Las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) instaladas en el poblado zapatista Nuevo San Gregorio, municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas en Chiapas, México, y la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, han documentado nuevos ataques que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad personal de seis familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).

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El día 9 de junio, a las 7:23hrs entraron 19 personas del grupo agresor en el poblado y tumbaron árboles para “reforzar el alambrado que ilegítimamente instalaron hace 2 años y medio en el poblado”, de acuerdo a un comunicado divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

A las 13:27hrs se reunieron frente del centro del poblado, donde es punto de trabajo y encuentro de las BAEZLN, insultando agresivamente a la población y en especial a las BriCO, realizando amenazas de muerte en contra de ellos y de integrantes del Frayba, antes de retirarse a las 14:38hrs.

“Estas nuevas amenazas constituyen un riesgo a la integridad física y psicológica de las personas y una clara obstaculización a la observación internacional con base en la Constitución mexicana y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano”, señala el comunicado.

Frente a estas circunstancias existe el “riesgo inminente a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal debido a que el grupo agresor ha lanzado la amenaza de desplazar de manera forzada y entrar a cerrar las casas donde viven las BAEZLN, lo que ocasionaría daños de imposible reparación y a las observadoras y observadores de derechos humanos que se encuentran en el lugar”.

La organización denuncia que las BAEZLN realizan la defensa de su tierra y territorio en un contexto de constante violencia, amenazas y asesinatos por la acción de grupos armados sobre sus tierras y bienes naturales.

En el pueblo Autónomo de Nuevo San Gregorio, quienes permanecen en resistencia y defensa del territorio recuperado desde 1994, se ha dificultado la siembra de cultivos provocado por el despojo territorial, ocasionando la falta de alimentos básicos para las personas. Estos hechos siguen sucediendo bajo la observación del gobierno federal y estatal, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas.

Frayba sostiene que el Estado mexicano es indiferente y omiso en implementar una acción efectiva para desactivar la violencia contra las BAEZLN, “quienes son defensores, cuidadores y guardianes de su territorio, la administración de estos hechos, puede generar una situación de mayor alcance en violaciones graves a los derechos humanos”.

El 5 de julio próximo se cumplirá un año del asesinato del ex presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez, fecha que será conmemorada con un informe sobre su vida como defensor de los derechos humanos en Chiapas.

Las Abejas de Acteal lamentaron que la investigación de Simón Pedro no avance, “la justicia solo funciona ante el dinero y el poder”, pues señalan que enfrentan a la falta de voluntad política para investigar el contexto y las verdaderas causas del homicidio para dar con las personas que ordenaron la ejecución.

Simón Pedro fue asesinado en la cabecera municipal de Simojovel, después de denunciar la omisión del Estado mexicano ante la actuación impune de grupos de la delincuencia organizada.

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Las actividades en su memoria, por la verdad y la justicia serán convocadas en la comunidad Nuevo Israelita de Simojovel donde vivió y creció Simón Pedro; y donde actualmente reside su familia.

Tanto la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) acompañarán la peregrinación, la celebración eucarística y la presentación del informe para el que convocan la presencia de organizaciones aliadas.

Tras el asesinato del defensor, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas recomendaron a la Fiscalía de Chiapas investigar a fondo estos hechos, no solo a los autores materiales si no intelectuales del asesinato.

Días más tarde detuvieron a una persona acusada como autor material del crimen, “nuestra percepción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas es que con que haya un detenido ya se hizo justicia; no hay voluntad”, dijo el abogado del Frayba, Jorge Gómez Hernández.

Pero esta presión política desde la fecha del crimen, impulsó el proceso y los asesores jurídicos no han agotado las líneas de investigación. El 30 de junio se realizará la audiencia intermedia en el Centro de Reinserción para Sentenciados número 14 ‘El Amate’ y “después se procederá a juicio oral donde se definirá la inocencia o la culpabilidad del detenido, estamos en los preparativos de la audiencia y del aniversario en memoria de Simón”, explicó Gómez.

La familia 

Entre las cosas que no ha hecho la autoridad es brindar seguridad a la familia del defensor, pese a que la Fiscalía tiene conocimiento de las intimidaciones y amenazas que continuaron después del asesinato de Simón Pedro.

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“Nosotros como Frayba también estamos protegiéndonos porque sabemos del riesgo y los motivos del asesinato. Seguimos pronunciándonos porque haya justicia verdadera”.

Para el Centro de Derechos Humanos el nulo acceso a la justicia es general, pues acompañan otros casos de tortura, de indígenas detenidos injustamente, violaciones, feminicidios que no se investigan, entre otros.

