San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
2 de junio, 2022
Pronunciamiento conjunto
Nos unimos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México
Con el objetivo de sumar esfuerzos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México, este 1 y 2 de junio se realizó el Encuentro 2022: Construyendo en Colectivo Caminos hacia la Paz con Justicia. En este espacio de convergencia participamos el Servicio Civil para la Paz (Ziviler Friedensdienst) de Pan para el Mundo (Brot für die Welt) de Alemania y sus contrapartes: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Aluna Acompañamiento Psicosocial, la Universidad de la Tierra Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, CODIGO DH, así como Serapaz.
Uno de los elementos centrales de preocupación de las organizaciones firmantes es el grave panorama de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Chiapas, frente a un contexto complejo donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico, actúan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
En este sentido, manifestamos nuestra solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; destacamos su labor para la construcción de la paz en un escenario de constante asedio para las personas defensoras de derechos humanos.
En portada: Integrantes de la XVI Caravana de Movimiento Migrante Mesoamericano rindieron homenaje por los 56 migrantes fallecidos en Chiapas durante volcadura de trailer y protestaron contra las políticas migratorias en México.
Lilian Korina Ramos Mata desapareció hace cinco años. Tomó una mochila y partió de El Salvador rumbo a Estados Unidos para ganar dinero y mejorar la vida de su hijo y de su madre Rosa Edith Mata, quien ahora integra la XVI Caravana de Movimiento Migrante Mesoamericano en busca de migrantes desaparecidos en territorio mexicano.
Es el segundo año que Rosa participa. En 2019 también hizo el recorrido, pero después se suspendieron las actividades presenciales por la alerta sanitaria del Covid-19 y el cierre de las fronteras en varios países de América. (Continuar leyendo…)
En portada: Tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.
Después de una jornada de protestas y represión, alrededor de 30 personas, en su mayoría mujeres y niños triquis, pertenecientes a familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, aún se encuentran cercados por policías antimotines de la CDMX.
“No hemos comido, no hemos hecho nada de nuestras necesidades, nosotros exigimos en este momento salir del lugar que estamos porque ahorita seguimos secuestrados por los granaderos”, denuncia una mujer triqui mediante video.
A más de 20 horas del encapsulamiento y represión por parte de cuerpo policiales, la comunidad triqui, otomi e integrante de la Caravana por el Agua y la Vida, piden libre tránsito, más información en el video.
“Ahorita no tenemos acceso a nada. Acá afuera nosotros tenemos a los granaderos, mas de 300 granaderos en contra de 30 personas”, señala la mujer triqui sobre las condiciones en que se encuentran las personas, en su mayoría mujeres y niños, retenidas al norte de la ciudad, cercadas por aproximadamente 1,000 policías.
Las personas agredidas mantenían un campamento en el centro de la CDMX, desde donde protestaban para exigir el retorno seguro a su comunidad, en la mixteca oaxaqueña, tras haber sido desplazadas por un grupo paramilitar.
Sin respuesta y tras 15 meses de permanecer en la ciudad, fueron desalojad@s la madrugada del lunes (25), sin previo aviso y mediante un operativo con cientos de policías.
Desalojo
De acuerdo al gobierno de la CDMX, el desalojo de la comunidad triqui derivó de una queja anónima por las condiciones de insalubridad del sitio.
Poco después de la medianoche del lunes (25), cientos de policías cercaron el campamento de las familias triqui. Al mismo tiempo, personal de limpieza de la ciudad desarmó el campamento y arrojó las pertenencias de las personas a camiones de basura.
En el lugar también se apersonaron funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), quienes de acuerdo a testimonios presionaron y amenazaron a las mujeres para trasladarse a un albergue improvisado por el gobierno de la ciudad.
Después del desalojo, policías antimotines retuvieron durante horas a las mujeres triqui, quienes rechazaban trasladarse al refugio en una colonia al norte de la ciudad.
Según la versión oficial, el espacio ofrecido cuenta con dormitorio, baños y servicios médicos y para niños. No obstante, acorde a registros y denuncias de las familias desplazadas, el “albergue” consiste en un estacionamiento cubierto parcialmente con una carpa y catres en condiciones insalubres y denigrantes.
