Lauro Hinostroza, doctor en antropología y médico tradicional peruano, lleva 180 días en una prisión mexicana acusado de delitos contra la salud. Fue detenido en el aeropuerto de la capital con Ayahuasca, un brebaje común entre los pueblos del noreste amazónico. En entrevista telefónica, desde el Reclusorio Norte, cuenta que no es el único médico tradicional preso por usar Ayahuasca

Texto: Pedro Anza
Foto de portada: Daniel Aguilar Hernández / Cuartoscuro
Fuente: Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO.- Por un instante, la voz que llega del otro lado del teléfono amaga con quebrantar su serenidad. En los 30 minutos que han transcurrido de conversación, esta ha mantenido un tono lento y templado, casi de reposo. Después de una pausa en donde se distingue, lejano, el ligero caer de un suspiro, la voz parece volver a su cuerpo y retomar el equilibrio. El médico tradicional peruano de 69 años Lauro Hinostroza me llama desde el Reclusorio Norte, lugar en el que ha permanecido preso por más de seis meses bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El 26 de Septiembre del año 2022, a pocos días de participar como conferencista en un Congreso Internacional sobre medicina ancestral que se celebraría en Teotihuacán, Lauro fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusado de delito contra la salud en la modalidad de introducción de estupefacientes (N, N-dimetriltriptamina, DMT) al país. Doctor en Antropología Médica por la UNAM, Fundador del Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México-Perú, asiduo participante en la Cumbre Tajín, Lauro ha dedicado más de 35 años a la promoción de la práctica médica tradicional de la etnia quéchua-asháninka, a la cual pertenece, así como al estudio y la difusión de las formas de curación ancestrales endémicas a distintas regiones del continente.

—Yo soy practicante del modelo médico de nuestros pueblos originarios— cuenta Lauro desde el otro lado de la línea. Detrás de su voz, encerrado en un espacio angosto de probables paredes grises, flota un murmullo: la algarabía causada por otros presos que se comunican con el exterior.

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Por Renata Bessi | Avispa Midia

_{En portada: Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, se movilizaron a las afueras de la Casa de Justicia, en Cholula, para exigir un alto a la criminalización contra el defensor del río Metlapanapa.}

La Comisión Estatal del Agua de Puebla (CEA) concedió, en audiencia realizada ayer miércoles (29) en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, el “perdón” por dos de los tres cargos que levantó en 2020 contra el indígena náhuatl Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa. El río es amenazado por la contaminación de descarga de aguas residuales del parque industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo.

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Los cargos son consecuencia de manifestaciones de la comunidad de Santa María Zacatepec, en 2019, contrarias a los trabajos de drenaje industrial y pluvial del parque industrial, obra que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por desvío de recursos.

Los dos cargos “perdonados” fueron: oposición a ejecución de una obra pública y ataques a la seguridad en los medios de transporte. “Dicen ellos que me perdonan, como si yo fuera un delincuente (…). No es que esta dependencia (la casa de justicia), un monumento a la corrupción, esté apoyándonos como pueblos originarios (…), mas bien fue la forma que encontraron de desistir, porque no encontraron pruebas de que somos criminales”, declaró López Vega, que es concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI) e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA-PMT).

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Por Jeny Pascacio | Avispa Midia

En portada: Integrantes del Movimiento de la Vida y el territorio, se movilizaron en las afueras del Palacio de Justicia de la ciudad de los Altos para exigir alto a las violaciones de los derechos humanos y la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Chiapas

El lunes (28), la Fiscalía de Distrito Altos suspendió la audiencia para abordar el caso de cinco tseltales originarios de San Juan Cancuc, Chiapas, quienes permanecen recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERRS) no.5, acusados sin pruebas ni investigación, del homicidio calificado del policía municipal, Antonio Aguilar.

