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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

3 de agosto de 2023

Boletín No. 19

 

Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc

  • La resolución del recurso de apelación es un momento oportuno para detener la criminalización en su contra.
  • Ha transcurrido ya un año y tres meses de su Privación Arbitraria de la Libertad

El día de ayer 22 de agosto de 2023 se celebró la audiencia de alegatos de segunda instancia la Sala Regional Colegiada Mixta de San Cristóbal de Las Casas del Poder Judicial del Estado de Chiapas por el caso de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, privados de su libertad desde el 29 de mayo de 2022 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 5.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó ante el Tribunal las violaciones cometidas durante este proceso de fabricación de culpables. Fueron exhibidas las deficiencias y contradicciones probatorias resultantes de un evidente montaje de de pruebas y que pese a ello la Juez de primera instancia resolvió condenarlos. El Tribunal escuchó también las innumerables violaciones a derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia que los jueces de primera instancia no tomaron en cuenta en un evidente contubernio para perpetuar este proceso de represión.

Los magistrados Julio César Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josué Alejandro Utrilla Bravo tienen hasta el viernes 25 de agosto para decidir sobre el recurso de apelación, por lo que tienen una nueva oportunidad de dictar una sentencia absolutoria, que permita que los cinco defensores tseltales puedan recobrar su libertad y su proyecto de vida junto a sus familias.

Como recordamos, los cinco compañeros defensores tseltales han caminado en diferentes procesos de defensa de la tierra y el territorio, así como en contra de la militarización. El 29 de mayo de 2022 en un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal tres de ellos fueron detenidos de manera ilegal en San Juan Cancuc, para después ser desaparecidos por más de 24 horas.

Fueron falsamente acusados por la Fiscalía de Justicia Indígena de haber sido detenidos en flagrancia, por posesión de drogas en San Cristóbal de Las Casas en una fecha posterior a la de su real detención. Enseguida los tres defensores fueron acusados, procesados judicialmente y condenados por un homicidio del cual no tienen ninguna responsabilidad, delito fabricado por el que hoy se encuentran luchando por su libertad.

Con motivo de la acusación por delitos contra la salud, dos integrantes de la comunidad acudieron a atestiguar la falsedad sobre la versión de la detención. Como reacción, la Fiscalía Indígena decidió deternelos acusándolos del homicidio mencionado.

Esta simulación no hace sino visibilizar la perversión del sistema en el que se articulan autoridades de los tres niveles de gobierno para estigmatizar a defensores indígenas en Chiapas. Desafortunadamente no se trata de un caso aislado, sino que hemos observado se trata de un patrón que es necesario desmantelar.[1]

Hacemos un llamado urgente a las personas, organizaciones y colectivos solidarios a instar al Poder Judicial del Estado a dictar una sentencia que sea absolutoria, de carácter progresista, imparcial, acorde a derecho y a los estándares internacionales de derechos humanos y con perspectiva intercultural.

 

[1] Más información al respecto en nuestro Sitio Especial “Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas”,  Disponible en: https://www.frayba.org.mx/presos-tseltales

Descarga el Boletín No. 19 en pdf (218.52 KB)

 

Visita el #SitioEspecial Fabricación de culpables, detención arbitraria 12 https://frayba.org.mx/presos-tseltales

 

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La Haine

Presos Políticos Mapuche en cárcel de Angol cumplen 105 días en huelga de hambre

Por Javier Pineda

Más de 100 hs. en huelga seca, con absoluta indiferencia del gobierno “progresista”

Hasta la cárcel de Temuco llegó el Lonko Víctor Queipul, pu Werken y familiares de los Prisioneros Políticos Mapuche (PPM) en huelga de hambre de la cárcel de Angol.

La delegación Mapuche ingreso a visitar a los PPM que se encuentran en ese recinto penitenciario en Huelga de Hambre en apoyo a los hermanos de la cárcel de Angol y sus demandas. Son 19 peñi en huelga de hambre, de cuales 8 están en huelga de hambre seca.