Fotos por CDH Zeferino Ladrillero
Por ello, durante la tarde del martes (26), las mujeres triqui protestaron, rompieron la cerca y salieron para cerrar una avenida cercana, para con ello protestar por el desalojo y las precarias condiciones en que se encontraban.
Protestas
La respuesta policiaca no se hizo esperar. En un instante, elementos antimotines “encapsularon” -como se conoce a la estrategia policial de bloquear el libre tránsito de las manifestaciones- a un grupo de aproximadamente 50 personas que participaban de la protesta.
Por horas, l@s manifestantes permanecieron retenidos. Hasta el lugar se unieron integrantes de organizaciones sociales en solidaridad con las familias triquis. Integrantes de la Sección 9 de la CNTE, así como de la Caravana por el Agua y la Vida, así como estudiantes hicieron acto de presencia para apoyar la manifestación.
Tras el refuerzo, l@s manifestantes consiguieron romper el cerco, con lo cual tomaron rumbo hacia el Zócalo. Sin embargo, el despliegue de cientos de policías consiguió cercar de nuevo a las personas y cortar su paso hacia el centro de la ciudad.
Foto por Radio Zapote
De acuerdo a un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena, alrededor de las 8 de la noche, el encapsulamiento de los antinmotines mantenía retenid@s alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México.
El documento señala que en ese momento la movilización fue reprimida “generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s”.
Foto Juan Rulfo
Hasta ese momento, detalla el comunicado, se registraron dos encapsulamientos “ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath”.
Según información de la comunidad otomí residente en la CDMX, quienes se sumaron a las movilizaciones, las familias triquis se refugiaron en una unidad habitacional de la colonia Valle Gómez para no regresar al “albergue” improvisado por la ciudad. En aquel momento de la madrugada se mantenía el cerco policiaco.
Después de 12hrs reportan en transmisión a las 2:30am que se han reunido con el grupo que se refugió en una unidad habitacional pues se niegan a regresar al supuesto albergue, la #comunidadotomi espera regresar a la casa de los pueblos Samir Flores.
La mañana de este martes (26), tanto en la ciudad de Oaxaca como en la CDMX, se registraron diversas movilizaciones en solidaridad con las familias triqui desplazadas, desalojadas y perseguidas.
En la CDMX se movilizan en el Ayuntamiento de la ciudad para manifestarse contra la brutal represión a los pueblos originarios. Al cierre de esta edición, tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.
Alrededor de las 8 de la noche el encapsulamiento que sostenía la policía de la Ciudad de México sobre alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México, en la Alcandía de Venustiano Carranza, comenzó a ser reprimido por los cuerpos policiacos, generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s.
La madrugada de este día fue desalojado el plantón que sostenían familias en situación de desplazamiento forzado de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, quienes fueron llevados a un “albergue” en condiciones insalubres en la Alcaldía Venustiano Carranza.
En solidaridad con el plantón acudieron alrededor de 40 compañer@s que regresaban a sus sitios de origen después de haber realizado La Caravana por la Vida. Sin embargo desde las 12 del día, fueron privados de su libertad las familias de desplazados triquis junto con la comisión de la Caravana por la Vida al impedirles la policía salir de la calle donde se encuentra el albergue, sin explicar razón alguna del porque esta medida, ni tratar de entablar diálogo alguno.
Se sabe hasta ahora que son dos encapsulamientos ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath.
Llamamos a todas nuestras hermanas y hermanos a la solidaridad, difusión y condena de estos hechos.
Exigimos al gobierno de Claudia Sheinbum y Andrés Manuel López Obrador:
1. Cese inmediato del encapsulamiento hecho a nuestras hermanas y hermanos en la Delegación Venustiano Carranza.
2. Aparición del niño triqui Samuel y garantizar la integridad física, psicológica y mental de todas las personas que se encontraban en el albergue
3. Castigo a los responsables de los operativos realizados contra la comunidad triqui y Caravana por la Vida
4. Solución del conflicto de desplazamiento de la comunidad triqui de Tierra Blanca, Copala.
25 abril de 2022
NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS
COMISION DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
Personas en movilidad humana que buscan regularizarse bajo las leyes migratorias de México se enfrentaron el martes (22) contra elementos de la Guardia Nacional en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas, frontera entre México y Guatemala.
