^{En portada: Acción de protesta para exigir la libertad de Saúl Rosales}

Una de las principales exigencias de la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, la cual aconteció a finales de marzo, fue la libertad plena e inmediata de Raymundo Cahuantzi y Saúl Rosales, ambos acusados por el homicidio de una persona en la comunidad nahua de San Pedro Tlalcuapan, Municipio de Santa Ana Chiautempan, estado de Tlaxcala.

Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi han sido líderes en la defensa de la Matlalcueyetl, también conocida como “La Malinche”, organizando asambleas comunitarias, sumándose a la labor de restauración forestal del área y denunciando actividades extractivas en la zona como la tala ilegal de árboles.

Los defensores del territorio fueron detenidos el 14 de julio del 2022. Después de un año y siete meses de encarcelamiento, Raymundo Cahuantzi ganó su libertad definitiva el pasado 1 de marzo. Sin embargo, en la misma audiencia, Saúl Rosales fue sentenciado a 20 años de prisión.

Los sucesos por los cuales acusan a Saúl Rosales acontecieron el 15 de abril del 2022, cuando un hombre fue linchado en la comunidad después de ser acusado de haber intentado robar en una vivienda.

Saúl era el presidente comunitario de la comunidad. Su esposa ha declarado en entrevistas que Saúl intentó detener el linchamiento sin éxito, ya que las personas que participaban en los hechos lo encerraron en la presidencia municipal.

Raymundo, por su parte, es mayordomo de la comunidad y tiaxca -una posición de respeto dentro de la comunidad-. Pese a que no participó en los hechos, fue detenido al acudir a la Procuraduría de Tlaxcala para abogar por la libertad de Saúl.

El 1 de marzo, las juezas a cargo del proceso dictaron la libertad inmediata de Raymundo al haber pruebas de su inocencia que demostraban que el participaba en las actividades religiosas del pueblo en el momento del linchamiento.

En la misma audiencia, las juezas encontraron culpable a Saúl Rosales por, supuestamente, no resguardar a la víctima y no evitar el homicidio.

Los pueblos y organizaciones que integran la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, así como Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala (Coditet), que estuvieron a cargo de la organización y logística de la cuarta asamblea, y organizaciones de derechos humanos, como Frontline Defenders, han exigido la libertad de Saúl Rosales, argumentando que el proceso es un acto de criminalización en contra de Saúl y Raymundo por su labor en defensa de la zona de la Matlalcueyetl.

Esta zona está declarada como Área Natural Protegida, ya que aún resguarda gran variedad de plantas y animales y microorganismos endémicos del Eje Volcánico Transmexicano. La Malinche tiene también un alto valor en las cosmovisiones de las poblaciones tlaxcaltecas que viven en su cercanía, además de proveer recursos como carbón, leña, plantas medicinales, musgos, y hongos comestibles. La zona es también de alta importancia para mantener el ciclo del agua y regular la temperatura.

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En entrevistas con el equipo que acudió a la cuarta asamblea, integrantes de la Coditet denunciaron que la zona de la Matlacueyetl se encuentra amenazada por la tala ilegal de árboles, por la creciente urbanización tanto en Tlaxcala y Puebla, así como por la contaminación y plagas, en especial, la plaga del gusano “descortezador”.

La labor de defensa de este territorio ha conllevado también a conflictos con las autoridades de gobiernos municipales y del Estado que no respetan la decisión de comunidades nahuas de detener las actividades de explotación de recursos en la zona.

La sentencia de Saúl se da dentro del contexto de defensa del territorio, así lo declara Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales, en entrevista durante la 4ta Asamblea del Agua y la Vida.

A continuación, incluimos segmentos de las entrevistas con Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales.

Avispa Mídia (AM): Raymundo, nos alegra que estés aquí con nosotros en libertad. Podrías platicarnos, ¿cómo es qué eres detenido? ¿por qué se denuncia que los delitos de los cuales se te acusaba están relacionados a la defensa del territorio?

Raymundo Cahuantzi (RC): Fue fabricado el delito del cual nos acusaron. El día del homicidio yo no estuve en el lugar donde se dan los hechos, yo estuve todo el día participando y organizando la procesión ya que era viernes santo.

Nosotros trabajamos mucho tiempo en defensa de la Malintzin luchando contra la plaga del escarabajo descortezador, y haciendo trabajo de restauración, cuando inicia la plaga es cuando inicia la labor. Esto ha causado también roces con el gobierno, porque nos han intentado meter empresas del gobierno.

Nosotros creemos que nuestro encarcelamiento es un castigo por esta labor, por ser muy activos en la defensa de este territorio, por participar, por organizarnos.

Fuimos detenidos el 14 de julio para amanecer el 15 de julio. Fue cuando empezó todo este tormento o persecución política en contra de nosotros.