“El objetivo es poder verlos y enterarnos del estado de salud de todos los peñi (hermanos) que están en la huelga. Hemos podido ver que los peñi solidarios están decididos y convencido de apoyar las demandas de los peñi de la cárcel Angol. Entendiendo que es un acto solidarios entre mapuche y es también legitimo compartir los fundamentos de las demanda de establecer condiciones culturales, espirituales y otras, en consonancia del convenio N°169 de la OIT para los Mapuche en prisión política.” Señalo el Lonko Víctor Queipul.

Añade que “En el nutran se pudo establecer que la huelga de hambre liquida y seca esta en curso en Temuco. Lo mismo que la huelga de hambre liquida sigue en plenamente vigente en la cárcel de Angol.”

“Hemos podido entablar una conversación en la que hemos constatado que los peñi que llevan la huelga seca por mas de 100 horas presentan las primeros signos de complicación y una situación delicada. Esto nos tendrá atentos y comprometidos a monitorear su situación, acompañar y facilitar medios a nuestro alcance en las próximas horas en caso de necesitarse, así como también a los prisioneros en huelga de hambre liquida, que ya presentan baja de peso.”

“Queremos destacar la entereza y el newen (fuerza, energía) con que estos prisioneros políticos han decidido solidarizars con los prisioneros de Angol, da cuenta de la convicción con que el prisionero mapuche enfrenta la prisión política, comprendiendo que está condición es parte del weichan (luchador) mapuche.”

Por el fin a la dispersión de los prisioneros políticos mapuche.

Por la consolidación de módulos de prisión política Mapuche respetando el Convenio 169 de la OIT.

LIBERTAD A LOS PRISIONEROS POLÍTICOS MAPUCHE.

WALLMAPU: MALLEKO AGOSTO DE 2023.

El Ciudadano

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Texto completo en: https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/presos-politicos-mapuche-en-carcel

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Avispa Midia

En Chiapas, defensores presos de Cancuc apelan sentencia condenatoria

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familiares de los cinco defensores presos de San Juan Cancuc protestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Este martes (22), a escasos días de cumplir 15 de meses desde la detención de cinco tzeltales, defensores del territorio del municipio San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, se realizó la audiencia para la apelación de la sentencia de 25 de prisión dictada contra los indígenas.

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Ante ello, organizaciones de derechos humanos, Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Terrritorio (Modevite) acuerparon la denuncia de los familiares de los cinco presos, quienes, mediante comunicado, acusan “a la Fiscalía Indígena y a la jueza de primera instancia María Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados, porque no tomaron en cuenta realmente las pruebas”.

Las familias de Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Manuel Santiz Cruz y Martín Pérez Domínguez, quienes se encuentran presos por el supuesto delito de “homicidio calificado” de un policía municipal, enfatizan que la muerte del elemento de seguridad “es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, porque habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal”.

Mediante comunicado, difundido previo a la audiencia, resaltan que, dentro de las irregularidades en el caso, no se investigó a la patrulla en la que murió el policía Antonio Aguilar Pérez, ni se realizó investigación en el lugar de los hechos donde elementos de seguridad recogieron con vida al agente, para posteriormente entregarlo a su familia muerto, cinco horas después.

A lo anterior se suman “las contradicciones de los supuestos testigos, la necropsia del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, (además de la) alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector”, señalan los familiares de los presos.

Es por estos elementos que los familiares y las organizaciones exigen la liberación inmediata de los cinco presos injustamente “ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena”.

Fábrica de culpables

A inicios de agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde argumenta que las detenciones arbitrarias, como en el caso de los defensores de San Juan Cancuc, son un castigo de parte de las estructuras gubernamentales para “quienes se organizan contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización y contra la imposición de proyectos políticos que violan la autonomía de los pueblos originarios”.

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El Frayba resaltó que los cinco indígenas tzeltales forman parte de organizaciones como el Pueblo Creyente, el Modevite y además participan en el Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc, mediante las cuales se han posicionado contra megaproyectos que afectan sus territorios, tales como la construcción de una hidroeléctrica en el río Chacté y la ampliación de la denominada “carretera de las culturas”, que pretende conectar a los Altos de Chiapas con el Tren Maya.

“El objetivo de la criminalización a los cinco indígenas fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”, explicaron integrantes del centro de derechos humanos en la denuncia ante la ONU.

