La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.
A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.
Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.
A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.
En el contexto de una creciente presión para la expansión de actividades mineras en sus territorios, comunidades Munduruku denuncian un aumento en las agresiones y violencia contra sus habitantes.
En medio de los estragos por la pandemia de Covid-19, l@s indígenas también señalan estrategias del gobierno federal para la manipulación y división comunitaria, así como la posible regularización de la minería en Tierras Indígenas (TI) mediante un proyecto de reforma constitucional.
La más reciente agresión consistió en un robo y sabotaje contra la embarcación de la asociación Wakoborũn, integrada por mujeres Munduruku. Este es el tercer ataque, en menos de un mes, realizado por mineros contra el pueblo indígena en la zona urbana de Jacareacanga, al suroeste del estado de Pará.
“Desde que comenzó el gobierno de Bolsonaro, las invasiones en nuestro territorio aumentaron mucho, trayendo más destrucción y enfermedad”, denunciaron organizaciones y comunidades Munduruku, en carta difundida el pasado 17 de abril.
El gobierno norteamericano de Joe Biden mantiene desde hace por lo menos un mes pláticas a puertas cerradas con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, sobre cambio climático y proyectos para la Amazonía. Un acuerdo entre ambos países que será anunciado en la cumbre sobre el clima, convocada por Biden para los días 22 y 23 de abril. El presidente de los Estados Unidos, en su campaña electoral, llegó a mencionar que buscaría recaudar 20 billones de dólares para la Amazonía.
Las negociaciones a puertas cerradas han generado protestas y manifestaciones de organizaciones sociales y de los pueblos indígenas en Brasil, que han buscado establecer una comunicación directa con el gobierno de los Estados Unidos.
Un grupo de 199 organizaciones publicó una carta al gobierno americano alertando sobre los riesgos que un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y el gobierno de Bolsonaro puede traer para el medio ambiente y los derechos humanos en Brasil.
Bolsonaro ha sido negacionista de la pandemia, lo que ha provocado en Brasil un aumento severo de muertes diarias por la enfermedad. Además, el mandatario brasileño ha promovido abiertamente las actividades económicas extractivas y la ganadería intensiva en la Amazonia. Sumado a ello, Bolsonaro ha difundido discursos de odio hacia pueblos indígenas, mujeres, la población negra y hacia la diversidad sexual.
Un ejemplo de la posición de Bolsonaro fue en 2019, al mantener una pasividad mientras los enormes incendios arrasaban con la Amazonia, esto provocó la deforestación en 222% en relación a 2018.
Además el gobierno brasileño ha militarizado la gestión de la Amazonía, es decir, los órganos públicos federales de gestión de la región están encabezados por militares.
La coordinación de territorios por la defensa de los glaciares denuncia a través de una declaración publica lo nefasto de la tramitación de la ley para la protección de los glaciares.
Los glaciares han sido enormemente afectados de manera irreversible por la gran minería a lo largo del todo el territorio. Un ejemplo de esto son los glaciares de Pascua Lama que fueron dañados criminalmente por la corporación Barrick Gold. Fue la presión de organizaciones sociales que venció y logró detener después de años de lucha con este delito contra el medio ambiente.
Autor: José Cárdenas
LA COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES DECLARA:
ALERTA GLACIAR: LA TRAMITACIÓN DE LA LEY, DE MAL EN PEOR
El oscuro camino que se vislumbra de la ley que pretendía proteger los glaciares de Chile.
Con Girardi transparentando su apoyo a una ley sin protección del ambiente periglaciar ni del permafrost, Allende, más preocupada de las consecuencias para la minería y un oficialismo que sigue defendiendo sus intereses, la tramitación de esta ley está entrampada en la disyuntiva de prohibir o no actividades en el ambiente periglaciar y permafrost.
La penúltima sesión de tramitación de la ley de glaciares del 31 de marzo deja mucho que desear tanto la clase política como del proyecto de ley propiamente tal y de su futuro en la Comisión de Medio Ambiente. Todo hace presagiar que las comunidades deberemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección, tal como lo llevamos haciendo por más de 15 años. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez más tendremos que bloquear una ley que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la práctica legaliza su intervención.
