Fuente: Cholollan Radio

Por D Moctezuma McQuade and Daniela Gutiérrez

El 30 de agosto de 2025, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas se reunieron en Puebla para exigir justicia durante el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Esta manifestación se desarrolló en un contexto de emergencia humanitaria: según datos de la Comisión de Búsqueda estatal, más de 4,500 personas han desaparecido en Puebla desde 2018, de las cuales el 60% son mujeres, niñas y adolescentes. Entre los casos emblemáticos se encuentra el de Karla Alejandra Tela Flores, cuya familia lleva más de un año enfrentándose a la negligencia institucional en su búsqueda de justicia.

Durante la movilización pacífica, elementos de la Policía Municipal detuvieron a cuatro integrantes del colectivo «Morras Sororas» bajo la acusación de «daños a propiedad pública» en referencia a una fuente del Zócalo. Testimonios y videos documentaron el uso excesivo de la fuerza, agresiones físicas y verbales, y traslado violento a las instalaciones ministeriales, según reportaron Infobae México y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Tras estas detenciones, la Secretaría de las Mujeres emitió un comunicado pidiendo actuar con perspectiva de género durante el proceso judicial.

La detención de las activistas violó múltiples derechos humanos y protocolos internacionales, se vulnera el derecho a la protesta pacífica, reconocido en el Artículo 9 de la Constitución Mexicana y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se infringió el derecho a la libertad personal y a no ser detenido de manera arbitraria, establecido en los Artículos 14 y 16 Constitucionales y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, se ignoró el principio de debida diligencia con perspectiva de género, contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en sus Artículos 17, 21 y 40, obliga al Estado a priorizar la búsqueda de personas y garantizar la participación de la sociedad. Sin embargo, en lugar de cumplir con estas disposiciones, las autoridades destinaron recursos públicos a reprimir a quienes exigen su cumplimiento. La Secretaría de las Mujeres manifestó preocupación por la detención e invitó a garantizar los derechos humanos de las detenidas, aunque esta postura no se tradujo en acciones concretas para frenar la criminalización de las defensoras.

La respuesta ciudadana fue inmediata y contundente. Colectivos, organizaciones nacionales e internacionales y la sociedad civil emitieron alertas urgentes y exigieron la liberación de las detenidas bajo consignas como #LibertadALasMorrasSororas y #PueblaSinRepresión. Durante las detenciones, se documentaron agresiones específicas por razones de género, incluyendo insultos misóginos y tocamientos indebidos, lo que evidenció un trato discriminatorio y violento por parte de las autoridades.

Frente a estos hechos, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobernación, insistió en que la detención fue «apegada a la ley». El Gobierno del Estado se declaró respetuoso ante las diferentes formas de manifestación, pero reprobó los hechos de violencia y vandalismo, minimizando así las violaciones documentadas e ignorando las demandas de transparencia, esta postura refleja un patrón de impunidad y revictimización que alimenta la desconfianza en las instituciones.La criminalización de las «Morras Sororas» debilita la respuesta ante la violencia feminicida y las desapariciones en Puebla. Al reprimir a quienes exigen justicia, el Estado envía un mensaje claro: la disidencia será castigada, no la violencia. Esto agrava la crisis de seguridad para mujeres, adolescentes y niñas, quienes ya vivían en un contexto de alto riesgo.

Ante este escenario, la solidaridad ciudadana y la presión internacional son cruciales para romper el ciclo de represión. Colectivos nacionales e internacionales han exigido la liberación inmediata y el retiro de cargos contra las detenidas, así como una investigación exhaustiva de las agresiones policiales con perspectiva de género y garantías de no repetición para todas las personas defensoras de derechos humanos.

Finalmente, las cuatro activistas fueron puestas en libertad al mediodía del domingo, después de que el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República. La verdadera paz no se construye con represión, sino con justicia, memoria y la garantía de que nadie más desaparecerá. La lucha de las «Morras Sororas» es la lucha de todas las personas que exigen un México donde vivir no sea un riesgo.

