El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció la detención de Jesús Plácido Galindo, vocero del Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), ocurrida el 17 de julio de 2026, alrededor de las 14:30 horas. Según el comunicado, fue interceptado en un retén y base militar ubicados en el crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos, Guerrero, durante un operativo con presencia de elementos del Ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal. Posteriormente fue trasladado en una camioneta de la Fiscalía General de la República con rumbo a Acapulco. Hasta el momento de la denuncia, el CNI afirmó que se desconocían tanto su paradero como las razones de su detención.

De acuerdo con la denuncia, Jesús Plácido se dirigía a una reunión con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado de Guerrero. Este funcionario ha sido acusado por organizaciones sociales de mantener presuntos vínculos con el grupo criminal Los Ardillos y de minimizar la situación de violencia que enfrentan las comunidades de la región de la Montaña Baja de Guerrero.

El CNI exige la presentación con vida de Jesús Plácido Galindo, información inmediata sobre su situación jurídica, el respeto a sus derechos humanos y su liberación inmediata e incondicional. Asimismo, demandó a los gobiernos federal y estatal adoptar medidas urgentes para garantizar su integridad física y la de las comunidades que integran el CIPOG-EZ.

El comunicado sostiene que la detención ocurre en un contexto de violencia e impunidad. Afirma que, mientras las autoridades no han logrado frenar la violencia ejercida por el grupo criminal Los Ardillos contra las comunidades de la región, sí han desplegado recursos del Estado contra quienes defienden el territorio y los derechos de los pueblos indígenas.

Además, el CNI considera que este hecho forma parte de un patrón de persecución contra el dirigente indígena. Señala que recientemente fueron congeladas sus cuentas bancarias y recuerda que, hasta la fecha, 76 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados, 25 permanecen desaparecidos y cientos de personas han sido desplazadas forzosamente de sus comunidades.

El Congreso Nacional Indígena hace un llamado a pueblos, organizaciones sociales, colectivos, medios de comunicación y organismos de derechos humanos para mantenerse atentos a la situación, exigir la presentación con vida de Jesús Plácido Galindo y denunciar cualquier acción que ponga en riesgo su integridad o la de las comunidades del CIPOG-EZ.

Abajo el comunicado completo:

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN)
A LA JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO (JCM)
AL PARTIDO DE LOS COMUNISTAS
A LAS REDES DE APOYO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LOS FIRMANTES DE LA DECLARACIÓN POR LA VIDA EN LOS CINCO CONTINENTES
A LA EUROPA INSUMISA

HERMANOS, HERMANAS, HARMANOAS DE MÉXICO Y EL MUNDO:

Desde el Congreso Nacional Indígena denunciamos que el día 8 de mayo de 2026 fue detenido en la ciudad de Aguascalientes, México el compañero Carlos Darío, militante de la Juventud Comunista de México (JCM). Dicha detención fue realizada de manera premeditada, es decir, con motivaciones políticas claramente relacionadas a las movilizaciones del día 6 de mayo en las que Carlos Darío participó en contra de la visita de la ultraderechista española Isabel Díaz Ayuso, quien demostró tener el respaldo del gobierno panista de dicho estado y que, por medio del Congreso Estatal, le otorgó la Medalla Especial al Mérito Cívico.

La detención de Carlos Darío se llevó a cabo con lujo de violencia, ya que fue golpeado y estrangulado por elementos de la Fiscalia del Estado de Aguascalientes. Además, le sembraron metanfetamina y fue llevado ante el Ministerio Público. Cabe señalar, que del 8 al 11 de mayo Carlos Darío estuvo en calidad de desaparecido, fue hasta que su madre asisitio a la Fiscalia para reportar su desaparición, cuando pudo enterarse que su hijo estaba detenido por los cargos de daño a la propiedad y portación de sustancias ilicitas.

No fue sino hasta el domingo 10 de mayo del presente año que Carlos Darío fue puesto a disposición de un juez de control, es decir, fuera del plazo constitucional. Tampoco se le permitió establecer contacto con sus familiares ni contar con un abogado de su elección. Posteriormente fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) varonil de Aguascalientes. El miércoles 13 de mayo se realizó el seguimiento de la audiencia donde Carlos fue imputado por los cargos por posesión y distribución de drogas, cargar simbología de un grupo del crimen organizado y por el delito de daño a la propiedad relacionado con la movilización del día 6 de mayo.