Con una primera escala en Uruguay, el 6 de abril, el Almirante Craig S. Faller, comandante supremo del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom por sus siglas en inglés), continuó su gira por Argentina los días 7 y 8, para realizar “donaciones humanitarias en representación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para apoyar” a los países que consideran como aliados para combatir la pandemia del COVID-19, informó en un comunicado la embajada estadounidense.
El Comando Sur es uno de los nueve comandos militares pertenecientes a Estados Unidos (EEUU). Abarca un área de influencia militar que comprende el Sur del continente americano, América Central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida.
El comandante del Southcom sostuvo que su compromiso con Uruguay es “de militar a militar” y que “incluye programas de educación profesional y capacitación técnica, asistencia en respuesta a la pandemia y desastres naturales, la colaboración en las operaciones de mantenimiento de la paz”.
Faller se reunió con altos funcionarios del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Uruguay y también con funcionarios de gobierno. Entre otros temas, destacaron sus vínculos de defensa bilateral de larga data entre ambos países. El comandante sostuvo que cada año entre 30 y 40 oficiales uruguayos viajan a EEUU para recibir entrenamiento militar.
Aunque no todo fue un caluroso recibimiento para la comitiva estadounidense. Diversas expresiones de rechazo se hicieron notar. Entre ellas, La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad mostró su desprecio y sostuvo en un comunicado que “la historia de visitas de representantes del Comando Sur de EEUU a América Latina y el Caribe viene de la mano con intervenciones, agresiones militares, crímenes atroces contra nuestra gente”.
La uruguaya Mónica Riet, ex militante de la fracción política Frente Amplio de Uruguay, sostuvo para Avispa Midia que “no es extraña la visita del Comando Sur, porque desde el primer mandato de Tabaré Vázquez (expresidente 2005-2010 y 2015-2020) comenzaron con sus inversiones humanitarias en salud y educación, principalmente en barrios pobres como en Santa Catalina. Pero hubo varias denuncias de que lo que buscaban era establecer una base militar en Uruguay y establecer acuerdos y permisos para el uso de infraestructura bélica, como aeropuertos y puertos que pudieran servir para sus operaciones rápidas”.
Riet sostiene que su país “no ha sufrido de grandes catástrofes naturales porque contábamos con un sistema emergencia adecuado para nuestras necesidades. Pero el Comando Sur lo híper redimensionó con una de las primeras inversiones de un millón de dólares destinados al Sistema Nacional de Emergencia. Actualmente existen 10 centros que disponen de tecnología de punta que funcionan las 24 horas del día que tienen visión en tiempo real de lo que sucede en nuestro territorio”.
En su paso por Uruguay Faller y su comitiva también supervisaron los nuevos artículos donados para este país sudamericano en el marco del Programa de Asistencia Humanitaria de Southcom (HAP) para mitigar el impacto de la Covid-19. De acuerdo con la embajada de EEUU, hasta ese momento, el compromiso de donación gira en torno a USD 4.8 millones en asistencia para contrarrestar la pandemia. “Estas donaciones incluyen equipo de protección personal (PPE), suministros médicos, lechos de UCI, equipos de detección y monitoreo, y tres hospitales de campo”, puntualizó la embajada estadounidense en un comunicado.
La comitiva militar de EEUU estuvo 24 horas en Uruguay y 48 horas en Argentina, donde también realizó una serie de donaciones para sobrellevar el impacto que ha dejado la pandemia.
Argentina
Faller fue recibido en Argentina por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes recibieron la donación de tres hospitales móviles por un valor de 3,5 millones de dólares que se sumaban a otras donaciones que ha realizado el gobierno de EEUU durante la pandemia. “Juntos, hemos realizado 15 donaciones de asistencia humanitaria relacionadas con COVID-19 para apoyar la respuesta de Argentina a la pandemia, entregando equipo de protección, suministros médicos y herramientas de monitoreo y detección”, señalo el comandante del Southcom.