Fuentes de información:

Angulo7. (2025, agosto 31). Por la detención de 4, Secretaría de Mujeres pide actuar con perspectiva de género.

Infobae México. (2025, agosto 31). Detienen al menos a tres manifestantes en Puebla durante marcha en contra de las desapariciones forzadas.

OEM. (2025, agosto 31). Detención de integrantes del colectivo Morras Sororas fue apegada a la ley: Chedraui. El Sol de Puebla.

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. (2026, agosto 30). Alerta urgente: Agresiones y detención en Puebla de cuatro feministas.

Llamamos al Estado mexicano a cumplir con la Opinión 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que reconoce la detención arbitraria de los cinco de San Juan Cancuc y estipula como remedio adecuado su liberación inmediata.

🗓 Fecha: 3 de septiembre
⏰ Hora: 10:00 a.m.
📍 Lugar: Centro de Derechos Humanos Fray Ignacio Barnoya AC. 3a Sur y 4a Oriente Nº 90, Anexo al Templo de San Roque, Tuxtla Gutiérrez

Participan:
-Familiares de los presos
-Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
-Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

#FábricaDeCulpables #LibertadParaLos5 #SanJuanCancuc

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
^{En portada: Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón a las afueras del Juzgado de Huautla. Fotografías por David Peralta}

Este lunes (18) fue suspendida una audiencia en Huautla de Jiménez, cuya finalidad era dar seguimiento a los casos de tres miembros de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón. La razón de la suspensión se debió a que abogados de la Defensoría Pública Federal no se presentaron, debido a las modificaciones en la Reforma Judicial que implican, que este 1 de septiembre tomen posesión los nuevos titulares surgidos de la elección judicial el 1 de junio pasado.

Desde el 2014, Manuel Zepeda Cortés –expresidente municipal de Eloxochitlán—, su hija Elisa Zepeda Lagunas –diputada de Morena–, demás familiares y otros miembros de Eloxochitlán, han perseguido a integrantes de la Asamblea comunitaria porque representan una amenzan a su poder caciquil y a su empresa extractiva que se sustenta despojando al río Xanga Ndá Ge. Hasta el año pasado eran 40 los perseguidos políticos, pero a partir de junio de este año la lista aumentó a 56 personas -entre estas 8 mujeres- con 200 órdenes de aprehensión en su contra.

La audiencia que este lunes se vió suspendida correspondía al caso de Antonio, Adán y Gaspar, tres hombres mazatecos acusados de daño por incendio y robo desde el 2014. La Asamblea comunitaria espera una nueva fecha en el juzgado de Huautla de Jiménez, que será después del 1 de septiembre cuando la nueva administración esté instalada. Así mismo, determinaron que no tomarán acciones legales sin los defensores federales de confianza, para evitar retrocesos y enturbiar el caso.

Al tiempo que posponían la audiencia, les llegaba una noticia desde el Juzgado de Boca del Río Veracruz: la resolución en el expediente 989/2024 que declara la preescripción del delito para Francisco Durán, es decir, que la persecución judicial por los cargos de daño por incendio y robo en su contra llegó a su fin. Posteriormente, este miércoles (20), la abogada Argelia Betanzos viajó al juzgado en Veracruz para obtener la copia de la sentencia y poder corroborar la información notificada.

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Luis Rey García Villagrán, reconocido defensor de migrantes en la frontera sur de México, fue exonerado tras acusaciones por trata y delincuencia organizada promovidas por el Instituto Nacional de Migración (INM). La Fiscalía General de la República (FGR) no logró sostener los cargos, pese a señalamientos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Me da mucha pena contradecir a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, siento mucha pena por los mexicanos que tenemos esa presidenta y este gobernador. El juez decretó mi auto de libertad porque dijo que no pertenecíamos a la delincuencia organizada, sino que pertenecíamos al Centro de Dignificación Humana AC, reconocido desde hace más de nueve años por la Secretaría de Gobernación”, dijo el activista, al salir del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 3.