Fue muy duro todo esto, la verdad lo que sufrimos más es no estar con nuestras familias, con nuestros amigos, eso se siente muy duro.

AM: Raymundo, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes en este proceso para obtener su libertad?

RC: Haber estado en prisión desde el 15 de julio del 2022, hasta el 8 de marzo del 2024, fue muy duro y estresante físicamente, psicológicamente y económicamente.

Estar en la cárcel te cambia la vida, no sólo a ti sino a todos a tu alrededor. De un día para otro todo cambia.

Nosotros vamos al día porque somos campesinos, no tenemos la solvencia económica, tuvimos que aprender a sobrellevar el caso. De lo más difícil fue que las audiencias se posponían y se posponían, también nos engañaron algunos abogados, todo fue muy difícil.

Agradezco a mi familia directa que es mi esposa, mis hijos, mi madrecita que ahí está con 88 años de edad, mis hermanos. Nunca me dejaron solos. Siempre, cada visita, ahí estaban.

Agradezco también a mi comunidad porque de verdad que hay mucho cariño. Siempre he sido muy querido, estoy catalogado como un tiaxca en mi comunidad, muy respetado, también el compañero Saúl Rosales, esperamos que pronto se compruebe también que es inocente.

AM: Entendemos que todo fue muy difícil, y menciona el apoyo de su familia y comunidad, ¿cómo fue que se logró obtener su libertad? 

RC: Hoy se nos da la oportunidad de que nuestro colectivo Coditet se ha extendido más con todo el apoyo. Hoy en esta Asamblea Nacional del Agua yo vengo a agradecer a todas las comunidades, colectivos que se sumaron a esta causa. Gracias a todo eso estoy disfrutando de esta libertad.

A toda esa gente, que apoyó en marchas, la invitación a que sigamos unidos para que pronto esté con nosotros nuestro compañero Saúl Rosales. Todos, Dios y hasta el gobierno, saben que somos inocentes.

Quiero creer en la justicia divina y en las leyes de nuestro país para que se sepa la verdad. Nosotros no hicimos nada, somos personas que siempre hemos estado defendiendo el cerro, el agua, todo, ayudamos a la comunidad. La verdad tiene que salir a la luz.

A la exigencia de Raymundo se suma la palabra de Jacob Rosales, hermano del preso Saúl Rosales. En entrevista, Jacob platica las dificultades que el encarcelamiento de su hermano ha generado en el núcleo familiar.

Avispa Mídia (AM): Jacob, ¿cómo se encuentra Saúl Rosales? ¿Podrías platicarnos más sobre su labor en la comunidad previo a que le encarcelaran?

Jacob Rosales (JR): Mi hermano a pesar de estar dentro, se ha mantenido fuerte. Mi hermano Saúl siempre ha sido muy trabajador, muy luchador, y es muy querido en la comunidad.

En el momento que surge la plaga en el monte, [mi hermano] comienza, junto con el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, a hacer la restauración de la zona, a raíz de esto surge esta problemática que termina con la situación de su encarcelamiento. Simplemente siento que se quieren agarrar de esto.

AM: ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante las denuncias de que Saúl es inocente?

JR: Mi hermano lleva 1 año 8 meses privado de su libertad, la Procuradora de Tlaxcala sabe que no hay pruebas en su contra. Igual que en el caso del compañero Raymundo, que fue liberado, no hay nada en contra de Saúl.

Las juezas que llevan el caso, su excusa es que, por ser autoridad tradicional, es culpable. Por ayudar a la comunidad, por cuidar el bosque, le dan una sentencia de 20 años de prisión.

Lo único que exigimos y pedimos es que realmente se sepa la verdad, hoy en día nos hemos dado cuenta que Tlaxcala es de los estados más corruptos, no existe la justicia, no existe la ley.

AM: Después de 1 año y 8 meses en prisión, ¿qué ha sido lo más difícil para Saúl y toda la familia?

JR: El caso es complicado, para la familia y amigos que nos rodean. Yo puedo decir que yo conozco a mi hermano, le gusta apoyar, siempre le gusta participar y por eso creo que nos tocó vivir esto.

AM: Qué sigue en el caso de Saúl después de la sentencia ¿qué pasos seguirán?

JR: Nosotros seguiremos luchando hasta demostrar que el Estado está haciendo algo injusto. Como dijo Raymundo, sabemos que siempre hay personajes detrás presionando.

Ahorita nos vamos con el proceso de apelación. Esperemos todo salga bien y que en este tiempo que estemos luchando se haga justicia, se lleve sobre ley toda esta situación, y que prontamente lo tengamos libre.

AM: Para finalizar la entrevista, ¿cómo se puede sumar otra gente a la exigencia de libertad de Saúl?

JR: Nos pueden encontrar en Facebook como Justicia Tlalcuapan, se transmiten las manifestaciones cuando hay audiencias. Pedimos también divulgar esta información, que por el simple hecho de defender la tierra pagan personas inocentes.