El sociólogo y periodista argentino Lautaro Rivara puntualizó para Avispa Midia que la visita de esta comitiva estadounidense en Argentina gira en torno a una mayor presencia de China y Rusia en la región, sobre todo por sus “inversiones e intercambio comercial. En el caso puntual de Rusia, es bastante notorio que la distribución de una vacuna bastante eficaz y económica como es la Sputnik V, esta siendo un vector de acercamientos con los países del Cono Sur”.
Certeramente como expone Rivara, en la declaración del Almirante Faller, emitida el pasado mes de marzo, la COVID-19 ha sido catalogada por el gobierno estadounidense como una “amenaza para el hemisferio occidental” y esto es un tema que implica a la Estrategia de Defensa Nacional (NDS por siglas en inglés) de los Estados Unidos. Pero también el comandante refirma lo que el Comando Sur viene sosteniendo desde el gobierno de Donald Trump, “estas amenazas incluyen actores estatales externos como la República Popular China, Rusia e Irán que buscan activamente aprovechar las democracias incipientes y frágiles en esta región”.
Para Faller existe una preocupación por el despliegue de China de 1 mil millones de dólares en préstamos a la región para adquirir vacunas para el COVID-19 y para mejoras a la infraestructura médica. Esto a implicado acuerdos que van avanzando con Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. “Esto endeudará aún más a la región con la República Popular China, que ya tiene 165 mil millones de dólares en préstamos”, sostiene el comandante en su declaración.
El mando supremo del Southcom remarca la preocupación ya que desde 2019 China ha superado a los EE. UU. como el socio comercial líder con Brasil, Chile, Perú y Uruguay, pero además se ha posicionado como el segundo socio comercial más grande de toda la región detrás de los EE. UU. “De 2002 a 2019, el comercio de la República Popular China con América Latina se disparó de 17 mil millones dólares a más de 315 mil millones, con planes de alcanzar los 500 mil millones de dólares en comercio para 2025”, alerta Faller.
“Hay una cierta hipocresía en criticar la diplomacia comercial de China y a la vacuna rusa. Como también se criticaba en su momento la famosa diplomacia petroleara de Hugo Chaves. Como si fuera mas positiva la diplomacia de las bombas, la intervención, la injerencia y los golpes de Estado que es la que suele practicar Estados Unidos”, puntualiza el sociólogo y periodista argentino.
Rivara advierte que hay que “prestar atención a la política de ayuda humanitaria en la región. Fue con esta política que intentó, a través de una cabeza de playa, la ocupación de Venezuela en el año 2019. También este recurso fue usado para explicar 15 años de ocupación de Haití. Vemos que estos discursos están renovando los viejos argumentos que han usado con la lucha contra el terrorismo, derechos humanos, la democracia y ahora parecen estar echando mano de un arsenal ideológico como es la ayuda humanitaria”.
El acercamiento de la comitiva militar estadounidense hacia territorio argentino se da justo días después que el gobierno de argentina, presidido por Alberto Fernández, anunció su retirada del Grupo de Lima, un cuerdo multilateral creado por representantes de catorce países que busca dar seguimiento y acompañar a la oposición venezolana y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. El gobierno argentino sostuvo que en el plano internacional se ha buscando “aislar” al gobierno de Venezuela y esto “no han conducido a nada”.
La amenaza transnacional hacia Estados Unidos
Faller, el alto mando del Southcom, sigue sosteniendo que Irán, Rusia y China son un riesgo para la región, sobre todo por elevar su presencia en el comercio, con tecnología e infraestructura. Son las mismas amenazas que se vienen contemplando desde que lanzó la llamada Estrategia del Teatro para ser ejecutada de 2017 hasta 2027, donde también se contemplan las amenazas denominadas Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles).
Esta estrategia de 2017, que fue reafirmada durante el gobierno del Donald Trump, el entonces comandante del Southcom, Kurt Walter Tidd, llevó acabo un despliegue de diversas políticas de “Ayuda Humanitaria”, que respondían, según Tidd, a una rápida respuesta a “cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano)”.