Seis días después de haber sido arrestado por la Fiscalía General de la República (FGR), Sedena, Marina, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Nacional, este lunes, 11 de agosto, se celebró la audiencia de vinculación a proceso, la cual se prolongó por más de dos horas, hasta que el juez federal determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que ordenó su libertad inmediata.

El activista de 62 años abandonó el penal vestido con una camisa blanca, pantalón café, tenis y una mochila azul al hombro. Primero abrazó a su familia y, después, se detuvo unos instantes para responder algunas preguntas de los medios de comunicación que presenciaron su liberación.

En la audiencia

“Uno de los puntos que defendió el abogado fue el señalamiento de que él (Villagrán) no es activista y de que no existía la asociación civil. Pero se comprobó que todo lo que decía la carpeta de investigación era mentira”, dijo la familia del defensor a Avispa Mídia.

Lograron acreditar el riesgo derivado de su labor en la frontera sur de México, por lo cual fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2020. El mismo mecanismo instaló un sistema de seguridad en la casa del defensor y le fue otorgado un botón de pánico.

“Es un expediente falso, completamente plagado de mentiras e incongruencias, incluso tiene una acusación de recibir dinero en fechas que él estaba hospitalizado por un atentado que sufrió, pero eso sí, en ese expediente de más de dos mil hojas no aparece el atentado que sufrió y que fue muy grave”, agregó la familia. 

El atentado mencionado por la familia de Villagrán se trató de un ataque de un grupo criminal en la vía pública, el 17 de octubre de 2023, que le dejó fracturas de dedos, costillas, piernas y rostro desfigurado por los golpes. “Pasó una patrulla de la Guardia Nacional y los llamamos, pedimos auxilio y no se detuvieron; la FGR entonces, no hizo nada”, explicó Villagrán en entrevista a Avispa Mídia.

De acuerdo con el abogado defensor José Antonio Martínez Sánchez, el delito que se le imputó a Villagrán es delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de personas y la denuncia fue iniciada por el Instituto Nacional de Migración (INM), “acusándolo de que él era el encargado de realizar las caravanas [de migrantes] con otras tres personas más”. 

El abogado dijo que la carpeta comenzó a integrarse en 2022 y siguió hasta febrero del 2024. “Las autoridades hicieron actos de investigación (a Luis Villagrán) en fuentes abiertas y en sus redes sociales”, dijo Martínez Sánchez. 

Además, su teléfono móvil fue parte de la supuesta investigación. “Usaron una técnica para que una compañía de teléfono [Telcel] entregara sus datos conservados, es decir, todo lo que es mensajería y telefonía, pero no se pudo acreditar que hubiera esa delincuencia que se le había acreditado”, explicó Martínez Sánchez.

El derecho a disentir 

En conferencia de prensa, este 12 agosto, Luis Villagrán explicó que un juez autorizó por un año y medio, en tres momentos diferentes, la intervención de redes sociales y teléfono móvil, “y no encontraron nada”.  

Mientras tanto, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, señaló que obtuvieron cerca de 75 pruebas en su contra y que, ahora, no solo apelarán la decisión del juez que absolvió al defensor, también iniciarán otra carpeta de investigación.

“Las pruebas son entrevistas de policías federales de hace tres años a migrantes. Es inverosímil, son entrevistas que no cuentan con tiempo, modo y lugar y por lo tanto no se acreditan como pruebas”, enfatizó el defensor en el Parque Bicentenario de Tapachula.

“Había pensado quedarme callado, pero ante las mentiras e infundios de tan altos tribunales, no me queda más remedio que morir luchando”, dijo y, de nuevo, pidió al gobierno federal a respetar el derecho a disentir, “y no tomarse personal los señalamientos de corrupción en INM y Comar”.

