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Avispa Midia

Policía estatal de Guerrero ataca a normalistas de Ayotzinapa, confirman un estudiante asesinado

Fuente: Avispa Midia

Por Angel Huerta

Foto de archivo por Clayton Conn

La noche del jueves (7), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Guerrero afirmó haber recibido una llamada a través del 911, alertando sobre un vehículo con reporte de robo de la Marca Nissan tipo Frontier NP300, modelo 2020, color blanco, que se dirigía desde Chilpancingo hacia Tixtla. Según la versión oficial, el personal policial visualizó el vehículo en el punto conocido como Hotel Petatlán, gracias a las cámaras de C4, y abrió fuego cuando los normalistas no se detuvieron al pasar por un retén.

La dependencia compartió fotos del interior del vehículo donde, presuntamente, se encontró un arma de fuego corta, cartuchos útiles, tres bolsitas de una sustancia cristalina y cervezas. La Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello denunció el incidente, y confirmó la muerte de un estudiante en el hospital, Yanqui Rothan Gómez Peralta, y la detención de otro más. Además, señaló que los normalistas fueron agredidos por elementos de la policía estatal. Este centro ha acompañado a varias normales del país y ha resaltado que, durante el último año, se han emitido dos recomendaciones por abuso de autoridad y otras violaciones a los derechos humanos por parte de la policía estatal en interacciones con estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La tragedia ha generado indignación en la comunidad estudiantil de la Normal de Ayotzinapa. Al enterarse del incidente, algunos estudiantes se trasladaron al lugar y lanzaron petardos contra agentes estatales y municipales. Además, un grupo de alumnos se apoderó de una patrulla y la incendió en la avenida Insurgentes en Chilpancingo, como acto de protesta.

Este incidente se produce en una fuerte criminalización contra estudiantes normalistas y representantes legales de los familiares de los 43, quienes mantuvieron un plantón durante diez días afuera del Palacio Nacional, exigiendo reanudar el diálogo con el presidente López Obrador para continuar la búsqueda de sus hijos. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado frustración entre los familiares, quienes han recurrido a acciones más radicales para ser escuchados.

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Por la madrugada estudiantes normalistas realizaron una transmisión por sus redes sociales, donde denunciaron el asesinato del estudiante normalista, e informaron que el estudiante detenido fue trasladado al puerto de Acapulco.

Explicaron que sus compañeros se trasladaban en un vehículo cuando fueron atacados sin motivo por una patrulla, según testimonios de testigos presenciales.

Acusaron al gobierno de intentar encubrir el crimen y de sembrar pruebas para inculpar a los estudiantes y responsabilizaron directamente a las autoridades estatales de Guerrero por el asesinato del estudiante.

Recalcaron que este tipo de violencia policial es parte de un patrón autoritario del gobierno, que busca acallar las protestas y la disidencia.

Más tarde la Fiscalía General del Estado de Guerrero a través de sus redes sociales difundió un boletín informativo en el cual señaló que ha iniciado una investigación sobre un presunto homicidio ocurrido el 7 de marzo en el libramiento a Tixtla, cerca del Hotel Petatlán, en Chilpancingo de los Bravo.

La Policía Investigadora Ministerial está realizando entrevistas e indagatorias, mientras que los peritos están recopilando pruebas. Se espera que estas acciones aclaren los hechos y determinen responsabilidades.

Normalistas son vigilados 24 horas siete días a la semana

De acuerdo al Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) Independientes, en el tercer informe publicado en el año 2022 sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, las autoridades militares y de inteligencia llevaban un seguimiento constante de las actividades de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Los informes revelan que se monitoreaban las movilizaciones estudiantiles, incluyendo marchas, tomas de autobuses y otros eventos. El GIEI tuvo acceso a 57 informes de seguimiento desde 2011 a 2014, periodo en el que se recibieron 12 comunicaciones e informes de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre las actividades de los estudiantes, incluso el día de los trágicos sucesos en Iguala.

El 22 de septiembre de 2014, la Comandancia de la 35 Zona Militar informó sobre las actividades estudiantiles en Ayotzinapa, indicando la retención de autobuses para asistir a eventos conmemorativos en la Ciudad de México. Además, se ordenó a todos los batallones del Estado de Guerrero seguir de cerca las actividades de los estudiantes, destacando la importancia de informar sobre la participación en eventos en la capital del país y otras organizaciones presentes en la zona. Este seguimiento refleja el conocimiento detallado de las autoridades militares sobre las actividades estudiantiles y el nivel de vigilancia al que estaban sujetos los estudiantes.

En impunidad el caso de otros normalistas asesinados

Después de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en el año 2014, el martes 4 de octubre del 2016 fueron ejecutadas cinco personas durante un asalto en el transporte público en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, entre ellos dos normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos; los cuerpos de Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro se trasladaron al Semefo de Chilpancingo donde fueron reconocidos por otros normalistas.

El 12 de diciembre, los estudiantes de Ayotzinapa protestaron contra el entonces gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, exigieron aumento de presupuesto para el plantel, y algunos otros temas y necesidades internas.

La manifestación de ese entonces, con la que mantenían bloqueados los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, fue desalojada con violencia por elementos de la entonces Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial, quienes usaron armas.

Jorge Alexis y Gabriel fallecieron por disparos de arma de fuego y los cadáveres quedaron tendidos sobre la carretera de cuota. Casi a 13 años no hay responsable material ni intelectual de los que perpetraron el desalojo violento, incluso los dos elementos de la Policía Ministerial detenidos fueron liberados gracias a un amparo. El crimen de Alexis y Gabriel sigue en la impunidad, ha denunciado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En la mañana de este 8 de marzo, el presidente Manuel Andrés López Obrador dijo que “es lamentable esta situación” y que pedirá que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.

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FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS DE MÉXICO (FECSM)

Comunicado de la Federación de Estudiantes Socialistas de México sobre el asesinato de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estuadiante de la normal rural de Ayotzinapa

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS DE MÉXICO

(FECSM)

ESCUELA NORMAL RURAL “RAÚL ISIDRO BURGOS”

DE AYOTZINAPA

A LA OPINIÓN PÚBLICA, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, ESTUDIANTILES, MAGISTERIALES Y AL PUEBLO EN GENERAL

“PARA EL ESTADO SER ESTUDIANTE ES UN PECADO, SER NORMALISTA ES UN DELITO, PERO SER DE AYOTZINAPA MERECE LA MUERTE”

A lo largo de la historia de nuestra escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero se han tenido una gran cantidad de represiones y hostigamientos, mismos que han atentado de manera directa y física contra la integridad de la comunidad sstudiantil, en estas se han visto involucrados distintas órdenes de gobierno, pero principalmente los cuerpos y elementos de la policia estatal, tales como aquel 12 de diciembre de 2011, así mismo la noche del 26 y madrugas del 27 de septiembre de 2014, aunado a esto, el dia 07 de marzo de este año en curso no fue la excepción, pues acribillaron de manera cruel a uno de nuestros compañeros.

Ante los hechos suscitados el dia 07 de marzo de 2024 sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, a la altura del hotel Petatlán, elementos de la policia estatal agredieron a compañeros estudiantes de nuestra escuela Normal, haciendo uso de sus armas de fuego, ocasionando que uno de nuestros compañeros falleciera por este ataque. Comotal, resposabilizamos de manera directa al gobiernoestatal por el ataque armado, así mismo por la fabricación de delitos y la siembra de armas en la unidad vehicular en donde se trasladaban los compaeros, mismos hechos que intentaron hacer en aquel ya lejano 12 de diciembre de 2011, conel mismo discurso de que nuestros compañeros agredieron a los policias y que estos respondieron a dicha agresión, puesto que los policias montaron el crimen manipulando la escena, limpiando el vehículo donde se trasladaban estos compañeros.