El documento de esta estrategia era claro al asumir que este escenario permitía “oportunidades para promover la seguridad y la estabilidad regional. Durante las últimas cinco décadas, Southcom trabajó con diligencia para obtener – y mantener – la confianza de la región. Ahora nos proponemos a desarrollar esta confianza para profundizar la cooperación bilateral y ampliar la cooperación a dimensiones trilaterales, multilaterales o transregionales”.
El despliegue de esta estrategia también contempló otros sectores como el de cultura, de educación, salud, el periodístico y académico en coordinación con interagencias ubicadas dentro de las Embajadas de los Estados Unidos. “Trabajando con coparticipes interagenciales como el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia, y colaborando con las ONGs y organizaciones intergubernamentales, empresariales y académicas nos permite avanzar hacia objetivos nacionales que serian imposibles de alcanzar sólo con el poder militar”, señalaba el documento del Southcom.
El nuevo gesto, tan oportuno por parte del Comando Sur, hacia Argentina y Uruguay, durante el contexto de la pandemia, no ha sido el único ni el último. También ha sido llevado acabo en otros países como Brasil, donde donó, en 2020, equipo por un valor de 12.5 millones de dólares para “mitigar los impactos socioeconómicos y en la salud, generados por la pandemia de la COVID-19, con especial atención en la Amazonía”, anunció la embajada en su momento.
En este mismo país, altos mandos del Southcom acompañaron, en septiembre de 2020, un simulacro de guerra en el norte de Brasil y frontera con Venezuela, donde se movilizaron más de 3 mil 600 militares brasileños.
Certeramente, tal y como lo plantea el propio Faller en su declaración, la región latinoamericana ha sido una de las más golpeadas por la Covid-19. Todos los países están a la espera de las vacunas, pero en la visita del Southcom para llevar “ayuda humanitaria” no figura ninguna vacuna. “Los motivos reales de la visita son estrictamente obvias, es en materia de seguridad y de cooperación militar”, afirma el argentino Lautaro Rivara.
En la declaración del comandante Faller, del mes de marzo pasado, reafirma, “nuestras alianzas regionales son vitales para la seguridad y la prosperidad en este hemisferio” y, agrega, “los hombres y mujeres de USSOUTHCOM trabajan duro todos los días junto con nuestros fuertes socios interagenciales e internacionales para interrumpir y degradar a estos adversarios, mientras mantienen la presencia, el acceso y la influencia de los EE. UU.”.
Estas son las últimas visitas oficiales a cargo de Faller como alto mando del Southcom, ya que será reemplazado por la teniente general Laura Richardson, quien ha sido nominada por Joseph Biden para ser la próxima comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Richardson participó en operaciones aéreas en la guerra de Irak y en Afganistán, además sirvió como asesora militar del exvicepresidente Al Gore (1993-2001). Hasta antes de asumir su cargo como alto mando del Comando Sur, ha sido también comandante general del Comando Norte de los Estados Unidos.
Tiempo de lectura: 7minutosEl caso de la comunidad Chaab’il Ch’och’ sobre la propiedad de la tierra se encuentra en una de las cortes en Guatemala. Son familias Maya Q’eqchi’ que viven en Livingston Izabal. El reclamo no es nada nuevo en el país: comunidades indígenas asentadas por muchas décadas que reclaman el derecho a la propiedad de la tierra.
La comunidad disputa dos fincas en una zona montañosa que colinda con el Caribe en un extremo y en otro con la reserva natural Chocón Machacas, con el río que lleva el mismo nombre y que se une al río Dulce. La disputa de la tierra involucra a terratenientes, militares, a un expresidente, un exministro, ambos en prisión por casos de corrupción y a un financista de partidos políticos.
Por Nelton Rivera
Las autoridades de la comunidad Chaab’il Ch’och’ decidieron acudir a la justicia en reclamo de la propiedad de la tierra. Son dos fincas en Izabal en disputa y que habitan desde varias generaciones atrás. Para buscar el reconocimiento legal del derecho histórico que tienen sobre la tierra, presentaron un amparo el 4 de septiembre de 2020 en la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil. Argumentaron que como comunidad indígena han sido víctimas de varios agraviados ocurridos en distintos periodos y durante distintas etapas.
