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Avispa Midia

Oaxaca: la realidad subterránea de los despojados urbanos por la turistificación

Fuente: Avispa Midia

Por Jorge González

Foto de portada: Santiago Navarro F.

Del 15 de mayo hasta el 11 de junio de 2024 mantuve mi puesto de libros día y noche en el plantón magisterial del zócalo de la ciudad de Oaxaca. Este texto es resultado de un conjunto de impresiones, diálogos y vivencias recuperadas desde hace un año durante la toma del zócalo hasta el Operativo Pescador efectuado recientemente en la Central de Abasto, pero también de la necesidad de hablar respecto al tema de las adicciones, las drogas, la criminalización, el despojo, la gentrificación y la turistificación que en su conjunto no es más que hablar de lo que significa vivir en esta ciudad capital.


El año pasado dos vecinos cercanos, uno de 17 y otro de 34 años, se suicidaron en sus hogares. Ambos estaban desempleados y fueron consumidores de cristal hasta sus últimos días.

Es importante hablar de esta guerra social en la cual la droga y la miseria conviven a diario, y en la que una es utilizada como justificación para criminalizar a la otra.

Los intereses del capital prevalecen ante la vida, un discurso desarrollista cimentado en la mercantilización cultural y territorial es impulsado por los gobiernos, el despojo sigue avanzando tanto como las problemáticas que de él derivan, sembrando impotencia y dolor en una colectividad que se niega a mirar su propio reflejo. 


El plantón no sólo es una cuestión gremial. Una economía subterránea se inaugura en cada temporada de protestas y los beneficiados no sólo son los militantes de las organizaciones sociales aliadas o del sindicato de maestros, sino también artesanos, artistas independientes, pequeños comerciantes, desempleados, campesinos, obreros,  gente sin hogar, migrantes, viajeros sin presupuesto y los yonquis de la Central de Abasto.

Lo que aparentemente constituye un golpe para la industria turística en cada temporada de protestas, por otro lado, es un respiro económico para la fauna que no encaja en el Oaxaca de moda.

Hay ecosistemas que florecen y desaparecen casi al instante. El plantón, por ejemplo, es un hábitat efímero en donde confluyen personalidades y situaciones que superan cualquier discurso o propaganda mediática.

Ni el más encumbrado intelectual ni el periodista o escritor más progre, ni la tesis estudiantil más refinada ni este texto, engloban o definen la vida que se desarrolla en las entrañas del centro de Oaxaca cuando es tomado por las bases del magisterio oaxaqueño y sus aliados.

Aquí la resistencia no está en lo visible y evidente, sino en las múltiples posibilidades que germinan cuando el espacio público es tomado por el pueblo oaxaqueño y sus diversos rostros interactúan abiertamente.


Mientras escribo un par de apuntes, el Profe irrumpe recitando un fragmento de su último poema: “Porque cada piedra es una sílaba del inmenso nombre que entre todos deletreamos”. Me mira fijamente gesticulando un rostro irónico y sombrío, como si fuera el mismísimo diablo jugando con mi mente: “¿qué pedo, sigues fumando cristal a escondidas?”, me vacila, llamando la atención de un par de lectores despistados que buscan algún título en la mesa de libros que he montado. 

La primera vez que conocí al Profe fue en el festival independiente Lux Vocis  de 2021 durante el Oaxaca pandémico de “la sana distancia” y la psicosis colectiva. Coincidimos por un amigo en común al que apoyamos en un proyecto artístico comunitario de intervención lumínica urbana. En aquella ocasión el Profe presentó un performance inspirado en el teatro independiente del finado Enrique Cisneros, aquel Llanero Solitito que  fundó en 1973,  junto con otros estudiantes de teatro, el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA). 

“La contracultura es esto: la toma del espacio. Aquí es como un charco al que llegan zancudos, libélulas, ranas, sapos y hasta nacen peces. Sólo es por temporadas, cuando cae la lluvia. La gente es culera, cree que nos conoce, pero no es así. A los de la Central los estatales nos ubican y no nos dejan subir al centro, si nos ven por aquí nos basculean en corto. Lo loco del ambiente es que te vuelves amoral, no antisocial, dejamos la moral preestablecida y construimos otra cosa. Tenemos nuestros propios códigos. No cagamos donde comemos, pero al mismo tiempo la necesidad pone a prueba nuestro ingenio, pues tenemos que generar entre 300 y mil pesos diarios mínimo, claro, eso dependiendo de lo que consumas y cuánto consumas. No siempre es posible robar. Los que roban de verdad están bien vestidos, los yonquis requieren pensar más pues tienen en su contra a la sociedad y sus etiquetas morales de por sí”.

El Profe comparte su visión mientras prepara la próxima dosis de negra (heroína) que le calmará la última malilla (síndrome de abstinencia) del día.

“La malilla de negra está de la verga. Te cala hasta los huesos”, advierte el Profe mientras se limpia el sudor de la frente. Cierra los ojos, inhala y exhala. Saca un pedazo de aluminio. Corta un poco de goma y la coloca encima. Prende fuego por debajo y en breve aspira el humo por un tubo de vidrio delgado que lo conduce hasta los pulmones, para después salir en bocanada como vapor caliente. No hay testigos: ni policía estatal ni profesores ni ciudadanos ni clérigos, sólo un círculo de adictos en relativa igualdad de condiciones. No hay palabras, sólo un tibio silencio que aparenta calma.

El Profe enciende un cigarro y retoma el diálogo: “No busco felicidad, busco paz y se llama heroína. Me detectaron un tumor en la cabeza hace poco. Yo no me aferro a la vida, asumo las cosas como vienen”. Le da un fume a su cigarro, cavila unos segundos y continúa hablando: “He caído bajo, lo sé, ¡bien bajo!, pero no tanto como un dirigente sindical o un gobernador. ¡Hay niveles de dignidad y eso no hay que olvidarlo!”, la efusividad del comentario provoca risas indiscretas y capta la atención de un grupo de profesoras. 

El frío nocturno transcurre alrededor de una fogata común: la droga. De alguna forma los yonquis se sienten seguros en el centro del campamento, quizá es porque durante estos días el primer cuadro no le pertenece a la policía estatal ni a los inspectores, o quizá sea porque una librería ambulante es un refugio seguro para mimetizarse. Sólo requieren actuar con discreción y lo saben, no son estúpidos. La fórmula con el tubo de cristal la repiten otros tres adictos que a contraluz semejan rostros párvulos de mirada ansiosa y taciturna. Son poco más de las tres de la mañana y la madrugada se perfila en retirada hacia el alba.

La catedral barroca se impone a nuestras espaldas. Comienzan a pasar los primeros barrenderos municipales, casi amanece. Por un momento me imagino en la Oaxaca del siglo XIX, aquella en la que cada sábado el zócalo se convertía en un mar de gente que vendía y truequeaba por todos lados. Y en la que, parafraseando al historiador Juan Sánchez García, el mercado municipal y el espacio público eran literalmente subastados para ser subarrendados por el aristócrata prominente del momento.

Por ejemplo, cuenta que “una familia muy liberal”, la del político y militar José María Castellanos, un hombre cercano a Benito Juárez, encargado de suprimir la rebelión juchiteca de 1851 y alcalde del ayuntamiento de Oaxaca en 1832, durante casi un siglo fue la encargada de cobrarle a los campesinos y pequeños comerciantes por laborar en el mercado y en el tianguis de los sábados.

Las cuotas dependían de la extensión ocupada y la unidad de medida para determinarlas era el petate. Los comerciantes pudientes rentaban las “tareas”, que equivalían a más de un petate, y los menos pudientes sólo rentaban “la sombra sencilla común y corriente de un petate”.

Los vendedores ambulantes más pobres ofertaban sus productos a salto de mata, cuidándose de que los inspectores y la policía no los arrestaran, situación que no ha cambiado mucho hoy en día en el primer cuadro del Oaxaca turístificado.

Un Oaxaca en el que la burocratización del espacio y el cobro abusivo por parte de organizaciones sociales y el gobierno municipal, prevalece.

Erick Yurem o el Profe, como lo nombra el escuadrón yonqui, tiene un rostro cavernario que no aparenta más de cuarenta años. Su abismal mirada refleja los andenes nocturnos del Oaxaca invisibilizado que el Estado pretende encubrir con el Oaxaca de moda, esa mezcla de mercantilización cultural, paraíso turístico, segregación racial y explotación laboral. Su trayectoria como Asesor Técnico Pedagógico (ATP), performer, artesano, profesor, pintor, políglota, poeta, lector asiduo y hoy un disciplinado consumidor de heroína que hasta hace poco desconocía estar en la antesala de las quimioterapias, es insospechada ante ojos ciudadanos.

Actualmente, Yurem asegura estar trabajando en una novela sobre la Central de Abasto, un espacio que sus pies reconocen más que él mismo y “al que tarde o temprano la sed [de droga] te hace volver”.

El vínculo entre los yonquis y el movimiento social oaxaqueño existió en el 2006. Tras la derrota de la policía estatal en su burdo intento por desalojar el plantón magisterial el 14 de junio de ese año, ordenado por el entonces gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, por más de nueve meses estalló una revuelta popular generalizada en la que florecieron barricadas en la mayoría de barrios y colonias populares de la ciudad de Oaxaca y municipios aledaños, ya no sólo en apoyo al movimiento magisterial, sino abanderando demandas propias, dando cimientos a expresiones espontáneas y organizativas más allá de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Más de una barricada, por ejemplo la de Cinco Señores, fue sostenida desde el principio y hasta el último momento por los yonquis y la fauna callejera que coincidió en los espacios tomados.

“La toma de Ciudad Universitaria en Todos los Santos”, crónica escrita por Alejandro Guzmán que describe la batalla del 2 de noviembre de 2006 entre el pueblo insurrecto y la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), menciona:

“…Ya son más: los de la APPO, los vecinos, los chismosos siempre presentes en las aglomeraciones urbanas, estudiantes parásitos e indiferenciados, los rockers y punketos, los maestros con sus hijos, los rojillos, los universitarios que defienden a su ‘Alma Mater’, ‘ciudadanos conscientes’ o medianamente informados, los belicistas y belicosos que además odian a los uniformados, los chilangos y extranjeros ‘wanna be’s’, los yonquis sin remedio… El pueblo, pronto a la crueldad y a la cobardía, inhumano e irreflexivo, encuentra su lado generoso y valiente: se halla a sí mismo, en cantera transformado. Su apatía gatuna mutada en una solidaridad que se sabe única”.

El relato de Guzmán coincide con las reflexiones de Marco Espíndola, quien en su más reciente libro, ‘Ingobernables: apuntes sobre la juventud antiautoritaria oaxaqueña’ (2024), expone: “De quien venimos hablando es de un actor no tan nuevo, rezagado, mutilado, adormilado pero vivo: la comunidad espontánea. La masa marginal, el lumpen-proletario, noción ambigua que en nuestro país fue referido con el término ‘nini’ (ni estudia ni trabaja), como parte de una estrategia publicitaria del calderonato (ante la que se respondió con la campaña “¡ninis ni madres!”) para referirse a los excluidos, al ejército de reserva, a los que no tienen otra forma de vivir que, en los umbrales del terror, la barbarie, el silencio”.

