaciones entre las autoridades locales y el crimen organizado”.

Por su parte, el fotógrafo Margarito Martínez era conocido por cubrir escenarios de violencia en Tijuana. Trabajó para el medio local Cadena Noticias, así como para otros medios nacionales e internacionales.

Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre del 2018, se han registrado 48 periodistas asesinados en el país.

En una entrevista para medios internacionales, Jan-Albert Hoosten, integrante del CPJ, mencionó que México es la única nación donde los niveles de violencia letales contra los periodistas no han cambiado, sino que se mantienen con los distintos Gobiernos: “La violencia es una constante. Y la conclusión después de tres años de Gobierno de López Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy poco para prevenirlos”.

De acuerdo a la CPJ, los asesinatos de periodistas en México desde 1992 alcanza una cifra de 138, mientras que la organización Artículo 19 contabiliza 145 agresiones desde el año 2000.

^{En portada: Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria}

“Se ha evidenciado como Guatemala implementó desde su política contrasubversiva la estrategia para atacar el cuerpo de las mujeres”, afirmó Lucía Xiloj, abogada de 28 víctimas de violaciones en el conflicto armado interno (1960 y 1996), durante el transcurso de la segunda semana del juicio histórico que se realiza en el país centroamericano.

Este lunes (17) arranca la tercera semana de audiencias para juzgar a cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), quienes son señalados por delitos de lesa humanidad como violencia y esclavitud sexual contra 36 mujeres originarias de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, durante los años de 1980 a 1985.

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“Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas”, relató la abogada Xiloj, integrante del Bufete Jurídico Popular de Rabinal para medios internacionales mientras se desarrollaban las audiencias.

De acuerdo a la litigante, el proceso ya avanzó con la muestra de un total de 20 pruebas periciales, por lo cual esta semana continuarán las declaraciones testimoniales. “Mas o menos nos vamos a llevar como dos semanas más para diligenciar todas las pruebas”, contextualizó Xiloj para entrevista con el medio Ruda GT.

40 años sin justicia

La abogada Xiloj hizo un recuento del proceso para que actualmente se juzgue a los ex patrulleros. Fue en el año de 2011 cuando 11 de las mujeres presentaron una denuncia por los hechos de violencia que sufrieron, a la cual se sumaron más víctimas hasta llegar a 36 casos. Las mujeres tenían entre 12 y 56 años, al momento de las agresiones y cuatro de ellas eran menores de edad.

Entre los testimonios escuchados durante las pasadas audiencias se encuentran los de las hermanas Margarita Alvarado Enríquez y Marcela Alvarado Enríquez, quienes señalan a Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado de violarlas. Por su parte, Pedrina de Paz señala a Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino ex patrulleros acusados en este juicio, de violarla y provocarle daños permanentes. Francisco Cuxum Alvarado es el quinto acusado.

Estos actos criminales ocurrieron durante los primeros años de la década de los ochentas, por medio de la doctrina de “tierra arrasada”, aplicada bajo el régimen de Ríos Montt, mediante la cual el dictador se ensañó contra las comunidades rurales e indígenas a quienes acusaba de colaborar con los grupos guerrilleros. Para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esto constituyó una práctica de genocidio “en contra de grupos del pueblo maya” por parte de agentes del Estado.

Por ello, y a pesar de 40 años de espera, las mujeres maya Achi viajan más de 100 kilómetros para asistir a las audiencias que construyen el juicio contra algunos de los autores materiales de estos crímenes.

“Sí ha habido un avance importante para empezar a acreditar esta situación, este contexto que es muy importante en caso de justicia transicional, tal como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, al escuchar a las voces de las propias víctimas se va a terminar de acreditar la responsabilidad de las personas en específico que están siendo acusadas en el presente proceso”, remarcó la abogada Xiloj.

Por su parte, la abogada representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó la prescripción de delitos y el deslinde del Estado de Guatemala del caso pues, según su argumentación, los acusados nunca fungieron como funcionarios públicos ni como miembros de ninguna institución de gobierno.

Como respuesta, la jueza Jazmín Barrios declaró sin fundamento la primera petición ya que en el derecho nacional e internacional las graves violaciones a derechos humanos no prescriben, mientras argumentó que, ante la segunda petición, se resolverá al dictar sentencia en el momento de concluir el debate oral y público.

Violencia contra los cuerpos

En la audiencia del 7 de enero, la primera en declarar ante el tribunal fue Aura Estela Cumez, antropóloga enfocada en el tema de género, quien presentó un peritaje sobre violencia sexual. Ella afirmó que su investigación muestra que los hechos cometidos contra las mujeres maya Achi tienen claros elementos de racismo y tácticas de guerra contrasubversiva.

“Durante el Conflicto Armado Interno, las comunidades Maya Achi fueron ocupadas y controladas por el ejército que operaba desde un destacamento y campamentos militares en coordinación con comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas para reprimir, eliminar y destruir a las comunidades consideradas enemigo interno”, detalló Cumez, para quien esta forma de actuar de los patrulleros en contra de las mujeres Achi evidencia una planificación militar.

