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Avispa Midia

“Carbono neutral”: 15 años de falsas soluciones al cambio climático

Por Aldo Santiago

“Hacemos el compromiso de que para 2030, Microsoft será carbono negativo”, declaró Satya Nadella, director general de la compañía tecnológica con sede en los EEUU, a principios del año 2020, durante un evento en el que detallaron los procedimientos que dicha empresa ejecutará para eliminar más carbono del que emite a la atmósfera cada año.

Acorde a Nadella, la estrategia consiste en la reducción de sus emisiones contaminantes mediante la compra de instrumentos financieros denominados créditos de carbono, así como por la implementación de tecnologías experimentales que, entre otros aspectos sobre la manipulación del clima, pretenden secuestrar carbono del aire y almacenarlo en el suelo.

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Esto es parte de un discurso nada nuevo. Otro gigante informático, Google, prometió desde el año 2007 convertirse en la primera gran corporación trasnacional en alcanzar la “neutralidad de carbono”.

A pesar de la existencia de estos conceptos desde hace 15 años, es hasta ahora que las mayores empresas alrededor del planeta nos bombardean con estas frases en sus campañas publicitarias donde se comprometen a realizar acciones para evitar la catástrofe climática.

Corporaciones productoras de alimentos, de transportes y enfocadas en la generación energética, incluidas aquellas extractoras de combustibles fósiles, es decir, las mayores responsables por la emisión de contaminantes a la atmósfera, también prometen “mitigar”, “compensar” y “neutralizar” el carbono liberado producto de sus actividades mediante la realización de pagos para conservar bosques.

Pero, ¿cómo fue posible crear esta idea de que la contaminación puede ser neutralizada con dinero? Avispa Midia conversó con Jutta Kill, bióloga, investigadora e integrante del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés), quien nos ayuda a comprender el proceso de una década y media durante el cual la discusión encaminada a combatir la catástrofe ambiental fue desviada mediante la creación de una estrategia de nombre extravagante, cuyo principal objetivo es la mercantilización de la naturaleza: la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD).

Bosques como mercancía

La peligrosa idea de la compensación de carbono cobró fuerza entre los años 2005 y 2007. Fue en la Conferencia de las Partes (COP11), realizada en Montreal, Canadá, cuando a solicitud de los representantes de Papua Nueva Guinea y Costa Rica, se discutió la estrategia REDD por primera vez en estas reuniones.

“Es una idea que ha sido impulsada por organizaciones conservacionistas: The Nature Conservacy, Conservation International; las más grandes, mayormente de EEUU, incluida también la WWF”, señala Kill sobre sus principales promotores, quienes colocaron a los bosques como su principal área de interés.

Desde entonces este mecanismo también fue promovido por grandes corporaciones y entidades financieras como el Banco Mundial, superando hasta 2020 una inversión de mas de mil millones de dólares en las que el gobierno de Noruega es el mayor financiador. Paralelamente, una vez que las Naciones Unidas comenzaron a hablar de REDD, comenzaron a surgir nuevas compañías para lucrar en el nuevo mercado multimillonario.

“Esta era la gran promesa con REDD, el dinero detendría a la destrucción de los bosques por parte de las corporaciones”, contextualiza Jutta Kill. Para ello fueron creados programas piloto como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques y el Programa REDD Early Movers, este último gestionado por el banco de desarrollo alemán KfW, lo cual ha contribuido a que REDD se convierta en el mecanismo predominante en la política forestal global, detalla la investigadora en su artículo “REDD: Los peligros de la conservación de los bosques conforme al mercado”.

Actualmente, a 15 años de las primeras implementaciones de REDD, el escenario ante la catástrofe ambiental es menos alentador. Eso porque la estrategia fue silenciosamente rediseñada a través de las negociaciones climáticas anuales, pasando a convertirse en un instrumento para la gestión del campesinado, el cual restringe la agricultura campesina y también el uso de los bosques por parte de los pueblos indígenas.

Está también el tema de la deforestación. “Si comparas la deforestación global desde 2005 al día de hoy, ves que si algo está pasando es que la deforestación ha incrementado. Y eso no es sorpresa, porque si miras en proyectos e iniciativas REDD de los últimos 15 años, ves que ninguno, si acaso cinco proyectos, han sido dirigidos contra la destrucción corporativa de los bosques”, denuncia la integrante de WRM.