Agradecemos a toda la comunidad y colectivos que siempre han estado con nosotros, se ha visto la amistad. Mi hermano me ha dicho, cuando lo voy a visitar, que te das cuente quienes son tus amigos, quienes están contigo. Les invitamos a seguir exigiendo la libertad de Saúl.

^{Foto de archivo por Clayton Conn}

La noche del jueves (7), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Guerrero afirmó haber recibido una llamada a través del 911, alertando sobre un vehículo con reporte de robo de la Marca Nissan tipo Frontier NP300, modelo 2020, color blanco, que se dirigía desde Chilpancingo hacia Tixtla. Según la versión oficial, el personal policial visualizó el vehículo en el punto conocido como Hotel Petatlán, gracias a las cámaras de C4, y abrió fuego cuando los normalistas no se detuvieron al pasar por un retén.

La dependencia compartió fotos del interior del vehículo donde, presuntamente, se encontró un arma de fuego corta, cartuchos útiles, tres bolsitas de una sustancia cristalina y cervezas. La Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello denunció el incidente, y confirmó la muerte de un estudiante en el hospital, Yanqui Rothan Gómez Peralta, y la detención de otro más. Además, señaló que los normalistas fueron agredidos por elementos de la policía estatal. Este centro ha acompañado a varias normales del país y ha resaltado que, durante el último año, se han emitido dos recomendaciones por abuso de autoridad y otras violaciones a los derechos humanos por parte de la policía estatal en interacciones con estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La tragedia ha generado indignación en la comunidad estudiantil de la Normal de Ayotzinapa. Al enterarse del incidente, algunos estudiantes se trasladaron al lugar y lanzaron petardos contra agentes estatales y municipales. Además, un grupo de alumnos se apoderó de una patrulla y la incendió en la avenida Insurgentes en Chilpancingo, como acto de protesta.

Este incidente se produce en una fuerte criminalización contra estudiantes normalistas y representantes legales de los familiares de los 43, quienes mantuvieron un plantón durante diez días afuera del Palacio Nacional, exigiendo reanudar el diálogo con el presidente López Obrador para continuar la búsqueda de sus hijos. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado frustración entre los familiares, quienes han recurrido a acciones más radicales para ser escuchados.

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Por la madrugada estudiantes normalistas realizaron una transmisión por sus redes sociales, donde denunciaron el asesinato del estudiante normalista, e informaron que el estudiante detenido fue trasladado al puerto de Acapulco.

Explicaron que sus compañeros se trasladaban en un vehículo cuando fueron atacados sin motivo por una patrulla, según testimonios de testigos presenciales.

Acusaron al gobierno de intentar encubrir el crimen y de sembrar pruebas para inculpar a los estudiantes y responsabilizaron directamente a las autoridades estatales de Guerrero por el asesinato del estudiante.

Recalcaron que este tipo de violencia policial es parte de un patrón autoritario del gobierno, que busca acallar las protestas y la disidencia.

Más tarde la Fiscalía General del Estado de Guerrero a través de sus redes sociales difundió un boletín informativo en el cual señaló que ha iniciado una investigación sobre un presunto homicidio ocurrido el 7 de marzo en el libramiento a Tixtla, cerca del Hotel Petatlán, en Chilpancingo de los Bravo.

La Policía Investigadora Ministerial está realizando entrevistas e indagatorias, mientras que los peritos están recopilando pruebas. Se espera que estas acciones aclaren los hechos y determinen responsabilidades.

Normalistas son vigilados 24 horas siete días a la semana

De acuerdo al Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) Independientes, en el tercer informe publicado en el año 2022 sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, las autoridades militares y de inteligencia llevaban un seguimiento constante de las actividades de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Los informes revelan que se monitoreaban las movilizaciones estudiantiles, incluyendo marchas, tomas de autobuses y otros eventos. El GIEI tuvo acceso a 57 informes de seguimiento desde 2011 a 2014, periodo en el que se recibieron 12 comunicaciones e informes de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre las actividades de los estudiantes, incluso el día de los trágicos sucesos en Iguala.

El 22 de septiembre de 2014, la Comandancia de la 35 Zona Militar informó sobre las actividades estudiantiles en Ayotzinapa, indicando la retención de autobuses para asistir a eventos conmemorativos en la Ciudad de México. Además, se ordenó a todos los batallones del Estado de Guerrero seguir de cerca las actividades de los estudiantes, destacando la importancia de informar sobre la participación en eventos en la capital del país y otras organizaciones presentes en la zona. Este seguimiento refleja el conocimiento detallado de las autoridades militares sobre las actividades estudiantiles y el nivel de vigilancia al que estaban sujetos los estudiantes.