Espíndola reivindica a las voces relegadas e invisibilizadas de una lucha social en donde la creatividad y la autodefensa popular puso en jaque al autoritarismo político tradicional y sentó un precedente de insurrección analizado hasta la fecha. 

Y remarca específicamente a esta juventud marginal, a la masa anónima que sostuvo las barricadas, como “el último bastión”, como el primer frente en poner la carne y el alma ante la violencia estatal directa. Al mismo tiempo denuncia la politiquería y el aspiracionismo mezquino, corporativista y burocrático que cultivan las izquierdas y sus múltiples expresiones. Esa tendencia a priorizar una política formulada sobre dogmas, tradicionalismos y negociaciones infinitas, se queda corta ante un contexto que demanda la construcción de nuevos puentes de entendimiento y acción, aunque también menciona: “los que vivieron de forma directa o cercana el 2006, han ido construyendo una sensibilidad compartida desde una ética de resistencia y rebeldía” en que “el Estado, sus esbirros y la gente que responde por éstos” sigue siendo el enemigo común como en aquellos días.

El futuro político del país en aquel entonces tenía su mirada en el otrora Distrito Federal y en el sur de México. Por un lado,  Andrés Manuel López Obrador convocaba a sus seguidores a tomar el zócalo capitalino para denunciar el fraude electoral que posicionaría al panista Felipe Calderón en la Presidencia de la República de 2006 a 2012.

Más al sur, la rabia oaxaqueña y sus múltiples rostros, gestionaba sus utopías, sueños y realidades al calor de las barricadas y la lucha popular.

De igual forma, como una respuesta a la contienda electoral del Estado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzaba un comunicado para anunciar “La otra campaña”, en la que el Subcomandante Marcos recorrería con una delegación rebelde los 32 estados del país.

La transición hacia un nuevo rostro político se dibujaba como algo inminente a nivel nacional. Aún no surgía el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ni iniciaba el periodo más cruel y sangriento de “la guerra contra el narcotráfico” impulsada por el  calderonismo y el gobierno norteamericano, una guerra que de 2007 a 2023 contabilizaba más de 420 mil personas asesinadas, de las cuales el 36 por ciento eran jóvenes de entre 15 y 29 años (153 mil, según cifras del INEGI).

Hoy gobierna Morena, pero el reciente descubrimiento de un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, destapó la continuidad de esta lógica de exterminio y desaparición que prevalece en México.

El reclutamiento forzado de jóvenes y la eterna lucha de las madres buscadoras es un tema recurrente, siendo la droga uno de los pilares que sostienen está economía de exterminio y dolor, más no el único.

En múltiples reportajes de diarios internacionales se ha evidenciado la red que existe entre la política oficial, el crimen organizado y la inversión de capital en todo tipo de negocios legales e ilegales, que van desde la esclavitud sexual y el cobro de piso hasta la industria restaurantera, ganadera y agrícola. 


La rotación semanal de profesores ha dejado un espacio vacío de casas de campaña entre los merolicos y mi puesto de libros.

Los yonquis aprovechan y montan su base temporal aquí. Arman un tendido colectivo de pinturas enmarcadas, plumones, cofres de madera con acabados de repujado y artesanías de reciclaje. Todo hecho por ellos. Cada uno comparte su visión y cómo se gana la vida en el Oaxaca actual. Comparten alimento, agua y ropa si es necesario. Establecen relaciones económicas, afectivas y de apoyo mutuo. A veces liman asperezas con un tiro limpio o cuando todo se sale de control es posible recurrir al filero. Arman grupúsculos con sus iguales. De cierta forma intuyen que en un contexto hostil sólo se tienen a sí mismos, y entre ellos se reconocen e identifican porque comparten una geografía existencial común. Aquí la necesidad y la malilla ponen a prueba su destreza para generar dinero y relaciones sociales de supervivencia.

“La mejor hora para atrapar palomas es entre las 6 y las 8 de la mañana”, asegura el Platanito mientras teje con destreza un chapulín de palma. “El lance tiene que ser certero. Caminas tranquilamente y esperas a que estén en grupo, así se confían. Lanzas el manotazo y ¡mocos!, la atrapas. Mi récord son 15 en un día. Me las pagan en la central de a 60 cada una, las ocupan para comida, brujería y como mascotas. Desde hace cinco años llevo mis gastos entre la palma y las palomas, principalmente, pero ahora que tengo morra estoy generando menos. Ya sabes, el tiempo, y uno se reporta”.

¿Cómo se te ocurrió lo de las palomas?, lo interrumpo. “La creatividad es hija de la necesidad. Nosotros somos la economía de aquí, nos toca la chamba dura. Un día en la Central de Abasto es un día de trabajo. Hay que vivir”.

Alfredo, mejor conocido como el Platanito, es enfático: “la droga de moda es el cristal, pero no se compara con la heroína, aunque en ambos casos la malilla sólo descansa cuando descansamos”.

Las casas de campaña son golpeadas por la ventisca nocturna. Entre ronquidos y murmullos los yonquis se recuestan sobre cartones. Es momento de recuperar energía. El Platanito permanece despierto. En ningún momento deja de tejer sus chapulines y rosas de palma. Los primeros rayos de sol alumbran la plaza.  

Es 4 de junio de 2024, han pasado dos días desde la jornada electoral municipal en la que ganaría el empresario mezcalero Ray Chagoya.

Su presencia  pasaría inadvertida para los profesores: su pose actuada, con sonrisa relajada y bigotes a lo Mario Bros, la misma con la cual en múltiples ocasiones ha remarcado con entusiasmo su admiración y servilismo al actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y por supuesto, a su hermano, el secretario de gobierno de su administración, Noé Jara Cruz.

Más tarde, los profesores harían una denuncia pública contra el gobierno estatal por enviar a un grupo de choque del sindicato Confederación Joven de México a San Juan Bautista, la Raya, donde reportaron cinco profesores heridos y al menos 20 vehículos destrozados, durante una protesta en el aeropuerto.

Desalojo del Tianguis Cultural Libertad y Resistencia.

La organización se desmarcó, pero lo cierto es que en lo que va del año 2025 se han registrado más denuncias similares, siendo la última la del ataque contra los artesanos del Tianguis Cultural Libertad y Resistencia, en pleno centro histórico de Oaxaca.  


Estamos en 2025. “Bienvenidos a Oaxaca, esto es Oaxaca. Jodete Salomon Jara”, reclama Antonio a bordo de una patrulla estatal mientras se dirige a la cámara de un medio digital, el video se viraliza rápidamente por redes sociales.

Minutos antes, un oficial lo obliga a sacar sus pertenencias de la mochila, pero no encuentra nada, “¿Cómo ve jefe, nos lo llevamos?”, valoran la situación; “déjalo, vamos por otros”.

Antonio se confía porque no trae ninguna droga ni sustancia de ningún tipo, tan sólo una mochila con sus pertenencias y su guitarra, la herramienta de trabajo con la que labora todos los días tocando en los camiones, y con la que practica los cóvers y canciones de su autoría que toca con su banda de ska Los Meskalez. 

Camina tranquilamente con rumbo a su segundo trabajo de obrero de la construcción, hasta que otro grupo de policías lo increpa y lo sube por la fuerza a una patrulla, sin mayor razón ni motivo que su aspecto físico.

Es un acto que recuerda las redadas de la policía de Estados Unidos promovidas por Donald Trump contra la población inmigrante e indocumentada, pero esto es una acción dirigida por un gobierno que se dice de izquierda y de la lucha social.

Estamos en la ciudad de Oaxaca, en la Central de Abasto, el corazón comercial que sostiene la economía popular oaxaqueña.

“Nos llevaron a San Bartolo, ahí adentro éramos como 200. Nos separaron en grupos y nos pidieron nuestros datos. De pronto todos se alocaron y empezaron a correr por todos lados, pero la policía los agarró de nuevo. Si mi jefa no hubiera visto el video ahí estaría. No sé qué situación ocurra con los otros, muchos de ellos eran malillas y yonquis, pero no había ningún ‘dealer’ ni nadie de los puntos.

“Todo mundo los conoce, los puntos de droga siguen funcionando como si nada. Son unos fascistas, a mí me detuvieron sólo por mi aspecto. Es que quieren inaugurar el nuevo mercado de la Central. Todo tiene sentido, no nos quieren en la foto”, asegura Antonio Ramírez, cantautor de la agencia de Santa Rosa. 

Rememorando, en mayo de 2020, la Central de Abasto sufrió un incendio “accidental” que afectó al menos a 100 locatarios.

En aquella ocasión el cabildo municipal otorgó un apoyo simbólico a los afectados y el gobernador Salomón Jara anunció una inversión de 100 millones de pesos como parte del Proyecto de Rehabilitación de la Central de Abasto. El 9 de febrero de 2023 Jara hizo público un convenio con la firma de 35 líderes del mercado y aseguró una inversión de 218 millones de pesos para la reconstrucción de la zona de expendios de comida y pan.

También dijo: “no nos importa el color ni la religión, nos interesa Oaxaca, el pueblo”, y “los tres niveles de gobierno generarán alternativas para las personas con problemas de adicciones”.

Se aproxima la Guelaguetza 2025 y al parecer al gobierno le preocupa dar una imagen repleta de folclore y sonrisas en la que los yonquis y la gente pobre no entra en el concepto escénico. Es por eso que el pasado 16 de mayo inició el Operativo Pescador, en el que bajo el argumento del combate al crimen y la droga, más de mil elementos policiacos de los tres niveles de gobierno se dedicaron a perseguir a más de 400 personas, entre migrantes, gente sin hogar, yonquis y transeúntes.

Quizá se aproxime la inauguración del nuevo mercado en el que la inversión millonaria promete un espacio de acuerdo con los estándares que demanda la industria turística y las élites empresariales de Oaxaca.

La conexión entre el Oaxaca turistificado del primer cuadro del centro y la Central de Abasto avanza con la pretensión de construir una ruta ‘ad hoc’ a los intereses del Oaxaca Disney que satisfaga las necesidades del turismo de masas.

No es casualidad la remodelación que ocurre en el mercado 20 de Noviembre y por la cual fueron desplazadas las cenadurías históricas de alrededor.

Palabras como reordenamiento espacial, higiene visual, rehabilitación y mobiliario urbano son eufemismos que pretenden encubrir el despojo y el desplazamiento de los sectores más oprimidos.

Las imágenes de los detenidos fueron banalizadas en redes sociales mediante burlas y notas amarillistas, dando pie a narrativas de criminalización que el propio Estado utiliza para justificar sus actos contra los sectores más vulnerables o para justificar el asesinato de defensoras del territorio como sucedió recientemente con la activista mixe Sandra Domínguez.

No hay una reflexión respecto al tema, no se cuestiona el trasfondo de esta lógica persecutoria que usó de telón un operativo contra narcomenudistas y criminales que operan en la Central de Abasto.

La droga ha sido vinculada a estrategias de control social y financiamiento de grupos armados. En los años setenta la guerra contra las drogas sirvió para criminalizar a comunidades de negros, chicanos y comunistas en Estados Unidos. También ha sido utilizada como un mecanismo de contrainsurgencia por parte de la CIA, como en el caso de Nicaragua en los años ochenta.

En esa línea, los operativos de la Central de Abasto se presentan como combate al narcomenudeo, pero colectivos y organizaciones señalan una estrategia de control territorial contra vendedores ambulantes, migrantes y disidentes,  así como una lógica de “limpieza social” para desplazar a poblaciones marginales y reconfigurar el espacio urbano, acelerando con ello un proceso de gentrificación y turistificación que beneficia a las élites de Oaxaca.  

