Informe Frayba 2024 sobre la desaparición de personas en Chiapas.
El informe Tocar el vacío es un esfuerzo para analizar el fenómeno de la desaparición de personas en Chiapas, desde la mirada del Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, con la participación de Voces Mesoamericanas Acción Con Pueblos Migrantes y Melel Xojobal (que acompaña procesos participativos con niñas, niños y adolescentes de los pueblos originarios). Desde hace varios años ha habido un aumento significativo de las cifras de personas desaparecidas, con un impacto profundo sobre quienes buscan a sus seres queridos y sobre la sociedad chiapaneca en general.
En contextos de desapariciones sistemáticas y/o generalizadas cometida por particulares, donde impera la impunidad, debe asumirse que existe tolerancia y aquiescencia del Estado, lo que las convierten en desapariciones forzadas, en la medida que son marcadas por la tolerancia y aquiescencia hacia sus perpetradores. Aún cuando en muchos casos las autoridades insistan en clasificarlas como personas no localizadas, el contexto de la mayoría de ellas debería ser un indicio suficiente para catalogarlas como desapariciones.
Las instancias estatales y federales encargadas de la investigación y búsqueda realizan diversos artificios para diluir públicamente la situación. Ello va desde la negativa a recibir las denuncias o a inscribir a las personas desaparecidas en los registros oficiales, hasta la clasificación de los hechos como algo distinto a la desaparición. La Fiscalía Especializada en la materia no tiene personal suficiente para hacer frente al fenómeno, lo que demuestra el desinterés estatal por crear condiciones para la investigación. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2023, la Fiscalía General del Estado de Chiapas registró 201 carpetas de investigación por desaparición de personas a manos de particulares, pero ninguna por desaparición forzada.
Llevar a cabo esta primera radiografía de la problemática ha representado un gran reto, pues muchas de sus características son nuevas en Chiapas, además de que existe un extendido silenciamiento de los territorios donde sucede. Los patrones de la desaparición en Chiapas reflejan dinámicas nacionales, pero también presentan características propias relacionadas a condiciones históricas, políticas y sociales. Existen dos focos rojos en el estado. el primero, de acuerdo a datos expuestos por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), en Chiapas la desaparición de mujeres es mucho mayor a los índices nacionales. El segundo foco rojo es visibilizado por la organización Melel Xojobal quien da cuenta de que en el 2022 Chiapas ocupó el cuarto lugar nacional en desaparición de niñas, niños y adolescentes (NNA). Es decir que, de acuerdo a estadísticas, en Chiapas existe un riesgo mayor de desaparición de mujeres y NNA.
La desaparición se presenta en diferentes contextos que reflejan patrones diferenciados. El interés del informe es identificar y analizar las varias líneas de la desaparición, una de ellas siendo la disputa y control territorial de la delincuencia organizada. Es de especial preocupación la situación en la región sierra y frontera, dónde la explosión de violencia ligada a la disputa entre la delincuencia organizada ha llevado a un alza de las desapariciones sin que sea posible medir el problema con precisión tanto por la violencia que impera, como por la desconfianza en las autoridades. Otros patrones documentados en el informe incluyen: la desaparición de personas en movilidad internacional; los que se presentan alrededor de las realidades de niñas, niños y adolescentes; así como los que emergen en el contexto de la violencia político-electoral; en el marco de detenciones arbitrarias cometidas por agentes estatales; los relacionados a la violencia contra las mujeres, con énfasis en la trata de personas y feminicidio; de personas defensoras de derechos humanos; en el marco de las acciones militares y paramilitares de contrainsurgencia durante los años noventa.
“Tocar el vacío” informe sobre la desaparición de personas en Chiapas
En efecto, a la coyuntura actual es importante sumarle un pendiente histórico, el de la guerra de contrainsurgencia tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas registró por lo menos a 37 personas desaparecidas en este contexto, además de 32 personas desaparecidas en combate que reivindica el EZLN. El actual gobierno morenista sigue el incumplimiento a su deber de búsqueda, verdad, justicia y reparación integral.
Con Tocar el vacío, buscamos visibilizar la desaparición de personas en Chiapas, así como generar reflexiones a partir de las cuales pensar en respuestas colectivas.
México y Centroamérica desde hace tres meses, más de 300 buscadoras y buscadores, quienes representamos a 250 colectivos de familiares de personas desaparecdas, nos encontramos trabajando en un proceso de unificación nacional de familiares de personas desaparecidas.
Hoy les hablamos con la voz de estas familias para hacer un llamado a la sociedad civil organizada y no organizada para que se sumen a la Jornada Nacional de Búsqueda que estaremos realizando el 19 y 20 de abril de 2024, así como a la Marcha Nacional del 10 de mayo en la Ciudad de México.
Nuestro proceso de organización se había estado dando en silencio, hoy lo hacemos público para hacer un llamado a todas las familias a las que aún no hemos llegado, así como a los colectivos de familias y familias de víctimas de la violencia para que se sumen a este esfuerzo de unidadm queremos construir acuerdos por encima de nuestras diferencias, queremos abrazarnos sin colores, ni banderas y sin el Estado.