Pagos sin sustento

Un escenario que ilustra el peligro en la financiación de los programas REDD es lo que sucede en Brasil bajo lo que se conoce como “esquemas de pago por resultados”, donde las crecientes tasas de deforestación demuestran que dichos pagos no se pueden garantizar.

En febrero del año 2019, el Fondo Verde para el Clima acordó pagar 96 millones de dólares al gobierno de Jair Bolsonaro, por la conservación de bosques que capturaron la cantidad de 18.82 millones de toneladas de dióxido de carbono, referentes a los años 2014 y 2015.

“Se concedió un pago por resultados a pesar de que los cambios en la política gubernamental, tras la elección de Jair Bolsonaro como presidente a finales de 2018, han provocado un aumento vertiginoso de los niveles de deforestación en la Amazonía. Entre agosto de 2018 y julio de 2019, la deforestación aumentó un 30% con respecto al año anterior y se elevó al nivel más alto desde 2007-08”, destaca Kill sobre la incongruencia de que Brasil recibiera un pago por emisiones evitadas en el pasado, a pesar del aumento vertiginoso de la deforestación, solo en la Amazonía, sino en diversos ecosistemas de gran riqueza natural en el país sudamericano.

Esta situación particular cobra mayor relevancia si consideramos el riesgo de que los pagos de REDD que se realicen por resultados solo existan en el papel, además de que las normas alrededor del programa, que fueron aprobadas durante negociaciones de la ONU, mantienen referencias infladas, esto debido a que el tamaño del pago se determina comparando las tasas reales de deforestación con la tasa media de deforestación de un periodo que va entre últimos 10 hasta 20 años, lo cual deja abierta la posibilidad de calcular una amplia gama de “reducciones” de emisiones, advierte la investigadora en su artículo publicado en 2020.

Ante este panorama, ¿quiénes están interesados en mantener REDD?, a pesar de no cumplir con detener la deforestación e incluso participar en el despojo de bosques habitados por pueblos originarios

“Son por supuesto las compañías petroleras y mineras, también las grandes corporaciones de alimentos, Unilever, JBS, Mars, Nestlé y la industria financiera como BlackRock. Ellos tienen 100 o 500 de ellas (empresas) que dicen públicamente que, en 2030, 2035, diferentes años, tendrán negocios de carbono neutral. Por supuesto, no van a detener la quema de petróleo, carbón o gas, pero ¿cómo serán capaces de decir que para 2030 van a tener un negocio así cuando mantienen la destrucción de almacenes de carbono del subsuelo? Van a comprar créditos de carbono de sus proyectos (…) y necesitan porciones de tierras inmensas para decir que el daño que provocan al clima por la quema de los combustibles fósiles ha sido ‘mitigado’ o ‘compensado’”, enfatiza la investigadora.

“Son las grandes corporaciones, quienes tienen interés en el control de la tierra, para quienes la estrategia REDD ha sido increíblemente exitosa”, remarca Kill.

La investigadora alerta que ha cambiado la discusión acerca de la deforestación. “Las corporaciones han desaparecido, se han vuelto invisibles en las discusiones sobre deforestación porque virtualmente todos los proyectos de REDD son acerca de campesinos e indígenas y nadie menciona la destrucción de los bosques por parte de las corporaciones (…)  Y es un gran éxito para las corporaciones petroleras, carboníferas y de gas natural, así como para los países industrializados cuyas economías se benefician enormemente de los combustibles fósiles como Noruega, Alemania, Reino Unido. Ellos han ganado 15 años en los que la sociedad civil fue desviada por el tema REDD y no se enfocó en las demandas contra el cambio climático como la de mantener el petróleo en el subsuelo, se trata de todos los almacenes de carbono subterráneos que son importantes, son los mismos depósitos que son destruidos con la extracción de gas, carbón y petróleo”, subraya.

Si esta es la solución, ¿cuál es el problema?

En la cadena de actores involucrados para mantener vivo el concepto de la neutralidad de carbono, además de las empresas, ongs y consultores, se encuentran también las certificadoras. Hablamos de compañías como Verra, quien gestiona el Estándar de Carbono Verificado (VCS, por sus siglas en inglés) el cual permite a los proyectos certificados convertir sus reducciones y eliminaciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en créditos de carbono comercializables.