A su vez, el doctor Cristian Ruiz presentó un dictamen médico tras evaluar a 31 víctimas de la violencia y, por su parte, el antropólogo José Angel Zapeta enfatizó el dolor de las mujeres tras lo sucedido.

Violencia contra el territorio

Fue durante esa misma audiencia que la doctora Irma Alicia Nimatuj presentó un peritaje basado en las historias de vida de 35 mujeres Achi.

Dentro de los hallazgos de Nimatuj, la doctora enfatizó cuatro esferas en las que se produjeron los delitos que hoy están siendo juzgados: profanación, violencia sexual irracional, explotación sexual y violencia sexual verbal.

Nimatuj también destacó que la represión contra las mujeres Achi se originó desde la construcción de la represa en el río Chixoy. En orden para consolidar este proyecto hidroeléctrico, que contaba con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, fueron violentamente desplazadas comunidades mayas Achi.

Aunado a ello, 440 indígenas Achi fueron asesinados por el Ejército de Guatemala acusados de pertenecer a la guerrilla, para luego reprimir a las mujeres sobrevivientes.

“Allí inician los tratos crueles y la violencia sexual contra niñas y ancianas (…). En las historias de vida se evidencia que la violencia adoptó patrones comunes: llegada violenta de ejército, patrulleros y judiciales, luego persiguieron a los líderes comunitarios, después asesinaron o desaparecieron a los hombres adultos para después torturar y violar a las mujeres sin importar su edad o estatus. Arrasaron y quemaron sus casas junto a sus pertenencias e instrumentos de trabajo y bienes espirituales, cuando capturaban a las mujeres quienes buscaban comida, medicinas o agua las recluían en destacamentos militares para interrogarlas y violarlas masivamente”, afirmó Nimatuj.

Para la doctora Nimatuj, la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra. “La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres Achi, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, explicó.

Testimonios

En la audiencia del jueves (13), Arsenio García explicó el “análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violaciones de derechos humanos” mediante el cual concluyó que los testimonios de 33 mujeres Achi son creíbles, congruentes, tienen concordancia y coherencia.

“Los testimonios coinciden en relatos de tortura física y sexual, uso de destacamentos como lugares de tortura, desapariciones y asesinatos de familiares y otras personas de comunidad, quema de casas, desplazamiento forzado, robo de objetos y animales, violencia y esclavitud sexual de los victimarios”, señaló García.

“Llevamos 40 años esperando justicia, antes nos daba vergüenza hablar de lo que nos hicieron, pero hoy estamos contentas porque ya estamos en audiencia, esperamos que ahora si nos hagan justicia”, declaró Antonia Valey, otra de las víctimas que espera justicia en los tribunales de Guatemala.

Con información de Ruda GT, Prensa Comunitaria y Prensa Libre

Este domingo (16), el ayuntamiento municipal de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, ha difundido la convocatoria para el reinicio de la Consulta Indígena para la instalación del parque eólico de la empresa Électricité de France (EDF).

El proceso de consulta, iniciado en abril de 2018 y detenido debido a la pandemia de Covid-19 deberá, según la convocatoria, ser retomado el 22 de enero, en su fase final, en la etapa deliberativa.

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La Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec, ha expresado su inconformidad ante la decisión de la reanudación del proceso. “Deliberar en medio de la pandemia es un acto coercitivo de las autoridades”, pronunciaron los comuneros de la comunidad zapoteca en sus redes sociales.

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“En plena alza de la panemia en Oaxaca y ante un eventual repunte en el Istmo, después de las fiestas de fin e inicio de año, la Sener [Secretaría de Economía], INPI [Instituto Nacional de Pueblos Indígenas], CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] se lavan las manos y practican la danza de la muerte con la reanudación de la consulta eólica del proyecto de muerte denominado Gunaa Sicarú”, afirman.

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Los zapotecas han denunciado, desde por lo menos 2017, que la EDF firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta.

Han denunciado además que las acciones de la empresa, en conjunto con autoridades, han llevado a la comunidad de Unión Hidalgo a una escalada de violencia, especialmente hacia comuneros y comuneras que están en contra del proyecto.

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En testimonio para Avispa Midia, un representante de la Asamblea de los Comuneros apuntó varios problemas en la retomada de la consulta. Uno de ellos es que no hay condiciones para iniciar la fase final, la deliberativa. “No se ha cerrado formalmente la fase informativa”, dijo, necesaria para que se inicie la deliberación.

Además, sostiene que la responsable por la convocatoria debe ser la Sener, a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Territorial, y no el ayuntamiento municipal.

En Unión Hidalgo ya existe un parque eólico con dos fases de la española Demex. Son alrededor de 100 aerogeneradores ya instalados.

Brasil y los Estados Unidos (EEUU) estrecharon y reafirmaron sus acuerdos militares a finales del año 2021 con un ejercicio conjunto, realizado en el estado de Sao Paulo desde el 6 de diciembre. De la misma manera, en los primeros días del año 2022, EEUU realizó diversas acciones en Centroamérica con su vieja estrategia de “ayuda humanitaria” en contextos de “crisis naturales”.

