Tras el estallido del Paro Nacional en Colombia, iniciado en abril de 2021, el tratamiento de las protestas por parte del gobierno, a través  de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, “es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados ilegales, es decir, se utilizan discursos y técnicas con el objetivo de enfrentar a un enemigo interno”, denunciaron 41 comisionados y comisionadas de 14 países quienes conformaron La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS Colombia).

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Apegados en artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la protesta, una amplia participación ciudadana inició un Paro Nacional el pasado mes de abril. Justo en medio de la pandemia de la Covid-19 se dislocaron diversas acciones, que continúan hasta hoy, sobre todo, por un contexto de crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y la falta de respuesta del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

“Desde el 28 de abril, los ejercicios de resistencia se han desarrollado de manera continua en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país. Las movilizaciones han sido descentralizadas y han desarrollado tanto repertorios tradicionales como marchas, bloqueos o cortes de ruta, toma de entidades o instalaciones, recuperaciones de suelos, huelgas de hambre y resistencia civil, como nuevas manifestaciones creativas”, documentó en su Informe la Misión SOS Colombia, presentado el pasado 7 de octubre.

Los observadores internacionales han resaltado que el trato que ha dado el gobierno de Iván Duque, mandatario de este país, ha sido desde la doctrina militar, destacando el “actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares como institución, es decir, no como situaciones ocasionales y particulares sino, por el contrario, como una política definida antes, durante y posterior a las movilizaciones y protestas”, a ellos se sumaron, “paramilitares y personas civiles armadas”, que actuaron con el cobijo del Estado.

Los 41 integrantes de esta misión se reunieron con defensoras y defensores de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, con la comunidad LGBTIQA+, juventudes, estudiantes, artistas, entre otros. Documentaron que la violencia sistemática del Estado colombiano ha recurrido al “homicidio selectivo de las víctimas, quienes regularmente eran personas jóvenes que estaban participando activamente en las marchas”, así mismo, “la desaparición forzada fue una práctica sistemática” contra los activistas.

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Los cuerpos policiacos y militares también recurrieron a la “tortura sexual contra las mujeres y la población LGTBIQA+; esta situación obedece a un patrón misógeno y patriarcal que se empleó para causar terror en las personas manifestantes”, sostienen los observadores.

Al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, se suma “la utilización de armamento, municiones no permitidas, así como la manipulación de municiones para causar un daño e impacto mayor sobre la salud y la vida”, destaca este informe.

De acuerdo con la información obtenida por la misión, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, con mayor número de efectivos de fuerzas militares que asciende a 295 mil miembros de las fuerzas armadas, sólo superado por Brasil. Además, 195 mil efectivos de la Policía Nacional militarizada que depende del Ministerio de Defensa.

Colombia, que ha recibido entrenamiento y armamento de los Estado Unidos con el paquete de ayuda militar denominado “Plan Colombia”, dedica el 3,4% del PIB a gasto militar que absorbe el 16% del presupuesto nacional. “Tras Estados Unidos, es el segundo país del continente americano que dedica un mayor porcentaje del PIB a gasto militar”, arremeten los observadores de derechos humanos.

Por ello, la misión exigió a los Estados Unidos, y a cualquier país que brinda armamento militar o material antidisturbios, “ la suspensión de ventas comerciales o donaciones de tal armamento”. También a la Unión Europea, “se le exige la suspensión de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la UE en materia de exportación de armas”.

Mientras tanto, a los Estados y organismos financieros internacionales, entre otras exigencias de la misión, destaca que se abstengan a “autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democrática”.

El saldo

Las y los integrantes de la misión recibieron más de 70 informes de organizaciones locales y regionales y recabaron al menos 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional.

De acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021.

Mientras que el Informe Anual de Global Witness de 2020, destacó que Colombia, por segundo año consecutivo, es el país con mayor número de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones de los manifestantes sigue siendo, entre otras, renta básica, intervención y financiación estatal al sistema de salud, derogatoria de algunos de los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria, la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal, matrícula cero en la educación superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Resaltan también reivindicaciones como la implementación del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos.

La misión también lanzó una serie de exigencias inmediatas al gobierno colombiano, como el cese de los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra manifestantes, líderes/as de las protestas.

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También que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones.

Exigen, además, que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar, a través del cual, el Gobierno Nacional impartió medidas represivas para el restablecimiento del orden público.