Se trata de Martín y Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista.
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Un margen desde el que pensar el Estado

Violeta Velasco Sánchez

El 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en materia penal dictó libertad “por falta de elementos para procesar” a los hermanos Abraham y Germán López Montejo tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No.45 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.[1]

El caso de Abraham y Germán forma parte del constante ejercicio de detención arbitraria que el Estado mexicano realiza apoyándose en la “prisión preventiva oficiosa”, mecanismo consagrado en la propia Constitución que facilita la permanencia entre rejas sin un juicio por tiempos indefinidos. Este sistema se ve a su vez respaldado por un proceso que los centros de derechos humanos denominan “fabricación de culpables”, y que termina de facilitar que muchos mexicanos pasen décadas privados de libertad de manera arbitraria y a la espera de un procesamiento judicial que nunca llega. Una constante presente en las personas detenidas arbitrariamente es el carácter marginal e indígena, en especial en los estados con mayor presencia de pueblos originarios, como sucede en el caso de Chiapas. Esta condición implica dificultades económicas y lingüísticas para articular su defensa que con frecuencia resultan en la permanencia en prisión por tiempos inusitadamente largos. La explicación que desde organizaciones de derechos humanos se atribuye a este fenómeno es la necesidad del Estado y de los diferentes gobiernos federales y municipales de mostrar la resolución de casos de criminalidad, con frecuencia vinculados a la acción de las fuerzas armadas, cuya presencia se ha disparado en las últimas dos décadas en la región. El caso de los hermanos López Montejo ejemplifica este fenómeno.

El tema que quiero analizar a partir del caso de los hermanos López Montejo es la detención arbitraria como espacio paradigmático desde el cual pensar al Estado, apoyándome en la noción de margen como espacio de análisis, siguiendo a Veena Das y Deborah Poole. Me voy a enfocar en la marginalidad periférica de lo indígena en la ciudadanía mexicana y en particular en la legibilidad del Estado, escrita y hablada en lengua española y vehículo del sistema judicial. Estas dos nociones se entrelazan: en las detenciones arbitrarias abundan las personas indígenas y los migrantes en tránsito. Sin ahondar mucho en el racismo estructural que prima en el Estado mexicano y que expulsa a estos perfiles de la “ciudadanía de pleno derecho”, la selección de estas poblaciones efectivamente marginales resulta eficaz por las dificultades de su defensa: en el caso de migrantes en tránsito, por la ausencia de redes familiares y de apoyo en el país. En el de las poblaciones indígenas, al igual que los migrantes de habla no hispana, el no manejo de la lengua y la distancia cultural se convierten en las principales barreras tanto de estos presos como de sus familias para enfrentarse a estas situaciones. A su vez, la legibilidad es una condición del estado para leer y clasificar a los ciudadanos, pero también para ser leído. La administración, la burocracia, la ley en México se escribe y se habla en español y la presencia de intérpretes de lenguas indígenas es prácticamente inexistente y no responde a la diversidad lingüística del estado.

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Por la libertad de Miguel López Vega y todos los presos políticos

Nos acompañan compañeras y compañeros perseguidos y familiares de presos políticos por el mal gobierno de la #4t:

• Miguel López Vega Congreso Nacional Indígena (Puebla)
• Argelia Bet Zep Mazatecas por la Libertad (Oaxaca)
• Aabogados y familiares de Fidencio Aldama y Miguel Peralta (Sonora y Oaxaca respectivamente)
• Karla y Magda
• Carlos Beaz UCIZONI (Oaxaca)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0azNDvdhcvBnVeX7t5X4TdpmQfK3tN12jKeHwiFiv5cU4Hf1cAGS42sk6bnNdwKJhl&id=100011669875752&mibextid=Nif5oz

Internacionales:

• FRANCIA: Fuertes protestas contra las reformas a las pensiones. Se desata huelga general en las grandes ciudades, en una revuelta con enormes contingentes que están sublevando la ciudad. El movimiento contra la reforma de las pensiones¿En el umbral de un levantamiento? Fuente: Crimethic
• GLOBAL: Día mundial del agua para los pueblos, «Las rutas del Saqueo del Agua en Nuestra América: Un sistema cuya finalidad es el lucro que concibe el agua como “recurso” a ser transportado para los centros de extracción y producción de otras riquezas. Fuente: Edición Radial Continental
• GLOBAL GUERRA: Más de medio millón de soldados muertos en la guerra de la OTAN y Rusia en el territorio de Ucrania a un año su inicio. Grupos antimilitaristas denuncian la imposición de una economía de guerra en un capitalismo belicista y criminal y que exige más dinero para la guerra. Fuente: Grupo Tortuga.

