Presos
Perú-Cusco: criminalización de comuneros detenidos en protestas
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
Cuatro jóvenes de la comunidad campesina Cuyo Grande, en la región Cusco, Perú, fueron sentenciados a siete años de prisión por protestar contra las masacres en los andes durante el primer bimestre de Dina Boluarte en el gobierno.
Las desproporcionadas penas siguen la línea de criminalización del derecho a la protesta en el Perú, mientras que ningún mando político, militar o policial, los responsables de las matanzas, recibe sanciones.
El 31 de enero de 2023, cuando las fuerzas militares y policiales habían asesinado a 45 manifestantes, la mayoría en territorios andinos de poblaciones quechuas y aimaras, agentes infiltrados detuvieron a Richard Camala (23 años), Ferdinán Huaccanqui (34 años), Redy Huamán (23 años) y Joel Hivallanca (22 años).
La justicia desconoció el arraigo domiciliario de los imputados, debido a que viven en tierras comunitarias. Al no reconocerles un domicilio, la justicia consideró que habría riesgo de fuga en caso de procesarlos en libertad.
Desde entonces permanecen recluidos en el penal Qenqoro, acusados en primera instancia del delito de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Los comuneros, mediante engaños, por desconocimiento, firmaron actas de intervención policial sin poder leer el contenido, aceptaron la terminación anticipada y se declararon culpables, lo que complicó su situación.
El último 31 de julio, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco ratificó las condenas, sin reconocerles arraigo de domicilio. Los procesados, quienes se dedican a la agricultura, presentaron constancias de posesión de tierras, por lo que la medida es calificada de discriminatoria por sus familiares.
A las sentencias, las autoridades judiciales le suman un elevado pago de reparación civil (250 mil soles, alrededor de 70 mil dólares).
Persecución coordinada
El abogado de los sentenciados, Marcelino Quispe, denunció irregularidades en el proceso: detención ilegal por parte de policías encubiertos, manipulación de pruebas del representante del Ministerio Público y el dictamen de una jueza durante su periodo de vacaciones para, según señala, promover su ascenso al cargo de vocal.
El jurista apunta a la colusión entre el Ministerio del Interior, Poder Judicial y fiscalías, evidenciada en otros casos de persecución de la protesta social desde la gestión de Boluarte. La defensa de los comuneros planteará todavía recursos para anular la resolución y se propone llevar el caso al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.
Hasta el día de la detención de los jóvenes de Cuyo Grande, el gobierno había reprimido con violencia extrema las movilizaciones en Puno, Ayacucho y Apurímac, donde victimaron en total a 38 personas, entre ellas menores de edad. Otros once manifestantes fueron asesinados en Cusco, Arequipa, Junín, La Libertad y Lima en los meses de convulsión, entre diciembre de 2022, mes del golpe de Boluarte, y enero de 2023.
Organismos internacionales de derechos humanos han calificado los actos de las instituciones armadas de ejecuciones extrajudiciales con sesgos raciales.
En enero de 2023 también fueron detenidos y trasladados a Lima siete integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), sindicados de apología al terrorismo, a quienes dieron arbitrarias penas de prisión preventiva. En las últimas semanas salieron en libertad tres de los activistas que continuaban presos, luego de 18 meses.
Aún se espera la liberación de Rocío Leandro Melgar, presidenta de la organización, para quien el Ministerio Público pide adicionar seis meses de encierro preventivo. Asimismo, la del brigadista y estudiante de derecho Vladimir Molina, procesado por disturbios durante las protestas en la capital.
UN PICO Y UNA PALA ͶÀTIꟼAƆ ⅃Ǝ
UN PICO Y UNA PALA.
De la solidaridad, la empatía y la valentía
Agosto del 2024.
