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Al igual que la masacre de migrantes de San Fernando y Camargo, Tamaulipas, México, en los años 2010 y 2021, respectivamente, y la volcadura de un tráiler en Chiapas hace seis meses con 53 migrantes fallecidos, la historia se vuelve a repetir. En los Estados Unidos fueron hallados 53 migrantes muertos en el remolque de un tráiler abandonado.
El tema del tráfico de migrantes volvió a acaparar los medios internacionales. El pasado 27 de junio, en otro tráiler, ahora en San Antonio, Texas, fueron encontradas 64 personas, de las cuales, “al menos 53 fallecieron”, según el departamento de justicia estadounidense. Cuatro menores permanecen hospitalizados.
Los oficiales del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) informaron a los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que llegaron a la ubicación del camión después de recibir llamadas al 911 de ciudadanos preocupados por llamados de auxilio que escucharon al interior del vehículo.
Según las autoridades de la Unión Americana, la Patrulla Fronteriza del Sector de Laredo proporcionó a los agentes de HSI imágenes de vigilancia del camión cruzando un puesto de control de inmigración. Actualmente cuatro personas han sido detenidas al estar involucradas en el tráfico de estas personas, incluyendo el conductor. Los detenidos podrían pagar “con cadena perpetua o pena de muerte”, según el departamento de los Estados Unidos.
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Hace tres años fue creada la Guardia Nacional (GN) en México. Desde entonces se ha desplegado esta fuerza militar hacia a las fronteras norte y sur de México con fines de control migratorio.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en julio de 2019, una acción de inconstitucionalidad respecto a la Ley de la Guardia Nacional. La Comisión señala diversas disposiciones de la referida ley que son contrarias a los derechos humanos. Sin embargo, a tres años, la SCJN continúa sin resolverla.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el órgano judicial debe resolver a la brevedad la acción de inconstitucionalidad.
En este contexto, el Centro Prodh, en conjunto con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, presentó el 14 de junio a la SCJN un amicus curiae sobre los riesgos de militarizar la política migratoria.
Amicus curiae es una expresión latina que significa “amigos de la corte”. Son presentaciones de terceros ajenos a una disputa jurídica; el objetivo es que aporten a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio de manera a colaborar con el Tribunal en la resolución del litigio.
El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado. De acuerdo con las organizaciones, la SCJN debe considerar que la GN ha generado violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional.
El documento comparte con la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a los derechos humanos de personas cometidas por esta institución, que posee más del 80% de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos.
En particular, se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur, incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias.
Control migratorio
Desde su creación, la GN fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras. En febrero de 2022, de 99,946 elementos desplegados en México, 15,822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9,298 elementos en estados de la frontera sur, de acuerdo con un comunicado del Centro Prodh.
A lo anterior se suma el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión al interior del país, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos. Además de haberle sido asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias del país, en las que las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.
“En el contexto de profundización de la militarización que vivimos y que ha sido señalada con preocupación por diversos organismos internacionales, y ante la documentación de múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional en el ámbito migratorio, es esencial el escrutinio judicial del marco legal que faculta a dicha institución en materia de control y revisión migratoria, lo que debería implicar la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones referidas”, señalan las organizaciones.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
9 de junio de 2022 Nota informativa
Brigadas Civiles de Observación en el municipio de Salto de Agua, Chiapas
• Documentarán violaciones a derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos en el contexto migratorio.
Las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) iniciaron trabajos de documentación de derechos humanos en el albergue Casa Betania Santa Martha, refugio de tránsito que proporciona desde hace más de 10 años alojamiento, comida y servicios básicos de salud a las personas en tránsito en Salto de Agua Chiapas, cuya administración esta a cargo de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo y Sacerdotes del Verbo Divino, con el apoyo de voluntarias y voluntarios para el trabajo por los derechos humanos de las personas en movilidad y tránsito.
La presencia de la observación internacional tiene como objetivo monitorear posibles violaciones a derechos humanos contra las personas integrantes del albergue. El municipio de Salto de Agua es estación para muchas personas migrantes que pasan por nuestro país en la digna búsqueda de una vida mejor.