También mostró partes de la carpeta de investigación donde se observan imágenes de sus hijos y nietos. “Si así investigaran a los administradores del río Suchiate, ya estuvieran presos; el cartel cualquiera y el INM son lo mismo”.

Luis Villagrán dijo que la libertad llegó porque aún no se aplican los cambios con motivo de la reforma judicial. “Estamos antes de la etapa de los jueces que van a estar a modo de ellos [gobierno federal]. Esta reforma al poder judicial nos deja a nosotros los activistas en manos de un terrorismo de Estado”, lamentó.

En los próximos días, acudirá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). “El Estado mexicano es un narcoestado y ahora quiere ejercer el narcoterrorismo, primero, en contra de migrantes, defensores y, luego, van con ustedes, los periodistas”, insistió.

A los pueblos originarios de México y del Mundo
A todas las organizaciones religiosas
A las organizaciones defensoras de derechos humanos e indígenas
A los Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales
A los Tres Niveles de Gobierno
A la Sociedad En General

Hoy, día internacional de los pueblos originarios, nos convoca el clamor de la Madre Tierra, el espíritu de sabiduría de nuestras raíces indígenas, la resistencia histórica del pueblo maya. Hoy nos convoca el espíritu de nuestros ancestros, el espíritu de vida que susurra con fuerza en nuestros cerros, manantiales, caminos y comunidades. Hoy nos convoca el anhelo de paz y justicia en nuestros pueblos, una deuda que por años hemos buscado con esperanza activa.

No estamos en un mitin, no estamos en una marcha, no estamos a favor o en contra del gobierno o de un partido político, no somos una organización de la sociedad civil. Somos Pueblo de Dios que peregrina por el sí a la vida desde la espiritualidad de la no violencia. Somos iglesia autóctona enraizada con rostro tseltal, nos mueve la fe como seguidores y seguidoras del espíritu de Jesús que busca dignificar todos los rincones de la vida.

Iniciamos nuestra peregrinación desde Jalalal y San Martín Cruztón, dos comunidades que simbolizan a los pueblos que quieren honrar, cuidar y defender la Madre Tierra; ancianos, ancianas, sabios/as rezaron y se unieron a la oración en los cerros y manantiales, sembraron una cruz como signo de paz y nos prepararon el camino que hemos recorrido en un solo corazón. Armonizamos nuestros pasos con el territorio y en nuestro camino sembramos 3 ceibas, árbol sagrado de los pueblos mayas, símbolo de vida, grandeza, conexión entre el cielo y la tierra, sembrados como signo de comunión con la casa común y como deseo de recibir la sabiduría ancestral. Hemos orado alrededor del altar maya al ritmo del caracol, para pedir el respeto a la sacralidad de nuestro Territorio, porque cada rincón de nuestra tierra,
cada montaña, cada ojo de agua, cada árbol, es sagrado. No se trata de un pedazo de tierra que se pueda vender o destruir para hacer espacio a proyectos que prometen beneficios aparentes, es de nuestro hogar del que estamos hablando. Somos indígenas, somos tseltales, aquí nacimos, aquí vivimos, en el territorio está la historia de nuestros y nuestras ancestros/as, es nuestra identidad, es nuestra espiritualidad y nuestra forma única de ser y estar en el mundo.

Sin embargo, a pesar de la dignidad que tenemos, en este día internacional de los pueblos originarios recordarnos que las comunidades indígenas son ricas por sus territorios abundantes de biodiversidad, pero viven empobrecidas por un sistema que las excluye. Es sistemática la discriminación a nuestra cultura, evidente la amenaza a nuestros territorios y grosera la manera en que el falso progreso deja con hambre a nuestros hogares. El sistema nos expulsa, violenta nuestros derechos, rechaza nuestra cultura y despoja nuestro territorio. Pobreza, despojo y discriminación cultural van de la mano. Bien lo dijo el Papa León en su mensaje para la jornada mundial de oración por el cuidado de la Creación: “Parece que aún no se tiene conciencia de que destruir la naturaleza no perjudica a todos del mismo modo: pisotear la justicia y la paz significa afectar sobre todo a los más pobres, a los marginados, a los excluidos. En
este contexto, es emblemático el sufrimiento de las comunidades indígenas”.

