^{En portada: Familiares de los cinco defensores presos de San Juan Cancuc protestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.}

Este martes (22), a escasos días de cumplir 15 de meses desde la detención de cinco tzeltales, defensores del territorio del municipio San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, se realizó la audiencia para la apelación de la sentencia de 25 de prisión dictada contra los indígenas.

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Ante ello, organizaciones de derechos humanos, Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Terrritorio (Modevite) acuerparon la denuncia de los familiares de los cinco presos, quienes, mediante comunicado, acusan “a la Fiscalía Indígena y a la jueza de primera instancia María Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados, porque no tomaron en cuenta realmente las pruebas”.

Las familias de Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Manuel Santiz Cruz y Martín Pérez Domínguez, quienes se encuentran presos por el supuesto delito de “homicidio calificado” de un policía municipal, enfatizan que la muerte del elemento de seguridad “es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, porque habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal”.

Mediante comunicado, difundido previo a la audiencia, resaltan que, dentro de las irregularidades en el caso, no se investigó a la patrulla en la que murió el policía Antonio Aguilar Pérez, ni se realizó investigación en el lugar de los hechos donde elementos de seguridad recogieron con vida al agente, para posteriormente entregarlo a su familia muerto, cinco horas después.

A lo anterior se suman “las contradicciones de los supuestos testigos, la necropsia del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, (además de la) alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector”, señalan los familiares de los presos.

Es por estos elementos que los familiares y las organizaciones exigen la liberación inmediata de los cinco presos injustamente “ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena”.

Fábrica de culpables

A inicios de agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde argumenta que las detenciones arbitrarias, como en el caso de los defensores de San Juan Cancuc, son un castigo de parte de las estructuras gubernamentales para “quienes se organizan contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización y contra la imposición de proyectos políticos que violan la autonomía de los pueblos originarios”.

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El Frayba resaltó que los cinco indígenas tzeltales forman parte de organizaciones como el Pueblo Creyente, el Modevite y además participan en el Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc, mediante las cuales se han posicionado contra megaproyectos que afectan sus territorios, tales como la construcción de una hidroeléctrica en el río Chacté y la ampliación de la denominada “carretera de las culturas”, que pretende conectar a los Altos de Chiapas con el Tren Maya.

“El objetivo de la criminalización a los cinco indígenas fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”, explicaron integrantes del centro de derechos humanos en la denuncia ante la ONU.

Actualmente, los cinco defensores se encuentran presos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus familiares y organizaciones exigieron a los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, “la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la colusión con los jueces”.

“Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos”, resaltaron.

Tras la realización de la audiencia, los magistrados cuentan con un plazo de tres días para dar a conocer su dictamen.

Myrna Valencia, profesora y defensora de derechos humanos, integrante del pueblo Mayo-Yoreme de Cohuirimpo, en el sur de Sonora, es firme al declarar que los llamados planes de justicia impulsados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador son perjudiciales para los pueblos indígenas de México.

Como estrategia para impulsar su política dirigida a pueblos originarios, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T, como se le conoce popularmente) coordina trabajos con distintas comunidades, los cuales, de acuerdo al Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, “permitirán conocer y dar respuesta a las justas demandas e históricas necesidades de los pueblos”.

Por ello, el gobierno federal mantiene reuniones con integrantes de los pueblos Yaqui, Séri, Wixárika, Náyeri, O’dam, Guarijío y Yoreme-Mayo, con quienes ha anunciado la implementación de estos planes para atender cuestiones diversas. Las prometidas para la tribu Yoreme incluyen la recuperación del río Mayo y el acceso al agua; construcción de infraestructura carretera y hospitalaria; además de solución de conflictos agrarios, entre otras.

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Valencia, quien también integra el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), contrapone los dichos del funcionario y asegura que la estrategia del gobierno federal es más de lo mismo: “Los planes de justicia, especialmente ahí con nosotros los Yoreme, son el acoso y el último tiro de gracia”, sentencia a la par que denuncia la cooptación de líderes comunitarios y el uso electoral del asistencialismo gubernamental.