Responsabilizamos de manera directa a los tres niveles de gobierno, de la criminalización en contra de la normal de Ayotzinapa, la política de oídos sordos, la represión y la muerte, por lo que exigimos que los perpetradores materiales e intelectuales paguen y se haga justicia, ya que este hecho no tiene que quedar como un acto más de impunidad en este estado.

Repudoamso su política de simulación, su política de falta de democracia, ya que horas antes habían tratado de detener a otros dos compaleros, a los cualesagredieron verbalmente y los amenazaron, además, el gobierno federal había amenazado con abror carpetas de investigación por los hechos de la jornada de lucha en la cd. de México, esa es la manera en que el gobierno atiende las problemáticas del pueblo, para el gobierno es más peligroso un estudiante que los mismos delincuentes que se pasean por todos lados.

Pretende el gobierno callar nuestra voz, pretende que abandonemos la búsqueda de nuestros hermanos desaparecidos, sin embargo, le decimos que Ayotzinapa nose callará jamás, hoy gritaremos más fuerte que nunca que son unos malditos asesinos.

Exigimos esclrecimiento del caso del compañero asesinado Yanqui Khotan Gómez Peralta, así como la liberación inmediata de nuestro compañero detenido.

¡POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA CLASE EXPLOTADA!

¡VENCEREMOS!

¡7 DE MARZO NO SE OLVIDA, ES DE LUCHA COMBATIVA!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS ASESINOS!

 

MARZO COMBATIVO

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Avispa Midia

ONU alerta que extradición de Assange vulneraría la libertad de expresión

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado viernes (1), Irene Khan, experta de las Naciones Unidas, ha levantado la voz para mostrar su preocupación por las posibles implicaciones que podría tener la extradición y el subsiguiente procesamiento en Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para la libertad de expresión a nivel global.

Irene Khan es relatora especial sobre la libertad de expresión de la ONU, quien puntualiza que “recopilar, informar y difundir información, incluida la relativa a la seguridad nacional cuando es de interés público, es un ejercicio legítimo del periodismo y no debe tratarse como un delito”.

Las declaraciones de la relatora se presentan en el momento más álgido del caso de Assange, ya que espera la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido sobre su apelación contra la extradición a Estados Unidos.

Ver también: Julian Assange se enfrenta a un momento decisivo sobre posible extradición a EEUU 

Assange se ha destacado como editor, redactor y activista, se enfrenta a 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 por la publicación de información clasificada en la plataforma de WikiLeaks, lo que podría acarrearle una pena máxima de 175 años de prisión.

De acuerdo con la relatora Khan, la principal preocupación radica en el uso de esta ley en el caso de Assange, ya que, “este estatuto no proporciona ninguna protección para la publicación de información de interés público”.

Incluso, la especialista advierte que, en caso de que procesen a Assange en Estados Unidos por su labor informativa, “sentaría un precedente peligroso que podría tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación en Estados Unidos y posiblemente en otras partes del mundo”, afirmó Khan, además de que no es la primera vez que un periodista recurre a documentos clasificados de interés público.

Khan insta a las autoridades británicas para que no extradite a Assange a los Estados Unidos, así mismo, que le retiren los cargos en su contra.

El caso del periodista ha sido objeto de controversia durante años, lo que incluye su arresto en 2010 y su permanencia en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde 2019.

El activista australiano ha sido objeto de una persecución legal prolongada, que muchos grupos defensores de la libertad de prensa consideran un intento de criminalizar el periodismo.

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Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de la administración Donald Trump están relacionados con la publicación de documentos clasificados por parte de Manning en 2010, que detallaban crímenes de guerra y abusos cometidos por el gobierno estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo.

El destino de Assange sigue siendo incierto, pero su caso continuará siendo un punto de referencia crucial para el futuro del periodismo de investigación y la libertad de expresión en todo el mundo. Diversos periodista y activistas en el mundo se han pronunciado para que lo liberen y le retiren los cargos en su contra.

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Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Pronunciamiento por la libertad de Saúl Rosales, Preso político en Tlaxcala

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados

A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac

A los pueblos afrodescendientes y originarios del Abya Yala

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A todas las personas del mundo que luchan contra el capitalismo

A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

A los que integramos la Asamblea Nacional por el agua y la vida

A las comunidades tlaxcaltecas

A las 94 comunidades de Tlaxcala que se rigen por los usos y costumbres

A los pueblos y municipios autónomos de México

A los pueblos indígenas de México y del mundo

A los defensores del territorio, el agua y la vida

A las Organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, colectivos, grupos organizados, brigadas del cuidado de la montaña, autoridades comunitarias, ciudadanos tlaxcaltecas y pueblo en general.

Quienes integramos la asamblea por el agua y la vida, le recordamos al Estado mexicano que tiene una obligación en materia de protección a defensores del territorio.

El Estado mexicano castiga a los pueblos originarios de Tlaxcala mediante la detención arbitraria de Saúl Rosales Meléndez, como un castigo ejemplar a quienes nos atrevemos a organizarnos, a quienes nos atrevemos a defender los cerros, a quienes corremos la suerte de nacer en un territorio originario.

El Estado mexicano atenta contra el artículo dos constitucional, el convenio 169 de la OIT, y tratados internacionales en materia de protección de defensores del territorio, pues un elemento que resalta para declararlo culpable de homicidio calificado es ser representante comunitario legítimo y acompañar las asambleas comunitarias para la defensa de la Matlalcueyetl.

Deslegitimar los cargos tradicionales es atentar contra la autonomía y autodeterminación de los pueblos, para imponer gubernaturas indígenas de apariencia no partidistas pero que tienen vínculos partidistas, legitimadas desde el INPI donde despacha el traidor de los pueblos, de clientelismo político, pero sobre todo obedientes y serviles al Estado represor y también para legitimar e imponer MEGAPROYECTOS DE MUERTE y aspecto de control social llamado política partidista vinculada al narco Estado capitalista.

A más de 500 años de desprecio, de racismo, de clasismo de invisibilización de los pueblos, desplazados, despojados, criminalizados, perseguidos, desaparecidos de manera forzada, ejecutados extrajudicialmente, torturados sexualmente en muchos de los casos, torturados psicológicamente y físicamente para imponer miedo y terror, cuando ejercemos nuestra autodeterminación, nuestra autonomía y la defensa de nuestro territorio.

Por lo anterior expuesto, nos indigna llegar a la cuarta Asamblea por el Agua y la vida el 23 y 24 de Marzo de 2024 sin nuestro hermano nahua Saúl Rosales Meléndez quien nos ha enseñado con su ejemplo a defender y amar a la Matlalcueyetl, siendo nuestra autoridad comunitaria de San Pedro Tlalcuapan legítima, no impuesta, no elegida por clientelismo político, no elegido con fraudes electorales, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala.

Hay una serie de irregularidades en el debido proceso de nuestro compañero Saúl Rosales Meléndez, durante 1 año y 7 meses, el Estado Mexicano lo acusa de homicidio calificado derivado de un hecho presentado en la comunidad en donde, ni siquiera estuvo presente. El día 1 de marzo las juezas Aída Báez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio lo declararon culpable, a pesar de que después de diecisiete audiencias en las que se ha dividido el juicio oral, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET) fue incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, y a pesar de demostrar en la defensa jurídica, la no participación de Saúl en los hechos a los cuales se le vincula, la impunidad se impone para mantenerlo en prisión.