“Ellos cobran aproximadamente 100,000 dólares para auditar un proyecto, después tienes que pagar otros 100,000 dólares para registrar tu proyecto REDD en su base de datos y después por cada crédito de carbono que el proyecto vende, ellos obtienen una comisión. Al certificador se le termina pagando más en cuanto mas créditos de carbono sean vendidos, lo cual es un gran conflicto de interés”, destaca Juta Kill sobre la contradicción en que reposa este mercado. Es decir, aquellos encargados de fiscalizar los resultados de los proyectos para la conservación de la naturaleza son los mismos quienes se ven beneficiados de la existencia de este sistema de comercio, pues de no existir la certificación no se podrían comercializar los créditos.

También destaca la promoción que realizan las ONGs conservacionistas, “las cuales siempre han visto REDD como una manera de incrementar su control territorial (…) control sobre tierras donde los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales son ignorados”, denuncia Kill.

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Debido a las numerosas denuncias y críticas por parte de comunidades, activistas y organizaciones ambientalistas a la estrategia REDD, es que actualmente este concepto se encuentra en desuso. Pero no es que haya desaparecido, sino que se ha transformado en una nueva idea: las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), el cual para Jutta Kill representa un peligro aun mayor.

“REDD no ha desaparecido, solo cambió su nombre y ahora lo que era REDD es llamado SBN, solo cambiaron los nombres, pero lo mismo continúa”, sostiene la investigadora. “Cuando ves las paginas web de organizaciones como TNC, CI o WWF puedes ver que difícilmente hablan de REDD, hablan de SBN. Y los gobiernos están haciendo lo mismo”.

“Noruega es otro ejemplo que usa la terminología porque ve el potencial en el término, que es peligrosamente seductor y tan atractivo, ¿por qué sería malo tener a la naturaleza como solución? Las voces críticas tienen que señalar qué es lo peligroso de estas SBN, tienen que preguntar, ¿si ésta es la solución, ¿cuál es el problema? Porque claramente no es el cambio climático. Si la promesa es evitar la catástrofe climática, claramente la solución es detener la extracción de combustibles fósiles. ¿Cuál es el problema que estás intentando resolver con lo que llamas SBN? No pueden ser los problemas de los agricultores campesinos porque lo que proponen para ellos no es una solución. Y lo único que puedo pensar es que es una solución para las compañías de carbón, petróleo y gas y cualquiera que se beneficia de acumular y lucrar con la extracción de combustibles fósiles. Mucha gente comienza a darse cuenta que, para prevenir la catástrofe climática, se le acaba el negocio. Así que las SBN resuelven su problema para no perder ese lucro por unos años más. Claramente se debe decir no a las SBN porque no es nuestra solución, nunca resolverá los problemas, las muchas crisis que vivimos diariamente”, reflexiona la integrante de WRM.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 5 de diciembre 2021

 

ROMPIENDO FRONTERAS

PALESTINA: Federación Palestina lanza su propia selección para imputados. PalestinaLibre
CHILE: a Javiera Rojas ambientalista defensora del territorio. Movimiento por el Agua y el territorio.
MUNDA GLOBAL PILDORA DE SALUD: VIH/Sida. El pasado primero de diciembre se conmemoró el día mundial del VIH/SIDA. Ese día gente de todo el mundo se unió para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida. Mar
ESTADO ESPAÑOL: Absuelven a Pablo Hasel; el Betis le había denunciado por “delito de odio”. Insurgente.
ESTADO ESPAÑOL GIRA POR LA VIDA: Toxic Tour por las multinacionales españolas que más impacto tienen en la política comercial con México. AraInfo y Toxitour
HONDURAS: Un voto de castigo para los que hundieron al país. Radio Temblor

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

CDMX: AGRESIÓN POLICIACA A PARTICIPANTES DE LA CAFETERÍA  LA RESISTENCIA. Noticias de abajo y Del Barrio News.
ESTADO DE MEXICO: OMISIÓN, INOPERANCIA Y DISCRIMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y DE LA CDMX, AL ELUDIR LA DEFENSA DE LOS BOSQUES DE LA COMUNIDAD DE TOPILEJO. REMA
MICHOACAN: “La Autonomía Es Todo”: Una Entrevista Con El Preso Político Indígena José Antonio Arreola De Nahuatzen. Its Going Down
CHIAPAS: SIGUEN LOS ATAQUES PARAMILITARES CONTRA COMUNIDADES ZAPATISTAS. JUNTA DE BUEN GOBIERNO Caracol 10 Patria Nueva denuncia agresiones contra Nuevo San Gregorio. frayba
CHIAPAS: DENUNCIA CHIAPAS MEXICO: SECUESTRO DE AMBIENTALISTAS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.