La droga consiste en el álgebra de la necesidad, una ecuación en la que el único elemento insustituible es el adicto, y mientras haya adictos habrá un mercado para la droga como establece el escritor norteamericano William Burroughs.

Bajo esta perspectiva, cualquier operativo que pretenda el Estado es contradictorio en sí mismo, si antes no se piensa  en cuál es la condición social y psicológica que atraviesa el adicto y por qué existen cientos de jóvenes en condiciones de este tipo, es decir, cuáles son las condiciones generales que generan adicción en las calles y qué relación hay entre la miseria, la pobreza y la violencia económica que perpetúa el Estado.

Lo más fácil es atrapar adictos y abandonarlos a su suerte en la carretera, pero qué programas o políticas públicas hay en torno a este problema más allá de detenciones masivas, cuánto presupuesto es destinado a programas de acompañamiento y desintoxicación por parte de los gobiernos, sin que este sea un mecanismo de desvíos de recursos, claro. 

La recuperación hoy es un jugoso negocio y hay clínicas que cobran entre 4 mil y 15 mil pesos mensuales, cifra que no todos pueden costear. Aunado a eso es importante remarcar que hay establecimientos en los que prácticamente se deja a la intemperie al adicto.

No son pocos los casos de denuncia en contra de establecimientos en los que se han documentado casos de tortura, violencia física e incluso violaciones. ¿Qué propuestas tienen los gobiernos ante una problemática que han permitido que crezca en la entidad?

Sea la administración de los Murat, los Jara o los Chagoya, Oaxaca está sumergido en una podredumbre social en donde el racismo, el clasismo y la violencia policial en contubernio con el crimen organizado sigue azotando a los sectores más vulnerables y precarizados de Oaxaca.

Con malos salarios, criminalizados y desesperanzados, miles de jóvenes oaxaqueños se han acostumbrado a la desesperación y la precariedad cotidiana. ¿Qué  o quiénes somos responsables ante dicha condición? ¿Cómo estamos abordando está problemática como comunidad? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno y las élites que explotan Oaxaca? No hay respuestas, sólo prejuicios e indiferencia.

En una sociedad domesticada por el capital y en palpable decadencia que enaltece la violencia irracional y la indiferencia, lo más contracultural que puede haber hoy en día es cuidar de la vida. Y cuidar de ella implica mirarla tal cual es, sin prejuicios. Criminalizar y evidenciar a quienes viven en las calles o padecen de alguna adicción es un discurso clasista y fascista promovido por el Estado, no una solución a la problemática de la droga, la adicción y la violencia criminal que hay en Oaxaca. 


En las fotos que han circulado en redes observo un rostro similar al de Platanito. La última vez que lo vi fue hace un año sobre García Vigil y Murguía. Eran las 8 de la mañana. Llevaba el rostro ensangrentado y me pidió dinero prestado para el aliviane. Dos palomas asomaban sus ojos negros y redondos al pie del cuello de su camisa. Tenía el rostro helado y una respiración agitada brotaba de su voz. “Me tumbaron los estatales. No soy inocente ni víctima, tampoco soy lo que cree la sociedad que soy. Está cabrón vivir así… Para mí por ahora no hay otra, no tengo a donde ir.”

Desde esa fecha no le he vuelto a ver, ni a él ni al Profe ni al escuadrón yonqui de la Central de Abasto.

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Avispa Midia

La base de datos de Fantasmas del Erario

Fuente: Avispa Midia

por Efraín Tzuc, Andrés de la Peña y Violeta Santiago / Quinto Elemento Lab

Diseño de portada: Omar Bobadilla

Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad presentan, por primera vez, el compendio de las empresas fantasma contratadas por el gobierno mexicano en las dos últimas décadas, con datos obtenidos de CompraNet y el listado 69-B del SAT. La información se ha integrado en una plataforma de consulta pública, accesible para cualquier persona interesada.

En la serie de reportajes Fantasmas del erario, Quinto Elemento Lab reveló cómo han operado las empresas fantasma dentro del sistema de contrataciones públicas en México a lo largo de los cuatro últimos sexenios.

Para lograrlo, se construyó una base de datos con registros públicos que permitió detectar más de 3,500 contratos otorgados entre 2002 y 2022 por dependencias o entidades que manejan recursos federales a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Este conjunto de datos se pone a disposición para que periodistas, activistas, investigadores y cualquier persona interesada pueda explorarlo, replicar hallazgos o descubrir nuevas historias.

Una base para seguir el rastro de los fantasmas

Los investigadores Issa Luna Pla, José R. Nicolás Carlock y colaboradores del Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI), un grupo de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México que estuvo en activo hasta septiembre de 2024, y periodistas de Quinto Elemento Lab conformaron una base de datos de personas físicas y morales calificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como EFOS definitivas al 31 de enero de 2023 y que obtuvieron contratos con del gobierno —a nivel federal, estatal o municipal— registrados en la plataforma CompraNet en las últimas dos décadas.

Debido a las modificaciones periódicas, EFOS consideradas definitivas en el corte de tiempo de esta investigación podrían quedar excluidas en registros posteriores. Una facturera puede dejar sin efecto la resolución del SAT tras interponer y ganar una demanda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aunque la empresa consiga salir de la lista de definitivas, según la autoridad fiscal no se libera de la responsabilidad de haber emitido facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar los servicios o la entrega de los bienes.

A continuación se publican dos versiones de esta base de datos.

En esta herramienta interactiva se muestra la versión simplificada compuesta por 11 variables de CompraNet, una variable de la Lista de EFOS definitivas del SAT y dos variables generadas por este equipo periodístico.

También se pone a disposición la versión completa de la base de datos con 43 variables: 27 que originalmente se encontraban en la base de CompraNet, tres de la Lista de EFOS definitivas del SAT y 13 variables que generó el equipo de Quinto Elemento Lab.

Las bases están acompañadas de una metodología, donde se explican las modificaciones que se realizaron a los archivos originales y los motivos de éstas. Igualmente se recomienda consultar el diccionario de datos incluido en el mismo archivo de las bases.

Metodología

Descarga base simplificada

Descarga base completa

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Avispa Midia

ONGs al servicio del saqueo de los territorios: el caso de la Fundación Earthworm

Fuente: Avispa Midia

por Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Con el pretexto de la “mediación de conflictos” y del empoderamiento de comunidades, las acciones de ciertas ONGs corporativas hacen que las comunidades sigan sin tener acceso a sus tierras ni control sobre ellas, además de reforzar modelos de producción destructivos. Un ejemplo es la asociación de la Fundación Earthworm con el agronegocio de la palma aceitera en diversos países.

Desde hace décadas, las corporaciones del agronegocio, de la minería o del petróleo  se asocian con  ONGs y  entidades sin ánimo de lucro para intentar limpiar su imagen ante la contaminación y destrucción que causan sus actividades. Para esas empresas, presentarse como “sostenibles” por medio de esas colaboraciones es una estrategia eficaz para satisfacer las demandas de los consumidores, obtener beneficios fiscales, conseguir financiación y cumplir las medidas compensatorias exigidas por los organismos reguladores.

Pero más allá de la clásica práctica de maquillaje verde (greenwashing), cada vez más las empresas extractivas y del agronegocio contratan a esas entidades para que asuman un papel central en la llamada “mediación de conflictos” con las comunidades rurales que forman parte de los territorios donde esos sectores operan o buscan operar. Una de estas entidades es la Fundación Earthworm, que suele aparecer en los relatos que comparten con  WRM las comunidades que se enfrentan a conflictos con las empresas en sus territorios.

¿Qué es la Fundación Earthworm?

Fundada en 1999 como Tropical Forest Trust (TFT), Earthworm se convirtió en una fundación en 2019. Con sede en Suiza, cuenta con más de 300 empleados en más de 15 sucursales distribuidas por varios países.

Según la propia organización, su misión es “crear un mundo en el que las personas y la naturaleza prosperen en armonía”. Uno de sus vídeos promocionales dice que Earthworm “crea soluciones con las empresas para sanar la naturaleza y a las personas”. Este enunciado casi lírico está muy lejos de expresar lo que realmente hace la Fundación Earthworm y para quiénes trabaja. En la práctica, su labor consiste en ayudar a las corporaciones internacionales a garantizar que nada se interponga en el flujo de mercancías a lo largo de sus extensas cadenas de suministro, de modo que no encuentren obstáculos para ampliar su producción y extracción de materias primas e incorporarlas como mercancías a los mercados globalizados.

Las empresas y la Fundación Earthworm

En el informe anual de 2023 publicado por la Fundación Earthworm, grandes empresas figuran entre sus miembros, sobre todo del agronegocio, pero también de la minería, bienes de consumo y gigantes del comercio minorista. En años anteriores, la organización también recibió fondos de petroleras como Shell.

De 2019 a 2023, la Fundación Earthworm experimentó un crecimiento de sus ingresos en un 59%, totalizando casi 100 millones de dólares percibidos en ese periodo. Aproximadamente el 90% de esta suma procede de los más de 50 miembros y socios -principalmente empresas privadas-, frente a cerca del 4% procedente de ayudas de administraciones públicas. Este aumento de los ingresos también se refleja en los salarios de los ocho directivos de la organización, que percibieron 1,6 millones de dólares en 2023.

En uno de sus videos promocionales, la Fundación Earthworm afirma:  “Si no trabajamos con las empresas, no cambiaremos el mundo”. Pero el hecho de que varias de estas empresas sean en realidad miembros de la Fundación plantea la siguiente pregunta: ¿dónde está la línea divisoria entre trabajar con ellas y trabajar para ellas?

¿Qué hace la Fundación Earthworm?

Earthworm interviene cuando el conflicto de una empresa con las comunidades amenaza con afectar de algún modo los negocios de la empresa. Entonces, se contrata a la fundación para que ‘resuelva el problema’ mediante la buena voluntad de todas las partes implicadas en un proceso de mediación. Sin embargo, lo que el WRM ha aprendido en décadas de apoyo a luchas de comunidades es que el acaparamiento de tierras, la violencia, los conflictos y la destrucción son partes inherentes, inseparables de los modelos de negocio de los clientes de Earthworm, e imposibles de resolver a través de mediación y buena voluntad.

Con ese objetivo, Earthworm se acerca a las comunidades afectadas, organiza cursos y otras actividades con ellos, con ONGs, gobiernos, académicos, etc. Sin embargo, ¿hasta qué punto es posible creer que una organización que se propone mediar en conflictos actuará con justicia cuando la gran mayoría de sus fondos viene de las empresas que causan esos conflictos? Aparte del dinero, otra pregunta: ¿puede haber una intervención honesta cuando la visión del mundo de quienes se presentan como mediadores está mucho más alineada con la de las empresas y no con las comunidades afectadas? Cuestiones como éstas han surgido en varios lugares donde Earthworm ha intervenido en nombre de empresas.