El argumento jurídico de los jueces que condenan a Saúl Rosales de homicidio calificado es que Saúl Rosales Meléndez era presidente de comunidad cuando sucedieron los hechos y su obligación era defender al hoy occiso, según las juezas. Pero vemos que a nivel de la república existen miles de desaparecidos, comunicadores comunitarios asesinados por el Estado pero no hemos visto que los jueces juzguen a los alcaldes y gobernadores partidistas por no garantizar seguridad y protección en la defensa territorial. Señalamos este ejemplo claro de ejercicio de poder de impunidad, para estigmatizar, hostigar y criminalizar con esta detención arbitraria las representaciones comunitarias como también ocurre frecuentemente con las comunidades zapatistas, recordamos la situación de Manuel Gómez Base de apoyo zapatista.

La injusta sentencia en contra de don Saúl Rosales, no sólo atenta contra sus derechos individuales, también atenta contra todos los pueblos que defendemos nuestro territorio. Es una agresión más en contra de los representantes comunitarios con mensaje muy claro de castigo a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, así mismo atentado a nuestros derechos ancestrales históricos que tenemos los pueblos originarios, impidiéndonos avanzar en el ejercicio de tareas de autogobierno de manera tradicional, sin embargo, le recordamos existimos antes de que existiera el propio Estado y no estamos dispuestos a desaparecer.

La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, exigimos al ejecutivo estatal, federal, jueces, la fiscalía, la CDH y todos aquellos involucrados en fabricar delitos a quienes no estamos de acuerdo con la sobreexplotación de los bienes naturales, a los que no estamos de acuerdo que sigan mercantilizando con una ambición desmedida e insaciable el futuro de nuestros hijos, nietos y parte de nuestra propia existencia como pueblos originarios y que castigan a Saúl Rosales manteniéndolo en prisión para castigarnos a todos los que nos consideramos pueblos originarios, a todos los que apostamos a construir día a día la autonomía como el único camino visible de emancipación comunitaria, de agua y vida, atentan también aparentemente de manera indirecta a todos los que defendemos los cerros, el agua y la tierra pues el mensaje es claro que TODOS somos Saúl Rosales Meléndez.

A los pueblos y comunidades originarias les pedimos difundir, asistir, realizar, registrar diversas actividades encaminadas a realizar una jornada nacional e internacional por la libertad inmediata e incondicional de Saúl Rosales.

Jornada de acciones por la libertad de Saúl:
-A partir del martes 5 de marzo, campaña mediática #SaúlNOesculpable#LibertadParaSaúlRosales, envía fotos, carteles, videos, cartas, etc. al correo sambleanacionalporelagua@gmail.com
-Foro virtual: Presxs Políticos de la 4a Transformación
Miércoles, 6 de marzo, 7:00 pm
-Rueda de prensa sobre el caso de Saúl Rosales
Jueves, 7 de marzo, 1:00 pm
CCH Azcapotzalco
-Audiencia en contra de Saúl Rosales
Viernes, 8 de marzo, 4:00 pm
Segunda instancia de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala

Acciones dislocadas por Saúl Rosales, videos de apoyo, pronunciamientos, firmas electrónicas, cartas a las autoridades competentes, foros, mitin, marchas en plazas públicas, poder judicial de cada estado de la República hasta lograr la libertad inmediata e incondicional de Saúl Rosales y todos los presos políticos.

 

ATENTAMENTE

La Autonomía de los Pueblos y la defensa de la vida NO son un crimen

Presos políticos libertad

Un Nosotrxs sin Estado

Alto a la criminalización a la autonomía y autodeterminación de los pueblos

Alto a la estigmatización, señalamiento, hostigamiento y criminalización de representantes comunitarios.

La autonomía es un derecho, la detención arbitraria es un crimen de Estado

¡Libertad a Saúl Rosales Meléndez!

Asamblea Nacional por el Agua y la vida

 Organizaciones firmantes

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Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Pronunciamiento de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en exigencia por la libertad de los compañeros Saúl Rodales y Raymundo Cahuatzi

Al pueblo de San Pedro Tlalcuapan
A Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala
A los pueblos y comunidades que defienden la vida y el territorio

El día de hoy, 1 de marzo del 2024, se llevará a cabo la audiencia final en la que se definirá la libertad de los compañeros Saúl Rosales y Raymundo Cahuatzi, autoridades tradicionales del pueblo de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala que fueron encarcelados desde el 14 de julio del 2022, acusados de un delito que no cometieron.

Los compañeros han sido cuidadores y defensores del bosque de la Matlalcueitl y sabemos que ésa es la verdadera razón de la privación de su libertad.

La cárcel debería ser para quienes talan y permiten la tala de nuestros bosques, para quienes roban y contaminan el agua, para quienes entregan nuestro territorio al mejor postor y para quienes imponen la muerte para nuestros pueblos y comunidades. NO para quienes defienden la vida.

Para nuestros pueblos los bosques son sagrados, nos proveen de agua y alimentos, es nuestro hogar y el de miles de especies. En nuestros bosques se origina la vida, nuestra historia y cultura. Por ello los defendemos con la vida misma.

Hoy, los pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida exigimos la libertad inmediata y sin condiciones de los compañeros Saúl y Raymundo.

No descansaremos hasta verlos libres.

ATENTAMENTE

La Autonomía de los Pueblos y la defensa de la vida NO son un crimen

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

1 de marzo del 2024

#LibertadParaSaúlyRaymundo
#PresxsPolíticxsLibertad

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Avispa Midia

México: Justicia de Oaxaca, instrumento de tortura contra los presos políticos de Eloxochitlán

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Plantón de las mujeres mazatecas en frente al palacio de gobierno de Oaxaca. Fuente: Redes sociales de Presos Políticos Eloxochitlán de Flores Magón y Observatorio Memoria y Libertad 

Mujeres del pueblo Mazateco, del estado de Oaxaca, sostuvieron por tres días una huelga frente al palacio de gobierno de esta entidad, ubicada al sur de México, exigiendo la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán. El plantón ocurrió entre los días 18 y 20 de febrero.

Cuarenta hombres y mujeres de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, de la Sierra Mazateca, en Oaxaca, han sido criminalizados en los últimos nueve años, por un grupo “neocaciquil”, como nombran las mujeres mazatecas.

De acuerdo con el grupo de mujeres, a los presos les han tratado de “fabricar delitos para contener la lucha de esta comunidad originaria y para evitar que defiendan su territorio”, sostiene Argelia Betanzos, hija de uno de los ex presos políticos, Jaime Betanzos.

Cuatro de ellos continúan, desde hace años, encarcelados a pesar de no tener sentencia condenatoria. Ellos son Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Fernando Gavito y Marcelino Miramón, a quienes se les imputa la tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, actual titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno de Oaxaca, y de su padre, Manuel Zepeda Cortés.

Según las activistas, en los hechos acontecidos en dicha comunidad mazateca en diciembre de 2014, hombres armados, vinculados al grupo “neocaciquil”, con intereses partidistas, atacaron a la asamblea de la comunidad, nombrada por usos y costumbres.

Estas cuatro personas son las únicas que permanecen en prisión de un total de 21 que han sido detenidas y encarceladas. Durante estos nueve años, los presos políticos han obtenido su libertad, ya sea por el cambio de medida cautelar o porque fueron absueltos, por la falta de pruebas de la acusación y por violaciones al debido proceso. “Estas decisiones no nos fueron regaladas, las conseguimos con mucha lucha y con pruebas”, mencionó Betanzos, quien también es abogada indígena.

Una de las demandas de las mujeres mazatecas, no atendida durante el plantón, es una audiencia con el gobernador del Estado, Salomón Jara. “Salomón Jara, persona zapoteca, se niega a mirar los rostros de sus hermanas mazatecas (…). Él está dando la espalda a nuestro caso y está evitando mirarnos a los rostros, rostros de mujeres indígenas que representamos familias de víctimas de fabricación de delitos”, dijo Betanzos.

Lo que exigen las mazatecas “no es estar en mesas de trabajo infructuosas, donde nos escuchan y no hacen nada; eso no se llama atención; atención es tener el valor de reconocer que es un caso de injusticia, y que todos los presos de Eloxochitlán deben ser libres ya; eso sí sería atención, todo lo demás es hipocresía”, señala la abogada.