En impunidad el caso de otros normalistas asesinados

Después de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en el año 2014, el martes 4 de octubre del 2016 fueron ejecutadas cinco personas durante un asalto en el transporte público en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, entre ellos dos normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos; los cuerpos de Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro se trasladaron al Semefo de Chilpancingo donde fueron reconocidos por otros normalistas.

El 12 de diciembre, los estudiantes de Ayotzinapa protestaron contra el entonces gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, exigieron aumento de presupuesto para el plantel, y algunos otros temas y necesidades internas.

La manifestación de ese entonces, con la que mantenían bloqueados los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, fue desalojada con violencia por elementos de la entonces Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial, quienes usaron armas.

Jorge Alexis y Gabriel fallecieron por disparos de arma de fuego y los cadáveres quedaron tendidos sobre la carretera de cuota. Casi a 13 años no hay responsable material ni intelectual de los que perpetraron el desalojo violento, incluso los dos elementos de la Policía Ministerial detenidos fueron liberados gracias a un amparo. El crimen de Alexis y Gabriel sigue en la impunidad, ha denunciado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En la mañana de este 8 de marzo, el presidente Manuel Andrés López Obrador dijo que “es lamentable esta situación” y que pedirá que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.

El pasado viernes (1), Irene Khan, experta de las Naciones Unidas, ha levantado la voz para mostrar su preocupación por las posibles implicaciones que podría tener la extradición y el subsiguiente procesamiento en Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para la libertad de expresión a nivel global.

Irene Khan es relatora especial sobre la libertad de expresión de la ONU, quien puntualiza que “recopilar, informar y difundir información, incluida la relativa a la seguridad nacional cuando es de interés público, es un ejercicio legítimo del periodismo y no debe tratarse como un delito”.

Las declaraciones de la relatora se presentan en el momento más álgido del caso de Assange, ya que espera la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido sobre su apelación contra la extradición a Estados Unidos.

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Assange se ha destacado como editor, redactor y activista, se enfrenta a 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 por la publicación de información clasificada en la plataforma de WikiLeaks, lo que podría acarrearle una pena máxima de 175 años de prisión.

De acuerdo con la relatora Khan, la principal preocupación radica en el uso de esta ley en el caso de Assange, ya que, “este estatuto no proporciona ninguna protección para la publicación de información de interés público”.

Incluso, la especialista advierte que, en caso de que procesen a Assange en Estados Unidos por su labor informativa, “sentaría un precedente peligroso que podría tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación en Estados Unidos y posiblemente en otras partes del mundo”, afirmó Khan, además de que no es la primera vez que un periodista recurre a documentos clasificados de interés público.

Khan insta a las autoridades británicas para que no extradite a Assange a los Estados Unidos, así mismo, que le retiren los cargos en su contra.

El caso del periodista ha sido objeto de controversia durante años, lo que incluye su arresto en 2010 y su permanencia en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde 2019.

El activista australiano ha sido objeto de una persecución legal prolongada, que muchos grupos defensores de la libertad de prensa consideran un intento de criminalizar el periodismo.

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Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de la administración Donald Trump están relacionados con la publicación de documentos clasificados por parte de Manning en 2010, que detallaban crímenes de guerra y abusos cometidos por el gobierno estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo.

El destino de Assange sigue siendo incierto, pero su caso continuará siendo un punto de referencia crucial para el futuro del periodismo de investigación y la libertad de expresión en todo el mundo. Diversos periodista y activistas en el mundo se han pronunciado para que lo liberen y le retiren los cargos en su contra.

^{En portada: Plantón de las mujeres mazatecas en frente al palacio de gobierno de Oaxaca. Fuente: Redes sociales de Presos Políticos Eloxochitlán de Flores Magón y Observatorio Memoria y Libertad} 

Mujeres del pueblo Mazateco, del estado de Oaxaca, sostuvieron por tres días una huelga frente al palacio de gobierno de esta entidad, ubicada al sur de México, exigiendo la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán. El plantón ocurrió entre los días 18 y 20 de febrero.

Cuarenta hombres y mujeres de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, de la Sierra Mazateca, en Oaxaca, han sido criminalizados en los últimos nueve años, por un grupo “neocaciquil”, como nombran las mujeres mazatecas.

De acuerdo con el grupo de mujeres, a los presos les han tratado de “fabricar delitos para contener la lucha de esta comunidad originaria y para evitar que defiendan su territorio”, sostiene Argelia Betanzos, hija de uno de los ex presos políticos, Jaime Betanzos.

Cuatro de ellos continúan, desde hace años, encarcelados a pesar de no tener sentencia condenatoria. Ellos son Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Fernando Gavito y Marcelino Miramón, a quienes se les imputa la tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, actual titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno de Oaxaca, y de su padre, Manuel Zepeda Cortés.