Ante estos hechos el Congreso Nacional Indígena exige la liberación de Carlos Darío ya que su caso es un botón de muestra del autoritarismo del gobierno estatal al fabricar su caso, con el único objetivo de inhibir la protesta de la Juventud Comunista de México y de otras organizaciones. La detención es por motivos políticos relacionados con la visita de la neo-colonialista Isabel Díaz Ayuso.

Cabe señalar que la Juventud Comunista de México desde hace más de una década ha sido una organización aliada del Congreso Nacional Indígena, por ejemplo, en el marco de la campaña de la Vocera del CNI – CIG, la JCM participo activamente en la recolección de firmas. Desde entonces, desarrollamos acciones y actividades políticas en conjunto. Nuestro caminar es colectivo y con la firme convicción de construir la liberación de nuestros pueblos. Si tocan a uno no tocan a todos.

¡ALTO A LA GUERRA Y CRIMINALIZACIÓN EN CONTRA DE LOS PUEBLOS!

ATENTAMENTE
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca más un México sin nosotros
Congreso Nacional Indígena
22 de mayo de 2026.

ASKALAN, PALESTINA OCUPADA – El equipo legal de la Flotilla Global Sumud ha confirmado que Saif Abukeshek y Thiago Ávila serán liberados en las próximas horas. Ambos serán trasladados finalmente a un centro de detención de inmigrantes en Egipto, donde permanecerán bajo custodia hasta que se lleve a cabo su deportación. El equipo legal de la GSF sigue coordinando activamente, a través de canales diplomáticos, que la liberación de ambos se produzca en el mismo medio de transporte.

Celebramos esta noticia como una victoria y un recordatorio de que la movilización internacional y la presión sostenida ejercida en todo el mundo tienen un impacto. Pedimos al mundo que continúe presionando para su liberación hasta que Saif y Thiago regresen sanos y salvos a casa. También pedimos que se aplique la misma presión sostenida para la liberación de nuestros amigos tunecinos y de los casi 10 000 presos políticos y rehenes palestinos retenidos ilegalmente en prisiones israelíes.

Exigimos explicaciones a la Unión Europea y, en concreto, a Grecia, tras días de silencio y complicidad, y pedimos sanciones inmediatas contra Israel por este secuestro ilegal y por las constantes violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos del pueblo palestino.

Estas detenciones no son un caso excepcional. Son una prolongación del mismo sistema de encarcelamiento, detención administrativa, tortura e impunidad impuesto al pueblo palestino durante décadas, que ahora se ha extendido más allá de las fronteras de Palestina hasta las aguas internacionales.

Seguiremos movilizados hasta que todos los presos políticos y rehenes palestinos sean liberados; y con el mismo espíritu, hasta que nuestros compañeros tunecinos sean liberados. Palestina libre.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS

Correo electrónico: media@globalsumudflotilla.org
Teléfono: +44 1414 620 950
Sitio web: globalsumudflotilla.org
Redes sociales: @globalsumudflotilla @wavesofsumud. Sigue nuestros anuncios en Telegram.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

5 de mayo de 2026

Boletín No. 5

El CED de la ONU emite una Acción Urgente por la desaparición forzada de Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal del municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas

El 1 de mayo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos transmitió al Estado mexicano la Acción Urgente No. 2316/2026, relativa a la desaparición forzada del señor Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal, del municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas. Ángel fue desaparecido el 24 de abril de 2026 por un grupo vinculado a la delincuencia organizada, en el contexto de violencia generalizada en la región y hasta la fecha no existe información sobre su suerte o paradero.

Ante esta situación, el Comité ha requerido al Estado mexicano que emprenda de manera inmediata acciones de búsqueda y localización, además de una serie de medidas orientadas a fortalecer la investigación y garantizar la participación de la familia y sus representantes.

1. Búsqueda del Sr. Ángel Jiménez López e investigación de su alegada desaparición forzada.

El Comité solicita que los procesos de búsqueda e investigación se desarrollen bajo una estrategia integral y coordinada, con un plan de acción y un cronograma claro para su ejecución inmediata. Estas acciones deben realizarse con la debida diligencia, considerando todas las hipótesis y la información disponible, incluido el contexto en el que ocurrieron los hechos, así como la identificación de los perpetradores materiales e intelectuales.