Las BriCO es un programa implementado desde hace 27 años en diferentes comunidades de pueblos originarios en Chiapas. La observación de derechos humanos se encuentra estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano.
Antecedentes: el 12 de octubre del 2021, el albergue Casa Betania Santa Martha realizó un llamamiento a la solidaridad internacional debido al allanamiento realizado por un grupo de personas armadas que se presentaron como “fiscalía” bajo el pretexto de la búsqueda de una menor de edad. Durante ese hecho el personal fue obligado a entregar información digital de los servidores electrónicos. Esta fue la tercera ocasión, otros dos intentos se dio entre junio y julio 2019, cuando individuos desconocidos intentaron entrar al albergue bajo el mismo argumento. Estos hechos se dan mientras otras organizaciones defensoras de personas migrantes en la frontera sur de México, en particular en Chiapas y Tabasco, también han sido amenazadas de muerte, hostigadas y agredidas por su labor ante el incremento de los flujos migratorios en la región.
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Miles de personas migrantes salieron este lunes (6) de Tapachula, para solicitar visas humanitarias para transitar libremente por México durante un año. De acuerdo a la documentación de organizaciones, se trata de la octava caravana que sale desde el Soconusco en Chiapas, sólo este 2022 y quizá la más numerosa.
García Villagrán, defensor de los derechos humanos que acompaña la organización de la caravana, considera que más de 15 mil migrantes caminan en ella, “y se va anexando la gente; es necesario que esta crisis humanitaria se atienda conforme a la ley con visas humanitarias inmediatamente a todos y cada uno”.
Exigen, además del acceso a procedimientos migratorios, un trato digno de las autoridades. “Sí se puede”, se escuchó al unísono, cuando cruzaron por un cerco de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) en la salida a la carretera a Huixtla que, de otro modo, no hubiesen podido cruzar.
Salieron alrededor de las 6hrs del lunes del Parque Bicentenario, bajo una lluvia leve y constante. Caminaron 14 kilómetros hasta la comunidad Álvaro Obregón donde nuevamente llovió por la noche.
Comunidades religiosas y organizaciones de derechos humanos brindaron agua y algunos alimentos. Hay familias que decidieron comprar arroz y pasta para preparar en la calle. Mientras, la Guardia Nacional los vigila de lejos.
Este mismo lunes, en la estación migratoria Siglo 21, personas de distintas nacionalidades se amotinaron y se subieron a los techos del espacio dependiente del INM para pedir libertad, lo que provocó la presencia militar.
Villagrán espera que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atienda personalmente a los miles de migrantes que se dirigen al norte del país y que planean una visita a Palacio Nacional.
Visa humanitaria por un año
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano declaró acción urgente. “Ante la falta de vías para la regularización migratoria y acceso a refugio, salió un grupo”, el cual está integrado principalmente de familias, incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como personas LBTIQ+ y con discapacidad. Villagrán agregó que también hay mujeres embarazadas.
Las organizaciones que integran el Colectivo continúan la documentación del grupo que este martes (7) caminó rumbo a Huixtla. “Hacemos un llamado a las autoridades a garantizar protección y evitar el uso injustificado de la fuerza”.
Este martes, nuevamente el calor y la humedad provocaron que algunos se adelantaran, otros pidieron aventón a los camiones, tráileres y vehículos de particulares; pero algunos se quedaron en el camino.
La asistencia médica también la otorgan las organizaciones. Las infancias son las más afectadas por la insolación y la deshidratación.
Irineo Mujica, de Pueblos sin Frontera, responsabilizó a la autoridad migratoria de que los extranjeros busquen salir en masa de la ciudad fronteriza. Asimismo, señaló la corrupción que existe al interior del INM, “tenemos un gobierno que ha perdido la cordura, perseguir a las personas migrantes”.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene citas hasta agosto y la oficina de regulación hasta finales de septiembre, por lo que temen la cantidad de personas que podrían estar varados y contenidos en Tapachula para esa fecha.