La actuación de Earthworm en la “mediación” de conflictos entre la industria de la palma aceitera y las comunidades rurales

Tomemos como ejemplo uno de los principales productos relacionados con el trabajo de Earthworm: el aceite de palma. El sistema de producción de aceite de palma adoptado por varias de las empresas que financian a esta fundación se basa en plantaciones a gran escala, uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, sobreexplotación de la mano de obra y usurpación de territorios comunitarios con tácticas corporativas muy conocidas. En África Occidental y Central, en particular, el  proceso mismo por el que se otorgaron a las empresas de aceite de palma las concesiones de tierras está en el centro de la disputa con las comunidades. Empresas multinacionales como Socfin, Wilmar y Golden Veroleum siguen beneficiándose de leyes agrarias de la época colonial que ignoran los derechos de las comunidades sobre sus territorios tradicionales y que les permitieron acceder a gigantescas áreas que pertenecían a esas comunidades.

En la República Democrática del Congo las comunidades se movilizan para liberarse de cien años de plantaciones coloniales de palma aceitera.

Como consecuencia, este modelo inevitablemente supone la pérdida de tierras, violencia y la desarticulación de las comunidades tradicionales. Las comunidades afectadas también se enfrentan a la contaminación del agua, una disminución de la disponibilidad de caza, alimentos e hierbas medicinales; en otras palabras, los territorios en los que viven se ven completamente transformados por la producción de commodities para exportación.

La incompatibilidad y el choque entre el modelo de producción corporativo y el modo de vida de las comunidades tradicionales ha provocado graves conflictos en numerosas regiones del Sur Global. En este contexto, las compañías de aceite de palma han contratado a la Fundación Earthworm para actuar en varios de esos conflictos, lo que ha multiplicado los problemas para las comunidades.

Earthworm y Socfin en Camerún y Liberia

Un ejemplo es el gigante del agronegocio Socfin, que tiene como accionistas mayoritarios a la familia belga Fabri y al multimillonario francés Vincent Bolloré. Socfin se unió a Earthworm en 2017, fecha que coincide con la publicación de su “política de gestión responsable”. En este documento, Socfin afirma que está comprometida con las comunidades rurales que viven en las regiones donde se encuentran sus plantaciones de palma aceitera y de caucho.

Camerún, Liberia, Costa de Marfil, Nigeria y Camboya son algunos de los países en los que Socfin está presente y en los que Earthworm realizó estudios sobre los conflictos con las comunidades generados por la presencia de esa empresa. Los siete informes publicados por Earthworm desde 2023 sobre estos conflictos responden a un patrón, del que  destacamos tres aspectos. Dadas las características de estas publicaciones, la fundación se asemeja mucho más a un vocero del grupo Socfin que a un organismo serio encargado de investigar las denuncias contra la empresa.

En primer lugar, cabe mencionar que Earthworm reconoce –aunque sería imposible no hacerlo– que “Socfin sigue recibiendo quejas ambientales y sociales”, añadiendo que esas quejas proceden “de los medios de comunicación internacionales y de algunas ONG”. Nótese que al concluir la frase de esta manera justo al principio de uno de sus informes, Earthworm remite el problema a los medios y a las ONG, como si fueran ellos -y no las comunidades- los que presentan las denuncias. Además, en los informes de Earthworm, se ‘reconoce’ que Socfin comete infracciones, pero siempre se menciona que Socfin ha tenido “progresos realizados en la aplicación de sus compromisos de gestión responsable”.

En segundo lugar, de los múltiples daños denunciados por las comunidades -como apropiación irregular de tierras, violencia sexual, contaminación de cuerpos de agua, destrucción de sepulturas y lugares sagrados, amenazas e intimidación, entre muchos otros-, Earthworm solo reconoce una parte de ellos en sus informes. La otra parte de los impactos se clasifica invariablemente de forma explícita como “alegaciones infundadas”, “parcialmente fundadas” o “fundadas pero no responsabilidad de Socfin”. 

En la aldea de Apouh, en el municipio de Edéa, al suroeste de Camerún, un grupo de mujeres se mantiene firme en su lucha contra el gigante del aceite de palma Socapalm.

Entre los ejemplos de violaciones ignoradas por Earthworm está el caso concreto de tres áreas (Edéa, Mbongo y Mbambou) en Camerún, en las que se determinó que Socfin debía devolver miles de hectáreas a las autoridades locales descentralizadas. Según Earthworm, se trata de una medida “en curso”, que comenzó hace siete años con estudios para definir los límites de las áreas plantadas. Ante la morosidad de ese proceso, las comunidades han empezado a recuperar algunas de las áreas que les corresponden, reivindicando su derecho ya establecido a las tierras. Sin embargo, evitando una descripción más imparcial, Earthworm se refiere a las legítimas recuperaciones de tierras por parte de las comunidades como “intrusiones por terceros” y dice que “terceros (comunidades, trabajadores, etc.) están invadiendo las tierras tituladas de Socapalm”. 

Otro ejemplo nos llega desde Liberia. Tras 7 años de asociación, Socfin y Earthworm no consiguieron resolver los conflictos con las comunidades, lo que llevó a la empresa a vender una de sus plantaciones en el país en 2024. Pero, ¿por qué, si se estaban ‘haciendo progresos’?

La tercera característica de los informes de la Fundación es precisamente su tono positivo: todo está en un “proceso de mejora continua”. En uno de sus estudios más recientes sobre los conflictos con las comunidades locales (¡aunque no se menciona la palabra conflicto en ninguno de los informes sobre Socfin!), la Fundación Earthworm concluye: “A pesar de los desafíos encontrados al inicio de las operaciones de Socfin en Camboya, la organización ha dado pasos significativos para implementar progresivamente sus compromisos de sostenibilidad”.

Earthworm afirma que Socfin está haciendo progresos, mientras la empresa sigue actuando como siempre. De forma escandalosa, elude el hecho de que, tras casi una década de trabajar con Socfin, los problemas a los que se enfrentan y denuncian las comunidades persisten en las diferentes regiones y países en los que opera la empresa, especialmente las denuncias relacionadas al derecho a la tierra y las violaciones de los derechos tradicionales de las comunidades sobre sus tierras. 

Earthworm y Agropalma en Brasil

Agroapalma es una de las mayores empresas de aceite de palma de Brasil. Pese a su afirmación de que la relación con las comunidades está “en el centro de su estrategia de sostenibilidad”, Agropalma acumula denuncias en su contra por acaparamiento de tierras y uso de la violencia para desalojar a comunidades tradicionales. Como consecuencia de esas acusaciones, la RSPO (Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible) suspendió su certificación en 2023.

Para cumplir los requisitos de uno de sus clientes, Agropalma pasó a contratar los servicios de la Fundación Earthworm en 2022. Earthworm abrió una sucursal en Quatro Bocas, en el municipio de Tomé-Açú, en el epicentro de la “guerra del aceite de palma”, donde también cuenta con el apoyo de Cargil y Belem Bioenergia Brasil (BBB), empresas que operan en ese mismo sector. Earthworm afirma que su trabajo en la región está “empoderando a las comunidades” y reduciendo los conflictos en las “cadenas de suministro.

La colaboración entre Agropalma y Earthworm ha servido para tranquilizar a los clientes de la empresa. Un informe de Sime Darby Guthrie International (proveedor de materias primas a Nestlé, Unilever, P&G), por ejemplo, menciona la participación de “una tercera parte para llevar a cabo una evaluación externa para investigar los supuestos problemas de derechos sobre la tierra”, señalando a Earthworm como un actor clave vinculado al plan de acción de Agropalma “para recuperar su certificación RSPO”. Sin embargo, la diferencia del optimismo de las corporaciones compradoras de aceite de palma a nivel internacional, los relatos que nos llegan desde Brasil señalan que la actuación de Earthworm en esa región está generando divisiones internas, contribuyendo a la desarticulación de las comunidades indígenas y quilombolas.

Voces desde los territorios

Para comprender mejor las implicaciones de la presencia de la Fundación Earthworm para las comunidades, el WRM facilitó un espacio de intercambio virtual con activistas de Camerún y Brasil. Sus grupos están involucrados en la lucha por la justicia social y los derechos de las comunidades afectadas no solo por el colonialismo de la palma aceitera, sino también por la intervención de esta fundación contratada por las empresas. 
De Camerún, participó SYNAPARCAM, una organización que defiende los derechos de las comunidades afectadas por las plantaciones de Socfin. Desde Brasil, participó Elielson Pereira da Silva, quien nació y creció en el estado de Pará, y actualmente investiga los conflictos territoriales y étnicos en su estado, tratando de visibilizar la situación y la lucha de las comunidades. Los participantes del intercambio virtual nos contaron sobre el trabajo de la Fundación Earthworm en sus territorios. Lee a continuación un resumen de la conversación.

WRM: ¿Cómo la Fundación Earthworm se puso en contacto con su organización y cómo describiría su trabajo?

ELIELSON (Pará, Brasil): Earthworm llegó al valle de Acará en 2023, contratada por Cargill, empresa compradora de aceite de Agropalma, en medio de encendidos conflictos con los pueblos tradicionales. Cargill, ante las repercusiones de los conflictos, intentaba “limpiar la cadena de suministro”. Así que Earthworm empezó a buscar a líderes indígenas y quilombolas para intentar mediar el conflicto para intentar llegar a un acuerdo entre los representantes de esas comunidades y la empresa de aceite de palma.
En 2023, en colaboración con Agropalma, Earthworm provocó una división interna entre las poblaciones indígenas, que resultó extremadamente perjudicial, llevando a la creación de otra asociación indígena, que se sentó a la mesa con la empresa. Agropalma prometió entonces que no habría más conflictos y que les cedería un área donde podrían cosechar la palma aceitera para la comercialización. 

En los últimos 40 años, Agropalma ha creado muchas barreras para las comunidades: no se puede acceder fácilmente ni a los ríos, ni al cementerio, ni al área de frutales, ni a los huertos. La circulación está condicionada a las prohibiciones impuestas por la empresa. Pero en la mesa de negociaciones, Agropalma prometió que todo sería diferente, desde que la nueva asociación cooptada garantizara que las acciones de la otra asociación (y sus reivindicaciones por el reconocimiento de sus derechos territoriales) se detendría. Así se creó esa división interna. 

Como las promesas iniciales no se cumplieron y los representantes de la ONG [Earthworm] desaparecieron, al igual que los directivos de la empresa, los indígenas iniciaron una acción para recuperar su territorio, con el fin de llamar la atención y alertar a los medios de comunicación. Durante este proceso, en 2023, un indígena Turiwara fue asesinado a balazos por guardias de seguridad contratados por la empresa.

Hoy tenemos un faccionalismo, con dos organizaciones indígenas, una división interna estimulada por esta ONG [Earthworm], amparada por la empresa Agropalma, que ha creado muchos problemas y dificultado muchísimo el proceso de organización social y política de los indígenas. 

Sospechamos que Earthworm está involucrada en la elaboración de un nuevo acuerdo para que las comunidades indígenas renuncien a sus reivindicaciones territoriales, ante el proceso de venta de Agropalma S.A., en marcha desde mediados de 2022.  La empresa interesada en adquirir los activos de Agropalma S.A. es Belém Bioenergia Brasil (BBB), una joint venture formada por Galp Energia (Portugal) y Palma Tauá Brasil (asociación entre Banco Opportunitty Agro y Dentauá S.A.). 

SYNAPARCAM (Camerún): En Camerún, Earthworm (antes TFT) tiene un Centro de Formación en la capital. En 2011 algunos de nosotros fuimos allá a dar un curso sobre defensa comunitaria de la tierra. La comunidad llevaba décadas sufriendo la ocupación de nuestras tierras ancestrales por parte de Socapalm. Earthworm nos invitó a exponer los problemas que teníamos con la empresa. Estábamos empezando a formar nuestra organización Synaparcam. 