Actualmente, los cinco defensores se encuentran presos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus familiares y organizaciones exigieron a los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, “la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la colusión con los jueces”.

“Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos”, resaltaron.

Tras la realización de la audiencia, los magistrados cuentan con un plazo de tres días para dar a conocer su dictamen.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Lebil smulik jkanan lumk’inaletik Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas

Lebil smulik jkanan lumk’inaletik
Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas

Existe un patrón de criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos quienes suelen ser acusados de delitos que no cometieron; detenidos arbitrariamente; en varios casos torturados, y prolongada su detención a través de la prisión preventiva oficiosa. Todos mayas tseltales e n medio de un racismo estructural. De lo anterior son ejemplo:

a) Manuel Gómez Vázquez (diciembre de 2020): Se trata de un joven maya tseltal, integrante de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue falsamente acusado de un delito que no cometió por autoridades comunitarias, torturado por estas y después procesado penalmente bajo la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.

b) Los 5 de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco (mayo de 2022), cinco pobladores tseltales del municipio de Cancuc. A través de la organización comunitaria han resistido ante la militarización de su territorio y la instalación de megaproyectos. Actualmente se encuentran detenidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a raíz de un delito fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena. Todos fueron condenados por homicidio calificado, a pesar de haberse evidenciado que las pruebas eran inconsistentes al tratarse de un delito fabricado.
Luchamos por la libertad absolutoria para los 6 mayas tseltales, y se repare el daño por la detención arbitraria, así como a sus familiares por las afectaciones psicosociales; hacemos énfasis en la obtención de su libertad.
Frente al patrón de detenciones arbitrarias cometidas contra defensores de pueblos indígenas, se apliquen medidas de no repetición a fin de que cese esta dinámica sistemática.

El patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas del gobierno de Chiapas tiene las siguientes características:

• Colusión entre Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del estado de Chiapas para la fábrica de culpables.

• Participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación;

• Acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, así como la participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL).

• Detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN); un Poder Judicial cómplice inactivo.

• Detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.

La criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.

Frayba denuncia ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fabricación de culpables contra defensores indígenas en Chiapas Leer el boletin

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo – 8 de Agosto 2023

(Descarga aquí)  

ROMPIENDO FRONTERAS

  • CHILE: Segundo informativo sobre el juicio contra los compañerxs anarquistas, Mónica Caballero y Francisco Solar. La Zarzamora Radio
  • ARGENTINA: El Tercer Malón de la Paz conformado por diferentes comunidades indígenas, realizo, llega a Buenos Aires. Demanda a la corte suprema y el congreso de la nación la inconstitucionalidad de la reforma “exprés” perpetrada por Gerardo Morales
  • GLOBAL: Convocatoria a la Semana Internacional de Solidaridad con lxs Prisionerxs Anarquistas  2023 // 23 – 30 agosto
  • PERÚ: Toma de Lima entrevistas durante el 19 de julio en la revuelta contra la dictadura de Dina Boluarte. Entrevista de La China.

DESDE ESTA REGIÓN LLAMADA MÉXICO:

  • QUERÉTARO: Tres integrantes de la comunidad de Escolásticas, Querétaro, se encuentran privados de su libertad por defender el manantial comunitario llamado Los Sabinos y son algunas de las víctimas de la represión institucional del 13 de junio pasado. Memoria y Libertad
  • MEXICO CDMX: Convocatoria a la 3ra Asamblea Nacional por el Agua y la Vida 12 y 13 de agosto 2023. En San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX. Asamblea por el agua y la vida.
  • OAXACA: JUSTICIA Y LIBERTAD para PUENTE MADERA Llaman a estar alertas por la audiencia de nuestro compañero David Hernández Salazar el 15 de agosto por las recientes intimidaciones y amenazas
  • MORELOS: Exigen la atracción del caso de Samir Flores por un juzgado federal ante corrupción en juzgado local.
  • MEDICINA LIBRE: Píldora de la salud por Mar con el tema INFECCIONES EN VÍAS URINARIAS

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pueblo Creyente de San Juan Cancuc exige la libertad de sus compañeros

San Juan Cancuc, Chiapas, México, A 03 de agosto de 2023

Mateo 5, 12 “DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED JUSTICIA, POR QUE SERÁN SACIADOS DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, POR QUE SE LES LLAMARA  HIJOS DE DIOS

DENUNCIA PUBLICA

a los 14 meses de detención, encarcelamiento y condena de 15 años de cárcel, el dia  01 de agosto de 2023 se llevaría a cabo la audiencia de apelación de los compañeros: Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar la cual se canceló porque alguno de los magistrados no estaba presente.