En la actualidad los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados y tampoco hay justicia completa, “no hay justicia para nadie; la fiscalía decide quién accede a la justicia según sus intereses”.

Pero éste no es un tema reciente, pues en las tres décadas de documentación del Frayba señalan que no existe independencia judicial aún con los cambios de partidos políticos en los gobiernos.

En Chiapas la práctica de la tortura en las detenciones ilegales sigue siendo muy comunes, pero ningún servidor público ha sido castigado por torturar, encarcelar o por actos de corrupción.

“No queremos que tengan que pasar otros 25 años para que se haga justicia en el caso de Simón Pedro, por eso le pedimos a todos nuestros hermanos y hermanas solidarias que nos ayuden difundiendo su caso y participando en una celebración cuya convocatoria lanzaremos muy pronto con ocasión de su primer aniversario”, compartieron las Abejas de Acteal.

¿Por qué no tener el derecho a escribir lo que vemos desde la comunidad? se cuestionó Irene Nich, antes de comenzar la investigación del libro Milpa Corazón: Las milpas de los guardianes, escrito por integrantes de la Red de guardianes del maíz y la biodiversidad en Chiapas.

El libro reunió a siete autores, cuatro mujeres y tres hombres, que representan las segundas y terceras generaciones de los guardianes del maíz de distintas regiones de Chiapas, y que, además de la escritura, promueven la conservación de las semillas.

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Escribir este libro fue un regalo para cada uno de ellos. Abrió la oportunidad para tener conversaciones con familias de la cultura tzeltal, tojolabal, zoque, mam y mestiza que en conjunto siembran casi 700 mil hectáreas en Chiapas, la mayor superficie de maíz en México.

“Queremos hacer lo mismo, como dijo el abuelo: la palabra debe caminar”, cuenta Irene Nich en voz de Lusbey Méndez Sántiz, María de la Flor Gómez Cruz, María Sánchez Álvarez, Adrián Pérez de la Cruz, Sergio Cruz García y Ervin Pérez Arriaga.

La idea se originó hace tres años cuando iniciaron las investigaciones individuales y durante la pandemia del Covid-19 se concretó, pues se percataron que los campesinos resolvieron con la milpa el problema alimentario que se avecinaba.

“Sembrando maíz porque eso nos garantiza nuestra alimentación mientras pasamos esta situación”. Entonces, decidieron sistematizar lo que ven y cómo lo ven desde el registro de la vida a través del maíz.

El texto literario incluye la localización geográfica de los guardianes: Huixtán, Oxchuc, Las Margaritas, Chapultenango, Villaflores, Cintalapa y Motozintla. Así como fotografías que lograron captar momentos importantes en este ejercicio de reflexión, de escucha y voluntad.

“Nos dimos la tarea de escribir un libro sobre lo que representan las semillas en la vida diaria y en los diferentes territorios. Tiene un corte antropológico porque reflexiona sobre lo que significa la milpa para quienes la cuidan”.

Irene, por ejemplo, desde muy pequeña mantiene una relación estrecha con los saberes de la milpa a través de sus abuelos maternos tzeltales de Oxchuc y sus abuelos paternos tzotziles de Chamula.

Es Agrónoma de formación, pero fue hasta que entró a la maestría en Antropología Social que reconoce y ve distinto lo que antes parecía común, “finalmente hace algunos años, me siento mucho más conectada y siempre han estado presente en mi vida las semillas y la vida comunitaria”.

Por ello cada autor se enfocó en una región para narrar en siete capítulos las historias de los guardianes y la vida al ritmo de la naturaleza.

‘Una aguja en el pajar’

La milpa en el siglo 21 es de suma importancia, asume Irene Nich. Partiendo de ahí buscaron y localizaron a los guardianes del maíz, quienes preservan hasta 20 semillas ancestrales, la vida campesina y una relación con la tierra.

“Es como encontrar una aguja en el pajar, cada vez es más complicado encontrar a los guardianes”, dice la investigadora pues los campesinos son muchos, pero la relación de conservación es menor.

Por años, las mujeres son las que cubren este tejido comunitario. En los roles en la vida rural, las mujeres sostienen la milpa, debido a la migración forzada de los hombres para buscar ingresos económicos.

Pero también, porque a las mujeres les proporciona mayor seguridad alimentaria la milpa que migrar, pues en los destinos no son recibidas al igual que los hombres. Entonces crean espacios de intercambio, “la milpa cubre la alimentación y el cuidado de los que están alrededor”, a esto se suman las plantas medicinales y toda la relación de las mujeres con la comunidad.