Nueva jornada

El Comité Nacional de Paro prepara una nueva jornada de movilización ciudadana en todo el país para el próximo miércoles 20 de octubre.

^{Foto por Santiago Navarro F}

Por este medio se ha informado sobre la larga y compleja disputa legal protagonizada por la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo (Demanda Colectiva Maíz) y las empresas agroindustriales (Bayer-Monsanto Comercial Semillas y Agroproductos S.A. de C.V., PHI-México, S.A. de C.V., Syngenta y Dow Agrosciencies), suscitada a partir de que los magnates agroindustriales solicitaron amparos respecto a las medidas impulsadas por la Demanda Colectiva Maíz para descontinuar la siembra de maíz transgénico para uso comercial en territorios mexicanos.

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Esta situación compleja desembocó una lucha prolongadísima (desde el 2013) que se alimentaba del suspenso. No obstante, no existe plazo que no se cumpla ni lucha que no valga la pena porque, a pesar de que Bayer-Monsanto, PHI, Dow y Syngenta creyeron que era posible esquivar la justicia evadiendo las investigaciones requeridas para demostrar científicamente los riesgos de sus procesos y por ende evitar que se pudiera probar la nocividad de sus productos, el día de ayer (13 de octubre), tras desechar los 130 argumentos (insustentables e insuficientes) con los que las multinacionales intentaban defenderse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) – ¡por decisión unánime! – ha negado los cuatro amparos de las agroindustriales internacionales (al igual que cualquier impugnación).

Enriqueciendo la victoria, la SCJN determinó que siempre y cuando se cumplan los requisitos de la ley, en los juicios de acción colectiva los jueces tienen la facultad de dictar las medidas pertinentes a favor de la colectividad. La Demanda Colectiva Maíz hereda un precedente para las demandas colectivas contemporáneas y futuras. Se ha empoderado a los campesinos, pueblos indígenas y consumidores de maíz para luchar por sus derechos.

La lucha de la Demanda Colectiva Maíz tiene como principal objetivo el proteger y preservar el maíz nativo que está en el riesgo de desaparecer si continua el uso comercial de transgénicos; además de buscar evitar los efectos negativos sobre la soberanía alimentaria y salvaguardar salud de los consumidores del grano, que se comprometía por la usanza de agrotóxicos.

La realidad es que el efecto del fallo igualmente beneficia a la biodiversidad que ha sido dañada con la introducción de otros transgénicos (como la soya), la apicultura (y las abejas).

Aun así, como la misma Demanda Colectiva Maíz se refiere, “aún nos queda un largo camino por recorrer para lograr la prohibición definitiva de maíces transgénicos en México”.

^{Indígenas Lenka que resisten a que el Rio Blanco sea represado. Foto por Santiago Navarro F.}

A más de tres meses del fallo condenatorio contra David Castillo por su coautoría en el homicidio de Berta Cáceres y ante la demora en la emisión de la sentencia en el caso, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se manifestaron este martes (12) frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.

“529 años de cárcel para David Castillo serían pocos para calmar el dolor que ha dejado en el pueblo Lenca, con el auspicio del Estado de Honduras”, enfatizaron los integrantes del Copinh en el marco de los 529 años del inicio de la invasión a los pueblos indígenas de América.

Acompañados de familiares de Cáceres y de miembros de la comunidad lenca de Río Blanco, exigieron la pena máxima para David Castillo y la no intervención del gobierno hondureño en la comunidad indígena donde aún pretende operar la empresa hidroeléctrica DESA, a quien reconocen como parte de la maquinaria de violencia contra el pueblo lenca.

En conferencia de prensa que acompañó la protesta, Berta Zúñiga remarcó que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal ha incumplido su palabra luego de que han expirado los tiempos procesales establecidos, poniendo en riesgo el proceso de justicia, al no emitirse la sentencia contra el condenado Roberto David Castillo Mejía.

“Sumado a todas las demás negligencias del Estado, pues consideramos que es una incertidumbre jurídica a la que se expone el derecho de las víctimas”, compartió Berta Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh.

En el acto, Zúñiga compartió un comunicado donde se enfatiza que el Ministerio Público, a pesar de haber aceptado que aún faltan los autores intelectuales de este crimen, no han presentado ni procesado a los demás coautores. “Cabalgan en la impunidad quienes ordenaron este crimen que continúan imponiendo la muerte invasora a los pueblos indígenas”, leyó Zúñiga.