Somos sujetos de derechos que llevamos años tratando de reconstuir este país, que no hemos dejado de buscar ni un minuto a nuestros seres queridos desaparecidos para traerlos de regreso a casa que es donde pertenecen, es nuestra principal motivación. Y somos familias no solo de México, sino también de Centroamërica quienes emprendemos estas búsquedas.
A pesar de nuestros esfuerzos México se ha convertido en sinónimo de desaparición de personas. En los últimos 15 años se han incrementado alarmantemente los casos de personas desaparecidas, la tolerancia y complicidad de los gobiernos han mandado el mensaje de que este crimen atroz se puede cometer sin mayores consecuencias.
Por ello, hacemos un llamado a la sociedad civil no solo para ayudarnos a encontrar, sino para lograr medidas de prevención para evitar que más familias se sumen a estar tortura en la que nos tienen. Estamos convencidas de que con la ayuda de todas las personas podemos lograr detener la crisis en la que estamos, necesitamos reconocer la importancia de las personas por arriba de las filas partidistas.
A los gobiernos en México de todos los partidos, a los partidos políticos y sus candidatas y candidatos, les decimos que no permitiremos que nos utilicen como botín político, no permitiremos que intenten deslegitimar nuestra lucha diciendo que somos manipuladas por personas que quieren “golpear al gobierno”.
Exigimos la búsqueda de las más de 112 mil personas desaparecidas.
Ya basta de mantener la política de seguir desapareciendo a los desaparecidos.
Exigimos la búsqueda de nuestros desaparecidosm nuestras desaparecidas.
Exigimos una investigación eficaz y eficiente.
Exigimos justicia.
Exigimos la identificación de todos los cuerpos, restos y fragmentos óseos recuperados en fosas comunes y clandestinas.
Exigimos un mejor poder legislativo.
Exigimos un mejor poder ejecutivo.
Exigimos fiscalía que procuren justicia y no impunidad.
Exigimos protección a todas las buscadoras y los buscadores.
Exigimos el alto a las desapariciones.
Atentamente
Familias de personas desaparecidas convocantes a la unidad nacional contra la desaparición
En marzo de 1989, el obispo jTatic Samuel Ruiz decidió fundar en Chiapas un centro de derechos humanos que fuera acompañado por la Diócesis, pero independiente de ella, abierto a todos los pueblos del estado. Un centro que fuera no sólo para los pueblos, sino de ellos, en el contexto de represión, violencia y discriminación que se vivía en Chiapas y en muchas partes del país.
35 años después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) celebró su aniversario este pasado 18 y 19 de marzo con un encuentro de dos días en el que participaron muchos de los pueblos, organizaciones e individuos que el Frayba ha acompañado desde hace años. La importancia y la necesidad de este centro continúa tan vigente como hace 35 años, ahora en un nuevo contexto de violencia generalizada y descomposición social en el estado, como deja claro el Posicionamiento del Frayba, leído por su directora, Dora Robledo. Desplazamientos forzados, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, despojo de tierras, guerra entre cárteles del crimen organizado, reclutamiento forzado, cobro de piso y de paso, surgimiento de innumerables grupos armados, vulneración de los derechos de los migrantes, criminalización de defensores y tortura sistemática por parte de las fuerzas policiales y una fuerte militarización que sólo ha traído más violencia y represión. Todo esto, en un contexto de impunidad y una política de negación y fingimiento de normalidad por parte de los gobiernos estatal y federal.
¿Qué hay que celebrar ante esta realidad? Mucho, nos revela este “Encuentro Entrelazando la Esperanza”, pues el propio contexto de violencia e impunidad ha fortalecido procesos organizativos y despertado la conciencia en muchos pueblos de la necesidad de defender el territorio y construir vida en tiempos de muerte.
Ceremonia de bienvenida
“Queremos vivir, ya no sólo sobrevivir”, dijo Lupita de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, durante la rueda de prensa al inicio del Encuentro. Don Raúl Vera, presidente del Frayba y sucesor de Don Samuel Ruiz, nos deleitó con su relato del compromiso de jTatic Samuel con la justicia y su convicción de que el corazón del Frayba deberían ser los mismos pueblos.
Rueda de Prensa:
A lo largo del día, escuchamos historias no sólo de atropello, sino de dignidad, resistencia y construcción de vida. Antonio Gutiérrez, de Las Abejas de Acteal, nos relató no sólo la larga historia de impunidad ante la masacre de Acteal, sino también el proceso organizativo, la creación de su autogobierno y el compromiso por una lucha no violenta. Los principios que guían a Las Abejas de Acteal son hoy un faro para enfrentar la violencia que vivimos: “amar, no odiar; revelar, no ocultar; defender, no vender; caminar en la luz, no en la oscuridad; perdonar, no violentar; entregar la vida, no quitarla”.