Como pueblo creyente, derechos humanos y modevite nos unimos a las familias de los compañeros mencionados anteriormente, para denunciar a la fiscalía y la jueza Maria Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados: por ejemplo la contradicción de los testigos acusatorios, la necropsia, del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, alteración de acta de defunción corregida a mano, y con corrector, ni tampoco investigaron la patrulla en la que murió, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, la policía recogió con vida al señor Antonio Aguilar Pérez a las 5 am y hasta las 10 de la mañana lo entregaron a su familia ya muerto.

Esta muerte es responsabilidad de la policía municipal, por que habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal.

Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos.

Exigimos a los magistrados la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la conclusión con los jueces.

Pueblo Creyente de San Juan Cancuc

Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite)

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Frayba denuncia ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fabricación de culpables contra defensores indígenas en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

3 de agosto de 2023

Boletín No. 17

Denunciamos ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fábrica de culpables contra defensores indígenas de derechos humanos

  • Presentamos ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias los casos de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del EZLN y los 5 defensores del territorio de San Juan Cancuc.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que posicionamos dos casos que ejemplifican que en Chiapas existe un patrón de fabricación de culpables para criminalizar a defensores de derechos humanos de pueblos originarios.

El primero de ellos es el de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien permanece Privado Arbitrariamente de la Libertad (PAL) desde diciembre de 2020. Manuel fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada, y después procesado penalmente.

De acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno “El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios” en Nueva Jerusalén (JBG Nueva Jerusalén), la acusación en su contra fue un acto de criminalización a su adherencia zapatista. A más de dos años y medio de su detención es mantenido en reclusión de manera arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir sin haber recibido una sentencia, aún cuando la Constitución mexicana establezca un límite de dos años.

El segundo caso presentado son las detenciones de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, cinco indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, que fueron sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, se inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de una supuesta detención por portación de drogas en otro municipio. Los detenidos fueron después procesados y sentenciados por un homicidio que no cometieron. El objetivo de esta criminalización fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización.

La documentación del Frayba confirma el patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por el gobierno de Chiapas entre cuyas características se encuentra: participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación como pueblos originarios, acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL), detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN), un Poder Judicial cómplice sin acción judicial en su conjunto son detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.

Para el Frayba, la criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia  intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.

Llamamos la atención hacia el Estado mexicano a través de la denuncia presentada ante el Grupo de Trabajo de la ONU, con el objetivo de censen las patrones de criminalización y represión hacia los pueblos originarios, en específico hacia las personas vulneradas en sus derechos por estos mecanismos de violencia institucional, además de que se han resarcidos los derechos humanos bajo los ms altos estándares internacionales incluidos el de la libertad absoluta.

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Libres Ya Comisión por Karla y Magda