Cuando cambiaron de nombre [de TFT a Earthworm], nos dijeron: “ahora somos una nueva organización y podemos ayudarles a resolver el problema con Socapalm”, del grupo Socfin, y empezaron a presentarse como mediadores. Pero después de dos o tres reuniones, en las que, además de la empresa, había representantes de la administración pública, líderes tradicionales de las comunidades y élites locales, en Synaparcam hemos optado por retirarnos porque nos dimos cuenta de que solo se trataba de crear una imagen externa de que estábamos colaborando con Earthworm para solucionar el conflicto.

Entre 2012 y 2020, Earthworm intentó en varias ocasiones situarse como mediadora, pero en la comunidad nos dimos cuenta de que no tenía sentido para nosotros reunirnos con la empresa con Earthworm como intermediario. En septiembre de 2020, Earthworm organizó una de esas reuniones con la empresa y la Synaparcam, afirmando que resultaría útil porque conseguiría que los directivos de la empresa escucharan a las comunidades. Después de la reunión nos dimos cuenta de que la secretaría de Earthworm había elaborado un buen informe, pero que las resoluciones presentadas superaban la capacidad de Earthworm para conseguir que Socapalm las aceptara. A partir de esta observación, comprendimos que Earthworm no estaba jugando limpio.

Bueno, esa fue nuestra primera experiencia con Earthworm y así fue como al principio tuvimos cierta confianza en que se comprometerían con lo que nos habían presentado.

WRM: Earthworm está financiada sobre todo por las empresas que la contratan para “mediar” los conflictos, entre otros. Cuando Earthworm se presentó a su organización/comunidad, ¿les explicaron su relación con las empresas y quién financia su trabajo? ¿Cómo cree que la fuente de financiación de Earthworm ha influido en estos procesos de mediación de conflictos?

ELIELSON: Por lo que cuentan las comunidades, su forma de presentarse es como si se tratara de una organización independiente; no exponen esos vínculos, aunque dicen que sí monitorean las cadenas de suministro de las empresas. Las palabras “organización independiente” se mencionan con frecuencia en esos diálogos. Lo que hemos visto son experiencias de mediación muy dañinas, de “armonía coercitiva”, de fomentar la división interna para debilitar la lucha de los pueblos y su proceso identitario.

SYNAPARCAM: El representante de Earthworm en África es camerunés, y sí, nos informó de que Earthworm recibe honorarios de Socfin. Y nos dijo que si Socfin no cambiaba su política, Earthworm abandonaría el proceso de mediación y el trabajo de Earthworm con la empresa terminará. Nos dijo: “No dejaremos que las empresas de los colonizadores hagan lo mismo que antes” [en referencia al hecho de que Socfin está controlada por el multimillonario francés Vincent Bolloré]. 
Pero nos dimos cuenta de que a lo largo del proceso Earthworm priorizó los honorarios en detrimento de las comunidades. Así que somos conscientes [de dónde proceden los fondos], siguen la misma línea que grandes ONG como WWF.

WRM: Synaparcam se negó a realizar “visitas de campo” conjuntas con Earthworm en 2023.  Podría explicarnos un poco más los motivos de esta decisión y por qué Synaparcam decidió elaborar su propio informe?

SYNAPARCAM: En 2023 desde Synaparcam ya sabíamos que Socapalm no estaba cumpliendo los compromisos que había asumido anteriormente. Antes de 2023 ya no estábamos colaborando con Earthworm. Así que buscamos nuestra propia financiación para elaborar un buen informe, incluso con gente muy capacitada y de fuera, paralelamente al informe de Earthworm.

El estudio de Synaparcam confirmó siete puntos conflictivos, pero Earthworm identificó un número mucho menor. Por ejemplo, el informe de Earthworm afirma que la empresa construyó varias escuelas y que casi no hubo contaminación de los ríos. El informe de Earthworm se publicó antes del informe de Synaparcam. La Earthworm nunca comentó sobre varios puntos solo identificados en el informe de Synaparcam. Si uno lee esos informes, cree que relatan dos mundos diferentes.
Pasó lo mismo con la RSPO. Uno de los motivos para contratar a Earthworm fue que Socapalm quería obtener el sello de certificación. 

WRM: Sobre el tema de la RSPO, trasladando la cuestión al caso de Brasil, sabemos que se suspendió la certificación de Agropalma en 2023 por acusaciones de acaparamiento de tierras y violencia. Elielson, ¿cree que la contratación de Earthworm representa una garantía de que Agropalma respeta los derechos de las comunidades?

ELIELSON: De ninguna manera representa algún tipo de garantía. La empresa está en conflicto abierto con las comunidades. Toda esa enorme inversión en publicidad, en comunicación, toda esta palabrería de “responsabilidad social corporativa” solo hacen de Agropalma un gran caso de greenwashing. Ese “arsenal discursivo” de palma aceitera sostenible, relaciones armoniosas, etc., es muy diferente de la realidad, pues desde 2022 hay un recrudecimiento de los conflictos, con el bloqueo del acceso a las zonas de uso común, a los cementerios ancestrales, a la navegación por el río y, sorprendentemente, con grandes trincheras y barricadas. 
Hay grandes zanjas, a veces de 5 metros de profundidad y 2 de ancho, que parecen literalmente un campo de guerra, con un gran riesgo y casos ya registrados de accidentes. Hay comunidades que están rodeadas, por ejemplo, de alambre de púas, como si se tratara de la frontera entre México y Estados Unidos, o Palestina e Israel.

WRM: ¿Y qué dice Earthworm al respecto?

ELIELSON: En ningún momento hemos visto alguna manifestación o declaración pública de Earthworm sobre estas prácticas de terrorismo corporativo, barricadas, trincheras, cercas -y las comunidades incluso temen que se electrifiquen esas cercas. No tenemos conocimiento de ningún tipo de reprobación por parte de Earthworm a esas prácticas por parte de Agropalma. 

WRM: Si tomamos, por ejemplo, las localidades camerunesas Dibombari y Mbonjo, en la práctica, desde que empezó a actuar Earthworm, ¿ha cambiado algo para las comunidades con respecto a los problemas causados por Socapalm?

SYNAPARCAM: Las principales reivindicaciones de las comunidades se refieren a la tierra, los lugares sagrados, la contaminación del agua y la violencia contra las mujeres. Así pues, esta es una pregunta muy importante, gracias. Las violaciones sexuales contra las mujeres, el incumplimiento de la retrocesión de tierras y el desprecio por los lugares sagrados son para nosotros los tres problemas más graves.

Monocultivos de palma aceitera en Camerún.

Cuando se privatizó Socapalm y sus plantaciones de palma aceitera [hace más de 24 años], Socfin adquirió Socapalm. Después de firmar el contrato de arrendamiento en 2000, la empresa evaluó las tierras arrendadas y pidió al Estado que firmara una enmienda, reduciendo el área de 78.000 hectáreas a 58.000 hectáreas. Esta reducción del área está claramente establecida en la enmienda. Pero no ocurrió nada. Así que una de las acciones de Synaparcam fue plantar alimentos en una de estas áreas en disputa, porque nos dimos cuenta de que las autoridades no cumplen su función de supervisión y la empresa no respeta los contratos firmados con el Estado. Tenemos la idea de mantener estos huertos, pero la realidad a la que nos enfrentamos es de presión, intimidación y detenciones de líderes.

Otra complicación es la RSPO, que ha clasificado algunas de las tierras a las que antes tenía acceso la comunidad como “zonas de alto valor de biodiversidad”, por lo que la comunidad ya no puede acceder a ellas – mientras Socapalm trazaba los perímetros para ampliar estas manzanas y recuperaba estas franjas de tierra de las comunidades – hay señales instalados y guardias de la empresa. La RSPO no reconoce todas las áreas reclamadas por las comunidades.
En cuanto a la presencia de Earthworm, la situación es de ningún avance; nos encontramos en el mismo punto en el que estábamos al principio.

WRM: Para ustedes, ¿estas consecuencias tienen que ver con algunos errores de la Fundación Earthworm o con la propia naturaleza de esta organización?

ELIELSON: Hay una cuestión estructural relacionada con esta pregunta. ¿Qué propósito tiene esta empresa [se refiere a Earthworm]? ¿Para qué se creó? Cuando vemos que tiene sucursales en todas partes del mundo (Indonesia, África, América Latina) donde están justo las empresas de palma aceitera, está claro que constituye un eslabón de esta cadena y forma parte de este juego de poder. Así que creo que en su actuación siempre se inclinará a favor de las empresas. 

SYNAPARCAM: Observamos muchas cosas similares. En cuanto a la división de las comunidades, en nuestro caso, parece que Earthworm da consejos sobre cómo generar división en las comunidades, y luego la empresa envía un equipo a la localidad. Así que se trata de un método muy peligroso también, porque por un lado se acerca [a la comunidad] y por otro aconseja a la empresa sobre cómo dividir la comunidad.

WRM: ¿Qué mensaje le parece importante transmitir a una comunidad a la que podría dirigirse una organización como Earthworm, del mismo modo que antes se dirigieron a las comunidades de su entorno?

SYNAPARCAM: Nunca acepten una oferta así porque no habrá ningún cambio. Y es importante no tener un interlocutor. Si la empresa está interesada en cambiar, sabe dónde encontrar a la comunidad, así que recomendamos no aceptar [una propuesta de mediación como el de Earthworm] porque la mediación no llevará a ningún avance. 

ELIELSON: Lo primero que les diría es: “¡Tengan mucho cuidado!”. También hay que evitar que entidades como Earthworm mantengan conversaciones a solas con líderes. El antiguo dicho “divide y vencerás” sigue aplicándose. Las empresas se especializan en fabricar dispositivos para debilitar las luchas de las comunidades. 

Es importante entender [a esas organizaciones] como parte de un engranaje. También es importante conocer los antecedentes con otras comunidades; conocer la experiencia de otras comunidades que ya fueron objeto de situaciones similares. Y tener cuidado para no participar de manera aislada en sus intentos de cooptación, de persuasión, para no tomar decisiones precipitadas antes de evaluar las propuestas conjuntamente entre miembros de la comunidad.

Secretariado Internacional de WRM, Synaparcam y Elielson Pereira da Silva, Profesor de la Universidad Federal Rural de Amazonía e investigador del Proyecto Nueva Cartografía Social de Amazonía.

radio
Pueblos y comunidades del Valle de Tehuacán y la Mixteca, organizaciones sociales y colectivos

¡Foro en Defensa de Nuestros Territorios contra la Minería!

Región del Valle de Tehuacán y la Mixteca Poblana-Oaxaqueña
Zapotitlán Salinas 31 de mayo 10:00 a.m.