2. Acceso a la información y participación de los allegados y representantes del Sr. Ángel Jiménez López.

Las autoridades responsables deberán informar periódicamente a los allegados y representantes de Ángel sobre los avances en la búsqueda y la investigación, incluyendo los retos enfrentados y los resultados obtenidos. Asimismo, deberán garantizar su participación efectiva en todas las etapas de los procesos, asegurando que sus aportes, experiencias, sugerencias y cuestionamientos sean tomados en cuenta como insumos para fortalecer las acciones emprendidas.

El CED subraya la urgencia de que las autoridades mexicanas actúen de inmediato para buscar y localizar a Ángel, e instruye al Estado a implementar cada una de las recomendaciones transmitidas, informando sin demora sobre las medidas adoptadas a más tardar el 15 de mayo de 2026.

El pueblo organizado del municipio de Nicolás Ruiz, la familia de Ángel y sus representantes reconocemos la disposición del Comité para velar por los derechos humanos de las personas indígenas desaparecidas. En virtud de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, exigimos al Estado mexicano implementar todas y cada una de las recomendaciones de la Acción Urgente No. 2316/2026 y demostrar su voluntad real y efectiva para dar con el paradero con vida de Ángel Jiménez López, así como de las demás personas desaparecidas en Chiapas.

En México según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha registrado 133,637 personas desaparecidas y no localizadas. En Chiapas se reportan 1,991 personas desaparecidas, de los cuales 573 personas desaparecidas son registradas en el periodo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En los municipios de la región han desaparecido 22 personas, en Venustiano Carranza 7; en Teopisca 3; en Amatenango del Valle 4; en Nicolas Ruiz 1; en Acala 3 y en Villa Las Rosas 4. Estas desapariciones ocurren en un contexto de violencia generalizada y sistemática provocada por grupos armados vinculados con la delincuencia organizada, que operan con la aquiescencia y tolerancia de autoridades mexicanas.

El caso de Ángel ejemplifica la grave situación de seguridad en la zona y el contexto de las desapariciones forzadas en Chiapas y todo el país, que motivo al CED en abril de 2026 solicitar al Secretario General de la ONU que remita la crisis de desapariciones en México a la Asamblea General.

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Firma y envía las cartas

El jueves 16 de abril a las 12 hrs se llevará a cabo la audiencia inicial de Antonia Hernández López, Jerónimo Moreno Hernández y Victorio Moreno Hernández, en el tribunal de enjuiciamiento de Yajalón por el supuesto delito de despojo agravado. Son diez personas integrantes del (CNI)  Chiapas, acusadas por  el delito referido.

Ante esta situación, interpelamos a las autoridades para garantizar, respetar y proteger la libertad, la vida, la integridad y seguridad personal e  invitamos a la sociedad civil a enviar cartas a la Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas, Fiscal de Justicia Indígena y al Tribunal Superior de Justicia para solicitar su intervención con relación a la audiencia inicial de Antonia, Jerónimo y Victorio.

Firma y envía las cartas desde tu correo electrónico aquí:

https://frayba.org.mx/carteo-para-la-liberacion-de-los-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-de-jotola-chiapas

#AlertaporAntonia,JerónimoyVictorio #LibertadParaFranciscoyMariadeJesús #AltoALaCriminalizaciónEnJotolá #NoAlDespojoEnJotolá #CNI

El jueves 16 de abril a las 12 hrs se llevará a cabo la audiencia de Antonia Hernández López, Jerónimo Moreno Hernández y Victorio Hernández Moreno integrantes del CNI Chiapas. Ante el riesgo de detención por la fabricación de delito de despojo agravado, invitamos a difundir el caso, realizar acciones en solidaridad y participar en la ACCIÓN SIMULTANEA El 14, 15 y 16 de abril 2026

Publicando de mensajes por redes sociales, pidiendo información de la audiencia del próximo 16 de abril y exigiendo:

1. Libertad inmediata e incondicional de Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez Gómez
2. Desistimiento de la causa penal 41/2025 y cancelación inmediata de las 8 órdenes de aprehensión
3. Restitución de tierras y vivienda a las 8 familias desplazadas.
4. Castigo a los responsables del desalojo violento y tortura: Guardia Estatal, Fiscalía Indígena, Tribunal Agrario e INPI.
5. Atención médica y protección prioritaria para niñxs, embarazada, adultos mayores y personas con discapacidad.
6. Cese del despojo en tierras recuperadas y la criminalización de quienes defienden la tierra y territorio.