Por esto, hoy alzamos nuestra voz por los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos de la Madre Tierra. No estamos en contra del progreso, estamos a favor del cuidado de la Casa Común y de los pueblos originarios y desde ahí anunciar y denunciar, por eso, nos pronunciamos como Iglesia en los siguientes puntos.

1) Denunciamos la irregularidad en la reactivación de la “Autopista de las culturas”:

a. Por la violación al derecho a la consulta al no hacerse ni previa ni informada y al dejar al margen la voz de las comunidades ya que las casillas sólo fueron instaladas en las cabeceras municipales. Por publicarse el Manifiesto del Impacto Ambiental (MIA) después de que el Gobierno Estatal hiciera la consulta pública, y al ser pagado por la empresa interesada en la construcción, no refleja los daños reales que va a ocasionar al territorio.

b. Denunciamos que a pesar de que el pueblo no fue consultado y de no contar con las MIAs evaluadas y aprobadas, el gobierno del Estado de Chiapas dio el banderazo de inicio el 08 de junio de 2025.

c. Denunciamos que el despojo ha iniciado con amenazas, falsas promesas, así como la extracción de grava sin consentimiento de los propietarios.

d. Exigimos a las autoridades correspondientes atención a los dos amparo ingresados y se atiendan bajo derecho sus demandas.

2) Basta ya de la criminalización a defensores de Derechos Humanos:

a) Nuestros hermanos defensores del territorio y constructores de la autonomía, han sido criminalizados por el sistema político y judicial, enjuiciados por crímenes que no cometieron, juicios amañados por jueces corrompidos como son el caso de Pedro Cortés y Diego Mendoza, condenados a 110 años de cárcel; el sistema de injusticia, muerte, corrupción y de violencia se perpetúa en el municipio de Pantelho’ en donde la paz está cada vez más lejana. Denunciamos que el arresto de estos hermanos nuestros fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión; fue realizado con¡e violencia;, se les obligó a firmar papeles desconociendo su contenido y se atentó contra el derecho fundamental de contar con un intérprete tseltal.Exigimos que se revise este caso y se garantice un juicio con todas las garantías y derechos fundamentales al debido proceso.

b) Así también, nuestro cinco hermanos de San Juan Cancuc sentenciados a 25 años por homicidio, del cual el grupo de la ONU sobre Detención Arbitraria concluyó que el arresto de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco fue arbitraria y contraria al derecho internacional. Nos unimos a la exigencia de la ONU sobre estos hermanos nuestros de San Juan Cancuc: Liberación inmediata, que se les otorgue una indemnización y otras reparaciones conforme al derecho internacional, se investiguen las circunstancias que llevaron a su detención y se determinen responsabilidades por la violación a sus derechos.

c) También exigimos el alto a la difamación y hostigamiento a sacerdotes, hermanas, diáconos, catequistas y demás hombres y mujeres servidores eclesiales y cuidadores de la Madre Tierra.

3) Exigimos cese al Asesinato de defensores de derechos humanos:

a) Nuestro hermano y pastor el padre Marcelo Pérez, sacerdote indígena tsotsil, reconocido nacional e
internacionalmente como defensor de los pueblos indígenas, asesinado el 20 de octubre de 2024, el autor material fue sentenciado el pasado 6 de agosto a 20 años de prisión, una burla en comparación con los años de sentencia a Pedro Cortés, Diego Mendoza y nuestros hermanos de San Juan Cancuc.

b) Exigimos a los gobiernos alto a la criminalización y asesinato de nuestros hermanos, hermanas que buscan la paz y justicia del pueblo.