A los medios de comunicación,
A la opinión pública nacional e internacional,
A las organizaciones sociales, solidarias y democráticas en lucha,
Al Congreso Nacional Indígena,
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
A los pueblos en resistencia,
A las comunidades que cuidan la tierra,
A las mujeres y hombres que sueñan un mundo más justo,
A los corazones dignos que no se venden ni se rinden:

Desde la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC), hoy el T-MEC, el modelo extractivista minero se ha impuesto en México como una forma sistemática de despojo y destrucción. Desde los gobiernos neoliberales de Calderón hasta el actual, este saqueo se ha intensificado bajo nuevos disfraces: progreso, desarrollo, inversión. Pero los hechos hablan claro. Casos como el del Río Sonora, Ocotlán en Oaxaca o Carrizalillo en Guerrero nos muestran el rostro verdadero de este modelo: ríos contaminados, tierras envenenadas, tejidos comunitarios rotos y territorios controlados por el crimen organizado.

La región de Puebla no está exenta. El neoextractivismo ha puesto su mirada sobre nuestros cerros, nuestros minerales, nuestras aguas y nuestras vidas. En el Valle de Tehuacán y la Mixteca poblana-oaxaqueña, día con día se intensifica el saqueo: litio, sílice y manganeso son extraídos sin regulación ni consulta, con la complicidad de los tres niveles de gobierno. Más de 50 góndolas salen diariamente hacia Monterrey y otras ciudades industriales, comprando nuestras tierras a tres pesos el kilo para generar millones en ganancias, mientras los pueblos reciben miseria, contaminación y muerte.

Pero frente a esta guerra contra la vida, los pueblos no callamos.
Nos organizamos. Nos convocamos. Nos defendemos.

Por eso, les llamamos al Segundo Foro en Defensa de Nuestros Territorios contra la Minería, donde compartiremos la palabra, la experiencia, la lucha legal y comunitaria, y seguiremos tejiendo redes de resistencia desde abajo, con autonomía y dignidad.

¡No al despojo!
¡La tierra no se vende, se cuida y se defiende!
¡Porque resistir es sembrar futuro!
¡Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece!

Convocan:
Movimiento Agrario Indígena Zapatista
Radio Ecos de la Sal
Centro de Formación para la Autonomía Teocentli
Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalizacio’n y globalizacio’n» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Red Mexicana de Accio’n frente al Libre Comercio; Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras.
Centro de formación para la autonomía Teocentli.
Servicio para una educación alternativa.
Laboratorio Popular de Medios Libres e Hijos de la Tierra.
Jna Tsjo- Cerro de la Flor Colectivx.
Ollin Quetza,
UCIZONI
El CDH Tepeyac del Istmo de Tehuantepec.
Colectivo Huitzil Urbano.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Radio zacatepec.
unión de pueblos y fraccionamientos en contra del basurero y en defensa del agua de la región Cholulteca.
Cooperativa Nutze

Pueblos y comunidades del Valle de Tehuacán y la Mixteca
Colectivos en defensa del territorio
Organizaciones aliadas desde abajo

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Avispa Midia

Más de 2 mil personas resisten frente a Equinox Gold y desmienten a funcionario

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: La resistencia en Carrizalillo ha perdurado por dos décadas. Foto: Cristian Leyva

Mientras el gobierno de Guerrero, México, promueve el Foro Guerrero Minero 2025, que se llevará acabo los días 27 y 28 de mayo, la comunidad de Carrizalillo exige la devolución de sus tierras y denuncia abandono de responsabilidades ambientales por parte de la minera canadiense Equinox Gold.

Ver también: Carrizalillo: el pueblo que frena a la minera Equinox Gold en Guerrero, México

Un campamento integrado por 2 mil 800 ejidatarias, ejidatarios y ciudadanos se mantiene en resistencia en las afueras de las instalaciones de la minera canadiense Equinox Gold, en Carrizarillo, Guerrero, desde el 1 de abril de 2025, justo cuando venció el contrato que le permitía el uso del suelo a la minera.

Desde este contexto, la empresa, con respaldo de funcionarios del gobierno del estado de Guerrero, ha intentado renovar los acuerdos por diversas vías y minimizando este proceso organizativo.

Los comunitarios han refutado recientes declaraciones del subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien insinuó que “algunas personas del ejido” aceptarían los acuerdos impuestos por la empresa.

“El subsecretario actúa como vocero de Equinox, no como servidor público”, denunciaron los inconformes a través de sus representantes, constituidos en la llamada Mesa Agraria de Carrizalillo. En un comunicado emitido el 12 de mayo se denuncia al funcionario por intentar ignorar el proceso de resistencia.

Mina Los Filos en Carrizalillo.

Equinox Gold anunció formalmente a sus inversionistas que el 31 de marzo de 2025 se ejecutaba la suspensión indefinida de sus operaciones en su mina Los Filos, tras el vencimiento del acuerdo de acceso a estas tierras que pertenencen a los ejidatarios. No obstante, la comunidad señala que la empresa incumplió obligaciones legales, como la falta de rehabilitación de las tierras contaminadas con residuos tóxicos, exponiendo a la población a riesgos ambientales.

Los inconformes destacan que la empresa les ofreció una fianza irrisoria de $1.58 pesos que recibiría cada ejidatario al mes, en un intento de obtener medidas cautelares. Solo en 2024 la empresa canadiense extrajo 170 mil 369 onzas de oro de estas tierras, lo que equivale a más de 500 millones de dólares , de acuerdo con los costos promedio en el mercado de futuros.

“La empresa decidió irse, pero quiere dejar atrás un pasivo ambiental y social. Exigimos que nos devuelvan las tierras en condiciones habitables”, puntualiza la comunidad en su comunicado.

La otra cara de la moneda

Mientras que el subsecretario Rodríguez Cisneros pide “cordura” a  esta comunidad, el gobierno estatal, al mismo tiempo, promueve el Foro Guerrero Minero 2025, que se llevará en Chilpancingo, la capital de esta entidad. Lo más resaltante es que este evento se realiza con respaldo y participación directa de Equinox Gold y otras mineras, para promover la “prosperidad compartida”, comunicó el gobierno de Guerrero.

El evento ha recibido todo el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien incluso agradeció la titular de la instancia estatal Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega: “Gracias al respaldo de la gobernadora al sector minero se han logrado importantes acciones conjuntas, en bienestar de las comunidades y pobladores que se dedican a esta actividad económica que genera empleos en la entidad”, dijo la funcionaria.

También te puede interesar: Minera Equinox Gold intensifica agresiones contra Carrizalillo ante vencimiento de contrato

Para el evento, se espera la participación de autoridades a nivel federal, de las cámaras empresariales y hasta de la academia de las Ciencias de la Tierra, vinculada a la industria minera. Además de las transnacionales mineras Torex Gold, Luca Mining y Heliostar Metals y la empresa mexicana Industrias Peñoles. 

También se ha lanzado la convocatoria a la XXXVI Convención Internacional de Minería, que se celebrará entre los días 19 y 22 de noviembre, en esta misma entidad mexicana, donde se presentarán proyectos mineros en diversas etapas. Este evento es promovido por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

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Avispa Midia

Panamá en pie de lucha: docentes, ambientalistas e indígenas movilizados declaran huelga indefinida

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

Foto de portada: Bienvenido Velasco

Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.

Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.

La respuesta gubernamental, documentada por organizaciones sociales y medios independientes locales, ha sido detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social y represión a las movilizaciones.

Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.

En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).

La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.

El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.

Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.

Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.

“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.

Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.

¿Acuerdo o intervención?

El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.

“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.

Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.

A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.

La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.

Reactivación minera

A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.

Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.

Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.

El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.

“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.

Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.

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Netanyahu anuncia abiertamente la ocupación total en Gaza

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Varios palestinos se desplazan en un carro tirado por un burro, este lunes 5 de mayo en Jan Yunis. Foto: Abed Rahim Khatib

El gabinete de seguridad de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, anunció que desplegaría a miles de reservistas bajo la nueva ofensiva, bautizada como Operación Carros de Gedeón, para la ocupación total de Gaza. “Una cosa quedará clara: no habrá entrada y salida”, declaró Netanyahu en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X. “No vamos a entrar y salir del área solo para hacer incursiones. La intención es la opuesta”, anunció abiertamente.

El ministro advitió que desplazaría a la población civil de Gaza hacia el sur, asegurando que los militares entraran pero no volverán, pues mantendrán una presencia indefinida. La operación es calificada por un ministro israelí como un plan de conquista. “Convocaremos a los reservistas para que vengan, mantengan el territorio”, puntualizó.

El plan consiste en desplazar a la mayoría de los 2,4 millones de gazatíes hacia zonas designadas como “estériles” en el sur del enclave. Según el jefe del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, la maniobra tiene como objetivo “proteger a la población civil”, aunque las agencias humanitarias y la ONU han denunciado la medida como una forma de limpieza étnica encubierta.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya controlan al menos un tercio del territorio gazatí, además,  han iniciado con labores de construcción de torres de vigilancia y puestos militares permanentes. Por tanto, la amenaza de Netanyahu, ha sido interpretada por observadores internacionales como una señal clara de intenciones anexionistas, una posibilidad respaldada por miembros del gabinete como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Netanyahu anuncia Operación Carros de Gedeón

“Una vez que conquistemos y nos quedemos, podremos hablar de soberanía”, dijo Smotrich en una conferencia en Jerusalén. “No habrá retirada de los territorios que hemos capturado, ni siquiera a cambio de rehenes”, afirmó el Ministro del Finanzas.

Las muertes de civiles continúan

Desde que se rompió la tregua con la nueva fase militar, el 18 de marzo, más de 2 mil 400 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud palestino. La cifra total de muertos va en aumento, desde octubre de 2023 superan las 52 mil personas asesinadas .

Las cocinas comunitarias en Khan Younis y Beit Lahiya se ven desbordadas por miles de personas que esperan porciones mínimas de alimentos. “Estamos muriendo lentamente”, dijo Amira, madre de tres hijos, desde una fila para recibir arroz cocido. “Nos empujan hacia el sur, pero no hay a dónde ir. No hay comida, no hay agua, no hay techo” dice la gazatí.

A nivel internacional, la ONU ha expresado su “profunda alarma” por la nueva embestida de Israel. La Unión Europea, por su parte, ha instado a Israel a mostrar “máxima moderación” y alertó que una expansión militar podría derivar en más víctimas civiles.

Mientras tanto, los gazatíes enfrentan el dilema de desplazarse sin saber si habrá refugio, o permanecer bajo el fuego. Hamás, por su parte, aún tiene 58 rehenes retenidos y ha declarado que no aceptará ningún acuerdo que no incluya un alto el fuego completo, la reconstrucción del enclave y la retirada total de Israel.

El conflicto contabiliza 577 días y, los famliares de los rehenes, han mostrado su descontento hacia el gobierno de Israel  para buscar la liberación de los cautivos, afirmaron en un comunicado que el plan aprobado por el gabinete significaba que Israel estaba eligiendo los territorios en lugar de los rehenes.

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Avispa Midia

Carta abierta a despojo de comunidades campesinas del Perú

Fuente Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Fotos por Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú

La Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas fue modificada en abril, mediante la norma 32293, para permitir que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015 con fines de vivienda, cuando no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en procesos legales de reivindicación.

El riesgo se encuentra en la historia de invisibilización y criminalización contra las poblaciones campesinas; en décadas de desprotección y usurpación de sus territorios. Así, la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo incluye a un número mínimo del total de 7,267 comunidades registradas por el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM).

Hasta el 2016, treinta años después de la aprobación de la ley, que declara de necesidad nacional e interés social la formalización de las comunidades campesinas, aún estaba pendiente regularizar la propiedad de 2,130 comunidades.