La migración es una constante, por ejemplo, en Oxchuc un vehículo llega para llevar los tseltales al norte del país para trabajar. Pero los autores de Milpa Corazón recuerdan que, desde los tiempos de las fincas cafetaleras en Chiapas, los hombres tenían que dejar sus hogares para trabajar como jornaleros.

“Es más difícil que para quien está íntimamente relacionado con la milpa y tiene que migrar, porque existe una nostalgia que los lleva a seguir buscando la tortilla, el maíz y el frijol”.

Diversidad y desigualdad

Para los autores, Chiapas sigue siendo rural, porque las generaciones están vinculadas al campo, pues todos son hijos o nietos de campesinos; algunos más cercanos que otros.

Por ello la importancia de hablar también de las contradicciones en las políticas públicas para promover el monocultivo sobre la conservación de la biodiversidad, sobre todo en estos momentos cuando los investigadores aún están en el reconocimiento de especies.

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Las especies no están concentradas en una milpa, ejemplifico el caso de región frailesca donde se siembra monocultivo casi en su totalidad. Entonces también existe una lucha contra los monopolios y la monocultura.

A partir de estos problemas el campesino ha sido poco estimulado para continuar trabajando, pues el precio de los productos es muy desigual y los “acorrala”.

Y en este contexto tampoco existe responsabilidad social, pues no se valora la diversidad y se limita a consumir grandes cantidades de una sola especie de alimento, lamenta Irene Nich.

La ‘Red de guardianes del territorio y la biodiversidad’ mantiene vínculos con organizaciones que están en la misma lucha, pero concentradas en las leyes, como la iniciativa de reforma en la Ley de Variedades Vegetales.

Saben que se trata de un marco regulatorio que busca limitar más la diversidad y con ello la calidad de los alimentos, “nuestra aportación de sistematizar, demostrar que antes de la ley el campesino tenía esas especies y que se tiene que respetar ese territorio”.

Escuela del maíz 

La Escuela del Maíz y la Milpa es otro proyecto de la misma red, que pone en contexto y explica porqué es importante la conservación de las semillas, consumir la diversidad, así como la valoración de los guardianes.

“Estamos preparándonos para ese proceso”, dice Irene. Lo primero es cuestionar ¿qué significa para un campesino enseñar?

El ejercicio piloto se hizo en Oxchuc donde los campesinos respondieron que su escuela es la milpa, “entonces estamos empezando a nombrar las cosas a partir de lo que la gente entiende y aprender para poder diseñar la escuela”.

La red ya trabaja en las investigaciones para un segundo libro, para el que necesitan una unión de voluntades que tengan el propósito de difundir los conocimientos ancestrales, nutrir y valorar a los guardianes, “el maíz es la vida misma”.

Milpa se dice:

K´altik en tzeltal

Alaj en tojolabal

Kamatze´kujy en zoque

Kjo´n en mam

Puedes descargar el libro Guardianes Corazón aquí

^{En portada: 400 años de minería no alteraron la apariencia del Cerro de San Pedrio. En cinco años se abrió un abismo de 400 metros de profundidad por 800 de ancho}

En 1996, los órganos ambientales de México dieron autorización a la minera San Xavier, de la canadiense New Gold, para explotar plata y oro en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Los habitantes solicitaron ante tribunal un juicio de nulidad de la concesión. Pero la minera presentó amparo y logró continuar sus actividades.

En 2016, luego de haber devastado al cerro, la minera cerró las actividades sin un plan de restauración. “¿Cómo van a volver a construir un cerro?”, pregunta don Mario Martínez, ingeniero geólogo y miembro del movimiento ciudadano de defensa del pueblo de Cerro de San Pedro.

La minera canadiense dejó, según Martínez, 200 millones de toneladas de materiales sulfurosos, además de 100 millones de toneladas de material con cianuro que, con las lluvias, filtran hacia al acuífero.

Son motivos de preocupación y resistencia la prospección, exploración, explotación, además de los conflictos que generan la actividad minera. Sin embargo, existe un “completo vacío” en lo que respecta al cierre y abandono de los sitios mineros, alerta la investigadora y experta en el tema, Letizia Silva, quien coordinó el informe ¿Y después de la mina qué? Hacia una política de cierre de minas, de la fundación Heinrich Böll.

“¿Qué sucede cuando deja de tener actividades a corto, mediano y largo plazo una mina?, ¿qué sucede con los lugares que quedan en total abandono? Quedan residuos tóxicos que no permite que viva nada. No se puede producir, no se puede tener una vida social, una vida en común. Y nadie se hace responsable de ello”, señala la investigadora.

