Megaproyectos
Militares de Estados Unidos en el Perú como respaldo a más represión
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
Foto de portada: Embajada de los EEUU en Perú
La dictadura de Dina Boluarte autorizó el ingreso al Perú de más de mil militares de Estados Unidos, cuando se reactivan las manifestaciones nacionales contra el régimen que ha asesinado a 50 personas en protestas reprimidas con violencia letal -otras 19 fallecieron en incidentes relacionados- por parte de las fuerzas de seguridad.
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La disposición se interpreta como un mensaje amenazante y disuasivo para el pueblo organizado que retomará las marchas masivas en las calles a partir del 19 de julio, en vísperas de los días de fiestas patrias. Desde la región Puno, epicentro de la oposición, se anunció la movilización hacia la capital de 13.000 manifestantes en lo que llaman la tercera toma de Lima.
De acuerdo al decreto aprobado por el Congreso en mayo, las tropas estadounidenses arribarán entre junio y diciembre, con el fin de ofrecer “apoyo y asistencia en operaciones especiales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú”. Se desplegarán en al menos 14 departamentos, entre ellos Lima y zonas del sur andino violentadas por el terrorismo de Estado (Ayacucho, Apurímac, Cusco).
El gobierno de facto se sostiene por las armas. La alianza entre Congreso y Ejecutivo, bajo el mando de la oligarquía, se niega al adelanto de elecciones para este año, a pesar de ser una demanda del 70% de la población. El 80% desaprueba a Boluarte y el 90% rechaza al Parlamento, según las encuestas de este mes. Consultada sobre las próximas protestas, la presidenta de facto, en tono interrogatorio, verbalizó la amenaza de muerte permanente del modelo que defiende sobre la protesta legítima: “¿Cuántas muertes más quieren?”.
En respuesta, el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (Conulp) reafirma su posición no violenta, sin banderas de partidos ni sindicatos. “Los pueblos originarios de las 25 regiones ya tomaron su propia decisión: abolir de raíz este Estado. La conclusión es construir un nuevo Estado, plurinacional, de las regiones. Desde 1821 las 12 constituciones fueron para ellos, no para el pueblo. Los partidos de izquierda quieren nuevas elecciones, asamblea constituyente, nueva Constitución, pero todos hacen parte de esta clase política, de este Estado viejo. No los vamos a permitir en nuestra lucha, ni permitir la violencia. Responsabilizamos de la violencia a la cúpula policial y militar”.
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Las próximas protestas en Lima determinarán el futuro del régimen. Desde la misma cúpula del poder se escenifica un cuestionamiento a la continuidad de Boluarte, ya sea por pugnas internas inmediatas, captar apoyo o como advertencia de la posibilidad del Poder Legislativo de llamar a elecciones antes de 2026.
En las movilizaciones masivas en la capital también participarán, de acuerdo a la Central Nacional de Rondas Campesinas del Perú, 30 mil integrantes de la organización encargada de la seguridad comunitaria en áreas rurales.
Guerras imperiales por extractivismo
A la vez de la advertencia interna, la presencia de militares de Estados Unidos en el Perú es un movimiento estratégico en la región latinoamericana, concretamente en el área andino-amazónica, donde Washington se disputa la explotación de litio y materias primas, como parte de las guerras imperiales con China y Rusia por territorios para el extractivismo en el sur global.
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Estados Unidos respaldó, desde el principio, la investidura de Boluarte tras el golpe legislativo contra Pedro Castillo en diciembre pasado. En declaraciones recientes, la embajadora de EE.UU. en el país andino, Lisa Kenna, sostiene que trabaja con el Perú “fieles a los principios de la democracia”. Es la única nación suramericana en la que ejecutarán ejercicios militares este año y la tercera de Latinoamérica, con México y Belice.
Recientemente, el Estado peruano concedió a la canadiense Macusani Yellowcake el primero de tres permisos para la exploración de litio en Puno, el departamento peruano donde en enero la Policía y el Ejército asesinaron a 19 personas desarmadas, a las que dispararon con armamento de guerra en acciones calificadas como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales de derechos humanos.
En los últimos meses, la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, fue explícita sobre la misión que se asigna el capital de Washington: “Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios aprovechándose de eso. Pareciera que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo (…) La agresividad de China y su juego en el terreno con el litio es muy avanzado y muy agresivo”.
El litio es, actualmente, el mineral más codiciado por los capitales imperiales. Suramérica posee las mayores reservas mundiales: el 80% de todo el ‘oro blanco’ del planeta se encuentra en Argentina, Bolivia y Chile. Por estos días, la defensa de los territorios y el agua ante la explotación de litio es una de las consignas de las masivas protestas en Jujuy.
Para los pueblos afectados por la megaminería, el verdadero ‘triángulo del litio’ no lo conforman estos países, sino “el vínculo entre las fuerzas de seguridad, el Estado y las empresas multinacionales”, como observaba desde tiempo atrás la Asamblea Pucará de Argentina.