Música: -Fuga con Peligroso -Leona de Etiopia con Rebeldiía -Corrido a Ricardo Flores Magón

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Avispa Midia

¿Es posible pensar la transición energética como un bien común?

Por Sare Frabes

En portada: Inauguración de la microcentral hidroeléctrica de la cooperativa de luz “Mártires y Héroes de la Resistencia” en la Unión 31 de mayo, Guatemala. Foto: Colectivo Madreselva

En el marco de la campaña Luces de las Resistencias, diversos pueblos, organizaciones sociales, cooperativas y colectivas de distintas partes de México proponen una transición energética desde el campo popular. Plantean la construcción de una propuesta que priorice las necesidades reales de la reproducción de los pueblos y que sea construida a partir del debate continuo sobre los valores de uso necesarios para cada comunidad, pueblo, barrio y ciudad, así como sobre las tecnologías adecuadas a los contextos locales y culturales.

“Es posible pensar en una transición energética popular que no sea de la mano del capitalismo verde, del poder centralizado de los Estados. Es posible pensar la energía como un bien común”, sostuvo Sofía García Pacheco, de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores en Energías Alternativas y Estudios Sociales – Onergia, de Puebla, una de las organizaciones que hace parte de la campaña.

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La primera de ellas es limitar la participación de las grandes empresas en el proceso de transición. “La mayor motivación [de estas empresas] en participar en este mercado es la acumulación (…). Profundizan el modelo de acumulación de capital que, pintado de verde, genera especulación financiera, mercantilización de la energía, degradación de zonas de gran diversidad ambiental y cultural y despojo territorial”, sostienen.

Otro punto de reflexión es la centralidad dada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la propuesta de Reforma Energética en debate en el Congreso Nacional mexicano. “La generación de energía por parte de la CFE, también ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas. Tenemos como ejemplo los intentos de imposición de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, el tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla, y la hidroeléctrica en Paso de la Reina, Oaxaca, entre tantos otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecución, criminalización y asesinatos”, afirman.

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Otras luces

Megaproyecto como asunto estratégico de Estado: Mientras el gobierno declare territorios “estratégicos” seguirá abierta la puerta a expropiaciones sin diálogo y mediante el uso de fuerzas gubernamentales como la Guardia Nacional o el Ejército.

La extracción del litio: En relación a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para “integrar al litio, y los demás minerales estratégicos, como área estratégica del estado…y como áreas prioritarias”, no podemos olvidar que la industria minera del litio, o cualquier otro mineral, implica una fuerte carga de devastación ambiental y consumo de agua para su extracción. No se debe priorizar el fomento del modelo extractivo minero para solucionar un problema ambiental global por medio de una transición energética que pase por encima de los derechos de las comunidades. No existen minerales ni planeta suficiente para sustituir las fuentes de energía y mantener el mismo modelo de desarrollo, las mismas estructuras de dominación colonial y de acumulación de capital, ampliando cada vez más las fronteras extractivas.

La prohibición del fracking: El fracking persiste en México a pesar de que el gobierno federal se comprometió a erradicarlo. Año tras año, el presupuesto asignado para el fracking ha ido creciendo. Para el 2022, se asignó 15 mil millones de pesos, lo cual significa un aumento de 219% respecto a 2021. La transición energética justa tiene que incluir dejar los combustibles fósiles bajo tierra.

La soberanía tecnológica: Las organizaciones proponen el uso de tecnologías locales propias y no depender ni de políticas ni de la tecnología del Norte global, que sólo existe gracias al saqueo y apropiación de los bienes de los pueblos del Sur.

Cambio de modelo económico

Asamblea de los pueblos maseuales, totonakus y mestizos en defensa del territorio. En esta asamblea se anuncio la cancelación del proyecto “Línea de alta tensión Cuetzalan entronque Teziutlán II-Tajín”, que incluía la construcción de una subestación eléctrica en las comunidades de la región. Cuetzalan, Puebla. Diciembre 2019. Foto: La Sandía Digital

Las industrias, principalmente de los sectores minero, cementero, siderúrgico y maquilador, consumen tres veces más electricidad que el conjunto de la población. Para las organizaciones es inalcanzable materializar una ruta de transición energética justa si no se cuestiona el modelo económico que fomenta este consumo.