En ese tenor, el comunicado del Copinh también remarcó la ausencia de resolución penal de la la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que deje en firme la sentencia contra los siete condenados, juzgados en 2018, por el asesinato de Berta Cáceres: Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, entre otros autores materiales.

Especialmente, Zúniga y el Copinh demandaron la captura de los miembros de la familia Atala Zablah, “de una vez por todas, por el crimen contra nuestra compañera y los demás crímenes contra nuestro pueblo”.

La exigencia del Copinh se suma a las recientes declaraciones de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, agrupación de organizaciones internacionales en derechos humanos, quienes urgieron a las autoridades hondureñas la emisión de la sentencia para garantizar la justicia integral en el caso.

“Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 4 años. El fallo deberia impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para sean debidamente llevados a la justicia”, publicaron las organizaciones a principios de octubre.

Ante la acción de protesta de esta mañana, el Poder Judicial se excusó a través de redes sociales, pues aún se encuentra en proceso de redacción de la sentencia condenatoria contra el coautor David Castillo por ser el culpable del asesinato de Berta Cáceres.

Por último, habitantes de la comunidad lenca de Río Blanco denunciaron acciones y planes del Estado hondureño, en colusión con la familia Madrid y el alcalde de Intibucá, para extorsionar, invadir y dividir los esfuerzos organizativos de las y los integrantes del Copinh en la zona donde se pretendía la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

^{Fotos e información de Prensa Comunitaria}

^{En Portada: Plantón permanente antiminero en El Estor, Izabal}

Con la presencia de empresas transnacionales como Solway Investment Group, de capital ruso-suizo, la actividad extractiva en el Caribe guatemalteco tomó mucha más fuerza. A la vez que las operaciones crecían, fueron registradas una serie de vulneraciones contra el pueblo Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz.

En este contexto, este lunes (11) se cumplen siete días de la instalación de un campamento permanente de resistencia pacífica antiminera en El Estor, Izabal. El plantón se estableció en la entrada principal del municipio, a unos 10 kilómetros de la Planta Procesadora de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, ubicada a un kilómetro de distancia del pueblo.

La dinámica comunitaria en El Estor, municipio de Izabal, ha sido sacudida en distintas formas por la actividad minera: desalojos violentos a comunidades asentadas en el interés de la empresa; contaminación medioambiental y del lago; criminalización de sectores de oposición y recientemente exclusión sobre el derecho de consulta comunitaria.

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“Para un ser que en verdad valora sus recursos no existe el cansancio, es lamentable que hay una minoría que no entiende el valor de los recursos y que se inclinan al dios de la tierra que es el dinero. En donde están los políticos, la gente que busca su beneficio personal para hoy, aunque mañana estén sufriendo, por eso que para nosotros no es cansado estar aquí en la resistencia” expresó Pedro Cuc, Maya Q’eqchí originario de El Estor, Izabal.

Las autoridades decidieron iniciar con esta manifestación pacífica debido a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), está excluyendo a las principales autoridades del pueblo Q’eqchí’ de participar en los preparativos de la preconsulta y de la consulta comunitaria.

Tampoco se han hecho esperar los ataques en redes sociales, así como la instalación de otros dos bloqueos carreteros, éstos en apoyo a la actividad minera, en los cuales señalan a Abelino Chub, dirigente indígena maya Q’eqchi’, y al profesor Enrique Quinich, como responsables de esas acciones de protesta.

Abelino Chub forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A. le habían denunciado sin pruebas.

En sus redes sociales, Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa. Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”

La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook se dirige contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc, integrante del equipo de Prensa Comunitaria. Estas páginas y las personas que participan en los ataques son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.

Resistencia pacífica y amenazas de desalojo

El plantón permanente antiminero se encuentra en la entrada a la cabecera del municipio de El Estor desde la madrugada del lunes 4 de octubre. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.

Pese a esto, el pasado sábado (9), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se acercaron al lugar de la resistencia para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió: “Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.

“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado racista, opresor y dictador”, se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas han colocado donde realizan la manifestación.

“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya”, expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

El pasado domingo (10), las autoridades del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’, como en los días anteriores, recibieron el apoyo de otras comunidades. Apoyo que va desde acuerpar la resistencia y hacer turnos, hasta mostrar su solidaridad con víveres para quienes participan del plantón.

Para las autoridades de los Consejos Ancestrales la consulta por el proyecto minero Fénix no puede realizarse, hasta que no se suspendan todas las operaciones de la compañía de níquel, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en 2019.