Son la injusticia y el atropello también lo que han impulsado otras importantes construcciones de autonomía y libre determinación en el estado, como el de la comunidad de San Francisco en Teopisca, el Gobierno Comunitario de Chilón y el Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (Zodevite). Libre determinación que, como explicó Lázaro Sánchez del Frayba, está plasmada como derecho de los pueblos en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
Foro 1 – Tierra, Territorio, Cultura y Autonomía:
¿Qué hacer frente a la impunidad que reina en el estado y en el país? Memoria, verdad y justicia, dice el Frayba y dicen los pueblos. En el segundo foro, las y los participantes relataron su lucha ante gravísimos casos de impunidad. Las estadísticas son reveladoras: según datos oficiales (probablemente incompletos), hay en el momento 114,928 personas desaparecidas en el país; sólo en Chiapas, se registran más de 14 mil personas desplazadas. Pero es en los testimonios de las víctimas que empezamos a entender la dimensión del dolor que significa vivir ante tal impunidad.
Magdalena González, hija de Antonio González, contó lo que ha significado para la familia la desaparición forzada de su papá por el grupo paramilitar Paz y Justicia en enero de 1999, cuando ella tenía seis años. Antonia Hernández, de la organización Xinich, habló sobre masacre cometida en la comunidad de Viejo Velasco en noviembre de 2000 por un grupo paramilitar acompañado por la policía, y de la desaparición forzada de cuatro personas. Juan Pérez Pérez habló de la vida de su hijo Simón Pérez de Las Abejas de Acteal, su compromiso con la justicia y la vida, y su asesinato en julio de 2021. Salvador Gómez habló de los continuos ataques sufridos por varias comunidades de Aldama por parte de grupos armados de Santa Marta, y los asesinados, heridos y desplazados, ante la inacción del Estado. Se relató también la lucha del Colectivo de Familias Unidas contra la Tortura, que como ha denunciado el Frayba, es utilizada sistemáticamente por las fuerzas policiales del estado para inculpar a personas inocentes de crímenes que no cometieron. Durante la sesión de preguntas y comentarios, escuchamos también el testimonio de Pascuala López, del Ejido Cuxtitali el Pinar, en las afueras de San Cristóbal: el asesinato de su hijo, los golpes y amenazas de muerte hacia ella, la quema de su casa, por un grupo criminal que ha venido cortando el suministro de agua de Cuxtitali y La Hormiga, ante la inacción del Estado.
Foro 2 – La lucha contra la impunidad: Memoria, verdad y justicia:
El tercer y último foro se dedicó a la memoria, la resistencia y las esperanzas. Aquí se relató la experiencia del Pueblo Creyente de Chiapas, surgido en la década de 1990, un amplio movimiento que es parte de la Diócesis de San Cristóbal, inspirado por jTatic Samuel Ruiz, fundamentado en una visión liberadora del cristianismo, creado como respuesta a la represión.
Una de las iniciativas más importantes llevadas a cabo por Don Samuel Ruiz fue el Congreso Indígena de 1974, que sentó las bases para una concientización de los pueblos y preparó el camino, entre otras cosas, para el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional diez años después. Dolores González, del Consejo Directivo del Frayba, relató la historia y el significado de dicho Congreso. Y finalmente, Fray Ceclio Ek habló sobre el recién fundado Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra, en territorio zoque.
Foro 3 – Memoria, Resistencias y Esperanzas:
Ante la violencia generalizada e impune que se multiplica por el estado (y el país), el Frayba y los pueblos y organizaciones que fundamentan su caminar nos enseñan que no todo está perdido, que entre la barbarie (y en respuesta a ella), se construyen alternativas de vida, de cuidado, de justicia, memoria, verdad y paz.
En portada: Indígenas Nasa durante el entierro de la lideresa Carmelina Yule Paví.
La violencia contra la población indígena Nasa, en el Valle del Cauca, suroeste de Colombia, recrudeció con ataques registrados el pasado fin de semana por parte del Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC).
Este frente es considerado como la mayor disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y una de las primeras en hacer presencia en el Cauca tras la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016.
Carmelina Yule Paví, indígena Nasa asesinada por el Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central.
El jueves 7 de marzo, Adriana Gómez e Isabel Torres llegaron a la Ciudad de México para exigir justicia, ante la inacción de las autoridades en Chiapas para investigar el feminicidio de la niña Jade Guadalupe Yuing Gómez en el Instituto del Deporte (Indeporte) y la desaparición de la adolescente Cassandra Isabel Arias Torres.
Ambas madres integran el Colectivo de Madres en Resistencia y se coordinaron con la activista y defensora de los derechos humanos Irinea Buendía, con las Mujeres en Busca de Fernanda Cayetana y las Madres Buscadoras de Quintana Roo para realizar una velada conmemorativa a propósito del Día Internacional de las Mujeres.
A las 16h del 7 de marzo, las madres y familiares de mujeres víctimas de diferentes violencias de Chiapas, Quintana Roo y Estado de México simularon un cementerio en el Zócalo de la Ciudad de México. Sobre tablas pusieron pasto sintético para hacer lápidas olvidadas por las autoridades, pero con mariposas posando sobre ellas.
Pusieron imágenes, flores, cruces color rosado y velas. En las vallas metálicas que escudan el edificio presidencial cada 8M, las madres escribieron “México feminicida”, “Chiapas feminicida” y junto a las frases, los nombres de sus hijas.