Usando los #AlertaporAntonia,JerónimoyVictorio #LibertadParaFranciscoyMariadeJesús #AltoALaCriminalizaciónEnJotolá #NoAlDespojoEnJotolá #CNI

Mencionando a las autoridades e instituciones de gobierno Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas y a Jorge Luis Llaven, fiscal general de Chiapas

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LLAMADAS TELEFÓNICAS
A partir del JUEVES 16 de abril a primera hora, pedir información sobre la audiencia de Antonia, Jerónimo y Victorio, la situación de Jotolá y haciendo las 6 exigencias mencionadas.

Mediante llamadas telefónicas al:

Fiscal General de Chiapas +52 (961) 61-72-300, Ext. 17258

Magistrado presidente del Tribunal Superior de Chiapas +52 (961) 61 787 Ext. 8002

Juez de Primera Instancia del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón LIC. AGUSTÍN LÓPEZ MARTÍNEZ 961 617 8700 Ext. 2600

El caso de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón se fortaleció con un nuevo amparo definitivo que suspende 200 órdenes de aprehensión contra 50 personas defensoras del territorio, en lo que consideran un hecho histórico para la libre determinación de los pueblos originarios.

Este conflicto tiene más de una década: comenzó en 2014 tras la defensa comunitaria del Río Xangá Ndá Ge frente a la extracción de materiales atribuida al cacique Manuel Zepeda, padre de la diputada morenista Elisa Zepeda Lagunas. Desde entonces, la comunidad denuncia una persecución política y judicial, con acusaciones como robo e incendio que expertos consideran inverosímiles e imposibles de sostener. A pesar de al menos nueve resoluciones previas que señalaban la inexistencia de delitos, en marzo de 2025 autoridades judiciales de Oaxaca emitieron las órdenes de captura, obligando incluso al desplazamiento de varias personas.

El nuevo amparo, emitido por una jueza federal en Veracruz, determinó que las órdenes carecían de sustento y que no se pudo demostrar la existencia de los delitos, en línea con otros fallos recientes que evidencian acusaciones vagas y sin pruebas. Para la comunidad, esto confirma que el caso fue fabricado en el contexto de intereses por explotar recursos naturales y del uso del aparato estatal para reprimir la autonomía indígena.

Durante estos años, las familias han vivido bajo presión constante, describiendo la situación como tortura psicológica y un intento de etnocidio. Aun así, han mantenido la resistencia y organización.

Tras esta victoria legal, la comunidad exige la cancelación definitiva de las órdenes de aprehensión, el fin de la criminalización, el retiro de todos los cargos, y acciones contra la diputada Elisa Zepeda y autoridades estatales, incluido el gobernador Salomón Jara. También reiteran que continuarán su lucha hasta lograr la libertad total de todas las personas afectadas.

La Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio (ANAVI) publicó el siguiente comunicado:

A las compañeras y compañeros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca:

Con cada logro obtenido en colectivo y por la vida, renacemos como pueblos.

Los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio abrazamos la digna e incansable lucha de nuestras hermanas y hermanos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, por la libertad y la verdad.

Hoy celebramos el que hayan ganado el amparo por el cual se cancelan las 200 órdenes de aprehensión que se emitieron en contra de 50 personas del pueblo.

Pese a que Eliza Zepeda y sus allegados en el gobierno fabricaron delitos y movieron sus influencias para que la persecución contra las y los compañeros mazatecos continuara, hoy se demuestra que la justicia y la verdad se construyen desde abajo.

Se dice que las mentiras caen por su propio peso, pero esta gran mentira fabricada desde el abuso de poder de Eliza Zepeda la tumbaron nuestr@s compañer@s con digna rabia, resistencia y organización.

Si bien hoy celebramos y abrazamos este logro, sabemos que la lucha por la libertad continúa.

Aún falta el cumplimiento inmediato del amparo, es decir; que la Segunda Sala Penal de Oaxaca cancele formalmente las órdenes de aprehensión contra las 50 personas mazatecas; que se derriben las órdenes de aprehensión contra nuestros 14 hermanos exiliados y puedan regresar a la comunidad en libertad y con seguridad a Eloxochitlán; la libertad absoluta y retorno de Miguel Peralta. La absoluta liberación del Río Xangá Ndá Ge; justicia para el pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón por los más de 10 años de criminalización, persecución y arresto de compañeros por órdenes de la familia caciquil a la que pertenece Eliza Zepeda.