La solidaridad con lo lejano -y no me refiero a la geografía, sino a su lugar en la información-, no sólo es cómoda. Además, permite las posiciones más absurdas y contradictorias (como la de justificar el asesinato de civiles, niños en su mayoría, que ignoran que el infierno presente no es momentáneo, sino también una promesa del futuro).
La solidaridad con lo distante no requiere compromiso: son otros los que sufren y mueren. Para ellos la limosna de la atención momentánea, la acalorada discusión (já) sobre uno o dos Estados, las referencias históricas a modo de cada posición. La solidaridad con lo cercano, en cambio, demanda algo más que un comentario en redes sociales. En el extraño y pequeño mundo del progresismo están más cerca las kurdas, Palestina y Ucrania, que Ostula y su porfiada resistencia; las comunidades originarias del Istmo que se rebelan al destino de ser reconvertidas en guardias aduanales en la nueva frontera sur de la Unión Americana (porque eso, y no otra cosa, es ese megaproyecto); la destrucción ecológica llamada “Tren Maya”; el despojo de agua en toda la geografía; la imposición de termoeléctricas; las rebeliones contra saqueos, imposiciones y destrucciones del medio ambiente;…y las Buscadoras.
Y no, no se trata de obviar, por geografía, una injusticia en cualquier parte del planeta. No, se trata de entender y sentir que la solidaridad no es una moda y una pose, sino un compromiso que maldice.
Como el oído, la mirada… y la palabra
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De las ausencias, la más terrible e inhumana es la que no tiene explicación.
Las personas desaparecidas, su actualidad y la indiferencia que provocan arriba, son la prueba contundente de que la frivolidad y el cinismo son virtudes en el quehacer político de la derecha… y de la izquierda progresista.
La existencia de personas que buscan la verdad y la justicia para sus ausentes es lo que marca la modernidad tan cacareada allá arriba: es terrible el infierno en el que se cocinan esas desapariciones; y es maravilloso que, quienes buscan, revaloren con su empeño la dignidad humana.
En los últimos años, lo más terrible y maravilloso que ha parido esta geografía es la profesión de “buscadora”.
¿Cuál es lo mínimo para cumplir esa demanda de verdad y justicia para las desaparecidas? ¿Cuál es el “piso”, -como dirían los expertos en gestoría-, en esa petición? ¿Un fragmento óseo? ¿El jirón de una blusa descolorida? ¿Un zapato sin su par? ¿Una resolución del poder judicial, la policía, el gobierno en turno: “se hizo lo que se pudo”? ¿La señal del gps parpadeando solitaria, desesperada, inútil?
¿Un discurso que, claro, culmina con “me comprometo a que se sepa la verdad antes de que termine mi gobierno, caiga quien caiga”?
Las buscadoras no sólo buscan a sus ausentes, también buscan la vergüenza, la dignidad y la humanidad que se perdieron con un puesto gubernamental, un renglón en la tabla Excel del pago en nómina por claudicaciones.
Quienes se niegan a responder a la demanda de las Buscadoras, ¿a qué le temen? ¿Cuál es el sustento para que afirmen que “la mayoría de las desaparecidas lo son por voluntad propia”? ¿Es que ya investigaron y esas ausentes lo son voluntariamente? ¿Entonces por qué no decirles a las Buscadoras: “señora, su hijo, hija, se fue porque encontró una pareja” o “porque usted no la comprendía”?
¿No tienen alta tecnología (drones, satélites, georradares, archivos digitalizados)? Si no, por qué no compran o rentan, o piden prestados esos equipos. Busquen en tiendas on line… o en la página de la Secretaría de Marina. Sólo escriban en la ventana del buscador “equipos de búsqueda y rescate”.
Si tienen los medios para espiar a sus enemigos (un Pegasus en cada soldado te dio), ¿por qué no usan esas tecnologías para averiguar si esa persona está desaparecida “por voluntad propia”?