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“Cuando hablamos de una transición energética no hablamos de cambiar simplemente una tecnología por otra. También estamos hablando de una transición a un modelo económico alternativo”, añade Sofía García Pacheco.

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Prensa Comunitaria

Huehuetenango: hidroeléctrica que mintió sobre presencia de pueblos indígenas, ahora demanda al Estado

Por Luis Ovalle y Francisco Simón

La empresa Energía y Renovación, S.A. demandó al Estado de Guatemala a nivel internacional porque sus proyectos hidroeléctricos de sus empresas subsidiarias Generadora San Mateo y  Generadora San Andrés, ubicados en la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán se encuentran suspendidos por la falta de una consulta comunitaria para los pueblos indígenas ahí asentados y porque no fueron reconocidos como pueblos originarios. La empresa pretende operar a 470 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.

De acuerdo con la información, dada a conocer este miércoles 1 de diciembre en medios locales, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), registró el 15 de noviembre de 2021 una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Guatemala, presentada por la empresa Energía y Renovación Holding, S.A, registrada en Panamá. Lo irónico del caso es que Energía y Renovación SA es una empresa Guatemalteca “cuya misión es trabajar para el desarrollo energético del país”, explica la página de la Asociación Nacional del Café  Anacafé.

En una publicación de Prensa Libre, el ministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel, dijo que Guatemala no puede ser culpable de lo que señala la empresa, por la oposición de una comunidad, cuando “hay evidencia de que el proyecto fue aprobado de forma legal, con permisos”. En su criterio, esos problemas se pueden resolver con la intervención del Ministerio de Economía, que deberá contratar a un despacho internacional de abogados, así como la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El funcionario resaltó la legalidad de los permisos otorgados a la empresa, a pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas en cuanto a la construcción de proyectos de carácter extractivistas en sus territorios. Esta “legalidad” ha sido duramente cuestionada por las comunidades del pueblo Maya Chuj, Q’anjob’al y mestizas de la microrregión de Yich’Kisis  y de los municipios norte de Huehuetenango. La CC decidirá sobre legalidad de la licencia ambiental de la hidroeléctrica Pojom II

La empresa Energía y Renovación, sufrió un duro revés cuando el pasado 13 de octubre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), publicó el Informe de Verificación de la Observancia de los Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A. El informe enfatiza que el Banco Interamericano de Desarrollo BID desconoció la presencia de pueblos indígenas en la microrregión de Yichk’isis, al financiar dos proyectos hidroeléctricos solicitado por esta empresa. La empresa prácticamente mintió sobre los pueblos originarios históricamente asentados en esta municipio.

Ante esto, el MICI recomendó al BID retirar la inversión mediante una “salida responsable”, que priorice a las mujeres de la comunidad. Señala, además que los proyectos impactaron de manera diferenciada a mujeres y niñas de la microrregión en términos de prácticas tradicionales, participación equitativa y violencia de género.

Asimismo, reconoce que generó impactos ambientales y que no se garantizó el acceso a la información a las comunidades, que los proyectos representan un riesgo de conflictividad y violencia hacia las comunidades y no al contrario, como se ha hecho creer. Dicha empresa es propiedad de la Corporación Castillo Hermanos, afirma El Observador. Dentro de esta corporación y con intereses dentro de las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán se señala a los Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), como afirmaron unas 70 organizaciones en un comunicado de Front Line Defenders FLD en 2018.

En enero de 2020, a pocos días de haber tomado posesión de la presidencia, Alejandro Giamamttei, sus ministros, la Fiscal General del MP, Consuelo Porras acudieron a San Mateo Ixtatán centro, para firmar un supuesto acuerdo de Paz, promovido por la empresa Energía y Renovación SA, la Municipalidad y varias empresas contratadas para realizar acciones en esta municipio. Giammattei crea comisión de “Paz” para promover megaproyectos en San Mateo Ixtatán

Entérese más aquí:

Las hidroeléctricas y el préstamo

Las operaciones de préstamo a la Generadora San Mateo S.A. (GSM) y a la Generadora San Andrés S.A. (GSA), financian la construcción de dos proyectos hidroeléctricos al filo de agua con capacidad de 20 MW y 10.65 MW, respectivamente. La hidroeléctrica GSM utilizaría las aguas de los ríos Negro y Pojom con capacidad de generación de 120.087 MWh por año, con dos turbinas de 10 MW cada una. Mientras que, GSA utilizará las aguas de los ríos Primavera, Varsovia y Tercer Arroyo con capacidad de generación de 44.300 MWh por año, con dos turbinas de 5 MW cada una.