Las familias se convirtieron en mozos colonos con la llegada y extensión del cultivo de café durante el siglo XIX. Luego, durante el Conflicto Armado Interno, la represión del ejército los desplazó de manera forzada y provocó que nuevamente perdieran la tierra. En tiempos de paz, recientemente con Otto Pérez Molina en la presidencia, recibieron amenazas, ataques y desalojos, como el vivido en 2017 en contra de 210 personas de la comunidad.
En marzo de 2021, cinco autoridades Q’eqchi’ de la comunidad viajaron desde Livingston y participaron en una vista pública, como parte del seguimiento al amparo por la pandemia; esto lo hicieron a través de una videollamada. En esta vista presentaron sus argumentos sobre esos agravios y por el despojo de la tierra comunal, que a criterio de la comunidad han habitado históricamente. Deberán esperar un nuevo plazo para que la Corte entregue su resolución sobre el amparo que contiene el reclamo de la comunidad.
“Buscamos el amparo para que la comunidad indígena Maya Q’eqchi’ sea respetada y que ya no sean vulnerados sus derechos en cuanto a la exigencia de la certeza jurídica de la tierra…”, expresó Raúl Icó dirigente de la comunidad.
La comunidad Chaab’il Ch’och’, que en idioma Q’eqchi’ significa “Tierra Buena”, está ubicada en el municipio de Livingston, Izabal, en el Caribe guatemalteco. El pueblo Q’eqchi’ está asentado en este territorio. Los primeros registros de la existencia de la comunidad indígena son del año de 1,850. A pesar de eso, la gente en la comunidad afirma que sus antepasados llegaron mucho tiempo antes. Después de un siglo y 71 años, el Estado de Guatemala no ha reconocido a la comunidad como la propietaria de estas tierras.
La abogada Wendy Geraldina López, quien los asiste legalmente, forma parte del Bufete para Pueblos Indígenas, Se refirió a esos distintos momentos y agravios que la comunidad ha tenido que atravesar. Los registros oficiales dan cuenta que en el siglo XVII a la comunidad se le conocía como la Comarca de Machacas. Con el paso de los años cambió su nombre a Chiná Machacas y a partir del siglo XIX se le llamó Chaab’il Ch’och’.
“En aquel tiempo nuestros abuelos la llamaron Machacas. Durante el tiempo de la esclavitud, sometidos a ser mozos colonos, fueron expulsados de Alta Verapaz y lograron encontrar tierra fértil en Livingston Izabal. Así se formó Chiná Machacas “pequeño pez”, con nuestros antepasados y con nuestras raíces; nosotros somos los nietos y bisnietos de ese origen de la comunidad.” afirmó Icó.
La abogada detalló que fue a través de varias ilegalidades que encontraron con la inscripción de las dos fincas las que facilitaron que otras personas o testaferros se asumieron como los supuestos propietarios. Luego apareció Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi Aparicio y Rodrigo Lainfiesta Rímola también acusado por corrupción. Lainfiesta falleció el año pasado por contagio de covid-19. Todos buscaban apropiarse de las fincas. Pérez Molina y Sinibaldi están en prisión por su participación en casos de corrupción en Guatemala. Chocón Machacas: Sinibaldi y el pueblo q’eqchi que lucha por la recuperación de la tierra parte I
Para los comunitarios la tierra está ubicada en lugares estratégicos del país. Tiene entrada directa al Caribe y se ubica cerca a la reserva natural Chocón Machacas, una ubicación que los supuestos propietarios utilizaban para el narcotráfico, según denunciaron los propios comunitarios en 2018, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Según los solicitantes, el área de Livingston sería favorable para el intercambio comercial y también para negocios ilícitos como el narcotráfico. Los solicitantes indicaron que la comunidad estaba rodeada por fincas de “narco-ganaderos” y de personas que realizan narcoactividades.” cita la CIDH.