Libertad para Karla y Magda, alto a la criminalización

De nueva cuenta el día 28 de junio la CNDH ha demostrado el nulo interés que tiene en dialogar con nosotras. Su interés principal no es el diálogo ni los procesos de justicia restaurativa, su intención es propiamente punitiva.
Sabemos que tradicionalmente hay dos maneras en las que se asumen los costos materiales de la protesta: 1. Los asume el Estado, ya sea por su responsabilidad histórica o porque el costo político es mayor. 2. El Estado criminaliza y obliga a lxs activistas a pagar con dinero y cárcel.
Lo inaudito en este momento es que el actor no es el Estado, sino la CNDH, el órgano máximo de defensa de los derechos humanos en el país y que, sin vergüenza alguna, ha optado por el segundo camino. Es inaudito, lamentable y repugnante a la vez.
Todas las organizaciones de defensa de los ddhh deberían pronunciarse al respecto.
En contubernio con el INAH quieren que 5 mujeres, de las más de 200 que estuvieron refugiadas en la Okupa paguen una cantidad de más de 700 mil pesos por daños al inmueble.
De entre estas 5 mujeres están Karla y Magda, dos compañeras que sólo estuvieron las últimas dos semanas en la casa de refugio y a quienes ahora se les busca acusar de despojo, como si hubieran participado de la toma y de daños.
No hay ningún principio de justicia, de presunción de inocencia ni de proporcionalidad en la intentona punitiva de la cndh.
Sabemos que esta administración ha sido muy criticada por las diversas organizaciones de derechos humanos del país, por sus graves omisiones y por la falta de independencia respecto del gobierno federal. Pero lo que enfrentamos ahora no se trata de una omisión, es un ejercicio activo y consciente de la Comisión de mandar a mujeres a la cárcel.
Desde aquí nosotras le decimos al inah y a la cndh que les pagamos sus 700 mil pesos el día que resuelvan todos los expedientes de violacion a los derechos humanos de las víctimas de feminicio en este país.
La deuda es tuya, Rosario Piedra, no nuestra. Restaurar un edifico, INAH, no te cuesta ni una sola vida.
Cumplan con su trabajo, no cederemos ante su indolencia ni dejaremos de protestar por su hostigamiento y su criminalizacion.
#LaCndhNoMeCuida

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Comisión Libres Ya por la Libertad de Karla y Magda

Pronunciamiento en repudio al lamentable comunicado de la CNDH

A todas las organizaciones sociales, colectivas y colectivos,

A las organizaciones que defienden los derechos humanos,

Al pueblo en general,

A los medios nacionales e internacionales,

Compañeras, compañeros, compañerxs, desde el plantón que hemos instalado la Comisión por la Libertad de Karla y Magda; Lourdes Mejía, integrante de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia y mamá de Carlos Sinuhé (activista víctima de ejecución extrajudicial impune desde hace casi 12 años); la Unión de Lucha Anticapitalista (ULA), Disidencias y Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM y compañerxs de otros colectivos y organizaciones sociales como respuesta al hostigamiento judicial y la criminalización hacia nuestras compañeras por parte de la CNDH, damos respuesta al vergonzoso y visceral comunicado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha publicado esta mañana, dejando en evidencia, nuevamente, su insistencia en criminalizar a Karla y a Magda.

Esperamos que puedan difundir nuestra respuesta por la liberación absoluta de nuestras compañeras.

No entendemos cómo la CNDH habla de respeto a la manifestación cuando están intentando castigar a dos compañeras que son defensoras de derechos humanos quienes simplemente han ejercido su derecho a la protesta. Su comunicado evidencia la criminalización que pretende polarizar la opinión pública deslegitimando las protestas feministas, también muestra su estigma por la lucha social y el uso a modo del derecho internacional con respecto a la protesta social.

La CNDH no ha cooperado con las autoridades que menciona ya que de ser así hubiera seguido las indicaciones del juez a cargo del proceso, el cual indicó y llamó a las dos partes a encontrar una solución fuera del ámbito penal. La representante legal de la CNDH, Luciana Montaño Pomposo, se ha negado a seguir esta instrucción y ha exigido la prisión hacia nuestras compañeras en vez de entablar un diálogo y buscar una solución pacífica. La CNDH es la que señala y exige el proceso a la Fiscalía pues esta no investiga sin un denunciante, es la misma CNDH la que ha denunciado y busca convertir la protesta social en un delito.

Si hablan sobre los daños al edificio y los supuestos delitos que se han cometido, no entendemos por qué sí entablan acuerdos y perdón con personas que sí estuvieron en la toma del edificio mientras que a Karla y Magda se les niega el mismo trato jurídico.

A la CNDH no le corresponde decidir si se cometieron o no delitos en la Casa de Refugio Okupa Cuba, a la CNDH le corresponde defender el derecho a la presunción de inocencia, al estricto cumplimiento del debido proceso, a defender a las compañeras que fueron torturadas. Que no lo haga así es una muestra clara de su línea política y de la manera en la que busca criminalizar al movimiento feminista en general y a Karla y Magda, en particular.