Al cierre de esta edición, Prensa Comunitaria alertó de que un fuerte contingente de la PNC se dirige en dirección al municipio de El Estor, acción preocupante para las autoridades de los Consejos Ancestrales participantes del plantón antiminero, ya que el despliegue policiaco coincide con una protesta convocada por trabajadores mineros a favor de la Minería CGN-PRONICO.

^{En portada: Trecho del Gasoducto Sonora que pasa por la comunidad de Loma de Bácum. Foto: Santiago Navarro F.}

El pasado 29 de septiembre se publicó oficialmente un decreto donde el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, restituyó 2 mil 900 hectáreas del territorio de la Tribu Yaqui, en Sonora. Reconoció el derecho a este pueblo originario de utilizar el 50% del agua del río Yaqui para uso agrícola en el territorio de los ocho pueblos que conforman la Tribu. El resto del agua es para productores a gran escala y las zonas urbanas más destacadas de la región, incluyendo la capital de esta entidad, Hermosillo.

La noticia fue emitida en una ceremonia pública en el municipio de Vicam, donde el mandatario pidió perdón por los agravios cometidos por los gobiernos que le antecedieron hacia los ocho pueblos originarios que componen la Tribu Yaqui: Loma de Bácum, Huirivis, Rahum, Potam, Vícam, Tórim y Corit o Loma de Guamúchil.

A escasos metros del evento se encontraba la autoridad tradicional de Loma de Bácum que, al igual que la gente de su comunidad, conocida como la Tropa Yoeme (niños, mujeres, hombres y ancianos), no se le permitió el acceso al evento.

La autoridad que representó a la comunidad de Loma Bácum en este evento, y en las negociaciones previas, no ha sido elegida de forma tradicional por esta comunidad y tampoco ha tenido el consentimiento de la Tropa Yohemia.

“Nosotros desconocemos a esta autoridad porque son los que atacaron (en 2016) con armas de fuego a la autoridad legítima y toda la comunidad para intentar imponer el cruce de un gasoducto por nuestra comunidad”, señaló Carmen García, de Bácum y esposa de Fidencio Aldama, integrante de la Guardia Tradicional que reconoce la comunidad de Bácum.

Fidencio fue detenido el mismo año en que el grupo armado irrumpió en la comunidad. Fue condenado a 15 años y seis meses de prisión por cargos falsos relacionados con la muerte de una persona. Hoy, personajes que conformaron este grupo de choque fueron los que se han sentado con el resto de los pueblos para recibir la noticia del decreto por parte del gobierno.

Carmen dice para Avispa Midia, “todo empezó porque querían imponer a una autoridad que aceptara el gasoducto”, el colmo dice, “es que llegaron armados y disparando. Mi esposo era parte de la Guardia Tradicional y, junto a los demás miembros, pues intentaron proteger a la comunidad. Entonces inculpan injustamente a mi esposo. A pesar de que presentamos pruebas que muestran todo lo contrario a lo que han montado, como el tipo de armas que usan legalmente nuestra guardia y el arma con la que se perpetró el asesinato. A la detención de mi esposo se suma la desaparición de diez integrantes de nuestra comunidad, esto sucedió desde el mes de marzo. Lo que pretenden es debilitar a nuestra comunidad para dar paso al gasoducto y proyectos mineros en la región”, arremete Carmen.

El gasoducto al que se refiere Carmen es un proyecto que inició en 2012 para la construcción y operación del sistema de transporte de Gas Natural denominado Gasoducto Sonora. Este complejo es propiedad de le empresa estadounidense Sempra Energy y es operada por su filial en México, IEnova. Un complejo dividido en dos segmentos que en total suman 830.56 kilómetros: Segmento I, denominado Gasoducto Sásabe – Guaymas (GSG); Segmento II, denominado Gasoducto Guaymas – El Oro (GGO), fracción que atraviesa el territorio indígena Yaqui.

La abogada Yaqui, Anabela Carlón, de Loma de Bácum, sostiene que el escenario de violencia vivido en esta región está vinculado al intento de implementar una serie de proyectos en sus territorios. “Los desaparecidos eran personas que se habían opuesto a la explotación minera, a la construcción del Acueducto Independencia, que suministra agua a la capital de Hermosillo, y al Gasoducto Sonora que fue proyectado para pasar a 300 metros de la comunidad”.