“Nosotros no estamos pidiendo ningún favor, nos sobran sentencias de libertad, amparos ganados, nos sobra demonstración jurídica para exigir, ya no para pedir, la libertad que nos corresponde”, agrega.

También exigen que el gobierno de Salomón Jara comience el proceso para la reparación integral de daños en favor de las 40 familias criminalizadas, como consecuencia de las violaciones a derechos humanos derivadas de nueve años de prisión y persecución política ilegal.

Otra de las exigencias, tampoco atendida durante el plantón, es la toma de nota del caso de los presos políticos de Eloxochitlán por parte de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, electa en enero pasado por un periodo de cuatro años.

Con la toma de nota, las mujeres mazatecas buscan enterar a la nueva presidenta de la lucha que sostienen los presos y ex presos políticos, y las inúmeras violaciones en los procesos cometidas por la justicia de Oaxaca. “Se le expondrá cómo el Tribunal Superior de Justicia lleva cuatro años cooptado por Elisa Zepeda Lagunas y se le ha convertido en un instrumento de tortura de los presos indígenas de Eloxochitlán”, aclara Betanzos para Avispa Mídia.

Concretamente quieren exponer prácticas tales como: “Revocación de libertades que se ganaron después de largos procedimientos, ejemplo Miguel Peralta y Paul Reyes, y después de instar ante varias instancias, incluidas federales. La negación de las libertades a partir del año 2020, cuando en tan solo un año negó cinco libertades, lo cual va en contra de los antecedentes de libertad ganados entre los años 2015 y 2019”.

A la fecha, nuevamente, Elisa Zepeda apeló al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en lo que respecta a siete casos para revocar las libertades ya ganadas por los mazatecos. Se trata de las libertades de Jaime Vidauria, Artemio Vidauria y Ranulfo Vidauria, Jaime Betanzos, Herminio Monfil y Omar Hugo Morales.

“La toma de nota puede evitar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca siga siendo usado como instrumento de tortura al prolongar el encarcelamiento de los mazatecos de Eloxochitlán”, resume Betanzos.

Sin embargo, la falta de respuesta a la solicitud de reunión con la magistrada Berenice Ramírez, “es una prueba de la interrelación entre los poderes de Estado”, resaltan las mujeres mazatecas en un comunicado anunciando el fin del plantón.

Protección federal

Los cuatro presos políticos acaban de ganar amparos federales. Tres de ellos – Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, que llevan nueve años encarcelados, y Francisco Durán, que lleva cinco años recluido – ganaron los amparos ya que se reconoció que fue ilegal que un juez de Huautla se haya negado a retirarles prisión preventiva pese a que llevan varios años sin sentencia.

Marcelino Miramón ganó el amparo al reconocerse que el delito de incendio por el que se le aprisionó no existe y el delito de daños está prescrito.

“Todos los amparos ganados están sujetos por la propia ley de amparo a la posibilidad de que la contraparte interponga el recurso de revisión y busque, con ello, revertir el resultado”, explica la abogada Betanzos.

En el caso de Marcelino la revisión ya fue interpuesta por Manuel Zepeda. “Se espera que pronto se conozca el resultado el cual creemos confirmará el amparo ganado. Si eso ocurre, el trámite siguiente será que el Juez de Huautla deberá someterse al contenido del amparo y emitir el auto de libertad en favor de Marcelino”, sostiene.

Con relación al amparo ganado por Alfredo, Fernando y Francisco se esperan los 10 días hábiles que tiene la contraparte para interponer el recurso de revisión. “Si no se presenta este recurso, el amparo quedaría firme y tocaría al Juez de Huautla obedecerlo y, en consecuencia, conceder el cambio de medida cautelar a los tres presos; en lugar de la prisión preventiva podrán firmar quincenalmente, por ejemplo, hasta que se acabe el juicio”.

Además, en 2022, el Tribunal de Oaxaca también había revocado la libertad de Miguel Peralta quien ha tenido que llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener acceso a la justicia.

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La larga persecución

Las 40 personas fueron criminalizadas a partir de 2014, acusadas, entre otros cargos, de homicidios y tentativa de homicidio. “La finalidad de esta fabricación de delitos fue la desarticulación de nuestra organización comunitaria. Las personas acusadas tienen representación comunitaria, son activistas y defensoras del territorio”, cuenta Betanzos.

Como sostiene la abogada, entre 2010 y 2014 “surgió un grupo neocaciquil, así lo llamamos, con intereses partidistas, articulado desde el gobierno del Estado, para que azotara todos los intentos de autodeterminación, todos los intentos de ejercicios asamblearios de nuestra comunidad”.

La comunidad entonces empezó a pelear por sus derechos políticos electorales basados en los usos y costumbres. “Lo ganó a nivel de tribunal electoral federal. Y este grupo caciquil azotó a la comunidad, con represión hasta llegar a la tortura”.

Hay dos casos documentados antes de 2014 por la fiscalía y por organizaciones de Derechos Humanos. “Pero cuando llegó al poder judicial, el juez dijo que no había torturas, que no había culpables. Así que este grupo caciquil empezó con el pie derecho gozando de total impunidad”.

En el 14 de diciembre de 2014, la tortura transcendió a una balacera contra la asamblea de la comunidad. “Seis compañeros resultaron heridos de bala. Sin embargo, la fiscalía archivó este asunto en 201, volviendo a dejar en total impunidad al grupo neocaciquil”.

En cambio, las acciones de la comunidad en el intento de defenderse contra el ataque armado del 14 de diciembre como, por ejemplo, “cuando decidieron armar una barricada y utilizaron humo para impedir que la balacera continuara, el Estado utilizó estas imágenes para decir que las 40 personas mataron personas, hicieron destrozos”.

A partir de entonces, las 40 personas empezaron a ser criminalizadas. Los ataques han sido “con la finalidad de deshacer cualquier intento de oposición a sus políticas invasoras y de despojo”.

Agua que fluye

La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón es una tierra donde fluye el agua, donde hay bosque, donde hay arena y grava.

“Es un hecho que lo que hay por detrás de eso [la persecución] es un intento de despojo. Manuel Zepeda Cortés [padre de Elisa], desde 2011, fue denunciado por extractivismo. Hasta ahora, sigue con esta práctica. Habiendo desarticulado nuestra comunidad, manteniéndonos en prisión y persecución, ha tenido toda la libertad, para seguir consumiendo nuestro río de manera ilegal, sacando camiones de grava y arena todos los años”, sostiene Betanzos.

“Estas personas que dicen que fueron víctimas en 2014, que dicen que los intentamos matar, o que los matamos, no son víctimas. Luego arrebataron el poder municipal, luego se hizo diputada y sigue en el poder”, comparte la abogada refiriéndose a Elisa Zepeda.

Prisión preventiva

Una de las principales herramientas jurídicas que se ha utilizado en contra de los presos políticos de Eloxochitlán es la prisión preventiva, es decir una prisión anticipada sin una sentencia condenatoria.

“Los jueces no los pueden condenar. Nunca los van a poder condenar porque no alcanza la fabricación de delitos para una condena. Por eso les ponen la prisión preventiva. Eso es lo que el estado de Oaxaca está imponiendo”, reclama Betanzos.

El abogado argentino especialista en Derechos Humanos y responsable por la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, que sufrió un golpe de Estado en 2022 y que se encuentra en prisión preventiva, alertó en la mañana del domingo (18), durante una conferencia en el plantón de las mujeres mazatecas, que la prisión preventiva ha sido utilizada cada vez más en todo la América Latina para criminalizar pobres, indígenas y luchadores sociales.