Desde hace varias semanas, las protestas contra las autoridades migratorias han puesto los ojos del mundo, de nueva cuenta, en la frontera sur de México. De manera pacífica, incluso costurándose los labios, son las formas en que pidieron solución a sus trámites.
Pero este martes la desesperación los invadió. Encontraron sus documentos tirados como basura a las afueras de las oficinas de regulación migratoria, situación que desató inconformidad, luego empujones, rompieron el cerco de seguridad y, después, comenzó la trifulca.
Elementos de la Guardia Nacional con equipos antimotines intentaron intimidar a la turba enardecida de personas de origen haitiano y africano. Lanzaron piedras a los uniformados, mientras éstos respondieron con gas lacrimógeno.
Migrantes originarios de Venezuela representan más del 50% de las personas contenidas en Tapachula, Chiapas, por arriba de la presencia de centroamericanos y haitianos, consideró el Centro de Dignificación Humana.
La violencia vivida en Venezuela provoca la movilidad de personas de forma masiva, pero sus necesidades de protección internacional no son respetadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), explicó el fundador del Centro, Luis García Villagrán.
En el 2020, la estadística de la Unidad de Política Migratoria registró a 183 personas originarias de Venezuela presentadas ante el INM; mientras el 2021 cerró con 2,552.
Desde inicios de ese 2022, venezolanos, centroamericanos, haitianos y africanos realizan manifestaciones en Tapachula para exigir atención a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM.
Pero las autoridades no proporcionan información oportuna ni a los extranjeros solicitantes de refugio, a pesar de los llamados internacionales para respetar el derecho de protección internacional.
La oficina de regulación no tiene atención constante y la Comar proporciona citas hasta tres meses después de la solicitud. Espera que se hace eterna por la falta de recursos y oportunidades laborales para sobrevivir.
Para García Villagrán son graves las ‘ilegalidades’ en las que incurren las autoridades migratorias desde el momento de dar solamente dos opciones de regularización cuando existen 26: a través de un vínculo familiar o el refugio. “Nos sustentamos en el sistema electrónico de trámites migratorios que da la certeza de lo que estamos diciendo, actualmente en Tapachula solo son atendidos entre 30 y 50 migrantes a diario, cuando esa oficina tiene capacidad para atender hasta mil personas al día”.
La situación impera en la frontera sur de Chiapas con Guatemala a pesar de los cambios de titulares en el INM, como el caso de Paola Rojas Rodas, que tras su llegada, continúa con la política de contención con agravantes sobre la criminalización y la militarización.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana, no existe vigilancia en la frontera de Suchiate, México, con Tecún Umán, Guatemala; dejan entrar a todas las personas migrantes, “y en Tapachula se forma el nudo humano como parte de un acuerdo político de los tres niveles de gobierno y dependencias involucradas en el fenómeno migratorio”.
A las organizaciones les preocupa que la mayoría de las personas en movilidad, varios menores de edad entre ellas, contenidas en Tapachula, enfrentan abandono, encarcelamiento, detenciones arbitrarias, violencia, xenofobia, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Asimismo que estas personas no tienen derecho a la salud y actualmente padecen un bombardeo mediático para criminalizar a los diferentes grupos que buscan mejores condiciones de vida.
Organizaciones aliadas al Centro de Dignificación Humana, como Pueblo sin Fronteras, acompañan a más de mil personas en movilidad para interponer amparos ante jueces federales; y prevén la salida de una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas.
A pesar de ser considerado uno de los principales países de origen, tránsito y destino de miles de personas en movilidad humana, México carece de mecanismos y estrategias encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, ejecuciones y masacres de personas migrantes.