Según las activistas, en los hechos acontecidos en dicha comunidad mazateca en diciembre de 2014, hombres armados, vinculados al grupo “neocaciquil”, con intereses partidistas, atacaron a la asamblea de la comunidad, nombrada por usos y costumbres.

Estas cuatro personas son las únicas que permanecen en prisión de un total de 21 que han sido detenidas y encarceladas. Durante estos nueve años, los presos políticos han obtenido su libertad, ya sea por el cambio de medida cautelar o porque fueron absueltos, por la falta de pruebas de la acusación y por violaciones al debido proceso. “Estas decisiones no nos fueron regaladas, las conseguimos con mucha lucha y con pruebas”, mencionó Betanzos, quien también es abogada indígena.

Una de las demandas de las mujeres mazatecas, no atendida durante el plantón, es una audiencia con el gobernador del Estado, Salomón Jara. “Salomón Jara, persona zapoteca, se niega a mirar los rostros de sus hermanas mazatecas (…). Él está dando la espalda a nuestro caso y está evitando mirarnos a los rostros, rostros de mujeres indígenas que representamos familias de víctimas de fabricación de delitos”, dijo Betanzos.

Lo que exigen las mazatecas “no es estar en mesas de trabajo infructuosas, donde nos escuchan y no hacen nada; eso no se llama atención; atención es tener el valor de reconocer que es un caso de injusticia, y que todos los presos de Eloxochitlán deben ser libres ya; eso sí sería atención, todo lo demás es hipocresía”, señala la abogada.

“Nosotros no estamos pidiendo ningún favor, nos sobran sentencias de libertad, amparos ganados, nos sobra demonstración jurídica para exigir, ya no para pedir, la libertad que nos corresponde”, agrega.

También exigen que el gobierno de Salomón Jara comience el proceso para la reparación integral de daños en favor de las 40 familias criminalizadas, como consecuencia de las violaciones a derechos humanos derivadas de nueve años de prisión y persecución política ilegal.

Otra de las exigencias, tampoco atendida durante el plantón, es la toma de nota del caso de los presos políticos de Eloxochitlán por parte de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, electa en enero pasado por un periodo de cuatro años.

Con la toma de nota, las mujeres mazatecas buscan enterar a la nueva presidenta de la lucha que sostienen los presos y ex presos políticos, y las inúmeras violaciones en los procesos cometidas por la justicia de Oaxaca. “Se le expondrá cómo el Tribunal Superior de Justicia lleva cuatro años cooptado por Elisa Zepeda Lagunas y se le ha convertido en un instrumento de tortura de los presos indígenas de Eloxochitlán”, aclara Betanzos para Avispa Mídia.

Concretamente quieren exponer prácticas tales como: “Revocación de libertades que se ganaron después de largos procedimientos, ejemplo Miguel Peralta y Paul Reyes, y después de instar ante varias instancias, incluidas federales. La negación de las libertades a partir del año 2020, cuando en tan solo un año negó cinco libertades, lo cual va en contra de los antecedentes de libertad ganados entre los años 2015 y 2019”.

A la fecha, nuevamente, Elisa Zepeda apeló al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en lo que respecta a siete casos para revocar las libertades ya ganadas por los mazatecos. Se trata de las libertades de Jaime Vidauria, Artemio Vidauria y Ranulfo Vidauria, Jaime Betanzos, Herminio Monfil y Omar Hugo Morales.

“La toma de nota puede evitar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca siga siendo usado como instrumento de tortura al prolongar el encarcelamiento de los mazatecos de Eloxochitlán”, resume Betanzos.

Sin embargo, la falta de respuesta a la solicitud de reunión con la magistrada Berenice Ramírez, “es una prueba de la interrelación entre los poderes de Estado”, resaltan las mujeres mazatecas en un comunicado anunciando el fin del plantón.

Protección federal

Los cuatro presos políticos acaban de ganar amparos federales. Tres de ellos – Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, que llevan nueve años encarcelados, y Francisco Durán, que lleva cinco años recluido – ganaron los amparos ya que se reconoció que fue ilegal que un juez de Huautla se haya negado a retirarles prisión preventiva pese a que llevan varios años sin sentencia.

Marcelino Miramón ganó el amparo al reconocerse que el delito de incendio por el que se le aprisionó no existe y el delito de daños está prescrito.

“Todos los amparos ganados están sujetos por la propia ley de amparo a la posibilidad de que la contraparte interponga el recurso de revisión y busque, con ello, revertir el resultado”, explica la abogada Betanzos.

En el caso de Marcelino la revisión ya fue interpuesta por Manuel Zepeda. “Se espera que pronto se conozca el resultado el cual creemos confirmará el amparo ganado. Si eso ocurre, el trámite siguiente será que el Juez de Huautla deberá someterse al contenido del amparo y emitir el auto de libertad en favor de Marcelino”, sostiene.