En muchos casos, para disponer de terrenos irregularmente, se han manipulado registros de comuneros e instalado en las directivas personas ajenas a la comunidad. También se han creado comunidades de fachada, con fines de lucro. La pérdida de áreas comunales es un grave problema para las sociedades agrícolas.

En la práctica, lo que formaliza el Parlamento es el despojo de territorios comunitarios. Las comunidades campesinas tienen una legislación especial, con el objetivo de garantizar la tenencia de sus tierras. La posesión, decidida por asamblea, es posible solo para los comuneros calificados.

Según la Ley General de Comunidades Campesinas, estas son reconocidas por el Estado como instituciones democráticas autónomas en su organización, uso de la tierra, economía y administración.

Maquinaria de despojo

Las irregularidades de la normativa son múltiples. En primer término, desconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios. La modificatoria es contraria al artículo 89 de la Constitución peruana, garante de la imprescriptibilidad sobre territorios ancestrales.

Asimismo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no debe permitir que terceros los ocupen sin culminar la titulación. Y toda medida que afecte derechos de pueblos originarios debe ser sometida a consulta previa. Por la falta de este procedimiento, en 2022 el Ejecutivo del destituido presidente Pedro Castillo observó la propuesta.

Aunque carezcan de título por omisión de las autoridades, el derecho de pueblos ancestrales a la propiedad de territorios antes de la existencia del Estado es protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) considera que la nueva ley “da carta abierta a la expropiación de los territorios de las comunidades campesinasy permite su fragmentación”. Advierte, además, que abre la posibilidad de la expropiación de los territorios ancestrales de las comunidades nativas en la Amazonía.

“Señalamos que esta no es una medida aislada, sino que es parte de la maquinaria de despojo y violencia generalizada que es promovida por el Congreso, el Ejecutivo y todo el sistema contra los pueblos indígenas andinos y amazónicos”, recalca la organización.

Concesiones, tráfico de tierras y elecciones

De acuerdo al censo agropecuario de 2012, más de 200 comunidades campesinas de la costa del Perú se encontraban en conflictos por tráfico de tierras y superposición de concesiones mineras y agroindustriales. 

Inicialmente, cuando se promulgó la legislación de las comunidades en 1987, las tierras comunales ocupadas por centros poblados no se consideraron parte del área comunal, como medida excepcional. Desde entonces, se aprobaron varias ampliaciones a la disposición.

Los especialistas señalan que lo que fue concebido como una excepción se ha convertido en una práctica que debilita la protección de los territorios comunales.

El Congreso disfraza el intento de despojo de interés en formalizar la titulación de comunidades campesinas y dar uso a las áreas improductivas. Según la web de la institución, “se beneficiará a todas las familias que residen en las tierras de las comunidades campesinas de la costa que fueron poseídas por estar improductivas o abandonadas”.

Entre las observaciones a la legislación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) recomendó al Parlamento que esta conlleve procedimientos claros y garantías para procesos regulares.

Sin embargo, no se estableció un reglamento, por lo que la aplicación sería inmediata. Las comunidades estiman que, durante el período de campaña política para las elecciones de autoridades regionales y nacionales en 2026, la entrega de títulos de propiedad de viviendas se usará para captar votos.

Las rondas campesinas -las organizaciones a cargo de la seguridad en zonas rurales- manifestaron su rechazo a la medida. Los pueblos temen que se originen más conflictos territoriales debido a esta nueva amenaza a la débil seguridad jurídica de territorios ancestrales.

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Facturas falsas, estantes vacíos: empresa fantasma causó desabasto en hospitales de Coahuila

Fuente: Avispa Midia

por Violeta Santiago y Edrei Durón / Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV

El tono de la carta era de urgencia. El 11 de octubre de 2019, María de los Ángeles Escalón, jefa de enfermeras del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Dr. José María Rodríguez de Saltillo, Coahuila, avisó a tres directivos que el fin de semana habría problemas en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos por la falta de insumos para bombas de infusión.

Fue un llamado de atención porque, desde hacía ocho meses, los materiales se habían encargado a la empresa Interacción Biomédica.

La preocupación escaló. Tras recibir la carta, Alma Rosa Sánchez Rico, subdirectora administrativa del hospital, envió un correo a otros directivos: “Nos está afectando demasiado para dar el servicio y atención con calidad y calidez al derechohabiente de nuestra institución”, advirtió.

En marzo de 2019, Interacción Biomédica obtuvo un contrato del ISSSTE por 2.4 millones de pesos para entregar 85 bombas de infusión, equipo de venoclisis –para administrar medicamentos vía intravenosa– y otros suministros a los hospitales de Saltillo y Torreón, y a las clínicas de Monclova, Piedras Negras, Nueva Rosita, Sabinas y San Pedro.

Las bombas de infusión son equipos para transfundir con precisión soluciones o fármacos a pacientes. Para funcionar necesitan  jeringas, catéteres y mangueras especiales.

Entre lo pactado también había insumos para aplicar con las bombas quimioterapias con paclitaxel, tratamiento utilizado contra el cáncer de ovario, mama o pulmón.

Pero el equipo médico nunca se entregó. La empresa ganó la licitación en 2019, a pesar de que dos años antes había sido declarada Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Personal del Hospital General de Saltillo alertó a administrativos acerca del desabasto causado por Interacción Biomédica y sus consecuencias. Imagen: ISSSTE, respuesta de Transparencia

Acorde con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el concurso dejaba claro que las compañías participantes tenían que contar con capacidad material y no estar impedidas por alguna razón legal.

Parte del procedimiento para garantizar estas condiciones es la entrega de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitida por el SAT, un requisito que Interacción Biomédica no formalizó. Por haber estado listada como empresa fantasma o EFOS definitiva, la compañía tendría una opinión negativa de la autoridad fiscal.

Sin embargo, cuatro funcionarios avalaron el fallo a favor de Interacción Biomédica, entre ellos Sebastián Zepeda Contreras, entonces delegado estatal del ISSSTE en Coahuila, y Álvaro Jaime Obregón Flores, que fungía como subdelegado de administración, quienes además firmaron el contrato.

Fundada en 2012, Interacción Biomédica acumulaba contratos públicos por más de mil 600 millones de pesos, de acuerdo con el informe Facturas falsas: la epidemia en el sector salud, realizado por Impunidad Cero, organización civil que estudia la impunidad en México, y que la expuso como la empresa fantasma que más dinero ha recibido del sector salud en el país.

Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV encontraron que, aun cuando ya había sido declarada EFOS, el ISSSTE siguió contratando a Interacción Biomédica por un total de 22.2 millones de pesos, de los cuales 14.3 millones se otorgaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Como lo han revelado otras entregas de esta investigación, en este caso también se ignoró que la empresa estaba en la lista de EFOS desde el proceso de contratación, mientras que la administración no sancionó a los funcionarios ni investigó los contratos indebidos. Las consecuencias de cerrar tratos con una empresa fantasma fueron para la población.

Falta de insumos

El Hospital General del ISSSTE en Saltillo fue el que más padeció el desabasto de bombas de infusión en 2019. Un intercambio de cartas y correos entre el personal y funcionarios, al que Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV accedieron por medio de solicitudes de Transparencia, revela que los directivos del organismo en Coahuila sabían del incumplimiento de Interacción Biomédica y de las consecuencias para los pacientes por haber contratado una empresa fantasma, pero no suspendieron el convenio.

Los equipos e insumos debían entregarse en abril de 2019. Solo se reportó el suministro de una parte del material a un hospital de Torreón. Las 85 bombas de infusión nunca llegaron. Además del hospital de Saltillo, las clínicas de Piedras Negras, Victoria, Monclova, Nueva Rosita y San Pedro tampoco recibieron los equipos de venoclisis.

Entonces, el personal médico comenzó a alertar a los directivos sobre la falta de cumplimiento del contrato. Marisol Calzoncit Medrano, jefa del almacén del hospital, se sumó a los cuestionamientos, preguntando por correo sobre las bombas de infusión. En el mensaje advertía que no era la primera vez que había problemas con Interacción Biomédica: “Con el mismo proveedor batallamos el año pasado con las entregas”.

Ante la presión, dos de las personas al frente del hospital escribieron a Lois Alemao Molina Toledo, representante legal de la empresa, para preguntarle cuándo recibirían las bombas de infusión e insumos.

“De todo lo anterior no se ha tenido respuesta alguna y es URGENTE el seguimiento correspondiente al Contrato”, se lee en la tercera y última carta dirigida el 12 de junio.

La delegación del ISSSTE en Coahuila dirigió oficios a Interacción Biomédica por el incumplimiento del contrato. Imagen: ISSSTE, respuesta de Transparencia

Cada oficio intercambiado llegó a diversos jefes de área, coordinadores y personal directivo, incluidos Sebastián Zepeda y Jaime Obregón, los funcionarios que firmaron el contrato, así como el entonces subdelegado médico en Coahuila, Francisco Elizalde Herrera, uno de los encargados de avalar la selección de Interacción Biomédica en el proceso de contratación.

A los cuestionamientos por escrito de los funcionarios del ISSSTE, la EFOS solo respondió que tenía problemas para facturar.

La falta de equipos de infusión e insumos para su funcionamiento repercutió en áreas críticas del hospital como las unidades de Cuidados Intensivos y de Hemodinamia —en la que se realizan procedimientos como angiografías y coronariografías (radiografías del corazón) o cateterismos (inserción de una sonda en las arterias del corazón)—, explicó personal médico y de enfermería entrevistado para este reportaje, que solicitó el anonimato por temor a represalias laborales.

Una médica que trabajó en el hospital de Saltillo durante el desabasto ocasionado por Interacción Biomédica en 2019 dijo que otra afectación importante fue la suspensión de cirugías por falta de insumos, lo que provocó que algunos pacientes tuvieran que comprarlos para poder operarse.

Según documentos del Departamento de Recursos Materiales y Obras del ISSSTE en Coahuila, el Hospital General de Torreón fue el único al que la facturera entregó insumos. Un oficio firmado por Dalia Margarita Martínez Moreno, directora médica del nosocomio, precisa que en marzo, junio y agosto de 2019 recibieron 675 piezas de equipos de venoclisis para las bombas de infusión, 270 para aplicación de sangre, 225 para apoyo en cirugía, 69 de nutrición parenteral, y 270 para quimioterapias con paclitaxel, aunque no mencionan las 15 bombas que también se esperaban.

Ni el ISSSTE sabe por qué nada más un hospital recibió insumos. El Departamento de Recursos Materiales y Obras respondió que no contaban con pruebas del cumplimiento del convenio ni de su seguimiento  porque en esa área “solamente se elaboran los contratos” y “no se reciben” los insumos.

Los únicos comprobantes de la entrega del material médico son documentos con el logo de Interacción Biomédica, fechados en Saltillo y sellados de recibido —un mes después— por el hospital de Torreón. Martínez Moreno aceptó dar una entrevista, pero posteriormente se negó.

Documentos con sello de “recibido” son las pruebas de la entrega de equipos en un único hospital de varios que esperaban insumos en Coahuila. Imagen: ISSSTE, respuesta de Transparencia

Para demostrar la entrega de materiales en una contratación pública no basta un registro de papel, dice Gerardo Lozano Dubernard, exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Tiene que haber una trazabilidad, un simple papel no es suficiente”, considera el experto. “Cada proceso debe estar debidamente documentado, los formatos tienen que estar foliados, debe haber responsables”.