El ejercicio militar, ejecutado junto a las fuerzas armadas de Brasil en diciembre del 2021, es llamado “Southern Vanguard 22”. Este ejercicio fue dirigido y patrocinado por el Comando Sur de EEUU, una unidad compuesta por más de 1,200 militares y civiles encargada de las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. Es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de los EEUU.

El ejercicio tuvo un alcance a nivel operativo y táctico diseñado para aumentar la interoperabilidad entre el país norteamericano y las fuerzas armadas del cono sur. “Nuestro objetivo es continuar este ejercicio al menos hasta el año 2028”, dijo el General William Thigpen, comandante general del Ejército Sur.

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El general destacó la relevancia del ejercicio, sobre todo, “es importante que ejecutemos esta misión porque en caso de una crisis humanitaria o un desastre natural, ya tendremos la experiencia de trabajar junto a las fuerzas brasileñas, y tenemos esa confianza y respeto establecidos”.

Aunque esta no es la única acción que ha realizado el Comando Sur en Sudamérica. Uno de los ejercicios más controvertidos fue realizado en septiembre del 2020, en plena pandemia de la Covid-19, EEUU y las fuerzas armadas de Brasil, realizaron un simulacro de guerra en la frontera con Venezuela. También sirvió para probar su artillería, con los proyectiles conocidos como ASTROS 2020, con el cual se han creado un conjunto de cohetes: SS80, SS60, SS40 y SS30.

Para el ejercicio “Southern Vanguard 22”, que duró 10 días, participaron más de de mil militares, incluidas las fuerzas del 5.º Batallón de la 12.ª Brigada de Infantería de Brasil; militares del Comando Sur; y la 101 División Aerotransportada (Asalto Aéreo) para realizar entrenamiento táctico conjunto.

En los ejercicios del “Southern Vanguard 22”, también participan países socios de Centroamérica y Sudamérica. La primera ejecución de “Southern Vanguard” tuvo lugar en Chile, en agosto de 2021.

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Los EEUU remarcan las relaciones que tiene con Brasil, sobre todo, desde la 2ª Guerra Mundial, una relación que se reafirma con el ejercicio “Southern Vanguard 22”.

“Este ejercicio se ha estado gestando desde octubre de 2020, y solo podría suceder con la planificación del personal combinado del Ejército Sur y nuestros homólogos brasileños”, dijo el mayor Milton Maddox, oficial principal de planificación del Ejercicio Southern Vanguard 22 del Comando Sur.

Los altos mando del Comando Sur sostienen que con estos ejercicios se “fortalecen la seguridad regional porque nuestras fuerzas aprenden a operar como una sola”.

Nuevo año 2022

El Comando Sur y su extensión establecida en Honduras, llamado Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (FTC-Bravo), también se encuentran realizando un conjunto de ejercicio de “respuesta a desastres naturales” en Belice del 7 al 21 de enero.

JTF-Bravo, es una unidad del Comando Sur establecida en la base en la Base Aérea Soto Cano, Honduras. Desde este complejo han desplegado diversas acciones en América Latina y en contextos de guerra como las de Afganistán e Irak.

En ejercicio para “asistencia humanitaria” y el socorro en casos de desastre, realizado en Belice, se impartió capacitación para el uso de helicópteros CH-47 y UH-60, con el objetivo de “responder rápidamente con sus capacidades únicas de transporte aéreo y para salvar vidas y mitigar el sufrimiento inmediatamente después de los desastres naturales”, destacan los mando del Comando Sur. Desde que se declaró oficialmente la pandemia de la Covid-19, EEUU no ha distribuido vacunas para el coronavirus.

En estos ejercicios se impartió la capacitación para la supervivencia en la selva, “un ejercicio de asistencia humanitaria y de socorro en caso de desastres, diseñado para poner a prueba la capacidad de la FTC-Bravo de brindar asistencia a sus socios centroamericanos y validar sus capacidades”, afirma el Comando Sur.

Estrategia del Teatro es llamada la ruta que sigue los Estados Unidos en Latinoamérica, una estrategia lanzada en 2017 y proyectada hasta 2027. “Este plan es nuestro modelo para defender las vías de acceso del sur del continente americano hacia su interior y promueve la seguridad regional mediante la degradación de las amenazas por parte de las redes ilícitas transregionales y transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles), respuesta rápida a cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano) y creando relaciones para enfrentar desafíos globales”, señala el documento de la estrategia que en su momento fue presentado por el ex comandante, Kurt Walter Tidd.

Esta es la misma estrategia que sigue actualmente la comandante Laura Richardson, quien asumió el mando del Comando Sur a finales del año 2021. Bajo esta estrategia, también, en Guatemala, el pasado 11 de diciembre de 2021 la FTC- Bravo, desplegó aproximadamente 30 miembros para brindar atención médica y veterinaria a las poblaciones guatemaltecas.