Con relación al amparo ganado por Alfredo, Fernando y Francisco se esperan los 10 días hábiles que tiene la contraparte para interponer el recurso de revisión. “Si no se presenta este recurso, el amparo quedaría firme y tocaría al Juez de Huautla obedecerlo y, en consecuencia, conceder el cambio de medida cautelar a los tres presos; en lugar de la prisión preventiva podrán firmar quincenalmente, por ejemplo, hasta que se acabe el juicio”.

Además, en 2022, el Tribunal de Oaxaca también había revocado la libertad de Miguel Peralta quien ha tenido que llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener acceso a la justicia.

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La larga persecución

Las 40 personas fueron criminalizadas a partir de 2014, acusadas, entre otros cargos, de homicidios y tentativa de homicidio. “La finalidad de esta fabricación de delitos fue la desarticulación de nuestra organización comunitaria. Las personas acusadas tienen representación comunitaria, son activistas y defensoras del territorio”, cuenta Betanzos.

Como sostiene la abogada, entre 2010 y 2014 “surgió un grupo neocaciquil, así lo llamamos, con intereses partidistas, articulado desde el gobierno del Estado, para que azotara todos los intentos de autodeterminación, todos los intentos de ejercicios asamblearios de nuestra comunidad”.

La comunidad entonces empezó a pelear por sus derechos políticos electorales basados en los usos y costumbres. “Lo ganó a nivel de tribunal electoral federal. Y este grupo caciquil azotó a la comunidad, con represión hasta llegar a la tortura”.

Hay dos casos documentados antes de 2014 por la fiscalía y por organizaciones de Derechos Humanos. “Pero cuando llegó al poder judicial, el juez dijo que no había torturas, que no había culpables. Así que este grupo caciquil empezó con el pie derecho gozando de total impunidad”.

En el 14 de diciembre de 2014, la tortura transcendió a una balacera contra la asamblea de la comunidad. “Seis compañeros resultaron heridos de bala. Sin embargo, la fiscalía archivó este asunto en 201, volviendo a dejar en total impunidad al grupo neocaciquil”.

En cambio, las acciones de la comunidad en el intento de defenderse contra el ataque armado del 14 de diciembre como, por ejemplo, “cuando decidieron armar una barricada y utilizaron humo para impedir que la balacera continuara, el Estado utilizó estas imágenes para decir que las 40 personas mataron personas, hicieron destrozos”.

A partir de entonces, las 40 personas empezaron a ser criminalizadas. Los ataques han sido “con la finalidad de deshacer cualquier intento de oposición a sus políticas invasoras y de despojo”.

Agua que fluye

La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón es una tierra donde fluye el agua, donde hay bosque, donde hay arena y grava.

“Es un hecho que lo que hay por detrás de eso [la persecución] es un intento de despojo. Manuel Zepeda Cortés [padre de Elisa], desde 2011, fue denunciado por extractivismo. Hasta ahora, sigue con esta práctica. Habiendo desarticulado nuestra comunidad, manteniéndonos en prisión y persecución, ha tenido toda la libertad, para seguir consumiendo nuestro río de manera ilegal, sacando camiones de grava y arena todos los años”, sostiene Betanzos.

“Estas personas que dicen que fueron víctimas en 2014, que dicen que los intentamos matar, o que los matamos, no son víctimas. Luego arrebataron el poder municipal, luego se hizo diputada y sigue en el poder”, comparte la abogada refiriéndose a Elisa Zepeda.

Prisión preventiva

Una de las principales herramientas jurídicas que se ha utilizado en contra de los presos políticos de Eloxochitlán es la prisión preventiva, es decir una prisión anticipada sin una sentencia condenatoria.

“Los jueces no los pueden condenar. Nunca los van a poder condenar porque no alcanza la fabricación de delitos para una condena. Por eso les ponen la prisión preventiva. Eso es lo que el estado de Oaxaca está imponiendo”, reclama Betanzos.

El abogado argentino especialista en Derechos Humanos y responsable por la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, que sufrió un golpe de Estado en 2022 y que se encuentra en prisión preventiva, alertó en la mañana del domingo (18), durante una conferencia en el plantón de las mujeres mazatecas, que la prisión preventiva ha sido utilizada cada vez más en todo la América Latina para criminalizar pobres, indígenas y luchadores sociales.

La prisión preventiva, explica el abogado, se supone que debería ser utilizada en situaciones excepcionales como, por ejemplo, en casos de riesgo de que la persona investigada se escape o de que cambie la prueba. “Pero en general hoy se volvió un mecanismo represivo contra la pobreza y líderes políticos”.

La prisión preventiva tendría que ser el caso de 2% de las personas que están en la cárcel, señala el abogado, pero representa la mitad de los presos. “Eso no es una realidad de México o Argentina, es un problema de toda América Latina”.