Su testimonio se suma al de las y los habitantes de las comunidades de Bachoco El Alto, Buaysiacobe, Masiakawi y el mismo Pueblo Cohuirimpo, quienes formalizaron la “Alianza Yoreme”, en enero de este año, para denunciar que “nuestra existencia ancestral está en grave riesgo debido al rotundo fracaso de la política indigenista implementada por el gobierno mexicano”.

Mediante pronunciamiento, la Alianza de los pueblos en el norte de México acusa que “la 4T es el instrumento ideal del capitalismo, pues, por medio de los empresarios, partidos políticos, crimen organizado y demás poderes fácticos se mimetizan políticamente para perpetuarse en el poder, dirigiéndonos acciones desidentitarias tales como desecación del Rio Mayo en el territorio de Nuestra Tribu”.

Para Myrna, el componente cultural del pueblo Mayo es fundamental para el trabajo organizativo en sus comunidades. Por ello destaca el abordaje de los pueblos de la Alianza para reclamar al Estado sus acciones que buscan negarles su identidad.

“Porque el gobierno yori, el gobierno blanco dice ‘este pueblo ya no es indígena’. Y se le pega la gana y lo anuncia”, menciona como crítica a la creación del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas por parte del INPI, quien argumenta la necesidad de identificar a estos pueblos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la última Asamblea del CNI, realizada en Tehuacán, Puebla. Puedes consultar las entregas pasadas sobre las resistencias en el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo.

A continuación, compartimos el testimonio de Myrna Valencia quien también es miembro del Consejo del Gobierno Indígena de Cohuirimpo Río Mayo, uno de los ocho pueblos de la tribu Yoreme-Mayo, quienes abarcan una región entre el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.

Avispa Mídia (AM): En las mesas de trabajo has reflexionado sobre los planes de justicia promovidos por el gobierno federal, ¿puedes compartirnos más detalles?

Myrna Valencia (MV):  Hemos visto tristemente que es más de lo mismo. En 2019 fueron las primeras avanzadas del presidente. Hicieron un diagnóstico entre autoridades indígenas de los pueblos, de las comunidades y de diferentes liderazgos. Tuvimos la oportunidad de asistir y el diagnóstico fue muy claro. Como no sabíamos bien de qué se trataba, ni de la derrama económica que iba a significar para quienes son cazadores de este tipo de recursos económicos y de puestos políticos; entonces, la gente fue fiel en decir el sentir. ‘Nosotros queremos la tierra, queremos la legalidad de la tierra. Queremos nuestros territorios y queremos el agua’, ese fue el sentir general que entregamos.

AM: ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo del Estado?

MV: Se empezaron a llevar a cabo reuniones. El mismo INPI y otras organizaciones, que se dicen representantes de los pueblos indígenas, empezaron a incursionar, a irrumpir en las comunidades y nombrar autoridades indígenas a su gusto y a su conveniencia, que les favoreciera, claro está. Ha habido mucha ruptura a lo que son los gobiernos indígenas auténticos, no se les ha respetado. Ha habido personajes. Recuerdo ahorita a Juan Pérez Gil, que él dice ser vocero de los 8 gobernadores de los 8 pueblos. Nunca ha sido esto, ni siquiera informado, mucho menos legitimado.

Ellos han gozado como intermediarios de los recursos de la derrama del plan de justicia y eso les permite jugar con la voluntad de la gente, les permite aprovecharse de la necesidad y también ir acarreando voluntades hacia lo que viene, porque ellos nada más saben manejarse en las cuestiones electorales, y ya se están preparando para la siguiente elección, para eso ha servido.