De acuerdo con las bases de la licitación, si se presentan  atrasos o no se entregan los materiales, el contrato debería cancelarse. Sin embargo, la Delegación del ISSSTE en Coahuila nunca lo rescindió, aun cuando el incumplimiento causó problemas en la atención de los pacientes. En Compranet aparece con estatus de “expirado”, como se clasifican los procesos sin terminación anticipada. Es decir, como si se hubiera concluido en tiempo y forma.

La cicatriz de Interacción Biomédica

Un mes antes de las elecciones de 2012, María Cecilia Guadalupe Parada Martínez y Cecilia Guadalupe Orta Sosa —abuela y nieta— fundaron Interacción Biomédica en el Estado de México. La empresa registró como domicilio fiscal un edificio contiguo a unas oficinas del ISSSTE en la zona conurbada de Toluca.

El SAT comenzó a investigar la firma en 2016, según el resolutivo que declaró EFOS definitiva a Interacción Biomédica, al que accedió este equipo periodístico.

El documento establece que la empresa no tenía activos, personal suficiente ni oficinas para cumplir con las actividades que decía realizar: ingresaba hasta 400 millones de pesos anuales operando con solo seis trabajadores, tres camionetas y dos autos.

Un representante legal de Interacción Biomédica explicó al SAT que únicamente necesitaba personal para atender las licitaciones, ya que solicitaba a los proveedores que se encargaran de entregar los pedidos a las dependencias.

Pero el SAT encontró más pruebas de que la empresa cobraba por trabajos que no podía realizar, como un contrato para dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de frío (almacenamiento de vacunas a una temperatura controlada) del Instituto de Salud del Estado de México. Interacción Biomédica cobró más de 800 millones de pesos por este servicio, pero subcontrató a una persona que se encargó de prestarlo.

Para el exauditor Lozano, esta es una práctica habitual de las EFOS, que considera una simulación porque “se quedan con una parte del dinero y contratan a otras empresas para hacer el trabajo”.

Este equipo periodístico trató de contactar a Interacción Biomédica y a la familia Orta Sosa, sin conseguir una respuesta.

Solo de dinero federal, Interacción Biomédica obtuvo más de 40 millones de pesos, la mayor parte del ISSSTE y cuando ya estaba imposibilitada para facturar, de acuerdo con la base elaborada por Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir de datos de Compranet y del listado de empresas fantasma del SAT.

En casi todos los contratos otorgados por el ISSSTE a Interacción Biomédica durante la administración de Andrés Manuel López Obrador no se comprobó la entrega de insumos.

Por ejemplo, en otro contrato con la Delegación del ISSSTE en Coahuila, el personal médico del Hospital General de Saltillo se quedó esperando 10 esponjas quirúrgicas y 14 tubos de ventilación, utilizados en cirugía para drenar líquidos cerca del tímpano y ayudar —sobre todo a infantes— a oír mejor.

Pese a las afectaciones que provocó la contratación de la EFOS, especialmente a este hospital, no hubo mayores sanciones.

En 2020, la ASF revisó una serie de contratos del ISSSTE con Interacción Biomédica. La delegación de Coahuila aseguró que “se realizó la entrega total de los bienes”, pero “no se liquidó ningún importe”.

El Departamento de Finanzas del ISSSTE en el estado contestó a Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV que la falta de pago se debió a que la empresa nunca envió las facturas.

La ASF inició un procedimiento administrativo a la institución por otorgar contratos a Interacción Biomédica cuando estaba boletinada por el SAT. Sin embargo, vía Transparencia, la Subdelegación de Administración del ISSSTE en Coahuila negó haber tenido sanciones administrativas por contratar a empresas fantasma.

La Delegación del ISSSTE en Coahuila se negó a responder un cuestionario para esta investigación. No obstante, personal administrativo explicó que la mayoría de los directivos que estaban en 2019 ya no trabajaban en la institución y que, durante los cambios de administración, se suele destruir la documentación relativa a las adquisiciones. Tampoco hubo respuesta de parte de la oficina central del ISSSTE.

Se buscó a los dos funcionarios que firmaron los contratos con Interacción Biomédica, Sebastián Zepeda y Jaime Obregón. Actualmente, ninguno labora en el ISSSTE. Aunque se agendó una cita con Zepeda, al final el médico canceló la entrevista. No fue posible localizar a Obregón.

Zepeda fue delegado del ISSSTE en Coahuila durante el gobierno de Rubén Moreira Valdés; estuvo en el cargo cinco años, hasta su renuncia en 2019. Su salida se produjo antes de la reorganización de las oficinas del gobierno federal en los estados, que desapareció la figura de los delegados de la institución.

Tampoco accedió a dar entrevista Francisco Elizalde Herrera, subdelegado médico, quien firmó el acta en la que se establece que Interacción Biomédica es la ganadora de la licitación.

El 1 de abril de 2020, Elizalde fue destituido de su cargo después de una protesta del personal médico y de enfermería de la Clínica de Alta Especialidad. Años atrás, había reconocido que faltaban insumos de curación, lo que atribuyó a licitaciones fallidas.

Parte del personal médico que reportó el desabasto y sus consecuencias ya se jubiló o dejó de laborar en el instituto. Uno de ellos, Pedro Silva Sánchez, exdirectivo del hospital de Saltillo, fue localizado, pero no quiso hablar del tema.

Protestas por falta de insumos en el Hospital General de Saltillo antecedieron la salida de uno de los funcionarios que firmó el contrato con la EFOS. Fotografía: A Tiempo TV

Debido a los contratos con el ISSSTE, se incluyó a Interacción Biomédica en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la entonces Secretaría de la Función Pública, ahora Anticorrupción y de Buen Gobierno. La inhabilitación terminó a finales de 2024, aunque la empresa sigue imposibilitada para facturar por su estatus definitivo como EFOS.

Sin embargo, una de sus fundadoras, María Cecilia Guadalupe Parada, junto con su esposo, tres de sus hijos, su yerno y tres nietos han creado otras 18 empresas que comparten lazos con Interacción Biomédica. No todas son contratistas gubernamentales y algunas ya fueron liquidadas. Pero varias firmas de la red han seguido recibiendo dinero público del ramo de salud.

Por ejemplo, en 2021 Pasteur Health Care vendió al IMSS tiras reactivas para medir el colesterol y, hasta 2023, recibía invitaciones del Gobierno de la Ciudad de México para concursar por contratos; Soluciones Preventivas Fénix hizo tratos en 2023 con los Servicios de Salud de Jalisco, y Prevención y Soluciones K-B recibió en 2024 adjudicaciones directas de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y ganó licitaciones del IMSS-Bienestar.

El domicilio de esta última empresa se ubica en la zona industrial de Toluca. Está apenas a 10 minutos caminando de donde Interacción Biomédica tenía sus oficinas.

Con información de José Cortez.

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Avispa Midia

Ecuador: Minería y acaparamiento de tierras amenazan el corazón hídrico en los Andes

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Entre los Andes del sur de Ecuador se encuentra Nabón, un cantón de la provincia del Azuay. Aquí avanza el extractivismo amenazando con devorar los páramos, contaminar aguas y despojar a comunidades ancestrales. El Valle de Shincata y los páramos del Cerro El Mozo, son parte de la región que irriga con su vital líquido a comunidades enteras y hoy se han convertido en el epicentro de un conflicto socioambiental, donde una reciente alerta emitida por el Frente Nacional Antiminero (FNA) cataloga la situación como de “máxima amenaza”.

Los orígenes de este conflicto se desprenden de la presencia de empresas mineras transnacionales como la canadiense Lucky Minerals que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de la provincia de Azuay, esta empresa “conforman un bloque de 12 concesiones contiguas” en la región.

Aunque en el boletín de prensa del FNA se menciona que Lucky Minerals fue expulsada en 2022 por la acción comunitaria, también advierte sobre su anunciado retorno. Esta empresa canadiense de exploración minera, con su “Proyecto Fortuna”, representa la punta de lanza del interés extractivo a gran escala en la zona, buscando principalmente oro y otros minerales, tal y como rezan sus propios informes de la transnacional.

El FNA sostiene que esta empresa concentra más de 55 mil hectáreas en las zonas de los páramos de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. Según esta organización de comunidades en resistencia, las tierras han sido apropiadas a través de testaferros y, además, a ello se suman “al menos tres hidroeléctricas”, denuncian en un comunicado difundido este miércoles (30).

En la provincia de Azuay existen al menos tres hidroeléctricas que suministran energía a diversos centros urbanos, ellas son: Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que forman parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute. Junto a la central Minas San Francisco, suministran el 40% de energía que consume el país según informes el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.

Como se reconoce incluso en documentos oficiales como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Cochapata (2020), esta zona forma parte del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus, un área de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad andino-amazónica.

Los páramos configuran una zona considerada única por su diversidad biológica, ya que alberga especies endémicas y también por su adaptación a las condiciones extremas de altitud, son cruciales para el ciclo hidrológico. Legalmente, esta región está catalogada como Bosque y Vegetación Protectora, que la propia legislación ecuatoriana considera que “son áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la protección de recursos hídricos”.

Las comunidades inconformes alertan que la presencia de concesiones mineras, la deforestación para monocultivos, ganadería intensiva y la proliferación de la minería ilegal muestran todo lo contrario y, más bien, las autoridades han iniciado una persecución judicial contra las comunidades que resisten. “Ahora al menos 20 comuneros de Azuay y Zamora Chinchipe se encuentran en una situación judicial de emergencia perseguidos por las élites nacionales, quienes amparados en un gobierno que defiende sus intereses y los intereses transnacionales de Lucky Minerals”, sostienen en su comunicado.

Esta estrategia de criminalización no es nueva, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) documentó en 2011 al menos siete casos de comuneros que enfrentaron un juicio por sabotaje y terrorismo tras protestar contra la minera Explorsur S.A. (Grupo El Juri) en el páramo de Shincate.

Tras el acoso judicial que sufren diversos integrantes de estas comunidades en resistencia, también señalan que hay “varios hacendados del Azuay y otras provincias” que, mediante guardias privados, se están posesionando de tierras históricamente comunitarias, presentándose como dueños de los páramos.

Además, el FNA es explícito al denunciar un incidente ocurrido el 16 de diciembre de 2024 donde intervino la guardia privada de un hacendado, tras incumplir acuerdos sobre extracción de pinos y realizar deforestación masiva, “disparó armas de grueso calibre contra pobladores de Nabón” que exigían pacíficamente el retiro de maquinaria.

Los comuneros denuncian que en la región reina la impunidad y la facilidad con la que se obtienen títulos de propiedad bajo el protectorado del sistema judicial y una constante persecución de los defensores ambientales.

Frente a este escenario, las comunidades sostienen una férrea resistencia en defensa de sus territorios, sus fuentes de agua y sus formas de vida. La expulsión de Lucky Minerals en 2022, mencionada en el boletín, es un hito significativo de esta lucha colectiva, por tanto, están alertas a su posible retorno.

La exigencia puntual de las comunidades y del FNA es clara: el cese inmediato de las actividades destructivas (minería legal e ilegal, agroindustria expansiva), la salida de los actores privados que han invadido los páramos, el retiro de las acusaciones contra los defensores y la garantía de protección integral para el Bosque Protector del Valle de Shincata y del Cerro El Mozo.