A unos metros de ese muro representativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a un costado de la instalación del cementerio, las madres de personas desaparecidas situaron las lonas con las exigencias y fichas de búsqueda.
La velación concluyó a las 9h del 8 de marzo. Horas más tarde las madres participaron en la mega marcha conmemorativa, acuerpadas por otras colectivas de madres en busca de justicia.
Alianza
“Tenemos que salir del Estado [de Chiapas] para exponer la realidad porque somos las madres que no vamos a parar, que no van a callar porque estamos hartas de toda la violencia en los Estados, de las anomalías de las autoridades”, expresó Adriana Gómez.
Gómez es fundadora de Madres en Resistencia Chiapas, pero su lucha inició desde el 10 de enero de 2020, cuando su hija, Jade Guadalupe Yuing Gómez de 13 años de edad fue asesinada durante el horario en el que practicaba judo en el Indeporte.
La dirección del lugar contaminó la escena del crimen, pero Adriana realizó su propia investigación y demostró que su hija no se suicidó, como han dicho. Incluso el cuerpo de la adolescente fue hallado con una lesión en el pie; y en un cuaderno escribió que le temía a su entrenador.
Las evidencias las presentó ante las autoridades chiapanecas, pero no hay avances, incluso le niegan el recurso para trabajar con forenses externos a la fiscalía. “Han sido cuatro años de desgaste físico, económico y emocional”, agrega Adriana.
En esta lucha, Adriana se conoció con la activista Irinea Buendía y madre de Mariana Lima Buendía que tenía 28 años cuando fue asesinada por su esposo el 28 de junio de 2010 en el Estado de México. Su caso, así como el de Jade, fue clasificado como suicidio.
Irinea, también activista, logró en su lucha que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara reabrir el caso en 2015 para investigarlo como feminicidio.
Entonces se desprendió la sentencia Mariana Lima Buendía. La Sentencia es histórica y siembra un precedente, da garantías de no repetición. La Organización de los Estados Americanos la retomó para los países latinoamericanos, caso contrario a las 32 Fiscalías de las entidades mexicanas que se niegan a integrarla en los códigos de procedimientos penales.
“Resistir hasta encontrarte”
Isabel Torres se unió a Madres en Resistencia porque el 17 de diciembre de 2022 su hija Cassandra Isabel Arias Torres fue desaparecida por un grupo armado que irrumpió en su boda, y que portaba las insignias de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.
Los hechos ocurrieron en un salón de fiestas del municipio de Berriozábal, el mismo en el que recientemente fue velado Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública Municipal, secuestrado el 23 de febrero y hallado sin vida unas horas después, junto a dos hombres más.
La madre de Cassandra ahora espera que la FGE notifique al alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez —que buscará la reelección con Morena—, para que se presente a declarar pues, en su momento, negó la desaparición de Cassandra y dijo que se trató de una simple riña.
De no tener avances para dar con el paradero de su hija, Isabel pide que la Fiscalía de Chiapas se declare incopetente para que el caso sea atraído por la autoridad federal y se investigue a los funcionarios involucrados.
Isabel, como parte de Madres en Resistencia, documenta la lucha en las redes sociales y, por ese medio, la contactó Deisy Noemí Blanco Chi, madre de la niña Fernanda Cayetana Canul Blanco, desaparecida el 21 de julio de 2020 en la zona Continental de Isla Mujeres, Quintana Roo.
La ficha de búsqueda de Fernanda Cayetana también fue expuesta en el zócalo de la Ciudad de México este 7 y 8 de marzo, porque ninguna autoridad ha dado continuidad a la investigación a pesar de que Deisy consiguió la pista del hombre y la mujer que se llevaron a su hija.
La investigación que hizo la llevó de Quintana Roo a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y en ese proceso buscó el acompañamiento de las Madres en Resistencia. Deysi cuenta que a pesar de que logró la detención de los ejecutores de la desaparición, la autoridad no ha conseguido que hablen sobre el paradero de Fernanda Cayetana y tampoco tiene apoyo del gobierno del Estado, mucho menos municipal.
El muro
Ante tales inconsistencias, las madres y familiares de víctimas aprovecharon las actividades en la Ciudad de México para exponer los casos ante la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual modo se reunieron con representantes del departamento de Asuntos Políticos de la Embajada de México.
“Nosotras como víctimas estamos pidiendo la ayuda de otros países”, reitera Adriana Gómez. Las madres puntualizan la necesidad de que el tema de las desapariciones y feminicidios se ponga en la agenda de los embajadores.
“Las personas que habitan los Altos y Sierra de Chiapas están siendo desplazadas por la violencia a manos del crimen organizado y tampoco hay respuesta”, señalan las madres chiapanecas que también han acompañado a algunas familias de esas regiones.
A su regreso al sur de México, Isabel Torres comparte que le gustaría que la misma cantidad de mujeres en las marchas apoye las causas de las madres, hermanas, hijas de las víctimas de feminicidio y desaparición, para que al unísono se haga efectiva la frase: “si tocan a una, nos tocan a todas”.