Cuando la CNDH habla de que Karla y Magda enfrentan el proceso en libertad no es gracias a esta institución, esto obedece a que ellas no han sido vinculadas al proceso ya que el juez en audiencias ha solicitado el aclaramiento de las acusaciones, es decir en la carpeta de investigación no obra ningún prueba de la participación de Karla y Magda en los daños al inmueble.

En el mismo sentido de represión y criminalización, la misma CNDH ha intentado incluir en la carpeta de investigación fotografías de actos de protesta pacíficos realizadas en estos meses aún cuando Karla y Magda ni siquiera han estado presente.

Hacemos un llamado a la CNDH a revisar la ley internacional, ya que la Corte Interamericana ya ha sido explícita en que los Estados no pueden justificar el supuesto “orden público” para reprimir y criminalizar protestas. La misma CIDH ha señalado que sólo cuando las protestas ponen en riesgo el funcionamiento de una sociedad se puede intervenir y siempre evitando el uso de aparatos jurídicos y de brutalidad policial. Cualquier protesta realizada en estos días y meses jamás han puesto en riesgo el funcionamiento de la sociedad y mucho menos se ha utilizado armas. Para la CNDH nuestras “armas” son la dignidad, la justicia, la memoria, el amor, brochas, latas de aerosol, lonas y nuestra palabra

Hacemos un llamado a las instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales a cuestionar e interpelar a la CNDH ante esta lamentable actuación de persecución judicial, criminalización y toma de parte en la deslegitimación de la protesta social, su falta de respeto ante los derechos humanos procesales y su silencio ante la tortura que consta en el Protocolo de Estambul que ha salido positivo para Karla y Magda.

Esperamos que la CNDH enfoque los recursos del Pueblo -al que dogmática y retóricamente apela en su comunicado- en atender a las miles de víctima de este país que tienen en el olvido, en lugar de utilizar estos recursos en contra de un grupo de mujeres jóvenes que incomodan a un Estado misógino y feminicida.

Seguimos exigiendo que se retiren las acusaciones en contra de Karla y Magda.

De la misma forma exigimos que cese el hostigamiento, persecución y represión en contra de las compañeras víctimas Flora Marcelo Rojas y Laura Kabata que están plantadas hace más de 5 mesas en las afueras de Fix Zamudio quienes han sido golpeadas físicamente por su personal y protección federal por el hecho de exigir justicia para sus hija e hijo y quienes además enfrentan acusaciones judiciales en su búsqueda de justicia por parte de la CNDH.

No cederemos ante sus amenazas y chantajes, nosotras no necesitamos mentir como las y los funcionarios de las instituciones públicas para justificar la indolencia e inacción ante cientos de denuncias.

Da vergüenza y causa preocupación cómo el organismo de derechos humanos más importante del país hace público un comunicado tan visceral y poco institucional, señalando directamente, sin pruebas ni sentencia a Karla y Magda y aparte dando lugar al escarnio público tanto ellas como a quienes acompañamos su caso.

Hacemos responsable a la CNDH ante cualquier acto violento que recibamos tanto por parte de la policía y las autoridades estatales como de la ciudadanía en general, ya que su discurso aviva el odio y el clima hostil que han sembrado contra el movimiento feminista.

Nosotras como mujeres combativas, seguiremos con el plantón hasta que cese la persecusión de la CNDH hacia Karla y Magda.

Comisión Libres Ya por la Libertad de Karla y Magda

#LaCNDHNomeCuida
#LibresYa

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Avispa Midia

Planes de justicia son el tiro de gracia para pueblos indígenas: Pueblo Mayo-Yoreme

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

Myrna Valencia, profesora y defensora de derechos humanos, integrante del pueblo Mayo-Yoreme de Cohuirimpo, en el sur de Sonora, es firme al declarar que los llamados planes de justicia impulsados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador son perjudiciales para los pueblos indígenas de México.

Como estrategia para impulsar su política dirigida a pueblos originarios, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T, como se le conoce popularmente) coordina trabajos con distintas comunidades, los cuales, de acuerdo al Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, “permitirán conocer y dar respuesta a las justas demandas e históricas necesidades de los pueblos”.