“Insistimos que es Estados Unidos que comandó las masacres en el Perú. Son esas empresas extranjeras que vienen por todo, en Argentina, donde hay litio, la provincia de Jujuy se ha levantado y está luchando porque para explotar el litio se apropian de tierras, el agua. Es una sola lucha, hay un mismo enemigo”, indicó, desde Lima, la delegada de gremios internacionales que respaldan al Conulp.
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La violencia de Estado y del gran capital en Jujuy, así como en el Perú, se ejecuta en defensa de la extracción de materias primas. No es casualidad que Puno, con altas reservas de litio y otros minerales, sea la región más represaliada. Contra el poder militar y la minería ecocida de las potencias aliadas a las élites nacionales, el pueblo organizado contesta con la defensa de sus territorios y su representación, ante un modelo en agonía global al que le declaran su fin.
Al Alto Comisionado para los DDHH de la ONU
Ciudad de México, 27 de junio de 2023
Sr. Guillermo Fernández-Maldonado Castro
Representante del Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
PRESENTE
Ante la situación de extrema violencia que se está ejerciendo contra las comunidades autónomas zapatistas y el desplazamiento obligado de la población como consecuencia de la actuación de grupos paramilitares encubiertos por del gobierno del Estado de Chiapas y el Gobierno Federal con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, denunciamos la flagrante violación a los Derechos Humanos en México y acusamos que, por actos y omisiones, el actual gobierno mexicano continúa violando los derechos humanos de los pueblos originarios en todo el territorio nacional en derechos políticos, sociales, económicos y culturales establecidos en pactos, convenios y declaraciones internacionales, suscritas y ratificadas por México en los distintos artículos referentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y el Convenio No 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante la inoperancia cómplice de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual debiera ser garante de la defensa de estos derechos, y la actitud negacionista del titular del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, que pareciera anunciar una mayor escalada de la violencia contra los pueblos zapatistas en particular y de los pueblos originarios en general, la casi absoluta impunidad presente en nuestro país, la persecución política contra periodistas, defensores ambientales y de Derechos Humanos y la constante estigmatización que de todos ellos se hace en los canales de comunicación oficialistas, recurrimos a su digna representación para solicitar intervenga, en el ámbito de sus atribuciones, para buscar terminar con la creciente campaña de violencia cometida por actores del Estado, oficiales y oficiosos, y buscar el desarme de los grupos paramilitares que operan en el estado de Chiapas, particularmente la ORCAO del municipio de Ocosingo.
Así mismo, les solicitamos estar atentos, pues, ante el negacionismo cómplice del gobierno, realizaremos una Misión Civil de Observación por la Vida y por la Paz a la comunidad de Moisés y Gandhi, objeto de algunas de las más recientes agresiones, y de acompañamiento a los últimos habitantes de la población de Nuevo San Gregorio, quienes están próximos a desplazarse de manera forzada como resultado de esta misma violencia paramilitar. En este sentido, solicitamos su apoyo para lograr el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional, en virtud del alto riesgo para esta caravana.
Sin otro particular, quedamos atentos.
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan
Responsables:
Polo Castellanos y Armando Soto
Suscriben
Asociación Cívica Mexicanos Unidos
Cátedra Carlos Montemayor
Clínica de Heridas
Colectiva Autónoma de Colaboración Social
Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía
Colectivo Mujeres Tierra de Mexicali
Comunidad Jnatrro residente en la Ciudad de México
El Bordado de Ramona
La Casa del Centro
La Resistencia-LA
Mexicali Resiste
Nuestra Alegre Rebeldía
Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos
Raíces en Resistencia
Red Binacional de Mujeres que Luchan
Red de Resistencias y Rebeldías de Tijuana
Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG
Aida Magallón Lara
Dr. Alfonso Leija
Betsabé Rivera López
Blanca Lilia Narváez Rivera
Bonifacia Hernández Flores
Catherine DeWeeseParkinson
Christopher Rishel Anguiano
Elena Katzenstein Ferrer
Francisco Humberto Peregrina
Gabriela Rubio
Gorki Buentello
Héctor Zetina
IsaacMonnte
Jacinta Zepeda Núñez
José Antonio Olvera
José Manuel Galván Leguizamo
Josefina Ibarra Fregoso
KurtMcLean
León Fierro Reséndiz
Lourdes Magallón
Marco Arturo Calderas Osorio
Márgara Millán
Margarita Rodríguez
María Cristina Peralta Casillas
María de Lourdes Lara López
María del Carmen Briseño
María Elena Ferrer Amarillas
Martha Mata
Martha Pérez
Miguel Ángel Radilla
Nixelli Mares
Oralba Castillo Nájera
Raymundo Rascón
Rosa Paulina Reséndiz Flores
Sashenka Ferro Reséndiz
Servando Gajá
Silvia Reséndiz Flores
Siria Garibay Marrón
Susana Magallón Lara
Tania Gallaga Hernández
CCP Presidencia de la República