Por ello, como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio llamamos a continuar acompañando la lucha de las y los compañeros de Eloxochitlán de Flores Magón sumándonos a sus exigencias por la justicia, la verdad y la libertad.

ATENTAMENTE
Hasta que la dignidad se haga costumbre.
TIERRA, AGUA Y LIBERTAD
El Agua es el Común de los pueblos.
ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

Foto de portada: EDUCA Oaxaca

(Descarga aquí)

Global

CHILE: Semana de agitación por la libertad de Mónica Caballero, durante el cadenazo radial, la zarzamora compartió una entrevista con la compañera anarquista privada de su libertad. (AUDIO)
Fuente: La Zarzamora https://archive.org/details/bloquelazarzamora-entrevista-a-monica-c-mas-bloque-2026

ARGENTINA: Protestas de Jubilados en las calles frente a la crisis y el ajuste

Buenos Aires. Cada miércoles, frente al Congreso Argentino, grupos de jubilados ocupan la calle con carteles, bastones en alto y consignas que resumen una preocupación urgente: cómo sobrevivir en medio de la crisis económica. La escena se ha vuelto habitual en la capital argentina durante el gobierno de Javier Milei, en un contexto de ajuste fiscal, reformas estructurales y creciente conflictividad social. (AUDIO)
Fuente: Noticias de Abajo. https://www.facebook.com/share/v/1Dn6WMBB46

IRÁN: CONTRA TODAS LAS GUERRAS CONTRA TODOS LOS ESTADOS, entrevista con compañero anarquista sobre la situación actual y el posicionamiento del Frente Anarquista al respecto.
Fuente: Frente Anarquista https://www.instagram.com/p/DWuGJ6gDbp4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

MÉXICO: ONU hace llamado de alerta sobre la desaparición forzada en México: Impunidad y complicidad hacen que la desaparición forzada sea usada sistemáticamente y generalizado en contra de la sociedad en algunas partes del país.
Fuente: ONU https://news.un.org/es/story/2026/04/1541315

DESDE EL OMBLIGO DE LA LUNA

CHIMALAPAS, OAXACA: Pueblos indígenas de las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapa, Oaxaca, anuncian una movilización para este miércoles, contra la invasión ilegal y por la preservación de su territorio comunal ancestral. (AUDIO)
Fuente: Noticias de Abajo ML

VERACRUZ: Ecocidio en las playas y mares del golfo de México, derrame de petróleo pone en riego la vida marina y subsistencia de pueblos
Fuente: Lxs Altepe

GUERRERO: CIPOG-EZ denuncia el asesinato de cuatro promotores, “mientras los pueblos construimos vida los malos gobiernos nos ofrecen muerte y destrucción”.
Fuente: CIPOG-EZ https://www.facebook.com/share/p/1CcMGGYRZ5

EZLN: Cobertura del semillero en CIDECI, compartimos a continuación el reportaje del último día por el Medio Libre: Radio
Fuente: Radio Zapatista https://radiozapatista.org/?p=54010

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México,

a 19 de marzo de 2026.

Boletín de prensa No. 3

Las FGE y las FRIP en el círculo directo de la cruel tortura contra Oscar Trinidad Carbajal

• Denuncia internacional ante la CIDH y la ONU: exigimos protección y justicia para Oscar Trinidad Carbajal y familia.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que el 4 de noviembre de 2025, fue detenido y torturado el Joven Oscar Trinidad Carbajal, originario de Tapachula, comerciante, mientras transitaba por las calles de su ciudad, fue detenido sin orden judicial por elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Lo llevaron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa conocida como Akishino, donde le exigieron dinero: dos millones de pesos. Al negarse, comenzó el tormento. Lo esposaron, lo tiraron al suelo, lo asfixiaron con bolsas de plástico hasta perder el conocimiento, lo golpearon en el cuerpo y lo humillaron con palabras que buscaban quebrar su voluntad. Un agente lo pateó en el estómago hasta hacerlo convulsionar. Le obligaron a beber líquidos amargos, lo dejaron inconsciente y tuvieron que reanimarlo con RCP porque había dejado de respirar.