Vista aérea de la región de Chaab´il Ch´och’ en Livingston Izabal. Fuente Google Earth
Antecedentes históricos de la tierra en disputa
La tierra en dónde está asentada la comunidad tiene como registro dos inscripciones. Resultado de éstas ha sufrido dos desmembraciones (finca 4272 y la finca 3153), ambas del grupo norte de Izabal. Las inscripciones tienen varias anomalías. La investigación hecha por el Bufete para Pueblos Indígenas reveló que la primera inscripción fue hecha entre 1911 a 1912, beneficiando a una persona de apellido Rosales. Esta persona falleció en 1923, bajo el régimen de Manuel Estrada Cabrera. Estaba vigente el Código Fiscal donde se regulaba que para que la tierra fuera entregada a una persona, esta debía realizar un reclamo de tierra baldía, con lo cual se debía demostrar que no existiera ningún habitante y no hay registro de ese reclamo.
La información relacionada a las escrituras da cuenta de que los límites de la tierra colindan con la Comarca, con la calle liberada y con los indios, citan los documentos de los registros de la finca 4272. Para la abogada la explicación es sencilla, aunque el agrimensor -quien realiza la medición de la tierra- no quiso hacer la visita y hacer su informe, pero afirma que entrevistó a las personas colindantes, lo que significa que la tierra no estaba baldía y que las familias Q’eqchi’ ya la habitaban desde tiempo atrás.
Otro de los hallazgos importantes es la descripción del agrimensor de esa época, quien hace referencia a uno de los informes de la Municipalidad de Livingston, elaborado entre los años 1906 a 1907. La municipalidad hace ver que no se puede conceder la tierra porque en su interior existe la Comarca de Machacas y que por esa razón no puede adjudicarse la tierra.
A pesar de esas limitaciones legales, Estrada Cabrera firmó un acuerdo gubernativo cediendo la propiedad de la tierra a Rosales. La abogada informó que esta persona murió intestada; no dejó ningún testamento o documento en el que cediera la tierra a otra persona. El bufete solicitó información a la Corte en relación a la supuesta propiedad de Rosales, pero no existe ningún documento.
En 1991 apareció un supuesto testamento elaborado por Rosales. Sus dos hijos aparecieron y comenzaron el proceso sucesorio de intestado. Un año después falleció la hija de esta persona y de la nada surgió en 1993 un documento de compra venta de derecho sucesorio a favor de una tercera persona, afirmó la abogada. La ley es clara al dar un período de 6 meses para reclamar un proceso sucesorio, si una persona no deja un testamento y en este caso pasaron más de 70 años para que aparecieran estas personas e hicieron el reclamo.
Otro hallazgo lo constituyen las dos inscripciones, que están hechas de forma anómala en el Registro General de Zacapa. Según la ley guatemalteca, los únicos lugares en los que se pueden registrar propiedades son el Registro General de la zona central en la ciudad de Guatemala y el segundo lugar es el Registro de la Propiedad.
La abogada afirma que lo extraño es que a pesar de que los documentos no fueron elaborados de manera legal, se inscribió la propiedad; la sucesión de derechos de la tierra se va dando de manera irregular e ilegal. Con todo ese contexto se da la compra-venta de la finca 3153, hasta la fecha esta misma finca corresponde a la llamada finca Santa Izabel, que en los últimos 9 años ha sido objeto de una fuerte disputa, por parte de personajes como Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta, en contra de la comunidad indígena.
Abogada Wendy Geraldina López del Bufete para Pueblos Indígenas. Foto Nelton Rivera.
¿Qué sucedió con la finca 4274?
En este caso, el agrimensor sí se presentó a medir y verificar cómo se encontraba la tierra. La información en el expediente da cuenta de que esta persona si localiza la existencia de chozas dentro de la finca y por ende confirma la presencia de habitantes. En todo este tiempo la finca fue usada solamente para crear créditos hipotecarios.