De acuerdo al informe de la Fundación para la Justicia, realizado para el Comité de las Naciones Unidos contra la Desaparición Forzada (CED), a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, no existe un conteo de personas en movilidad humana desaparecidas en México.
El CED tiene registro de 95 mil personas desaparecidas o no localizadas y más de 52 mil personas fallecidas pendientes de identificación, pero se desconoce el número real de personas migrantes que se encuentran dentro de estas cifras.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene registro de 1,421 casos, mientras organizaciones que documentan desapariciones y apoyan a familias en la búsqueda, como Movimiento Migrante Mesoamericano, considera que se trata de una cifra superior a los 80 mil migrantes desaparecidos a la fecha.
La Fundación para la Justicia señala la falta de mecanismos que incentiven la presentación de denuncias o reportes de desaparición de personas migrantes; pues en muchos casos no reportan la desaparición de sus acompañantes de viaje o familiares, por temor a ser deportadas o porque desconocen los mecanismos para hacerlo.
“Las personas migrantes en situación irregular caen en el anonimato y se vuelven ‘invisibles’ para las autoridades, lo cual fomenta la existencia de un subregistro importante de desapariciones, ejecuciones y otras violaciones graves a sus derechos humanos”, sostiene la Fundación para la Justicia en un informe.
A cuatro años de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no existen mecanismos para la búsqueda de personas migrantes.
Foto: Jeny Pascacio
“Recientemente se publicó el Protocolo Homologado de Búsqueda, que contempla la conformación de un Grupo de Trabajo interinstitucional Especializado en la Búsqueda de Personas Migrantes Extranjeras, pero no tenemos conocimiento de que éste se haya conformado o puesto en marcha”, dice el estudio de la Fundación.
De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, en 2021 se registraron 705 delitos cometidos contra personas en movilidad humana, entre ellos 200 menores de edad.
La incidencia presentada está en el tráfico ilícito de migrantes, robo y secuestro con un registro de 39 casos. Las personas que más denunciaron fueron originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Para Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano, la desaparición es una situación de emergencia y uno de los temas menos visibles dentro de la migración. Mientras los comités de búsqueda documentan hasta 10 casos por día en las comunidades de los países del triángulo del norte.
“No hay una cifra exacta por lo mismo, porque no hay un mecanismo eficaz” ni institucional. “Tenemos una crisis forense en el país, es una realidad”.
Durante los dos años de la pandemia por el COVID-19, la búsqueda se complicó “porque las autoridades dejaron de hacer lo poco que hacían”, sostiene Figueroa.
El Movimiento Migrante Mesoamericano coordina la caravana de madres en busca de sus hijos migrantes que, por razones del confinamiento, llevó sus actividades de manera virtual ante la incertidumbre de las familias que tienen la necesidad de continuar con la búsqueda de sus hijas e hijos, debido a la omisión de las autoridades mexicanas sobre sus demandas.
En portada: Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella
“Quiero justicia por la muerte de mi esposo, pero no tenemos recursos para buscarla”, dice Yesenia Flores. Su esposo, Leonel Gómez Zepeda, fue una de las 56 víctimas mortales tras la volcadura del tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, ocurrida el pasado 9 de diciembre.
Leonel Gómez Zepeda, de 37 años, fue un futbolista de Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala. Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis económica de su país lo llevó a intentar migrar, por primera vez, a Estados Unidos.
El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia en Guatemala y unas horas antes del accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. Fue la última interacción que Yesina recuerda de su esposo.
El cuerpo de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado al municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Yesenia tuvo que viajar varias veces a México, con recursos propios, para localizarlo.
También trasladó a sus hijas desde Malacatán, Guatemala, a Chiapas para las pruebas de ADN que solicitó la Fiscalía General de la República.
El 19 de diciembre, sin avisar, los gobiernos de ambos países trasladaron tres féretros de los muertos en el accidente, uno de ellos con los restos de Leonel, “sólo vinieron a dejar la caja y no supimos nada de ningún gobierno”.
Yesenia Flores lamenta que el único momento en que tuvo atención de las autoridades mexicanas fue para las pruebas de ADN, por la presión que ella misma ejerció. “No tuvimos apoyo ni antes ni ahora”.