En menos de un año Madres en Resistencia acompañó nueve casos de desaparición sólo en la región Centro del estado de Chiapas, sin contar las desapariciones en los municipios con “toque de queda” por parte del crimen organizado y donde la violencia se agudiza al tictac del reloj. “Cada día hay más desaparecidos, esa es mi opinión. En Chiapas todos los días asesinan a la gente o la desaparecen”, dice Isabel.
8M
Una representación de las madres marchó en la capital de Chiapas, donde la manifestación se vio empañada por el divisionismo provocado por la presencia de actoras políticas que, a propósito del proceso electoral, encabezaron contingentes.
En los próximos días las Madres en Resistencia emitirán un pronunciamiento contra esta vieja práctica de políticos mexicanos de colgarse y lucrar con las luchas de las mujeres.
“Sin lugar a dudas los avances que hemos tenido en México, como la Ley Olimpia, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley Ingrid y la Ley Malena, son producto del accionar de las mujeres en la protesta y las acciones detrás de la protesta: organización, estudio, de reunión y de generación de redes”, destaca Muñoz.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron hoy su alarma por denuncias de atroces violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas palestinas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Las acciones van desde detenciones y ejecuciones arbitrarias, así como violaciones sexuales.
“Estamos consternados por los informes que hablan de ataques deliberados y ejecuciones extrajudiciales de mujeres y niños palestinos en lugares donde buscaban refugio o mientras huían”, puntualizan los expertos de las Naciones Unidas, quienes forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU.
Entre las detenidas incluyen a defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadoras humanitarias. De acuerdo con los informes que ha recibido la ONU, algunas de las detenidas “sostenían trozos de tela blanca cuando fueron asesinadas por el ejército israelí o fuerzas afiliadas”.
De acuerdo con la ONU, las detenciones comenzaron desde el 7 de octubre del 2023, sometiendo a las detenidas a tratos inhumanos y degradantes, negándoles compresas para la menstruación, alimentos y medicamentos. Además de ello, han recibido fuertes palizas. “Al menos en una ocasión, las mujeres palestinas detenidas en Gaza fueron supuestamente mantenidas en una jaula bajo la lluvia y el frío, sin comida”, agregan los expertos.
Los miembros de la ONU han alertado que en los informes que han recibido hay registros de mujeres y niñas que, “han sido objeto de múltiples formas de agresión sexual, como ser desnudadas y registradas por hombres del ejército israelí. Al menos dos detenidas palestinas habrían sido violadas, mientras que otras habrían recibido amenazas de violación y violencia sexual”, señalaron los expertos.
También han destacado que el ejército israelí tomó fotos de mujeres detenidas en circunstancias degradantes y las subió a Internet.Los expertos exigen una investigación independiente y rápida, y que Israel coopere con dichas investigaciones, recordando su obligación de proteger los derechos de las mujeres y niñas palestinas.
En portada: Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca.
Las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán llevarán a cabo una jornada, en los días 18 y 19 de febrero, que consta de dos conferencias magistrales impartidas por los abogados Rafael Zaffaroni y Guido Croxatto, ambos argentinos con amplia experiencia en el área de los derechos humanos y el derecho internacional, y responsables de la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo.
La primera conferencia se llevará a cabo el domingo, 18 de febrero, a las 12 horas, en el Zócalo del centro de Oaxaca. La segunda conferencia será el lunes, 19 de febrero, en el Auditorio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ambas conferencias tienen como objetivo visibilizar cómo el Estado utiliza el derecho penal para criminalizar la organización comunitaria y la lucha social.
En conferencia de prensa en enero de este año, Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, preso político liberado el 28 de septiembre del 2023, por cambio de medida cautelar, denunció: “Oaxaca es un Estado fallido en el caso de los presos políticos de Eloxochitlán, y frente a las mujeres indígenas que buscamos justicia por la persecución política y prisión política injusta.”
De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de los presos de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas quien es la parte acusadora en el caso y la actual Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca.
El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión o encarcelados.
En estos nueve años, varios indígenas mazatecos han logrado ganar su libertad al demostrar la fabricación de delitos. En el caso de los perseguidos políticos, han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.
Sin embargo, aún hay cuatro indígenas mazatecos presos: Marcelino Miramón, Alfredo Bolaños, Francisco Durán y Fernando Gavito. Además, hay alrededor de 12 hombres y sus familias desplazadas por la amenaza de las ordenes de aprehensión. En el mismo caso se encuentra Miguel Peralta, expreso político a quién se le revocó su sentencia de libertad en 2023.
De acuerdo con Argelia Betanzos, el Tribunal Superior de Oaxaca, el Gobierno de Oaxaca, el Juzgado de Huatula y el Ministerio Público de Huautla siguen favoreciendo al grupo de Elisa Zepeda Lagunas lo cual ha alargado este proceso por ya casi una década.
Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca. Foto: Karen Castillo.
En la conferencia de prensa, las Mujeres Mazatecas también anunciaron que, este año, elevarán sus demandas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que la institución vigile que el sistema judicial de Oaxaca acate los amparos federales que demuestran la inocencia de todos los presos y perseguidos.