Es una plataforma para las cuestiones electorales y también para los puestos de poder en el gobierno local, municipales, en las mismas instituciones como el INPI, en CEDIS (Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora) que es para la atención de los pueblos indígenas en el estado. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que estamos sufriendo. Avance en realidad no hay. En mayo del 2022 fue el presidente y anunció: ‘sé lo que quieren; yo no voy a pelear con los que tienen la tierra, voy a indemnizar y voy a cumplir con ustedes’. La gente aplaudía, era una euforia.

Pero tristemente, hemos visto muchas reuniones, talleres, mesas simultáneas de diferentes temas, a lo que nuestro pueblo no está acostumbrado. Nos está afectando bastante porque en las mesas de trabajo, hay gente que no está informada y otra gente que está mal informada. Entonces las mesas de trabajo, los talleres, las reuniones distan mucho de lo que la comunidad indígena, de lo que la población indígena necesita. Ya en tanto ir y venir, hasta se ha perdido. Nosotros hemos tenido esa constancia todavía y esa conciencia porque nos ha tocado estar desde el principio y nos ha tocado estar participando, con mucha vergüenza porque nos damos cuenta cómo se maneja la voluntad.

No se permitía el acceso si no tenían una representación como gobernadores (tradicionales, figura de los pueblos yoreme). Obviamente, quienes están al frente, ostentándose como representantes de la tribu y administradores de ese presupuesto para la puesta en marcha del plan, ellos pues, sí, reconocían a los que les daba la gana, entonces nosotros ya nos declaramos como Alianza y empezamos dentro de las reuniones a replicar, reclamar y a decir, pues esto es una farsa que es más de lo mismo.

AM: Una de las promesas se relaciona con la recuperación del río Mayo, ¿ya comenzaron estos trabajos?

MV: Si tuvieran realmente el deseo, hubieran empezado primeramente por darle la cuota de agua que viene, que es detenida en las presas para beneficiar a los terratenientes. Ya hace años que no se le da la cuota (de agua) necesaria al río y las especies de plantas y animales se están extinguiendo.

Nuestros territorios están secos, ya las personas que vivían en la ribera del río, pues hasta eso, les están afectando porque se les dieron concesiones a los habitantes originarios. Ellos tenían de cierta medida del cauce del río hacia las orillas, pero ahora como el cauce decreció, es apenas un chorrito de agua, pues sus casas quedaron fuera de la concesión y, aun así, pues los gobiernos les están cobrando esas posesiones, esos impuestos.

El río, que es uno de los elementos más identitarios de nuestra tribu está seco (…), seguimos siendo tratados como extranjeros en nuestro propio territorio, conducidos a un pensamiento que atenta contra la diversidad y todo esto.

AM: ¿Cuál crees es la importancia de los trabajos de este evento que les convoca?

MV: Respecto a la organización, pues es la base. Nadie de un gobierno externo va a venir y va a darse cuenta de lo que nos duele, mucho menos va a resolver nuestros problemas. Alguien que viene de fuera y que se dice ser nuestro representante, en este caso como el gobierno blanco, lo único que hace, pues, es aprovechar los recursos que hay de nuestros impuestos.

Pero la organización, en este caso, el Congreso Nacional Indígena que nos congrega en esta ocasión, y que nos anima a la organización, yo creo que es lo mejor que podemos hacer como pueblos originarios, como personas con una identidad de un pueblo nativo, porque eso nos va a permitir conocer en lo personal, en lo cerca, los dolores que sufrimos como pueblos, que sufrimos como comunidades.

Aquí el rasgo que se fomenta, que se reconoce y que nos hace sentir realmente orgullosos de nuestro origen es la comunalidad. Aquí eso lo vivimos, eso lo expresamos, lo manifestamos y también lo podemos llevar a nuestros lugares, gracias pues a los principios del mandar obedeciendo del CNI y el compromiso tan grande que tenemos como Concejo Indígena de Gobierno de ir formando, implementando y organizando esta forma de autogobernarnos en nuestras tribus.