Por ello, el gobierno federal mantiene reuniones con integrantes de los pueblos Yaqui, Séri, Wixárika, Náyeri, O’dam, Guarijío y Yoreme-Mayo, con quienes ha anunciado la implementación de estos planes para atender cuestiones diversas. Las prometidas para la tribu Yoreme incluyen la recuperación del río Mayo y el acceso al agua; construcción de infraestructura carretera y hospitalaria; además de solución de conflictos agrarios, entre otras.

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Valencia, quien también integra el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), contrapone los dichos del funcionario y asegura que la estrategia del gobierno federal es más de lo mismo: “Los planes de justicia, especialmente ahí con nosotros los Yoreme, son el acoso y el último tiro de gracia”, sentencia a la par que denuncia la cooptación de líderes comunitarios y el uso electoral del asistencialismo gubernamental.

Su testimonio se suma al de las y los habitantes de las comunidades de Bachoco El Alto, Buaysiacobe, Masiakawi y el mismo Pueblo Cohuirimpo, quienes formalizaron la “Alianza Yoreme”, en enero de este año, para denunciar que “nuestra existencia ancestral está en grave riesgo debido al rotundo fracaso de la política indigenista implementada por el gobierno mexicano”.

Mediante pronunciamiento, la Alianza de los pueblos en el norte de México acusa que “la 4T es el instrumento ideal del capitalismo, pues, por medio de los empresarios, partidos políticos, crimen organizado y demás poderes fácticos se mimetizan políticamente para perpetuarse en el poder, dirigiéndonos acciones desidentitarias tales como desecación del Rio Mayo en el territorio de Nuestra Tribu”.

Para Myrna, el componente cultural del pueblo Mayo es fundamental para el trabajo organizativo en sus comunidades. Por ello destaca el abordaje de los pueblos de la Alianza para reclamar al Estado sus acciones que buscan negarles su identidad.

“Porque el gobierno yori, el gobierno blanco dice ‘este pueblo ya no es indígena’. Y se le pega la gana y lo anuncia”, menciona como crítica a la creación del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas por parte del INPI, quien argumenta la necesidad de identificar a estos pueblos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la última Asamblea del CNI, realizada en Tehuacán, Puebla. Puedes consultar las entregas pasadas sobre las resistencias en el Istmo de TehuantepecMichoacán y Quintana Roo.

A continuación, compartimos el testimonio de Myrna Valencia quien también es miembro del Consejo del Gobierno Indígena de Cohuirimpo Río Mayo, uno de los ocho pueblos de la tribu Yoreme-Mayo, quienes abarcan una región entre el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.


Avispa Mídia (AM): En las mesas de trabajo has reflexionado sobre los planes de justicia promovidos por el gobierno federal, ¿puedes compartirnos más detalles?

Myrna Valencia (MV):  Hemos visto tristemente que es más de lo mismo. En 2019 fueron las primeras avanzadas del presidente. Hicieron un diagnóstico entre autoridades indígenas de los pueblos, de las comunidades y de diferentes liderazgos. Tuvimos la oportunidad de asistir y el diagnóstico fue muy claro. Como no sabíamos bien de qué se trataba, ni de la derrama económica que iba a significar para quienes son cazadores de este tipo de recursos económicos y de puestos políticos; entonces, la gente fue fiel en decir el sentir. ‘Nosotros queremos la tierra, queremos la legalidad de la tierra. Queremos nuestros territorios y queremos el agua’, ese fue el sentir general que entregamos.

AM: ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo del Estado?

MV: Se empezaron a llevar a cabo reuniones. El mismo INPI y otras organizaciones, que se dicen representantes de los pueblos indígenas, empezaron a incursionar, a irrumpir en las comunidades y nombrar autoridades indígenas a su gusto y a su conveniencia, que les favoreciera, claro está. Ha habido mucha ruptura a lo que son los gobiernos indígenas auténticos, no se les ha respetado. Ha habido personajes. Recuerdo ahorita a Juan Pérez Gil, que él dice ser vocero de los 8 gobernadores de los 8 pueblos. Nunca ha sido esto, ni siquiera informado, mucho menos legitimado.