Hacemos un llamado a la comunidad en general por la justicia climática y la casa común, que exijamos, sin miedo, pero con respeto, a nuestros gobiernos y autoridades la protección de los pueblos y comunidades locales vulnerables al cambio climático y amenazados por conflictos sociales y ecológicos, reconociendo su rol clave en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

“Reiteramos que la Iglesia, en su misión profética, no cesará de alzar la voz ante las injusticias ecológicas y sociales, recordando que el clamor de la Tierra es también el clamor de los pobres (Laudato si’, 49).

Como iglesia peregrina con los pobres y en las periferias decimos:
“Sí a la Madre Tierra, sí a los pueblos originarios”
“No a la economía del descarte, No al despojo”

Atentamente:
Pueblo de Dios de las cinco vicarías de la Misión de Bachajón
Bachajón, Chilón, Chiapas a 9 de agosto de 2025

Fotos: Radio Pozol

Fuente: Avispa Midia

Por Rocío Heredia

Saúl Rosales Meléndez es un líder indígena y defensor del bosque, originario de la comunidad nahua San Pedro Tlalcuapan, localidad perteneciente al municipio de Chiautempan en el estado de Tlaxcala. Antes de su aprehensión, hace tres años, Saúl habitaba en las faldas de Matlalcuéyetl, una preponderante montaña en el centro-oriente de la ciudad. Desde ahí, Saúl se dedicaba a trabajar la tierra y a su tienda de abarrotes además de integrar el grupo de guardabosques de su comunidad, nombrado Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan (CSRMT). Debido a su ardua labor comunitaria, en 2022 fue electo como presidente de San Pedro.

Alicia Meléndez, esposa del defensor territorial, originaria de San Pedro y dedicada a las labores del hogar, comparte para Avispa Mídia que poco después de la elección de su esposo como presidente, el 15 de abril del 2022, mientras en la comunidad celebraban el “Viernes Santo” – día clave en la celebración cristiana de la Semana Santa -, sobre la calle Constancia, dos personas intentaron robar una vivienda. Pobladores lograron detener a uno y lo llevaron a la presidencia, pero debido a los ánimos del momento, lo sacaron para después lincharlo entre aproximadamente 400 personas. Fue la primera vez que en la comunidad recurrieron a ese tipo de solución para un conflicto.

Rosales no se encontraba en la localidad hasta que recibió una llamada por parte de su secretaria, quien le informó sobre la detención de un presunto ladrón. De camino a San Pedro, Rosales se comunicó con el director de seguridad del municipio para solicitar apoyo. En la comunidad la gente estaba alterada al punto de sustraer al acusado y desconocer a Saúl como presidente para luego retenerlo en la presidencia. Horas más tarde lo liberaron y se entera del linchamiento.

Tres meses después de los hechos, Saúl fue detenido bajo el cargo de homicidio calificado y preso en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, pues le impidieron llevar su proceso penal en libertad el cual duró 1 año y 8 meses.

El 25 de marzo del 2024, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, sentenció a Saúl a 20 años de prisión luego de un juicio lleno de irregularidades: tomaron testimonio de dos policías y un comandante de la policía municipal que afirmaron la presencia de un grupo conformado por al menos 400 personas y la nula actuación de las autoridades ante el temor de ser agredidas. También omitieron tres testimonios más donde afirmaron que Saúl trató de calmar a la multitud y entregar a la persona detenida, pero esto fue imposible debido al coraje e intensidad de la gente.

Posterior al dictamen del Tribunal de Enjuiciamiento, el 8 de julio de 2024, Rosales apeló la sentencia condenatoria. No obstante, la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala confirmó el veredicto sin advertir violaciones procesales ni de derechos humanos en el caso.

Una de las últimas acciones legales que tomó Rosales fue que, ante la falta de opciones para su defensa, el 23 de diciembre de 2024, presentó una demanda de amparo en contra de la resolución de apelación, a la cual se le dio el número de amparo directo 5/2025 ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito.