Nueve años de prisión política
En diciembre del 2023, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito cumplieron nueve años en prisión sin sentencia. Ambos fueron detenidos de forma arbitraria el 14 de diciembre del 2014 y acusados por tentativa de homicidio y homicidio. Alfredo Bolaños había sido elegido por usos y costumbres como Presidente Municipal de Eloxochitlán. Franciso Durán ha permanecido 5 años en prisión sin sentencia, fue detenido en 2018, acusado de tentativa de homicidio y por homicidio.
En septiembre del 2023, el Juez de Huautla negó a los 3 hombres la solicitud de cambio de la medida cautelar para poder continuar con el proceso en libertad, un acto violatorio a la Constitución Política Mexicana, la cual establece que la prisión preventiva no puede ser extendida por más de dos años.
Como los testimonios de Elvira Bolaños, hermana del preso político Alfredo Bolaños y el mismo Alfredo, quien participó en la conferencia de prensa por medio de una llamada telefónica, exponen: el cambio de medida cautelar a Alfredo y los demás compañeros no puede ser denegada ya que no hay argumento legal que justifique el encarcelamiento y los presos han comprobado una y otra vez su inocencia.
“Las instituciones de Oaxaca han pisoteado nuestros derechos, han participado en este encarcelamiento, quiero decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise los casos, porque no es posible que el Estado mexicano nos trate de la forma en que nos trata”, dijo Alfredo Bolaños.
El caso de Marcelino Miramón
Presente en la conferencia de prensa estuvo Alejandra García, esposa del preso político Marcelino Miramón, quien fue detenido el 22 de mayo de forma arbitraria acusado por daños.
El Juzgado de Huautla y la Fiscalía de Oaxaca detuvieron a Marcelino Miramón pese a que, en el caso de Fernando Gaspar, otro de los integrantes de la Asamblea Comunitaria encarcelado, se había comprobado que el delito de daños no fue denunciado por la Fiscalía en el tiempo correspondiente, por lo cual el delito ya prescribió. Gaspar se encuentra en libertad.
Después de meses de movilización por familiares y la comunidad de Eloxochitlán, Marcelino Miramón ganó un amparo a nivel federal que determina como ilegal su detención. Ahora, Marcelino espera dentro de prisión a que el recurso de revisión interpuesto por la familia de Elisa Zepeda sea resuelto y por ende se compruebe, una vez más, que no hay delito que perseguir, obteniendo después de más de 7 meses su libertad.
Como Alejandra García dio a conocer, sumamente afligida, sus hijos han tenido que abandonar la escuela para poder mantener a la familia de 10 hijos e hijas y luchar por la libertad de su padre.
“Soy una madre de familia con 10 hijos y apenas puedo mantenerlo, mi hijo de 16 años es el que ha tenido que ayudarme para todo, como por ejemplo juntar el dinero para poder venir a esta conferencia, tengo 25 años viviendo con mi esposo, y nunca había tenido necesidad de salir a la ciudad, y desde que lo detuvieron ahora tengo que ir hasta el reclusorio a verlo”, sostuvo Alejandra García.
Familias desplazas de Eloxochitlán
En la conferencia de prensa estuvieron también mujeres familiares de algunos de los hombres perseguidos políticos desde el 2014 y que actualmente se encuentran en desplazamiento.
Presente estuvo, Marisol Fernández, esposa de Jacob Betanzos, ella relató que, en 2014, tuvieron que huir sin pertenencias y, desde entonces, su familia no ha podido regresar a sus tierras originarias. Marisol relató lo difícil que ha sido el desplazamiento de su familia y permanecer alejados de su comunidad
“Mis hijos tuvieron que dejar su escuela, la más pequeña tenía 6 años, otros 8 años, y el más grande 11 años; no es fácil vivir estos 9 años con el temor de que a mi esposo lo vean y lo encarcelen también”, señaló Marisol Fernández.
Las mujeres mazatecas denunciaron que en Eloxochitlán hay un proceso de etnocidio por el cual se ha obliga a la comunidad a abandonar su forma de vida tradicional y originaria a través de la prisión y persecución política.
Las afectaciones del desplazamiento forzado han sido ampliamente documentadas por organismos como la ONU, el obligar a pueblos originarios a abandonar su territorio es obligarlos a abandonar su forma de vida, organización, cosmovisión y por ende atentar contra el derecho a su existencia.
El ciclo de conferencias magistrales, además de presentarse en Oaxaca, recorrerá el Estado de México y Ciudad de México. Esta jornada es también organizada por la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo-Base México.
La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde aproximadamente 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local. Esta zona, conocida como región frontera, comprende los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Escuintla, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales. Cabe resaltar que la región, cuya población es ampliamente indígena, es históricamente abandonada por el Estado. La zona fronteriza, epicentro de la crisis de violencia actual, alberga a población indígena del pueblo Mam, población mestiza, así como comunidades Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, algunas de ellas descendientes del exilio guatemalteco de los años 80.