Las hidroeléctricas, ubicadas en forma adyacente en San Mateo de Ixtatán, son desarrolladas por la empresa Energía y Renovación S.A., Cliente de BID Invest, y su construcción se planificó de forma simultánea.

El 25 de septiembre de 2013 el Directorio Ejecutivo de la entonces Corporación Interamericana de Inversiones (CII), ahora BID Invest, aprobó las dos (2) operaciones de préstamo en apoyo a los Proyectos.

Fuente: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), 2021.

San Mateo Ixtatán, en defensa de los ríos

San Mateo Ixtatán, un municipio de habla Chuj, en la frontera de Guatemala con México, se encuentra situada la microrregión de Yichk´isis, habitada por cuatro pueblos indígenas originarios, con un territorio rico en recursos naturales que sorprende por la cantidad de ríos y bosques que conviven con ocho comunidades y cuatro caseríos que conforman la microrregión.

La empresa Energía y Renovación, S.A logró las licencias municipales para las dos plantas de hidroeléctricas entre julio y agosto de 2011. Desde ese entonces, el desarrollo que ofreció nunca llegó a las comunidades, el escenario de vida para los pobladores se encuentra entre la violencia y el conflicto social. Las aldeas se dividieron entorno a los proyectos, algunas autoridades locales fueron cooptadas para respaldar el trabajo de la empresa y persiguieron con discursos contrainsurgentes a quienes se oponen a la construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés.

Los opositores exigían ser consultados sin embargo, algunos fueron perseguidos penalmente, como el caso de Julio Gómez Lucas, autoridad Chuj, que fue enviado a juicio de debate oral y público por dos delitos en abril de 2021, y otros asesinados por manifestar su oposición a las hidroeléctricas, como ocurrió con Sebastián Alonzo Juan de 72 años, asesinado por la seguridad privada de la empresa en enero de 2017, en las orillas del río Negro.

En 2014 con el visto bueno del expresidente, Otto Pérez Molina, llegaron a esa región una base militar del ejército y una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) para apoyar a la empresa y reprimir a la población opositora a la construcción de hidroeléctricas.

La empresa recibe financiamiento del BID a través de fondos destinados para el desarrollo de generación de energía renovable, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco de cooperación alemán KFW, según fuentes consultados de NISGUA.

De ser así, BID Invest deberá preparar, en consulta con las comunidades, un plan de transición orientado por los principios de no hacer daño, transparencia y responsabilidad.

Créditos: Francisco Simón Francisco
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Avispa Midia

Incendios en Brasil: crímenes vinculados al crecimiento del agro negocio y minería

Por Sare Frabes

Portada: Líderes Apurinã en la zona quemada. Foto: Antonio José Apurinã

Desde las trágicas imágenes de la Amazonía brasileña envuelta en llamas del año 2019, los incendios que han ganado visibilidad mundial, lejos de apagarse, se multiplican y con ello también el avance del acaparamiento de tierras y la expulsión de comunidades indígenas, tradicionales y quilombolas de sus territorios.

Existe un patrón que indica el uso criminal de los incendios, cuyo objetivo es deforestar territorios para después convertirlos en espacios para la expansión del agronegocio e incluso la minería.

“Los incendios no terminaron. Es la casa de estas comunidades que continúa quemándose”, señaló Carolina Motoki, integrante de la Articulación El Agro es el fuego, durante la presentación del informe que reúne análisis y denuncias de los impactos y conflictos por tierras producidos por los incendios, los cuales además de la devastación ambiental, también contribuyen al incremento de otros problemas sociales como el hambre.

Fuego

Como evidencian en los materiales de la Articulación El Agro es el fuego, el uso del fuego para expandir al agro negocio es una práctica recurrente en zonas de enorme importancia natural, tales como el Pantanal, el humedal más grande del mundo, así como en Tierras Indígenas (TI) en regiones como la Amazonía y la ecorregión del Cerrado, afectando también a comunidades tradicionales y quilombolas.