Trasladado al Hospital General del IMSS en Tapachula, ingresó con diagnósticos graves: síndrome post-parada cardíaca, lesión renal aguda, rabdomiólisis. Allí, los mismos agentes que lo habían torturado lo custodiaban y decían a los médicos que estaba drogado, intentando encubrir la violencia ejercida. Oscar exigió una prueba de sangre, buscando defender su verdad en medio de la manipulación institucional.

Mientras tanto, su familia lo buscaba desesperada. El 5 de noviembre recorrieron hospitales y la Fiscalía, donde les negaban información. Solo al reconocer el coche de Oscar en el estacionamiento supieron que había estado allí y que lo habían llevado de emergencia al hospital. La incomunicación, las amenazas y el ocultamiento fueron parte del mismo patrón.

El 6 de noviembre de 2025, Oscar Trinidad permanecía incomunicado y bajo amenazas constantes. Los agentes de la FRIP le mostraban fotos de su casa y le decían: “¡ahora sí vas a cooperar, sabemos qué haces y a qué te dedicas!”. En el hospital solo recibía suero y medicamentos que lo adormecían. Ese mismo día, entre las 18:00 y 19:00 horas, fue trasladado nuevamente de manera violenta de la clínica a la Fiscalía. Durante el trayecto, los agentes lo agredieron físicamente y condujeron a gran velocidad, provocando un accidente en el que murió un policía. Aunque una ambulancia llegó para auxiliar, la tortura continuó dentro de ella: golpes en el estómago, costillas y cabeza, amenazas de muerte y hasta intentos de estrangulamiento, interrumpidos solo cuando la presencia de personas alrededor obligó a detener la agresión.

Por la noche, la FRIP ordenó su salida del hospital hacia la Fiscalía, donde las torturas persistieron hasta que una actuaria federal notificó el amparo promovido por su familia. La Fiscalía intentó justificar la detención alegando flagrancia ese mismo día, iniciando la Carpeta de Investigación C.I.1229 por delitos de resistencia y posesión de drogas. Sin embargo, la versión resulta inverosímil: Oscar se encontraba hospitalizado en el momento de la supuesta detención.

El 7 de noviembre, el Ministerio Público decretó su libertad bajo reservas de ley, pero inmediatamente se ejecutó otro mandamiento judicial imputándole narcomenudeo (C.I.1227). Fue trasladado al Juzgado de Control adjunto al CERSS No. 03, donde nuevamente sufrió tortura. La investigación se sostiene en un testimonio dudoso: una persona que habría entregado drogas a la Fiscalía y señalado a Oscar como responsable de amenazas días antes.

El caso de Oscar Trinidad revela cómo el sistema penal acusatorio puede ser manipulado para fabricar culpables y legitimar la violencia estatal. El 7 de noviembre de 2025, pese a su grave estado de salud, el Juez de Control de Tapachula le impuso prisión preventiva dentro de la causa penal 517/2025. Durante los traslados entre juzgado y hospital, Oscar fue nuevamente torturado. El 9 de noviembre recibió la notificación de un segundo amparo para garantizar atención médica urgente, pero las negligencias persistieron. El 11 de noviembre fue llevado a otra clínica bajo custodia de la FRIP, sufriendo nuevas agresiones.

Los registros médicos muestran inconsistencias graves: múltiples expedientes abiertos para la misma persona, omisión de protocolos adecuados, falta de seguimiento clínico y diagnósticos contradictorios. Se documentan lesiones como trauma ocular, fracturas faciales y complicaciones derivadas de la tortura (rabdomiólisis, falla renal, síndrome post-parada cardíaca). Además, se utilizó lenguaje discriminatorio al atribuir patologías al supuesto consumo de drogas sin pruebas de laboratorio.

Los antecedentes muestran que, semanas antes de su detención, Oscar había sido hostigado y extorsionado por la FRIP, quienes le exigían dinero a cambio de dejarlo trabajar. El 1 de noviembre fue detenido y presionado para pagar dos millones de pesos como “cobro de piso”.