El punto de inflexión que destapa la disputa entre grupos criminales en el estado son los hechos ocurridos el 7 de julio de 2021. Ese día fue asesinado Gilberto Rivera, “El Junior”, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada que mantenía el control en el estado, y cuyo homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico.El año 2023 ha tenido varios picos importantes de violencia. Destaca la violencia ocurrida en el mes de mayo, cuando se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, impactando a comunidades vecinas, todas del municipio de Frontera Comalapa. Esto provocó que alrededor de 3,500 personas se desplazaran de manera forzada de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.
A lo largo del año y hasta la fecha, la población civil ha sido tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa. Se cortaron suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas, manteniendo a la población en vilo y zozobra, incomunicada, bajo escasez de alimentos e incluso con la imposibilidad de desplazarse. Además, resulta de gran preocupación el fenómeno de la desaparición. Es difícil documentar en la región fronteriza debido a la escasez de denuncias que deriva tanto de la falta de confianza en las autoridades como del miedo al que está sometida la población. Sin embargo, incluso las cifras oficiales revelan un alza.De acuerdo a la documentación que sirve de fundamento al presente informe, los grupos criminales desarrollan varias estrategias para conseguir el control del territorio. Se documentaron enfrentamientos generalizados y recurrentes, vigilancia permanente, ocupación física de parcelas privadas que incluso vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras; entre otras. De igual manera, los grupos se abocan al control de la población : a través de acciones que buscan fomentar la aceptación social, con estrategias de persuasión, pero también con violencia por ejemplo el reclutamiento forzado.
La “economía del conflicto” que se ha instalado en la zona incluye el despojo de la población, el aumento de las extorsiones, el cierre de negocios, la explotación sexual de niñas y mujeres; con impactos económicos, sociales y psicológicos importantes. De manera general, las personas que viven en la zona ven su vida cotidiana afectadas en casi todos sus aspectos, sin que siempre sea fácil identificar los motivos de los grupos presentes.
A nivel institucional, aparece que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles, entre otras. El control de estas instituciones es no obstante ambivalente, y según el grupo y el estado del conflicto en la zona puede pasar de cooptación y financiación a casos donde las instituciones deban permanecer cerradas o abiertas a pesar de que haya enfrentamientos.
Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas
Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos.
Las consecuencias del terror, del control de los cuerpos, mentes y territorios son terribles para la población. Miles de personas se han visto obligados a desplazarse, sin que sea posible documentar con precisión cuantas y con que destino. Sin embargo, podemos afirmar que la combinación de las violencias físicas, económicas, psicológicas y sexuales han arrojado al desplazamiento forzado interno a al menos 7,500 personas en la región entre el mes de junio del año 2021 y noviembre del 2023. En algunas comunidades se habla del 15% de su población total desplazada de manera forzada. Estas formas de control y de infiltración también debilitan y fragmentan a las organizaciones sociales y campesinas, destruyendo y manipulando las dinámicas de toma de decisiones y de sanciones internas y, en última instancia, erosionando el sentido profundo de la vida comunitaria.
Las prácticas de los grupos de la delincuencia organizada en la región frontera de Chiapas producen una situación generalizada de violaciones graves de derechos humanos cuyas implicaciones atentan contra el sentido más básico de protección humanitaria. La evaluación de estos impactos puede ser problemática a primera vista en la medida en que no son agentes estatales quienes están violentando directamente los derechos humanos. A su vez, de momento no hay un reconocimiento oficial de la existencia de un conflicto armado interno (o Conflicto Armado no Internacional) en la zona. Sin embargo, sí existen grupos armados con la capacidad para generar graves impactos a la vida, la dignidad y la integridad personal de todos sus habitantes, quienes no forman parte del conflicto y cuya protección sí es responsabilidad del Estado.
Ante este panorama, las formas de intervención estatal han sido ante todo de omisión, aquiescencia y en algunos casos de colaboración. Ante la indefensión generalizada derivada de la disputa territorial entre los grupos de la delincuencia organizada, la población en repetidas ocasiones ha reclamado la urgente intervención del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. En contraste, ha sido a su vez la inacción y connivencia por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad del estado lo que ha llevado a que haya demandas por parte de la población civil exigiendo su retirada de ciertos lugares.
De hecho, en toda la región fronteriza asolada por el conflicto armado, la delincuencia organizada interactúa con funcionarios del gobierno conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que “todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”.
Una mujer kurda llora en el funeral de las víctimas asesinadas durante el bombardeo y la invasión turca de Serê Kaniyê en 2019. A muchos ahora les preocupa que el proceso se repita en otras partes de Rojava tras el actual bombardeo.
El régimen de Erdoğan en Turquía ha continuado su reinado de terror en la región kurda de Rojava, gobernada por la DAANES (Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria). La letanía de crímenes de guerra semanales de Ankara durante los últimos meses incluye bombardeos, ataques aéreos y ataques con drones incesantes en una amplia gama de sitios civiles. Para comprender el razonamiento detrás de su terror aéreo, sólo hay que mirar la historia reciente y los objetivos de política exterior neo-otomanista de Turquía en lo que respecta a las zonas kurdas del norte de Siria.
Por ejemplo, el ejército turco ya se ha anexado grandes extensiones de territorios kurdos en la región, incluida la utilización de sus aliados mercenarios yihadistas para ocupar Afrin en 2018 y Serê Kaniyê y Girê Spi en 2019. Ambas invasiones limpiaron étnicamente las regiones de kurdos en más del 80%, lo que resulta en cerca de un millón de personas desplazadas internamente.