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Radio Kurruf

[Comunicado] Weichan Auka Mapu reivindica dos sabotajes a faenas de monocultivo forestal en Toltén y Carahue

Durante la presente jornada se conocieron dos hechos en la región de La Araucanía relacionados con ataques a plantaciones de monocultivo forestal en comunas de Toltén y Carahue, resultando maquinarias e instalaciones destruídas avaluadas en doscientos millones de pesos según la organización mapuche. A continuación compartimos comunicado enviado a la radio.

Wallmapu, 01 de diciembre.

«Con pérdidas económicas de más de 200 millones de pesos ,se vieron afectadas empresas contratistas forestales ,en ataques simultáneos durante la madrugada de este miércoles, perpetrados por la Organización mapuche armada WEICHAN AUKA MAPU.

El primer ataque tuvo lugar en la comuna de Toltén, específicamente en el fundo Lumahue, propiedad de forestal ARAUCO, donde un grupo de weichafes procedió a encender una torre de madereo, un procesador, un rodillo de tramas y un comedor para los trabajadores forestales.

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Avispa Midia

México: Mujeres chontales resisten al despojo anunciado de su territorio

Por Santiago Navarro F

Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.

Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.

En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.

El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.

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Avispa Midia

Pueblos de los Valles de Oaxaca se oponen a consulta de la minera Cuzcatlán

Por Avispa

Foto: Santiago Navarro F.

Comunidades zapotecas de San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena que pretende realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), como parte del procedimiento llevado a cabo por la minera canadiense Cuzcatlán, que busca autorización de dicho órgano ambiental para ampliar su área de explotación de oro y plata en la región, con el llamado proyecto minero San José II. Desde 2009 la minera explota los metales preciosos, cuya sede esta en la comunidad de San José del Progreso.

En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunican a los representantes del gobierno que ya han decidido “no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”.

La Semanart en un comunicado de prensa, el 11 de noviembre, anunció que ya trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Sin embargo, las comunidades exigen que se respete la decisión ya tomada por sus asambleas. “Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que en base de las experiencias dadas en torno a las consultas, atenta en contra de la auto-determinación de nuestros pueblos, y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II”.

La decisión de las comunidades se justifica por la contaminación que ha generado la minera en sus aguas, suelo y aire.

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Además, se ha instalado un conflicto social en la región que ha dejado muertos. Las comunidades conviven con el “crecimiento del crimen organizado, el consumo y la distribución de drogas así como una ola de asesinatos con violencia, unos de los últimos es el de un trabajador minero en las puertas de la empresa y otro en un pozo de exploración de la compañía”, argumentan.

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“Presión asfixiante”

El 6 de julio de este año la Semanart a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental negó la solicitud de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto denominado San José II que presentó la empresa. El objetivo es ampliar por 10 años más la operación del proyecto minero. La dirección tuvo desde 3 de septiembre de 2020 la tarea de revisar este proyecto y después de extender por varios meses la revisión decidió no autorizarlo.

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“Y cuando parecía que Cuzcatlán no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semanart viene una campaña agresiva de la empresa que va desde la presión en las calles de los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido si no participan en las movilizaciones a favor del proyecto”, sostienen en su comunicado, hasta una “presión asfixiante del poderoso lobby minero que se ha encargado de poner de rodillas a la Semanart y ante esta presión la secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora quiere vender como un ejercicio democrático y legítimo”, dicen.

La minera Cuzcatlán es “una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos de la región y que además tiene como operadores a un ejército de caciques regionales expertos en estrategias políticas legales y no legales para lograr la continuidad de este asqueroso proyecto”, sostienen las comunidades.

¿Contradicción?

En su comunicado, las comunidades apuntan contradicción en las acciones de la Semanart. El órgano ambiental pone a consulta de los pueblos la continuidad de un proyecto que él propio negó su continuidad, por reconocer “la violación de una serie de derechos además de una serie de irregularidades de parte de la empresa que generaran daños”, sostienen.

Los pueblos ya han decidido. “No permitiremos que se establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Nuestros pueblos ya han decidido y hemos dicho no a la minería. Hemos decidido defender nuestra tierra y no le pondremos precio”.

radio
Noticias de Abajo

Noticias de abajo de 28 de noviembre 2021

GLOBAL: El planeta esta más enfermo de misoginia que de covid, mas de la mitad de las mujeres de distintos países reportó violencias machistas dentro y afuera de sus hogares. Desinformemonos.