Yesenia y Leonel procrearon cuatro hijas, todas aún menores de edad. Leonel buscaba darles una mejor vida que esperaba encontrar en Estados Unidos.
“A mis hijas todavía no les he comprado sus útiles porque aún no encuentro trabajo. Mi esposo por eso se fue, porque la situación aquí es difícil; por eso, aunque quiera darle seguimiento a la investigación para que se haga justicia, no puedo por el gasto que representa”.
Yesenia Flores recuerda que el féretro estaba sellado y le pidieron que sepultara a su esposo de manera inmediata por el estado de descomposición que presentaban. “Escuchar al gobierno de México decir que no hay detenidos, duele en el alma”.
Solicitud de apoyo, sin respuesta
Familiares de las víctimas se han manifestado por el nulo apoyo de los gobiernos de México y Guatemala
Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27 años.
Por segunda vez, Domingo se colgó la mochila con el ánimo de ganar dinero para apoyar a sus padres. Su tía les ayudó a contactar un coyote y lograron reunir dinero tras vender pertenencias y pedir prestado.
“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento. Resultó con lesiones en brazos y costillas.
En cuanto se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, la familia maya Ixil en Guatemala solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo del joven que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.
Pedro Raymundo, padre de Domingo, cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción y por eso en Guatemala me cobraron 4 mil quetzales”.
Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.
Pese a sus esfuerzos, Raymundo aún no cuenta con el acta de defunción de su hijo y la única respuesta que recibió fue por parte del Registro Nacional de las Personas (Renap), entidad guatemala quien aseguró se debe a que la Fiscalía General de la República mexicana aún no envía la información.
Antes de salir de Almolonga, Guatemala, Domingo y su concuño Miguel se dedicaban al campo. Dejó de estudiar hace dos años cuando su familia no pudo solventar los gastos escolares, fue entonces que uno de sus tíos, establecido desde hace un año en EEUU, lo convenció de migrar.
“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agregó Margarita Raymundo, hermana del joven.
Domingo y Miguel, recorrieron 432 kilómetros desde su comunidad hasta el municipio chiapaneco donde ocurrió el accidente. En el lugar, los pobladores locales, aún en shock, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos.
No hay detenidos
Aún después de meses de ocurrido el accidente, pobladores de Chiapas colocan ofrendas en el lugar donde perdieron la vida 56 personas.
A dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República se limita a decir que no tiene mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones. Pero en realidad aún no hay detenidos ni avances en la carpeta de investigación. Esto a pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.
El Instituto Nacional de Migración (INM) también evade los cuestionamientos de la prensa con respecto a los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del accidente carretero.
Los únicos reportes sobre el caso se publican en la página oficial donde recientemente destacaron la repatriación de cuerpos, realizados durante diciembre de 2021 y enero de 2022: 42 de Guatemala; 12 de República Dominicana; una de El Salvador y una más de Ecuador. A finales de enero, informaron que fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad guatemaltecos.
Asimismo, la Secretaría de Salud en Chiapas señala que solo uno de los 114 heridos en el mismo accidente continúa con atención en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.
Contubernio
Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención migratoria, las cuales orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, existe un contubernio de la autoridad migratoria para permitir el transporte de migrantes por el crimen organizado. Esto debido a que pese la presencia de retenes para inspeccionar vehículos en la ruta migratoria en Chiapas, la mayoría no son detenidos. “Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.
Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría concretar sin la complicidad de la policía, funcionarios de migración y el Ejército mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a este delito. “Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.
En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas, donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.
Los grupos del crimen organizado se apropian de caminos de extravío o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.
“Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada”, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.
En el 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmaron que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con un mayor número de víctimas por la trata de personas y el secuestro.
Durante el 2021, la migración incrementó por factores asociados a la llegada de Joe Biden al gobierno de Estado Unidos y a los anuncios de las políticas migratorias ‘más justas’, así como a la violencia, la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales.