En octubre de 2023, cuando comenzaron los bombardeos a niveles sin precedentes, los campos de refugiados de desplazados internos también fueron atacados, provocando terror e incertidumbre masivos. Pero esto también coincide con el manual anterior de Turquía, que es sembrar miedo entre los civiles kurdos con la esperanza de que huyan de la región. Desde octubre, Turquía ha iniciado una ronda integral de bombardeos repetidos contra infraestructuras esenciales como estaciones de agua, gas y electricidad . El objetivo es desplazar a los civiles, provocar un éxodo masivo y crear condiciones que hagan la vida insoportable en la región.
En las últimas 72 horas, varias aldeas y localidades civiles, incluidos graneros y depósitos de alimentos, han sido blanco de ataques aéreos turcos. Como resultado, periodistas, activistas y civiles de toda la región compartieron imágenes horripilantes de civiles heridos, almacenes destruidos y repetidos ataques a lugares no militares, incluida la política ilegal de doble toque de volver a atacar un sitio que había sido atacado previamente mientras los equipos de emergencia se apresuraban a apagar los incendios y tratar a los heridos.
En la aldea de Karbatli, en el distrito de Darbasiyah, la casa familiar de un civil llamado Khaled Heso fue bombardeada, lo que provocó que sus hijos Rojan y Jan, así como su esposa Ahlam, resultaran heridos. Mientras tanto, el periodista kurdo Hoshang Hassan publicó imágenes exclusivas de los bombardeos turcos contra las centrales eléctricas de Amuda, demostrando que Turquía está más interesada en arrasar las condiciones de vida: alimentos, agua, electricidad y refugio (viviendas).
El Centro de Información de Rojava (RIC) publicó un vídeo exclusivo que detalla los bombardeos turcos desde octubre, destacando los repetidos ataques contra civiles y sus tierras, hogares y propiedades con los bombardeos. Durante el período navideño, se produjo otra ronda de bombardeos masivos, en los que los ataques aéreos turcos alcanzaron una serie de infraestructuras civiles, incluidas fábricas, centros médicos, almacenes y más. En la cascada más reciente de ataques no provocados, 11 civiles murieron y decenas más resultaron heridos.
Asunto: Situación de violencia en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala
Estimados Señores y Señoras,
Reciban un cordial saludo del Movimiento Sueco para la Reconciliación – SweFOR y del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ).
SweFOR es una organización sueca de carácter ecuménico creada en el 1919 que lleva más de 20 años de presencia en el Estado de Chiapas. El objetivo de SweFOR en México es brindar acompañamiento integral a personas defensoras de derechos humanos con el fin de procurar garantía de protección a su trabajo.
SIPAZ, como organización internacional sin fines de lucro con presencia permanente en México desde 1995, trabaja para la disuasión y prevención de la violencia socio-política, la transformación positiva de los conflictos y el respeto de los derechos humanos en Chiapas y, de forma puntual, en Oaxaca y Guerrero.
Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de violencia armada que se extiende en la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala desde el año 2021 y por su impacto sobre la población civil y las personas defensoras de derechos humanos.
Desde el año 2021, el estado de Chiapas se encuentra asolado por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que se ha recrudecido de manera particularmente violenta en la región de la frontera con Guatemala, que comprende municipios de la Meseta Comiteca – Tojolabal y de la Sierra Mariscal. Según información reportada por organizaciones con acceso a la región afectada, esta confrontación está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población
Desde SweFOR, este panorama de violencia nos preocupa por el estado de indefensión en que se encuentra la población civil, pero también por la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Hemos recibido información procedente de la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala de casos de asesinato, tortura y desaparición de personas defensoras que ejercían actividades de defensa – denunciando la vulneración de los derechos de la población civil, o negándose a sostener uno o el otro contendiente -, y cuya perpetración parece tener propósitos ejemplarizantes. Ello ha llevado a diversas personas defensoras de derechos humanos a buscar refugio lejos de sus comunidades de origen y a suspender sus actividades de defensa de los derechos humanos.
Entre las personas defensoras que han sido objeto de violencia en la zona fronteriza se cuentan defensores comunitarios, servidores de la Iglesia Católica, autoridades comunitarias y funcionarios públicos.
Nos inquieta que, según las organizaciones presentes en la región, este escenario se estaría desarrollando ante la inacción de las autoridades, siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia.
Cabe resaltar que Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, contando en junio de 2022 con el despliegue de un total de 17 mil 160 elementos de la SEDENA y de la Guardia Nacional, según datos de la SEDENA.
El aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, y nos preocupa que ante ello no se estén implementando mecanismos de protección.
Por la extrema alarma que debería suscitar la situación descrita, llamamos a las autoridades nacionales y a las instancias internacionales que actúen con celeridad para poner fin a la situación de violencia en la zona de la frontera entre Chiapas y Guatemala, y a la protección y garantía de los derechos de la población, incluyendo las personas defensoras de derechos humanos..