En México, no existe una definición normada y regulada que establece lo que significa ‘cierre de mina’, tampoco existen normas para regular cómo debe ser la finalización de una actividad minera, o cómo se va a vigilar que la restauración del sitio ocurra.

Lo que existe, según la investigadora, son las definiciones en las Manifestaciones de Impacto Ambienta (MIA), estudio realizado por una consultoría ambiental pagado por las mineras. “Son las empresas que determinan, bajo sus criterios, que se considera cierre de mina”, explica.

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Justamente por no haber una normativa clara, no hay un número oficial de minas cerradas, tampoco existe un registro oficial de los pueblos fantasmas que han generado las actividades mineras en todo el país.

El dato oficial a partir del cual se puede generar una idea de la contaminación es el inventario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que ubica 585 registros de presas de jales, desechos tóxicos generados por la actividad minera.

Cierre en las distintas fases

La actividad minera posee cinco fases. La prospección, exploración, explotación, beneficio o limpieza del mineral y el cierre. “Pareciera un ciclo continuo y normal, pero hemos visto que, por ejemplo, una concesión puede estar en explotación y, al mismo tiempo, desarrollar prospección. Pueden estar en la fase de beneficio y volver a la fase de prospección. No es una actividad continua. Así como se puede regresar las fases, el cierre también puede coincidir con cualquier otra fase”, explica Silva.

Es decir, puede ser que la empresa esté haciendo la prospección y considere que no es viable la explotación y determina retirarse. “¿Dónde está la planeación de cierre cuando no hubo explotación?, por ejemplo. La actividad de prospección no es solamente hacer medición, es hacer perforación, retirar vegetación, modificar suelo. Entonces desde las primeras fases habría que existir un plan de cierre”, sostiene.

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Otra situación que no está prevista en las normas mexicanas es la suspensión de la actividad minera. “Puede ser que la empresa se haya ido momentáneamente. Todavía es un cierre y abría que estar normado”, señala la investigadora.

La postergación de las actividades mineras ha sido cada vez más frecuente en los últimos años. En 2017, 17% de los proyectos mineros estaban suspendidos. En 2021, alzó a 62%. “No sabemos lo que sucede en este período que es indeterminado”.

Distintas organizaciones y colectivos demandan una política de monitoreo y manejo de desechos tóxicos, además exigen que las empresas restauren los lugares luego de la extracción de los materiales. ¿Sería eso posible?, considerando los daños irreversibles que traen dichas actividades. Como señaló Martínez, ¿cómo van a volver a construir un cerro?”.

^{Por Francisco Simón y Luis Ovalle / En portada: Población Chuj se manifiesta pacíficamente contra la construcción de las hidroeléctricas en la microrregión de Yichk´isis. Julio, 2018. Foto: Santiago Navarro F.}

La buena noticia llegó el 31 de marzo, a la población maya Chuj, Q´anjob´al y Akateko, de ocho comunidades y cuatro caseríos que integran la microrregión de Yichk´isis. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el retiro de su financiamiento a dos hidroeléctricas llamadas, San Mateo S.A y San Andrés S.A, de la empresa Energía y Renovación S.A.  Estas centrales hidroeléctricas son propiedad de la corporación Castillo Hermanos, una red de empresas familiares que forman parte de la oligarquía guatemalteca.

La construcción de esos proyectos inició en 2013, entre denuncias de violaciones a los derechos humanos de los tres pueblos mayas que habitan en una parte de la región fronteriza de Guatemala con México.

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La decisión del BID se dio después aceptar los resultados de un informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), una entidad del mismo banco, que concluyó que el BID incumplió con sus propias normas y leyes,  al otorgar un préstamo de 13 millones de dólares, equivalente a 100 millones de quetzales, a la empresa Energía y Renovación, S.A para la construcción de dos hidroeléctricas, con el uso de los ríos Yalwitz, Río Negro (Q´eq Sat) y Pojom. El informe fue publicado el 26 de septiembre de 2021.

Según el MICI, las políticas internas que incumplió el banco son: de Disponibilidad de Información; de Sostenibilidad Ambiental y Social; la de Pueblos Indígenas, de Igualdad de Género en el Desarrollo; y finalmente, la de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas.

Bajo esta perspectiva, el MICI sugirió al BID el retiro del financiamiento a la empresa, pero con una salida responsable bajo cuatro acciones importantes: un plan de salida responsable, otro de transición, de no represión y de seguimiento. Además de traducir el informe en los idiomas maya Chuj y Q´anjob´al.

María Bautista Hernández, originaria de la aldea Yulch´en Frontera y representante de las mujeres Chuj de la microrregión de Yichk´isis, dijo que la decisión de banco “fue un logro después de 12 años de lucha y resistencia, que marcaron un escenario de asesinatos, criminalización, violencia y división comunitaria, provocada por la empresa a su llegada al territorio, en 2013”.