En el mismo año las disposiciones migratorias afectaron negativamente a las mujeres que buscaban protección por las políticas restrictivas, pues siguen vigentes desde el gobierno de Donald Trump.
El reporte Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021 señala los escenarios que viven las mujeres en movilidad humana, resultado de las políticas migratorias.
Son sometidas a actos violentos en razón de género en México, que incluyen violación y agresiones sexuales, secuestros, extorsiones, separación familiar, falta de acceso a la salud, además de que enfrentan más barreras para denunciar los hechos, acceder a la justicia y recibir apoyo.
De acuerdo con el informe, realizado por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), a menudo las mujeres tienen que esperar sus procesos durante períodos prolongados, en circunstancias precarias y peligrosas, en las fronteras norte y sur de México.
La documentación da cuenta de que estos escenarios exacerban traumas que inicialmente las obligaron a escapar de sus países; y no les permite sentirse seguras en las ciudades de la frontera sur y norte de México, además les preocupa que las puedan seguir sus agresores a este país.
Una encuesta de 2017 de Médicos Sin Fronteras reveló que 31.4% de las mujeres que buscaban protección internacional habían sido agredidas durante su tránsito por México.
Algunas son secuestradas y agredidas sexualmente por sus captores, con frecuencia, frente a sus hijas e hijos. En muchas de las agresiones participan autoridades mexicanas de diferentes niveles.
De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil en Chiapas, muchas mujeres migrantes recurren a métodos anticonceptivos de larga duración para evitar embarazos por violación sexual en territorio mexicano.
Horror
El 72.5% de las mujeres migrantes que ingresaron en 2020 reportaron haber sufrido agresiones físicas en el país de origen y en México a manos de integrantes de pandillas y delincuencia organizada, familia, compañeros de trabajo y principalmente autoridades.
Por ello el Instituto para las Mujeres en la Migración, a través de los reportes que realiza, destaca la importancia de que el gobierno mexicano considere a la violencia de género como un motivo para solicitar protección internacional en el país y en consecuencia reconocerlas como refugiadas.
En 2021, la Comar recibió un incremento histórico de 131 mil 448 solicitudes de asilo, de las cuales 41% fueron de mujeres y 24% de niñez y adolescencia, pero no cuenta con recursos humanos y financieros suficientes para hacer frente al incremento de solicitudes, lo que ha dejado a muchas personas atoradas en el sur de México.
Un informe de las Naciones Unidas de 2015 reveló que aproximadamente 60% de las mujeres entrevistadas solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador estaban escapando de violencias de género.
Un informe de 2021 de Kids in Need of Defense (KIND) señala que la violencia contra las mujeres en Centroamérica aumentó drásticamente durante la pandemia de COVID-19 ante el confinamiento que obligó a las mujeres a permanecer encerradas con sus agresores y el control de las comunidades por parte de las pandillas.
Por ejemplo, Liliana, una mujer guatemalteca, platicó al IMUMI que después de escapar de una relación violenta con su esposo, un militar activo, un grupo de hombres la habían secuestrado en Tijuana. Mientras sus secuestradores la tenían los escuchó hablar por teléfono haciendo arreglos para explotarla sexualmente.
Cristina, una mujer guatemalteca, que viajaba con su esposo y sus tres hijos, describió al equipo de WRC el “terror de ser obligados a esperar en Tijuana donde nos pueden encontrar nuestros agresores”.
De acuerdo a la bitácora del albergue Una ayuda para ti mujer migrante AC, ubicado en Chiapas, seis de cada 10 mujeres que llegan en busca de ayuda fueron violadas por integrantes del crimen organizado y uniformados como agentes de migración y otros que “reconocen como los policías de azul”.
Foto: SAntiago Navarro F.
Intensifica contención migratoria
En el 2019, México y Estados Unidos acordaron la contención migratoria en las fronteras sur y norte, de forma paralela a la creación de la Guardia Nacional que se desplegó con mayor fuerza en la frontera de Chiapas y Tabasco, México.
Desde entonces los delitos cometidos contra personas migrantes incrementaron, incluso las detenciones bajo presión de la Casa Blanca. El gobierno mexicano tomó una serie de medidas para intensificar sus políticas migratorias de disuasión.