Ellos han gozado como intermediarios de los recursos de la derrama del plan de justicia y eso les permite jugar con la voluntad de la gente, les permite aprovecharse de la necesidad y también ir acarreando voluntades hacia lo que viene, porque ellos nada más saben manejarse en las cuestiones electorales, y ya se están preparando para la siguiente elección, para eso ha servido.

Es una plataforma para las cuestiones electorales y también para los puestos de poder en el gobierno local, municipales, en las mismas instituciones como el INPI, en CEDIS (Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora) que es para la atención de los pueblos indígenas en el estado. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que estamos sufriendo. Avance en realidad no hay. En mayo del 2022 fue el presidente y anunció: ‘sé lo que quieren; yo no voy a pelear con los que tienen la tierra, voy a indemnizar y voy a cumplir con ustedes’. La gente aplaudía, era una euforia.

Pero tristemente, hemos visto muchas reuniones, talleres, mesas simultáneas de diferentes temas, a lo que nuestro pueblo no está acostumbrado. Nos está afectando bastante porque en las mesas de trabajo, hay gente que no está informada y otra gente que está mal informada. Entonces las mesas de trabajo, los talleres, las reuniones distan mucho de lo que la comunidad indígena, de lo que la población indígena necesita. Ya en tanto ir y venir, hasta se ha perdido. Nosotros hemos tenido esa constancia todavía y esa conciencia porque nos ha tocado estar desde el principio y nos ha tocado estar participando, con mucha vergüenza porque nos damos cuenta cómo se maneja la voluntad.

No se permitía el acceso si no tenían una representación como gobernadores (tradicionales, figura de los pueblos yoreme). Obviamente, quienes están al frente, ostentándose como representantes de la tribu y administradores de ese presupuesto para la puesta en marcha del plan, ellos pues, sí, reconocían a los que les daba la gana, entonces nosotros ya nos declaramos como Alianza y empezamos dentro de las reuniones a replicar, reclamar y a decir, pues esto es una farsa que es más de lo mismo.

AM: Una de las promesas se relaciona con la recuperación del río Mayo, ¿ya comenzaron estos trabajos?

MV: Si tuvieran realmente el deseo, hubieran empezado primeramente por darle la cuota de agua que viene, que es detenida en las presas para beneficiar a los terratenientes. Ya hace años que no se le da la cuota (de agua) necesaria al río y las especies de plantas y animales se están extinguiendo.

Nuestros territorios están secos, ya las personas que vivían en la ribera del río, pues hasta eso, les están afectando porque se les dieron concesiones a los habitantes originarios. Ellos tenían de cierta medida del cauce del río hacia las orillas, pero ahora como el cauce decreció, es apenas un chorrito de agua, pues sus casas quedaron fuera de la concesión y, aun así, pues los gobiernos les están cobrando esas posesiones, esos impuestos.

El río, que es uno de los elementos más identitarios de nuestra tribu está seco (…), seguimos siendo tratados como extranjeros en nuestro propio territorio, conducidos a un pensamiento que atenta contra la diversidad y todo esto.

AM: ¿Cuál crees es la importancia de los trabajos de este evento que les convoca?

MV: Respecto a la organización, pues es la base. Nadie de un gobierno externo va a venir y va a darse cuenta de lo que nos duele, mucho menos va a resolver nuestros problemas. Alguien que viene de fuera y que se dice ser nuestro representante, en este caso como el gobierno blanco, lo único que hace, pues, es aprovechar los recursos que hay de nuestros impuestos.

Pero la organización, en este caso, el Congreso Nacional Indígena que nos congrega en esta ocasión, y que nos anima a la organización, yo creo que es lo mejor que podemos hacer como pueblos originarios, como personas con una identidad de un pueblo nativo, porque eso nos va a permitir conocer en lo personal, en lo cerca, los dolores que sufrimos como pueblos, que sufrimos como comunidades.

Aquí el rasgo que se fomenta, que se reconoce y que nos hace sentir realmente orgullosos de nuestro origen es la comunalidad. Aquí eso lo vivimos, eso lo expresamos, lo manifestamos y también lo podemos llevar a nuestros lugares, gracias pues a los principios del mandar obedeciendo del CNI y el compromiso tan grande que tenemos como Concejo Indígena de Gobierno de ir formando, implementando y organizando esta forma de autogobernarnos en nuestras tribus.