Además de violar el principio de inocencia, que está presente en la legislación de todos los países de América Latina, esta herramienta jurídica ha sido utilizada para generar la inversión de la carga de prueba. “Como ya se presupone que la persona es culpable, la misma persona tiene que demostrar su inocencia estando presa. Y no es lo mismo defenderse estando presa que estando en libertad. (…) Viola el derecho de defensa en juicio”, explica.

Las mujeres mazatecas entregaron ayer a las autoridades oaxaqueñas una petición con más de 10 mil firmas para que, entre otras demandas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca otorgue Medidas Cautelares Urgentes para las familias de los presos y perseguidos políticos, así como para las familias que luchan por la Libertad y en general para la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, “pues es inminente la consumación de cualquier daño físico o psicológico contra ellas en estos momentos”, sostienen en el documento.

Y avisan: “No vamos a detener las movilizaciones. No vamos a cansar de decir que el gobernador tiene que decidir entre si es sordo, ciego o hipócrita”, señala Argelia Betanzos.

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron hoy su alarma por denuncias de atroces violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas palestinas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Las acciones van desde detenciones y ejecuciones arbitrarias, así como violaciones sexuales.

“Estamos consternados por los informes que hablan de ataques deliberados y ejecuciones extrajudiciales de mujeres y niños palestinos en lugares donde buscaban refugio o mientras huían”, puntualizan los expertos de las Naciones Unidas, quienes forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU.

Entre las detenidas incluyen a defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadoras humanitarias. De acuerdo con los informes que ha recibido la ONU, algunas de las detenidas “sostenían trozos de tela blanca cuando fueron asesinadas por el ejército israelí o fuerzas afiliadas”.

De acuerdo con la ONU, las detenciones comenzaron desde el 7 de octubre del 2023, sometiendo a las detenidas a tratos inhumanos y degradantes, negándoles compresas para la menstruación, alimentos y medicamentos. Además de ello, han recibido fuertes palizas. “Al menos en una ocasión, las mujeres palestinas detenidas en Gaza fueron supuestamente mantenidas en una jaula bajo la lluvia y el frío, sin comida”, agregan los expertos.

Los miembros de la ONU han alertado que en los informes que han recibido hay registros de mujeres y niñas que, “han sido objeto de múltiples formas de agresión sexual, como ser desnudadas y registradas por hombres del ejército israelí.  Al menos dos detenidas palestinas habrían sido violadas, mientras que otras habrían recibido amenazas de violación y violencia sexual”, señalaron los expertos.

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También han destacado que el ejército israelí tomó fotos de mujeres detenidas en circunstancias degradantes y las subió a Internet.Los expertos exigen una investigación independiente y rápida, y que Israel coopere con dichas investigaciones, recordando su obligación de proteger los derechos de las mujeres y niñas palestinas.

^{Texto y fotos por Karen Castillo}

^{En portada: Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca.}

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán llevarán a cabo una jornada, en los días 18 y 19 de febrero, que consta de dos conferencias magistrales impartidas por los abogados Rafael Zaffaroni y Guido Croxatto, ambos argentinos con amplia experiencia en el área de los derechos humanos y el derecho internacional, y responsables de la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo.

La primera conferencia se llevará a cabo el domingo, 18 de febrero, a las 12 horas, en el Zócalo del centro de Oaxaca. La segunda conferencia será el lunes, 19 de febrero, en el Auditorio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ambas conferencias tienen como objetivo visibilizar cómo el Estado utiliza el derecho penal para criminalizar la organización comunitaria y la lucha social.

En conferencia de prensa en enero de este año, Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, preso político liberado el 28 de septiembre del 2023, por cambio de medida cautelar, denunció: “Oaxaca es un Estado fallido en el caso de los presos políticos de Eloxochitlán, y frente a las mujeres indígenas que buscamos justicia por la persecución política y prisión política injusta.”

De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de los presos de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas quien es la parte acusadora en el caso y la actual Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca.

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión o encarcelados.

En estos nueve años, varios indígenas mazatecos han logrado ganar su libertad al demostrar la fabricación de delitos. En el caso de los perseguidos políticos, han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.

Sin embargo, aún hay cuatro indígenas mazatecos presos: Marcelino Miramón, Alfredo Bolaños, Francisco Durán y Fernando Gavito. Además, hay alrededor de 12 hombres y sus familias desplazadas por la amenaza de las ordenes de aprehensión. En el mismo caso se encuentra Miguel Peralta, expreso político a quién se le revocó su sentencia de libertad en 2023.

De acuerdo con Argelia Betanzos, el Tribunal Superior de Oaxaca, el Gobierno de Oaxaca, el Juzgado de Huatula y el Ministerio Público de Huautla siguen favoreciendo al grupo de Elisa Zepeda Lagunas lo cual ha alargado este proceso por ya casi una década.