Las restricciones a la libre circulación por el país de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional orillaron a las personas en movilidad a contratar a traficantes y arriesgándose por rutas de viaje más peligrosas.
En el 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM), en conjunto con la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, realizaron un número sin precedentes de eventos de detención de personas migrantes, de las cuales 30% eran mujeres y 27% menores de edad.
El INM también intensificó las medidas restrictivas en los aeropuertos mexicanos y negó la entrada a un récord de 72 mil 895 personas extranjeras en 2021, el doble de los 31 mil rechazos registrados en 2019. Estas personas no pudieron acceder a la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Durante el 2021 la violencia por parte del crimen organizado y autoridades incrementó en la ruta migratoria de Chiapas y Tabasco, asimismo las amenazas directas contra albergues que vulneran las condiciones de las personas en tránsito por México.
En octubre de 2021 el albergue para personas migrantes “Casa Betania Santa Martha” ubicado en Salto de Agua, Chiapas, fue allanado por un grupo armado que amenazó de manera directa a defensores de los derechos humanos.
En el 2019, intentaron ingresar en dos ocasiones pero no lo consiguieron, aunque el hostigamiento e intimidación es constante. Un escenario parecido vive el albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, con al menos 10 incidentes presentados ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Pero no son investigados.
Ambos espacios se encuentran en dos entidades fronterizas con Guatemala y son paso obligado de cientos de personas migrantes que buscan condiciones justas de vida en México y Estados Unidos. “Este 2021 incrementaron las amenazas, la inseguridad y el hostigamiento por parte de las autoridades”, dijo la representante de LA 72 durante la presentación del informe ‘Voces que caminan’, de la Red TDT en colaboración con el Colectivo Ansur de Colombia. El equipo de trabajo sufre persecución y hostigamiento hasta vía telefónica.
Durante el 2021 también comenzaron a recibir mayor población migrante para solicitar apoyo para realizar trámites migratorios. “Llegan de Tapachula”, ciudad chiapaneca colindante con Tecún Umán, Guatemala. La ciudad es uno de los cruces más importantes de personas en movilidad y donde se concentran miles en espera de respuestas a sus trámites de las sedes del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Dentro de la ruta migratoria, ubicado al norte de Chiapas, se encuentra el albergue Betania Santa Martha, un proyecto de los Misioneros del Verbo Divino en el que las Hermanas Franciscanas Misioneras de María colaboran. El equipo de trabajo es reducido, pero brindaron apoyo a 25 mil personas en 2021, año en que también incrementó la violencia.
Albergue Betania Santa Martha, Salto de Agua, Chiapas
Una de las hermanas, de identidad reservada, dijo que “las amenazas, allanamiento e intimidaciones por parte de autoridades coludidas con el crimen organizado buscan hacernos desistir de nuestra labor de defensa de derechos de las personas migrantes, que han incrementado. Y cuando se les cuestiona sobre su proceder su irónica respuesta es: ‘somos autoridades y podemos ingresar cuando queramos’”.
En este caso también existen hostigamientos y amenazas directas a defensores y a personas migrantes y, a pesar de la presentación de pruebas, como imágenes de las cámaras de video vigilancia, las denuncias no proceden ni en Chiapas, ni en Tabasco.
Victor Hugo López, Secretario Ejecutivo de la Red TDT, agregó que en la documentación de hechos y acompañamiento que realizan entre organizaciones notan que las Fiscalías a nivel estatal y federal niegan la atención, “se avientan la bolita”.
“Dentro del ámbito jurisdiccional no quieren asumir ni hacerse responsables de las denuncias que se interponen” y, en mucho caso, tampoco levantan registro de atención o de actas administrativas.
Durante este año, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano también registró violencia contra defensores de los derechos humanos que documentan el tránsito de personas en movilidad en Chiapas.
El año pasado, México recibió, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un total de 131 mil 448 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado: Haití (51,827), Honduras (36,361), y Cuba (8,319). Las mujeres representaron el 41.06%.