Falta de perspectiva intercultural

Las juezas que dictaminaron la sentencia de Rosales se basaron en la idea estereotipada de que el ‘acto de linchar’ forma parte de los usos y costumbres del pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan. En suma, y pese a no contar con pruebas suficientes, de acuerdo a la defensa jurídica de Rosales, las juezas afirmaron que el defensor ambiental no actuó de manera diligente para evitar el homicidio de la persona y que, por el contrario, este auxilió al grupo de personas reunidas al exterior de la presidencia de la comunidad.

Familiares de Rosales aseguran que las autoridades judiciales no realizaron una investigación efectiva para recabar pruebas que les hicieran saber cuáles son los usos y costumbres de San Pedro Tlalcuapan y sus formas de resolución de conflictos, por lo que se confirma que hubo una ausencia de perspectiva intercultural en el caso.

Alicia ha observado que las instancias encargadas de impartir justicia en Tlaxcala, “no cuentan con personas preparadas o con el conocimiento sobre la perspectiva intercultural” y, además, afirma que la negativa de incluir esta perspectiva en el proceso de Rosales, responde a la conveniencia de las autoridades, pues de “aplicarla él saldría libre”.

A lo largo de los tres años que la comunidad lleva buscando justicia para Saúl, ha aprendido que hay una situación permanente de falta de respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, discriminación y persecución sobre todo para quienes defienden sus territorios, comparte la esposa del defensor territorial.

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Un pretexto para frenar la defensa territorial

Rosales ha sido uno de los líderes en la defensa de La Malinche, una zona reconocida como Área Natural Protegida desde 1938, que alberga al menos 937 especies de flora y fauna, de acuerdo con su programa de manejo. En 2019, los guardabosques comunitarios solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para mitigar la plaga del escarabajo descortezador, pero no hubo atención al caso y San Pedro Tlalcuapan perdió aproximadamente el 80% de su bosque.

De acuerdo con el CSRMT, hubo empresas contratadas por el gobierno estatal para aprovechar la plaga y talar árboles con fines comerciales. Dicha situación generó un ambiente tenso entre autoridades y guardabosques.

Culpar a Rosales de homicidio en un linchamiento cometido colectivamente, fue tan sólo un pretexto para llevarlo a prisión por su labor como defensor territorial y de su comunidad, afirma Alicia.

Además de Rosales, el tiaxca (servidor comunitario) y defensor territorial Raymundo Cahuantzi también fue detenido. En marzo del 2024 Cahuantzi fue puesto en libertad después de permanecer en prisión un año y 7 meses junto a Saúl.

Sobre la repercusión que la detención de Saúl generó en el pueblo, Alicia considera que “afectó a la comunidad ya que el era nuestro representante, y pareciera que fue un escarmiento a los pueblos y/o colectivos por levantar la voz y defender el territorio”.

Solidaridad con Rosales

La lucha por la justicia y libertad para Saúl Rosales ha sido acompañada por la solidaridad de varios colectivos y organizaciones. Alicia reconoce que “son diversos colectivos y organizaciones a nivel local, nacional e internacional” quienes los han apoyado, entre estos: “el Centro Fray Julián Garcés, el Centro Prodh, la red TDT, La RAE, Geo-grafías comunitarias, Territorios de Paz de Colombia, entre otros, así como diversas comunidades de Tlaxcala y de toda la república”.

Frente al temor de que la resolución para Saúl se retrase más tiempo debido a que con las elecciones judiciales, del pasado 1 de junio, la conformación del Tribunal Colegiado cambiará en el mes de septiembre de este año, familiares e integrantes del CSRMT realizaron la mañana del pasado martes (5) una manifestación pacífica a las afueras de Ciudad Judicial en Tlaxcala, para exigir una inmediata resolución.