La prisión preventiva, explica el abogado, se supone que debería ser utilizada en situaciones excepcionales como, por ejemplo, en casos de riesgo de que la persona investigada se escape o de que cambie la prueba. “Pero en general hoy se volvió un mecanismo represivo contra la pobreza y líderes políticos”.

La prisión preventiva tendría que ser el caso de 2% de las personas que están en la cárcel, señala el abogado, pero representa la mitad de los presos. “Eso no es una realidad de México o Argentina, es un problema de toda América Latina”.

Además de violar el principio de inocencia, que está presente en la legislación de todos los países de América Latina, esta herramienta jurídica ha sido utilizada para generar la inversión de la carga de prueba. “Como ya se presupone que la persona es culpable, la misma persona tiene que demostrar su inocencia estando presa. Y no es lo mismo defenderse estando presa que estando en libertad. (…) Viola el derecho de defensa en juicio”, explica.


Las mujeres mazatecas entregaron ayer a las autoridades oaxaqueñas una petición con más de 10 mil firmas para que, entre otras demandas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca otorgue Medidas Cautelares Urgentes para las familias de los presos y perseguidos políticos, así como para las familias que luchan por la Libertad y en general para la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, “pues es inminente la consumación de cualquier daño físico o psicológico contra ellas en estos momentos”, sostienen en el documento.

Y avisan: “No vamos a detener las movilizaciones. No vamos a cansar de decir que el gobernador tiene que decidir entre si es sordo, ciego o hipócrita”, señala Argelia Betanzos.

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Avispa Midia

Alarma por violaciones sexuales del ejército de Israel a mujeres y niñas de Palestina

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron hoy su alarma por denuncias de atroces violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas palestinas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Las acciones van desde detenciones y ejecuciones arbitrarias, así como violaciones sexuales.

“Estamos consternados por los informes que hablan de ataques deliberados y ejecuciones extrajudiciales de mujeres y niños palestinos en lugares donde buscaban refugio o mientras huían”, puntualizan los expertos de las Naciones Unidas, quienes forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU.

Entre las detenidas incluyen a defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadoras humanitarias. De acuerdo con los informes que ha recibido la ONU, algunas de las detenidas “sostenían trozos de tela blanca cuando fueron asesinadas por el ejército israelí o fuerzas afiliadas”.

De acuerdo con la ONU, las detenciones comenzaron desde el 7 de octubre del 2023, sometiendo a las detenidas a tratos inhumanos y degradantes, negándoles compresas para la menstruación, alimentos y medicamentos. Además de ello, han recibido fuertes palizas. “Al menos en una ocasión, las mujeres palestinas detenidas en Gaza fueron supuestamente mantenidas en una jaula bajo la lluvia y el frío, sin comida”, agregan los expertos.

Los miembros de la ONU han alertado que en los informes que han recibido hay registros de mujeres y niñas que, “han sido objeto de múltiples formas de agresión sexual, como ser desnudadas y registradas por hombres del ejército israelí.  Al menos dos detenidas palestinas habrían sido violadas, mientras que otras habrían recibido amenazas de violación y violencia sexual”, señalaron los expertos.

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También han destacado que el ejército israelí tomó fotos de mujeres detenidas en circunstancias degradantes y las subió a Internet.Los expertos exigen una investigación independiente y rápida, y que Israel coopere con dichas investigaciones, recordando su obligación de proteger los derechos de las mujeres y niñas palestinas.

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The Chris Hedges Report

La apelación final de Julian Assange

Julian Assange presentará esta semana su último recurso ante los tribunales británicos para evitar la extradición. Si es extraditado, significará el fin de las investigaciones sobre el funcionamiento interno del poder por parte de la prensa.

Assange – por Mr. Fish

LONDRES – Si a Julian Assange se le niega el permiso para apelar su extradición a Estados Unidos ante un panel de dos jueces del Tribunal Superior de Londres esta semana, no le quedará ningún recurso dentro del sistema legal británico. Sus abogados pueden solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una suspensión de la ejecución en virtud de la Regla 39, que se concede en “circunstancias excepcionales” y “sólo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable”. Pero no es nada seguro que el tribunal británico esté de acuerdo. Puede ordenar la extradición inmediata de Julian antes de una instrucción de la Regla 39 o puede decidir ignorar una solicitud del TEDH para permitir que el tribunal escuche su caso.

La persecución de casi 15 años de Julian, que ha cobrado un alto precio en su salud física y psicológica, se realiza en nombre de la extradición a los Estados Unidos, donde sería juzgado por presuntamente violar 17 cargos de la Ley de Espionaje de 1917. con una pena potencial de 170 años.

El “crimen” de Julian es que publicó documentos clasificados, mensajes internos, informes y videos del gobierno y el ejército de Estados Unidos en 2010, que fueron proporcionados por la denunciante del ejército estadounidense Chelsea Manning. Este vasto tesoro de material reveló masacres de civiles, torturas, asesinatos, la lista de detenidos en la Bahía de Guantánamo y las condiciones a las que fueron sometidos, así como las Reglas de Enfrentamiento en Irak. Quienes perpetraron estos crímenes –incluidos los pilotos de helicópteros estadounidenses que mataron a tiros a dos periodistas de Reuters y a otros 10 civiles e hirieron gravemente a dos niños, todos capturados en el vídeo de Asesinato Colateral– nunca han sido procesados.

Julian expuso lo que el imperio estadounidense busca borrar de la historia.

La persecución de Julián es un mensaje siniestro para el resto de nosotros. Desafía al imperio estadounidense, expone sus crímenes y, sin importar quién seas, sin importar de qué país vengas, sin importar dónde vivas, serás perseguido y llevado a Estados Unidos para pasar el resto de tu vida en uno de los sistemas penitenciarios más duros del mundo. Si Julián es declarado culpable, significará la muerte del periodismo de investigación en el funcionamiento interno del poder estatal. Poseer, y mucho menos publicar, material clasificado (como hice yo cuando era reportero del New York Times) será criminalizado. Y ese es el punto, como lo entendieron The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País y The Guardian, quienes emitieron una carta conjunta pidiendo a Estados Unidos que retirara los cargos en su contra.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y otros legisladores federales votaron el jueves a favor de que Estados Unidos y Gran Bretaña pusieran fin al encarcelamiento de Julian, señalando que se debía a que él “hacía su trabajo como periodista” para revelar “evidencias de mala conducta por parte de Estados Unidos”.

El caso legal contra Julian, que he cubierto desde el principio y que cubriré nuevamente en Londres esta semana, tiene una extraña cualidad de Alicia en el país de las maravillas, donde jueces y abogados hablan en tonos solemnes sobre la ley y la justicia mientras se burlan del principios más básicos de las libertades civiles y la jurisprudencia.

¿Cómo pueden avanzar las audiencias cuando la firma de seguridad española en la Embajada de Ecuador, UC Global, donde Julián buscó refugio durante siete años, proporcionó vigilancia en video de las reuniones entre Julián y sus abogados a la CIA, destripando el privilegio abogado-cliente? Esto por sí solo debería haber hecho que el caso fuera desestimado por los tribunales.

¿Cómo puede el gobierno ecuatoriano encabezado por Lenin Moreno violar el derecho internacional al rescindir el estatus de asilo de Julián y permitir que la Policía Metropolitana de Londres ingrese a la Embajada de Ecuador (territorio soberano de Ecuador) para llevar a Julián a una camioneta policial que lo espera?

¿Por qué los tribunales aceptaron la acusación de la fiscalía de que Julián no es un periodista legítimo?

¿Por qué Estados Unidos y Gran Bretaña ignoraron el artículo 4 de su Tratado de Extradición que prohíbe la extradición por delitos políticos?