Locales:

• OAXACA: AMLO se pasea con sus patrones gringos en el Istmo para revisar la imposición del Corredor Interoceánico, proyecto saqueador y depredador de los pueblos originarios del Istmo. Aumenta la criminaliza a los defensores. Fuente: APPIDT.
• PUEBLA: En el día mundial del agua, la comisión estatal de agua y saneamiento de Puebla pretende encarcelar al defensor comunitario del territorio, Miguel López Vega. Fuente: FPDTA
• YUCATÁN: Detienen a 4 manifestantes durante la movilización en solidaridad a la lucha de Sitilpech contra una mega granja de cerdos. Fuente: Desinformemonos.
• CDMX: Tras dos días de jornada en movilización, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac logra retirar una legislación que entregaría el agua en manos de los proyectos inmobiliarios. Fuente: Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

En septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión n. 43/2021 relativa los sobrevivientes de tortura y privación arbitraria de la libertad Germán López Montejo, Abraham López Montejo, Marcelino Ruiz Gómez, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez. En dicha opinión, el Grupo de Trabajo determinó que el Estado mexicano fue responsable de la detención abitraria y que los cinco presos deberían ser liberados inmediatamente, los daños reparados integralmente y los casos investigados.

Hasta ahora, el Estado sólo ha cumplido con la primera de dichas exigencias. Mientras eso, los ex presos, después de haber sobrevivido a la tortura y a décadas de prisión injusta, enfrentan ahora graves dificultades económicas, habiendo perdido tierras, casas y bienes, enfermedades derivadas de la tortura y las condiciones carcelarias (y del desgaste físico y emocional en el caso de los familiares), además del estigma social y la pérdida de medios de subsistencia.

El caso de los cinco presos es reflejo de lo que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha llamado la “Fábrica de Culpables” en Chiapas: le detención arbitraria y tortura de personas inocentes (generalmente indígenas) para obtener confesiones por crímenes que no cometieron; o sea, la tortura como substituto de la investigación policial para “resolver” delitos, manteniendo así la ilusión de un sistema judicial operativo.

En conferencia de prensa este 22 de marzo, el Frayba, el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y el Colectivo de Familiares Sobrevivientes de la Fábrica de Culpables exigieron el cumplimiento cabal por parte del Estado mexicano de la Opinión n. 43/2021 de la ONU y la reparación integral de los daños.

Boletín del Frayba

Palabra del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Palabra del Colectivo de Familiares Sobrevivientes de la Fábrica de Culpables

• A la edad de 68 es veterano del Partido Pantera Negra, periodista combativo, autor de 13 libros y activista comunitario.
• Fue injustamente declarado culpable del asesinato de un policía blanco el 9 de diciembre de 1981 en Filadelfia y condenado a muerte en 1982 por el sistema injusticia racista.
• Salió del corredor de la muerte en 2011 gracias a las movilizaciones del movimiento pero ahora enfrenta la muerte por encarcelamiento.
• Evidencia encontrada en la Fiscalía de Filadelfia a finales de 2018 podría comprobar su inocencia y llevar a su libertad después de 41 años tras los muros si su caso se abriera de nuevo.
• La jueza Lucrecia Clemons rechazó su petición el 26 de octubre de 2022 y piensa rechazar su apelación en su siguiente audiencia. Sin embargo, dejó la puerta levemente abierta con respecto al considerar evidencia sobre el racismo en la selección del jurado en 1982.
• Habrá acciones en su apoyo durante su siguiente audiencia el viernes 16 de diciembre en Filadelfia después de acciones el fin de semana del 9 de diciembre, el día de su encarcelamiento.
• En la Ciudad de México estaremos en solidaridad afuera de la embajada gringa el domingo 11 de diciembre a las 12 del día en un acto conjunto con un emocionante Torneo de Freestyle de #De Batl. Habrá rap de Guerrilla Bang Bang, música bailable estilo jamaiquino de Chingona Sound, canciones de Eva Palma, danza pre-hispanica de Aurelio y amigxs, obra gráfica de Ulises Xozulu, sellos corporales de la Colibrí, más grabados y una nueva manta de Indiosindios Lopez!

¡No permitamos que Mumia muera en prisión!
¡Libertad ahora! ¡Presxs Políticxs Libertad!