Este patrón evidencia cómo la corrupción se inserta en el sistema penal acusatorio: primero la extorsión, luego la detención arbitraria, la tortura y finalmente la fabricación de pruebas. La Fiscalía construyó una versión inverosímil, articulando autoridades para inculparlo mediante montajes. Desde nuestra documentación hemos corroborado un comportamiento sistemático de funcionarios vinculados a operativos de la Fiscalía General del Estado, con al menos 20 casos similares registrados entre 2010 y 2025; cuatro de ellos directamente relacionados con la FRIP en distintos municipios de Chiapas.[1]

A pesar de los recursos legales interpuestos, la impunidad prevalece. Oscar Trinidad permanece privado arbitrariamente de su libertad, mientras él y su familia enfrentan un riesgo directo a su vida e integridad por el hostigamiento sistemático de las FRIP.

Hacemos un llamamiento especial, al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantice el acceso a los servicios de salud y cuando se encuentren frente a situaciones como la de Oscar Trinidad, velar por el interés superior que es la vida y no ceder a presiones externas.

La historia de Oscar Trinidad Carbajal es el reflejo de un patrón sistemático de tortura, fabricación de culpables y pactos de impunidad que ponen en riesgo la vida y la dignidad de las personas. Por ello, la familia y el Frayba hemos presentado una Solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y remitido información urgente parar el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, así como la petición de caso ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Exigimos que se garantice de manera inmediata a Oscar Trinidad atención médica y psicológica adecuada, que se evalúe la sustitución de la prisión preventiva por una medida alternativa que no agrave su estado de salud, y que se adopten medidas de protección para él y su familia frente a posibles represalias por haber denunciado. Finalmente, pedimos una investigación pronta, independiente y expedita contra los elementos de la FRIP, que rompa con los pactos de silencio y de impunidad que han permitido la repetición de estas violencias.

Exigimos que el gobierno mexicano garantice la vida de Oscar Trinidad y la seguridad de su familia dependen de que las instituciones actúen con firmeza y asuman su responsabilidad de garantizar la verdad, justicia y reparación. Es indispensable que el eslogan, ampliamente difundido en los medios, de “Cero Impunidad” deje de ser una consigna vacía y se convierta en una realidad efectiva, capaz de proteger a las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y poner fin a la violencia y a los pactos de silencio que sostienen la tortura y la corrupción.

Hacemos un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para que, desde todos los espacios posibles, se exija al Estado mexicano detener este acto de injusticia social de gran envergadura, que se equipara a prácticas de terror de Estado. La situación de Oscar Trinidad no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de tortura, fabricación de culpables y persecución contra quienes se atreven a resistir. Por ello, convocamos a organizaciones, colectivos, comunidades y personas solidarias a alzar la voz y exigir medidas inmediatas de protección, atención médica y justicia, así como el fin de los pactos de impunidad que sostienen la violencia institucional. La defensa de Oscar Trinidad es también la defensa de la dignidad humana frente a la maquinaria del terror y la corrupción.

[1]    Frayba. Boletín de Prensa No. 1. 1 de febrero de 2026. Disponible en: https://frayba.org.mx/260201_tortura_chiapas

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En sentencia histórica para la comunidad mazateca de Eloxochitlán, Oaxaca, Tribunal Federal confirma la inocencia de Miguel Peralta en todas las acusaciones en su contra y determina la inexistencia de un delito clave

• La sentencia reconoce, por primera vez en más de una década de acoso judicial, la inexistencia de la tentativa de homicidio contra la presunta víctima Elisa Zepeda Lagunas.
• Al considerar el contexto de los hechos, el Tribunal calificó los testimonios acusatorios como carentes de credibilidad y sinceridad.
• Miguel deberá ser absuelto de manera definitiva por la Tercera Sala Penal de Oaxaca de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.
• Además de Miguel, las y los defensores mazatecos que todavía cuentan con órdenes de aprehensión y procesos penales por ese delito inexistente, deben ser absueltos.

Distintas geografías, 02 de marzo de 2026. El día 25 de febrero de este año se publicó la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Oaxaca en el Amparo Directo 631/2022, que absuelve a Miguel Peralta Betanzos de todas las acusaciones en su contra luego de un proceso de más de once años. Este reconocimiento es coherente con estándares internacionales de debido proceso, presunción de inocencia y protección de personas defensoras indígenas.