En la conferencia de prensa, las Mujeres Mazatecas también anunciaron que, este año, elevarán sus demandas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que la institución vigile que el sistema judicial de Oaxaca acate los amparos federales que demuestran la inocencia de todos los presos y perseguidos.

Nueve años de prisión política 

En diciembre del 2023, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito cumplieron nueve años en prisión sin sentencia. Ambos fueron detenidos de forma arbitraria el 14 de diciembre del 2014 y acusados por tentativa de homicidio y homicidio. Alfredo Bolaños había sido elegido por usos y costumbres como Presidente Municipal de Eloxochitlán. Franciso Durán ha permanecido 5 años en prisión sin sentencia, fue detenido en 2018, acusado de tentativa de homicidio y por homicidio.

En septiembre del 2023, el Juez de Huautla negó a los 3 hombres la solicitud de cambio de la medida cautelar para poder continuar con el proceso en libertad, un acto violatorio a la Constitución Política Mexicana, la cual establece que la prisión preventiva no puede ser extendida por más de dos años.

Como los testimonios de Elvira Bolaños, hermana del preso político Alfredo Bolaños y el mismo Alfredo, quien participó en la conferencia de prensa por medio de una llamada telefónica, exponen: el cambio de medida cautelar a Alfredo y los demás compañeros no puede ser denegada ya que no hay argumento legal que justifique el encarcelamiento y los presos han comprobado una y otra vez su inocencia.

“Las instituciones de Oaxaca han pisoteado nuestros derechos, han participado en este encarcelamiento, quiero decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise los casos, porque no es posible que el Estado mexicano nos trate de la forma en que nos trata”, dijo Alfredo Bolaños.

El caso de Marcelino Miramón

Presente en la conferencia de prensa estuvo Alejandra García, esposa del preso político Marcelino Miramón, quien fue detenido el 22 de mayo de forma arbitraria acusado por daños.

El Juzgado de Huautla y la Fiscalía de Oaxaca detuvieron a Marcelino Miramón pese a que, en el caso de Fernando Gaspar, otro de los integrantes de la Asamblea Comunitaria encarcelado, se había comprobado que el delito de daños no fue denunciado por la Fiscalía en el tiempo correspondiente, por lo cual el delito ya prescribió. Gaspar se encuentra en libertad.

Después de meses de movilización por familiares y la comunidad de Eloxochitlán, Marcelino Miramón ganó un amparo a nivel federal que determina como ilegal su detención. Ahora, Marcelino espera dentro de prisión a que el recurso de revisión interpuesto por la familia de Elisa Zepeda sea resuelto y por ende se compruebe, una vez más, que no hay delito que perseguir, obteniendo después de más de 7 meses su libertad.

Como Alejandra García dio a conocer, sumamente afligida, sus hijos han tenido que abandonar la escuela para poder mantener a la familia de 10 hijos e hijas y luchar por la libertad de su padre.

“Soy una madre de familia con 10 hijos y apenas puedo mantenerlo, mi hijo de 16 años es el que ha tenido que ayudarme para todo, como por ejemplo juntar el dinero para poder venir a esta conferencia, tengo 25 años viviendo con mi esposo, y nunca había tenido necesidad de salir a la ciudad, y desde que lo detuvieron ahora tengo que ir hasta el reclusorio a verlo”, sostuvo Alejandra García.

Familias desplazas de Eloxochitlán

En la conferencia de prensa estuvieron también mujeres familiares de algunos de los hombres perseguidos políticos desde el 2014 y que actualmente se encuentran en desplazamiento.

Presente estuvo, Marisol Fernández, esposa de Jacob Betanzos, ella relató que, en 2014, tuvieron que huir sin pertenencias y, desde entonces, su familia no ha podido regresar a sus tierras originarias. Marisol relató lo difícil que ha sido el desplazamiento de su familia y permanecer alejados de su comunidad

“Mis hijos tuvieron que dejar su escuela, la más pequeña tenía 6 años, otros 8 años, y el más grande 11 años; no es fácil vivir estos 9 años con el temor de que a mi esposo lo vean y lo encarcelen también”, señaló Marisol Fernández.

Las mujeres mazatecas denunciaron que en Eloxochitlán hay un proceso de etnocidio por el cual se ha obliga a la comunidad a abandonar su forma de vida tradicional y originaria a través de la prisión y persecución política.

Las afectaciones del desplazamiento forzado han sido ampliamente documentadas por organismos como la ONU, el obligar a pueblos originarios a abandonar su territorio es obligarlos a abandonar su forma de vida, organización, cosmovisión y por ende atentar contra el derecho a su existencia.

El ciclo de conferencias magistrales, además de presentarse en Oaxaca, recorrerá el Estado de México y Ciudad de México. Esta jornada es también organizada por la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo-Base México.