La mayoría de ellos se encuentran en situación de calle, pues los albergues y refugios también se encuentran hacinados. Buscan plazas y parques para acampar y pasar la noche, “o se mueren de hambre o se mueren de tanto odio que hay en Tapachula”, dijo Villagrán.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
2 de junio, 2022
Pronunciamiento conjunto
Nos unimos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México
Con el objetivo de sumar esfuerzos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México, este 1 y 2 de junio se realizó el Encuentro 2022: Construyendo en Colectivo Caminos hacia la Paz con Justicia. En este espacio de convergencia participamos el Servicio Civil para la Paz (Ziviler Friedensdienst) de Pan para el Mundo (Brot für die Welt) de Alemania y sus contrapartes: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Aluna Acompañamiento Psicosocial, la Universidad de la Tierra Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, CODIGO DH, así como Serapaz.
Uno de los elementos centrales de preocupación de las organizaciones firmantes es el grave panorama de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Chiapas, frente a un contexto complejo donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico, actúan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
En este sentido, manifestamos nuestra solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; destacamos su labor para la construcción de la paz en un escenario de constante asedio para las personas defensoras de derechos humanos.
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En portada: Integrantes de la XVI Caravana de Movimiento Migrante Mesoamericano rindieron homenaje por los 56 migrantes fallecidos en Chiapas durante volcadura de trailer y protestaron contra las políticas migratorias en México.
Lilian Korina Ramos Mata desapareció hace cinco años. Tomó una mochila y partió de El Salvador rumbo a Estados Unidos para ganar dinero y mejorar la vida de su hijo y de su madre Rosa Edith Mata, quien ahora integra la XVI Caravana de Movimiento Migrante Mesoamericano en busca de migrantes desaparecidos en territorio mexicano.
Es el segundo año que Rosa participa. En 2019 también hizo el recorrido, pero después se suspendieron las actividades presenciales por la alerta sanitaria del Covid-19 y el cierre de las fronteras en varios países de América. (Continuar leyendo…)
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En portada: Tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.
Después de una jornada de protestas y represión, alrededor de 30 personas, en su mayoría mujeres y niños triquis, pertenecientes a familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, aún se encuentran cercados por policías antimotines de la CDMX.
“No hemos comido, no hemos hecho nada de nuestras necesidades, nosotros exigimos en este momento salir del lugar que estamos porque ahorita seguimos secuestrados por los granaderos”, denuncia una mujer triqui mediante video.
A más de 20 horas del encapsulamiento y represión por parte de cuerpo policiales, la comunidad triqui, otomi e integrante de la Caravana por el Agua y la Vida, piden libre tránsito, más información en el video.
“Ahorita no tenemos acceso a nada. Acá afuera nosotros tenemos a los granaderos, mas de 300 granaderos en contra de 30 personas”, señala la mujer triqui sobre las condiciones en que se encuentran las personas, en su mayoría mujeres y niños, retenidas al norte de la ciudad, cercadas por aproximadamente 1,000 policías.
Las personas agredidas mantenían un campamento en el centro de la CDMX, desde donde protestaban para exigir el retorno seguro a su comunidad, en la mixteca oaxaqueña, tras haber sido desplazadas por un grupo paramilitar.
Sin respuesta y tras 15 meses de permanecer en la ciudad, fueron desalojad@s la madrugada del lunes (25), sin previo aviso y mediante un operativo con cientos de policías.
Desalojo
De acuerdo al gobierno de la CDMX, el desalojo de la comunidad triqui derivó de una queja anónima por las condiciones de insalubridad del sitio.
Poco después de la medianoche del lunes (25), cientos de policías cercaron el campamento de las familias triqui. Al mismo tiempo, personal de limpieza de la ciudad desarmó el campamento y arrojó las pertenencias de las personas a camiones de basura.
En el lugar también se apersonaron funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), quienes de acuerdo a testimonios presionaron y amenazaron a las mujeres para trasladarse a un albergue improvisado por el gobierno de la ciudad.
Después del desalojo, policías antimotines retuvieron durante horas a las mujeres triqui, quienes rechazaban trasladarse al refugio en una colonia al norte de la ciudad.