Al calor de la manifestación, Marisol Flores García directora del “Centro ‘Fray Julián Garcés’ Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.” emitió un oficio dirigido a los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, documento en el que expone las irregularidades en el caso de Rosales y exhorta a los magistrados a emitir un resolutivo con base en la aplicación de “los más altos estándares en materia de derechos humanos y de interculturalidad”.

La comunidad de San Pedro Tlalcuapan, grupos solidarios y familiares de Saúl continuarán organizándose para la planeación de diversas acciones en busca de justicia. Alicia invita a la sociedad en general a sumarse a la exigencia de libertad para Rosales y a no callar ante las injusticias.

Los 5 de San Juan Cancuc —Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco—, son defensores del territorio; maya tseltales, fueron detenidos arbitrariamente en mayo de 2022.

La Opinión No. 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, advierte que tres de los cinco defensores fueron víctimas de desaparición forzada durante 24 horas; todos fueron sometidos a prisión preventiva oficiosa por un año, y privados de un proceso judicial justo, sin acceso a una defensa adecuada ni a un intérprete en su lengua materna.

Escucha el episodio de NotiFrayba sobre el caso:

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de San Juan Cancuc participan de una peregrinación rumbo al CERSS No 5 para exigir la liberación inmediata de los defensores tzeltales. Foto: Sipaz}

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió semana pasada un dictamen dirigido al gobierno de México en el cual confirmó la criminalización y detención arbitraria de los defensores de derechos humanos tzeltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Augustín Pérez Velasco.

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Originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, los cinco presos políticos permanecen recluidos, desde hace más de tres años y dos meses, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) n° 5, acusados, sin pruebas contundentes y en medio de irregularidades, por el asesinato de una persona, sucedido en mayo del 2022.

El organismo de las Naciones Unidas emitió su opinión acerca del caso el 4 de abril del 2025, después de un análisis derivado de una visita al estado de Chiapas realizada en septiembre del año 2023 y, tras recibir información de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos a las autoridades mexicanas durante julio del 2024. 

Criminalización

Acorde a una misiva firmada por nueve organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional, Front Line Defenders y el Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR), la opinión del pasado abril destaca una serie de violaciones a los derechos humanos contra los cinco presos, desde su arresto como durante el desarrollo de sus procesos judiciales.

Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la norma.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español–tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

Fuente: Avispa Midia

El juez de Huautla de Jimenez, Oaxaca, Constantino Santiago, reconoció en la mañana de este viernes (11) que la profesora mazateca de la comunidad Eloxichitlán de Flores Magón, Olga Maribel Betanzos Fuentes, es inocente en relación a los delitos que se le acusaban de robo y incendio, bajo a los cuales se le habían liberado cinco órdenes de aprehensión. Otras 55 personas de la comunidad son acusadas por los mismos delitos, supuestamente cometidos en 14 de diciembre de 2014. 

En contexto – Oaxaca: Juez decidirá el destino de una profesora mazateca con cinco órdenes de captura 

“Hoy por supuesto vamos a celebrar y vamos a tronar cohetones porque Maribel ha sido declarada inocente y es libre, pero tenemos otros compañeros en riesgo todavía”, alertó la abogada Argelia Betanzos, de la colectiva Mujeres por la Libertad, tras la decisión del juez.

A pesar de que el juez declaró la inocencia de Maribel, la decisión judicial sigue sosteniendo que los delitos son vigentes, a pesar de que existen siete resoluciones anteriores a nivel del Tribunal Superior y a nivel federal que establecen la prescripción de los delitos.

“El hecho de que este juez vuelva a decir que sí existe, no solo es una grosería, es un crimen. Hay que denunciarlo. Hay que denunciar esa necesidad criminal de volver a decir que un delito sí existe en contra de siete resoluciones. Eso ya no podemos permitirlo como comunidad. Que sigan jugando con nosotras de esta forma. ¿Por qué?”, sostuvo la abogada.

El próximo 18 de agosto tres habitantes más de Eloxochitlán, que cuentan con órdenes de captura, acudirán al juzgado para que se resuelva también sobre sus libertades.