¿Cómo se permite que siga adelante el caso contra Julian después de que el testigo clave de Estados Unidos, Sigurdur Thordarson, un estafador y pedófilo convicto, admitiera haber inventado las acusaciones que hizo contra Julian?

¿Cómo se puede acusar a Julian, un ciudadano australiano, en virtud de la Ley de Espionaje de Estados Unidos cuando no participó en espionaje y no se encontraba en Estados Unidos cuando recibió los documentos filtrados?

¿Por qué los tribunales británicos permiten que Julián sea extraditado a Estados Unidos cuando la CIA (además de poner a Julián bajo vigilancia digital y por video las 24 horas mientras estaba en la Embajada de Ecuador) consideró secuestrarlo y asesinarlo, planes que incluían un posible tiroteo? en las calles de Londres con la participación de la Policía Metropolitana?

¿Cómo se puede condenar a Julian como editor cuando, como hizo Daniel Ellsberg, no obtuvo ni filtró los documentos clasificados que publicó?

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no acusa de espionaje al editor de The New York Times o The Guardian por publicar el mismo material filtrado en asociación con WikiLeaks?

¿Por qué Julián está recluido en aislamiento en una prisión de alta seguridad sin juicio durante casi cinco años cuando su única violación técnica de la ley es violar las condiciones de la libertad bajo fianza cuando solicitó asilo en la Embajada de Ecuador? Normalmente esto conllevaría una multa.

¿Por qué se le negó la libertad bajo fianza después de que lo enviaron a la Prisión de Belmarsh?

Si extraditan a Julián, su linchamiento judicial empeorará. Su defensa se verá obstaculizada por las leyes antiterroristas estadounidenses, incluida la Ley de Espionaje y las Medidas Administrativas Especiales (SAM). Se le seguirá impidiendo hablar en público (salvo en raras ocasiones) y se le seguirá liberando bajo fianza. Será juzgado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, donde el gobierno estadounidense ha ganado la mayoría de los casos de espionaje. El hecho de que el jurado esté formado en gran medida por personas que trabajan o tienen amigos y familiares que trabajan para la CIA y otras agencias de seguridad nacional con sede no lejos del tribunal, sin duda contribuye a esta serie de decisiones judiciales.

Los tribunales británicos, desde el principio, han hecho que el caso sea notoriamente difícil de cubrir, limitando severamente los asientos en la sala, proporcionando enlaces de video que han sido defectuosos y, en el caso de la audiencia de esta semana, prohibiendo a cualquier persona fuera de Inglaterra y Gales, incluidos los periodistas que habían cubierto previamente las audiencias, acceder a un enlace a lo que se supone que son procedimientos públicos.

Como es habitual, no se nos informa sobre horarios ni horarios. ¿El tribunal emitirá una decisión al final de la audiencia de dos días el 20 y 21 de febrero? ¿O esperará semanas, incluso meses, para emitir un fallo como lo ha hecho anteriormente? ¿Permitirá que el TEDH conozca el caso o enviará inmediatamente a Julian a Estados Unidos? Tengo mis dudas sobre que el Tribunal Superior pase el caso al TEDH, dado que el brazo parlamentario del Consejo de Europa, que creó el TEDH, junto con su Comisario para los Derechos Humanos, se oponen a la “detención, extradición y procesamiento” de Julian porque representa “un precedente peligroso para los periodistas”. ¿El tribunal honrará la solicitud de Julian de estar presente en la audiencia, o se verá obligado a permanecer en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Thamesmead, al sureste de Londres, como también ha sucedido antes? Nadie es capaz de decírnoslo.

Julian se salvó de la extradición en enero de 2021 cuando la jueza de distrito Vanessa Baraitser del Tribunal de Magistrados de Westminster se negó a autorizar la solicitud de extradición. En su fallo de 132 páginas, encontró que existía un “riesgo sustancial” de que Julian se suicidara debido a la gravedad de las condiciones que soportaría en el sistema penitenciario estadounidense. Pero este era un hilo delgado. El juez aceptó todos los cargos presentados por Estados Unidos contra Julian como presentados de buena fe. Rechazó los argumentos de que su caso tenía motivaciones políticas, que no obtendría un juicio justo en Estados Unidos y que su procesamiento es un asalto a la libertad de prensa.

La decisión de Baraitser fue revocada después de que el gobierno de Estados Unidos apeló ante el Tribunal Superior de Londres. Aunque el Tribunal Superior aceptó las conclusiones de Baraitser sobre el “riesgo sustancial” de suicidio de Julian si fuera sometido a ciertas condiciones dentro de una prisión estadounidense, también aceptó cuatro garantías en la Nota Diplomática estadounidense núm. 74, presentada ante el tribunal en febrero de 2021, en la que prometía que Julián sería tratado bien.

El gobierno de Estados Unidos afirmó en la nota diplomática que sus garantías “responden enteramente a las preocupaciones que llevaron al juez [del tribunal inferior] a despedir al señor Assange”. Las “garantías” establecen que Julián no estará sujeto a misiles antiaéreos. Prometen que Julian, ciudadano australiano, podrá cumplir su condena en Australia si el gobierno australiano solicita su extradición. Prometen que recibirá atención clínica y psicológica adecuada. Prometen que, antes y después del juicio, Julian no estará recluido en el Centro Administrativo Máximo (CAM) en Florence, Colorado.

Suena tranquilizador. Pero es parte de la cínica pantomima judicial que caracteriza la persecución de Julián.

Nadie permanece detenido antes del juicio en el CAM de Florence. El Centro Administrativo Máximo de Florence tampoco es la única prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. donde Julian puede ser encarcelado. Podría ser ubicado en una de nuestras otras instalaciones similares a Guantánamo en una Unidad de Gestión de Comunicaciones (CMU). Las CMU son unidades altamente restrictivas que replican el aislamiento casi total impuesto por los SAM. Las “garantías” no son jurídicamente vinculantes. Todos vienen con cláusulas de escape.

Si Julian hace “algo posterior a la oferta de estas garantías que cumpla con las pruebas para la imposición de SAM o la designación al Centro Administrativo Máximo (CAM)”, admitió el tribunal, estará sujeto a estas formas de control más severas. Si Australia no solicita un traslado, “no puede ser motivo de crítica a Estados Unidos, ni motivo para considerar que las garantías son inadecuadas para satisfacer las preocupaciones del juez”, se lee en el fallo. E incluso si ese no fuera el caso, a Julian le tomaría entre 10 y 15 años apelar su sentencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que sería tiempo más que suficiente para destruirlo psicológica y físicamente. Amnistía Internacional dijo que “las garantías no valen ni el papel en el que están escritas”.

Los abogados de Julian intentarán convencer a dos jueces del Tribunal Superior para que le concedan permiso para apelar varios de los argumentos contra la extradición que el juez Baraitser desestimó en enero de 2021. Sus abogados, si se concede la apelación, argumentarán que procesar a Julian por su actividad periodística representa una “grave violación” de su derecho a la libertad de expresión; que Julian está siendo procesado por sus opiniones políticas, algo que tanto el Reino Unido como los Estados Unidos consideran. el tratado de extradición no lo permite; que Julian está acusado de “delitos políticos puros” y las relaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos. el tratado de extradición prohíbe la extradición en tales circunstancias; que Julian no debería ser extraditado para enfrentar un proceso judicial donde la Ley de Espionaje “se está extendiendo de una manera imprevisible y sin precedentes”; que los cargos podrían modificarse y que Julián enfrentaría la pena de muerte; y que Julián no recibirá un juicio justo en Estados Unidos. También piden el derecho a presentar nuevas pruebas sobre los planes de la CIA para secuestrar y asesinar a Julián.

Si el Tribunal Superior concede permiso a Julian para apelar, se programará una audiencia adicional durante la cual argumentará los motivos de su apelación. Si el Tribunal Superior se niega a conceder permiso a Julian para apelar, la única opción que queda es apelar ante el TEDH. Si no puede llevar su caso ante el TEDH, será extraditado a Estados Unidos.