¿O mienten las Buscadoras? ¿Entonces es mentira que anden de un lado a otro, atenidas a las informaciones que reciben? ¿Sufren porque quieren o porque alguien les hace falta? Esas imágenes donde aparecen, con palas y picos, en zonas rurales, ¿son editadas con una aplicación digital y, en realidad, ellas están en su casa haciendo cuentas para ver cómo llegan a fin de mes? Ellas -y ellos, claro-, las Buscadoras, ¿desaparecieron voluntariamente a sus hijos, hijas, compañeros, compañeras, padres, madres, familia, con el único propósito de perjudicar a la víctima imaginaria de Palacio Nacional?
Tal vez podrían, al menos, pedirles a esas Buscadoras que busquen y encuentren la vergüenza que, allá arriba, perdieron por un puesto gubernamental… y una nómina personal.
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Usted que trabaja en medios de comunicación, ¿se acuerda de aquellos tiempos cuando hacer periodismo era investigar, ir al lugar de los hechos, entrevistar a las “partes involucradas”, desafiar la “autocensura”, pelear en el comité de redacción por la publicación -porque usted se comprometió con esas víctimas a dar a conocer su tragedia; y usted tiene en alta estima el valor de la palabra, por eso eligió el periodismo-, regresar al lugar y mostrar a esas dolientes la nota (que a usted le costó la enésima amenaza de despido, -o se lo confirmó, claro-)?
¿Recuerda cuando las notas se sacaban de la realidad y no de las redes sociales? ¿Se acuerda de cuando el gafete de “PRENSA”, más que de orgullo e impunidad, era símbolo de compromiso ético?
¿No hubo un tiempo en que peleaba la nota con otros periodistas y no con influencers que ni siquiera saben redactar la descripción de sus videos? ¿Aquellos días donde el enemigo era la dádiva, el chayote, el sobre con billetes, la información no confirmada? Y no como ahora, las amenazas de muerte -cumplidas no pocas veces-, o los hostigamientos virtuales de bots de uno y otro signo. Además, claro, del tribunal mañanero con el que el Supremo reparte bofetadas y caricias.
¿Dónde están los grandes reportajes, el periodismo de investigación, las notas exclusivas, las preguntas incisivas, la redacción impecable, la dicción correcta, la imagen donde la nota no es el periodista sino la realidad?
Seguid el hilo de Ariadna, tal vez dentro del laberinto encontrareis lo que les hizo elegir el periodismo como profesión… y maldición.
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En algún rincón del corazón humano hay una cosa que se llama “empatía”. Esa capacidad de “ponerse en el lugar del otro” es, en realidad, la capacidad de “ponerse en el lugar de la víctima”. A veces individualmente y cada vez más en colectivo, ese sentimiento va más allá y afronta la necesidad de “hacer algo”.
Pero la realidad no da premios. Si acaso, pesadillas. Así que se necesita valentía para decir “soy yo y siento que esto no es justo y tengo que decirlo o hacerlo sentir, sobre todo a las víctimas”.
Son escasos y muy espaciados los logros que se consiguen. Parecen pequeños, pero para las víctimas lo son todo. Como lo será para -supongamos, sin conceder-, José Díaz Gómez, quien de seguro se sorprenderá cuando vea todos los mensajes de apoyo y solidaridad que, desde los rincones más insospechados de México y el mundo, convergieron en el esfuerzo de esa ONG -incómoda, como deben ser todas las ONG-, que asumió la búsqueda de la justicia como lo que es, es decir, un deber.
Su libertad fue parida por todas esas voces y acciones que, ojo, convergieron en una demanda sencilla pero contundente, tan añeja como la humanidad misma: libertad.
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Buscad a las buscadoras. Se me ocurre, no sé, que tal vez también buscan otro mañana. Y eso, amigos y enemigos, es luchar por la vida.
Vale. Salud y encuéntrenlas. Urge.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
El Capitán.
Agosto del 2024.
P.D.- Creo que es obvio, pero si no, pues lo decimos claramente: gracias.