La dirigente comunitaria, recordó que cuando llegó la empresa ofreció desarrollo, pero lo que en realidad ocasiones fueron impactos en la vida de las personas y en los recursos naturales. “Es lo que hemos estado manifestando y rechazando, que no queremos estos proyectos, porque han causado daños a las comunidades. También a la vida de cada persona y de cada familia. Contaminando los ríos y la tierra. Todo esto, viene a afectar las vidas de las comunidades”.

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Según María Bautista Hernández, lo que demandan las comunidades de Yichk´isis al BID “es que dejen el cerro como estaba cuando llegaron y también que retiren las represas que habían hecho para desviar el río, deben quedar tapadas las perforaciones del cerro Anlaq”, indicó.

Al ser consultada por la presencia de las fuerzas combinadas del Estado en la microrregión, respondió que insisten “en el retiro de las instituciones públicas. Tanto de la policía como del Ejército. Estas dos instituciones sabemos muy bien que están para cuidar a la empresa. Y a nosotros no nos beneficia. Al contrario, nos han intimidado, y solo hemos obtenido inseguridad al tener estas instituciones en el camino”.

^{Texto publicado originalmente en Prensa Comunitaria.}

Miles de personas migrantes salieron este lunes (6) de Tapachula, para solicitar visas humanitarias para transitar libremente por México durante un año. De acuerdo a la documentación de organizaciones, se trata de la octava caravana que sale desde el Soconusco en Chiapas, sólo este 2022 y quizá la más numerosa.

García Villagrán, defensor de los derechos humanos que acompaña la organización de la caravana, considera que más de 15 mil migrantes caminan en ella, “y se va anexando la gente; es necesario que esta crisis humanitaria se atienda conforme a la ley con visas humanitarias inmediatamente a todos y cada uno”.

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Exigen, además del acceso a procedimientos migratorios, un trato digno de las autoridades. “Sí se puede”, se escuchó al unísono, cuando cruzaron por un cerco de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) en la salida a la carretera a Huixtla que, de otro modo, no hubiesen podido cruzar.

Salieron alrededor de las 6hrs del lunes del Parque Bicentenario, bajo una lluvia leve y constante. Caminaron 14 kilómetros hasta la comunidad Álvaro Obregón donde nuevamente llovió por la noche.

Comunidades religiosas y organizaciones de derechos humanos brindaron agua y algunos alimentos. Hay familias que decidieron comprar arroz y pasta para preparar en la calle. Mientras, la Guardia Nacional los vigila de lejos.

Este mismo lunes, en la estación migratoria Siglo 21, personas de distintas nacionalidades se amotinaron y se subieron a los techos del espacio dependiente del INM para pedir libertad, lo que provocó la presencia militar.

Villagrán espera que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atienda personalmente a los miles de migrantes que se dirigen al norte del país y que planean una visita a Palacio Nacional.

Visa humanitaria por un año

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano declaró acción urgente. “Ante la falta de vías para la regularización migratoria y acceso a refugio, salió un grupo”, el cual está integrado principalmente de familias, incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como personas LBTIQ+ y con discapacidad. Villagrán agregó que también hay mujeres embarazadas.

Las organizaciones que integran el Colectivo continúan la documentación del grupo que este martes (7) caminó rumbo a Huixtla. “Hacemos un llamado a las autoridades a garantizar protección y evitar el uso injustificado de la fuerza”.

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Este martes, nuevamente el calor y la humedad provocaron que algunos se adelantaran, otros pidieron aventón a los camiones, tráileres y vehículos de particulares; pero algunos se quedaron en el camino.

La asistencia médica también la otorgan las organizaciones. Las infancias son las más afectadas por la insolación y la deshidratación.

Irineo Mujica, de Pueblos sin Frontera, responsabilizó a la autoridad migratoria de que los extranjeros busquen salir en masa de la ciudad fronteriza. Asimismo, señaló la corrupción que existe al interior del INM, “tenemos un gobierno que ha perdido la cordura, perseguir a las personas migrantes”.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene citas hasta agosto y la oficina de regulación hasta finales de septiembre, por lo que temen la cantidad de personas que podrían estar varados y contenidos en Tapachula para esa fecha.

La mayoría de ellos se encuentran en situación de calle, pues los albergues y refugios también se encuentran hacinados. Buscan plazas y parques para acampar y pasar la noche, “o se mueren de hambre o se mueren de tanto odio que hay en Tapachula”, dijo Villagrán.