El hallazgo que para la abogada resulta impactante es que, al igual que la finca Santa Izabel, no existen documentos sucesorios ni testamento. Finalmente la propiedad llegó a manos de una familia de terratenientes dedicados al café, se trata de la familia De la Roca Pérez, originarios de Acatenango Chimaltenango y que se dedican a la siembra y exportación de café.
La investigación de los abogados refiere que la familia De La Roca Pérez llegó al territorio de Livingston en 1986 y en el contexto de la guerra logró despojar de la tierra a las familias de Chaab’il Ch’och’. Por favores militares se les beneficiaba con la obtención de fincas, explica la abogada.
Una de las hijas de la familia se unió en matrimonio con uno de los hijos de la familia Garavito Morán, con tradición en las filas del ejército de Guatemala. Se trata de Héctor Armando Garavito Morán. Uno de los hermanos Garavito está siendo procesado actualmente por delitos de lesa humanidad, cometidos en la zona militar 21 de Cobán Alta Verapaz conocida como Creompaz. Se trata de Carlos Augusto Garavito Morán.
“4. Según los solicitantes, durante el conflicto armado interno muchas tierras fueron escrituradas a nombres de otras personas, fundamentalmente militares; o simplemente ocuparon las tierras y, cuando las personas quisieron volver a ellas, se encontraron con que estaban ocupadas…” señala la CIDH en su resolución 3/2018, al resolver la medida cautelar No. 860-17.
“El Estado de Guatemala con el apoyo del ejército empezaron a apropiarse, realizaron el desplazamiento y a sacar familias amenazándolos para que abandonaran la tierra, ahí tuvo responsabilidad también el INTA, fue la ignorancia y al analfabetismo de nuestros ancestros no pudieron defenderse y tuvieron que emigrar a otros lugares.” describió Icó.
Autoridades Maya Q’eqchi de la comunidad Chaab´il Ch´och’ después de participar en la vista pública. Foto Nelton Rivera
Tras cinco años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, este 7 de abril, había iniciado formalmente un juicio contra el ex militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roberto David Castillo, quien fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual de este atroz crimen. No obstante, la defensa técnica de Castillo, por cuarta ocasión, presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio.
Los abogados de Castillo pidieron a la Corte que traslade el caso a otro tribunal. Lucía Villars, portavoz de los tribunales, expresó que el juicio no podía proseguir hasta que el Tribunal de Apelaciones resolviera el asunto. Tiene tres días para hacerlo.
El abogado de la familia Cáceres, Víctor Fernández, puntualizó que la defensa presentó la recusación “haciendo un alegato forzado mostrando enemistad manifiesta con el Tribunal y ese elemento dice que lo infieren del trato que han recibido del Tribunal”.
La familia de Berta considera que la suspensión del juicio se dio en torno a nuevas pruebas que presentaron los abogados que llevan el caso, sobre un pago de más de 1 millón 200 mil dólares que recibió David Castillo, dos días antes del asesinato de Berta, por parte de Daniel Átala Sabla, gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), principal accionista del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, cuya construcción está planeada para realizarse sobre el Río Gualcarque. (Continuar leyendo…)
Mientras Juan Manuel Santos dicta conferencias de paz en todo el mundo, la comunidad liberadora de la Madre Tierra seguimos soportando la guerra.
La noche del martes 6 de abril, a eso de las 7 y 40 de la noche, una vez más un grupo armado hostigó el puesto de policía ubicado en la casa de La Emperatriz, finca ubicada en el municipio de Caloto, al suroccidente de Colombia, y desde hace seis años territorio en proceso de liberación de la Madre Tierra.
El grupo armado lanzó dos bombas de alto poder explosivo, cuya onda expansiva se sintió en las veredas vecinas. Después sonaron disparos.
La respuesta de la policía fue disparar hacia los cambuches (ranchos de plástico) de la comunidad liberadora, que fueron impactados por las balas, igual como sucedió en el hostigamiento del 25 de marzo. Nadie de la comunidad resultó herido.
La policía fue ubicada allí por el estado colombiano como una tranca contra el proceso de liberación. En otras fincas en liberación, ha ubicado bases militares.