El amparo otorgado obliga a la Tercera Sala Penal de Oaxaca a confirmar la inocencia y libertad absoluta de Miguel por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Además, por primera vez en el proceso, hay una determinación judicial que niega la existencia de este último delito, supuestamente cometido en contra de Elisa Zepeda, y considera el contexto en el que ocurrieron los hechos para calificar los testimonios acusatorios como desconfiables, carentes de sinceridad y sesgados por la simpatía al grupo caciquil, lo que evidencia su intención de incriminarlo.

Para Miguel esto representa una pequeña ventana donde a lo lejos se puede observar la libertad; un espacio por donde podemos salir de este encierro, pues aunque estemos libres seguimos limitados en muchos sentidos. Hemos logrado una pequeña batalla en esta gran afrenta contra el estado y sus representantes. Nuestra comunidad ha vivido en carne propia el racismo institucional, la dilación sistemática, la persecución, la criminalización, la fabricación de delitos, la tortura, el desplazamiento forzado y la cárcel. Una vez más se ha confirmado que las mentiras que nos mantuvieron tras las rejas se están desvaneciendo, ya no tienen forma de sostener esta falacia que crearon para someter a nuestro pueblo y tomar el control político y económico. No dejaremos de resistir hasta que todas las personas perseguidas de Eloxochitlán sean absolutamente libres.

Para la comunidad, que ha estado sujeta al hostigamiento judicial y a la devastación del río Xangá Ndá Ge por parte del grupo caciquil, esta sentencia confirma, por un lado, la persecución y la fabricación de delitos con el objeto de inhibir la organización comunitaria y la defensa del territorio. Por otro lado, abre la puerta a la justicia para el resto de las personas injustamente procesadas, pues se convierte en criterios sólidos externos para exigir la liberación de 12 de las personas defensoras exiliadas y 5 más, sujetas aún a proceso penal por esos mismos delitos. Además, la sentencia permite combatir la estigmatización y represión que aún prevalece sobre toda la comunidad criminalizada que, en el año 2025, fue nuevamente objeto de más de 200 órdenes de aprehensión, lo cual significó un recrudecimiento de la persecución por parte de los tres poderes del estado de Oaxaca.

Este patrón de judicialización masiva contra personas indígenas defensoras refleja prácticas de criminalización que han sido documentadas en distintos contextos contra pueblos indígenas que ejercen su autonomía y defienden su territorio.

Es importante recordar que Miguel Peralta ya había obtenido su libertad en octubre de 2019, luego de una extenuante defensa, por no haber señalamientos directos en su contra. Sin embargo, las supuestas víctimas apelaron y esa sentencia fue revocada en marzo de 2022 por la Tercera Sala Penal de Oaxaca; esto lo ha obligado a mantenerse en el exilio por cuatro años. Desde entonces, buscó arrebatarle al Primer Tribunal Colegiado la confirmación de su inocencia y libertad absoluta, llegando hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2024 devolvió el caso a ese tribunal para que resolviera con perspectiva intercultural.

Durante más de un año de tramitación ante el Tribunal Colegiado, se aportaron alegatos, pruebas y escritos de amicus curiae que obligaron a los magistrados a entrar al estudio de fondo. A raíz de dos peritajes antropológicos de contexto, el tribunal reconoció la existencia de un conflicto socio-político que derivó en “grupos antagónicos”. La sentencia deja claro que las testimoniales de quienes mantienen alianzas con el cacicazgo, según los propios peritajes, dejan entrever “la pretensión de involucrar [a Miguel] como parte del grupo contrario”. La sentencia es contundente al señalar inconsistencias y contradicciones graves en las pruebas que se han usado contra decenas de personas perseguidas y exiliadas de la comunidad mazateca.

Este caso ha evidenciado cómo el sistema penal puede ser utilizado como mecanismo de castigo contra quienes defienden su territorio y ejercen su organización comunitaria propia. La criminalización de Miguel Peralta y de la Asamblea de Eloxochitlán no es un hecho aislado, sino parte de un intento de debilitar el ejercicio de la autonomía y la libre determinación, manteniendo la devastación del río.

Esperamos que, sin mayor dilación, la Tercera Sala Penal acate esta resolución, dicte la absolución definitiva y permita que, tras más de una década de proceso, se termine la persecución y se abra paso a la justicia.

Agradecemos su difusión,
Miguel Ángel Peralta Betanzos
Mazatecas por la Libertad
Grupo de Apoyo en Solidaridad con Miguel Peralta
The Indigenous Peoples Rights International (IPRI)

Foto de portada: Elizabeth Díaz