Según la versión oficial, el espacio ofrecido cuenta con dormitorio, baños y servicios médicos y para niños. No obstante, acorde a registros y denuncias de las familias desplazadas, el “albergue” consiste en un estacionamiento cubierto parcialmente con una carpa y catres en condiciones insalubres y denigrantes.
Fotos por CDH Zeferino Ladrillero
Por ello, durante la tarde del martes (26), las mujeres triqui protestaron, rompieron la cerca y salieron para cerrar una avenida cercana, para con ello protestar por el desalojo y las precarias condiciones en que se encontraban.
Protestas
La respuesta policiaca no se hizo esperar. En un instante, elementos antimotines “encapsularon” -como se conoce a la estrategia policial de bloquear el libre tránsito de las manifestaciones- a un grupo de aproximadamente 50 personas que participaban de la protesta.
Por horas, l@s manifestantes permanecieron retenidos. Hasta el lugar se unieron integrantes de organizaciones sociales en solidaridad con las familias triquis. Integrantes de la Sección 9 de la CNTE, así como de la Caravana por el Agua y la Vida, así como estudiantes hicieron acto de presencia para apoyar la manifestación.
Tras el refuerzo, l@s manifestantes consiguieron romper el cerco, con lo cual tomaron rumbo hacia el Zócalo. Sin embargo, el despliegue de cientos de policías consiguió cercar de nuevo a las personas y cortar su paso hacia el centro de la ciudad.
Foto por Radio Zapote
De acuerdo a un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena, alrededor de las 8 de la noche, el encapsulamiento de los antinmotines mantenía retenid@s alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México.
El documento señala que en ese momento la movilización fue reprimida “generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s”.
Foto Juan Rulfo
Hasta ese momento, detalla el comunicado, se registraron dos encapsulamientos “ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath”.
Según información de la comunidad otomí residente en la CDMX, quienes se sumaron a las movilizaciones, las familias triquis se refugiaron en una unidad habitacional de la colonia Valle Gómez para no regresar al “albergue” improvisado por la ciudad. En aquel momento de la madrugada se mantenía el cerco policiaco.
Después de 12hrs reportan en transmisión a las 2:30am que se han reunido con el grupo que se refugió en una unidad habitacional pues se niegan a regresar al supuesto albergue, la #comunidadotomi espera regresar a la casa de los pueblos Samir Flores.
La mañana de este martes (26), tanto en la ciudad de Oaxaca como en la CDMX, se registraron diversas movilizaciones en solidaridad con las familias triqui desplazadas, desalojadas y perseguidas.
En la CDMX se movilizan en el Ayuntamiento de la ciudad para manifestarse contra la brutal represión a los pueblos originarios. Al cierre de esta edición, tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.
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Alrededor de las 8 de la noche el encapsulamiento que sostenía la policía de la Ciudad de México sobre alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México, en la Alcandía de Venustiano Carranza, comenzó a ser reprimido por los cuerpos policiacos, generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s.
La madrugada de este día fue desalojado el plantón que sostenían familias en situación de desplazamiento forzado de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, quienes fueron llevados a un “albergue” en condiciones insalubres en la Alcaldía Venustiano Carranza.
En solidaridad con el plantón acudieron alrededor de 40 compañer@s que regresaban a sus sitios de origen después de haber realizado La Caravana por la Vida. Sin embargo desde las 12 del día, fueron privados de su libertad las familias de desplazados triquis junto con la comisión de la Caravana por la Vida al impedirles la policía salir de la calle donde se encuentra el albergue, sin explicar razón alguna del porque esta medida, ni tratar de entablar diálogo alguno.
Se sabe hasta ahora que son dos encapsulamientos ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath.
Llamamos a todas nuestras hermanas y hermanos a la solidaridad, difusión y condena de estos hechos.