La decisión de solicitar la extradición de Julian, contemplada por la administración de Barack Obama, fue llevada a cabo por la administración de Donald Trump luego de la publicación por WikiLeaks de los documentos conocidos como Bóveda 7, que exponían los programas de guerra cibernética de la CIA, incluidos aquellos diseñados para monitorear y tomar el control de automóviles, Televisores, navegadores web y los sistemas operativos de la mayoría de los teléfonos inteligentes.

El liderazgo del Partido Demócrata se volvió tan sediento de sangre como los republicanos luego de que WikiLeaks publicara decenas de miles de correos electrónicos pertenecientes al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a altos funcionarios demócratas, incluidos los de John Podesta, presidente de campaña de Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales de 2016.

Los correos electrónicos de Podesta expusieron que Clinton y otros miembros de la administración Obama sabían que Arabia Saudita y Qatar (que habían donado millones de dólares a la Fundación Clinton) eran los principales financiadores del Estado Islámico de Irak y Siria. Revelaron transcripciones de tres conversaciones privadas que Clinton dio a Goldman Sachs, por las que le pagaron 675.000 dólares, una suma tan grande que sólo puede considerarse un soborno. En los correos electrónicos se vio a Clinton diciendo a las elites financieras que quería “comercio abierto y fronteras abiertas” y creía que los ejecutivos de Wall Street estaban en la mejor posición para administrar la economía, una declaración que contradecía sus promesas de campaña de reforma financiera. Expusieron la estrategia autodenominada “flautista” de la campaña de Clinton, que utilizó sus contactos con la prensa para influir en las primarias republicanas al “elevar” a lo que llamaron “candidatos más extremos”, para garantizar que Trump o Ted Cruz ganaran la nominación de su partido. Expusieron el conocimiento avanzado de Clinton sobre las cuestiones en un debate primario. Los correos electrónicos también expusieron a Clinton como uno de los arquitectos de la guerra y la destrucción de Libia, una guerra que ella creía que mejoraría sus credenciales como candidata presidencial.

Los periodistas pueden argumentar que esta información, al igual que los registros de guerra, debería haber permanecido secreta. Pero si lo hacen, no pueden llamarse periodistas.

El liderazgo demócrata, que intentó culpar a Rusia por su derrota electoral ante Trump (en lo que se conoció como Russiagate), acusó de que los correos electrónicos de Podestá y las filtraciones del Comité Nacional Demócrata fueron obtenidos por piratas informáticos del gobierno ruso, aunque una investigación encabezada por Robert Mueller, el ex FBI director, “no desarrolló pruebas admisibles suficientes de que WikiLeaks supiera, o incluso estuviera intencionalmente ciego a” cualquier presunto hackeo por parte del estado ruso.

Julian es perseguido porque proporcionó al público la información más importante sobre los crímenes y la mendacidad del gobierno de Estados Unidos desde la publicación de los Papeles del Pentágono. Como todos los grandes periodistas, no era partidista. Su objetivo era el poder.

Hizo pública la matanza de casi 700 civiles que se habían acercado demasiado a los convoyes y puestos de control estadounidenses, entre ellos mujeres embarazadas, ciegos y sordos, y al menos 30 niños.

Hizo públicas las más de 15.000 muertes no denunciadas de civiles iraquíes y la tortura y el abuso de unos 800 hombres y niños, de edades comprendidas entre 14 y 89 años, en el campo de detención de la Bahía de Guantánamo.

Nos mostró que Hillary Clinton en 2009 ordenó a diplomáticos estadounidenses espiar al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y a otros representantes de la ONU de China, Francia, Rusia y el Reino Unido, espionaje que incluía la obtención de ADN, escaneos de iris, huellas dactilares y contraseñas personales. .

Expuso que Obama, Hillary Clinton y la CIA respaldaron el golpe militar de junio de 2009 en Honduras que derrocó al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya, reemplazándolo por un régimen militar corrupto y asesino.

Reveló que Estados Unidos lanzó en secreto ataques con misiles, bombas y drones contra Yemen, matando a decenas de civiles.

Ningún otro periodista contemporáneo se ha acercado a igualar sus revelaciones.

Julián es el primero. Nosotros somos los siguientes.

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Avispa Midia

Mujeres mazatecas inician el 2024 con jornada de lucha por la libertad

Fuente: Avispa Midia

Texto y fotos por Karen Castillo

En portada: Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca.

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán llevarán a cabo una jornada, en los días 18 y 19 de febrero, que consta de dos conferencias magistrales impartidas por los abogados Rafael Zaffaroni y Guido Croxatto, ambos argentinos con amplia experiencia en el área de los derechos humanos y el derecho internacional, y responsables de la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo.

La primera conferencia se llevará a cabo el domingo, 18 de febrero, a las 12 horas, en el Zócalo del centro de Oaxaca. La segunda conferencia será el lunes, 19 de febrero, en el Auditorio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ambas conferencias tienen como objetivo visibilizar cómo el Estado utiliza el derecho penal para criminalizar la organización comunitaria y la lucha social.

En conferencia de prensa en enero de este año, Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, preso político liberado el 28 de septiembre del 2023, por cambio de medida cautelar, denunció: “Oaxaca es un Estado fallido en el caso de los presos políticos de Eloxochitlán, y frente a las mujeres indígenas que buscamos justicia por la persecución política y prisión política injusta.”

De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de los presos de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas quien es la parte acusadora en el caso y la actual Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca.

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión o encarcelados.

En estos nueve años, varios indígenas mazatecos han logrado ganar su libertad al demostrar la fabricación de delitos. En el caso de los perseguidos políticos, han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.

Sin embargo, aún hay cuatro indígenas mazatecos presos: Marcelino Miramón, Alfredo Bolaños, Francisco Durán y Fernando Gavito. Además, hay alrededor de 12 hombres y sus familias desplazadas por la amenaza de las ordenes de aprehensión. En el mismo caso se encuentra Miguel Peralta, expreso político a quién se le revocó su sentencia de libertad en 2023.

De acuerdo con Argelia Betanzos, el Tribunal Superior de Oaxaca, el Gobierno de Oaxaca, el Juzgado de Huatula y el Ministerio Público de Huautla siguen favoreciendo al grupo de Elisa Zepeda Lagunas lo cual ha alargado este proceso por ya casi una década.

Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca. Foto: Karen Castillo.

En la conferencia de prensa, las Mujeres Mazatecas también anunciaron que, este año, elevarán sus demandas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que la institución vigile que el sistema judicial de Oaxaca acate los amparos federales que demuestran la inocencia de todos los presos y perseguidos.

Nueve años de prisión política 

En diciembre del 2023, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito cumplieron nueve años en prisión sin sentencia. Ambos fueron detenidos de forma arbitraria el 14 de diciembre del 2014 y acusados por tentativa de homicidio y homicidio. Alfredo Bolaños había sido elegido por usos y costumbres como Presidente Municipal de Eloxochitlán. Franciso Durán ha permanecido 5 años en prisión sin sentencia, fue detenido en 2018, acusado de tentativa de homicidio y por homicidio.

En septiembre del 2023, el Juez de Huautla negó a los 3 hombres la solicitud de cambio de la medida cautelar para poder continuar con el proceso en libertad, un acto violatorio a la Constitución Política Mexicana, la cual establece que la prisión preventiva no puede ser extendida por más de dos años.

Como los testimonios de Elvira Bolaños, hermana del preso político Alfredo Bolaños y el mismo Alfredo, quien participó en la conferencia de prensa por medio de una llamada telefónica, exponen: el cambio de medida cautelar a Alfredo y los demás compañeros no puede ser denegada ya que no hay argumento legal que justifique el encarcelamiento y los presos han comprobado una y otra vez su inocencia.