WALLMAPU: Represión policíaca en tierras recuperadas de Lof Quemquemtreu, asesinan a un joven mapuche y hieren a otro.

CHILE: Restauración conservadora en tiempos constituyentes. Avispa Midia

CANADA: Arrestos y desalojo por parte de la policía montada contra  defensores de la tierra de la Nacion Wet’suwet’en. Its Going DOwn y SubMedia.

DESDE EL OMBLIGO

LUCHA POR LA VIDA: AMLO implementa régimen de excepción para ejecutar megaproyectos y conferencia de prensa del grupo de Observación de la Caravana Migrante.
CHIAPAS: Continúan los ataques paramilitares contra comunidades autónomas zapatistas. RedTDT

JALISCO: Jalisco pasa del sexto al tercer lugar en feminicidios. En primer lugar se encuentra el Estado de México con 110 denuncias y en segundo Veracruz. Zona Docs

MÉXICO: 25 de noviembre Cero Tolerancia a la violencia machista.

Música:

Canto pal cerro – flor de espino

Libre incendiaria – Makila 69

Las balas – Comparsa BAM

radio
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

ALERTA ANTE LA VIOLENTA OFENSIVA NEOLIBERAL DEL MAL GOBIERNO FEDERAL MEXICANO (PRIMERA PARTE DE TRES)

A los pueblos de México y del mundo,

A los medios de comunicación:

 

  1. Exigimos alto a la guerra contra los pueblos zapatistas 

Alertamos sobre la agudización de las agresiones paramilitares, la criminalización de la lucha a las comunidades que resisten y se organizan desde abajo y a la emisión de decretos orientados a la imposición de los proyectos capitalistas neoliberales, implementados por el mal gobierno federal mexicano, pasando por alto los derechos humanos y sus propias leyes.

Repudiamos las agresiones perpetradas el pasado 21 de noviembre a las 10:00 horas por paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), de la comunidad San Antonio Las Flores, en contra de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la comunidad de Moisés Gandhi, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y La Humanidad”.

Ese día, a las 16:30 horas aproximadamente un grupo de paramilitares llegaron a la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista “Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires”, donde prendieron fuego a tres aulas. Esta escuela ya había sufrido un ataque armado el pasado 14 de octubre.

También el pasado 8 de noviembre de 2020, el mismo grupo paramilitar ORCAO secuestró y torturó a un compañero base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi.

El 14 de octubre hicieron un ataque armado en contra de la misma comunidad provocando el desplazamiento forzado de compañeros y compañeras

El 11 de septiembre de 2020 el grupo ORCAO secuestró a autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el 19 de septiembre.

El 22 de agosto de 2020 la tienda comunitaria el Arcoiris en el crucero denominado Cuxuljá fue saqueada y quemada.

Las agresiones paramilitares en contra de nuestros hermanos y hermanas, bases de apoyo del EZLN, orquestadas desde el mal gobierno de Rutilio Escandón y desde el gobierno federal, buscan debilitar la resistencia y defensa de la madre tierra que los pueblos zapatistas han mantenido, y  debilitar la lucha por la vida que, desde la organización de abajo en todos los rincones de este país, el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno soñamos y tejemos cada día.

Mientras en los pueblos zapatistas, con su lucha de cada día y con la construcción autónoma, dan avisos de esperanza al mundo, en los pueblos originarios vamos caminando despacio, defendiendo y sembrando autonomía, defendiendo la tierra colectiva, tejiendo la resistencia a la mercantilización de todo lo que integra nuestro territorio y a la imposición de los proyectos capitalistas, que en el mundo entero ponen en entredicho la prevalencia de la vida.

Por eso reconocemos a los pueblos zapatistas y su lucha histórica, como la esperanza de que no dejen de brotar resistencias y rebeldías en México y el mundo, que hacen nacer una luz en medio de la oscuridad capitalista y que apuestan a defender la vida colectiva.

Por eso somos uno y las comunidades zapatistas no están solas ni solos, por lo que llamamos al mundo a alzar la voz para exigir que cese la guerra en su contra, denunciando al mal gobierno y su corrupción neoliberal, que se vale de la guerra contrainsurgente, para tratar de callar el corazón colectivo que, latiendo, llama a defender la vida.

 

Atentamente

Noviembre de 2021

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Mas un México Sin Nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de  Gobierno