“Dos días después de que fueron desaparecidos nuestros hermanos, nos tenían que informar sobre las medidas para la reubicación de este gasoducto porque nosotros mantenemos nuestra postura de no dejar que cruce por Loma de Bácum. Después de las desapariciones no supimos más y hoy nos traen este decreto que, a pesar de decirnos que nos beneficia, no conocemos con profundidad lo que realmente implica”, puntualiza la abogada, ya que el gobierno federal legitima la autoridad indígena que está a favor de los proyectos.

Presión para concluir el gasoducto

Se supone que esta corporación brindaría al gobierno de México el servicio de transporte y venta de gas extraído en Estados Unidos mediante el método conocido como Fracking, desde el año 2014. Aunque nunca concluyeron esta infraestructura, por tanto, no han brindado nada de gas.

Sin embargo, el documento Estados Financieros Consolidados y Auditados de Sempra Energy de 2021 anuncia a sus inversionistas que su filial IEnova recibió pagos apegados a la cláusula “de fuerza mayor”. Es decir, de acuerdo con el contrato firmado, el gobierno mexicano tiene la obligación de pagar a la empresa, aunque dicha empresa no brinde el servicio. IEnova acusa el pueblo de Bácum de ser el culpable, ya que no permite que el gasoducto pase por su territorio. Estos pagos fueron desde 2017 hasta 2019.

El gobierno de Obrador renegoció con IEnova los contratos firmados antes de su administración por considerarlos “ventajosos y leoninos”. Resolvieron que los pagos por “fuerza mayor” se suspenderían y los pagos por los servicios se reanudarían cuando se repare la sección dañada del segmento Guaymas-el Oro, que se encuentra en Loma de Bácum.

El informe de Sempra Energy alertaba que “si el ducto no se repara antes del 14 de marzo de 2021 y las partes no acuerdan una nueva fecha de inicio del servicio, IEnova se reserva el derecho de rescindir el contrato y tratar de recuperar sus costos razonables y documentados y sus ganancias perdidas”.

Además, advierte, “si IEnova no puede hacer tales reparaciones (que no han comenzado) y reanudar las operaciones en el segmento Guaymas-el Oro del ducto Sonora o si IEnova rescinde el contrato y no puede obtener recuperación, puede haber un impacto adverso importante en los resultados de operaciones y flujos de caja de Sempra Energy y en nuestra capacidad para recuperar el valor en libros de nuestra inversión”.

El gobierno de Obrador está haciendo hasta lo imposible para activar el funcionamiento del Gasoducto Sonora, de lo contrario, tendrá que ajustarse a las acciones de la empresa. Hasta el momento no hay una declaración oficial del gobierno mexicano sobre las posibles acciones de la transnacional estadounidense.

Hasta 2018, junto al Gasoducto Sonora, 17 ductos más, de diversas empresas, como Carso y Transcanada, cobraron sus servicios sin brindarlos, como se detalla en la investigación “Los Ventajosos Beneficios de Sempra Energy en México” realizado por Avispa Midia. El saldo fue de 16 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe financiero del año 2018 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuando el gobierno de López Obrador asumió el poder, se sumaron 672 millones de dólares más por “pagos de fuerza a mayor” a estos proyectos que no estaban funcionando.

“Es por eso que nos llama la atención de que no hayan dejado pasar a nuestra autoridad tradicional, que obviamente, junto a la mayoría de la comunidad, nos oponemos a este proyecto. Por el riesgo que implica y porque no nos trae ningún beneficio”, dice Carmen.

La abogada dice, “si hay otros pueblos por donde quiere reubicar el gasoducto, pues que lo hagan. Aquí no hemos aceptado ningún dinero o proyecto, porque no lo queremos. Ahora queremos que aparezcan a nuestros hermanos y que liberen a Fidencio Aldama que esta injustamente en prisión”.

En el evento dónde fue presentado el Decreto, desplegaron una serie de pancartas. Resaltaba la mirada de rabia de las mujeres que, apenas dos días antes, les informaron oficialmente que habían encontrado los restos de sus familiares desaparecidos. “Ellos son cinco de diez hermanos que desaparecieron desde el 14 de junio”, dijo la abogada Yaqui quien se ha sumado a la búsqueda de los desaparecidos.

Por otra parte, este 27 de octubre, se cumplen cinco años desde que el preso político, Fidencio Aldama, se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de ciudad Obregón, Sonora. Diversos activistas y colectivos que trabajan contra las políticas carcelarias y la industria penitenciaria, que también forman parte de una campaña por la liberación de Fidencio, preparan acciones para seguir exigiendo su liberación inmediata.