Los actos de guerra del posconflicto en los que la comunidad liberadora de 13 fincas en liberación en el norte del Cauca queda en medio del fuego cruzado se han vuelto el pan de cada día.
Paralelamente, Santos da cursillos de paz, Duque mueve sus fichas en el tablero del norte del Cauca y anuncia una base militar en La Emperatriz. Los industriales de la caña ofrecen proyectos o mano dura.
Su guerra, su paz. Oferta falaz.
No jugamos su tramposa guerra.
¿Paz? La libertad de la Madre Tierra.
Proceso de liberación de la Madre Tierra
Norte del Cauca, Colombia.
En el quinto conversatorio de la serie Diálogos de saberes en tiempos de pandemia, titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago, de la organización Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), fueron abordados los problemas que rodean la vida de las y los habitantes de esta zona geográfica de Jalisco.
Ellas y ellos están sufriendo las afectaciones de un Estado que crea leyes que protegen y amparan a las y los empresarios que deciden instalar sus industrias en sus territorios, que les despojan de sus tierras y enferman sus cuerpos
Samantha Anaya / Zona Docs
«Para Mezcala la tierra es todo»
La historia de Mezcala «se explica con la lucha de su territorio», pues desde hace 500 años sus habitantes trabajan para proteger su territorio, afirmó Rocío Moreno, historiadora y comunera en la comunidad de Mezcala, durante el conversatorio titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago.
Moreno narró que, desde el proceso de conquista por parte de los europeos al llegar a esta zona, el pueblo coca (en donde se encuentra la comunidad de Mezcala) «fue de los más violentados, porque se esclavizó a gran parte de su población». Por esta misma razón, ahora sólo «se encuentran un par de comunidades, y eso tiene que ver con el exterminio y las violaciones contra su territorio y habitantes».
La comunera expuso, además, que el exterminio de los pueblos originarios generó la pérdida de su lengua, por lo que lo único que les quedó fue refugiarse en su tierra:
“Por eso decíamos que para Mezcala la tierra lo es todo. Nuestros ancestros resistieron a la colonización. Esto nos da orgullo e identidad».
De acuerdo con el Movimiento de Personas Afectadas por Represas (MAB), este jueves 25 de marzo se registraron varias denuncias por medio de videos sobre la ruptura de la principal presa de relaves mineros de oro en Maranhão, Brasil. Esta presa pertenece a la minera Aurizona del grupo privado canadiense Equinox Gold, que explota la mayor reserva de de oro de Brasil y una de las principales del mundo.
Los residentes registraron el momento en que una de las presas de Aurizona se rompió, se desbordó e invadió el depósito de agua de donde se recolectaba el sistema de suministro de agua de la ciudad.
De acuerdo con datos oficiales de 2019, esta zona tiene reservas de 750.000 toneladas de oro almacenadas en minas.
La minera se posicionó en una nota minimizando el problema y afirmando que no hubo una ruptura de la presa, sino que el sistema de drenaje de MASA S / A (Mineração Aurizona), estaba averiada.
Las familias dicen que, debido a la contaminación de minerales en el río, ya se encuentran sin acceso a agua potable.
“La contaminación de minerales de este tipo en los cuerpos de agua puede ocasionar una serie de impactos sociales y ambientales en la vida de la población afectada, como la ocurrencia de varias enfermedades, además del aumento de la pobreza y la desigualdad social, como ocurrió en Brumadinho , Minas Gerais”, denuncia en un boletín el MAB.
El MAB también denunció que, “en 2018 hubo un deslave de desechos estériles, provocado por la explosión de dinamita y unas cuatro mil personas resultaron afectadas, quedando aisladas”.
El MAB ha catalogado este evento como “un delito socioambiental más” que han provocado las transnacionales mineras en Brasil.
Además han alertado que esta situación no puede continuar así para la población. “Las represas mineras, hidroeléctricas y de agua en Brasil no pueden seguir representando inseguridad, miedo y violencia para la población que vive cerca”