Exigimos al gobierno de Claudia Sheinbum y Andrés Manuel López Obrador:
1. Cese inmediato del encapsulamiento hecho a nuestras hermanas y hermanos en la Delegación Venustiano Carranza.
2. Aparición del niño triqui Samuel y garantizar la integridad física, psicológica y mental de todas las personas que se encontraban en el albergue
3. Castigo a los responsables de los operativos realizados contra la comunidad triqui y Caravana por la Vida
4. Solución del conflicto de desplazamiento de la comunidad triqui de Tierra Blanca, Copala.
25 abril de 2022
NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS
COMISION DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
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Por Jeny Pascacio
Personas en movilidad humana que buscan regularizarse bajo las leyes migratorias de México se enfrentaron el martes (22) contra elementos de la Guardia Nacional en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas, frontera entre México y Guatemala.
Desde hace varias semanas, las protestas contra las autoridades migratorias han puesto los ojos del mundo, de nueva cuenta, en la frontera sur de México. De manera pacífica, incluso costurándose los labios, son las formas en que pidieron solución a sus trámites.
Pero este martes la desesperación los invadió. Encontraron sus documentos tirados como basura a las afueras de las oficinas de regulación migratoria, situación que desató inconformidad, luego empujones, rompieron el cerco de seguridad y, después, comenzó la trifulca.
Elementos de la Guardia Nacional con equipos antimotines intentaron intimidar a la turba enardecida de personas de origen haitiano y africano. Lanzaron piedras a los uniformados, mientras éstos respondieron con gas lacrimógeno.
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Por Jeny Pascacio
Migrantes originarios de Venezuela representan más del 50% de las personas contenidas en Tapachula, Chiapas, por arriba de la presencia de centroamericanos y haitianos, consideró el Centro de Dignificación Humana.
La violencia vivida en Venezuela provoca la movilidad de personas de forma masiva, pero sus necesidades de protección internacional no son respetadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), explicó el fundador del Centro, Luis García Villagrán.
En el 2020, la estadística de la Unidad de Política Migratoria registró a 183 personas originarias de Venezuela presentadas ante el INM; mientras el 2021 cerró con 2,552.
Desde inicios de ese 2022, venezolanos, centroamericanos, haitianos y africanos realizan manifestaciones en Tapachula para exigir atención a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM.
Pero las autoridades no proporcionan información oportuna ni a los extranjeros solicitantes de refugio, a pesar de los llamados internacionales para respetar el derecho de protección internacional.
La oficina de regulación no tiene atención constante y la Comar proporciona citas hasta tres meses después de la solicitud. Espera que se hace eterna por la falta de recursos y oportunidades laborales para sobrevivir.
Para García Villagrán son graves las ‘ilegalidades’ en las que incurren las autoridades migratorias desde el momento de dar solamente dos opciones de regularización cuando existen 26: a través de un vínculo familiar o el refugio. “Nos sustentamos en el sistema electrónico de trámites migratorios que da la certeza de lo que estamos diciendo, actualmente en Tapachula solo son atendidos entre 30 y 50 migrantes a diario, cuando esa oficina tiene capacidad para atender hasta mil personas al día”.
La situación impera en la frontera sur de Chiapas con Guatemala a pesar de los cambios de titulares en el INM, como el caso de Paola Rojas Rodas, que tras su llegada, continúa con la política de contención con agravantes sobre la criminalización y la militarización.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana, no existe vigilancia en la frontera de Suchiate, México, con Tecún Umán, Guatemala; dejan entrar a todas las personas migrantes, “y en Tapachula se forma el nudo humano como parte de un acuerdo político de los tres niveles de gobierno y dependencias involucradas en el fenómeno migratorio”.
A las organizaciones les preocupa que la mayoría de las personas en movilidad, varios menores de edad entre ellas, contenidas en Tapachula, enfrentan abandono, encarcelamiento, detenciones arbitrarias, violencia, xenofobia, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Asimismo que estas personas no tienen derecho a la salud y actualmente padecen un bombardeo mediático para criminalizar a los diferentes grupos que buscan mejores condiciones de vida.
Organizaciones aliadas al Centro de Dignificación Humana, como Pueblo sin Fronteras, acompañan a más de mil personas en movilidad para interponer amparos ante jueces federales; y prevén la salida de una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas.