“Las instituciones de Oaxaca han pisoteado nuestros derechos, han participado en este encarcelamiento, quiero decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise los casos, porque no es posible que el Estado mexicano nos trate de la forma en que nos trata”, dijo Alfredo Bolaños.

El caso de Marcelino Miramón

Presente en la conferencia de prensa estuvo Alejandra García, esposa del preso político Marcelino Miramón, quien fue detenido el 22 de mayo de forma arbitraria acusado por daños.

El Juzgado de Huautla y la Fiscalía de Oaxaca detuvieron a Marcelino Miramón pese a que, en el caso de Fernando Gaspar, otro de los integrantes de la Asamblea Comunitaria encarcelado, se había comprobado que el delito de daños no fue denunciado por la Fiscalía en el tiempo correspondiente, por lo cual el delito ya prescribió. Gaspar se encuentra en libertad.

Después de meses de movilización por familiares y la comunidad de Eloxochitlán, Marcelino Miramón ganó un amparo a nivel federal que determina como ilegal su detención. Ahora, Marcelino espera dentro de prisión a que el recurso de revisión interpuesto por la familia de Elisa Zepeda sea resuelto y por ende se compruebe, una vez más, que no hay delito que perseguir, obteniendo después de más de 7 meses su libertad.

Como Alejandra García dio a conocer, sumamente afligida, sus hijos han tenido que abandonar la escuela para poder mantener a la familia de 10 hijos e hijas y luchar por la libertad de su padre.

“Soy una madre de familia con 10 hijos y apenas puedo mantenerlo, mi hijo de 16 años es el que ha tenido que ayudarme para todo, como por ejemplo juntar el dinero para poder venir a esta conferencia, tengo 25 años viviendo con mi esposo, y nunca había tenido necesidad de salir a la ciudad, y desde que lo detuvieron ahora tengo que ir hasta el reclusorio a verlo”, sostuvo Alejandra García.

Familias desplazas de Eloxochitlán

En la conferencia de prensa estuvieron también mujeres familiares de algunos de los hombres perseguidos políticos desde el 2014 y que actualmente se encuentran en desplazamiento.

Presente estuvo, Marisol Fernández, esposa de Jacob Betanzos, ella relató que, en 2014, tuvieron que huir sin pertenencias y, desde entonces, su familia no ha podido regresar a sus tierras originarias. Marisol relató lo difícil que ha sido el desplazamiento de su familia y permanecer alejados de su comunidad

“Mis hijos tuvieron que dejar su escuela, la más pequeña tenía 6 años, otros 8 años, y el más grande 11 años; no es fácil vivir estos 9 años con el temor de que a mi esposo lo vean y lo encarcelen también”, señaló Marisol Fernández.

Las mujeres mazatecas denunciaron que en Eloxochitlán hay un proceso de etnocidio por el cual se ha obliga a la comunidad a abandonar su forma de vida tradicional y originaria a través de la prisión y persecución política.

Las afectaciones del desplazamiento forzado han sido ampliamente documentadas por organismos como la ONU, el obligar a pueblos originarios a abandonar su territorio es obligarlos a abandonar su forma de vida, organización, cosmovisión y por ende atentar contra el derecho a su existencia.

El ciclo de conferencias magistrales, además de presentarse en Oaxaca, recorrerá el Estado de México y Ciudad de México. Esta jornada es también organizada por la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo-Base México.

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ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA | Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Exigimos revocación de la sentencia contra David Hernández Salazar

Repudiamos enérgicamente la sentencia dictada en contra de David Hernández Salazar, en la que pretenden privarlo de su libertad con 46 años y 6 meses de prisión, una multa de $182,818 (ciento ochenta y dos mil ochocientos dieciocho pesos) y un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,100,015 (un millón cien mil quince pesos), estas sanciones, son un claro ejemplo de criminalización y persecución por su labor como Defensor del Territorio, los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.

El día de ayer, 7 de febrero, después que el Ministerio Público de Tehuantepec presentará su dictamen de delitos y sanciones, el Juez de Distrito encargado de dictar sentencia, ignoraron por completo la información arrojada durante los días de debate que demuestra la inocencia de David, como son los peritajes presentados como parte de la defensa y las contradicciones de los testigos de la parte demandante. En este sentido, decidieron incriminarlo de delitos fundamentados en falsas acusaciones y declaraciones inconsistentes. Esto es un claro ejemplo de la corrupción y colusión de las Autoridades del Poder Judicial con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden callarlas con prisión, desapareciendo o asesinándolas.

Recordar que David Hernández Salazar ha sido criminalizado desde el año 2017 en su lucha por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal. En ese momento, contra la imposición de la subestación eléctrica del Ejército Mexicano, detenido ilegalmente y golpeado por policía municipal, continuando por una serie de campañas de difamación a su persona y amenazas a su integridad física y psicológica.

Nuevamente, en el año 2021, por su representación como Agente Comunitario de Puente Madera e integrante de la Coordinación General de la APIIDTT, ha sido judicializado y perseguido por: el Municipio de San Blas Atempa, el Gobierno del Estado de Oaxaca, el Corredor Interoceánico, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el Registro Agrario Nacional, la SEDENA, la Marina y la Guardia Nacional. Enfrentando una primera demanda federal en 2021 (Carpeta judicial 269/2021) en la que no fue vinculado a proceso.

En un segundo momento, a inicios de 2022, da comienzo la Causa Penal 446/2022, haciendo efecto el 16 de enero de 2023 con su detención ilegal y abriendo la carpeta de investigación la cual es motivo del presente escrito; por último, en octubre de 2023 se le notifica de una nueva demanda federal, cuya audiencia inicial dará el próximo 21 de febrero. En estos 3 procesos, el principal promotor ha sido en todo momento el Municipio de San Blas Atempa, obedeciendo al ex Administrador del Estado de Oaxaca y actual Candidato al Senado de la República, Antonino Morales Toledo.

Esta condena no es absoluta y no se ejecuta de manera inmediata, tenemos amparos contra las órdenes de aprehensión de David y las 17 personas de Puente Madera incriminadas (Causa Penal 446/2022), continuaremos trabajando en la defensa legal, interponiendo los recursos necesarios y acudiendo a las instancias competentes que puedan darle la revisión a esta sentencia injusta y absurda.

Con mucha rabia y coraje, ratificamos que nuestra lucha va a continuar por la defensa de las tierras de uso común del PITAYAL que da vida a nuestra comunidad e historia como pueblo binnizá. Llevamos años defendiendo lo común, lo nuestro, lo colectivo y lo seguiremos haciendo, defendiendo la vida con la vida misma de ser necesario.

Antes esta situación como ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA y Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, hacemos un llamado a:

  • Emitir pronunciamientos exigiendo la revocación de esta sentencia en contra de David Hernández Salazar y el desistimiento de la Causa Penal 446/2022 donde existen las órdenes de aprehensión en contra de 17 habitantes de la localidad de Puente Madera.
  • Acciones en solidaridad, a los modos y formas de cada individualidad, colectividad y organización, con la digna resistencia de Puente Madera en contra del Parque Industrial y el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
  • Apoyar solidariamente de forma económica para solventar los gastos que está representando la defensa legal de estas demandas.

Por último, queremos aprovechar este comunicado, para dar la primera llamada e invitación a la celebración por los tres años de resistencia en defensa del monte El Pitayal, a realizarse del 14 al 17 de marzo de 2024, en la comunidad en rebeldía de Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca.

Desde la Barricada en El Pitayal

REITERAMOS QUE

¡DEFENDER EL PITAYAL ES DEFENDER EL COMÚN, ES DEFENDER LA VIDA!

¡SI TOCAN A UNX NOS TOCAN A TODXS!

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT